AC029-2021 (2019-04001-00)<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
AC029-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2019-04001-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Atendiendo la naturaleza y clase de derecho involucrado en el asunto planteado, el Presidente de Sala, procede a decidir el conflicto suscitado entre la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena (Bol\u00edvar) y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar (Cesar), para conocer del proceso ejecutivo instaurado por Heriberto Torres Jim\u00e9nez contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum y causa petendi. El actor pidi\u00f3 librar orden de pago por el valor de la \u201ccompensaci\u00f3n\u201d que reconoci\u00f3 en su favor la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en sentencia de 30 de septiembre de 2016. <\/p>\n
1.2. Fijaci\u00f3n de la competencia territorial. Se radic\u00f3 en los Juzgados Civiles del Circuito de Valledupar, por \u201cel lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n; porque el tr\u00e1mite se surti\u00f3 en la regional Cesar-Guajira de la Unidad; por la ubicaci\u00f3n de los bienes restituidos y, en especial, por la previsi\u00f3n del art\u00edculo 80 de la Ley 1480 de 2011, porque se trata de un t\u00edtulo ejecutivo\u201d. <\/p>\n
1.3. El conflicto. En auto de fecha de 28 de febrero de 2019, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, libr\u00f3 la orden de apremio impetrada. <\/p>\n
El demandado contest\u00f3 la demanda y propuso la excepci\u00f3n previa de falta de competencia. En su sentir, la ejecuci\u00f3n deb\u00eda tramitarse ante los jueces de la especialidad de restituci\u00f3n de tierras y no la ordinaria. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 17 de junio de 2019, el estrado judicial declar\u00f3 fundada la defensa dilatoria. Como consecuencia, dispuso remitir las diligencias a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior Cartagena. Se\u00f1al\u00f3 para el efecto: <\/p>\n
\u201cla ejecuci\u00f3n de \u00f3rdenes y condenas concretadas en toda decisi\u00f3n de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras se encuentra regulada por los art\u00edculos 305 y 306 de la Ley 1564 de 2012, norma que est\u00e1 en armon\u00eda con lo dispuesto en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011, donde se prev\u00e9 que el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deber\u00e1 solicitar la ejecuci\u00f3n con base en la sentencia ante el juez de conocimiento\u201d. <\/p>\n
La referida autoridad, en auto de 6 de noviembre siguiente, tambi\u00e9n se sustrajo de tramitar la controversia, tras considerar, luego de citar los art\u00edculos 91 y 102 de la Ley 1448 de 2011: <\/p>\n
\u201cel legislador limit\u00f3 la competencia del juez de restituci\u00f3n de tierras para emitir \u00f3rdenes encaminadas solo a la protecci\u00f3n de los derechos reconocidos en la sentencia en beneficio de los reivindicados (\u2026) al no haber el legislador se\u00f1alado de manera expresa la competencia del juez de restituci\u00f3n de tierras para conocer de la ejecuci\u00f3n de las \u00f3rdenes de compensaci\u00f3n que se decreten en las sentencias en favor de los opositores de buena fe (como si lo dispuso a favor de las v\u00edctimas restituidas), la competencia para librar mandamiento de pago, emitir medidas cautelares y seguir la ejecuci\u00f3n de estas obligaciones es la jurisdicci\u00f3n civil ordinaria, en virtud de la cl\u00e1usula general de competencia consagrada en el art\u00edculo 16 de la Ley 1564 de 2012\u201d. <\/p>\n
1.4. Planteado as\u00ed el conflicto, para dirimirlo fue enviado el expediente a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.1. La colisi\u00f3n corresponde zanjarla a esta Corte, por involucrar a despachos pertenecientes a diferentes distritos judiciales, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.2. La creaci\u00f3n de una justicia transicional y una acci\u00f3n especial de restituci\u00f3n de tierras en la Ley 1448 de 20111, est\u00e1 mediada por la necesidad de garantizar la eficacia del derecho a la reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas, disponiendo de un procedimiento diferenciado y con efectos sustantivos no asimilables a la legislaci\u00f3n ordinaria, puesto que quiebra, al menos, temporalmente, algunos de estos principios, por virtud de los efectos de su naturaleza. <\/p>\n
Por ello, las reglas para la restituci\u00f3n de inmuebles a las v\u00edctimas apuntan a proteger al despojado o desplazado, fijando hip\u00f3tesis sobre la ausencia de consentimiento o causa l\u00edcita, marcando derroteros de inversi\u00f3n de la carga de la prueba, dando preferencia a los intereses de las v\u00edctimas por encima de otro tipo de sujetos, optando por el establecimiento de restricciones a las operaciones que puedan realizarse sobre las tierras comprometidas en la restituci\u00f3n. Imponen la obligaci\u00f3n de probar la buena fe exenta de culpa a los terceros opositores, al punto de valerse de un r\u00e9gimen extenso y severo de presunciones de despojo a favor del solicitante en relaci\u00f3n con los predios inscritos en el registro de tierras despojadas. En fin, se trata de un cat\u00e1logo de principios y de derechos, recalcados en el art\u00edculo 73 de la novedosa Ley, y en otros preceptos de similar linaje en la misma normativa. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a esa finalidad, la competencia de los jueces de dicha especialidad (tribunales y juzgados), pese a pertenecer a la categor\u00eda civil, est\u00e1 limitada al conocimiento de los asuntos establecidos en los art\u00edculos 91 y 102 de la Ley 1448 de 2011. En s\u00edntesis, luego de proferida la sentencia de restituci\u00f3n, se circunscriben a \u201cgarantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso\u201d (par. 1\u00ba, art. 91) y a adoptar \u201cmedidas que, seg\u00fan fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposici\u00f3n de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias\u201d (art. 102, ib.). <\/p>\n
El legislador no estableci\u00f3 que tales autoridades judiciales pod\u00edan tramitar la fase ejecutiva de los fallos en que se dispuso el pago de compensaciones a favor de los opositores de buena fe exenta de culpa. Por esto, no es posible asignarles dicha facultad, por muy loable que sea la interpretaci\u00f3n que en tal sentido se realice. <\/p>\n
La aplicaci\u00f3n estricta de las reglas adjetivas por el juzgador es la mejor garant\u00eda del principio de la igualdad ante la ley. Adem\u00e1s, sirven de freno eficaz contra la arbitrariedad y la violencia institucional, y constituyen un reto permanente para la consolidaci\u00f3n de la democracia y del Estado Social de Derecho, pues nunca se podr\u00e1 impartir estricta justicia si los sentenciadores ignoran o conciben de manera subjetiva, caprichosa y voluble excepciones no previstas por el legislador a las formas procedimentales. <\/p>\n
2.3. La naturaleza especial de las autoridades judiciales encargadas de los litigios de la llamada justicia transicional, no permite asignar competencia en virtud de la regla dispuesta en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso, cual lo se\u00f1al\u00f3 el Juzgado Civil del Circuito de Valledupar. Por una parte, dicha norma tiene un car\u00e1cter general, no aplicable a \u00e9ste tipo de tr\u00e1mites que tienen, se itera, unos procedimientos propios y excepcionales. Por otra, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte: <\/p>\n
[L]os tribunales superiores carecen de competencia para fungir como jueces de primer o \u00fanico grado en juicios ejecutivos (art\u00edculo 31, C\u00f3digo General del Proceso), y que, en el evento de iniciarse la fase coactiva ante dicha colegiatura, se cercenar\u00eda potencialmente el derecho a la doble instancia de los involucrados en el juicio. <\/p>\n
Cabe agregar que la rese\u00f1ada dificultad no podr\u00eda zanjarse remitiendo el asunto al Juez Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras, no solo porque ninguna autoridad de ese linaje estuvo involucrada en el proferimiento del fallo cuyo cumplimiento forzoso se persigue, sino tambi\u00e9n porque la competencia de esas oficinas judiciales est\u00e1 restringida a conocer y decidir, tambi\u00e9n en \u00fanica instancia, \u00ablos procesos de restituci\u00f3n de tierras y los procesos de formalizaci\u00f3n de t\u00edtulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que no se reconozcan opositores dentro del proceso\u00bb, naturaleza distinta a la del presente juicio. (CSJ AC5454-2020, 16 dic., Rad. 2019-04005-00). <\/p>\n
2.4. Sentado lo anterior, ante la imposibilidad de otorgar la facultad de conocer el presente asunto a los jueces de restituci\u00f3n de tierras, a efectos de resolver el conflicto, debe acudirse a las reglas generales de asignaci\u00f3n, concretamente, a la de \u201ccompetencia residual\u201d, dispuesta en los art\u00edculos 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 15 del C\u00f3digo General del Proceso, que indican que corresponde a la \u201ca la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria\u201d y a los \u201ca los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u201d. <\/p>\n
Estos preceptos, aplicados al caso, permiten atribuir el conocimiento del juicio al fallador que se desprendi\u00f3 del expediente. No habi\u00e9ndose asignado expresamente a otro funcionario el conocimiento del proceso ejecutivo para el cobro de la compensaci\u00f3n impuesta en sentencia judicial a favor del tercero de buena fe exenta de culpa, es claro que corresponde a los jueces civiles del circuito, naturaleza que, justamente, tiene el referido despacho. <\/p>\n
2.4. Finalmente, como nada distinto a lo elucidado aparece planteado en el conflicto, debe seguirse que las dem\u00e1s circunstancias que la determinan se encuentran radicadas en el juzgado de Valledupar. Y si no, al omitirse allegar alrededor, se entienden superadas. <\/p>\n
En todo caso, si bien la entidad convocada, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras, tiene su domicilio en Bogot\u00e1, cierto es, en la citada ciudad, asociado con el asunto que se debate, se encuentra situada una de sus direcciones territoriales2. En ese sentido tiene cabida lo asentado por la Sala, al decir: <\/p>\n
[E]l pluricitado numeral 10 del canon 28 se refiere al \u00abjuez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, sin restringir la asignaci\u00f3n al del domicilio principal; y de otro, que las personas jur\u00eddicas pueden establecer v\u00e1lidamente sucursales (o seccionales), y cada una de ellas crea un domicilio especial o secundario, que es trascendente en materia de competencia judicial cuando en el proceso respectivo se debatan asuntos vinculados a esas sedes suced\u00e1neas (como ocurre en este caso). ((CSJ AC5454-2020, 16 dic., Rad. 2019-04005-00). <\/p>\n
2.5. Lo dicho significa que la excepci\u00f3n previa de falta de competencia no debi\u00f3 declararse fundada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar es el llamado a seguir conociendo del proceso de la referencia. <\/p>\n
Consecuentemente, ordena enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido a la otra autoridad jurisdiccional involucrada, haci\u00e9ndole llegar copia de esta providencia. Of\u00edciese. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
1\u0002 Su particularidad corresponde a la fijaci\u00f3n de presunciones respecto del despojo, en relaci\u00f3n con los predios inscritos en el registro de tierras (art\u00edculo 77), lo que tiene como resultado la inversi\u00f3n de la carga de la prueba a favor del despojado o de la v\u00edctima que se ha visto obligada a abandonar la tierra (art\u00edculo 78); se contemplan condiciones m\u00ednimas para las solicitudes de restituci\u00f3n as\u00ed como un procedimiento \u00e1gil para tramitarlas (art\u00edculos 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, y 95); le asignan a la autoridad judicial amplias facultades para proteger los derechos de las v\u00edctimas previendo que el Juez o Magistrado, seg\u00fan el caso, mantendr\u00e1 la competencia para garantizar el goce efectivo de tales derechos hasta tanto est\u00e9n completamente eliminadas las causas de la amenaza (art\u00edculos 91 y 102); y se contempla el recurso de revisi\u00f3n ante la Corte Suprema de Justicia (art\u00edculo 92). <\/p>\n
2\u0002 Seg\u00fan certificado de existencia y representaci\u00f3n, allegado con la demanda a folio 14 a 18. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC029-2021 (2019-04001-00) Magistrado AC029-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2019-04001-00 Bogot\u00e1 D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) Atendiendo la naturaleza y clase de derecho involucrado en el asunto planteado, el Presidente de Sala, procede a decidir el conflicto suscitado entre la Sala Civil Especializada en […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-52918","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52918","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52918"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52918\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52918"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52918"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52918"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}