{"id":103943,"date":"2026-07-02T22:59:12","date_gmt":"2026-07-02T22:59:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103943"},"modified":"2026-07-02T22:59:12","modified_gmt":"2026-07-02T22:59:12","slug":"stc7320-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7320-2020\/","title":{"rendered":"STC7320-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC7320-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2020-01066-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 3 de agosto de 2020, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Aicardo Contreras Fajardo contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo singular adelantado por Banco Procredit contra el aqu\u00ed petente, con radicado n\u00b0 2014-00539. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso y vivienda digna, presuntamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n

2. En sustento de su queja, manifiesta que \u00e9l y su esposa celebraron un contrato de mutuo con el Banco Procredit. Debido al incumplimiento en el pago de las cuotas, la entidad financiera inici\u00f3 juicio ejecutivo en su contra, dentro del cual el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia, ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

Asevera que, con la venia del estrado querellado, el Banco Procredit y la sociedad Inversionistas Estrat\u00e9gicos S.A., \u201c(\u2026) se est\u00e1n lucrando de una manera ilegal (\u2026) al disfrazar una cesi\u00f3n de derechos litigiosos con una cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos y no permitir[le] optar por el derecho de retracto (\u2026)\u201d <\/p>\n

A\u00f1ade que, en el a\u00f1o 2017, su esposa fue diagnosticada con c\u00e1ncer de cerebro, situaci\u00f3n que puso en conocimiento de Inversionistas Estrat\u00e9gicos S.A.S. y del juzgado confutado, para hacer efectiva la p\u00f3liza de seguro de vida grupo deudores; no obstante, su esposa falleci\u00f3 sin que hasta el momento ninguno de los prenombrados le haya reconocido ese seguro. <\/p>\n

3. Aduciendo que se le ha generado un perjuicio irremediable, al condenarlo a \u00e9l y a su hija \u201ca una vivienda indigna\u201d, pide, en concreto, ordenar al estrado confutado, \u201c(\u2026) proveer lo pertinente para (\u2026) poder hacer uso de [su] derecho de retracto en los t\u00e9rminos establecidos en el c\u00f3digo civil (\u2026)\u201d. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel \t\taccionado y vinculados <\/p>\n

1. El \tjuzgador querellado se opuso a la prosperidad del ruego por no haber \tvulnerado con su proceder los derechos fundamentales del tutelante. \tPrecis\u00f3 que, mediante \tauto del 16 de noviembre de 2017, se acept\u00f3 la cesi\u00f3n \tde los derechos de cr\u00e9dito de la entidad Fideicomiso \tFiduoccidente n\u00b0. 3.1.2375 Inverst, representada por la sociedad \tInversionistas Estrat\u00e9gicos S.A.S., a favor de Gilberto \tAldana C\u00e1ceres; decisi\u00f3n actualmente ejecutoriada. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que, el 7 de noviembre de 2019, se llev\u00f3 a cabo la diligencia de remate del inmueble objeto del compulsivo, siendo adjudicado a Gilberto Aldana C\u00e1ceres y, aun cuando el auto aprobatorio de la almoneda fue recurrido por la parte demandada, el prove\u00eddo fue ratificado el 16 de julio de 2020. <\/p>\n

2. Los \tdem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Deneg\u00f3 el resguardo tras estimar incumplido el presupuesto de inmediatez, por cuanto los pronunciamientos cuestionados datan de hace m\u00e1s de seis meses. Adem\u00e1s, <\/p>\n

\u201c(\u2026) no se avizora desatinada, ni arbitraria la decisi\u00f3n proferida por el juzgado accionado, pues, ciertamente, si lo pretendido por el ejecutado es ejercer el derecho de retracto en el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, en dicha providencia qued\u00f3 clara la raz\u00f3n por la cual este no tiene lugar, al reiterarse, pues se hab\u00eda indicado en autos precedentes, que lo cedido es un derecho de cr\u00e9dito, mas no un derecho litigioso, \u00faltimo en el que tal figura s[\u00ed] tendr\u00eda cabida (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La promovi\u00f3 el gestor afirmando haber acudido oportunamente a este ruego, pues, <\/p>\n

\u201c(\u2026) con la providencia dictada en julio de 2020 es donde el juez termina de permitir que de una manera, cuando menos, fraudulenta, el demandante y los cesionarios, no permitan la utilizaci\u00f3n de [su] derecho de retracto y violan [su] debido proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Insisti\u00f3 en que el proceder del juez accionado es arbitrario, pues, en su criterio: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Si estamos en medio de un litigio, entendido como el debate entre dos personas en juicio, \u00bfPor qu\u00e9 van a aplicar las normas de una cesi\u00f3n de cr\u00e9dito? Se deben aplicar las normas del derecho litigioso para poder garantizar la utilizaci\u00f3n del derecho de retracto, y as\u00ed evitar que de manera il\u00edcita un \u201ccesionario\u201d se alce con un bien, sin saber cu\u00e1nto pag\u00f3 por \u00e9l, sin saber si se enriqueci\u00f3 sin causa y todas las dem\u00e1s situaciones derivadas de la situaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

1. El tutelante reprocha que, en varias ocasiones, solicit\u00f3 al juzgado accionado poner en conocimiento el valor por el cual fueron adquiridos los \u201cderechos litigiosos\u201d, cedidos dos veces durante el aludido juicio ejecutivo seguido en su contra, con la finalidad de hacer uso del \u201cderecho de retracto\u201d; sin que el juzgado haya accedido a dicho pedimento. <\/p>\n

2. Si lo cuestionado es la negativa al \u201cderecho de retracto\u201d y el supuesto reconocimiento de la \u201ccesi\u00f3n de derechos litigiosos\u201d en el coercitivo censurado, de entrada se advierte la improsperidad del amparo por la desatenci\u00f3n del requisito de inmediatez, pues, entre la emisi\u00f3n de la providencia de 17 de julio de 2018, por la cual el estrado querellado deneg\u00f3 la solicitud en comento, y la interposici\u00f3n de este amparo -23 de julio de 2020-, transcurrieron m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os, sin evidenciarse circunstancias que justifiquen la inactividad del interesado; lapso que supera, ampliamente, el plazo de seis (6) meses adoptado por esta Sala como razonable para reclamar el resguardo de sus derechos. <\/p>\n

Sobre este aspecto, la Corte, reiteradamente, ha puntualizado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

No es de recibo la tesis del accionante, seg\u00fan la cual el requisito de tempestividad se entiende cumplido al haber formulado recurso de reposici\u00f3n frente al auto de 16 de julio de 2020, por cuanto all\u00ed se zanj\u00f3 una cuesti\u00f3n diferente a la aqu\u00ed alegada, cual fue la aprobaci\u00f3n de la diligencia de remate. <\/p>\n

3. Ahora, si la censura se enfila frente al prove\u00eddo antes citado, esto es, el de 16 de julio de 2020, que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n formulada por el aqu\u00ed petente frente a la diligencia que aprob\u00f3 la almoneda, no se observa arbitrariedad por parte de la autoridad confutada. <\/p>\n

En efecto, en dicha oportunidad, la juez accionada precis\u00f3 que el argumento del recurrente seg\u00fan el cual en el sublite se consolid\u00f3 la \u201ccesi\u00f3n de un derecho litigioso\u201d y no de un cr\u00e9dito, no pod\u00eda, nuevamente, ser objeto de an\u00e1lisis, pues se trataba de una cuesti\u00f3n ya zanjada por el despacho, en auto de 16 de julio de 2020. <\/p>\n

Adicionalmente, la juzgadora puso de presente al ejecutado que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por \u00e9l extra\u00f1ada, fue modificada y aprobada por auto de 8 de febrero de 2017, decisi\u00f3n ejecutoriada y en firme. Adem\u00e1s, a la luz de lo dispuesto en el art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso, la parte demandada se encontraba en igualdad de condiciones de presentar la actualizaci\u00f3n de la acreencia, si a bien lo consent\u00eda. <\/p>\n

Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura prima facie no refulge v\u00eda de hecho que justifique la intervenci\u00f3n del juez constitucional. La falladora convocada derrib\u00f3 cada una de las razones planteadas por el aqu\u00ed promotor para controvertir la determinaci\u00f3n impugnada, de donde ratific\u00f3 que la adjudicaci\u00f3n hecha al cesionario demandante se ajustaba a derecho. <\/p>\n

Si bien pudiera no aceptarse \u00edntegramente el discernimiento de la accionada, ello no permite predicar las anomal\u00edas alegadas, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

4. Finalmente, se descarta la existencia de un perjuicio irremediable, al no estar probados los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia, propios del mismo. <\/p>\n

En cuanto a las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, la Sala ha indicado: <\/p>\n

5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d.
\n\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d,5 impone su observancia irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, les permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6.\tConforme a las razones presentadas, se confirmar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

Presidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. \tSTC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. \t2011, Rad. 2011-02245-00
\n2 \tCSJ. STC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n3 \tCSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. \t11001-02-03-000-2019-03021-00
\n4 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de \tseptiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, \tcriterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n9Corte \tIDH, Caso \tFurlan y familiares c. Argentina, Sentencia de 31 de agosto de 2012. \tSerie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n10 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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