{"id":103945,"date":"2026-07-02T22:59:30","date_gmt":"2026-07-02T22:59:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103945"},"modified":"2026-07-02T22:59:30","modified_gmt":"2026-07-02T22:59:30","slug":"stc7325-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7325-2020\/","title":{"rendered":"STC7325-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC7325-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2020-00157-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 11 de agosto de 2020, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Izako Ltda. frente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo singular\u201d, adelantado por la compa\u00f1\u00eda aqu\u00ed actora contra Fabio Andr\u00e9s Grisales Barreiro y Hern\u00e1n Andr\u00e9s Quezada Hoyos, representante legal de la compa\u00f1\u00eda Wasabi S.A. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La entidad accionante exige la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, presuntamente transgredido por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n

La sociedad gestora inco\u00f3 libelo \u201cejecutivo singular\u201d contra Fabio Andr\u00e9s Grisales Barreiro y Hern\u00e1n Andr\u00e9s Quezada Hoyos, con el objeto de obtener la cancelaci\u00f3n de unos c\u00e1nones de arrendamiento dejados de percibir, de los per\u00edodos comprendidos entre el 15 de octubre de 2007 y 30 de septiembre de 2010, del establecimiento de comercio ubicado en la \u201cAvenida 9\u00aa Norte N\u00b0 9N-43, Barrio Juanamb\u00fa de Cali\u201d1. <\/p>\n

Agotadas las etapas de rigor por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali, en prove\u00eddo de 21 de junio de 2013, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y, asimismo, decret\u00f3 el aval\u00fao y posterior remate de los bienes embargados y secuestrados2. <\/p>\n

Luego, el juzgado accionado avoc\u00f3 conocimiento del asunto y, en prove\u00eddo de 24 de julio de 2019, fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la diligencia de remate sobre el 50% del inmueble ubicado en la \u201cCalle 4 N\u00b0 60-61 apartamento 301-A Edificio A, Conjunto Multifamiliar Asturias I de Cali\u201d, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria \u201cN\u00b0 370-240768\u201d, propiedad de los demandados3. <\/p>\n

El 13 de septiembre de 2019, el funcionario instructor realiz\u00f3 la audiencia, adjudicando el referido porcentaje del bien a V\u00edctor Hugo Insignares Ayala, por la suma de $37\u2019111.1114. <\/p>\n

Manifiesta la compa\u00f1\u00eda suplicante, que la c\u00e9lula fustigada, en auto de 8 de octubre de 2019, dispuso aprobar la almoneda y, adem\u00e1s, en el numeral 7 de esa providencia, le orden\u00f3 a ella, \u201c(\u2026) el pago del arancel judicial generado en el proceso, por la suma de setecientos cuarenta y dos mil doscientos veintid\u00f3s pesos ($742.222) (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

Aduce que \u201c(\u2026) acat\u00f3 [tal requerimiento] y consign\u00f3 en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del Banco Agrario de Colombia, (\u2026)\u201d allegando al despacho encausado la respectiva constancia del pago efectuado6. <\/p>\n

Expresa que, en reiterados memoriales, le ha pedido a la juez cognoscente la entrega del dinero producto del remate para, finalmente, lograr el pago de lo adeudado; sin embargo, a la fecha, no le ha sido brindada una soluci\u00f3n y tampoco, se ha \u201c(\u2026) elabor[ado] la orden de pago (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

3. Exige, por tanto, ordenar a la funcionaria fustigada, \u201c(\u2026) proceda en un lapso perentorio, expedir la orden de pago del t\u00edtulo judicial (\u2026)\u201d, por concepto del cr\u00e9dito cobrado, \u201c(\u2026) como consecuencia del remate realizado el 13 de septiembre de 2019 (\u2026)\u201d8. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde la accionada y vinculados <\/p>\n

1. V\u00edctor Hugo Insignares, en calidad de adjudicatario del bien ra\u00edz rematado, en el juicio reprochado, peticion\u00f3 \u201c(\u2026) la entrega real y material (\u2026)\u201d del fundo9. <\/p>\n

2. La autoridad judicial querellada se\u00f1al\u00f3, respecto del reclamo de la petente, que \u00e9sta elev\u00f3 escritos el 13 de enero, 27 de mayo y 17 de junio de 2020, reiterando la solicitud de entrega del dep\u00f3sito judicial por valor de $742.222 cancelado. De otra parte, anot\u00f3, la suma exigida por la peticionaria, <\/p>\n

\u201c(\u2026) corresponde al arancel judicial previsto en la Ley 1394 de 2010, en concordancia con el Acuerdo PSAA11-8095 de 2011, es decir, no es un dinero que deba ser reintegrado a las partes sino, [refiere] a una contribuci\u00f3n parafiscal destinada a sufragar gastos de funcionamiento e inversi\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Agreg\u00f3, en auto de 24 de julio de 2020, \u201c(\u2026) le indic\u00f3 a la parte actora lo pertinente, [notificado el 3 de agosto de 2020,] teniendo en cuenta la log\u00edstica de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencia de Cali (\u2026)\u201d. En consecuencia, se opuso a la prosperidad del ruego, por no haber vulnerado los derechos fundamentales de la accionante10. <\/p>\n

3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, tras estimar la ocurrencia de un hecho superado, pues, si bien <\/p>\n

\u201c(\u2026) a la fecha de interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n, no se hab\u00eda resuelto acerca de las solicitudes presentadas por la parte ejecutante, [insistiendo] en la entrega de los t\u00edtulos (\u2026), encontr\u00e1ndose en tr\u00e1mite esta tutela (\u2026) la juez emiti\u00f3 el auto de 24 de julio de 2020, notificado en listado de estado de 3 de agosto \u00faltimo, [donde resolvi\u00f3 tales pedimentos.] Surge innecesario el amparo, por cuanto han cesado las omisiones endilgadas como fundamento del mismo, pues las situaciones que amenazaban la vulneraci\u00f3n de derechos ya no son actuales y la acci\u00f3n carece de inter\u00e9s jur\u00eddico (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Reforz\u00f3 la improcedencia de la protecci\u00f3n, aludiendo a la ausencia del requisito de subsidiariedad, por cuanto, notificada la impulsora de la decisi\u00f3n de 24 de julio de 2020, \u201c(\u2026) elev\u00f3 solicitud de aclaraci\u00f3n [y] a\u00fan se encuentra pendiente de definir (\u2026)\u201d11. <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La compa\u00f1\u00eda gestora formul\u00f3 impugnaci\u00f3n, insistiendo en los argumentos de disenso esbozados en el escrito genitor. <\/p>\n

Adicionalmente, destac\u00f3 que, a diferencia de lo expresado por el despacho criticado y el tribunal, en esta sede, su reparo se enfila en torno a la tardanza en recibir el \u201c(\u2026) dinero producto de la diligencia de remate (\u2026)\u201d, cancelado por V\u00edctor Hugo Insignares Ayala, adjudicatario del 50% de la heredad, y no en lo relativo al arancel judicial12. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La promotora critica la demora acontecida en la entrega del dinero para el pago de su acreencia, cobrada al interior del comentado subex\u00e1mine y satisfecha, seg\u00fan acota, con el producto del remate aprobado en el asunto; aduce, en concreto, una dilaci\u00f3n injustificada en tal acto y, advierte, haber cumplido, desde el 8 de octubre de 2019, con el arancel judicial por la suma de $742.222, conforme a lo ordenado por la juez querellada. <\/p>\n

2.\tEn torno a la tardanza en las actuaciones jurisdiccionales, esta Corporaci\u00f3n ha anotado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [U]no de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales [\u2026] (CSJ STC Feb. 15 1995 rad. 1937, reiterada, entre otras, CSJ STC 8 Jun. 2010, rad. 00814-00 y 19 Dic. 2012, rad. 00814-00) (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAsimismo, ha expuesto que: <\/p>\n

\u201c[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00; reiterado, entre otros pronunciamientos, en CSJ STC, 25 feb. 2013, rad. 00003-01) (\u2026)\u201d13. <\/p>\n

Se evidencia, la funcionaria encargada, en prove\u00eddo de 13 de septiembre de 2019, adjudic\u00f3 el 50% del bien ra\u00edz a Insignares Ayala y, adem\u00e1s, le orden\u00f3 a \u00e9ste la consignaci\u00f3n de $1\u2019855.555, equivalente al 5% por impuesto, y de $17\u2019111.111, por concepto de la postura realizada. <\/p>\n

El 17 de septiembre siguiente, el adjudicatario radic\u00f3 la constancia de su pago y el estrado confutado, el 8 de octubre de 2019, aprob\u00f3 la almoneda, orden\u00e1ndole a la demandante, aqu\u00ed actora, el dep\u00f3sito del arancel judicial generado en el proceso de $742.222, como acuciosamente lo hizo. <\/p>\n

Valga aclarar, la petente elev\u00f3 escritos el 13 de enero, 27 de mayo y 17 de junio de 2020, reiterando la solicitud de pago de su acreencia; no obstante, contrario a lo considerado por el a quo constitucional, la c\u00e9lula accionada no ha resuelto tales pedimientos porque, en el prove\u00eddo de 24 de julio de 2020, referido por el tribunal para negar la protecci\u00f3n por hecho superado, omiti\u00f3 referirse, en espec\u00edfico, a la gesti\u00f3n reclamada por la impulsora insistentemente.
\nSe itera, la juez accionada no emiti\u00f3 pronunciamiento en aras de aplicar celeridad a la actuaci\u00f3n y cumplir con el objeto del litigio cuestionado, cual no es otro que pagar el cr\u00e9dito objeto de recaudo. <\/p>\n

A la funcionaria cognoscente le asist\u00eda el deber de velar por la r\u00e1pida soluci\u00f3n de los pedimentos incoados por la querellante, adoptando las medidas correccionales conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del decurso, tal como lo permite la normatividad aplicable14. <\/p>\n

La situaci\u00f3n descrita permite entrever una tardanza excesiva e inexcusable, sin advertirse una complejidad en la tem\u00e1tica esbozada ni una descomunal carga laboral del despacho encausado, hecho que merece un llamado de atenci\u00f3n para la sede judicial convocada. <\/p>\n

4. Por consiguiente, se revocar\u00e1 el veredicto objetado para, en su lugar, acceder a la salvaguarda implorada a fin de que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, defina las peticiones elevadas por la actora el 13 de enero, 27 de mayo y 17 de junio de 2020, relativas a la viabilidad de entregar de los dineros producto del remate. <\/p>\n

Resta indicar, el pedimento de V\u00edctor Hugo Insignares Ayala, adjudicatario en el caso denunciado, concerniente a lograr la entrega del 50% del inmueble rematado en su favor, no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito porque adem\u00e1s de ser aqu\u00e9l un sujeto ajeno a la presente controversia constitucional, sus argumentos bien pueden ventilarse, de forma directa, ante la autoridad querellada para lograr sus prop\u00f3sitos. <\/p>\n

5. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196915, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d16, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio17. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-18, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales19; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas20. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 revocado. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. En su lugar, se CONCEDE el amparo presentado por Izako Ltda. <\/p>\n

SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, defina las peticiones elevadas por la actora el 13 de enero, 27 de mayo y 17 de junio de 2020, atendiendo a las directrices aqu\u00ed se\u00f1aladas, sin desconocer las previsiones contenidas en el Acuerdo PCSJA20-11623 de 28 de agosto de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura y dem\u00e1s normas concordantes, en torno al acceso a los expedientes. Rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n

TERCERO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n

CUARTO: Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb21, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb22; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1\u0002 \tFolio 2 al 10; cuaderno \u201c013Expediente\u201d.
\n2\u0002 \tFolios 115 al 118; cuaderno \u201c013Expediente\u201d.
\n3\u0002 \tFolio 1; cuaderno \u201c02AnexoTutela\u201d.
\n4\u0002 \tIbidem.
\n5\u0002 \tFolio 1; \u201c01Escrito \tTutela\u201d.
\n6\u0002 \tIbidem.
\n7\u0002 \tIbidem.
\n8\u0002 \tFolio 2; \u201c01Escrito \tTutela\u201d.
\n9\u0002 \tFolios 1 a 3; cuaderno \u201c010RespuestaV\u00edctorInsignaresVinculado\u201d.
\n10\u0002 \tFolio 1 y 2; cuaderno \u201c012Respuesta \tJuzgado accionado\u201d.
\n11\u0002 \tFolios 1 al 7; cuaderno \u201c016falloPrimeraInstancia\u201d.
\n12\u0002 \tFolio 1; cuaderno \u201c018EscritoImpugnaci\u00f3n\u201d.
\n13\u0002 \tCSJ. STC de 5 de mayo de 2015, exp. 23001-22-14-000-2014-00203-02.
\n14\u0002 \tDEBERES \tY PODERES DE LOS JUECES.
\nART\u00cdCULO \t42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez:
\n1. \tDirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, \tpresidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para \timpedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y \tprocurar la mayor econom\u00eda procesal. \t<\/p>\n

3. \tSancionar con multas hasta por diez (10) salarios m\u00ednimos \tlegales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a los dem\u00e1s \templeados p\u00fablicos y a los particulares que sin justa causa \tincumplan las \u00f3rdenes que les imparta en ejercicio de sus \tfunciones o demoren su ejecuci\u00f3n.
\n15\u0002 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n16\u0002 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n17\u0002 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n18\u0002 \tCorte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n19\u0002 \tCorte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274.
\n20\u0002 \tCorte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones \tpreliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de \tagosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n21\u0002 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n22\u0002 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7325-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2020-00157-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 11 de agosto de 2020, dictada por la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103945","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103945","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103945"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103945\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103945"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}