AC030-2021 (2019-04144-00)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
AC030-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2019-04144-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
El Presidente de Sala, procede a decidir el conflicto surgido entre el Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C. y el Veintid\u00f3s Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, para conocer el proceso ejecutivo promovido por Central de Inversiones S.A. contra Natalia Pati\u00f1o Montoya y Jairo Emilio Pati\u00f1o Montoya. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Petitum y causa petendi. La sociedad demandante solicit\u00f3 librar orden de pago a su favor por el derecho literal y aut\u00f3nomo incorporado en un pagar\u00e9. <\/p>\n
1.2. Determinaci\u00f3n de la competencia territorial. Se adscribi\u00f3 a los Juzgados Municipales de Medell\u00edn por ser este el \u201clugar de cumplimiento de las obligaciones\u201d. <\/p>\n
1.3. El conflicto. El 15 de octubre de 2019 mediante auto el Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de Medell\u00edn se rehus\u00f3 a tramitar el asunto. Adujo que por ser la entidad demandante \u201c(\u2026) una sociedad comercial de econom\u00eda mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (\u2026) descentralizada por servicios\u201d, el fuero territorial aplicable al caso era el dispuesto en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. Por tales motivos remiti\u00f3 el proceso a la ciudad de Bogot\u00e1, por corresponder al lugar del domicilio de la promotora. <\/p>\n
Mediante prove\u00eddo de 26 de noviembre de 2019, el Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., hizo lo propio. Se\u00f1al\u00f3 que Medell\u00edn fue el lugar pactado para la soluci\u00f3n de las obligaciones cobradas coercitivamente. Adem\u00e1s, porque en la capital de Antioquia exist\u00eda una \u201csucursal\u201d de la ejecutante. <\/p>\n
1.4. Suscita as\u00ed el conflicto y ordena remitir las diligencias a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.1. Le compete a esta Corporaci\u00f3n resolver la colisi\u00f3n, por involucrar a dos autoridades que pertenecen a diferentes distritos judiciales, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.2. La regla general de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso corresponde al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb. Por ejemplo, las situaciones en donde se determina que el conocimiento del caso se radique solamente en un lugar espec\u00edfico. <\/p>\n
2.3. En el asunto como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n, corresponde a dos supuestos. Los previstos en el numeral 3 y 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. El primero, concurrente, a elecci\u00f3n del demandante; y el segundo, privativo, designado por el legislador. <\/p>\n
Seg\u00fan la primera, \u00aben los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb (Subrayado fuera de texto). <\/p>\n
Y al amparo de la segunda, \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb (Subrayado fuera de texto). <\/p>\n
Esta \u00faltima regla, no obstante, al instituirse en beneficio del ente respectivo, puede ser declinable. Si lo hace, expresa o impl\u00edcitamente, nada se le puede reprochar, pues es el \u00fanica destinataria. En sentir de la Corte: <\/p>\n
\u201c2.5. El fuero personal fijado en el numeral 10\u00ba del precepto 28 C.G.P., aunque privativo, es \u2013en tesis general- de car\u00e1cter renunciable. <\/p>\n
\u201cEllo porque, en el fondo, dicha norma no hace sino consagrar un \u201cbeneficio\u201d o \u201cprivilegio\u201d a favor de la entidad p\u00fablica, conforme al cual se le autoriza demandar ante el juez del sitio de su propio domicilio, quien deber\u00e1 avocar el conocimiento del libelo as\u00ed propuesto1. <\/p>\n
\u201cPero queda mejor perfilada la anotada facultad si se le contempla como expresi\u00f3n de un derecho personal o derecho subjetivo privado, atribuido por el orden jur\u00eddico al \u00f3rgano p\u00fablico o semip\u00fablico en reconocimiento de su propia personalidad, y en atenci\u00f3n a su particular modo de ser y obrar. <\/p>\n
\u201cA esas prerrogativas, el legislador les ha conferido la posibilidad de declinarse, conforme dimana del contenido del art\u00edculo 15 del C\u00f3digo Civil. La renuncia, desde la perspectiva ontol\u00f3gica, supone la dejaci\u00f3n de una ventaja (derecho o regla jur\u00eddica dispensadora de efectos a favor de alguien) mediante una declaraci\u00f3n unilateral de voluntad, expresa o t\u00e1cita, encaminada a tal prop\u00f3sito2\u201d3 (Negrillas visibles en el original). <\/p>\n
A su vez ha indicado, \u00ab(\u2026) que en virtud de la autonom\u00eda de la voluntad se puede declinar la protecci\u00f3n derivada de la exenci\u00f3n jurisdiccional, con el objeto de promover una acci\u00f3n civil, o para atender una demanda en la que se pretenda su vinculaci\u00f3n (\u2026)\u00bb4. <\/p>\n
2.4. En ese sentido, vistas las diligencias, particularmente la conducta desplegada por la entidad demandante al interponer la acci\u00f3n en lugar diferente al de su asiento principal, se desprende que abdic\u00f3 al fuero que la cobija, previsto en el art\u00edculo 28-10 del Estatuto Adjetivo. <\/p>\n
El suced\u00e1neo que expuso no ri\u00f1e con la realidad. En el t\u00edtulo valor, pagar\u00e9, consta que la obligaci\u00f3n cambiaria deb\u00eda descargarse en la ciudad de Medell\u00edn. Esto, por supuesto, no aparece polemizado por los juzgados, inclusive, al margen de que en esa ciudad la entidad ejecutante tenga establecida una sucursal o agencia. <\/p>\n
2.6. El asunto por tanto, no ha debido migrar del lugar donde la parte ejecutante lo radic\u00f3. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, es el competente para conocer del proceso en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Consecuentemente, ordena enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido a la otra autoridad jurisdiccional involucrada, haci\u00e9ndoles llegar copia de esta providencia. Of\u00edciese. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
1\u0002 En torno a las nociones de \u201cprivilegio\u201d o \u201cbeneficio\u201d, que dimanan del precepto 10\u00ba del art\u00edculo 28 C.G.P., v\u00e9ase: AC4444-2018, exp. 2018-02886-00; AC4966-2018, exp. 2018-03138-00. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. ENNECERUS, Ludwig. Derecho Civil (Parte General). Vol. II. Trad. al castellano de Blas P\u00e9rez Gonz\u00e1lez y Jos\u00e9 Alguer. Editorial Bosch. Barcelona. P\u00e1g. 44; ver tambi\u00e9n: MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo II. Trad. al castellano de Santiago Sentis Melendo. Ediciones Jur\u00eddicas Europa-Am\u00e9rica. Buenos Aires. P\u00e1gs. 51-53. <\/p>\n
3\u0002 CSJ, Sala Civil AC925-2019, exp. 2019-00576-00, de 14 de marzo. <\/p>\n
4\u0002 CSJ, Sala Civil, Auto 7245 del 25 de otubre de 2016. Rad. 2016-02866-00. <\/p>\n
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