ATC015-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
ATC015-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2020-00386-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 23 de noviembre de 2020, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rosalba Gaviria Gonz\u00e1lez frente a los Juzgados Segundo Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito, ambos de Itag\u00fc\u00ed, y la Direcci\u00f3n Administrativa de Autoridad Especial de Polic\u00eda -Integridad Urban\u00edstica de Itag\u00fc\u00ed-; si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora implora la protecci\u00f3n de sus derechos a la \u201cvivienda\u201d e igualdad, presuntamente transgredidos por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
El 19 de noviembre de 2009, Teresa de Jes\u00fas y Jos\u00e9 Libardo C\u00f3rdoba Fl\u00f3rez (vendedores) y la aqu\u00ed accionante (compradora), prometieron en venta los \u201cderechos hereditarios\u201d que ostentaban sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria \u201cN\u00ba 001-363563\u201d, ubicado en la \u201cCalle 83\u00aa #52-24, barrio Santa Mar\u00eda de Itag\u00fc\u00ed\u201d1. <\/p>\n
En el a\u00f1o 2014, la peticionaria promovi\u00f3 decurso de resoluci\u00f3n de contrato contra Teresa de Jes\u00fas y Jos\u00e9 Libardo C\u00f3rdoba Fl\u00f3rez, por el incumplimiento de las obligaciones pactadas en la anotada convenci\u00f3n2. <\/p>\n
Surtidas las etapas de rigor, en providencia de 26 de abril de 2016, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn declar\u00f3 la \u201cnulidad absoluta\u201d de la promesa de compraventa y, asimismo, i) conden\u00f3 a los demandados a pagarle a la tutelante, la suma de $40\u2019000.000; ii) le orden\u00f3 a la petente restituir la propiedad identificada con matr\u00edcula inmobiliaria \u201cN\u00ba 001-363563\u201d, ubicada en la \u201cCalle 83\u00aa #52-24, barrio Santa Mar\u00eda de Itag\u00fc\u00ed\u201d, una vez recibiera el total del dinero; y iii) le reconoci\u00f3 a aqu\u00e9lla \u201cderecho de retenci\u00f3n\u201d sobre el inmueble, hasta tanto se realizara el pago estipulado, por parte del extremo pasivo3. <\/p>\n
Posteriormente, Marcel de Jes\u00fas Hincapi\u00e9 Gonz\u00e1lez inco\u00f3 el juicio materia de esta salvaguarda contra la gestora, con el fin de obtener el dominio del fundo referido y, en consecuencia, lograr su devoluci\u00f3n, petici\u00f3n sustentada en el negocio celebrado con Teresa de Jes\u00fas y Jos\u00e9 Libardo C\u00f3rdoba Fl\u00f3rez, quienes, mediante escritura p\u00fablica \u201cN\u00ba 1301\u201d del 27 de junio de 2015 de la Notar\u00eda Trece del C\u00edrculo de Medell\u00edn, se lo transfirieron a t\u00edtulo de \u201cdaci\u00f3n en pago\u201d para cancelarle la suma de $50\u2019611.000 por concepto de una hipoteca cerrada y los respectivos intereses de mora4. <\/p>\n
En sentencia de 25 de julio de 2018, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed accedi\u00f3 a las pretensiones del demandante y, en consecuencia, le orden\u00f3 a la peticionaria restituir la heredad objeto del litigio5. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n la petente interpuso recurso de apelaci\u00f3n6. <\/p>\n
En providencia de 13 de diciembre de 2018, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, al resolver el remedio vertical, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo7. <\/p>\n
En auto \u201cN\u00ba 11\u201d de 23 de septiembre de 2020, la Direcci\u00f3n Administrativa de Autoridad Especial de Polic\u00eda -Integridad Urban\u00edstica de Itag\u00fc\u00ed-, fij\u00f3 fecha para adelantar dicha actividad, para el 24 de noviembre de 2020, expidiendo el aviso correspondiente para comunicarle a los interesados9. <\/p>\n
El 19 de octubre de 2020, la precursora present\u00f3 \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d a la entidad fustigada, pidi\u00e9ndole la suspensi\u00f3n del desalojo programado10. <\/p>\n
En oficio \u201cN\u00ba 1045\u201d de 9 de noviembre posterior, la autoridad estatal acusada dio respuesta a la misiva de la accionante11. <\/p>\n
El 26 de octubre y 4 de noviembre de 2020, la quejosa radic\u00f3 dos escritos ante el despacho municipal, solicit\u00e1ndole la suspensi\u00f3n de la diligencia de desalojo12. <\/p>\n
Manifiesta la inicialista que \u201c(\u2026) desde el a\u00f1o 2009, hi[zo] mejoras al inmueble (\u2026)\u201d cuestionado y, por tal raz\u00f3n, formul\u00f3 un decurso frente a Marcel de Jes\u00fas Hincapi\u00e9 Gonz\u00e1lez, con el objeto de lograr el reconocimiento del dinero invertido, el cual se tramita en el Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal; no obstante, asevera, los funcionarios enjuiciados ordenaron la entrega del fundo, sin tener en cuenta que \u201c(\u2026) el poseedor no est\u00e1 obligado a restituir, si no se le reembolsa (\u2026)\u201d ese valor13. <\/p>\n
Expresa que radic\u00f3 solicitudes tanto a la Direcci\u00f3n Administrativa de Polic\u00eda como al Juzgado Segundo Civil Municipal, \u201c(\u2026) donde pus[o] en conocimiento [su] derecho de retenci\u00f3n [sobre] el inmueble, hasta que se [le] cancele la indemnizaci\u00f3n y mejoras alegadas, reconocidas por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Medell\u00edn (\u2026)\u201d; sin embargo, a la fecha, no ha recibido respuesta a sus pedimentos14. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, i) disponer la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del bien identificado con matr\u00edcula inmobiliaria \u201cN\u00ba 001-363563\u201d, ubicado en la \u201cCalle 83\u00aa #52-24, barrio Santa Mar\u00eda de Itag\u00fc\u00ed\u201d, programada para el 24 de noviembre de 2020; y ii) reconocer las \u201cmejoras\u201d solicitadas, \u201c(\u2026) demanda que se tramita ante el Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal (\u2026)\u201d15. <\/p>\n
4. El a quo constitucional no accedi\u00f3 al resguardo deprecado, tras estimar que \u201c(\u2026) la realizaci\u00f3n de la diligencia programada para la entrega del inmueble donde habita la accionante, se encuentra permitida por el Consejo Superior de la Judicatura (\u2026)\u201d y, adem\u00e1s, advirti\u00f3 que el tr\u00e1mite comisionado <\/p>\n
\u201c(\u2026) no es sorpresivo para la accionante, toda vez que la orden judicial data de 2018 y con la comunicaci\u00f3n [efectuada] por la autoridad, lo \u00fanico que se acredita es haberle garantizado la oportunidad para que aut\u00f3nomamente procediera a solucionar la necesidad de una nueva vivienda, (\u2026) no existe vulneraci\u00f3n del derecho fundamental por este aspecto, ya que el desalojo en este caso es leg\u00edtimo, se trata de una actuaci\u00f3n consecuencial y de cumplimiento a la decisi\u00f3n judicial conocida por la accionante y por tanto ella misma debe adoptar los remedios para garant\u00eda de sus derechos, sin pretender que sea la autoridad comisionada quien se encargue de ello (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De otra parte, reliev\u00f3, en torno al reclamo de la suplicante al \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d, no observar vulneraci\u00f3n a esa prerrogativa, pues, el 3 de noviembre (\u2026) la Direcci\u00f3n Administrativa de Autoridad Especial de Polic\u00eda del Municipio de Itag\u00fc\u00ed, [lo resolvi\u00f3] negativamente mediante comunicaci\u00f3n del 9 de noviembre de 2020 (\u2026)\u201d16. <\/p>\n
5. La petente impugn\u00f3 con motivos an\u00e1logos a los aducidos en el escrito genitor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Teniendo en cuenta que el reclamo comprende, exclusivamente, a los Juzgados Segundo y Diecis\u00e9is Civiles Municipales, ambos de Itag\u00fc\u00ed, y a la Direcci\u00f3n Administrativa de Autoridad Especial de Polic\u00eda -Integridad Urban\u00edstica- de esa ciudad, el auxilio debi\u00f3 ser conocido por los jueces civiles del circuito de esa localidad, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 1\u00ba del numeral 2\u00b0 del precepto 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 201517, modificado por la regla 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1983 de 30 de noviembre 2017. <\/p>\n
Lo expresado, por cuanto, si bien la querellante integr\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, ning\u00fan reproche elev\u00f3 frente a \u00e9ste, pues lo cierto es, la prenombrada ataca directamente las actuaciones desplegadas con ocasi\u00f3n de la diligencia de entrega del predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria \u201cN\u00ba 001-363563\u201d, ubicado en la \u201cCalle 83\u00aa #52-24, barrio Santa Mar\u00eda de Itag\u00fc\u00ed\u201d, la cual, mem\u00f3rese, fue ordenada por el estrado municipal tutelado, librando para tal fin, el despacho comisorio \u201cN\u00ba 024\/2017\/00694\u201d dirigido a la Alcald\u00eda Municipal de esa ciudad. <\/p>\n
En un caso de similares contornos, conceptu\u00f3 esta colegiatura: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n el presente asunto, a pesar de que la solicitud de amparo se dirigi\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, y que el Tribunal consider\u00f3 que era competente para conocerlo en primera instancia, lo cierto es que al verificar con detenimiento el escrito de tutela, se evidencia que ning\u00fan reproche se le hizo a esa autoridad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En ese orden, conforme a lo se\u00f1alado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, \u201ccuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra un funcionario o corporaci\u00f3n judicial, le ser\u00e1 repartida al respectivo superior funcional del accionado\u201d, de donde se colige que, quien conoci\u00f3 la presente acci\u00f3n en primera instancia, carec\u00eda de competencia para decidirla, en tanto est\u00e1 claro que corresponde a los jueces civiles del circuito tramitar y resolver las tutelas instauradas en contra de los jueces civiles municipales; de ah\u00ed que se configure la causal de invalidez prevista en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por contera, se declarar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que admiti\u00f3 la presente acci\u00f3n, y se ordenar\u00e1 el env\u00edo del expediente de tutela a la Oficina de Reparto para que sea asignada entre los juzgados civiles del circuito de Cali, con el fin de que se asuma el conocimiento de la misma en primera instancia (\u2026)\u201d18. <\/p>\n
En torno a la vinculaci\u00f3n aparente, reliev\u00f3 esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (\u2026)\u201d19. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo atinente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el precepto 4 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual prev\u00e9 acudir a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los presupuestos de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
3. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d20. <\/p>\n
4. En consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir de la admisi\u00f3n de la presente demanda de amparo y se dispondr\u00e1 su remisi\u00f3n inmediata a la Oficina Judicial de Itag\u00fc\u00ed, para ser repartida entre los jueces civiles del circuito de esa localidad, por ser los competentes para conocer de ella en primera instancia. <\/p>\n
En cuanto a la orden impartida, no est\u00e1 dem\u00e1s memorar lo indicado por esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia (\u2026)\u201d21. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo: Se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial de Itag\u00fc\u00ed, para ser repartido entre los jueces civiles del circuito, para lo de su competencia. Of\u00edciese. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante mensaje de datos o correo electr\u00f3nico, lo resuelto en esta providencia a los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 18 al 21; \u201c01 Cuaderno Principal\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1; Cuaderno \u201c07. Memorial del 13 de noviembre\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Folios 90 al 92; Cuaderno \u201c05001-31-03-005-2020-00020-00\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Folios 18 al 25; Cuaderno \u201cnueva prueba\u201d. <\/p>\n
Hipoteca cerrada constituida mediante escritura p\u00fablica \u201cN\u00ba 2266\u201d de 26 de noviembre de 2010 de la Notar\u00eda Trece del C\u00edrculo de Medell\u00edn. <\/p>\n
5\u0002 Folios 26 al 28; Cuaderno \u201cnueva prueba\u201d. <\/p>\n
6\u0002 Cuaderno 17. Apelaci\u00f3n Sentencia. <\/p>\n
7\u0002 Folio 38; Cuaderno 17. Apelaci\u00f3n Sentencia. <\/p>\n
8\u0002 Folios 61 y 62; Cuaderno \u201cExpediente Despacho Comisorio\u201d. <\/p>\n
9\u0002 Folios 1 al 5; Cuaderno \u201cExpediente Despacho Comisorio\u201d. <\/p>\n
10\u0002 Folios 1 al 4; Cuaderno \u201cDerecho de Petici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
11\u0002 Folios 1 al 4; Cuaderno \u201cRespuesta Solicitud\u201d. <\/p>\n
12\u0002 Folios 1 al 4; Cuaderno \u201cOficio N\u00ba 1126\u201d. <\/p>\n
13\u0002 Folio 1; Cuaderno \u201c01. Tutela\u201d. <\/p>\n
14\u0002 Folio 2; Cuaderno \u201c01. Tutela\u201d. <\/p>\n
15\u0002 Folio 3; Cuaderno \u201c01. Tutela\u201d. <\/p>\n
16\u0002 Folios 1 al 16; Cuaderno \u201c020. Sentencia\u201d. <\/p>\n
17\u0002 \u201c(\u2026) Art. 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acci\u00f3n de tutela. Para los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
\u201c1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad p\u00fablica del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, ser\u00e1n repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura\u201d. <\/p>\n
\u201cA los jueces del circuito o con categor\u00edas de tales, le ser\u00e1n repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad p\u00fablica del orden departamental\u201d. <\/p>\n
\u201cA los jueces municipales les ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad p\u00fablica del orden Distrital o municipal y contra particulares\u201d. <\/p>\n
\u201cCuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra un funcionario o corporaci\u00f3n judicial, le ser\u00e1 repartida al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se repartir\u00e1 al superior funcional del juez al que est\u00e9 adscrito el fiscal\u201d. <\/p>\n
\u201cLo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, secci\u00f3n o subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente cap\u00edtulo\u201d. <\/p>\n
\u201cCuando se trate de autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se aplicar\u00e1 lo dispuesto en el numeral 1\u00ba del presente art\u00edculo\u201d. <\/p>\n
\u201cPar\u00e1grafo. Si conforme a los hechos descritos en la solicitud de tutela el juez no es el competente, este deber\u00e1 enviarla al juez que lo sea a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de su recibo, previa comunicaci\u00f3n a los interesados\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este caso, el t\u00e9rmino para resolver la tutela se contar\u00e1 a partir del momento en que sea recibida por el juez competente (\u2026)\u201d (Se resalta). <\/p>\n
18\u0002 CSJ. Civil. ATC de 26 de abril de 2012, Rad.. 2012-00127-01. <\/p>\n
19\u0002 CSJ ST 24 de julio de 2007, Rad. No. 00156-01, y 17 de agosto de 2011, Rad. No. 2011-00430-01. <\/p>\n
20\u0002 CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01. <\/p>\n
21\u0002 CSJ. ATC de 16 de julio de 2010, exp. 81001-22-08-000-2010-00022-01; reiterado el 9 de agosto de 2010, exp. 63001-22-14-000-2010-00064-01; y el 28 de febrero de 2014, exp. 08001-22-13-000-2013-00648-01. <\/p>\n
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ATC015-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA ATC015-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2020-00386-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021) Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 23 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-52959","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52959","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52959"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52959\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52959"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52959"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52959"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}