AC044-2021 (2016-00195-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC044-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-31-03-003-2016-00195-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de noviembre de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por los convocantes frente a la sentencia de 3 de diciembre de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Diego Armando Salgado Romero y otros contra la Cl\u00ednica Tolima S.A. y otros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
Los actores solicitaron declarar que la Cl\u00ednica Tolima S.A., EPS Sanitas S.A.S., Luis Guillermo Garc\u00eda Barrero, Jaime Alberto Mondrag\u00f3n Leonel y Jaime Barrios Zambrano son civilmente responsables por los da\u00f1os causados al se\u00f1or Salgado Romero, \u00abdurante la atenci\u00f3n m\u00e9dica recibida entre el d\u00eda 2 y el 13 de mayo de 2011\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, solicitaron que se condenara a los demandados a pagar $750.505.536, por concepto de perjuicios patrimoniales (da\u00f1o emergente y lucro cesante); 300 SMLMV, a t\u00edtulo de da\u00f1os morales y 500 SMLMV, por da\u00f1os a la vida de relaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. El 2 de mayo de 2011, Diego Armando Salgado Romero acudi\u00f3 al servicio de urgencias de la Cl\u00ednica Tolima S.A. con un cuadro de dolor abdominal. El Dr. Duver Herney Cepeda, quien lo atendi\u00f3 inicialmente, consider\u00f3 que podr\u00eda tratarse de una apendicitis, ordenando ex\u00e1menes de confirmaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El paciente fue valorado posteriormente por el Dr. Garc\u00eda Barrero, \u00abquien determin\u00f3 que deb\u00eda ser llevado a cirug\u00eda para la extracci\u00f3n del ap\u00e9ndice (…) sin tener en cuenta que los resultados de los ex\u00e1menes practicados no eran concluyentes para esa patolog\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.3. El querellante fue intervenido quir\u00fargicamente, y se le extrajo el mencionado \u00f3rgano. Sin embargo, el servicio de patolog\u00eda concluy\u00f3, posteriormente, que este no se encontraba cursando ning\u00fan proceso inflamatorio. <\/p>\n
2.4. Al d\u00eda siguiente, \u00abel paciente empez\u00f3 a presentar problemas de salud, empez\u00f3 a tornarse p\u00e1lido y en los ex\u00e1menes de sangre se demostr\u00f3 que hab\u00eda reducido sus niveles de hemoglobina\u00bb. Por esa raz\u00f3n, fue intervenido quir\u00fargicamente el 4 de mayo de 2011, \u00abencontr\u00e1ndose que ten\u00eda una hemorragia dentro de su cavidad abdominal\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 13 de mayo siguiente, tuvo que ingresar de nuevo al centro m\u00e9dico, por presentar dolor severo en el abdomen. All\u00ed fue valorado por el Dr. Barrios Zambrano, \u00abquien consider\u00f3 que el paciente cursaba con sangrado abdominal, raz\u00f3n por la cual (…) ese mismo d\u00eda tuvo que ser intervenido quir\u00fargicamente, intervenci\u00f3n en la que se present\u00f3 una perforaci\u00f3n en el intestino que tuvo que ser suturada\u00bb. <\/p>\n
2.6. En el post operatorio, la evoluci\u00f3n del demandante no fue la esperada, presentando una peritonitis fecal que oblig\u00f3 a realizar otra cirug\u00eda correctiva, en la que se le practic\u00f3 una resecci\u00f3n intestinal parcial. Este cuadro le produjo \u00absecuelas f\u00edsicas por deformidad permanente, presenta diarreas constante, problemas de nutrici\u00f3n y sicol\u00f3gicos\u00bb, adem\u00e1s de una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 55,1%. <\/p>\n
2.7. Algunos meses despu\u00e9s acudi\u00f3 nuevamente a la consulta de la cl\u00ednica querellada, donde se le diagnosticaron c\u00e1lculos renales, \u00ablos cuales (…) fueron los que le causaron el dolor inicial que dio origen a la apendicectom\u00eda\u00bb. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. Los demandados comparecieron oportunamente al proceso, oponi\u00e9ndose a la prosperidad del petitum y formulando excepciones, orientadas \u2013primordialmente\u2013 a destacar la inexistencia de culpa m\u00e9dica, y la observancia estricta de la lex artis ad hoc. <\/p>\n
3.2. El funcionario de primer grado desestim\u00f3 las s\u00faplicas de los convocantes mediante fallo de 21 de noviembre de 2018. Contra esta decisi\u00f3n, aquellos formularon recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La sentencia impugnada. <\/p>\n
El tribunal confirm\u00f3 en su integridad lo decidido por el fallador a quo, con apoyo en las siguientes deducciones: <\/p>\n
(i) Aunque la probanza pericial que elabor\u00f3 el m\u00e9dico forense M\u00e1ximo Alberto Duque Piedrahita \u2013aportada por los demandantes\u2013 sugerir\u00eda que el diagn\u00f3stico de apendicitis fue err\u00f3neo, \u00absi se realiza un an\u00e1lisis sistem\u00e1tico y arm\u00f3nico de todas las pruebas que reposan dentro del plenario, se advierte que en este caso en verdad no existi\u00f3 un error en el diagn\u00f3stico inicial, sino que (…) se tornaba imperativo realizarle una apendicectom\u00eda, por cuanto los s\u00edntomas cl\u00ednicos que este presentaba eran compatibles con una apendicitis aguda\u00bb. <\/p>\n
(ii) Esta hip\u00f3tesis fue defendida por los peritos Hugo Londo\u00f1o Arbel\u00e1ez, Fredy Pineda Bonilla y los testigos t\u00e9cnicos Luis Alberto Parra Obando y Alberto Guti\u00e9rrez Espitia todos ellos m\u00e9dicos especialistas en cirug\u00eda, quienes advirtieron que el cuadro que presentaba el paciente era compatible con un diagn\u00f3stico de apendicitis, y que, ante dicha circunstancia, la prudencia exig\u00eda intervenir a la mayor brevedad, para extirpar el \u00f3rgano comprometido. <\/p>\n
(iv) Con apoyo en la informaci\u00f3n compendiada en la historia cl\u00ednica, junto con la declaraci\u00f3n de los galenos especialistas que fueron interrogados, puede colegirse que la segunda intervenci\u00f3n quir\u00fargica \u00abera completamente necesaria para poder brindar un tratamiento adecuado a las complicaciones que presentaba para ese momento Diego Armando Salgado Romero, acotando igualmente que ni la hemorragia abdominal, ni el tiempo que tardaron para descubr\u00edrsela, ni tampoco la ausencia de transfusiones sangu\u00edneas al paciente constituyen un obrar negligente, descuidado o violatorio de la lex artis ad hoc\u00bb. <\/p>\n
(v) Conforme lo relataron los Dres. Londo\u00f1o Arbel\u00e1ez, Parra Obando y Pineda Bonilla, \u00abla hemorragia presentada por Diego Armando Salgado no fue provocada por una mala praxis o por un error de procedimiento en la apendicectom\u00eda, sino que, por el contrario, se trata de un riesgo inherente y normal para esa clase de procedimiento quir\u00fargico\u00bb. <\/p>\n
(vi) En adici\u00f3n, \u00abel tiempo que tardaron los m\u00e9dicos en diagnosticar la existencia de tal evento hemorr\u00e1gico no se prolong\u00f3 por descuido o negligencia\u00bb, dado que \u00abla naturaleza del sangrado [hac\u00eda] dif\u00edcil determinarlo durante las primeras horas del posoperatorio\u00bb. A ello cabe agregar que \u00abno puede decirse que hubiera existido error en el procedimiento m\u00e9dico por no haberle realizado una transfusi\u00f3n de sangre al paciente\u00bb, ya que este \u00abse mantuvo hemodin\u00e1micamente estable\u00bb. <\/p>\n
(vii) Las conclusiones del dictamen anejo a la demanda no resulta atendibles, pues fueron \u00abcontradictorias (…), imprecisas y carentes de credibilidad\u00bb, ya que \u00abel perito (…) no tuvo en cuenta que Diego Armando Salgado Romero se encontraba canalizado desde antes de la cirug\u00eda de apendicectom\u00eda, y por tanto su sangre se encontraba diluida\u00bb, tal como lo advirtieron los dem\u00e1s profesionales de la medicina que opinaron en el juicio sobre ese particular. <\/p>\n
(viii) En cuanto a la perforaci\u00f3n intestinal, debe decirse que la misma no vino precedida de un error en el acto m\u00e9dico-quir\u00fargico, \u00absino que se trata de una contingencia que es inherente al procedimiento mismo (…) por manera que, en lo que tiene que ver con [la] tercera cirug\u00eda tampoco se advierte que el actuar m\u00e9dico hubiera sido errado\u00bb. Y si bien esa complicaci\u00f3n motiv\u00f3 otras cirug\u00edas correctivas, estas no fueron objeto de ning\u00fan reproche por los convocantes. <\/p>\n
(ix) A lo expuesto se suma que \u00abtodos los m\u00e9dicos que intervinieron al paciente aceptaron que la EPS puso a su alcance y les facilit\u00f3 de manera diligente todos los servicios que ellos solicitaron para llevar a cabo su correspondiente tratamiento, al igual que la Cl\u00ednica Tolima puso a disposici\u00f3n de ellos, sin demora alguna, toda la infraestructura necesaria para lograr la mejor\u00eda de aquel. Y aunque el demandante (…) afirm\u00f3 que la EPS le hac\u00eda entrega de los medicamentos de manera tard\u00eda (…) no existe prueba dentro del plenario que demuestre tal aserto, ya que no se aport\u00f3 ninguna solicitud o queja que este hubiera realizado por los mencionados motivos\u00bb. <\/p>\n
5. La demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El extremo demandante interpuso oportunamente el recurso de casaci\u00f3n, formulando un \u00fanico cargo, al amparo de la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es pertinente advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante extraordinario demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de censurar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (senda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida1. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa para atacar el fallo de segunda instancia, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb (que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio2), es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb (esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio3), deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n de su materialidad. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial de tales elementos de juicio, o alteraci\u00f3n de su contenido material, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su texto. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de revelar o exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia 4. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su texto en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera), y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden girar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n por ser proferida en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor adem\u00e1s tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto en el sentido decisorio de la sentencia recurrida (trascendencia), para lo cual, demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de los reproches, debe explicar por qu\u00e9 ese fallo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a sus intereses. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Formulaci\u00f3n del cargo \u00fanico. <\/p>\n
Los convocantes denunciaron la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1602, 1604 y 2341 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de una \u00abgrave equivocaci\u00f3n y omisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n de medios probatorios\u00bb. <\/p>\n
Este reparo admite el siguiente compendio: <\/p>\n
(i) El ad quem incurri\u00f3 en un yerro \u00abal no haber tenido en cuenta dos pruebas que se encuentran en el expediente, que dilucidan sin mayor esfuerzo el hecho de un error en el diagn\u00f3stico inicial\u00bb, a saber, la ausencia de registros de fiebre y los resultados de las pruebas de laboratorio, que \u00abno son concluyentes de apendicitis aguda (sic)\u00bb. <\/p>\n
(ii) En adici\u00f3n, \u00abel no encontrarse nota de la valoraci\u00f3n por el especialista, hace presumir (…) que no se hizo la valoraci\u00f3n y se confi\u00f3 en lo hecho y analizado por el m\u00e9dico general para tomar la decisi\u00f3n de tratamiento quir\u00fargico; [o] que se hizo valoraci\u00f3n pero no se indag\u00f3 o se descartaron otros diagn\u00f3sticos diferenciales\u00bb. <\/p>\n
(iii) En el dossier obra un informe de patolog\u00eda, en el que se dej\u00f3 sentada la inexistencia de hallazgos sugestivos de apendicitis aguda, prueba de tal contundencia que no pudo controvertirse, \u00aba pesar de los esfuerzos hechos por los testigos de los demandados en tratar de explicar los hallazgos y las conclusiones del estudio de patolog\u00eda hecho al ap\u00e9ndice extra\u00eddo a Diego Salgado\u00bb. <\/p>\n
(iv) Las probanzas arrimadas al proceso muestran \u00abque existieron fallas en la prestaci\u00f3n del servicio de salud ofrecido a Diego Armando Salgado, a partir de la supuesta valoraci\u00f3n hecha por el cirujano general (…), por cuanto no se exploraron posibilidades diagn\u00f3sticas y tampoco se utilizaron medios o ayudas tecnol\u00f3gicas con las que se contaban para tratar de dilucidar un diagn\u00f3stico (…) que era a todas luces dudoso y oscuro\u00bb. <\/p>\n
(v) Las equivocaciones que tienen lugar en la etapa diagn\u00f3stica \u00abgeneralmente llevan a causar fracaso en toda la actividad profesional con el paciente, haci\u00e9ndose necesario que el m\u00e9dico sea lo m\u00e1s diligente en el diagn\u00f3stico y practique todos los ex\u00e1menes y recurra a todos los medios a que tenga acceso para que el diagn\u00f3stico sea lo m\u00e1s acertado posible\u00bb. <\/p>\n
3.2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
(i) En el escrito inicial, los actores discurrieron que el evento desencadenante del da\u00f1o fue el diagn\u00f3stico equivocado de las dolencias del se\u00f1or Salgado Romero. Tal pifia \u2013en su sentir\u2013 motiv\u00f3 la realizaci\u00f3n de una apendicectom\u00eda, en cuyo desarrollo se produjo un sangrado abdominal, que tuvo que ser corregido quir\u00fargicamente, provocando durante esa nueva intervenci\u00f3n la perforaci\u00f3n intestinal que deriv\u00f3 en la peritonitis que gener\u00f3 las graves secuelas que actualmente debe soportar el reclamante. <\/p>\n
Tan compleja cadena causal de eventos, entonces, se ciment\u00f3 sobre un error en la diagnosis, el cual habr\u00eda quedado evidenciado \u2013a juicio de los casacionistas\u2013 a partir del an\u00e1lisis patol\u00f3gico del ap\u00e9ndice que se le extrajo al paciente, en el que no reposar\u00eda registro de inflamaci\u00f3n, sumado al cuadro posterior de urolitiasis que aquel present\u00f3, el cual explicar\u00eda los dolores abdominales referidos en la consulta inicial al servicio de urgencias. <\/p>\n
Sin embargo, el tribunal arrib\u00f3 a una conclusi\u00f3n opuesta, tras analizar los dict\u00e1menes periciales elaborados por los m\u00e9dicos especialistas en cirug\u00eda, Dres. Londo\u00f1o Arbel\u00e1ez y Pineda Bonilla, quienes consideraron que en el informe de patolog\u00eda se describi\u00f3 la presencia de un proceso de \u00abhiperplasia de fol\u00edculos linfoides en la l\u00e1mina propia\u00bb, dato consistente con una fase temprana de infecci\u00f3n del ap\u00e9ndice. <\/p>\n
Adicionalmente, esos profesionales, junto con los testigos t\u00e9cnicos Dres. Parra Obando y Guti\u00e9rrez Espitia, expusieron \u2013con detalle\u2013 las razones por las cuales el diagn\u00f3stico de apendicitis luc\u00eda coherente con la sintomatolog\u00eda que presentaba el paciente, y defendieron tanto la oportunidad de la definici\u00f3n de la conducta quir\u00fargica, como la preferencia de los diagn\u00f3sticos cl\u00ednicos por sobre los de im\u00e1genes, explicaciones que fueron acogidas en el fallo censurado. <\/p>\n
Pese a ello, en el \u00fanico cargo propuesto los impugnantes se limitaron a recabar en el contenido del susodicho estudio patol\u00f3gico, y en la necesidad de acudir a las \u00abayudas tecnol\u00f3gicas con las que cuentan hoy en d\u00eda los m\u00e9dicos\u00bb, sin preocuparse por derruir los argumentos que permitieron a la colegiatura de segundo grado arribar a una conclusi\u00f3n opuesta a la defendida en la demanda inicial. <\/p>\n
Lo anterior, perdiendo de vista que el casacionista, al sustentar un ataque por la v\u00eda indirecta, no puede ce\u00f1irse a relacionar las pruebas que se habr\u00edan pasado por alto y que, en su sentir, cambiar\u00edan el rumbo del litigio, sino que ha de atacar los raciocinios que permitieron adoptar la decisi\u00f3n cuestionada. Ciertamente, la tarea de demostrar los yerros atribuidos al sentenciador de segunda instancia <\/p>\n
Quien pretende comprobar un yerro de juzgamiento no puede limitarse a exponer su versi\u00f3n particular de la controversia, como si de un alegato de instancia se tratara, sino que debe comprobar el error esgrimido, lo que impone identificar las probanzas preteridas o tergiversadas por el tribunal, y adicionalmente explicar la manera en la que el peso de la evidencia se contrapondr\u00eda a los argumentos que soportan la determinaci\u00f3n judicial contra la que se enfila el remedio extraordinario. <\/p>\n
Reiterase que, a voces de la jurisprudencia, <\/p>\n
\u00ab(…) es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u201cEl impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u201d (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u201d (se subraya; auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). <\/p>\n
En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u201d (CSJ, SC del 2 de febrero de 2001, Rad. No. 5670)\u00bb (CSJ AC5493-2019, 19 dic.). <\/p>\n
(ii) El tribunal, adem\u00e1s, fue insistente en mencionar que los desafortunados sucesos que fueron encaden\u00e1ndose hasta generar el menoscabo f\u00edsico cuyo resarcimiento se persigue, corresponden a iatrogenias inculpables, es decir, a la materializaci\u00f3n de riesgos inherentes a las distintas cirug\u00edas que se practicaron al paciente, y que \u2013por lo mismo\u2013 no vinieron precedidos de una conducta m\u00e9dica contraria a la lex artis ad hoc. <\/p>\n
Este puntal de la sentencia fue completamente desatendido en la acusaci\u00f3n formulada, a pesar de que el recurrente en casaci\u00f3n debe ocuparse de derruir todos y cada uno de los pilares de la sentencia que combate, pues mientras estos se mantengan inc\u00f3lumes, como aqu\u00ed ocurre, la providencia no puede ser quebrada. No se olvide que <\/p>\n
\u00ab[l]a competencia que el recurso de casaci\u00f3n otorga a la Corte, no abre un debate sin l\u00edmite como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre s\u00ed la censura, como thema decisum. La demanda de casaci\u00f3n delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea de velar por la cabal aplicaci\u00f3n del derecho objetivo y la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, seg\u00fan sea la causal alegada. <\/p>\n
S\u00edguese de ello, que no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne\u00bb (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01). <\/p>\n
3.3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que los ataques planteados en la demanda de casaci\u00f3n carecen de fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica, es imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda en referencia, conforme lo dispone el art\u00edculo 346-1 del estatuto procesal civil vigente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por los convocantes frente a la sentencia de 3 de diciembre de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso verbal que promovieron Diego Armando Salgado Romero y otros contra la Cl\u00ednica Tolima S.A. y otros. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Conforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344, \u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
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AC044-2021 (2016-00195-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC044-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-31-03-003-2016-00195-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de noviembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-52931","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52931","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52931"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52931\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52931"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52931"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52931"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}