{"id":103944,"date":"2026-07-02T22:59:22","date_gmt":"2026-07-02T22:59:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103944"},"modified":"2026-07-02T22:59:22","modified_gmt":"2026-07-02T22:59:22","slug":"stc7324-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7324-2020\/","title":{"rendered":"STC7324-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC7324-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00088-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de septiembre de mil veinte) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 6 de agosto de 2020, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular con radicado 2016-00534-00, promovida por el gestor contra Audifarma S.A. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n

2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n

El impulsor aduce haber solicitado al estrado del circuito encausado, en la referida acci\u00f3n popular, la acumulaci\u00f3n de los asuntos que, de igual naturaleza, se hubiesen propuesto frente a Audifarma S.A. <\/p>\n

Como ello no ha ocurrido, el promotor estima lesionadas sus garant\u00edas superlativas. <\/p>\n

3. Solicita, por tanto, (i) acumular todas las acciones populares promovidas respecto a Audifarma S.A. y que cursen en la sede judicial confutada.; (ii) ordenar al despacho atacado allegar las peticiones de \u201cacumulaci\u00f3n\u201d que ha presentado; y (iii) requerir a las Salas Disciplinaria y Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda aportar las quejas y peticiones de \u201cvigilancia judicial\u201d por \u00e9l formuladas. <\/p>\n

1. Respuesta de los \t\taccionados y vinculados <\/p>\n

1. El \tjuzgado del circuito demandado destac\u00f3 \tque all\u00ed no cursa ninguna acci\u00f3n popular contra \tAudifarma S.A. y, adem\u00e1s, el radicado indicado por el actor \tcorresponde a un compulsivo hipotecario. <\/p>\n

2. La \tDefensor\u00eda del Pueblo -Regional Risaralda-, Audifarma \tS.A. y el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, \tmanifestaron, por separado, carecer de legitimidad en la \tcontroversia. <\/p>\n

3. La \tAlcald\u00eda \tde Pereira se atuvo a lo probado. <\/p>\n

4. Lo \tdem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 el auxilio, al acreditarse la irrealidad del supuesto f\u00e1ctico de la queja. <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el querellante, aduciendo que, de ser cierto lo referido por la autoridad convocada, ello pudo obedecer a <\/p>\n

\u201c(\u2026) [un] error de mi parte (\u2026), pues siempre anot[o] en una hoja reciclable y, por motivos de la pandemia, muchas de esas hojas terminan en mi ba\u00f1o empleadas para otros menesteres y, [con todo,] no tengo conocimiento de todas las acciones que tramita [el estrado demandado] (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La \tsalvaguarda no prospera porque los hechos aducidos en la demanda de \tamparo son inexistentes.
\n2. N\u00f3tese, \tal replicar el libelo el juzgado del circuito demandado enfatiz\u00f3 \tque en esa dependencia no se adelantan acciones populares contra \tAudifarma S.A. e, incluso, el propio tutelante no pudo acreditar las \tcircunstancias enarboladas en el pliego introductor. <\/p>\n

Igualmente, el reclamante tampoco supo si, en efecto, su relato hab\u00eda sucedido, pues en el escrito impugnaticio expuso que, si ante la autoridad censurada no cursaban acciones populares frente a esa empresa, tal vez, ello, obedec\u00eda a un \u201cerror\u201d suyo al anotar los radicados de los asuntos de su inter\u00e9s. <\/p>\n

Sobre situaciones como la descrita, esta Sala ha indicado: <\/p>\n

\u201c(…) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) El \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

Lo anterior, adem\u00e1s, revela la intenci\u00f3n del actor en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados e inexistentes como sustento de los reclamos, no s\u00f3lo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los jueces encargados de resolver los casos, en asuntos carentes de fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por el cual el Constituyente implement\u00f32 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

En lo pertinente, se requiere al accionante para que se abstenga de incurrir en la conducta descrita como causa de infracci\u00f3n constitucional, pues, con ello, no hace m\u00e1s que contribuir a la congesti\u00f3n judicial, distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

3. En cuanto a la solicitud de copias rogada a la sede judicial convocada, sobre las peticiones de acumulaci\u00f3n que ha deprecado, as\u00ed como las quejas y pedimentos de \u201cvigilancia judicial\u201d rogados al Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, la reclamaci\u00f3n no prospera, pues nada impide al accionante acudir, directamente, sin intermediaci\u00f3n alguna, ante esas autoridades para pedirles tales reproducciones. <\/p>\n

4.\t Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ STC de \t13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros \ten fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01.
\n2 \tLa \tConstituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 \testablece \u201c(\u2026) Toda \tpersona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los \tjueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento \tpreferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a \tsu nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos \tconstitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos \tresulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n \tde cualquier autoridad p\u00fablica \t\u201c(\u2026)\u201d.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rs. 278 a 308.
\n10 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n11 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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