{"id":103901,"date":"2026-07-02T22:49:18","date_gmt":"2026-07-02T22:49:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103901"},"modified":"2026-07-02T22:49:18","modified_gmt":"2026-07-02T22:49:18","slug":"stc7115-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7115-2020\/","title":{"rendered":"STC7115-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC7115-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-00685-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se pronuncia la Corte en torno a la impugnaci\u00f3n formulada frente el fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el pasado 2 de julio, dentro de la tutela promovida a nombre de Segundo Benedicto Ben\u00edtez Ortiz contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, el Consejo Superior de la Judicatura y el Seccional del Meta <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl memorialista, quien dijo actuar \u00abcomo apoderado judicial de\u2026 Segundo Benedicto Ben\u00edtez\u00bb acudi\u00f3 al presente instrumento supralegal en procura de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso sin dilaciones injustificadas y a la igualdad\u00bb. <\/p>\n

2.\tEn resumen, sostuvo que contra su representado se adelanta un proceso penal en el cual, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Acac\u00edas, mediante sentencia de 12 de mayo de 2014, lo conden\u00f3 a purgar 192 meses de prisi\u00f3n como autor responsable del delito de \u00abacto sexual abusivo en menor de 14 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n

Afirm\u00f3 que contra la aludida providencia interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que se encuentra pendiente de resolver por parte del Tribunal Superior de Villavicencio, pese a que ingres\u00f3 a despacho el 19 de junio de aquel a\u00f1o y a las m\u00faltiples peticiones que ha formulado para que la autoridad judicial d\u00e9 celeridad al asunto. <\/p>\n

3.\tPor lo anterior solicita, de manera principal, que se ordene a la colegiatura convocada \u00abque dentro de un t\u00e9rmino de 15 d\u00edas profiera la sentencia de segunda instancia\u00bb. Subsidiariamente depreca, \u00abordenar la alteraci\u00f3n excepcional del orden para proferir la decisi\u00f3n\u2026 y como consecuencia\u2026 que dentro de un t\u00e9rmino de 30 d\u00edas profiera la sentencia\u2026 [sic]\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa magistrada del Tribunal Superior de Villavicencio, a quien le correspondi\u00f3 la ponencia del asunto, afirm\u00f3 que el retardo en su resoluci\u00f3n obedece a la alta congesti\u00f3n que padece no solo el despacho del que es titular, sino la Sala Penal de esa corporaci\u00f3n. <\/p>\n

Afirm\u00f3 que al momento de asumir el cargo, el 1\u00ba de abril de 2017, recibi\u00f3 \u00abun total de 454 actuaciones para decidir\u00bb y que \u00aba pesar de tener el mayor \u00edndice de egresos a nivel nacional en los a\u00f1os 2018 y 2019 y superar ampliamente la capacidad de respuesta establecida\u2026 [tiene] en total 477 actuaciones para decidir en segunda instancia, sin incluir las acciones constitucionales\u00bb de all\u00ed que la carga laboral que soporta \u00abexcede de forma ostensible lo razonable\u00bb, am\u00e9n que \u00aben el a\u00f1o 2017 [su] despacho inexplicablemente\u2026 recibi\u00f3 por reparto setenta y seis\u2026 procesos m\u00e1s que los despachos de [sus] colegas, en 2018 doscientos nueve\u2026 procesos m\u00e1s y en 2019 sesenta y nueve\u2026 procesos m\u00e1s\u00bb. En raz\u00f3n de lo anterior, solicit\u00f3 denegar por improcedente el resguardo. <\/p>\n

3.\tDel fallo de primer grado se extracta la respuesta ofrecida por el Juez Penal del Circuito de Acac\u00edas1 en el sentido de informar que la sentencia proferida el 12 de mayo de 2014 fue apelada por el procesado, y se encuentra en la actualidad en el Tribunal Superior. <\/p>\n

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n

La Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la protecci\u00f3n por cuanto \u00abel cuerpo colegiado accionado expuso objetivamente las causas que han imposibilitado adoptar la decisi\u00f3n de fondo en el proceso sometido a su consideraci\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos de ley o, por lo menos, en un plazo prudente, pues present\u00f3 una justificaci\u00f3n razonable como es el c\u00famulo de trabajo con el que cuenta actualmente y que resuelve los casos en orden de llegada\u00bb a lo que agreg\u00f3 que disponer la alteraci\u00f3n del sistema de turnos dispuesto en el despacho accionado \u00abimplica lesionar los derechos de otras personas que tambi\u00e9n se encuentran a la espera de que su asunto sea decidido\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3 tambi\u00e9n que el resguardo desatiende el postulado de la subsidiariedad en la medida que el promotor cuenta con otros medios de defensa id\u00f3neos como la recusaci\u00f3n. No obstante, lo anterior, \u00abinst\u00f3\u00bb a la colegiatura accionada a resolver el asunto \u00abcon la observancia del orden de egreso\u2026 en el menor tiempo posible\u00bb <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Fue interpuesta por el profesional del derecho, quien insisti\u00f3 en los planteamientos del libelo genitor, a los que agreg\u00f3 que \u00abel despacho accionado no adjunto [sic]\u2026 prueba que permita inferir la veracidad de lo manifestado\u2026 [y] no ha cumplido con su carga de demostrar la justificaci\u00f3n en la mora judicial\u00bb <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema Jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a esta Sala establecer, inicialmente, si el promotor del resguardo estaba facultado para representar a Segundo Benedicto Ben\u00edtez Ortiz y, de superarse lo anterior, si la autoridad judicial convocada quebrant\u00f3 las prerrogativas constitucionales invocadas dentro de la actuaci\u00f3n penal seguida contra el \u00faltimo, al retardar injustificadamente -seg\u00fan dice- la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia condenatoria. <\/p>\n

2.\tDe la necesidad de contar con poder especial para interponer acciones de tutela <\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, como es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n

En lo que respecta al derecho de postulaci\u00f3n, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n

La anterior postura viene aparejada al precedente constitucional seg\u00fan el cual, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Resaltado fuera del texto original. <\/p>\n

En ese orden, esta Sala ha mantenido el criterio en cuanto a que, para la admisibilidad de este excepcional mecanismo, es menester que quien no lo promueva a nombre propio y no aduzca su calidad de agente oficioso, lo haga a trav\u00e9s de la representaci\u00f3n que le confiera el interesado mediante poder especial para actuar, pues: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb (CSJ STC6773-2016, 18 may. 2016, 00062-01) \u00c9nfasis propio. <\/p>\n

3.\tEl caso concreto <\/p>\n

De conformidad con los anteriores lineamientos, se ratificar\u00e1 el fracaso de la presente salvaguarda, pero no por las razones consignadas en el fallo confutado, sino porque aun cuando quien la promovi\u00f3 manifest\u00f3 ser el apoderado del condenado, dentro del proceso penal que se adelanta, no alleg\u00f3 poder especial conferido por quien dice ser su representado, lo cual significa que carece de postulaci\u00f3n para actuar en este asunto. <\/p>\n

N\u00f3tese que a pesar de que el memorialista sostiene en esa calidad dentro de la indicada causa, que se encuentra actualmente en la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio para decidir la apelaci\u00f3n formulada contra el fallo condenatorio, dicha circunstancia no lo faculta para asumir la vocer\u00eda judicial de Ben\u00edtez Ortiz en este tr\u00e1mite constitucional, ya que, para ello, se itera, se requiere el correspondiente poder que ac\u00e1 se echa de menos. <\/p>\n

En efecto, en trat\u00e1ndose de acciones de tutelas en que se act\u00fae por conducto de apoderado judicial, el criterio que, de vieja data, sent\u00f3 esta Sala y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (ver, entre otras, las sentencias del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; STC 4 feb. 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01; STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 00801-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n

En ese sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso [ordinario], no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ sentencia 4 de febrero de 2011, exp. 2010-00573-01, reiterada entre otras en ATC2123-2018, 13 nov. 2018, rad. 02435-01). <\/p>\n

Tal exigencia es a\u00fan m\u00e1s estricta cuando el resguardo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC17519, 30 nov. 2016). <\/p>\n

Esto, porque \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante\u00bb (CSJ SC, 4 de mayo de 2012, rad. 00145-01, reiterada en STC10249-2018, 10 ago. 2018, rad. 00130-01, entre otras). <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo cuestionado pero por las razones aqu\u00ed expuestas pues, como se advirti\u00f3, resultaba perentorio que el profesional del derecho que formul\u00f3 el amparo e impugn\u00f3 el fallo de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal demostrara en debida forma el derecho de postulaci\u00f3n para tal evento, dado que no es suficiente el mandato otorgado en el tr\u00e1mite ordinario para promover la salvaguarda. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones indicadas en esta oportunidad. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\n1 \tToda vez que no fue remitida dicha contestaci\u00f3n, se tomar\u00e1 \tcomo referencia lo indicado en la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n \tPenal<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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