{"id":103949,"date":"2026-07-02T23:01:21","date_gmt":"2026-07-02T23:01:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103949"},"modified":"2026-07-02T23:01:21","modified_gmt":"2026-07-02T23:01:21","slug":"stc7349-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7349-2020\/","title":{"rendered":"STC7349-2020"},"content":{"rendered":"
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC7349-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00597-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Se decide la tutela interpuesta por Diana Maritza Potes Gonz\u00e1lez, Juan Sebasti\u00e1n y Lorena Vanessa Moreno Potes, contra el Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los herederos de \u00c1ngel Jaime Grajales Santa y a los dem\u00e1s intervinientes dentro del radicado n\u00ba 2012-00280. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- Los accionantes invocaron el respeto al debido proceso, legalidad, moralidad administrativa y confianza legitima, presuntamente infringidos por el querellado en el juicio ordinario laboral adelantado por Tulio Enrique Moreno Cardona (Q.E.P.D.) en contra de los herederos de \u00c1ngel Jaime Grajales Santa. <\/p>\n

2.- Como sustento de los pedimentos incoados, y sustentado en las probanzas allegadas, se invocaron los siguientes hechos: <\/p>\n

2.1.- En el a\u00f1o 2012 su \u00abesposo y padre\u00bb present\u00f3 demanda en el proceso sub examine, que fue admitida en octubre de ese a\u00f1o. Sin embargo, \u00abdesde ese d\u00eda hasta hoy en condici\u00f3n de herederos h[an] estado pendientes de las resultas del proceso, sin lograrlo\u00bb. <\/p>\n

2.2.- Afirmaron que en reiteradas ocasiones se ha reprogramado la \u00abaudiencia del art\u00edculo 80 del C.P.T. [\u2026]\u00bb. El 6 de julio de esta anualidad, \u00abpor auto 0481, se reprogram\u00f3 la audiencia para el 12 de agosto de 2020\u00bb y llegada la fecha, \u00absin ning\u00fan reporte ni informe, el juzgado no realiz\u00f3 la audiencia, sin conocer el motivo o la raz\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.3.- Sostuvieron que \u00aba la fecha no se conoce fecha probable de realizaci\u00f3n, generando mora y violaci\u00f3n al derecho a una pronta administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n

2.4.- Aseveraron que \u00abel Consejo Superior de la Judicatura de manera reiterada ha suspendido t\u00e9rminos sin dar soluciones a los usuarios de justicia [\u2026], proh\u00edbe el ingreso a las sedes, sin conocer el por qu\u00e9\u00bb. Aducen que por ese motivo \u00abse causa una mora judicial injustificada\u00bb, vulnerando el debido proceso que es \u00abla garant\u00eda que goza[n] todos los Colombianos de tener un juicio justo en el t\u00e9rmino indicado\u00bb. <\/p>\n

3.- Piden, conforme a lo relatado ordenar \u00abal juzgado accionado, el inmediato tr\u00e1mite procesal que corresponda para obtener sentencia que en derecho corresponda [\u2026]\u00bb, y \u00abal Consejo Superior de la Judicatura, presentar la propuesta de soluci\u00f3n ante la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos y prohibici\u00f3n de acceso a las sedes judiciales\u00bb. <\/p>\n

II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.- El titular del despacho judicial recriminado inform\u00f3 que \u00abno ha emitido providencia alguna dentro del tr\u00e1mite del proceso que origin\u00f3 la acci\u00f3n de amparo, pues ingres[\u00f3] a desempe\u00f1ar dicho cargo a partir del d\u00eda 27 de julio de 2020\u00bb, y con antelaci\u00f3n a ello, \u00abhan pasado seis jueces laborales por ese despacho\u00bb. <\/p>\n

Adem\u00e1s, que \u00aben el presente asunto se han presentado dificultades en la notificaci\u00f3n de las partes, tanto es as\u00ed, que varias de ellas est\u00e1n actuando a trav\u00e9s de curador ad-litem\u00bb. Que se ha tenido que \u00abdeclarar la sucesi\u00f3n procesal en raz\u00f3n al fallecimiento de la parte demandante y demandada\u00bb. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que efectivamente no se pudo celebrar la audiencia el pasado 12 de agosto, en raz\u00f3n \u00abal acuerdo expedido por el C.S.J. el 10 de agosto de 2020, que prohibi\u00f3 el ingreso de los funcionarios a los despachos judiciales\u00bb, prohibici\u00f3n que se extendi\u00f3 hasta el 31 de agosto de este a\u00f1o. Sin embargo, en prove\u00eddo de 2 de septiembre \u00abse fij\u00f3 la fecha de 25 de septiembre de 2020 para realizar la audiencia prevista en el art\u00edculo 80 del C.P.L y S.S.\u00bb. <\/p>\n

2.- La curadora ad-litem de Jairo Grajales Ospina, Dora Grajales Gonz\u00e1lez y herederos indeterminados indic\u00f3 que se limitaba a lo que resulte probado en esta tramitaci\u00f3n. <\/p>\n

III. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la \u00abacci\u00f3n u omisi\u00f3n\u00bb de las autoridades p\u00fablicas, o de los particulares en los casos previstos en la ley. Esta acci\u00f3n est\u00e1 condicionada, para su procedencia, entre otras cosas, a los postulados de la inmediatez y subsidiariedad a los que atiende, a que la providencia cuestionada no adolezca de defectos, como que tambi\u00e9n ha de observarse que no se est\u00e9 ante un hecho superado ni frente a uno consumado. <\/p>\n

2.- En el asunto sub judice, los gestores reclaman, de un lado, una presunta mora por parte del funcionario judicial convocado en emitir sentencia que ponga fin al proceso. De otro, que el Consejo Superior de la Judicatura brinde una soluci\u00f3n ante la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos y la prohibici\u00f3n de acceso a las sedes judiciales. <\/p>\n

3.- Relativo a la supuesta mora judicial endilgada al despacho recriminado, encuentra la Sala que la doctrina asentada sobre la espec\u00edfica materia, determina que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional, son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean el indisimulado producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (CSJ STC abr. 29 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019, mayo 30 de 2019, rad. 2019-01579-00). <\/p>\n

De igual manera la Corte ha sostenido que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) [U]no de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones 'injustificadas', o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026) (CSJ STC Feb. 15 1995 rad. 1937, reiterada, entre otras, CSJ STC 8 jun. 2010, rad. 00814-00 y 19 dic. 2012, rad. 00814-00)\u00bb. <\/p>\n

Asimismo, ha expuesto que: <\/p>\n

\u00ab[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00; reiterado, entre otros pronunciamientos, en CSJ STC, 25 feb. 2013, rad. 00003-01) (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 5 de mayo de 2015, exp. 23001-22-14-000-2014-00203-02 citada en CSJ STC2157-2020, feb. 28 de 2020, rad. 2019-02531-01). <\/p>\n

4.- Analizada la situaci\u00f3n planteada por los solicitantes, la Corte no advierte la configuraci\u00f3n de una omisi\u00f3n de la autoridad judicial rebatida que tenga entidad suficiente para comprometer el derecho fundamental al debido proceso y que amerite, por tanto, la intervenci\u00f3n excepcional del juez constitucional en orden a salvaguardarlo. <\/p>\n

Lo anterior, ya que no se evidencian, prima facie dentro de la actuaci\u00f3n procesal cuestionada, circunstancias que permitan advertir una conducta incuriosa o injustificada del funcionario judicial accionado. V\u00e9ase, por una parte, que ambos extremos de la litis fallecieron, y por tanto se debi\u00f3 surtir tanto la sucesi\u00f3n procesal como la notificaci\u00f3n a todos los sucesores. Por otro lado, se han presentado cambios del titular del despacho en varias oportunidades, siendo asumido ese cargo por \u00faltima vez el d\u00eda 27 de julio de este a\u00f1o. <\/p>\n

Sumando a lo anterior, se evidencia que en auto de 2 de septiembre pasado, el juez censurado fij\u00f3 el d\u00eda \u00ab25 de septiembre de 2020 para celebrar la audiencia del art\u00edculo 80 del C.P.T y la S.S.\u00bb (Auto 0616 2 sep. 20), por tanto, se observa que el tr\u00e1mite est\u00e1 surtiendo sus etapas. <\/p>\n

5.- De cara a la queja enfilada en contra del Consejo Superior de la Judicatura relativa a que se d\u00e9 una \u00absoluci\u00f3n ante la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos y prohibici\u00f3n de acceso a las sedes judiciales\u00bb, se advierte el decaimiento de la censura, tal como pasa a explicarse. <\/p>\n

5.1.- De una parte, por medio del Acuerdo PCSJA20-11567 de 6 de junio de esta anualidad expedido por la Colegiatura acusada, se dispuso que \u00abla suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales y administrativos en todo el pa\u00eds se levantar\u00e1 a partir del 1\u00ba de julio de 2020 [\u2026]\u00bb. Por tanto, no se halla ninguna de las circunstancias de hecho que alegan los quejosos en esta sede tutelar, toda vez que desde el 1\u00ba de julio pasado, fue levantada la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos reclamada, lo que conlleva a la improcedencia del amparo. <\/p>\n

5.2.- De otra, en cuanto a lo referido a la \u00abprohibici\u00f3n de acceso a las sedes judiciales\u00bb, medida adoptada a trav\u00e9s del Acuerdo PCSJA20-11623 de 28 de agosto anterior, a trav\u00e9s del cual se orden\u00f3 que \u00aba partir del 1 de septiembre y hasta el 15 de septiembre de 2020 se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en los Acuerdos PCSJA20-11567 y PCSJA20-11581\u00bb, hay que decir que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto que las controversias frente a la legalidad de los actos administrativos, no pueden discutirse en esta sede. <\/p>\n

Deber\u00e1n acudir ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, donde podr\u00e1n reclamar su inconformidad, ya que le est\u00e1 vedado al juez de tutela desplazar a los funcionarios competentes para dirimir lo concerniente a esa controversia. <\/p>\n

En un asunto semejante, esta Sala se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab[S]e advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por los se\u00f1ores Manuel Enrique Herrera Barros y Aldr\u00edn Jos\u00e9 Fl\u00f3rez L\u00f3pez, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues, en lo que toca con la queja enrostrada contra el Acuerdo PCSJA20-11546 y la Circular DEAJC20-35 del 25 de abril y 5 de mayo pasado, respectivamente, por medio de los cuales el Consejo Superior de la Judicatura y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial resolvieron, en su orden, \u00abprorroga[r] la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, se ampl\u00edan sus excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad p\u00fablica y fuerza mayor\u00bb y, adoptar el \u00abProtocolo de acceso a sedes – Medidas complementarias para prevenci\u00f3n del contagio del COVID-19 en los servidores judiciales, contratistas de prestaci\u00f3n de servicios y judicantes\u00bb, la misma es improcedente, toda vez que, a m\u00e1s que como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, en l\u00ednea de principio, las controversias en torno a la legalidad del acto administrativo, ya sean generales, impersonales y abstractos, ora particulares y concretos, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, lo cierto es que el control de los actos administrativos de car\u00e1cter general proferidos por las autoridades del orden nacional con fundamento y durante los estados de excepci\u00f3n, como lo son los mencionados, lo realiza de manera autom\u00e1tica el Consejo de Estado en su Sala Plena, conforme lo establece el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 111 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A), materia que se encuentra dentro de las excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, y PCSJA20-11549, incluido el cuestionado , as\u00ed como el que recientemente expidi\u00f3 la citada Corporaci\u00f3n (CSJ STC3509-2020, 27 may. 2020, Rad. 2020-01082-00). <\/p>\n

6.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

5<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC7349-2020 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00597-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020). Se decide la tutela interpuesta por Diana Maritza Potes Gonz\u00e1lez, Juan Sebasti\u00e1n y Lorena Vanessa Moreno Potes, contra el Consejo Superior de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103949","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103949","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103949"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103949\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103949"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103949"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103949"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}