{"id":103946,"date":"2026-07-02T22:59:51","date_gmt":"2026-07-02T22:59:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103946"},"modified":"2026-07-02T22:59:51","modified_gmt":"2026-07-02T22:59:51","slug":"stc7346-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7346-2020\/","title":{"rendered":"STC7346-2020"},"content":{"rendered":"
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC7346-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-02334-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda del Socorro Algar\u00edn Blanco contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial Barranquilla, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a los intervinientes e interesados en el juicio que origin\u00f3 la presente queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente trasgredido por la autoridad judicial accionada, dentro del proceso ordinario de usucapi\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n

2. Apuntal\u00f3 sus peticiones, en los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n

2.1. Narr\u00f3 que, el 9 de mayo de 2013, promovi\u00f3 proceso ordinario de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio contra la se\u00f1ora Mar\u00eda Nina Lazcarro Benavidez y personas indeterminadas. El asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla, el cual, mediante sentencia de 18 de junio de 2019, declar\u00f3 que la actora adquiri\u00f3 por \u00abprescripci\u00f3n extraordinaria de dominio el inmueble ubicado en la carrera 38 No. 84-185 vivienda 7 A del conjunto residencial las palmeras bloque A del Distrito de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n

2.2. Se\u00f1al\u00f3 que, frente a dicha determinaci\u00f3n, la parte demandada interpuso recurso de apelaci\u00f3n, en el que argument\u00f3 que \u00abpara efectos de adjudicaci\u00f3n del bien inmueble por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio no debe existir perturbaci\u00f3n por persona alguna y\/o policiva, y en el asunto\u2026 consta en el proceso las perturbaciones ejercidas por la se\u00f1ora Betty L\u00f3pez y Mar\u00eda Nina Lazcarro Benavidez. Sin exponer con claridad y suficiencia las inconformidades y reparos concretos a la providencia, es decir, sin realizar la respectiva sustentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.3. Resalt\u00f3 que, aun cuando no se sustent\u00f3 en debida forma el medio impugnativo, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, a trav\u00e9s de fallo de 18 de diciembre de 2019, revoc\u00f3 la providencia de primera instancia, al considerar que \u00ablas pruebas obrantes en el expediente no son fehacientes y presentan margen de dudas; que la se\u00f1ora Mar\u00eda del Socorro Algar\u00edn Blanco entro al inmueble objeto de proceso, como administradora por encargo del se\u00f1or Jos\u00e9 Cuello Rojas como propietario de un 50% y autorizado por la otra propietaria del otro 50% se\u00f1ora Betty L\u00f3pez Mart\u00ednez. Por lo que [determin\u00f3] que la demandante ten\u00eda la calidad de tenedora, adem\u00e1s por no obrar la interverci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.4. Sostuvo que la Colegiatura acusada err\u00f3 \u00abpor la omisi\u00f3n y falta de apreciaci\u00f3n del testimonio de la demandante rendido ante la inspectora Primera de Polic\u00eda Urbana de Reacci\u00f3n Inmediata del Distrito de Barranquilla; como a la defectuosa interpretaci\u00f3n que le dio a la explicaci\u00f3n de la se\u00f1ora Mar\u00eda del Socorro Algar\u00edn Blanco, efectuada en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial ante el se\u00f1or Juez Segundo Civil del Circuito de Barranquilla. Circunstancias estas que hubiesen cambiado el rumbo de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.5. Agreg\u00f3 que \u00abdarles credibilidad a los dichos testigos de la parte demandada, Jos\u00e9 Cuello Rojas y Betty L\u00f3pez Mart\u00ednez, sin que estos tuviesen soporte alguno sobre la calidad de administradora de la demandante. No ofreciendo de igual manera credibilidad al dicho de la se\u00f1ora Mar\u00eda del Socorro Algar\u00edn Blanco, declaraci\u00f3n que s\u00ed estuvo apoyada con documento aportado. Tal situaci\u00f3n se encuentra probada en la foliatura, con lo que se hubiese eliminado la duda o vaci\u00f3 indicado en la decisi\u00f3n. (omisi\u00f3n y defectuosa valoraci\u00f3n e interpretaci\u00f3n, defecto f\u00e1ctico)\u00bb. <\/p>\n

2.6. Finalmente, indic\u00f3 que \u00ab\u2026 La Distorsi\u00f3n o alteraci\u00f3n en un fragmento por parte del A-Quen, que cambio el significado de lo expresado por la se\u00f1ora Mar\u00eda del Socorro Algar\u00edn Blanco, dentro de la diligencia de Inspecci\u00f3n judicial ante el Juez de primera Instancia. Valoraci\u00f3n que se efectu\u00f3\u0301 de manera err\u00f3nea y defectuosa. Lo que podr\u00e1\u0301 constatar el Juez de Tutela. (Indebida valoraci\u00f3n defecto f\u00e1ctico). Apreciaciones subjetivas realizada por el funcionario judicial al presumir la tenencia\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, se ordene al Tribunal acusado revocar \u00abla sentencia proferida el pasado 18 de diciembre de 2019, o en su defecto, se deje sin valor efectos jur\u00eddicos la sentencia aludida\u2026, para restablecer el derecho fundamental al debido proceso, al no valorar correctamente las pruebas allegadas y recolectadas al proceso seg\u00fan criterios establecidos en la jurisprudencia y la ley\u00bb. <\/p>\n

II. RESPUESTA \tDEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1.- La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla solicit\u00f3 se niegue la acci\u00f3n impetrada, pues la decisi\u00f3n cuestionada se fundament\u00f3 en \u00abtodas y cada unas de las pruebas obrantes en el proceso, analiz\u00e1ndolas seg\u00fan las reglas de la sana cr\u00edtica, tal y como parece determinado en la providencia en menci\u00f3n, concluy\u00e9ndose que la demandante aqu\u00ed accionante entr\u00f3 al inmueble a prescribir en calidad de tenedora y sin bien puede intervertir su calidad, ello no ocurri\u00f3 dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n

2.- Los vinculados guardaron silencio. <\/p>\n

III. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo \u00abpreferente y sumario\u00bb con el que cuenta cualquier persona para reclamar la expedici\u00f3n de una orden judicial orientada a la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, cuandoquiera que los estime amenazados o conculcados, producto de una actuaci\u00f3n positiva o negativa de las autoridades o, excepcionalmente, por particulares. <\/p>\n

2. En el asunto sub examine, la gestora pretende se revoque la providencia proferida el 18 de diciembre de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que revoc\u00f3 el fallo dictado el 18 de junio anterior por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad -mediante el cual se declar\u00f3 que aquella hab\u00eda adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria el inmueble debatido-, pues considera que dicha decisi\u00f3n lesiona su garant\u00eda superior al debido proceso. <\/p>\n

3. Pronto advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, se considera que la determinaci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia deprecada, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n

4. Sobre el particular, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, el colegiado convocado expres\u00f3 los motivos por los cuales se impon\u00eda revocar la providencia de primer grado. Adem\u00e1s, determin\u00f3 inviable acceder a la usucapi\u00f3n reclamada, pues la accionante no logr\u00f3 demostrar la posesi\u00f3n exclusiva y excluyente alegada. <\/p>\n

Para ello, la corporaci\u00f3n accionada refiri\u00f3 que, \u00abDe la definici\u00f3n que trae el art\u00edculo 762 del C.C. se desprende que est\u00e1n presentes los dos elementos, conocidos desde el Derecho Romano y aceptados por la doctrina, consistentes el uno en la intenci\u00f3n o voluntad de poseer, y el otro, en la materializaci\u00f3n u objetivaci\u00f3n de aquel constitutivo interno, denominado en lenguaje latino el animus y el corpus, respectivamente. – <\/p>\n

Y precis\u00f3 que \u00abLa posesi\u00f3n no requiere de prueba alguna especialmente calificada en orden a demostrar su existencia y producir la certeza necesaria en el juzgador, de modo que cualquier medio probatorio que por su naturaleza sea id\u00f3neo para establecer la relaci\u00f3n de hecho o contacto material entre una persona y una cosa susceptible de apropiaci\u00f3n, es apta para comprobar el hecho posesorio. <\/p>\n

De otra parte, la autoridad judicial realiz\u00f3 el examen correspondiente del material probatorio aportado -documentales1 y testimoniales-. De estas resalt\u00f3, en primer lugar, con respecto a los testimonios auscultados (Jos\u00e9 Cuello Rojas y Betty L\u00f3pez Mart\u00ednez) que: <\/p>\n

\u00abEl testigo JOSE CUELLO ROJAS, (\u2026) se\u00f1al\u00f3 que el inmueble le fue entregado a la demandante, con el fin de que lo administrara y con el producido se cancelara el pr\u00e9stamo que se hab\u00eda hecho a CONAVI.-
\nLa testigo BETTY LOPEZ MARTINEZ, se\u00f1ala que su se\u00f1ora madre dej[o] al se\u00f1or JOSE CUELLO ROJAS encargado del inmueble, quien se lo entreg\u00f3 en administraci\u00f3n a la aqu\u00ed demandante, quien nunca ha vivido en el inmueble, ni pag\u00f3 impuesto predial del mismo, raz\u00f3n por la cual vendieron el inmueble. –
\nEn relaci\u00f3n con el pago del impuesto predial, se\u00f1alaron los testigos antes anotados que la demandante nunca lo ha pagado, que ellos fueron los que lo cancelaron.(\u2026) <\/p>\n

Posteriormente, en relaci\u00f3n con la atestaci\u00f3n de los se\u00f1ores Jhon Javier Barros Rodgers, Sandra del Socorro Montoya, Sime\u00f3n Augusto Anguila Gonz\u00e1lez y Juan Carlos D Luis Manotas, evidenci\u00f3 que \u00abninguno tiene conocimiento de c\u00f3mo entr\u00f3 en posesi\u00f3n la aqu\u00ed demandante, la conocen por ser la persona que arrienda el inmueble, no saben que mejoras le ha hecho al mismo, y que es la persona que cobra los arriendos y cancela los servicios p\u00fablicos. -. <\/p>\n

En segundo t\u00e9rmino, examin\u00f3 las documentales \u00abA folios 281 a 283 del expediente, aparece la diligencia de Inspecci\u00f3n Judicial de fecha 21 de Julio de 2015, dentro de la cual la demandante, aport\u00f3 copia de la Escritura P\u00fablica No. 581 de Febrero 10 de 1995, de la venta que hace la se\u00f1ora MARGARITA MERCEDES MARTINEZ DE LOPEZ, a favor de su hijastro ALEXANDER EDUARDO CUELLO TORRES, y el prop\u00f3sito es dejar prueba de su ingreso al bien inmueble a prescribir.-\u00bb; frente a las que determin\u00f3 que tambi\u00e9n carecen de m\u00e9rito convictivo para acreditar la calidad de la actora, \u00abse tiene que de lo manifestado por la misma demandante, se desprende que si se aceptara que entr\u00f3 al inmueble en Febrero 10 de 1995, lo hizo por cuanto seg\u00fan su dicho, el propietario del bien era su hijastro, por tanto, ese documento lo que ratifica es que la demandante ten\u00eda la calidad de tenedora del inmueble, ya que reconoc\u00eda a otra persona como propietaria del bien a prescribir\u00bb. <\/p>\n

Y, defini\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora MARIA DEL SOCORRO ALGARIN BLANCO, entr\u00f3 al inmueble como administradora del mismo, por encargo que le hiciera el se\u00f1or JOSE CUELLO ROJAS, propietario del bien en un 50% y autorizado por la propietaria del otro 50%, hecho que en forma reiterada se ha alegado ante las diferentes autoridades de polic\u00eda, dentro de los procesos policivos iniciados por sus propietarios para recuperar la posesi\u00f3n del bien\u2026 Por consiguiente, trat\u00e1ndose de la posesi\u00f3n ejercida por quien recibi\u00f3 el bien a t\u00edtulo de mero tenedor, el art\u00edculo 2531 del C.C. no autoriza la adquisici\u00f3n del dominio por prescripci\u00f3n extraordinaria, si la posesi\u00f3n se ha obtenido mediante la violencia o se ha ejercido con clandestinidad.-\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, haciendo un an\u00e1lisis en conjunto de las probanzas allegadas, una verificaci\u00f3n de los presupuestos axiol\u00f3gicos exigidos para la procedencia de la acci\u00f3n pretendida y con apoyo en la jurisprudencia de esta Corte (CSJ, sentencia 273 de 4 de noviembre de 2005, rad. 7665) concluy\u00f3 que: <\/p>\n

\u00abEn el caso bajo estudio\u2026, si bien es cierto la demandante tuvo inicialmente la calidad de tenedor, no es suficiente solo acreditar dicho t\u00edtulo a fin de demostrar la imposibilidad de usucapir, el demandante debe probar que, con posterioridad al mismo, intervirtio dicho t\u00edtulo y cambi\u00f3 su calidad de tenedor, ejecutando actos de un verdadero poseedor material, coloc\u00e1ndose en la posibilidad jur\u00eddica de apropiarse del bien a trav\u00e9s de usucapi\u00f3n. \u2013
\nAs\u00ed las cosas, en cuanto a lo que concierne a la posesi\u00f3n de la demandante sobre el bien a prescribir, se tiene que no existe en el plenario prueba alguna al respecto, ya que los declarantes JHON JAVIER BARROS RODGERS, SANDRA DEL SOCORRO MONTOYA, SIMEON AUGUSTO ANGUILA GONZALEZ y JUAN CARLOS D LUIZ MANOTAS, ninguno tiene conocimiento de c\u00f3mo entr\u00f3 en posesi\u00f3n la aqu\u00ed demandante, la conocen por ser la persona que arrienda el inmueble, no saben que mejoras le ha hecho al mismo, y que es la persona que cobra los arriendos y cancela servicios p\u00fablicos, actos propios en igual forma de una persona encargada de administrar el bien, y por el contrario un acto de verdadero propietario como lo es el pago de los impuestos, qued\u00f3 demostrado que quien lo cancel\u00f3 fueron los antiguos propietarios del inmueble, una vez se realiz\u00f3 el contrato de compravente con la aqu\u00ed demandada. (se resalta).
\n(\u2026)
\nAs\u00ed las pruebas obrantes no son fehacientes y presentan margen de dudas, lo cual dentro de este estadio procesal no es de recibo ya que los medios de convicci\u00f3n no son aquellos que al ser examinados presenten dudas, vac\u00edos o lagunas que deba suplir el fallador para edificar su conclusi\u00f3n. La prueba, en otros t\u00e9rminos, debe ser fehaciente, compleja, contundente y con aptitud suficiente para persuadir al juzgador a partir de cu\u00e1ndo los actos posesorios fueron ejercidos, en este caso- por la usucapiente en la forma y t\u00e9rminos que exige la ley.\u00bb <\/p>\n

5. As\u00ed las cosas, se concluye que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida con el aquilatamiento razonable de las pruebas (testimoniales y documentales), la normatividad que gobierna el asunto y de un an\u00e1lisis jurisprudencial en torno al tema debatido. <\/p>\n

Ciertamente, se determin\u00f3 que los presupuestos f\u00e1cticos alegados, al tratarse de un mero tenedor -en calidad de administrador-, no permitieron acreditar el fen\u00f3meno de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo, para con ello declarar la viabilidad de la usucapi\u00f3n reclamada por la se\u00f1ora Mar\u00eda del Socorro Algar\u00edn Blanco. <\/p>\n

6. Ahora bien, los fundamentos con los cuales la accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento subjetivo frente a los argumentos en que la magistratura interpelada se bas\u00f3 para resolver el recurso de apelaci\u00f3n, disconformidad que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir sobre puntos resueltos de fondo en esa causa, revelando con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n

Se sigue entonces que en el sub judice, se identifica una disparidad de criterios, entre lo considerado por la Colegiatura acusada- en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante. As\u00ed las cosas, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n

Desde luego, en este escenario, tampoco es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n de las probanzas del caso concreto. En efecto, <\/p>\n

el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) deforma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n. (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00. Tambi\u00e9n en STC613
\n2017). <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n

De no ser as\u00ed, la tutela se convertir\u00eda en un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el imperdonable riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, capaz de rebozar el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n

7. En definitiva, la accionante aspira que se les otorgue un determinado valor a sus alegaciones referentes al caso y a su particular apreciaci\u00f3n probatoria; examen que implicar\u00eda un nuevo escrutinio de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir un conflicto propio de la jurisdicci\u00f3n ordinaria que, de suyo, tuvo la oportunidad de tramitarlo con observancia al debido proceso. <\/p>\n

8. De conformidad con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda rogada. <\/p>\n

IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1\u0002 \tCertificado de libertad y \ttradici\u00f3n N\u00ba 040-254065 de la oficina de Registro de \tInstrumento P\u00fablico de Barranquilla. Contratos de \tarrendamientos. Sentencia policiva de fecha 13 de mayo de 2011. \tInspecci\u00f3n ocular del proceso policivo de radicaci\u00f3n \t496 de 2010.
\n6<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC7346-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-02334-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda del Socorro Algar\u00edn Blanco contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103946","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103946","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103946"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103946\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103946"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103946"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103946"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}