{"id":103954,"date":"2026-07-02T23:02:40","date_gmt":"2026-07-02T23:02:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=103954"},"modified":"2026-07-02T23:02:40","modified_gmt":"2026-07-02T23:02:40","slug":"stc7385-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc7385-2020\/","title":{"rendered":"STC7385-2020"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC7385-2020
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2020-00187-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veinte (2020) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 14 de agosto de 2020, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la tutela instaurada por Miguel \u00c1ngel V\u00e1squez Lenis contra el Juzgado Civil del Circuito de L\u00e9rida, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cpertenencia\u201d, promovido por Leonardo V\u00e1squez V\u00e1squez a Juan Bautista Orjuela y Fanny V\u00e1squez V\u00e1squez. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El censor exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, presuntamente vulneradas por la autoridad querellada. <\/p>\n

2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

Sostiene el tutelante que en el Juzgado Civil del Circuito de L\u00e9rida se adelant\u00f3 el litigio materia de este resguardo, asunto zanjado en sentencia de 13 de noviembre de 2015, declar\u00e1ndose, a favor de Leonardo V\u00e1squez V\u00e1squez, la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio del predio identificado con el folio de matr\u00edcula N\u00b0 352-8303. <\/p>\n

Arguye que el despacho querellado, en esa decisi\u00f3n, \u201cdebi\u00f3 haber saneado\u201d el inmueble inmiscuido, respecto de la \u201ccautela\u201d ordenada por la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes sobre la \u201ccuota parte que le correspond\u00eda a Fanny V\u00e1squez V\u00e1squez\u201d. <\/p>\n

Se\u00f1ala que adquiri\u00f3 la propiedad del comentado bien, mediante escritura de venta N\u00b0 721 de 28 de diciembre de 2015; por tanto, solicit\u00f3 al estrado fustigado, el levantamiento de la comentada medida, petici\u00f3n denegada mediante auto de 12 de diciembre de 2019. <\/p>\n

Acota que la actuaci\u00f3n del convocado le \u201cest\u00e1 causando graves perjuicios, por cuanto no pued[e] realizar pr\u00e9stamos ni actividades financieras (\u2026)\u201d sobre el memorado inmueble. <\/p>\n

3. Reclama, en concreto, se ordene la cancelaci\u00f3n de la cautela registrada en el folio de matr\u00edcula del bien de su propiedad. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

Se opuso al amparo realzando la legalidad de su proceder. <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada tras advertir el incumplimiento de los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, pues el actor demor\u00f3 m\u00e1s de siete meses en interponer el ruego; adem\u00e1s, no recurri\u00f3 la providencia mediante la cual se neg\u00f3 su petici\u00f3n. <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El tutelante censura, puntualmente, el prove\u00eddo de 12 de diciembre de 2019, mediante el cual el juzgado fustigado neg\u00f3 la solicitud elevada por el aqu\u00ed actor, referente al levantamiento de la \u201cmedida cautelar\u201d decretada por la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes sobre el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula N\u00b0 352-8303. <\/p>\n

2. Es palmario el fracaso del reclamo, por cuanto fue incoado tard\u00edamente el 2 de agosto de 2020, esto es, luego de transcurrido m\u00e1s de seis (6) meses de proferida la providencia criticada, super\u00e1ndose el t\u00e9rmino estimado por esta Sala como tempestivo para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

En no pocas ocasiones, la Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, si la censora se demor\u00f3 para presentar la petici\u00f3n constitucional, su descuido per se es suficiente para descartar la existencia de una conducta indebida, atribuible a los funcionarios querellados y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales invocadas como soporte de tal amparo. <\/p>\n

3. Si se dejara de lado la falencia anterior, el auxilio tampoco ser\u00eda exitoso por la inobservancia del presupuesto de subsidiariedad, pues la decisi\u00f3n aqu\u00ed criticada era susceptible de atacarse mediante reposici\u00f3n, procedente a voces de lo establecido en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, empero, el promotor no hizo uso de esa herramienta. <\/p>\n

El descuido del convocante le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza subsidiaria. <\/p>\n

Sobre ese aspecto, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d2.
\nNo es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n

En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

4. Ahora, frente al argumento del gestor sobre el desconocimiento de la \u201cvirtualidad y el sistema tecnol\u00f3gico\u201d para acudir a la administraci\u00f3n de justicia, y ejercer los mecanismos ordinarios a su alcance, dicha eventualidad no tiene la fuerza suficiente para conceder el auxilio, porque la ignorancia de la ley4 no es excusa para desentender los ritos procesales que rigen las distintas controversias judiciales. <\/p>\n

Respecto este aspecto, esta Sala ha adoctrinado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Al punto, se explic\u00f3 que el argumento o justificaci\u00f3n esgrimido por [el demandado] para no agotar el citado medio de defensa, no resulta admisible en tanto\u2026 la ignorancia de la ley no sirve de excusa para revivir oportunidades desperdiciadas por las partes (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

5. Con todo, si el censor insiste en el levantamiento de la medida cautelar decretada sobre el inmueble de su propiedad, debe elevar la correspondiente solicitud ante el Ministerio de Justicia y el Derecho, para que sea esa cartera gubernamental quien decida si le asiste o no raz\u00f3n al interesado, pues, seg\u00fan el inciso final del art\u00edculo 26 del Decreto 3183 de 20116, es esa entidad la encargada de continuar con el tr\u00e1mite de todos los procesos donde la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes actu\u00f3 como parte. <\/p>\n

6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

FRANCISCO TERNERA BARRIOS
\nACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb14, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb15; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC 2 de agosto de \t2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, \t16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.
\n2 \tCSJ STC, de \t28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y \tel 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y \t2012-02127-00.
\n3 \tCSJ. \tSTC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de \tseptiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y \t0176-01, respectivamente.
\n4 \tEl c\u00f3digo Civil en su art\u00edculo 9, establece: \u201cLa \tignorancia de las leyes no sirve de excusa\u201d.
\n5 \tSentencia \tde 9 de \tnoviembre del 2011, exp. 2011-00297-01, reiterado, \tentre otras, en sentencia de 17 de marzo de 2011, exp. 02595-01.
\n6 \t\u201cEn \ttodo caso, previo inventario f\u00edsico levantado por el \tLiquidador y mediante acta suscrita entre las partes dentro de los \ttres (3) primeros meses de la liquidaci\u00f3n, los archivos \trelacionados con los procesos de acci\u00f3n de extinci\u00f3n \tde dominio en los que haya intervenido como parte la Direcci\u00f3n \tNacional de Estupefacientes, con sus respectivos expedientes, ser\u00e1n \tentregados al Ministerio de Justicia y del Derecho en el estado en \tque se encuentren. Dicho Ministerio continuar\u00e1 ejerciendo la \tfacultad consagrada en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 5\u00b0 \tde la Ley 793 de 2002, modificado por el art\u00edculo 74 de la \tLey 1453 de 2011\u201d.
\n7 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n8 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n9 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n10 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n11 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n13 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n14 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n15 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n14<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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