ATC016-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
ATC016-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2020-00171-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de noviembre del 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por los menores Natalia Castro Nabas, Katherine Garrido Navas, Adriana Luc\u00eda Perdomo Oliveros, Juan Felipe Jauregui Garc\u00eda, Laura Dayana Cruz Navas, Andr\u00e9s Felipe Espitia Lozano, Luis Miguel Cruz Navas, Sara Valentina Verj\u00e1n Hern\u00e1ndez, Sergio Andr\u00e9s Verj\u00e1n Hern\u00e1ndez, Daniel Fernando Rodr\u00edguez Vargas, Camilo Rodr\u00edguez Vargas, Juan Esteban Saavedra Toledo, Ana Lucia Leal Perdomo, Salom\u00e9 Saavedra Toledo, Luciana Toledo Toledo, Isabella Cabrera Gahona, Juan David Quintero Porras, Laura Sof\u00eda Quintero Porras, Samuel Perdomo Sogamoso, Miguel \u00c1ngel Quintero Porras, Johan Esteban L\u00f3pez Mu\u00f1oz, Issa Natalia L\u00f3pez Mu\u00f1os, Alan Mart\u00edn Marroqu\u00edn Perdomo, Los Mayores De Edad Amparo Galindo De Garc\u00eda, Ana Mar\u00eda Rojas Quintero, Leyla Marleny Rinc\u00f3n Trujillo, Jorge Ram\u00edrez Alvira, Juan Diego Amaya Palencia, Juan David Bola\u00f1os Hern\u00e1ndez, Caren Daniela Mart\u00ednez Mar\u00edn, Luz \u00c1ngela D\u00edaz Hurtado, Miguel Casallas Mora, Viviana Cruz Navas, Yina Marcela Suarez Campos, y, Diego Armando Miranda Soto, contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Alto Magdalena, la Gobernaci\u00f3n del Huila, y, la Alcald\u00eda de la memorada ciudad, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la vida \u00abdigna\u00bb, a la salud, a la \u00abalimentaci\u00f3n\u00bb, al \u00abagua\u00bb, y a \u00abgozar de un ambiente sano\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas, con las acciones tomadas en torno de las microcuentas la Barrialosa y el Chaparro que configuran en el humedal el Chaparro. <\/p>\n
Por tal motivo, pretenden que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, para i) \u00ab[d]eclarar que el Humedal natural El Chaparro (Los Colores) es Sujeto Especial de Derechos para su protecci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n con enfoque integral\u00bb; ii) ordenar \u00aba las entidades y autoridades accionadas con la intervenci\u00f3n y participaci\u00f3n efectiva de los accionantes, la elaboraci\u00f3n de un Plan Conjunto de Recuperaci\u00f3n, Manejo, Mantenimiento y Conservaci\u00f3n de las microcuentas [citadas] (\u2026) con detalles de tiempos y responsables para la implementaci\u00f3n de cada una de las acciones acordadas a seguir (\u2026)\u00bb; iii) ordenar al Departamento del Huila, a la Asamblea Departamental, a la Alcald\u00eda de Neiva y al Concejo Municipal de esa localidad, \u00abincluir en sus planes de Desarrollo e Inversiones, las partidas presupuestales necesarias con destino a financiar el Plan Conjunto de Recuperaci\u00f3n, Manejo, Mantenimiento y Conservaci\u00f3n del Humedal Natural El Chaparro (\u2026) a fin de armonizar el Plan Nacional de Desarrollo Presentado por el Gobierno Nacional (\u2026) y en coordinaci\u00f3n con los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regal\u00edas (\u2026)\u00bb; iv) ordenar a la Presidencia de la Rep\u00fablica, que \u00aben un t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas le ordene al Director del Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica (DANE) (\u2026) que le solicite al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, el establecimiento de los l\u00edmites actualizados [d]el Humedal El Chaparro (\u2026) y la elaboraci\u00f3n de los planos correspondientes\u00bb; v) ordenar \u00abla conformaci\u00f3n de un grupo de seguimiento al cumplimiento y la gesti\u00f3n de las directrices y decisiones que se adopten en la decisi\u00f3n y las que se tomen en el Plan Conjunto de Recuperaci\u00f3n, Manejo, Mantenimiento y Conservaci\u00f3n del Humedal El Chaparro, compuesto por los accionantes, representantes de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y las organizaciones ambientales\u00bb; vi) ordenar al Alcalde y al Concejo Municipal de Neiva, que \u00aben un plazo de seis (6) meses actuali[cen] el Plan de Ordenamiento Territorial, en lo pertinente, el cual contendr\u00e1 un plan de acci\u00f3n de protecci\u00f3n del Humedal El Chaparro\u00bb; vii) ordenar a la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Alto Magdalena y al citado ente territorial, \u00abrecategorizar el Humedal El Chaparro en la categor\u00eda que t\u00e9cnicamente corresponda dentro del tipo Humedal Continental\u00bb; viii) ordenar a todas las autoridades convocadas, que \u00abdentro de los cinco (5) meses siguientes a la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n, con la participaci\u00f3n activa de los tutelantes (\u2026) y la poblaci\u00f3n interesada en general, se adelante la construcci\u00f3n de un \u201cpacto intergeneracional por la vida del Humedal El Chaparro PIVHCH\u201d\u00bb; y, ix) ordenar a la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Alto Magdalena y al memorado ente territorial, \u00abla suspensi\u00f3n, de manera inmediata, de cualquier intervenci\u00f3n en el ecosistema del Humedal Natural El Chaparro, el otorgamiento de permisos y licencias de intervenci\u00f3n, hasta tanto se establezca[n] los l\u00edmites [geogr\u00e1ficos] (\u2026) y realizar en un plazo de dos (2) meses a partir de la notificaci\u00f3n del fallo, un plan de acci\u00f3n que contrarreste la presi\u00f3n sobre el humedal\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja exponen en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que son un grupo de 23 infantes y 12 adultos que residen en Neiva, ciudad con \u00abmayor riesgo por Cambio Clim\u00e1tico\u00bb, lo que a la postre, por su \u00abesperanza de vida de 78 a\u00f1os en promedio\u00bb los afecta, en gran medida por el \u00abaumento de la temperatura (\u2026) y un cambio en el r\u00e9gimen de precipitaciones con mayor exceso de 16,52% en el periodo 2011-2040\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abse requiere un sistema de amortiguamiento para los excesos de lluvias que se ver\u00eda afectado con la perdida de las microcuencas de la Barriolosa y el Chaparro que conforma el humedal natural el Chaparro (Los Colores)\u00bb ubicadas en la mentada urbe, cuerpo h\u00eddrico este \u00faltimo que \u00abes un lago artificial resultado de la intervenci\u00f3n, sin autorizaci\u00f3n de las autoridades, y uni\u00f3n los espejos de agua de la microcuenca La Barrialosa y la microcuenca el Chaparro\u00bb, el cual ha tenido una fuerte presi\u00f3n urban\u00edstica, quedando 7 hect\u00e1reas no urbanizadas, pero en propiedad de las constructoras Santa Luc\u00eda S.A.S. y Proyecont Ltda. <\/p>\n
Se\u00f1alan que aunque no solo la Asamblea Departamental del Huila \u00abdeclar[\u00f3] de inter\u00e9s p\u00fablico y patrimonio ambiental los humedales que se encuentran en el per\u00edmetro urbano y zona Rural\u00bb de Neiva, sino que el citado municipio en su plan de ordenamiento territorial \u00abse comprometi\u00f3 a proteger y preservar los humedales, declar\u00e1ndolos como un elemento natural del espacio p\u00fablico, protegi\u00e9ndolos de la disposici\u00f3n de escombros\u00bb, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Alto Magdalena \u2013CAM, expidi\u00f3 la licencia ambiental No. 868 de 1999 que dio lugar a la \u00abdestrucci\u00f3n de[l] (\u2026) ecosistema\u00bb, habida cuenta de la urbanizaci\u00f3n de la zona, entre otras, con Caminos del Oriente. <\/p>\n
Indican que de acuerdo a la visita de campo realizada el 2 de mayo de 2019 por el Grupo de Gesti\u00f3n Ambiental del Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad Surcolombiana, se determin\u00f3 que las autoridades ambientales tienen un \u00abplan para desecar (\u2026) [el humedal]\u00bb habida cuenta la \u00abausencia de coherencia (\u2026) en la conservaci\u00f3n de las fuentes de agua\u00bb, puesto que se \u00abobserv\u00f3 una tuber\u00eda (\u2026) por la cual sal\u00eda agua cristalina e inolora y con direcci\u00f3n al humedal, lo que predice una redirecci\u00f3n del auto que permanece en el humedal\u00bb; a m\u00e1s que las quemas del \u00abbosque tropical\u00bb se han incrementado recientemente, circunstancias todas, que aseguran, lesionan las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva neg\u00f3 el resguardo suplicado, tras advertir que \u00ablos requisitos planteados por la Corte Suprema de Justicia, para la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de amparo, no se encuentran debidamente acreditados, pues aunque existe conexidad entre los derechos colectivos al medio ambiente sano y el derecho a la vida de los accionantes, no se evidencia una vulneraci\u00f3n o amenaza, cierta, real, inminente, que requiera de medidas urgentes para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas individuales de los actores, debido a que la presunta transgresi\u00f3n se sostiene en planteamientos hipot\u00e9ticos\u00bb; a m\u00e1s que los interesados \u00abno demostraron la falta de idoneidad de la acci\u00f3n popular, para proteger los derechos colectivos que consideran vulnerados o amenazados, pues la sola afirmaci\u00f3n de la conexidad de estos derechos con sus garant\u00edas iusfundamentales, no desvirt\u00faa la eficacia de este mecanismo, que adem\u00e1s contempla la posibilidad de solicitar la pr\u00e1ctica de medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
4. Impugnada la sentencia por los actores, fue remitida a esta Corte para lo pertinente, a trav\u00e9s del correo institucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. De manera que, si ninguna acusaci\u00f3n espec\u00edfica materializ\u00f3 la parte aqu\u00ed interesada en torno a aqu\u00e9llas autoridades del orden nacional, no resulta jur\u00eddico enlazarlas a este tr\u00e1mite; con otras palabras, no obstante describir los cargos por cuenta de los que se produjo la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de los aqu\u00ed actores, de ninguna manera le endilgan cargos directos a las presuntas accionadas, por lo que se observa que la vinculaci\u00f3n de las autoridades aludidas, es infundada, y por lo tanto su convocatoria a la presente acci\u00f3n resulta apenas aparente. <\/p>\n
3. Cumple precisar al efecto, que de acuerdo con lo preceptuado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, modificado por el Decreto 1983 de 2017 \u00ablos hechos descritos en la solicitud de tutela\u00bb son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas logran cabal desarrollo a partir la descripci\u00f3n f\u00e1ctica indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que se exponga aisladamente el motivo de su convocatoria, como se hizo en este caso, para que de esa manera, inapropiadamente, los gestores del amparo var\u00eden el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja; de otro modo, se radicar\u00eda esa facultad solamente con estribo en la clase de demandado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales. <\/p>\n
4. En tales condiciones, como los hechos del escrito de tutela \u00fanicamente involucran la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Alto Magdalena, la Gobernaci\u00f3n del Huila y la Alcald\u00eda de Neiva, la primera ente corporativo con car\u00e1cter p\u00fablico, dotada de autonom\u00eda administrativa y financiera, patrimonio propio y personer\u00eda jur\u00eddica1, y los otros, son autoridades del orden departamental y municipal todos con relaci\u00f3n directa en punto del manejo del mentado humedal, el juez constitucional de primer grado, carec\u00eda de competencia para decidirla, de conformidad con lo ordenado en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 20172 que, se sabe, asign\u00f3 esa potestad, en primera instancia, en este caso a los Jueces Municipales. <\/p>\n
Esta Sala de tiempo atr\u00e1s ha destacado, que \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC139-2020). <\/p>\n
5. En consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, por lo se ordenar\u00e1 remitir el expediente a los Juzgados Municipales de Neiva-reparto, para su conocimiento. <\/p>\n
6. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n ha precisado de tiempo atr\u00e1s, que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (CSJ ATC886-2020). <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 6 de noviembre de 2020, mediante el cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a los Juzgados Municipales o de igual categor\u00eda de Neiva reparto, con el fin de que se realice la concerniente asignaci\u00f3n y se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 Art. 23 Ley 99 de 1993. <\/p>\n
2 Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales. <\/p>\n
<\/p>\n
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