AC074-2021 (2020-03212-00)_1<\/p>\n
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AC074-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03212-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn y Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda ejecutiva instaurada por CENTRAL DE INVERSIONES S.A. (en adelante CISA), contra FEDERICO ANDR\u00c9S SIERRA RODR\u00cdGUEZ, AGR\u00cdCOLA MI CAPI S.A. y SOCIEDAD BANANERA DE OCCIDENTE-SOBANDO S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante solicit\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n, librar orden de pago a su favor y en contra de los convocados, por las obligaciones derivadas del pagar\u00e9 No. 02000008-1 aportado con la demanda. En la respectiva demanda se finc\u00f3 la competencia en los jueces civiles del circuito de Medell\u00edn, por ser el lugar de suscripci\u00f3n del documento base de recaudo, y en suma, el establecido para el \u201ccumplimiento de la obligaci\u00f3n\u201d, y \u201cdomicilio del demandado de acuerdo al numeral tercero del art\u00edculo 28 del CGP\u201d1. <\/p>\n
2. Repartido el asunto, el Despacho Segundo Civil del Circuito de Oralidad de dicha ciudad, lo rechaz\u00f3 y remiti\u00f3 por competencia, se\u00f1alando que ninguna sucursal de la empresa accionante ubicada en esa circunscripci\u00f3n est\u00e1 vinculada al juicio compulsivo, y por tanto, la atribuci\u00f3n corresponde de modo privativo a sus similares Bogot\u00e1, asiento principal de la ejecutante, quien dada su calidad de \u201csociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional\u201d, hace viable la aplicaci\u00f3n del numeral 10\u00b0 del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso2. <\/p>\n
3. Por su parte, el Juzgado Primero Civil del Circuito de la urbe de destino, tambi\u00e9n se rehus\u00f3 a avocar conocimiento del tr\u00e1mite, y en efecto, propuso la colisi\u00f3n que ahora se resuelve, tras argumentar que la oficina remitente es quien debe asumirlo, pues contrario a lo dicho por \u00e9sta, la empresa interesada s\u00ed tiene una sede en Medell\u00edn \u201cpara el desarrollo de sus actividades y donde justamente, seg\u00fan la literalidad del t\u00edtulo-valor allegado, es el lugar de cumplimiento de las obligaciones reclamadas, adem\u00e1s de ser el domicilio del extremo convocado\u201d3. <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la colisi\u00f3n, llegaron las actuaciones a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer de la mencionada demanda ejecutiva, respecto de la cual, los funcionarios concernidos discuten que foro aplicar, si el general a que alude el numeral primero, el contractual establecido en la pauta tercera invocada por la ejecutante, la relativa al domicilio secundario contemplada en la regla quinta, o el foro privativo de que trata la directriz d\u00e9cima del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del factor territorial, la regla general es la contenida en el numeral primero del art\u00edculo 28 del precitado compendio, que atribuye la competencia de los procesos contenciosos al juez del domicilio del demandado. De forma concurrente, la competencia se atribuye tambi\u00e9n al juzgador del lugar de cumplimiento de las obligaciones, cuando estamos en presencia de procesos originados en un negocio jur\u00eddico, tal como lo indica el numeral tercero del citado canon. <\/p>\n
A su vez, el numeral 5\u00b0 dispone que en los procesos dirigidos contra una persona jur\u00eddica, la atribuci\u00f3n corresponde al juzgador de su asiento principal; no obstante, entrat\u00e1ndose de asuntos vinculados a una sucursal o agencia, ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez designado entre ambas opciones; es decir, el fallador del domicilio primordial o el de la sede que se relacione con la Litis. <\/p>\n
No obstante, como excepci\u00f3n que se impone a esas previsiones legales, la nueva normatividad procesal incorpor\u00f3 una disposici\u00f3n especial en favor de los entes p\u00fablicos (numeral d\u00e9cimo ib\u00eddem), seg\u00fan la cual, \u201c[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad (\u2026) Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d (resaltado a prop\u00f3sito). <\/p>\n
La competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enuncia en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposici\u00f3n del mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en principio, en un proceso que involucre t\u00edtulos ejecutivos, nada obsta para que el ejecutante opte por la atribuci\u00f3n de la competencia de su preferencia, ya sea el domicilio del demandado o el lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, al tratarse de foros concurrentes por elecci\u00f3n; sin embargo, si en dicho litigio, como en el sub lite, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
Ahora bien, si el numeral d\u00e9cimo del precepto 28 ib\u00eddem defiere la competencia al \u201cjuez del domicilio de la respectiva entidad\u201d, es procedente, a la luz de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, acudir al numeral quinto ejusdem, que prev\u00e9 que \u201cen los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u201d (subrayado fuera de texto), present\u00e1ndose as\u00ed una confluencia donde puede el accionante escoger, entre la sede principal o la sucursal o agencia de la entidad p\u00fablica, siempre y cuando el asunto guarde relaci\u00f3n con estas, posibilidad de elecci\u00f3n que no afecta el foro privativo, ya que \u00e9ste no restringe el conocimiento del asunto al juzgador del domicilio principal. <\/p>\n
En este sentido ha dicho la Sala, <\/p>\n
\u201cPor eso, en situaciones como la analizada, se tendr\u00e1 siempre que indagar si la empresa tiene m\u00e1s de un domicilio, y si alguno de ellos est\u00e1 ligado al juicio, porque de ser as\u00ed, el actor es libre de escoger el lugar para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, de suerte que una vez conocida la preferencia del interesado a ella hay que estarse\u201d. Adicionalmente, y no menos importante, mem\u00f3rese que el numeral 10 del art\u00edculo 28 invocado se refiere \u00fanicamente al \u00abdomicilio de la respectiva entidad\u00bb sin ce\u00f1ir la aprehensi\u00f3n del asunto a su \u00abdomicilio principal\u00bb, y donde el legislador no distingue al int\u00e9rprete no le es dable hacerlo\u201d4. <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
Del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con la demanda, como de la informaci\u00f3n de p\u00fablico acceso que puede ser consultada a trav\u00e9s de la internet, se advierte que la convocante es una sociedad comercial de econom\u00eda mixta indirecta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, elementos que indican sin lugar a dudas su naturaleza p\u00fablica5. <\/p>\n
Ahora bien, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por \u201c[l]as sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta\u201d, por lo que es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, el que resulta entonces aplicable. <\/p>\n
Al predicarse respecto de CISA S.A. ese fuero privativo y prevalente establecido en consideraci\u00f3n a su calidad, la demanda ser\u00e1 competencia del juzgado de su domicilio principal, o tambi\u00e9n, el de sus agencias o sucursales, siempre que el asunto est\u00e9 vinculado a una de ellas, evento \u00faltimo que se configura en este caso, habida cuenta que la empresa accionante opt\u00f3 por someter la demanda al reparto de los jueces de Medell\u00edn, donde se ubica la sucursal (u oficina que para estos efectos se asimila a sucursal) en la que fue suscrito el pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n, pacto que exhibe la satisfacci\u00f3n de la relaci\u00f3n exigida entre el conflicto de intereses y la sede de la compa\u00f1\u00eda gestora 6. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte precis\u00f3 en un caso similar al presente que <\/p>\n
\u201ccon respecto a CISA S.A., se debe predicar un fuero privativo, que revela que en los negocios en los que sea parte, el competente es el juez de su vecindad (Bogot\u00e1), pero con el agregado que para desarrollar su objeto se vale de sucursales y agencias, por lo tanto, el juzgador de estas tambi\u00e9n puede resultar facultado para adelantar el proceso, siempre y cuando, la materia en disputa est\u00e9 ligada a una de esas sucursales o agencias, sin que ello implique desconocer la norma de competencia privativa, pues en primer lugar fue la opci\u00f3n escogida por la entidad ejecutante y en segundo lugar, el negocio jur\u00eddico y el t\u00edtulo que sirven de sustento al cobro coercitivo \u2013seg\u00fan la documentaci\u00f3n obrante en el expediente- provienen de la oficina de dicha entidad Comercial en Medell\u00edn -Antioquia-\u201d7. (Negrilla del texto original) (AC4386-2019). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En definitiva, la atribuci\u00f3n corresponde al Juzgado de Medell\u00edn en atenci\u00f3n al citado fuero privativo, morigerado por la existencia de una sucursal u oficina de la demandante en dicha ciudad8, en donde se sign\u00f3 el pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n, originalmente a favor de FINAGRO, y endosado luego a Central de Inversiones S.A. Adem\u00e1s, se informar\u00e1 de esta decisi\u00f3n a la otra autoridad concernida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, corresponde conocer de la acci\u00f3n cambiaria promovida por CENTRAL DE INVERSIONES S.A. frente a FEDERICO ANDR\u00c9S SIERRA RODRIQUEZ, AGR\u00cdCOLA MI CAPI S.A. y SOCIEDAD BANANERA DE OCCIDENTE-SOBANDO S.A.S. <\/p>\n
En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a dicha autoridad, y mediante oficio comun\u00edquese de esta determinaci\u00f3n a la otra autoridad involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Cdno sociedad bananera pdf. <\/p>\n
3 Cdno conflicto de competencia Corte pdf. <\/p>\n
4 CSJ AC2346-2018, citada en AC4386-2019. <\/p>\n
5 Art\u00edculo 1\u00ba, Decreto 4819 de 2007. <\/p>\n
6 Fl. 11 de c 1 a 67 pdf. <\/p>\n
7 CSJ AC 4386 de 9 de octubre de 2019, reiterado en AC314 y AC315 de 4 de febrero de 2020. <\/p>\n