{"id":103948,"date":"2026-07-02T23:00:58","date_gmt":"2026-07-02T23:00:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103948"},"modified":"2026-07-02T23:00:58","modified_gmt":"2026-07-02T23:00:58","slug":"stc7348-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7348-2020\/","title":{"rendered":"STC7348-2020"},"content":{"rendered":"
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC7348-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-00458-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 21 de abril del 2020, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la salvaguarda promovida por N\u00e9stor Alfonso Berm\u00fadez Mora contra el Juzgado 6\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y el Tribunal Superior de la misma ciudad, mediante las cuales le fue negado el subrogado de libertad condicional solicitado, en las decisiones adoptadas el 5 de febrero y 2 de marzo de 2019. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

2.- En sustento de su queja, sostuvo que el 28 de agosto de 2018, el gestor solicit\u00f3 al Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad la concesi\u00f3n del beneficio de libertad condicional, prescrito en el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000. <\/p>\n

Narr\u00f3 que, mediante auto interlocutorio No. 1046 del 06 de noviembre del 2018, el citado juez rechaz\u00f3 el pedimento. Dicha decisi\u00f3n fue objeto de recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. <\/p>\n

Resuelto negativamente el primero mediante prove\u00eddo del 05 de febrero del 2019, el despacho remiti\u00f3 las diligencias al Tribunal Superior de Tunja, a efectos de que desatara la alzada. <\/p>\n

Relat\u00f3 que la Sala Penal del colegiado, el 12 de marzo del hoga\u00f1o, \u00abconfirm\u00f3 lo decidido por el juez de EJ.P.M.S. de Tunja Boyac\u00e1 bajo los argumentos sobre la previa valoraci\u00f3n de la conducta punible que realiz\u00f3 el juez que emiti\u00f3 la condena de primera instancia luego la redundancia y agravante (sic) delito endilgado en mi contra\u00bb. <\/p>\n

Aleg\u00f3 que dichas decisiones desconocieron sus derechos fundamentales \u00abya que dentro de los presentes recursos no se valoraron de fondo la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad penal sobre la ocurrencia de los hechos ya que el suscrito fui condenado con unas normas menos graves como lo fue la derogaci\u00f3n tasativamente (sic) de la ley 733 de 2000 y favorabilidad de la ley 890 de 2004 ART 5 y 6 ya que representan mayor favorabilidad para mi beneficio de libertad condicional\u00bb. <\/p>\n

En otras palabras, a juicio del actor, debi\u00f3 aplicarse en su caso el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000 en su versi\u00f3n original, y no con las modificaciones introducidas por el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014. <\/p>\n

3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abordenar a los accionados revocar los interlocutorios No. 0096 y 018 de primera y segunda instancia esto con el fin y \u00fanico prop\u00f3sito de garantizar el derecho fundamental a mi libertad condicional\u00bb. <\/p>\n

II. LA RESPUESTA \tDE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.- La magistratura cuestionada expres\u00f3 que \u00abla ley m\u00e1s favorable a BERMUDEZ MORA es la modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, pues \u00e9sta solo exige el cumplimiento de tres quintas (3\/5) partes de la pena y no de dos terceras (2\/3), adem\u00e1s que excluye la obligaci\u00f3n del pago total de la multa\u00bb. <\/p>\n

2.- El Juzgado Sexto (6\u00b0) de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja inform\u00f3 que profiri\u00f3 auto interlocutorio No. 0251 del 13 de marzo del 2020, mediante el cual explic\u00f3 \u00abde manera pormenorizada la raz\u00f3n por la cual aplic\u00f3 el art. 30 de la Ley 1709 de 2014 (\u2026) ordenando al interno NESTOR ALFONSO BERM\u00daDEZ MORA estarse a lo resuelto en los Autos interlocutorio No. 1046 del 6 de noviembre de 2018 y No. 018 de 12 de marzo de 2019 (\u2026) y en consecuencia neg\u00f3 nuevamente la concesi\u00f3n del beneficio de la \u201clibertad condicional\u201d\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que dicha providencia no hab\u00eda sido notificada a la fecha de contestaci\u00f3n de la acci\u00f3n tutelar como consecuencia de la emergencia sanitaria. Sin embargo, indic\u00f3 que, una vez enterado de ella, \u00abel interno contar\u00e1 con la oportunidad de tramitar los recursos a los que tiene derecho\u00bb. <\/p>\n

En atenci\u00f3n a lo relatado, solicit\u00f3 \u00abdespachar desfavorablemente las pretensiones del accionante\u00bb, por cuanto \u00abnunca ha actuado u omitido actuaci\u00f3n que amenace o ponga en peligro los derechos fundamentales de N\u00e9stor Alfonso Berm\u00fadez Mora\u00bb. <\/p>\n

3.- La Procuradora 213 Judicial I Penal de Tunja destac\u00f3 que las decisiones censuradas se encuentran ajustadas a derecho y se sustentaron en la norma aplicable al caso. <\/p>\n

Por otro lado, se\u00f1al\u00f3 que la demanda no cumple con los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. Adem\u00e1s, desconoci\u00f3 el requisito de inmediatez al presentarse un a\u00f1o despu\u00e9s de ocurrida la supuesta vulneraci\u00f3n. <\/p>\n

4.-La Fiscal\u00eda Veintinueve (29) Seccional de Guateque (Boyac\u00e1), afirm\u00f3 que solo adelant\u00f3 la etapa preliminar del proceso penal que se surti\u00f3 en\tcontra del\taccionante. Por tal raz\u00f3n, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n

5.- El Coordinador de la Unidad Especializada de Tunja aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n

6.- Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n

III. LA SENTENCIA \tIMPUGNADA <\/p>\n

El\u00a0a quo\u00a0Constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n impetrada al estimar que las decisiones de las autoridades judiciales accionadas eran razonables, pues advirti\u00f3 la Sala que \u00abde las normas aplicables, los juzgadores eligieron la m\u00e1s favorable a sus intereses, esto es, la Ley 1709 de 2014\u00bb. <\/p>\n

Para el efecto, memor\u00f3 que, para la \u00e9poca en que tuvieron ocurrencia los delitos por los cuales fue condenado el actor, \u00abya hab\u00eda entrado a regir el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 890 de 2004 que modific\u00f3 el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000 e impuso que para conceder el subrogado de libertad condicional, el juez deb\u00eda observar tanto la valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta punible, como el cumplimiento de dos terceras (2\/3) partes de la pena y el pago de la multa impuesta en la condena\u00bb. <\/p>\n

Siendo as\u00ed las cosas, para el a quo constitucional, \u00abla procedencia del subrogado aludido deb\u00eda estudiarse a la luz de la modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 890 de 2004 y no con el art\u00edculo 64 original del C.P.\u00bb. <\/p>\n

Por su parte, encontr\u00f3 que dicha norma fue modificada posteriormente por las Leyes 1453 de 2011 y 1709 de 2014, de las cuales resultaba m\u00e1s favorable para el actor \u00abla modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, pues esta solo exige el cumplimiento de tres quintas (3\/5) partes de la pena y no de dos terceras (2\/3), adem\u00e1s que excluye la obligaci\u00f3n del pago total de la multa\u00bb. <\/p>\n

IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La promovi\u00f3 el quejoso, sin que hubiera manifestado reparos concretos. <\/p>\n

V. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la \u00abacci\u00f3n u omisi\u00f3n\u00bb de las autoridades, o de los particulares en los casos previstos en la ley. No podr\u00e1 interponerse, si la persona tiene o tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial, con los cuales pudo o puede reclamar y obtener la salvaguarda de esas garant\u00edas. <\/p>\n

2.- En el sub examine, se extrae que la situaci\u00f3n de la que se duele el gestor se consolid\u00f3 con la providencia proferida el 12 de marzo de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, pues considera que dicha decisi\u00f3n lesiona su garant\u00eda superior al debido proceso y a la libertad condicional. <\/p>\n

3.- Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n de a quo habr\u00e1 de ser confirmada por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, se considera que la determinaci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia deprecada, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n

4.- Sobre el particular, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, el colegiado convocado expres\u00f3 los motivos por los cuales se impon\u00eda confirmar la prove\u00eddo de primer grado. <\/p>\n

Para ello, el colegiado accionado determin\u00f3 que \u00abpara la \u00e9poca de los hechos motivo de condena a N\u00e9stor Alfonso Berm\u00fadez Mora, estuvieron vigentes el art\u00edculo 64 del C.P. (hasta el 31 de diciembre de 2004) y la Ley 890 de 2004 que la modific\u00f3\u00bb. <\/p>\n

Frente a los reparos concretos del apelante \u00abse precisa al accionado que la Ley 733 de 2002 (\u2026) no es aplicable en su caso porque fue derogada t\u00e1citamente por la Ley 890 de 2004 que tambi\u00e9n oper\u00f3 durante la \u00e9poca de los hechos, es decir, no es cierto que al ser derogada la Ley 733 de 2002 nos encontremos ante un vac\u00edo jur\u00eddico como lo indica, porque el instituto de la libertad condicional sigui\u00f3 teniendo fuente legal en el art. 64 de la Ley 599 de 2000 modificado por la Ley 890 de 2004, siendo \u00e9stas normas las \u00fanicas que en s\u00edntesis operaban en la vigencia del caso bajo estudio\u00bb. <\/p>\n

Encontr\u00f3, adem\u00e1s, que no era posible acceder a la pretensi\u00f3n del actor en torno a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 64 del C.P. original, puesto que \u00abno se dan los presupuestos para acoger el principio de favorabilidad por v\u00eda de ultractividad de la norma trat\u00e1ndose de delitos permanentes, sino que opera la regla general, esto es, la ley rige para los hechos cometidos durante su vigencia, en raz\u00f3n a que el aspecto temporal no es el mismo para las dos normas\u00bb. <\/p>\n

Por otra parte, al analizar cu\u00e1l era la norma aplicable al caso en concreto, pese a que a juicio de tal corporaci\u00f3n \u00abla ley que [reg\u00eda] el asunto [era] la Ley 890 de 2004\u00bb, en aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad hall\u00f3 probada la existencia \u00abde una ley posterior m\u00e1s favorable que la Ley 890 de 2004 (\u2026) aplicable a los hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia\u00bb, a saber, el art\u00edculo 30 de la Ley 1706 de 2014. <\/p>\n

Ciertamente, para la colegiatura accionada <\/p>\n

\u00abla ley 890 de 2004 impuso mayores exigencias a las que contempladas por la Ley 1709 de 2014, pues la segunda disposici\u00f3n exige el cumplimiento de las 3\/5 partes de la pena, y no las 2\/3, adem\u00e1s, no exige el pago de la multa, como s\u00ed lo exig\u00eda la antecesora. <\/p>\n

Siendo as\u00ed, aunque en principio la norma aplicable es la que se halla vigente al acto que se imputa, la excepci\u00f3n se presenta cuando por tr\u00e1nsito legislativo surge una disposici\u00f3n m\u00e1s ben\u00e9fica, por consiguiente la solicitud de libertad condicional deprecada por N\u00e9stor Alfonso Berm\u00fadez Mora debe analizarse bajo la \u00e9gida de la Ley 1709 de 2014, sin tener en cuenta las exigencias de la Ley 890, toda vez que, indudablemente su aplicaci\u00f3n debe descartarse porque a m\u00e1s de aumentar el requisito objetivo, condicion\u00f3 su concesi\u00f3n al pago de la multa\u00bb. <\/p>\n

Bajo dicho contexto, consider\u00f3 que, contrario al sentir del apelante, \u00abno advierte la Sala aptitud en los argumentos del impugnante para revocar la providencia impugnada y estudiar el subrogado deprecado a la luz del original art. 64 del C.P., pues, como se vio, no es posible su aplicaci\u00f3n dada la permanencia de las conductivas que se extendieron durante casi todo el a\u00f1o 2005, momento para el cual dicha norma ya estaba modificada, incluso de manera m\u00e1s desfavorable a como lo hizo la Ley 1709 de 2014\u00bb. <\/p>\n

5.- As\u00ed las cosas, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida a la luz de la normatividad que gobierna el asunto y de un an\u00e1lisis jurisprudencial en torno al tema debatido. <\/p>\n

En efecto, los fundamentos con los cuales la accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento subjetivo frente a los argumentos en que la magistratura interpelada se bas\u00f3 para resolver el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha se\u00f1alado, en reiterada y profusa jurisprudencia: <\/p>\n

\u201c(\u2026) que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u201d.\u00a0(CSJ STC, 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-01 <\/p>\n

6.- Consecuentemente, el fallo objeto de reproche deber\u00e1 ser confirmado. <\/p>\n

VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed dispuesto a los interesados y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7348-2020 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-00458-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 21 de abril del 2020, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103948","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103948","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103948"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103948\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103948"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103948"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103948"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}