{"id":103913,"date":"2026-07-02T22:52:35","date_gmt":"2026-07-02T22:52:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103913"},"modified":"2026-07-02T22:52:35","modified_gmt":"2026-07-02T22:52:35","slug":"stc7135-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7135-2020\/","title":{"rendered":"STC7135-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

STC7135-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2020-00180-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Rafael Guar\u00edn Collazos frente al fallo proferido el 10 de agosto de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela planteada por \u00e9l contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor del resguardo, sin efectuar pretensi\u00f3n concreta respecto del juicio que fustig\u00f3, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada al inadmitir y luego rechazar su demanda de pertenencia.
\n2.\tSon hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n

2.1.\tEn el juicio de pertenencia que, respecto del predio identificado con folio inmobiliario Nro. 366-5859, en el a\u00f1o 2008 le inco\u00f3 el accionante a Olga Cecilia Higuera y C\u00eda. S. en C. – en liquidaci\u00f3n, tras prosperar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que \u00e9sta formul\u00f3 por su indebida notificaci\u00f3n, el 30 de septiembre de 2019 el Juzgado acusado inadmiti\u00f3 la demanda y el 22 de octubre siguiente la rechaz\u00f3, a la vez que no accedi\u00f3 a \u00abla petici\u00f3n de agencia oficiosa procesal\u00bb que all\u00ed se plante\u00f3 en nombre de aqu\u00e9l. <\/p>\n

2.2.\tEn sede de tutela, adujo el inconforme que con esa decisi\u00f3n el estrado enjuiciado conculc\u00f3 sus derechos porque \u00abaunque hizo referencia al art\u00edculo 47 del CPC, desconoci[\u00f3] que [su] apoderado manifest[\u00f3] que [\u00e9l] [s]e encontraba ausente y que adem[\u00e1]s as\u00ed fuera en copia y escaneado alleg[\u00f3] un poder otorgado por [\u00e9l] para representar[lo]\u00bb; sumado a que fue sorprendido con esas determinaciones porque, sin justificaci\u00f3n, se dictaron seis a\u00f1os despu\u00e9s de emitida la sentencia del recurso extraordinario de revisi\u00f3n que retrotrajo el tr\u00e1mite all\u00ed surtido, en el que inicialmente se accedi\u00f3 a sus pretensiones. <\/p>\n

Destac\u00f3 ser poseedor del referido predio desde el a\u00f1o 1988 y que la situaci\u00f3n denunciada compromete el ejercicio de su posesi\u00f3n porque implica la materializaci\u00f3n de la entrega dispuesta en un juicio reivindicatorio resuelto a favor de su demandada.
\nLAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado acusado limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia escaneada de la actuaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n

2.\tLa abogada Claudia Alejandra Cardona Londo\u00f1o, quien dijo actuar \u00abcomo apoderada judicial de… Olga Cecilia Higuera y C\u00eda. S. en C. en liquidaci\u00f3n\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin aportar el poder especial que le confiri\u00f3 dicha persona jur\u00eddica para intervenir en este tr\u00e1mite supralegal en su representaci\u00f3n, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n al encontrar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque el \u00abaccionante pudo haber agotado… los recursos ordinarios con los que contaba seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (lit. a num. 1 Art\u00edculo 635 C.G.P.), en contra de la decisi\u00f3n que aqu\u00ed ataca…[,] sin que se advierta tampoco la ocurrencia de perjuicio irremediable alguno que pueda ser conjurado en sede constitucional\u00bb. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales, sostuvo que, \u00ab[d]esconociendo si efectivamente [su] apoderado hizo o no uso del recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que rechaz[\u00f3] la demanda, y ante la imposibilidad de concurrir al Juzgado… a verificar en el expediente esta situaci[\u00f3]n\u00bb, deb\u00eda observarse que \u00abel derecho sustancial debe prevalecer\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tSeg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una determinaci\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las decisiones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n

2.\tPuestas as\u00ed las cosas, evidenci\u00e1ndose que la queja del promotor del amparo se dirigi\u00f3 a cuestionar, en concreto, el rechazo de su demanda de pertenencia, dispuesto mediante prove\u00eddo del 22 de octubre de 2019, de entrada, advierte la Corte que el resguardo estaba llamado al fracaso, por lo que el fallo impugnado debe confirmarse, dado que no est\u00e1 presente el presupuesto de procedibilidad de la acci\u00f3n tuitiva de la subsidiariedad. <\/p>\n

En efecto, en punto al referido auto, no se acredit\u00f3 el agotamiento, ante el juzgador natural, de los instrumentos ordinarios de defensa que all\u00ed tuvo a su alcance el accionante para controvertirlo con apoyo en los argumentos tra\u00eddos en la solicitud de protecci\u00f3n, a saber, los recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n, admisibles de acuerdo a lo establecido, en su orden, en los art\u00edculos 318 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Entonces, sin duda, lo expuesto evidencia el fracaso de la salvaguarda implorada porque \u00abno es viable acudir a esta v\u00eda especial de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, luego de desperdiciar los instrumentos procesales establecidos por el legislador\u00bb (CSJ STC, 19 ag. 2011, rad. 2011-01590-01; reiterada, entre muchas otras, en CSJ STC, 24 oct. 2014, rad. 2014-01939-01; y CSJ STC, 7 nov. 2014, rad. 2014-00481-01).
\nEn ese sentido, reiteradamente se ha sostenido que si la promotora desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n

\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy canon 117 del C\u00f3digo General del Proceso], ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n

3.\tDejando claro que la ausencia del anterior presupuesto impide al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su conocimiento, muy a pesar de las alegaciones del reclamante, pertinente es agregar que su petici\u00f3n de resguardo ni siquiera puede abrirse paso como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, si en cuenta se tiene que es \u00e9l quien sostiene que en la actualidad est\u00e1 en curso otro proceso de pertenencia que inco\u00f3 respecto del mismo predio, por lo que \u00abno hay evidencia sobre la presencia del da\u00f1o, esto es, grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (STC, 18 oct. 2013, rad. 2013-01488-01; reiterada en STC, 27 en. 2014, rad. 2013-01978-01). <\/p>\n

4.\tLo considerado impone ratificar el fallo de primer grado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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