AC038-2021 (2020-00139-00)<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
AC038-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2020-00139-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Atendiendo la naturaleza del asunto planteado, el Presidente de Sala, procede a decidir el conflicto surgido entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n (Antioquia) y Veintisiete Civil de Circuito de Bogot\u00e1 D.C, para conocer del proceso declarativo especial de expropiaci\u00f3n judicial promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra de Martha Silva Calle V\u00e9lez. <\/p>\n
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1. Petitum y causa petendi. La demandante como pretensi\u00f3n principal pide se \u201cdecrete expropiaci\u00f3n\u201d a su favor sobre una franja de terreno de un predio ubicado en la vereda de Los Almendros, municipio de Sopetr\u00e1n (Antioquia), actualmente bajo disposici\u00f3n de la accionada. <\/p>\n
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2. Determinaci\u00f3n de la competencia territorial. El peticionario adscribi\u00f3 a los juzgados civiles de circuito de Sopetr\u00e1n, conforme a la regla plasmada en el art\u00edculo 28, numeral 7\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1.3. El despacho seleccionado por la parte demandante. En auto del 19 de septiembre de 2019, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n se rehus\u00f3 a gestionar el asunto. Adujo que como la accionante era una entidad p\u00fablica cobijada por el fuero previsto en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, deb\u00edan conocer de la demanda los estrados de Bogot\u00e1 D.C., porque all\u00ed se situaba el domicilio de ella. <\/p>\n
1.4. El juzgado receptor. Mediante prove\u00eddo del 24 de octubre de 2019, el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. igualmente se sustrajo de tramitar la acci\u00f3n. Sostuvo que \u201c(\u2026) el competente para continuar con el conocimiento, no es otro que el Juzgado remitente, atendiendo lo dispuesto en providencias de la Corte Suprema de Justicia que decide un conflicto de competencia donde el demandante es tambi\u00e9n la Agencia Nacional de Infraestructura y en el cual indica que el competente es el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santaf\u00e9 de Antioquia\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.1. Le compete a la Corte decidir la colisi\u00f3n, por involucrar a dos autoridades que pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.2. La regla general de atribuci\u00f3n territorial corresponde al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb. Supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. Por ejemplo, en las situaciones en donde se determina que el conocimiento de un caso se radique solamente en un lugar espec\u00edfico. <\/p>\n
2.3. En el asunto como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n del Despacho corresponde a dos supuestos de asignaci\u00f3n excepcional privativa, relacionados con distintos foros. El real y el personal, previstos en los numerales 7 y 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La primera regla establece que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, en el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Y al amparo de la segunda, \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
2.3. La mayor\u00eda de la Sala, en prove\u00eddo AC-140 de 24 de enero de 2020, en un caso en donde dichos fueros se encontraban radicados en distintos lugares, el personal en Medell\u00edn y el real en Amalf\u00ed, asent\u00f3 que el foro personal prevalec\u00eda sobre el real, en atenci\u00f3n a lo reglado en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En esa ocasi\u00f3n, el proceso fue radicado directamente por la entidad demandante en el lugar de su domicilio. Se diferencia del presente litigio en que la propia parte actora se inclin\u00f3 por radicar su libelo ante el juez del lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble. Esto implica que el auto de unificaci\u00f3n aqu\u00ed no tiene cabida. <\/p>\n
La raz\u00f3n estriba en que el art\u00edculo 28, numeral 10 del C\u00f3digo de General del Proceso, otorga un privilegio a las entidades all\u00ed mencionadas de radicar el libelo en el lugar de su domicilio. Si lo declinan, expresa o impl\u00edcitamente, nada se les puede reprochar, pues son sus \u00fanicas destinatarias. En sentir de la Corte: <\/p>\n
\u201c2.5. El fuero personal fijado en el numeral 10\u00ba del precepto 28 C.G.P., aunque privativo, es \u2013en tesis general- de car\u00e1cter renunciable. <\/p>\n
\u201cEllo porque, en el fondo, dicha norma no hace sino consagrar un \u201cbeneficio\u201d o \u201cprivilegio\u201d a favor de la entidad p\u00fablica, conforme al cual se le autoriza demandar ante el juez del sitio de su propio domicilio, quien deber\u00e1 avocar el conocimiento del libelo as\u00ed propuesto1. <\/p>\n
\u201cPero queda mejor perfilada la anotada facultad si se le contempla como expresi\u00f3n de un derecho personal o derecho subjetivo privado, atribuido por el orden jur\u00eddico al \u00f3rgano p\u00fablico o semip\u00fablico en reconocimiento de su propia personalidad, y en atenci\u00f3n a su particular modo de ser y obrar. <\/p>\n
\u201cA esas prerrogativas, el legislador les ha conferido la posibilidad de declinarse, conforme dimana del contenido del art\u00edculo 15 del C\u00f3digo Civil. La renuncia, desde la perspectiva ontol\u00f3gica, supone la dejaci\u00f3n de una ventaja (derecho o regla jur\u00eddica dispensadora de efectos a favor de alguien) mediante una declaraci\u00f3n unilateral de voluntad, expresa o t\u00e1cita, encaminada a tal prop\u00f3sito2\u201d3 (Negrillas visibles en el original). <\/p>\n
A su vez ha indicado, \u201c(\u2026) que en virtud de la autonom\u00eda de la voluntad se puede declinar la protecci\u00f3n derivada de la exenci\u00f3n jurisdiccional, con el objeto de promover una acci\u00f3n civil, o para atender una demanda en la que se pretenda su vinculaci\u00f3n (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Con mayor raz\u00f3n, si lo que se pretende es aplicar a cabalidad el principio de inmediaci\u00f3n. En los procesos guiados por el fuero real, no cabe duda, se facilita la incorporaci\u00f3n de pruebas. Por ejemplo, en los de servidumbre, el legislador impone la obligaci\u00f3n de practicar inspecci\u00f3n judicial en el lugar (art\u00edculo 376 del C\u00f3digo General del Proceso). Inclusive, en el par\u00e1grafo \u00fanico, prev\u00e9 la posibilidad de adelantar \u201cen el inmueble\u201d, en una sola audiencia, las actuaciones previstas en los art\u00edculos 372 y 373, ib\u00eddem, y de dictar la sentencia respectiva. Esto se dificultar\u00eda en el evento de adelantar el juicio en el lugar del domicilio de la entidad beneficiada con el privilegio, claro est\u00e1, cuando no coincide con el del fuero real. <\/p>\n
2.5. Por ello, respetando la decisi\u00f3n de la mayor\u00eda, se precisa que en los casos donde concurren las comentadas hip\u00f3tesis privativas, ning\u00fan enfrentamiento se presenta. El art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, en efecto, contempla dos situaciones distintas. El inciso 1\u00ba, gobierna conflictos, empero, respecto de factores de competencia (objetivo, subjetivo, funcional, territorial y de conexi\u00f3n). En tanto, el inciso 2\u00ba, regula controversias entre los fueros del factor territorial (personal, real, obligacional y circunstancial). As\u00ed que el primero alude a la \u201ccalidad de las partes\u201d (factor subjetivo); mientras el segundo, al \u00abdomicilio de la respectiva entidad territorial\u201d (fuero personal). <\/p>\n
Las disputas de competencia entre factores, por tanto, se resuelven en pro de la \u201ccalidad de las partes\u201d. Y las que surgen por \u201craz\u00f3n del territorio\u201d quedan subordinadas a la \u201cmateria\u201d y el \u201cvalor\u201d (factor objetivo). En otras palabras, Los problemas de foros, verbi gratia, los privativos del art\u00edculo 28, numerales 7\u00ba y 10\u00ba, los arbitra otro factor. Y como el fuero real del proceso de servidumbre, ciertamente, atiende a la naturaleza del asunto, a la materia, esto significa que relega el fuero personal del domicilio. <\/p>\n
2.6. Corolario de lo expuesto, el asunto de la referencia debe ser dirimido aplicando el fuero privativo dispuesto en el numeral 7\u00ba canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sopetr\u00e1n, es el competente para conocer el proceso de que se trata. Como consecuencia, se le ordena remitir las diligencias para lo de su cargo. <\/p>\n
Comunicar la decisi\u00f3n a la otra autoridad judicial involucrada, haci\u00e9ndole llegar copia de esta providencia. Of\u00edciese. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
1\u0002 En torno a las nociones de \u201cprivilegio\u201d o \u201cbeneficio\u201d, que dimanan del precepto 10\u00ba del art\u00edculo 28 C.G.P., v\u00e9ase: AC4444-2018, exp. 2018-02886-00; AC4966-2018, exp. 2018-03138-00. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. ENNECERUS, Ludwig. Derecho Civil (Parte General). Vol. II. Trad. al castellano de Blas P\u00e9rez Gonz\u00e1lez y Jos\u00e9 Alguer. Editorial Bosch. Barcelona. P\u00e1g. 44; ver tambi\u00e9n: MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo II. Trad. al castellano de Santiago Sentis Melendo. Ediciones Jur\u00eddicas Europa-Am\u00e9rica. Buenos Aires. P\u00e1gs. 51-53. <\/p>\n
3\u0002 CSJ, Sala Civil AC925-2019, exp. 2019-00576-00, de 14 de marzo. <\/p>\n
4\u0002 CSJ, Sala Civil, Auto 7245 del 25 de octubre de 2016. Rad. 2016-02866-00. <\/p>\n
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