{"id":103914,"date":"2026-07-02T22:52:38","date_gmt":"2026-07-02T22:52:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103914"},"modified":"2026-07-02T22:52:38","modified_gmt":"2026-07-02T22:52:38","slug":"stc7137-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7137-2020\/","title":{"rendered":"STC7137-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC7137-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2020-00340-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de julio de 2020 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Nohema Ru\u00edz Mart\u00ednez contra el Juzgado 32 de Familia de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, igualdad y dignidad humana, presuntamente conculcados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, se ordene \u00abdeclarar la nulidad de todas las actuaciones surtidas dentro del proceso de Disoluci\u00f3n y Liquidaci\u00f3n de Sociedad Conyugal, y se mantenga el auto mediante el cual se declar\u00f3 terminado el proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico y ordenando el archivo del expediente\u00bb. <\/p>\n

2.\tSon hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n

2.1.\tSostuvo la tutelante que Fidalgo Mateus Sanabria promovi\u00f3 demanda de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio en su contra; que el 20 de febrero de 2015 el Juzgado 13 de Familia de Bogot\u00e1 termin\u00f3 el proceso, tras encontrar que el matrimonio celebrado entre las partes se declar\u00f3 nulo por el Tribunal Eclesi\u00e1stico Interdiocesano de esta ciudad1, por advertir un vicio en el consentimiento; determinaci\u00f3n que mantuvo el 26 de marzo siguiente, al tiempo que lo adicion\u00f3 en el sentido de indicar que \u00abla sociedad conyugal se encuentra disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n\u00bb, auto en el que se inici\u00f3 dicho tr\u00e1mite liquidatorio. <\/p>\n

2.2. En el tr\u00e1mite, se present\u00f3 trabajo de partici\u00f3n, el que se objet\u00f3 por la actora, donde aleg\u00f3, entre otras cosas, que ante la nulidad del matrimonio declarada por el Tribunal Eclesi\u00e1stico, la sociedad conyugal nunca naci\u00f3, de ah\u00ed que no hab\u00eda lugar a dicha liquidaci\u00f3n; el 19 de noviembre de 2019 el Juzgado encausado declar\u00f3 no probadas las objeciones presentadas y, en consecuencia, imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n; determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n

2.3. Por v\u00eda de tutela se duele la actora, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, deduce, al \u00abhaber declarado la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal es una actuaci\u00f3n contraria a derecho\u00bb, en la medida en, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil \u00abel efecto de la declaratoria de nulidad es que las cosas vuelven al estado anterior a la celebraci\u00f3n del contrato\u00bb, entonces, la sociedad conyugal no existi\u00f3. <\/p>\n

2.4. Anot\u00f3 que \u00abno le asiste raz\u00f3n a la\u2026 Juez cuando determin\u00f3 adelantar el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, pues la sociedad\u2026 se dio por la uni\u00f3n marital de hecho que dur\u00f3 hasta el a\u00f1o 1994 y, a partir de esa fecha se cuenta el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n\u2026 tal como lo determina el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990\u00bb, pues, s\u00f3lo hasta ese a\u00f1o convivi\u00f3 con Fidalgo Mateus \u00abcuando se esca[p\u00f3] de su lado y del sometimiento en el que [la] ten\u00eda\u00bb. <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1. El Juzgado 32 de \tFamilia de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en \tel juicio fustigado; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al \tconsiderar, de un lado, que el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n \tse ajust\u00f3 a la normatividad aplicable al caso concreto; y, \tpor otra parte, la gestora no formul\u00f3 recurso contra la \tsentencia aprobatoria de la partici\u00f3n. <\/p>\n

2. El Juzgado 7\u00b0 \tde Familia de Bogot\u00e1 se abstuvo de hacer pronunciamiento \tsobre los hechos de la acci\u00f3n de tutela, en la medida en que \t\u00abla \tactuaci\u00f3n surtida en el expediente es sustento suficiente \tpara ilustrar al respecto\u00bb. <\/p>\n

3. Numar \tN\u00fa\u00f1ez L\u00f3pez, quien \tindic\u00f3 \tactuar como \tapoderado judicial de Fidalgo \tMateus Sanabria, \talleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en \tel presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su \tmanifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n

4. Cleofelina \tL\u00f3pez Quitian, en calidad de acreedora, manifest\u00f3 que \tel 8 de agosto de 2013 le realiz\u00f3 un pr\u00e9stamo por \t$13.000.000 a la gestora a fin de efectuar arreglos en el inmueble \tobjeto de litigio; pide hacer efectivo el derecho sustancial de \tNohema Ru\u00edz. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada al considerar que incumpl\u00eda con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, pues, contra el auto de 26 de marzo de 2015 que apertur\u00f3 el tr\u00e1mite liquidatorio y, contra la sentencia de 19 de noviembre de 2019 que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n, no se presentaron recursos; determinaciones, adem\u00e1s, que datan de m\u00e1s de 6 meses. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 la parte accionante reiterando los argumentos expuesto en el libelo inicial, indicado que contrario a lo ha firmado por el Tribunal, s\u00ed cumple con el presupuesto de inmediatez, pues dichas \u00abactuaciones\u2026 se han mantenido en el tiempo\u00bb; que si bien contra las decisiones censuradas no se formul\u00f3 ning\u00fan recurso \u00abno puede en ning\u00fan momento tenerse como base para negar el amparo solicitado mediante esta acci\u00f3n de tutela, todo lo contrario esa falencia lo que est\u00e1 demostrando es que falt\u00f3 defensa t\u00e9cnica\u2026 constitu[yendo] una violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb, adem\u00e1s porque si bien vive en Espa\u00f1a, lo cierto es que se vulnera su prerrogativa a la vivienda digna, en la medida en que es madre cabeza de hogar. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que la sentencia de 19 de noviembre de 2019 que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n es nula de pleno derecho, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pues se profiri\u00f3 con posterioridad al t\u00e9rmino all\u00ed estipulado, por lo que el estrado judicial carec\u00eda de competencia para tal fin. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n

2.\tPuestas as\u00ed las cosas, evidenci\u00e1ndose que la queja de la promotora de la salvaguarda se dirige contra el juicio liquidatorio de la sociedad conyugal promovido por Fulgencio Mateus Sanabria en su contra, que termin\u00f3 el 19 de noviembre de 2019 con la aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n; de entrada, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad para su procedibilidad, por lo que la decisi\u00f3n de primer grado debe confirmarse. <\/p>\n

2.1. En efecto, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre las decisiones de 26 de marzo de 2015 y 19 de noviembre de 2019, mediante los cuales, de un lado, se adicion\u00f3 el auto de 20 de febrero de 2015 declarando que \u00abla sociedad conyugal se encuentra disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n\u00bb, al tiempo que apertur\u00f3 dicho tr\u00e1mite liquidatorio y, por otra parte, imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al trabajo de partici\u00f3n; y la interposici\u00f3n de la tutela el 15 de julio de 2020, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n

…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido…, adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n

Cabe a\u00f1adir que, el reparo tra\u00eddo en la impugnaci\u00f3n para justificar la tardanza, no puede tenerse en cuenta, como lo expone la accionante, que la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas \u00abse han mantenido en el tiempo\u00bb, pues lo cierto es que la situaci\u00f3n de la que se duele se consolid\u00f3 con el proferimiento de las prenotadas determinaciones de 26 de marzo de 2015 y 19 de noviembre de 2019 que, en su orden, aperturaron el tr\u00e1mite liquidatorio y, aprobaron el trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n

Respecto a las dem\u00e1s circunstancias aducidas por la promotora, atinentes a la falta de orientaci\u00f3n jur\u00eddica, en \u00abaspectos t\u00e9cnicos y procedimentales del derecho que justificaran [la] presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n en el tiempo apropiado\u00bb no resultan de recibo, porque la posibilidad de formular acci\u00f3n de tutela es un derecho constitucionalmente reconocido en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, cuyo desconocimiento no justifica el ejercicio tard\u00edo de dicho mecanismo. Mem\u00f3rese que \u00abla ignorancia de las leyes no sirve de excusa\u00bb (art\u00edculo 9\u00ba, C\u00f3digo Civil). <\/p>\n

2.2. Aunado a lo anterior, se advierte que la promotora fue notificada por aviso mediante auto de 18 de junio de 2015 de la iniciaci\u00f3n del referido tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n, en el que guard\u00f3 silencio, pese a estar representada por mandatario de confianza, por lo que pudo actuar al interior de ese juicio y presentar los recursos de ley, pero no lo hizo, desperdiciando los instrumentos ordinarios de defensa que all\u00ed tuvo a su alcance para controvertir las decisiones que le fueron adversas, entre ellas, la apelaci\u00f3n a la sentencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n

En consecuencia, si la tutelante ten\u00eda los medios de defensa judiciales id\u00f3neos para invocar los yerros que se\u00f1ala por esta v\u00eda, la presente demanda constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales acaecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte ha dicho en diversidad de oportunidades que: <\/p>\n

\u2026el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC, 14 en. 2003, rad. 23023; reiterada en CSJ STC5341-2014; y STC, 27 may. 2016, rad. 2016-00401-01). <\/p>\n

3. Por otra parte, conforme a los reparos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n, referente a que la sentencia de 19 de noviembre de 2019 que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n es nula de pleno derecho, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, tras proferirse luego del t\u00e9rmino all\u00ed indicado; no puede pronunciarse esta Corporaci\u00f3n, pues se trata de hechos nuevos, no expuestos en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por los convocados, por lo que un pronunciamiento de la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de aqu\u00e9llos. <\/p>\n

Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n

\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n

4. Finalmente, sobre los reparos reiterados en la impugnaci\u00f3n sobre la supuesta negligencia del abogado que represent\u00f3 a la gestora en el tr\u00e1mite criticado, muy a pesar de sus alegaciones, se insiste que: <\/p>\n

\u2026no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que\u2026 con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC, 18 may. 2009, rad. 00508 -01). <\/p>\n

5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\n1 \tSentencia \tconvalidada por el Juzgado 7\u00b0 de Familia de Bogot\u00e1.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7137-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2020-00340-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de julio de 2020 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103914","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103914","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103914"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103914\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103914"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103914"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103914"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}