{"id":103930,"date":"2026-07-02T22:56:40","date_gmt":"2026-07-02T22:56:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103930"},"modified":"2026-07-02T22:56:40","modified_gmt":"2026-07-02T22:56:40","slug":"stc7275-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7275-2020\/","title":{"rendered":"STC7275-2020"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC7275-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2020-02267-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., once (11) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Desata la Corte la tutela que Piedad Cecilia Casas Id\u00e1rraga le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial y al Juzgado Sexto Civil del Circuito, ambos de Sincelejo, extensiva a los dem\u00e1s participes en los juicios n\u00ba 700013103006201600247 00\/01 y 700013103006201600348 00\/01. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y, en consecuencia, que se deje \u00absin efectos\u00bb las providencias dictadas por el juzgado cuestionado el 11 de diciembre de 2019 y 12 de febrero de 2020, as\u00ed como las de la Sala censurada de 5 y 12 de agosto de 2020 y, en tal virtud, que se ordene al primero de ellos que resuelva la \u00absolicitud de retractaci\u00f3n incoada por la tutelante conforme a lo pedido en esta acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n

En respaldo adujo que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo a trav\u00e9s de los interlocutorios reprochados, acept\u00f3 el contrato de transacci\u00f3n suscrito el 27 de septiembre de 2019 y, por consiguiente, declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso divisorio (rad. n\u00ba 2016-00247) en el que la precursora es demandada, y el de responsabilidad civil contractual (rad. n\u00ba 2016-00348) en el que funge como demandante, en su calidad representante legal de Icopor y Pl\u00e1sticos del Norte S.A.S. <\/p>\n

Indic\u00f3 que dichas determinaciones se mantuvieron inc\u00f3lumes (12 feb. 2020) y, adem\u00e1s, fueron confirmadas por el Tribunal (5 y 12 ag. 2020). <\/p>\n

Sostuvo que con ello la Corporaci\u00f3n fustigada incurri\u00f3 en los siguientes defectos: <\/p>\n

i) Procedimental, porque desconoci\u00f3 que el contrato es ley para las partes (art. 1602 del C.C.), pues la \u00abtransacci\u00f3n\u00bb se aport\u00f3 \u00absin que se hubiese efectuado la manifestaci\u00f3n expresa de voluntad con reconocimiento de contenido ante notaria\u00bb, pese a que ello as\u00ed se acord\u00f3 para su perfeccionamiento (numeral 5\u00ba del contrato). <\/p>\n

ii) F\u00e1ctico, ya que \u00abdej\u00f3 de valorar\u00bb: a) El escrito de retractaci\u00f3n que present\u00f3 frente al mencionado pacto (5 nov. 2019), el cual \u00abmuestra que fu[e] asesorada indebidamente (\u2026) lo que constituye un vicio al consentimiento de la voluntad (\u2026)\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abno hab\u00eda una proporcionalidad en los elementos conciliados\u00bb y b) El \u00abcontrato de transacci\u00f3n\u00bb, ya que en \u00e9ste se convino que deb\u00edan firmarse seis (6) ejemplares, pero la reclamante tan solo \u00absuscribi\u00f3 3\u00bb, sin que se hubiese \u00abperfeccionado\u00bb alguno de ellos por ausencia de autenticaci\u00f3n (reconocimiento de firma y contenido), de ah\u00ed que, en su concepto \u00abse reviste de ineficacia (\u2026) [y] es inexistente\u00bb. <\/p>\n

iii) Error inducido, comoquiera que \u00abno observ\u00f3 que (\u2026) con la utilizaci\u00f3n de fotocopias simples, no (\u2026) se estaba presentando al despacho la totalidad de lo ocurrido al interior del acuerdo de negociaci\u00f3n\u00bb, ya que \u00abla idea de suscribir 6 ejemplares del contrato de transacci\u00f3n [firmados y autenticados], era que los mismos originales fueran los que se radicaran en los juzgados respectivos\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, dijo que acude a esta especial v\u00eda como mecanismo transitorio para evitar \u00abque contin\u00fae el perjuicio irremediable\u00bb; ello hasta tanto se admita y decreten las medidas cautelares que solicit\u00f3 en la demanda de inexistencia y nulidad de la transacci\u00f3n, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo. <\/p>\n

2. Jos\u00e9 Luis Jim\u00e9nez Jaramillo inform\u00f3 que fue apoderado de Piedad Cecilia Casas Id\u00e1rraga y de su hermano Diego Casas en una indagaci\u00f3n penal, por lo que \u00abla firma de la transacci\u00f3n por [su] parte era para sellar [su] compromiso de remitir la solicitud de no oponer[se] ante la Fiscal\u00eda\u00bb, y que ellos \u00absiempre estuvieron informados del objeto de la transacci\u00f3n, la cual inclusive fue dise\u00f1ada en su contenido econ\u00f3mico, por su propio asesor tributario y revisor fiscal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

El Tribunal de Sincelejo defendi\u00f3 la constitucionalidad de las resoluciones controvertidas, argumentando que \u00abfueron suficientemente motivadas\u00bb, de acuerdo a \u00ablas normas y criterios jurisprudenciales pertinentes\u00bb. <\/p>\n

Luis Felipe Aguirre V\u00e1squez, abogado de la querellante en algunas acciones civiles y penales, pidi\u00f3 la concesi\u00f3n del amparo, \u00abpor cuanto el tribunal no ha observado que las partes han instituido al interior del (\u2026) contrato de transacci\u00f3n condiciones que no van contra la ley, y que al ser acogida[s] entre [los acordantes] (\u2026)\u00bb, \u00abten\u00eda que cumplirse\u00bb, \u00absiendo entonces, la primera obligaci\u00f3n (\u2026) la autenticaci\u00f3n del contrato con (\u2026) dos notas de reconocimiento de firma y contenido, para que luego sus efectos (\u2026) pudieran cumplirse\u00bb; condici\u00f3n que resalt\u00f3, \u00abno fue cumplida en su cabalidad\u00bb . <\/p>\n

El Tercero Civil del Circuito inform\u00f3 que est\u00e1 tramitando el ejecutivo incoado por Carlos Duque S\u00e1nchez, Paula Andrea Casas Id\u00e1rraga y Carlos Andr\u00e9s Duque Llano contra la accionante y Diego Alberto Casas Id\u00e1rraga (rad. 2020-0015-00), juicio en el que libr\u00f3 mandamiento de pago con base en el \u00abcontrato de transacci\u00f3n\u00bb (30 en. 2020) y en el que se est\u00e1 surtiendo la notificaci\u00f3n de los convocados demandados, as\u00ed como la pr\u00e1ctica de medidas cautelares. <\/p>\n

Bancolombia y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Sincelejo, exigieron su desvinculaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no han vulnerado ninguna garant\u00eda superior de la gestora. <\/p>\n

Hern\u00e1n Dar\u00edo P\u00e9rez Restrepo y Juanita Duque Tob\u00f3n se opusieron al resguardo, por improcedente, advirtiendo \u00abuna carencia actual de objeto\u00bb, en tanto la \u00abtutela se ejerci\u00f3 como mecanismo transitorio, y en el marco de la demanda de inexistencia y nulidad del contrato de transacci\u00f3n el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo, (\u2026) decret[\u00f3] las medidas cautelares mediante providencia del 21 de agosto de 2020\u00bb. Asimismo, enfatizaron que en el proceso disciplinario adelantado por Piedad Cecilia contra P\u00e9rez Restrepo, la misma \u00abreconoc[i\u00f3] haber recibido la asesor\u00eda respecto al negocio jur\u00eddico que conoc\u00eda el contenido contractual as\u00ed como las consecuencias jur\u00eddicas que dicho negocio traer\u00eda consigo (\u2026)\u00bb.; y que \u00ablos (\u2026) falladores se ci\u00f1eron siempre a las prescripciones legales, tanto sustanciales como procesales, garantiz\u00e1ndole a la accionante (\u2026) un debido proceso\u00bb. <\/p>\n

Carlos Andr\u00e9s Llano Cardona, Esteban Aguirre Henao, Paula Andrea Casas Id\u00e1rraga, Carlos Andr\u00e9s Duque Casas, y Carlos S\u00e1nchez, Fabripor S.A.S., resaltaron la legalidad de las actuaciones atacadas y reclamaron la negaci\u00f3n del ruego, comoquiera que las irregularidades denunciadas no se estructuraron. <\/p>\n

Diego Alberto casas Id\u00e1rraga respald\u00f3 la prosperidad de la protecci\u00f3n superlativa, al estimar que \u00abel derecho al debido proceso debe hacerse valer y que el contrato de transacci\u00f3n no puede seguir siendo considerado v\u00e1lido\u00bb. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La salvaguarda consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, fue concebida para reivindicar las prerrogativas b\u00e1sicas de los ciudadanos, lo que implica acabar o modular los comportamientos atentatorios de ellos. Cuando esto sucede en el marco de un \u00abproceso judicial\u00bb, esta Corporaci\u00f3n en armon\u00eda con la Corte Constitucional han admitido que es viable, excepcionalmente, analizar el fondo de la situaci\u00f3n planteada a fin de dilucidar si en verdad existi\u00f3 o no una equivocaci\u00f3n constitutiva de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n

No obstante, se ha destacado que no cualquier irregularidad es suficiente para desconocer la independencia y autonom\u00eda de quienes imparten justicia. En realidad, para que ello ocurra debe tratarse de un equ\u00edvoco colosal, trascendente y evidente; no de otra manera es plausible la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n en la tarea cotidiana de los jueces naturales. <\/p>\n

2. En el sub judice Piedad Cecilia Casas Id\u00e1rraga critica a la Sala querellada por confirmar los prove\u00eddos del a quo que aceptaron el contrato de transacci\u00f3n celebrado entre las partes y sus apoderados (27 sep. 2019), y por ello, declararon la terminaci\u00f3n de los litigios con radicados n\u00ba 2016-00247 y 2016-00348. No obstante que, en su opini\u00f3n, tal acuerdo es ineficaz e inexistente. <\/p>\n

Si bien el escrito genitor se enfila tambi\u00e9n contra decisiones del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo, esta Corte analizar\u00e1 \u00fanicamente la que dict\u00f3 su superior, puesto que fue la que defini\u00f3 el asunto debatido. <\/p>\n

Para sustentar tales providencias, el Tribunal de Sincelejo estableci\u00f3 que, contrario a lo estimado por el recurrente, \u00abel contrato de transacci\u00f3n en an\u00e1lisis cumple con los elementos generales establecidos por la normatividad civil para que un negocio jur\u00eddico est\u00e9 revestido de validez\u00bb, si se tiene en cuenta que: <\/p>\n

(i) consentimiento, manifestaci\u00f3n de la voluntad de los suscribientes, demostrado con la firma del contrato; (ii) capacidad, facultad de los contratantes para disponer de lo transado, incluso sus apoderados ostentaron tal facultad; (iii) objeto licito, relaci\u00f3n jur\u00eddica litigiosa, para el caso el presente proceso divisorio; (iv) causa licita, finalidad de mutar la relaci\u00f3n jur\u00eddica incierta por una firme; y (v) forma, como quiera que no requiere ser protocolizado ni exige formalidad alguna para su celebraci\u00f3n, el escrito allegado es suficiente. <\/p>\n

Acto seguido, asever\u00f3 que tambi\u00e9n se encontraban satisfechos los elementos propios de dicho negocio jur\u00eddico, a saber: <\/p>\n

(i) entre los firmantes del contrato de transacci\u00f3n existen diferencias litigiosas, que como se evidenci\u00f3 se encuentran en tr\u00e1mite en varias instancias judiciales, entre esas, el presente proceso divisorio; (ii) en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad los suscriptores del mismo decidieron poner fin a sus controversias bajo sus propias condiciones; y (iii) acordaron concesiones reciprocas de derechos y obligaciones (\u2026). <\/p>\n

De otro lado, y en lo concerniente con la manifestaci\u00f3n del apelante, tendiente a que \u00abla transacci\u00f3n no debi\u00f3 ser aceptada por el fallador primario, en raz\u00f3n a que, al ser una negociaci\u00f3n integral y absoluta, \u00e9ste no pod\u00eda excusarse del an\u00e1lisis del asunto penal\u00bb, coligi\u00f3 que \u00abcarece de fundamento jur\u00eddico\u00bb, en la medida en que el administrador de justicia tan solo puede examinar los puntos respecto de los cuales ostenta competencia y avoc\u00f3 su conocimiento, m\u00e1xime cuando la transacci\u00f3n puede ser \u00abparcial\u00bb, de acuerdo con lo regulado en el art\u00edculo 312 del C.G. del P. <\/p>\n

Respecto al dicho de Casas Id\u00e1rraga en el sentido que el \u00abcontrato de transacci\u00f3n (\u2026) no se ajusta a la normatividad vigente, pues ninguno de los procesos enlistados tiene una determinaci\u00f3n econ\u00f3mica cierta, real y puntual de los derechos econ\u00f3micos comprendidos y cedidos por cada una de las partes\u00bb, evidenci\u00f3, de conformidad con el inciso 3\u00ba de la referida norma, que \u00ablas concesiones rec\u00edprocas de derechos y obligaciones de las partes constituyen un elemento determinante para el contrato de transacci\u00f3n, sin embargo, no es un requisito de ley ni de la jurisprudencia que tales concesiones se encuentren milim\u00e9tricamente avaluadas para que la transacci\u00f3n sea v\u00e1lida\u00bb. <\/p>\n

Luego de ello, precis\u00f3 que el traslado previsto en el inciso 2\u00ba de dicho precepto se otorga a la parte que no present\u00f3 la transacci\u00f3n, para que la tache de falsa, de estimarlo pertinente, pero aclar\u00f3 que \u00abno es una oportunidad para retractarse como lo pretenden los demandados\u00bb. <\/p>\n

Por dem\u00e1s, cavil\u00f3 que para que la \u00abtransacci\u00f3n\u00bb sea v\u00e1lida, la ley \u00abno exige que el documento que la contiene deba ser autenticado o presentado personalmente\u00bb, de ah\u00ed que no resulte procedente exigir tal solemnidad, como lo alega la pasiva, m\u00e1s a\u00fan cuando \u00abdicho documento se presume aut\u00e9ntico\u00bb en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 244 del C.G. del P. <\/p>\n

Finalmente, y frente al supuesto error cometido en el aludido acuerdo al registrar el n\u00famero de identificaci\u00f3n de la demandada, advirti\u00f3 que ello \u00abno invalida de ninguna forma la transacci\u00f3n, pues est\u00e1 firmada por ella, [y] adem\u00e1s la solicitud de retractaci\u00f3n instaurada evidencia que fue ella quien se oblig\u00f3 (\u2026)\u00bb <\/p>\n

3.- En ese contexto, es dable afirmar que los pronunciamientos reprochados no son antojadizos ni arbitrarios, comoquiera que obedecieron, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del sub lite, en raz\u00f3n a que la Sala valor\u00f3 en conjunto y razonablemente los medios suasorios recopilados, confront\u00e1ndolos con el objetivo de cada una de las Litis. <\/p>\n

De esta manera, independientemente que la Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo alude la sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a las pugnas, sin que el referido prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los argumentos dados por la \u00abentidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que esta herramienta, <\/p>\n

[\u2026] no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018). <\/p>\n

4. Se agrega a lo anterior, que, pese a que la impulsora aduce que la situaci\u00f3n puesta de presente le est\u00e1 ocasionado un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, se colige que ello no va m\u00e1s all\u00e1 de ser un enunciado, al paso que no acredit\u00f3 la gravedad de lo acontecido, la inminencia del perjuicio, ni la impostergabilidad de las medidas pretendidas. <\/p>\n

Sobre este t\u00f3pico, la Sala ha dicho que: <\/p>\n

(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, STC15930-2018, y STC3455-2020). <\/p>\n

5. Por consiguiente, se desestimar\u00e1 el ruego suplicado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela invocada por Piedad Cecilia Casas Id\u00e1rraga contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente a los interesados lo resuelto y de no impugnarse env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

FRANCISCO\u00a0TERNERA\u00a0BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente STC7275-2020 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2020-02267-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del nueve de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de septiembre de dos mil veinte (2020). Desata la Corte la tutela que Piedad Cecilia Casas Id\u00e1rraga le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103930","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103930","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103930"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103930\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103930"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103930"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103930"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}