AC103-2021 (2020-03030-00)_1<\/p>\n
<\/p>\n
AC103-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03030-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mi veintiuno <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo Municipal de Saboy\u00e1 y Primero Civil Municipal de Bogot\u00e1, para conocer del juicio de imposici\u00f3n de servidumbre promovido por TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP frente a JULIO VICENTE ORTIZ, ISIDRO MAR\u00cdA P\u00c9REZ ORTIZ y LUIS ALFONSO PI\u00d1ARETE GONZ\u00c1LEZ. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Saboy\u00e1, Boyac\u00e1, Transportadora de Gas Internacional S.A. -ESP- solicit\u00f3 \u201cdecretar la imposici\u00f3n\u201d a su favor de una servidumbre p\u00fablica de conducci\u00f3n de gasoducto y tr\u00e1nsito con ocupaci\u00f3n permanente sobre el predio \u201cLAS BRISAS\u201d, ubicado en la vereda \u201cLa Lajita\u201d del municipio de Saboy\u00e1, y registrado como de propiedad de los demandados. En el libelo inaugural, el conocimiento se atribuy\u00f3 a la referida dependencia judicial, en consideraci\u00f3n a \u201cla ubicaci\u00f3n del bien inmueble en que se ejecuta el derecho real\u2026\u201d1. <\/p>\n
2. La dependencia de origen, por medio de auto de 9 de julio del a\u00f1o pasado, rechaz\u00f3 la demanda y declar\u00f3 su falta de competencia para tramitar el proceso, al advertir que la demandante es una empresa de servicios p\u00fablicos domiciliarios de derecho p\u00fablico con domicilio en Bogot\u00e1, por lo que son los jueces de esa capital los que de manera privativa deben asumir el litigio, de acuerdo con la regla prevista en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso2. <\/p>\n
3. Recibidas las diligencias por el Juzgado Primero Civil Municipal la ciudad de destino, este tampoco acept\u00f3 la atribuci\u00f3n, se\u00f1alando que es en Saboy\u00e1 donde \u201cse encuentra el inmueble objeto de declaratoria de servidumbre y quien sin intermediaci\u00f3n debe llevar a cabo la inspecci\u00f3n judicial conforme la normatividad que lo regula\u2026\u201d. A\u00f1adi\u00f3, que ac\u00e1 son dos las reglas llamadas a determinar la competencia, los numerales s\u00e9ptimo y decimo del art\u00edculo 28 del estatuto procesal, pero que, sin embargo, \u201cpara el presente asunto no resulta aplicable\u201d, pues si bien la demandante es una entidad p\u00fablica, \u201clo cierto es que, el factor subjetivo aplica \u00fanicamente en dos casos, esto es, estados extranjeros y agentes diplom\u00e1ticos, en eventos en los cuales pueden concurrir ante los jueces nacionales acorde a las normas de derecho internacional, circunstancia que en el presente asunto no se evidencia (\u2026) una cosa es el fuero subjetivo dentro del factor territorial, y otro muy distinto es el factor subjetivo, este \u00faltimo inaplicable en el presente asunto (\u2026) finalmente la sociedad demandante NO tiene calidad de sociedad de econom\u00eda mixta, esta calidad solo la tiene EEB y se extiende \u00fanicamente al Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 ESP por ser el socio mayoritario, por lo que este despacho tampoco es competente\u201d.3 <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la colisi\u00f3n, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer del libelo de constituci\u00f3n de servidumbre, respecto del que se discute si, por la naturaleza jur\u00eddica de la accionante, es viable aplicar al mismo el foro privativo al que se refiere el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o si la competencia debe continuar en el juzgador ante el que primero se radic\u00f3, en atenci\u00f3n al foro real. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico: <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cen los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
No obstante, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, cumple precisar que el estatuto procesal asign\u00f3 en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en raz\u00f3n de un fuero o foro real \u201cpor lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo a la calidad del sujeto, \u201cpor el domicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisi\u00f3n de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atenci\u00f3n de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que se\u00f1ala cu\u00e1l de los dos prevalece, pues, el art\u00edculo 29 ejusdem, precept\u00faa que \u201ces prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d4. <\/p>\n
Ahora bien, no puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u201c[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u00bb. <\/p>\n
Tampoco es viable sostener ese otro criterio que privilegia el foro real (28-7) sobre el consagrado por el legislador en raz\u00f3n de la naturaleza de la persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico (28-10), ignorando la regla que el legislador previ\u00f3 para, precisamente, solucionar los casos en los que debe determinarse qu\u00e9 factor o fuero aplicar a un caso concreto. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201cEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposici\u00f3n del mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia. <\/p>\n
La Sala con el prop\u00f3sito de zanjar la discusi\u00f3n frente a casos como el presente, dilucid\u00f3 reci\u00e9nteme en auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia de 24 de enero de 2020 (AC140-2020), que se convierte en indiscutible gu\u00eda para la soluci\u00f3n de este asunto y de todos los dem\u00e1s que en lo sucesivo se presenten, lo siguiente: <\/p>\n
Como se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018), as\u00ed como tambi\u00e9n que \u201cen esta clase de disyuntivas, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa aplicable, dada su mayor estimaci\u00f3n legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido\u201d (AC4798-2018). <\/p>\n
5. El caso concreto <\/p>\n
Del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con la demanda5 y de la informaci\u00f3n que aparece en internet6, se observa que la convocante es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994, con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1, (empresa en la cual el Estado posee por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1)7, tiene el 99.995568% de las acciones8, lo cual indica, sin lugar a dudas, que su naturaleza es p\u00fablica y que su domicilio es la ciudad de Bogot\u00e1, elementos, ambos, que tambi\u00e9n ha venido infiriendo la Corte en AC417-2020, AC718-2020 y AC3559-2020. <\/p>\n
Ahora bien, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por: Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos domiciliarios\u201d, por lo que es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, el que resulta entonces aplicable, y no as\u00ed el que atribuye la competencia en atenci\u00f3n al lugar en donde se encuentran ubicados los bienes. <\/p>\n
Como se evidencia, no le asiste la raz\u00f3n al Juez Primero Civil de la ciudad de Bogot\u00e1, cuando afirma que \u201cla sociedad demandante NO tiene calidad de sociedad de econom\u00eda mixta\u201d, pues si bien, esta no reviste este car\u00e1cter, s\u00ed tiene la condici\u00f3n de empresa p\u00fablica, tal y como se se\u00f1al\u00f3 en p\u00e1rrafos anteriores. Tampoco ser\u00eda posible afirmar, que la competencia es renunciable, pues como lo ha se\u00f1alado la Corte en reiteradas oportunidades, <\/p>\n
en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que \u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018)9. (Subrayado fuera de texto) <\/p>\n
En aras de una explicaci\u00f3n con mayor detalle en cuanto a la naturaleza p\u00fablica de la persona jur\u00eddica que es demandante en el asunto de la referencia, la Sala, en un conflicto de competencia similar (AC AC1911-2019) y, precisamente para remarcar la aplicaci\u00f3n del numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, dijo: <\/p>\n
<\/p>\n
Accionista <\/p>\n
N\u00famero de acciones <\/p>\n
Porcentaje de participaci\u00f3n <\/p>\n
Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A., ESP <\/p>\n
145.396.370 <\/p>\n
99.996% <\/p>\n
Otros <\/p>\n
6.444 <\/p>\n
0,004% <\/p>\n
\u201cAhora, seg\u00fan lo consagrado en el art\u00edculo 14.6 de la Ley 142 de 1994, se considera empresa de servicios p\u00fablicos mixta, \u00abaquella en cuyo capital la Naci\u00f3n, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o \u00e9stas tienen aportes iguales o superiores al 50%\u00bb. <\/p>\n
\u201cPor su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-736 de 2007, al analizar la exequibilidad de los art\u00edculos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998 precis\u00f3 que las empresas de servicios p\u00fablicos mixtas o privadas son entidades descentralizadas: \u00abSi bien el legislador s\u00f3lo considera expl\u00edcitamente como entidades descentralizadas a las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos, es decir a aquellas con un capital cien por ciento (100%) estatal, lo cual har\u00eda pensar que las mixtas y las privadas no ostentar\u00edan esta naturaleza jur\u00eddica, a continuaci\u00f3n indica que tambi\u00e9n son entidades descentralizadas \u201clas dem\u00e1s entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio. As\u00ed las cosas, de manera impl\u00edcita incluye a las empresas de servicios p\u00fablicos mixtas o privadas como entidades descentralizadas, por lo cual la Corte no encuentra obst\u00e1culo para declarar su constitucionalidad\u00bb. <\/p>\n
\u201cEn raz\u00f3n de lo expuesto, no hay duda de que el presente asunto se encuadra dentro de uno de los eventos previstos en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del estatuto procesal vigente, por lo cual el conocimiento del proceso deber\u00e1 asignarse de \u00abforma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
\u201cLo anterior implica que en este particular caso no es dable establecer la competencia atendiendo al \u00ablugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb. Esta postura coincide con la expuesta por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja (Santander), la cual ha sido recientemente reiterada en supuestos similares, donde se superpone la aptitud legal del juez que se fija en atenci\u00f3n a la presencia de entidades p\u00fablicas, respecto de la que consulta la ubicaci\u00f3n del objeto material del juicio en acciones reales y dem\u00e1s causas relacionadas en el n\u00fam. 7 del citado precepto 28 (AC4051-2017, 27 jun. 2017, 2017-01278-00; AC738-2018, 26 feb. 2018, rad. 2017-00171-00, y AC2427 de 18 jun. 2018, rad. 2018-0960-00)\u201d. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como colorario, independiente de que el inmueble denominado \u201cLAS BRISAS\u201d, del que se pretende la constituci\u00f3n de la servidumbre p\u00fablica de conducci\u00f3n de gasoducto, est\u00e9 ubicado en predios de la vereda \u201cLa lajita\u201d del municipio de Saboy\u00e1, en consideraci\u00f3n a que la parte demandante es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico cuyo domicilio es Bogot\u00e1, se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n a la prevalencia establecida en el estatuto procesal civil vigente. <\/p>\n
Por esas razones, se ordenar\u00e1 enviar el expediente al Juzgado Primero Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Primero Civil del Municipal de Bogot\u00e1 corresponde conocer el juicio abreviado de constituci\u00f3n de servidumbre p\u00fablica de conducci\u00f3n de gasoducto, promovido por TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP frente a JULIO VICENTE ORTIZ, ISIDRO MAR\u00cdA P\u00c9REZ ORTIZ y LUIS ALFONSO PI\u00d1ARETE GONZ\u00c1LEZ. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Folios 1 a 6 del c. demanda, exp. digital. <\/p>\n
2 Folio 95 a 99, ib. <\/p>\n
3 Folios 1 a 3. C. conflicto negativo competencia. ib. <\/p>\n
4 Criterio reiterado en CSJ AC 4273-2018 y en CSJ AC 4641 de 2019. <\/p>\n
5 Fls. 49 a 88, c. demanda. ib. <\/p>\n
6 file:\/\/\/C:\/Users\/alber\/Downloads\/Estatutos%20TGI%20(con%20reforma%20Nov%202018).pdf <\/p>\n
7 Referencia, estatutos sociales del Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. E.S.P., Cap\u00edtulo I, par\u00e1grafo, art\u00edculo 2. Documento de p\u00fablico acceso. Estatutos Sociales versio\u0301n marzo 2020.pdf <\/p>\n
9 Ver tambi\u00e9n, AC4659-2018, AC4994-2018, AC009-2019, AC-1082-2019 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC103-2021 (2020-03030-00)_1 AC103-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03030-00 Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mi veintiuno Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo Municipal de Saboy\u00e1 y Primero Civil Municipal de Bogot\u00e1, para conocer del juicio de imposici\u00f3n de servidumbre promovido por TRANSPORTADORA DE […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-52951","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52951","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52951"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52951\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52951"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52951"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52951"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}