{"id":103904,"date":"2026-07-02T22:49:58","date_gmt":"2026-07-02T22:49:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103904"},"modified":"2026-07-02T22:49:58","modified_gmt":"2026-07-02T22:49:58","slug":"stc7119-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7119-2020\/","title":{"rendered":"STC7119-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC7119-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-13-000-2020-00091-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 14 de agosto de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando Rubio Mendoza contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal de esa ciudad, y el Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados – Conalbos Meta, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas todas las partes e intervinientes al interior del asunto cuestionado. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el accionante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los convocados. <\/p>\n

2. Como sustento de la queja constitucional se\u00f1ala, en resumen, que formul\u00f3 juicio ejecutivo hipotecario contra Marcela del Pilar Puentes Vargas como \u00fanica deudora y Javier Andr\u00e9s Puentes Montoya, actual propietario del inmueble gravado con hipoteca, asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio. <\/p>\n

Afirma que dicho tr\u00e1mite fue suspendido \u00abarbitrariamente\u00bb el 18 de junio de 2019 respecto al ejecutado Puentes Montoya, en atenci\u00f3n a la \u00absolicitud elevada por la operadora que conoce del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante que inici\u00f3 el codemandado en el Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados – Conalbos Meta\u00bb, <\/p>\n

Sostiene que fue convocado como acreedor en aquel procedimiento de reorganizaci\u00f3n, en el que present\u00f3 oposici\u00f3n mediante recurso de reposici\u00f3n frente al auto admisorio de fecha 3 de mayo de 2019, pues a su juicio \u00abno es procedente que el deudor promueva solicitud de insolvencia de persona natural no comerciante cuando realmente s\u00ed tiene esa calidad y se le convoc\u00f3 como acreedor pese a no existir entre ellos ninguna relaci\u00f3n contractual, pues s\u00f3lo los relaciona un inmueble de propiedad de Puentes Montoya que est\u00e1 gravado con hipoteca a su favor sin que medie una obligaci\u00f3n personal\u00bb situaci\u00f3n que origin\u00f3 que el centro de conciliaci\u00f3n remitiera la actuaci\u00f3n al Juzgado Segundo Civil Municipal de esa ciudad, para que resolviera la controversia. <\/p>\n

Refiere que el citado despacho el 10 de julio de 2020 \u00abneg\u00f3 el recurso tras considerar que el solicitante impuls\u00f3 el proceso como persona natural, ya que no obra prueba que demuestre que las acreencias objeto de negociaci\u00f3n sean producto de actividad comercial y era procedente llamarlo como acreedor del deudor, conclusi\u00f3n irrazonable que lo obliga a soportar los efectos de la insolvencia personal del tercero poseedor reconvenido, lo cual ri\u00f1e con los principios que sustentan el derecho de perseguir el bien hipotecado en el C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n

3.\tPretende en consecuencia que se ordene \u00abrevocar los prove\u00eddos fechados 10 de julio de 2020, 18 de junio de 2019 y 3 de mayo de 2019 dictados por los accionados, adoptando las medidas constitucionales necesarias para garantizar la efectividad de sus derechos sustanciales y fundamentales\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados – Conalbos Meta y la operadora de insolvencia, se opusieron a la prosperidad del amparo para cuyo efecto se\u00f1alaron que la solicitud de negociaci\u00f3n de deudas formulada por Javier Andr\u00e9s Puentes Montoya fue admitida por satisfacer los requisitos exigidos en el art\u00edculo 539 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n contra la que el accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n, lo que motiv\u00f3 a que las diligencias fueran enviadas a los juzgados civiles municipales, \u00abpara que se definiera la discusi\u00f3n sin que a la fecha haya reingresado el expediente\u00bb. <\/p>\n

2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio alleg\u00f3 el expediente en medio magn\u00e9tico para que fuera examinado. <\/p>\n

3. El titular del Juzgado Segundo Civil Municipal de esa ciudad, manifest\u00f3 que mediante providencia fechada 10 de julio de 2020 resolvi\u00f3 la controversia planteada por el quejoso y dispuso la devoluci\u00f3n del asunto al centro de conciliaci\u00f3n respectivo. <\/p>\n

4. El Jefe de la Oficina Jur\u00eddica del Municipio de Villavicencio, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, toda vez que no ha vulnerado prerrogativa fundamental alguna al gestor. <\/p>\n

SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda en relaci\u00f3n con las censuras efectuadas a la providencia fechada 18 de junio de 2019 por no atender el presupuesto de la inmediatez, \u00abaunque revisada la actuaci\u00f3n emerge con diafanidad que aquella decisi\u00f3n no agravia derecho superior alguno, puesto que obedece al estricto mandato del art\u00edculo 545, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n

Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que no se advierte arbitraria o contraria a derecho la determinaci\u00f3n del 10 de julio de 2020 que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo que admiti\u00f3 la solicitud de negociaci\u00f3n de deudas calendado 3 de mayo de 2019, pues \u00abno se encuentra apartada de la normativa procesal aplicable, por el contrario, se ci\u00f1\u00f3 estrictamente a la previsi\u00f3n de los art\u00edculos 531, 534, 538, 539, 542 y 543 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el promotor del auxilio con los mismos argumentos de su escrito inicial y agreg\u00f3 que el tribunal incurri\u00f3 en error al precisar que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez respecto a la decisi\u00f3n de fecha 18 de junio de 2019, toda vez que \u00abno tuvo en cuenta que frente a dicha determinaci\u00f3n interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, el cual fue resuelto el 15 de agosto de ese a\u00f1o y reiterado el 23 de octubre siguiente, por tanto su solicitud fue presentada dentro de un lapso prudencial\u00bb aunado a que se pas\u00f3 por alto \u00ablos grav\u00edsimos efectos que se consumaron con la decisi\u00f3n del 10 de julio de 2020, que sin un estudio sustantivo riguroso, resolvi\u00f3 ligeramente, y apart\u00e1ndose de la ley sustantiva, lo tuvo como acreedor del sr. Javier Andr\u00e9s Puentes Montoya, sin serlo, someti\u00e9ndolo sin raz\u00f3n jur\u00eddica atendible al alea de un proceso de insolvencia personal\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. \tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si los convocados quebrantaron las prerrogativas fundamentales invocadas por el tutelante, \u00abal acoger el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante impulsada por Javier Andr\u00e9s Puentes Montoya, sin reparar que ejerce actividades comerciales y tampoco debi\u00f3 ser convocado como acreedor de \u00e9ste en aquel tr\u00e1mite, pues, aunque Puentes Montoya es propietario del bien gravado con hipoteca a su favor, no existe ning\u00fan t\u00edtulo valor u obligaci\u00f3n personal con el insolvente, por tanto no debi\u00f3 suspenderse el asunto ejecutivo hipotecario que se adelanta en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio\u00bb. <\/p>\n

2. \tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n

3. \tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

3.1. Realizado el examen pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, esta Sala confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, comoquiera que la providencia emitida el 23 de octubre de 2019 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio que accedi\u00f3 a la suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario respecto del demandado Javier Andr\u00e9s Puentes Montoya en acatamiento al numeral 1\u00ba del art\u00edculo 545 del C\u00f3digo General del Proceso, se aprecia coherente, razonable y motivada. <\/p>\n

En efecto, para fundamentar su decisi\u00f3n el accionado manifest\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural no comerciante que se adelanta ante el Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje Corporaci\u00f3n Colegio Nacional de Abogados Seccional Meta, se encuentra vigente, seg\u00fan lo certific\u00f3 el centro de conciliaci\u00f3n 8 y 22 de octubre pasado (fs. 160 y 160, c.1), es claro entonces que el proceso ejecutivo hipotecario aqu\u00ed adelantado contra Javier Andr\u00e9s Puentes Montoya no puede reanudarse. <\/p>\n

Para tal efecto es preciso recordar que el art\u00edculo 545 del C.G. del P. establece expresamente los efectos de la aceptaci\u00f3n de la solicitud de procedimientos de negociaci\u00f3n de deudas: el primero de ellos, es de \u00ab[no] podr\u00e1n iniciarse nuevos procesos ejecutivos, de restituci\u00f3n de bienes por mora en el pago de los c\u00e1nones, o de jurisdicci\u00f3n coactiva contra el deudor y se suspender\u00e1n los procesos de este tipo que estuvieren en curso al momento de la aceptaci\u00f3n\u00bb, so pena de viciarse con nulidad lo actuado\u00bb. <\/p>\n

3.2. Igual acontece con la decisi\u00f3n adoptada el 10 de julio de 2020 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de esa ciudad, que \u00abneg\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el apoderado del se\u00f1or Orlando Rubio Mendoza contra el auto admisorio de la negociaci\u00f3n de deudas de fecha 3 de mayo de 2019\u00bb, pues, el convocado consign\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abDe entrada se advierte que el peticionario del tr\u00e1mite del r\u00e9gimen de insolvencia lo hace como persona natural no comerciante. Para lo cual es algo necesario que debe ser comprobado si es o no comerciante, sin embargo, esta necesidad de la prueba porque por excepci\u00f3n el C\u00f3digo de Comercio establece tres presunciones de la condici\u00f3n de comerciante como son: <\/p>\n

Cuando la persona natural o jur\u00eddica aparece matriculada como comerciante en el r\u00e9gimen p\u00fablico mercantil de la C\u00e1mara de Comercio prueba esta que dentro del expediente brilla por su ausencia. <\/p>\n

Sin embargo dicha calidad se puede adquirir por simples hechos es decir por el ejercicio profesional de actividades mercantiles circunstancia esta que tampoco obra en el expediente adem\u00e1s de acuerdo a la petici\u00f3n la persona peticionaria no se anuncia como tal al p\u00fablico de all\u00ed que no se acredita la condici\u00f3n de comerciante del peticionario de lo anterior se deduce que nos encontramos ante una petici\u00f3n de insolvencia por parte de JAVIER ANDR\u00c9S PUENTES MONTOYA no como comerciante sino como una persona natural\u00bb. <\/p>\n

Sobre la viabilidad o no de someterse al proceso de insolvencia quien convoca como acreedor al se\u00f1or ORLANDO RUBIO MENDOZA pese a no existir entre ellos ninguna relaci\u00f3n contractual pues s\u00f3lo lo relaciona un inmueble de propiedad del deudor JAVIER ANDR\u00c9S PUENTES MONTOYA que est\u00e1 gravado seg\u00fan certificado de tradici\u00f3n n\u00famero 230-170534 anotaci\u00f3n 006 con hipoteca de cuant\u00eda indeterminada de PUENTES VARGAS MARCELA DEL PILAR a favor del se\u00f1or RUBIO MENDOZA ORLANDO y posteriormente en la anotaci\u00f3n 008 de fecha 7 de diciembre de 2016 aparece compraventa por parte de PUENTES VARGAS MARCELA DEL PILAR a PUENTES MONTOYA JAVIER ANDR\u00c9S, cabe resaltar que se desconoce las condiciones de compraventa entre los dos antes mencionados a pesar de que no existe obligaci\u00f3n suscrita entre RUBIO MENDOZA ORLANDO y PUENTES MONTOYA JAVIER ANDR\u00c9S. <\/p>\n

Siendo cierto que el actual propietario es PUENTES MONTOYA JAVIER ANDR\u00c9S del inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 230-170534 es por lo que resulta procedente seguir el curso del r\u00e9gimen de insolvencia y llamar como acreedor a RUBIO MENDOZA ORLANDO a quien se le debe responder por el valor hipotecado, caso contrario quedar\u00eda en libertad el se\u00f1or RUBIO MENDOZA ORLANDO a ejecutar a MARCELA DEL PILAR PUENTES VARGAS por los pagar\u00e9s otorgados en favor de este\u00bb <\/p>\n

Visto lo anterior, las providencias adoptadas respecto a esos dos reparos, como se anticip\u00f3, no se evidencian infundadas o arbitrarias, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional.
\nEn este orden, se ha dicho y reiterado que cuando la decisi\u00f3n objeto de censura no genera flagrante vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno, no abre paso a la protecci\u00f3n invocada en tanto lejos est\u00e1 de obedecer a capricho o desafuero del fallador encartado, ya que: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, citada entre otras en STC1548-2019, 14 feb. 2019, rad. 2018-00210-01). <\/p>\n

3.3. Finalmente se hace necesario precisar conforme lo advirti\u00f3 el juez constitucional de primera instancia que el quejoso puede en el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, el cual se encuentra en la etapa inicial de conciliaci\u00f3n, participar en las siguientes fases procesales para formular objeciones, aportar pruebas, aceptar el acuerdo o impugnarlo, igualmente, intervenir en la contingente etapa de liquidaci\u00f3n patrimonial, en raz\u00f3n a que el inmueble sobre el que se constituy\u00f3 hipoteca a su favor compone el patrimonio del insolvente, de ah\u00ed, que resulte claro, que si no se han agotado todos los recursos que brinda el ordenamiento procesal, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez competente. <\/p>\n

4.\tConclusi\u00f3n <\/p>\n

Conforme a las precisiones dadas en precedencia, se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del amparo implorado, en atenci\u00f3n a que lo resuelto en el tr\u00e1mite cuestionado, no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de esta senda jur\u00eddica. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, con las precisiones dadas en precedencia. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7119-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-13-000-2020-00091-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veinte (2020). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103904","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103904","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103904"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103904\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103904"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103904"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103904"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}