{"id":103923,"date":"2026-07-02T22:54:25","date_gmt":"2026-07-02T22:54:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103923"},"modified":"2026-07-02T22:54:25","modified_gmt":"2026-07-02T22:54:25","slug":"stc7176-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7176-2020\/","title":{"rendered":"STC7176-2020"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC7176-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-02327-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Camilo V\u00e9lez Bernal contra la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja, as\u00ed como tambi\u00e9n el Senado de la Rep\u00fablica. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a \u00abelegir y ser elegido (sic)\u00bb, as\u00ed como de los principios de \u00absoberan\u00eda popular, …supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n y los fines esenciales del Estado, especialmente la democracia representativa\u00bb, presuntamente trasgredidos por la sede judicial acusada al imponer medida de aseguramiento en contra del ciudadano \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez; por lo cual solicit\u00f3 \u00abse declare sin valor, ni efectos, [esa] decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2. Los hechos relevantes para definir este caso son los que as\u00ed se sintetizan. <\/p>\n

2.1. En la causa penal seguida contra \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez como eventual \u00abdeterminador del delito de soborno a testigo en actuaci\u00f3n penal, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, adem\u00e1s heterog\u00e9neo con el delito de Fraude procesal\u00bb, con auto del 3 de agosto del a\u00f1o en curso la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala Penal de esta Corte le impuso \u00abmedida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva\u00bb, misma que all\u00ed sustituy\u00f3 por \u00abdomiciliaria\u00bb, con apoyo en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 357 de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n

2.2.\tEl tutelante adujo que esa decisi\u00f3n fue producto de una \u00abinvestigaci\u00f3n injustificada\u00bb y, adem\u00e1s de quebrantar los derechos pol\u00edticos del all\u00ed indiciado al producirse \u00absin que medie condena judicial en su contra, como causal de inhabilidad para ejercer como Congresista de la Rep\u00fablica de conformidad con lo reglado en el art\u00edculo 179 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb, tambi\u00e9n afect\u00f3 sus garant\u00edas esenciales en torno a la posibilidad de \u00abelegir y… sentir[s]e representad[a] en el Congreso de la Rep\u00fablica\u00bb, en la medida en que particip\u00f3, con su voto, en la elecci\u00f3n del referido ciudadano como senador de la Rep\u00fablica. <\/p>\n

3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y rendir los informes de que trata el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1. Iv\u00e1n Cepeda Castro destac\u00f3 que el promotor carece \u00abde legitimaci\u00f3n en la causa por activa para interponer esta solicitud de tutela, por cuanto so pretexto de que le sea protegido su derecho fundamental invocado, pretende cercenar los derechos de quienes participan en la actuaci\u00f3n procesal\u00bb. <\/p>\n

2. La Secretar\u00eda General del Senado de la Rep\u00fablica destac\u00f3 que \u00abno tiene competencia para resolver o conocer de las pretensiones del accionante\u00bb, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite. <\/p>\n

3. La Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resalt\u00f3 que el promotor del resguardo \u00abno hace parte de la actuaci\u00f3n [criticada]\u00bb, por lo que carece de legitimaci\u00f3n para instaurar la presente actuaci\u00f3n; y que \u00abla decisi\u00f3n objeto de censura constitucional no es fruto del capricho o arbitrariedad de [esa autoridad], sino de la aplicaci\u00f3n ponderada\u2026 de las normas\u2026 que regulan la materia\u00bb. <\/p>\n

4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Sala el fracaso de la salvaguarda propuesta, por las razones que pasa a exponer. <\/p>\n

2.1.\tEn lo que tiene que ver con la aducida carencia de justificaci\u00f3n y supuestas deficiencias en la decisi\u00f3n emitida el 3 de agosto de 2020, por la sede judicial acusada, en la investigaci\u00f3n seguida contra el ciudadano \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, es evidente que el peticionario carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones all\u00ed surtidas, por no ser parte ni interviniente reconocido en dicho asunto, sumado a que no demostr\u00f3, ni tan siquiera adujo, los motivos que soportaran su eventual proceder como agente oficioso de aqu\u00e9l, espec\u00edficamente, su imposibilidad -f\u00edsica o mental- de agotar directamente esta herramienta excepcional de protecci\u00f3n. <\/p>\n

Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los c\u00e1nones 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, como aqu\u00ed ocurre, radica en cabeza de quien integra alguno de los extremos del litigio o fue reconocido como interviniente. <\/p>\n

Al respecto, sobre el alcance del aludido art\u00edculo 10\u00ba la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n

\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878\/07). <\/p>\n

En un caso con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed propuesto, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n

… \u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct. 2012, rad. 00171-01; reiterada en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n

Asimismo, la Corte Constitucional ha recordado los elementos necesarios para que opere la figura de la agencia oficiosa -ninguno de los cuales fue aqu\u00ed satisfecho-, precisando que: <\/p>\n

La jurisprudencia\u2026 ha fundamentado la agencia oficiosa en tres principios constitucionales \u201c(i) el principio de eficacia de los derechos fundamentales, que como mandato vinculante tanto para las autoridades p\u00fablicas como para los particulares, impone la ampliaci\u00f3n de los mecanismos institucionales para la realizaci\u00f3n efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales; (ii) el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, principio que se encuentra en estrecha relaci\u00f3n con el anterior y est\u00e1 dirigido a evitar que por razones de formalidad procesal se impida la protecci\u00f3n efectiva de los derechos sustanciales; y (iii) el principio de solidaridad, el cual impone a los miembros de la sociedad velar por la defensa no s\u00f3lo de los derechos fundamentales propios, sino tambi\u00e9n por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa\u201d. <\/p>\n

3.5. Como requisitos normativos para la procedencia de la agencia oficiosa, la Corte ha establecido que: (i) el agente oficioso manifieste que act\u00faa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el titular del derecho est\u00e1 imposibilitado para ejercer dicha acci\u00f3n, ya sea por circunstancia f\u00edsicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es decir, no requiere que exista relaci\u00f3n formal entre el agente y el agenciado. \u201cEsta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la autonom\u00eda de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por s\u00ed misma\u201d … <\/p>\n

Revisada la actuaci\u00f3n cumplida en esta acci\u00f3n de tutela, de entrada, advierte la Corte que la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar no se encuentra legitimada por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y de petici\u00f3n, del se\u00f1or\u2026 Torres, por las siguientes razones: <\/p>\n

3.13.1. La se\u00f1ora Rodr\u00edguez Tovar no fue parte dentro de los procesos [fustigados]… En ese orden, la accionante, por no ser parte dentro de los citados expedientes, no tiene legitimidad para emprender una acci\u00f3n que, conforme al art\u00edculo 86 de la Carta, s\u00f3lo puede hacerlo directamente el afectado. <\/p>\n

3.13.2. No obstante lo anterior, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha rese\u00f1ado, la se\u00f1ora\u2026 Rodr\u00edguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para interponer la acci\u00f3n de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del proceso. <\/p>\n

En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de tutela no se indic\u00f3 que la accionante actuaba como agente oficiosa… Aspecto que si bien puede inferirse de la misma demanda, moderando un poco la exigencia procesal, seg\u00fan lo ha ense\u00f1ado la Corte para algunos casos excepcionales y con el fin de garantizar los principios del acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, no ocurre lo mismo con la exigencia probatoria relativa a que el se\u00f1or Torres se encuentra en imposibilidad para interponer, de manera aut\u00f3noma y directa, la tutela (CC T-406\/17). <\/p>\n

Luego, como se advierte que el quejoso no es parte ni interviniente en la causa penal que censura, tampoco alleg\u00f3 poder especial a la salvaguarda para actuar en representaci\u00f3n de Uribe V\u00e9lez, ni adujo o demostr\u00f3 los supuestos que validaran su condici\u00f3n de agente oficioso del mismo, es evidente que carece de legitimaci\u00f3n para promover el presente ruego atacando las decisiones all\u00ed adoptadas. <\/p>\n

2.2.\tZanjado lo anterior, el reclamo tambi\u00e9n se muestra inviable en lo tocante con la aparente afectaci\u00f3n de las prerrogativas a \u00abelegir y ser elegido (sic)\u00bb del gestor, porque al auscultar de fondo tal alegaci\u00f3n, aun pasando por alto la renuncia de \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez respecto a su curul como senador y que \u00e9l dej\u00f3 de acreditar -como le era exigible de acuerdo a la jurisprudencia sobre la materia1- su efectiva participaci\u00f3n en los comicios del a\u00f1o 2018, en los cuales aqu\u00e9l fue electo para tal cargo; lo cierto es que, en principio, no puede sostenerse que los efectos de la decisi\u00f3n fustigada puedan considerarse fuente de conculcaci\u00f3n de garant\u00edas esenciales, por ser consecuencia l\u00f3gica del devenir procesal de la causa penal en cuesti\u00f3n que, se itera, en este estadio s\u00f3lo pueden fustigarla -cumpliendo los requisitos jurisprudenciales- los all\u00ed involucrados, a m\u00e1s que, por ese rumbo, como reiteradamente lo han establecido los pronunciamientos constitucionales, los derechos pol\u00edticos \u00abno son absolutos y, en determinados casos, pueden estar sujetos a limitantes dependiendo de lo dispuesto por el legislador y las circunstancias propias de cada caso\u00bb (CC T-516\/14), como aqu\u00ed ocurre. <\/p>\n

En cuanto al particular, sin que el hecho de que en esa ocasi\u00f3n se refiriera a un asunto disciplinario var\u00ede las anteriores conclusiones de cara a los derechos en cuesti\u00f3n, as\u00ed lo sostuvo la Corte Constitucional: <\/p>\n

…el derecho a la representaci\u00f3n pol\u00edtica efectiva es una manifestaci\u00f3n del derecho de participaci\u00f3n en la conformaci\u00f3n, ejercicio y control del poder pol\u00edtico y garantiza a los electores la materializaci\u00f3n del ejercicio del cargo y del desarrollo de las funciones de la persona que por expresi\u00f3n de la voluntad popular fue designada para ello. <\/p>\n

Sin embargo, dichas garant\u00edas pueden verse limitadas cuando, de conformidad con lo dispuesto en la Constituci\u00f3n y en la ley, ante la necesidad de proteger otros fines constitucionalmente valiosos, como la moralidad administrativa y el adecuado funcionamiento del aparato estatal, es preciso remover a servidores p\u00fablicos de sus cargos, por supuesto con observancia del debido proceso, del principio de legalidad y de las garant\u00edas que le son inherentes. De esta manera, el solo hecho de imponer una sanci\u00f3n de tipo disciplinario no implica per se la vulneraci\u00f3n del derecho a la representaci\u00f3n pol\u00edtica efectiva, porque a trav\u00e9s de ella -suponiendo que fueron garantizados los derechos del disciplinado, lo que en principio se discute en un escenario diferente- se pretende el cumplimiento otros fines constitucionalmente imperiosos que ameritan su imposici\u00f3n (CC T-516\/14). <\/p>\n

3. En adici\u00f3n, en un asunto an\u00e1logo al de ahora, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, para denegar el resguardo all\u00ed pedido por un ciudadano en favor de quien, elegido como gobernador, fue cobijado con medida de aseguramiento, in extenso esta Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

Para el gestor, esa determinaci\u00f3n quebranta su derecho \u201ca elegir y ser elegido\u201d, precisando que se est\u00e1 impidiendo ejercer la representaci\u00f3n del mencionado departamento a quien fue designado popularmente para ello. <\/p>\n

2. El aludido precepto iusfundamental se encuentra contenido en los numerales 1\u00b0 del canon 40 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica2 y 1\u00ba, literal b), de la regla 23 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3, su n\u00facleo esencial se concreta en la facultad otorgada a los ciudadanos de participar activamente en la democracia de sus pa\u00edses, bien sea postul\u00e1ndose como candidatos o votando en la designaci\u00f3n de sus representantes y l\u00edderes en los diferentes estamentos oficiales. <\/p>\n

Para lograr lo anterior, es indispensable que el procedimiento electoral se encuentre dotado de las garant\u00edas suficientes de igualdad, universalidad, transparencia e independencia, para eliminar cualquier asomo de manipulaci\u00f3n, constre\u00f1imiento o restricci\u00f3n injustificada a las personas en el ejercicio de tal potestad. <\/p>\n

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conceptuado sobre el tema: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El art\u00edculo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos p\u00fablicos, como elector a trav\u00e9s del voto o como servidor p\u00fablico, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designaci\u00f3n o nombramiento para ocupar un cargo p\u00fablico. Adem\u00e1s de poseer la particularidad de tratarse de derechos reconocidos a los ciudadanos, a diferencia de casi todos los dem\u00e1s derechos previstos en la Convenci\u00f3n que se reconocen a toda persona, el art\u00edculo 23 de la Convenci\u00f3n no s\u00f3lo establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el t\u00e9rmino \u201coportunidades\u201d. Esto \u00faltimo implica la obligaci\u00f3n de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos pol\u00edticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Como ya lo se\u00f1alara este Tribunal anteriormente, es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos \u00f3ptimos para que los derechos pol\u00edticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participaci\u00f3n pol\u00edtica. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representar\u00e1n en la toma de decisiones de los asuntos p\u00fablicos\u201d. <\/p>\n

\u201cPor su parte, la participaci\u00f3n pol\u00edtica mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos p\u00fablicos sujetos a elecci\u00f3n si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello. <\/p>\n

(\u2026) El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido consagrados por el art\u00edculo 23.1.b de la Convenci\u00f3n Americana se ejerce regularmente en elecciones peri\u00f3dicas, aut\u00e9nticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresi\u00f3n de la voluntad de los electores. M\u00e1s all\u00e1 de estas caracter\u00edsticas del proceso electoral (elecciones peri\u00f3dicas y aut\u00e9nticas) y de los principios del sufragio (universal, igual, secreto, que refleja la libre expresi\u00f3n de la voluntad popular), la Convenci\u00f3n Americana no establece una modalidad espec\u00edfica o un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos (\u2026). La Convenci\u00f3n se limita a establecer determinados est\u00e1ndares dentro de los cuales los Estados leg\u00edtimamente pueden y deben regular los derechos pol\u00edticos, siempre y cuando dicha reglamentaci\u00f3n cumpla con los requisitos de legalidad, est\u00e9 dirigida a cumplir con una finalidad leg\u00edtima, sea necesaria y proporcional (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

3. Con sustento en lo discurrido, no se avizora afectaci\u00f3n a la precitada prerrogativa supralegal, pues la misma no implica, de ninguna manera, que las personas en ejercicio de cargos de elecci\u00f3n popular no sean sujetos justiciables ni tampoco la imposibilidad de, en virtud de mandato emitido por autoridad competente, suspenderlos, provisional o definitivamente, de sus funciones o de imponerles una medida preventiva. <\/p>\n

Frente a este puntual t\u00f3pico, esta Sala de Casaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Resulta, por tanto, errado argumentar que (\u2026) los funcionarios de elecci\u00f3n popular no puedan ser separados de sus cargos, temporal o definitivamente, por medio de procedimientos judiciales, administrativos o disciplinarios distintos del juicio criminal, que cada Estado ha implementado en ejercicio de su soberan\u00eda y de su potestad punitiva (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

Tampoco es admisible que cualquier persona pretenda intervenir en procesos judiciales seguidos a servidores p\u00fablicos escogidos a trav\u00e9s del sufragio, para intentar, so pretexto de la violaci\u00f3n de la prerrogativa a \u201celegir y ser elegido\u201d, que tales funcionarios evadan las consecuencias derivadas de su actuar… <\/p>\n

4. Esclarecido lo antelado, se despachar\u00e1 desfavorablemente la salvaguarda porque, de un lado, al interesado no se le ha quebrantado garant\u00eda alguna, y, de otro, si su cometido es propender por la defensa de Gonz\u00e1lez Brito, carece de legitimaci\u00f3n para ello, pues no arrim\u00f3 poder expresamente conferido por el precitado gobernador para representarlo ni tampoco manifest\u00f3 concurrir como agente oficioso del memorado se\u00f1or, por ende, no est\u00e1 facultado para actuar en esta tramitaci\u00f3n a favor del aludido funcionario (CSJ STC3474-2017, 15 mar., rad. 2017-00488-00). <\/p>\n

4. Lo dicho impone denegar la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1\u0002 \t\u00ab…en \tlos casos en los cuales se invoca la protecci\u00f3n del derecho a \tla representaci\u00f3n pol\u00edtica efectiva, la Corte ha \tse\u00f1alado que para acreditar la legitimidad por activa debe \tprobarse el ejercicio del derecho al voto en las elecciones en las \tque fue elegido el representante o gobernante ausente…\u00bb \t(CC T-516\/14). \t<\/p>\n

Criterio \texpuesto, de forma pac\u00edfica, en m\u00faltiples \tpronunciamientos, entre otros: CC \tT-358\/02; CSJ STC3560, 20 mar. 2014 y CSJ; y CSJ STC16558, \t12 \toct. 2017.
\n2\u0002 \t\u00ab\u2026Art. \t40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformaci\u00f3n, \tejercicio y control del poder pol\u00edtico. Para hacer efectivo \teste derecho puede: 1. Elegir y ser elegido\u2026\u00bb.
\n3\u0002 \t\u00ab\u2026Art. \t23. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y \toportunidades: \u2026b) de votar y ser elegidos en votaciones \tp\u00fablicas aut\u00e9nticas, realizadas por sufragio universal \te igual y por voto secreto que garantice la libre expresi\u00f3n \tde la voluntad de los electores\u2026\u00bb.
\n4\u0002 \tCorte IDH, Sentencia de \t6 ag. 2008, Caso Casta\u00f1eda Gutman vs. Estados Unidos \tMexicanos.
\n5\u0002 \tCSJ STC7174, 6 jun. 2014, rad. 2014-00572-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7176-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-02327-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Camilo V\u00e9lez Bernal contra la Sala Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103923","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103923","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103923"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103923\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103923"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103923"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103923"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}