AC021-2021 (2020-02887-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC021-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-02887-00 <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo Municipal de Anor\u00ed y Sexto Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, para conocer del juicio de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica promovido por INTERCONEXI\u00d3N EL\u00c9CTRICA S.A. ESP contra EMPRESAS P\u00daBLICAS DE MEDELL\u00cdN\u2013 S.A ESP. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante los juzgadores de Medell\u00edn, la sociedad accionante solicit\u00f3 declarar, a su favor, la imposici\u00f3n de una servidumbre p\u00fablica de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre el predio denominado \u201cLOTE 02 EL CASTILLO\u201d, ubicado en Anor\u00ed, y registrado como de propiedad de la parte demandada1. <\/p>\n
En el escrito inaugural, el asunto se atribuy\u00f3 en consideraci\u00f3n al factor subjetivo, es decir, \u201cteniendo en cuenta que la sociedad demandante, se trata de una empresa de servicios p\u00fablicos mixta, constituida en forma de sociedad an\u00f3nima, de car\u00e1cter comercial, del orden nacional, y vinculada al Ministerio de Minas y Energ\u00eda, descentralizada por servicios, en la que el Estado tiene una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital, y a que la misma se encuentra domiciliada en Medell\u00edn2\u201d (Subraya propia del texto). <\/p>\n
2. El Despacho Tercero Civil Municipal de Oralidad de esa ciudad, a quien fue repartido el asunto, se rehus\u00f3 a conocerlo, remiti\u00e9ndolo por competencia al juzgador de Anor\u00ed, conforme al numeral 7\u00b0 del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cen virtud no solo de la ubicaci\u00f3n del bien sirviente, sino adem\u00e1s del derecho que le asiste a quien ostentar\u00eda la calidad de accionada\u201d como \u201cparte d\u00e9bil de la acci\u00f3n\u201d3. <\/p>\n
3. A su vez, el Juez Promiscuo Municipal de la localidad de destino, admiti\u00f3 la demanda y luego de surtir varias actuaciones, incluida la inspecci\u00f3n judicial, se estuvo a lo resuelto por la Sala Civil de esta Corporaci\u00f3n mediante auto de unificaci\u00f3n AC140-2020, que desat\u00f3 una colisi\u00f3n de contornos similares a la presente, atendiendo la calidad prevalente de las partes, conforme al numeral 10\u00b0 del citado art\u00edculo, y en efecto, rechaz\u00f3 las diligencias, remiti\u00e9ndolas por competencia a sus similares de Medell\u00edn, lugar de domicilio de la accionante4. <\/p>\n
4. Recibidas las diligencias, el Juez Sexto Civil Municipal de Oralidad de la capital de Antioquia, provoc\u00f3 la colisi\u00f3n que se resuelve, aduciendo que la sede judicial remitente, es quien debe continuar el tr\u00e1mite, en aplicaci\u00f3n del principio de la \u201cperpetuatio iurisdictionis\u201d, pues, tras admitirlo, evacu\u00f3 varias diligencias que ahora le impiden desprenderse del mismo5. <\/p>\n
5. Planteada as\u00ed la colisi\u00f3n, llegaron las actuaciones a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez competente para conocer del presente proceso de constituci\u00f3n de servidumbre, en el que se discute si es viable aplicar el foro privativo del numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que dejar\u00eda el asunto en el funcionario del domicilio de la entidad p\u00fablica demandante, o si la competencia debe continuar en el juzgador que avoc\u00f3 conocimiento, atendiendo el principio de la perpetuatio iurisdictionis. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico: <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cen los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
No obstante, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, cumple precisar que el estatuto procesal asign\u00f3 en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en raz\u00f3n de un fuero o foro real \u201cpor lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo a la calidad del sujeto, \u201cpor el domicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisi\u00f3n de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atenci\u00f3n de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que se\u00f1ala cu\u00e1l de los dos prevalece, pues, el art\u00edculo 29 ejusdem, precept\u00faa que \u201ces prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d6. <\/p>\n
Ahora bien, no puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u201c[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u201d. <\/p>\n
Tampoco es viable sostener ese otro criterio que privilegia el foro real (28-7) sobre el consagrado por el legislador en raz\u00f3n de la naturaleza de la persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico (28-10), ignorando la regla que el legislador previ\u00f3 para, precisamente, solucionar los casos en los que debe determinarse qu\u00e9 factor o fuero aplicar a un caso concreto. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201cEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposici\u00f3n del mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia. <\/p>\n
La Sala con el prop\u00f3sito de zanjar la discusi\u00f3n frente a casos como el presente, dilucid\u00f3 reci\u00e9nteme en auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia de 24 de enero de 2020 (AC140-2020), que se convierte en indiscutible gu\u00eda para la soluci\u00f3n de este asunto y de todos los dem\u00e1s que en lo sucesivo se presenten, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018), as\u00ed como tambi\u00e9n que \u201cen esta clase de disyuntivas, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa aplicable, dada su mayor estimaci\u00f3n legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido\u201d (AC4798-2018). <\/p>\n
5. Inaplicaci\u00f3n del postulado de la \u201ccompetencia perpetua\u201d cuando se est\u00e1 frente a un foro privativo <\/p>\n
No hay duda que, en l\u00ednea de principio, la competencia por el factor territorial es prorrogable, si de entrada el juzgador no advierte que el funcionario facultado para tramitar el caso es otro, o si hay silencio de las partes al respecto. <\/p>\n
Sin embargo, excepciones hay a esa regla general, y ellas surgen de los eventos en los que se est\u00e1 en presencia de un foro privativo, y en los que el criterio que se sigue para asignar la atribuci\u00f3n radica en la naturaleza o calidad de las partes que intervienen en el litigio, como por ejemplo, en los supuestos contemplados en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Sala: <\/p>\n
(\u2026) Como se denota, las excepciones a la perpetuatio jurisdictionis se limitan a la concurrencia del factor subjetivo y el funcional en la competencia del funcionario cognoscente de la acci\u00f3n, y precisamente en el sub lite ocurri\u00f3 una de dichas salvedades por la intervenci\u00f3n de una entidad p\u00fablica descentralizada de servicios p\u00fablicos, de donde le era posible al juez inicial, desprenderse de la competencia del asunto, con miras acatar el mandato de car\u00e1cter imperativo consagrado en el art\u00edculo 29 C\u00f3digo General del Proceso. (\u2026) Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medell\u00edn, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. (\u2026) Resaltado a prop\u00f3sito7 <\/p>\n
6. El caso concreto. <\/p>\n
Del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con la demanda8 y la informaci\u00f3n hallada en internet, se advierte que la convocante es una empresa de servicios p\u00fablicos mixta, constituida como sociedad an\u00f3nima, del orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energ\u00eda, elementos que indican sin lugar a dudas su naturaleza p\u00fablica, y, de otro lado, que su domicilio es la ciudad de Medell\u00edn. <\/p>\n
Ahora bien, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por \u201c[l]as sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta\u201d, por lo que es evidente que siendo la gestora una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, tal foro es el que resulta entonces aplicable, y no as\u00ed el que atribuye la competencia en atenci\u00f3n al lugar donde se ubica el inmueble, como injustificadamente lo pretendieron los juzgadores de Medell\u00edn involucrados, m\u00e1xime cuando la accionada tambi\u00e9n se ajusta a los designios de dicho factor subjetivo, dada su naturaleza jur\u00eddica como empresa industrial y comercial del Estado, del orden departamental9; y si en cuenta que aqu\u00e9llos ya conoc\u00edan del mentado criterio de unificaci\u00f3n, en el cual Sala, precis\u00f3, <\/p>\n
\u201cEn virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que \u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018)10. (Subrayado fuera de texto). <\/p>\n
7. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como corolario, independiente de la ubicaci\u00f3n del inmueble, en consideraci\u00f3n a que el juicio est\u00e1 conformado por personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico cuyo domicilio es Medell\u00edn, se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n a la prevalencia establecida en el estatuto procesal civil vigente, orden\u00e1ndose el env\u00edo del expediente al Fallador Tercero Civil Municipal de Oralidad de dicha ciudad, por ser quien inicialmente debi\u00f3 conocerlo, sin que interese que haya alcanzado a ser tramitado con anterioridad por su hom\u00f3logo de Anor\u00ed, \u201cpor tratarse el descrito de un foro exclusivo que, por lo mismo, descarta la aplicaci\u00f3n del principio legal de la perpetuatio jurisdictionis\u201d (AC5943-2017). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn corresponde conocer el juicio de constituci\u00f3n de servidumbre promovido por INTERCONEXI\u00d3N EL\u00c9CTRICA S.A. ESP contra EMPRESAS P\u00daBLICAS DE MEDELL\u00cdN\u2013 S.A ESP. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a las otras involucradas. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Folios 1 a 17 del C. Empresas P\u00fablicas. <\/p>\n
2 Ib\u00eddem. <\/p>\n
3 Folios 1 a 3 del C. Principal. <\/p>\n
4 Folios 203 a 206, ejusdem. <\/p>\n
5 Folio 208, \u00eddem. <\/p>\n
6 Criterio reiterado en CSJ AC 4273-2018 y en CSJ AC 4641 de 2019. <\/p>\n
7 CSJ AC 278 2020. <\/p>\n
8 Fls. 11 a 33 del C. Principal. <\/p>\n
9 Folios 50 a 54 \u00cddem. (Acuerdo No. 69 de 1997 del Concejo Municipal de Medell\u00edn). <\/p>\n
10 Ver tambi\u00e9n, AC4659-2018, AC4994-2018, AC009-2019, AC-1082-2019 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
<\/p>\n
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