{"id":103951,"date":"2026-07-02T23:01:52","date_gmt":"2026-07-02T23:01:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103951"},"modified":"2026-07-02T23:01:52","modified_gmt":"2026-07-02T23:01:52","slug":"stc7361-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7361-2020\/","title":{"rendered":"STC7361-2020"},"content":{"rendered":"
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC7361-2020
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 05001-22-03-000-2020-00234-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n propuesta por Sandra Cecilia \u00dasuga \u00dasuga contra la sentencia del 6 de agosto de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la impugnante contra el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n del Circuito de esa misma ciudad. Vincul\u00e1ndose a las partes e intervinientes del proceso 2017-00573-01 y al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Oralidad de esa urbe. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La \tpeticionaria urgi\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos \tfundamentales al \u00abdebido \tproceso, derecho de defensa, doble instancia, acceso a la \tadministraci\u00f3n de justicia\u00bb, \tque juzg\u00f3 conculcados por el juzgado accionado en el proceso \tejecutivo hipotecario 2017-00523 al denegar la petici\u00f3n de \treducci\u00f3n de embargos, suspensi\u00f3n del remate y no \tadvertir las irregularidades presentadas en el aval\u00fao que dio \tpie a esta diligencia. <\/p>\n

2. Como \tfundamento del amparo deprecado indic\u00f3 que: <\/p>\n

1. En \t\tsu contra, Martha Cecilia Restrepo Sierra y Francisco Le\u00f3n \t\tRestrepo Saldarriaga promovieron el ejecutivo hipotecario referido, \t\tcuyo conocimiento correspondi\u00f3, inicialmente, al Juzgado \t\tD\u00e9cimo Civil del Circuito de Medell\u00edn, el que orden\u00f3 \t\tel embargo del inmueble hipotecado, pero adem\u00e1s de otros \t\tbienes. <\/p>\n

3. Asegura \t\tque, una vez dictada la sentencia, el proceso pas\u00f3 al \t\tdespacho judicial accionado, quien avoc\u00f3 conocimiento y \t\tse\u00f1al\u00f3 fecha para llevar a cabo el remate, por lo que \t\tinsisti\u00f3 nuevamente en la reducci\u00f3n del embargo y la \t\tsuspensi\u00f3n de la diligencia, solicitud que, aunque no fue \t\tobjeto de traslado, s\u00ed fue denegada. <\/p>\n

4. Aduce \t\tque se efectu\u00f3 la subasta, sin que se advirtiera la \t\t\u00abdisimilitud \t\ten los dict\u00e1menes procesales de aval\u00fao\u00bb, adem\u00e1s \t\tque aqu\u00e9l presentado por la parte ejecutada comportaba \t\tcausales de nulidad. <\/p>\n

5. Se\u00f1ala \t\tfinalmente que \u00abno \t\tse les dio tr\u00e1mite adecuado a las solicitudes impetradas, se \t\tpresent\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n ante el honorable, y \t\tpor obvias razones, fue negado el mismo\u00bb. <\/p>\n

3. Pide \tgen\u00e9ricamente que se protejan los derechos invocados. <\/p>\n

II. LA \tSENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Deneg\u00f3 el amparo deprecado, porque consider\u00f3 inobservado el requisito de subsidiariedad. Sobre el particular y, luego de efectuar un examen de las etapas procesales, refiri\u00f3 que la peticionaria no emple\u00f3 los mecanismos ordinarios de defensa que ten\u00eda a su alcance. <\/p>\n

Lo anterior como quiera que no recurri\u00f3 el mandamiento de pago ni formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito; guard\u00f3 silencio frente a la orden de secuestro y tampoco apel\u00f3 la sentencia del 10 de septiembre de 2018. <\/p>\n

En cuanto a la diligencia de remate, observ\u00f3 que la aqu\u00ed gestora no puso en conocimiento del juzgado accionado las \u00abirregularidades que puedan afectar la validez del remate\u00bb conforme lo dispone el art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

III. LA \tIMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Censur\u00f3 la apreciaci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad, pues, aunque reconoci\u00f3 sus omisiones, tambi\u00e9n consider\u00f3 que los vicios procesales denunciados son de tal entidad que deben ceder ante las formalidades exigidas. <\/p>\n

Concretamente dijo: <\/p>\n

\u00abNo se discute por la suscrita la ausencia del agotamiento de la herramienta procesal con la que se contaba al momento, y mal har\u00eda en este momento justificar las razones para ignorar dicha posibilidad; pese a ello, considera que no es dable por el Honorable Tribunal anteponer las formas procesales para dejar sin sustento un derecho constitucional como es, no s\u00f3lo la doble instancia, sino negar uno de los derechos perseguidos por el demandante, como es la de obtener una segunda posici\u00f3n frente a las constantes irregulares efectuadas en el Juzgado accionado, las mismas que se presentaron camufladas en otros actos y a las puertas de la diligencia de remate, para generar confusi\u00f3n y poder ejercer de la manera adecuada los posibles recursos que cab\u00edan, que igual no fueron anunciados\u00bb. <\/p>\n

IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo \u00abpreferente y sumario\u00bb con el que cuenta cualquier persona, para reclamar la expedici\u00f3n de una orden judicial orientada a la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, cuandoquiera que los estime amenazados o conculcados, producto de una actuaci\u00f3n positiva o negativa de las autoridades o, excepcionalmente, por particulares. <\/p>\n

Este mecanismo supra legal no podr\u00e1 interponerse si la persona tiene o tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial, a trav\u00e9s de los cuales pudo o puede reclamar y obtener la salvaguarda de esas garant\u00edas, como quiera que no es una v\u00eda sustitutiva para alcanzar lo que por aquellos no se pudo o no intent\u00f3 siquiera conseguir. Es as\u00ed como se ha se\u00f1alado que <\/p>\n

[\u2026] la acci\u00f3n de amparo no se instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las dise\u00f1adas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular; as\u00ed que si el accionante puso en marcha siquiera una sola de \u00e9stas, le est\u00e1 vedado formular de manera concomitante la presente v\u00eda, porque con ello estar\u00eda pretendiendo sustituir al juez natural por el constitucional, siendo que \u00e9ste nunca se cre\u00f3 con ese objetivo; tal circunstancia lo que pone en evidencia es un comportamiento presuroso, pues es el funcionario que conoce del asunto quien ostenta la potestad, bajo los postulados de la independencia, desconcentraci\u00f3n y autonom\u00eda, para resolver el conflicto de intereses que se le someti\u00f3 a su composici\u00f3n (CSJ STC 10 ago. 2009 Rad. 00189-01, reiterada, entre otras, el 28 ago. 2015, Rad, 01576-01, STC14715-2019, 29 oct. de 2019, Rad 2019-00426-01). <\/p>\n

2. En el caso que convoca la atenci\u00f3n de la Corte, corresponde establecer si los confesados descuidos de acudir a los remedios procesales ordinarios son insuficientes de cara a examinar la procedencia del resguardo, en consideraci\u00f3n a la actuaci\u00f3n arbitraria de la autoridad accionada. <\/p>\n

3. Contrastada la inconformidad planteada con las diligencias rebatidas, advierte esta Sala que el reclamo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y se debe, por tanto, confirmar la decisi\u00f3n del a quo constitucional, como pasa a explicarse. <\/p>\n

3.1. El constituyente revisti\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela de una naturaleza excepcional para la defensa de los derechos fundamentales, de ah\u00ed que admitir que a trav\u00e9s de este mecanismo se abran v\u00edas alternas o paralelas a las consagradas por el legislador, llevar\u00eda inopinadamente la desnaturalizaci\u00f3n de esta instituci\u00f3n tan cara para el Estado Social de Derecho. <\/p>\n

De igual modo no puede olvidarse que la esencia de este mecanismo no es el de servir de \u00faltimo recurso frente al fracaso de los legalmente previstos, amen que \u00abla acci\u00f3n de tutela no puede admit\u00edrsele, bajo ning\u00fan motivo, como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos a\u00fan, desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten\u00bb (C. Const. SU-424 de 2012 reiterada T-113 de 2013). <\/p>\n

Con ese mismo norte esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual que ostenta la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n

\u00abno puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos judiciales o administrativos estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en dichas actuaciones\u00bb (STC 23 de abr. 2020, Rad. 2020-00010-00). <\/p>\n

4. En el caso sometido a juicio, desconocer el requisito de subsidiariedad implicar\u00eda necesariamente renunciar al principio de residualidad que informa este instrumento constitucional, siendo que expresamente se ha establecido como motivo de improcedencia la existencia de medios ordinarios, a trav\u00e9s de los cuales se pueda o pudo procurar por la protecci\u00f3n de las prerrogativas que se consideren trasgredidas. <\/p>\n

Obs\u00e9rvese, que en este particular asunto, si bien el proceder de la aqu\u00ed accionante, de no formular excepciones perentorias contra las pretensiones izadas en su contra, se acompasa con los principios de lealtad procesal, y los deberes de las partes en las actuaciones judiciales, ello en modo alguno tra\u00eda aparejado que omitiera ejercer los medios de control e impugnaci\u00f3n contra aquellas actuaciones que injustificadamente afectaran sus derechos. <\/p>\n

En ese orden se tiene que habi\u00e9ndose presentado el aval\u00fao correspondiente por los ejecutantes se someti\u00f3 a su contradicci\u00f3n sin hacer uso de la facultad que le confiere el art\u00edculo 444 de \u201callegar un aval\u00fao diferente\u201d que, en su sentir reflejara el justo precio del bien, dando con ello muestra de conformidad con aquella valoraci\u00f3n. <\/p>\n

En cuando al pedido de reducci\u00f3n de embargos y suspensi\u00f3n del remate, se tiene que si bien al tenor del art\u00edculo 448 del C\u00f3digo General del Proceso no se podr\u00e1 se\u00f1alar fecha para el remate de bienes \u201c[C]uando estuvieran sin resolver peticiones sobre levantamiento de embargos o secuestros, o recursos contra autos que hayan decidido sobre desembargos o declarado que un bien inembargable o decretado la reducci\u00f3n de embargo\u201d, respecto \u201cde los bienes comprendidos en ellos, sino una vez sean resuelto\u201d, es claro que no se hizo uso de los medios que el legislador ha contemplado para conjurar las actuaciones contrarias a estos postulados. <\/p>\n

Esto, porque contra el prove\u00eddo de 23 de noviembre de 2018 que se\u00f1al\u00f3 fecha para el remate (fls. 53-54 Archivo Memorial del 6 de agosto Doc. 3) no se formul\u00f3 recurso alguno. <\/p>\n

Tampoco se atac\u00f3 el pronunciamiento del 13 de febrero de 2019 (fls. 31-33 Archivo memorial del 6 de agosto Doc. 4), en el cual se hicieron variados pronunciamientos, as\u00ed: <\/p>\n

Respecto de la reducci\u00f3n de embargos pedida se le indic\u00f3, que \u201cse revis\u00f3 el proceso y se encontr\u00f3 que los embargos decretados para los inmuebles identificados 018 -92164 , 018 -129 569 y 01N-385445 ya se encuentran cancelados por las oficinas de instrumentos p\u00fablicos correspondientes\u201d1; tocante al \u201cidentificado con Matr\u00edcula inmobiliaria 018-1081472 se le fij\u00f3 fecha de remate por este Despacho por encontrarse embargado y secuestrado para este proceso, se present\u00f3 aval\u00fao certificado por perito Avaluador id\u00f3neo, al cual el juzgado de Origen (Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Oralidad) le dio el traslado indicado en el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que se presentara oposici\u00f3n alguna dentro del t\u00e9rmino fijado\u201d, lo que motiv\u00f3 que no se tuviera en cuenta el aval\u00fao postrero que alleg\u00f3 la ejecutada. <\/p>\n

Adem\u00e1s, frente al pedido de suspensi\u00f3n sostuvo el funcionario que \u201cno se satisfacen los supuestos que determinan la procedencia de la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate que est\u00e1 programada para el d\u00eda 14 de febrero de la presente anualidad, por la configuraci\u00f3n de un eventual caso de prejudicialidad, en tanto que no puede la investigaci\u00f3n que comunica la memorialista tramitada en la Fiscal\u00eda 53 Especializada Delegada ante el \u201cGAULA\u201d Oriente – Antioque\u00f1o, influir en la sentencia del presente proceso, pues ya existe pronunciamiento de fondo desde el 10 de septiembre de 2018\u201d. <\/p>\n

Sin que justifique la no interposici\u00f3n de recursos contra este, el hecho de que la diligencia de remate que se pretend\u00eda impedir estuviera programada para el d\u00eda siguiente. <\/p>\n

Es m\u00e1s, de estimarse que las \u201cirregularidades\u201d aqu\u00ed planteadas eran capaz de invalidar la actuaci\u00f3n, particularmente el remate del bien cautelado bien pudo pedir la nulidad, incluso durante la misma diligencia, hasta antes de la adjudicaci\u00f3n, lo que no hizo, pues permaneci\u00f3 silente y s\u00f3lo acudi\u00f3 a apelar el auto aprobatorio, con el inevitable desenlace de su inadmisi\u00f3n, por improcedente. <\/p>\n

5. Se extrae de lo apuntado que la promotora ha tenido en su haber la posibilidad de poner en conocimiento del juez natural sus inconformidades, pero injustificadamente desde\u00f1o los mecanismos que el legislador ha contemplado para ello, y que resultaban id\u00f3neos para la defensa de sus derechos, sin que pueda v\u00e1lidamente acudir ahora a esta senda supra legal como recurso de \u00faltimo para rescatar oportunidades perdidas. <\/p>\n

6. En ese orden, conforme lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, no advierte la Sala un camino diferente a la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n impugnada, ya que, si el ordenamiento legal dispone los instrumentos jur\u00eddicos para el resguardo de esos derechos al interior del juicio cuestionado, a ellos debi\u00f3 acudirse y no a este medio constitucional. <\/p>\n

En un caso que guarda similares caracter\u00edsticas a las que aqu\u00ed se juzgan, la Sala adujo que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria.\u00bb (CSJ STC 26 ene. 2011, Rad. 00027-00). <\/p>\n

7. De acuerdo con lo discurrido, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n rebatida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE <\/p>\n

PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de fecha y procedencia puntualizadas en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n

SEGUNDO. Notif\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto, por el medio m\u00e1s expedito y eficaz a la accionante y a los dem\u00e1s interesados. <\/p>\n

Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n

1\u0002 \tInmuebles \testos que seg\u00fan los certificados de tradici\u00f3n \tpertenecen a la se\u00f1ora Sandra Cecilia \u00dasuga \u00dasuga.
\n2\u0002 \tDe \tacuerdo con el certificado de tradici\u00f3n este predio pertenece \tal codemandado Yoiner Alexander Pe\u00f1ate \u00dasuga.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7361-2020 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 05001-22-03-000-2020-00234-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n propuesta por Sandra Cecilia \u00dasuga \u00dasuga contra la sentencia del 6 de agosto de 2020, proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[107],"tags":[],"class_list":["post-103951","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-107"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103951","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103951"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103951\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103951"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103951"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103951"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}