ATC017-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC017-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-21-000-2020-00039-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil veinte (2020) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2020, emitida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en la tutela instaurada por Andr\u00e9s Felipe Collazos Id\u00e1rraga contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Gobernaci\u00f3n del Valle y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n. No obstante, en la actuaci\u00f3n surtida se advierte una causal de nulidad que afecta la actividad desplegada, como a continuaci\u00f3n se procede a explicar. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El tutelante implora la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, presuntamente transgredidos por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como sustento de su queja, manifiesta que el Hospital Universitario del Valle \u2013 HUV se neg\u00f3 a efectuar un procedimiento quir\u00fargico en su nariz y, como consecuencia de dicha omisi\u00f3n, hoy padece graves consecuencias cerebrales irreversibles, encontr\u00e1ndose en una situaci\u00f3n de discapacidad del 75%, la cual lo obliga a contar con una enfermera las 24 horas del d\u00eda de por vida. <\/p>\n
Refiere que solicit\u00f3 un beneficio econ\u00f3mico a la Presidencia de la Rep\u00fablica el cual le fue negado, siendo redireccionada su petici\u00f3n a la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar \u201c(\u2026) al Estado de Colombia (\u2026) dar[l]e cada mes $14.980.000 (\u2026)\u201d, para cubrir sus gastos de alimentaci\u00f3n y vivienda, hasta que reciba la indemnizaci\u00f3n correspondiente como sujeto de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
4. Mediante providencia de 6 de noviembre de 2020, la mencionada Corporaci\u00f3n, admiti\u00f3 el resguardo y dispuso comunicar la actuaci\u00f3n a los sujetos interesados. <\/p>\n
5. El 18 de noviembre de 2020, el tribunal a-quo neg\u00f3 el amparo contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Departamento de Prosperidad Social, la Gobernaci\u00f3n del Valle y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n. No obstante, ampar\u00f3 los derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas del se\u00f1or Andr\u00e9s Felipe Collazos Id\u00e1rraga, disponiendo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tercero. Ordenar al Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n Municipal de Santiago de Cali, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia, entreviste y aplique al se\u00f1or Andr\u00e9s Felipe Collazos Id\u00e1rraga, la encuesta del Sisb\u00e9n. Cuarto. Ordenar a la Secretaria de Salud Municipal de Santiago de Cali, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contados desde la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, y atendiendo el resultado de la aplicaci\u00f3n del Sisb\u00e9n, le brinde la afiliaci\u00f3n requerida para garantizar la prestaci\u00f3n del servicio de salud al se\u00f1or Collazos Id\u00e1rraga. Quinto. Ordenar a la Secretar\u00eda de Bienestar Social de la Alcald\u00eda de Santiago de Cali, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, en el marco de sus competencias y atendiendo el resultado de la aplicaci\u00f3n del Sisb\u00e9n, le preste el acompa\u00f1amiento necesario para que, de ser el caso, logre su inclusi\u00f3n en los programas sociales instituidos para la poblaci\u00f3n vulnerable (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6. La Alcald\u00eda de Santiago de Cali present\u00f3 impugnaci\u00f3n, la cual le fue concedida para que fuera desatada por esta Sala. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del examen del caso planteado, se colige la ausencia de competencia de Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para desatar el resguardo incoado por Andr\u00e9s Felipe Collazos Id\u00e1rraga contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Gobernaci\u00f3n del Valle y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, por tratarse de entidades p\u00fablicas del orden departamental y nacional. <\/p>\n
2. Ciertamente, la queja se orienta a censurar las posibles omisiones de las entidades rese\u00f1adas, por no autorizar el apoyo econ\u00f3mico reclamado por el tutelante, al haber padecido la presunta negligencia m\u00e9dica por parte del Hospital Universitario del Valle \u2013 HUV. <\/p>\n
3. La acci\u00f3n de tutela como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del referido derecho fundamental, dentro de las cuales se contempla que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, tal como lo disponen los c\u00e1nones 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017. <\/p>\n
4. Bajo ese supuesto, advierte la Corte, en el presente caso, el reclamo no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica del Presidente de la Rep\u00fablica, en virtud de la cual se habilitara al Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para conocer del auxilio en primera instancia, por cuanto la tutela no se dirige contra alguna actuaci\u00f3n desplegada por \u00e9l sino frente a actos procedentes de organismos del sector central de la administraci\u00f3n p\u00fablica del orden nacional. <\/p>\n
Sobre la \u201cqueja aparente\u201d contra el Presidente de la Rep\u00fablica, la Sala precis\u00f3: <\/p>\n
\u201cAl revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Sala la falta de competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que como la pretensi\u00f3n cardinal se circunscribe a que se ordenen las \u00abtransferencias\u00bb de los recursos del Sistema General de Participaciones para Resguardos Ind\u00edgenas AESGPRI, a favor de la Comunidad Wounaan Uni\u00f3n Agua Clara del R\u00edo Bajo San Juan del municipio de Buenaventura, tal reclamo no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica del Presidente de la Rep\u00fablica, que habilitar\u00eda para conocer del auxilio a esa corporaci\u00f3n en las condiciones en que lo hizo. <\/p>\n
En efecto, con sujeci\u00f3n a lo previsto en los art\u00edculos 356 y 357 de la Carta Pol\u00edtica, la Naci\u00f3n transfiere recursos a las entidades territoriales para la financiaci\u00f3n de los servicios asignados conforme a la Ley 715 de 2001, complementada por los Decretos 1953 y 2719 de 2014, en donde se definieron los par\u00e1metros y los procedimientos para que los resguardos ind\u00edgenas registrados ante el Ministerio del Interior, acrediten experiencia y buenas pr\u00e1cticas para la administraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de tales dineros entregados por el Departamento de Planeaci\u00f3n Nacional \u2013 DNP, y su implementaci\u00f3n fue radicado en cabeza de la Direcci\u00f3n de Desarrollo Territorial Sostenible. <\/p>\n
De ah\u00ed que en ese proceso no hay intervenci\u00f3n directa del Presidente de la Rep\u00fablica, pues es sabido que frente a la reglamentaci\u00f3n normativa o emisi\u00f3n de actos administrativos, \u00e9l participa como parte del Gobierno Nacional constituido, conforme a lo contemplado por la Constituci\u00f3n Nacional, conjuntamente con el Ministro o el Director de Departamento correspondiente (art\u00edculo 115), estando a cargo de estos \u00faltimos la representaci\u00f3n de la entidad, \u00f3rgano u organismo estatal (art. 159), advirtiendo que la representaci\u00f3n legal de la Presidencia de la Rep\u00fablica, no se radica en el Presidente sino en el Director de ese Departamento Administrativo (Ley 3\u00aa de 1898; Decreto 133 de 1956; Ley 489 de 1998 y Decreto 179 de 2019). <\/p>\n
Entonces, la vinculaci\u00f3n aparente emerge porque la tutela no se dirige contra alguna actuaci\u00f3n desplegada por el Presidente de la Rep\u00fablica, sino contra actos emanados de otras entidades del sector central de la administraci\u00f3n p\u00fablica del orden nacional y conforme a las funciones legalmente atribuidas a sus funcionarios, lo que excluye el conocimiento del amparo aludido en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 (…)\u201d.1 <\/p>\n
5. En ese orden, al tenor de lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el precepto 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali no era el llamado a conocer la petici\u00f3n de amparo y emitir el fallo impugnado. Seg\u00fan qued\u00f3 evidenciado, el reproche se encuentra enfilado contra autoridades o entidades p\u00fablicas del orden nacional, correspondiendo su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda. <\/p>\n
6. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, alusivo a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
7. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insanable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d2. <\/p>\n
8. De conformidad con lo discurrido, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la presente demanda constitucional y se dispondr\u00e1 su remisi\u00f3n a los jueces civiles del circuito de Cali -reparto, competentes para conocer de ella en primera instancia. <\/p>\n
En cuanto a la orden impartida, no est\u00e1 dem\u00e1s memorar lo indicado por esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
9. Sin perjuicio de lo anterior, en aras de proteger los intereses constitucionales del tutelante, y, evitar la consolidaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, emerge imperativo decretar, como medida cautelar, la orden de tutela proferida el 18 de noviembre de 2020, por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tal como qued\u00f3 transcrita en este pronunciamiento, en el numeral 5 del ac\u00e1pite de los antecedentes. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado en la acci\u00f3n de tutela promovida por Andr\u00e9s Felipe Collazos Id\u00e1rraga contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Gobernaci\u00f3n del Valle y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, a partir del auto admisorio, proferido por Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo: Por lo tanto, se ordena remitir el expediente jueces civiles del circuito de Cali -reparto, para lo de su competencia. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Decretar como medida cautelar, la orden de tutela proferida el 18 de noviembre de 2020, por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tal como qued\u00f3 transcrita en este pronunciamiento, en el numeral 5 del ac\u00e1pite de los antecedentes. Rem\u00edtase copia de esta decisi\u00f3n a los accionados. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto a la Corporaci\u00f3n de origen y a las partes mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 CSJ ATC1275-2019, ago. 15 de 2019, rad. 2019-00176-01 <\/p>\n
2 CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01. <\/p>\n
3 CSJ. ATC de 16 de julio de 2010, exp. 81001-22-08-000-2010-00022-01; reiterado el 9 de agosto de 2010, exp. 63001-22-14-000-2010-00064-01; y el 28 de febrero de 2014, exp. 08001-22-13-000-2013-00648-01. <\/p>\n
<\/p>\n
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