ATC020-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC020-2020 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2020-00257-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre las solicitudes de \u00abadici\u00f3n y complementaci\u00f3n\u00bb, y, \u00abaclaraci\u00f3n y de control de legalidad\u00bb, presentadas por el apoderado judicial de Blanca Doris Reyes de Lara, aqu\u00ed accionante, respecto del fallo de tutela de segunda instancia proferido por esta Corporaci\u00f3n el pasado 9 de diciembre, mediante el cual se confirm\u00f3 la sentencia constitucional del 9 de noviembre de 2020, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que deneg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora reclam\u00f3 el amparo constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la Superintendencia de Sociedades-Intendencia Regional de Cali, con ocasi\u00f3n de los autos del 31 de agosto y 23 de septiembre de 2020, mediante los cuales aqu\u00e9lla desestim\u00f3 la solicitud de nulidad que promovi\u00f3 dentro del proceso de liquidaci\u00f3n judicial de la sociedad Mendoza Salazar SAS, pues, en su criterio, se desconoci\u00f3 que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 63 de la Ley 1116 de 2006, el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n judicial termina con la ejecutoria de la decisi\u00f3n de adjudicaci\u00f3n de los activos del deudor; y, que en virtud de lo previsto en el numeral 6\u00ba del canon 58 de la citada disposici\u00f3n legal, los acreedores adquieren el dominio de los bienes con la adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En providencia del 9 de noviembre de 2020, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali desestim\u00f3 la salvaguarda deprecada, tras advertir que no hubo desatino en las decisiones cuestionadas, habida cuenta que \u00abla providencia mediante la cual se adjudica bienes a los acreedores termina el proceso eventualmente cuando no hay m\u00e1s bienes que adjudicar, aunado a que la decisi\u00f3n adoptada por el juzgador no sea controvertida por las partes, situaci\u00f3n que no se ve que ocurri\u00f3 en este asunto, pues se conoce que las AFP acreedoras Porvenir y Protecci\u00f3n renunciaron a la adjudicaci\u00f3n, es decir, que la actuaci\u00f3n siguiente era que se adjudique los bienes a los acreedores restantes y adem\u00e1s estaba pendiente que la liquidadora presente la rendici\u00f3n de cuentas finales de su gesti\u00f3n (Art. 59 Ley 1116 de 2006); en ese estado, una de las acreedoras puso en conocimiento del intendente que uno de los inmuebles adjudicados su folio de M.I. se encontraba cerrado porque \u00e9l se desenglob\u00f3 en 3 predios con sus respectivos F.M.I. y posteriormente estos a su vez, fueron desenglobados en 60 predios m\u00e1s, incurriendo en varias valoraciones de una misma extensi\u00f3n de tierra, raz\u00f3n por la cual el Intendente Regional haciendo uso del control de legalidad (Art. 132 C.G.P.), dej\u00f3 sin valor la providencia mediante la cual adjudicaron los bienes para corregir el error que se hab\u00eda cometido\u00bb. <\/p>\n
3. Esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, en sentencia del 9 de diciembre siguiente confirm\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, tras advertir que \u00abla Superintendencia de Sociedades -Intendencia Regional de Cali, ultim\u00f3 que si bien el art\u00edculo 63 de la Ley 1116 de 2006 establece que, el proceso de liquidaci\u00f3n judicial culmina con la ejecutoria de la providencia de adjudicaci\u00f3n, lo cierto es que, en armon\u00eda con los dem\u00e1s preceptos integrantes de dicha normatividad y la finalidad del juicio concursal que es la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito, lo cierto es que los pleitos de esta naturaleza no se finiquitan con aquella determinaci\u00f3n, porque en situaciones como la que sucedi\u00f3 en el sub examine, en el que uno de los predios adjudicados no exist\u00eda jur\u00eddicamente, era necesaria la intervenci\u00f3n del juez concursal para conjurar la eventual lesi\u00f3n que pod\u00eda generarse en contra de los acreedores, cuyos cr\u00e9ditos estaban en riesgo de no ser satisfechos por esa desatenci\u00f3n al momento de relacionar los activos de la sociedad en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
De lo anterior, surge evidente que lo planteado por la gestora, es, ni m\u00e1s, ni menos, un ataque frontal a la interpretaci\u00f3n y resoluci\u00f3n que del caso en concreto hizo el Despacho accionado, lo cual -en criterio de la accionante- result\u00f3 desacertado, pues debi\u00f3 concluir, sin m\u00e1s, que el proceso de liquidaci\u00f3n cuestionado hab\u00eda terminado con la ejecutoria del auto que adjudic\u00f3 los bienes de la masa concursal a los acreedores, aun cuando ello pudiera afectar la recuperaci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos, conclusi\u00f3n que tal y como lo dej\u00f3 sentado el estrado atacado no se compadece con la finalidad de los tr\u00e1mites concursales. <\/p>\n
Y de cara a ese reclamo, se impone recordar que en la tarea de apreciar materialmente las pruebas y de interpretar las disposiciones legales, los jueces de instancia gozan de una discreta autonom\u00eda que no puede ser desconocida en esta sede, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que en el sub examine las resultas de esa ponderaci\u00f3n jur\u00eddica no pueden calificarse de abiertamente contraevidentes o absurdas\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, se consider\u00f3 que \u00abaunque el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991 establece, que si la autoridad encartada no rinde el informe que el juez de tutela le solicite, \u2018se tendr\u00e1n por ciertos los hechos\u2019, esto no significa que por esa sola raz\u00f3n deba necesariamente accederse a lo que busca la promotora, pues aqu\u00e9lla es apenas una presunci\u00f3n que puede derruirse por cualquiera de los elementos demostrativos allegados al expediente, como los que en este caso finalmente se arribaron ante el a quo constitucional, y que dan cuenta que la autoridad jurisdiccional convocada no incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo con lo resuelto\u00bb. <\/p>\n
4. El apoderado judicial de la aqu\u00ed interesada, mediante correo electr\u00f3nico recibido por este Despacho el 16 de diciembre de 2020, solicit\u00f3, de un lado, la \u00abadici\u00f3n y complementaci\u00f3n\u00bb del fallo memorado, para que \u00abse ordene investigar ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, si el [funcionario accionado], Carlos Andr\u00e9s Arcila Salazar, mediante su escrito de fecha Noviembre 11 de 2020 (consecutivo 620-001662), por medio del cual solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n y\/o complementaci\u00f3n de la Sentencia de tutela de 1a instancia\u00bb incurri\u00f3 en los delitos de \u00abfraude procesal\u00bb e \u00abinstigaci\u00f3n a delinquir\u00bb; y de otro lado, pidi\u00f3 la \u00abaclaraci\u00f3n y control de legalidad\u00bb del pronunciamiento referido, ya que, insiste, la entidad accionada omiti\u00f3 contestar la demanda de amparo e indujo en \u00aberror\u00bb tanto al Tribunal Superior de Cali como a la Corte, por lo que, en consecuencia, se deben \u00abpresumir ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n\u00bb, al tenor de lo dispuesto en los \u00abart\u00edculos 19 y 20 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En virtud de los art\u00edculos 285 a 287 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables al tr\u00e1mite de la tutela por la remisi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, la providencia emitida en sede de tutela es susceptible de i) aclaraci\u00f3n cuando existan \u00abconceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella\u00bb (resalta la Sala); ii) correcci\u00f3n en el evento en que \u00abse haya incurrido en un error puramente aritm\u00e9tico\u00bb o en aquellos \u00abcasos de error por omisi\u00f3n o cambio de palabras o alteraci\u00f3n de \u00e9stas, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella\u00bb; y iii) adici\u00f3n en tanto se \u00abomita la resoluci\u00f3n de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
2. Conforme a lo dispuesto en los preceptos antes transcritos, y luego de examinar las consideraciones en las que se hizo consistir la presente solicitud, la Sala evidencia que, b\u00e1sicamente, las razones que tuvo esta Corporaci\u00f3n para negar el amparo constitucional deprecado por la se\u00f1ora Blanca Doris Reyes de Lara, se explicitaron en forma clara y concreta en la providencia respecto de la que se est\u00e1 solicitando la \u00abcomplementaci\u00f3n\u00bb y \u00abaclaraci\u00f3n\u00bb, sin que se omitiera la resoluci\u00f3n de alg\u00fan punto materia de la queja constitucional incoada. Adem\u00e1s, dentro del tr\u00e1mite censurado no se encontr\u00f3 motivo o actuaci\u00f3n alguna por la que la entidad accionada tuviera que ser investigada penalmente, ahora, si la gestora insiste en que el funcionario acusado incurri\u00f3 en los delitos de \u00abfraude procesal\u00bb e \u00abinstigaci\u00f3n a delinquir\u00bb, es su deber denunciarlo ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y aportar las pruebas que estime pertinente sobre el particular, pues tal y como lo ha precisado de tiempo atr\u00e1s la Sala, \u00absi el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC084-2020). <\/p>\n
3. Se establece, por tanto, que en el caso sub judice no hacen presencia los supuestos f\u00e1cticos a que aluden las apuntadas normas, situaci\u00f3n que impide entonces acceder a lo solicitado, am\u00e9n que la Corte en la determinaci\u00f3n del pasado 9 de diciembre exterioriz\u00f3 de manera puntual los motivos que la llevaron a concluir que no existi\u00f3 la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda invocada, en tanto que, a ciencia cierta, en los autos cuestionados la Superintendencia de Sociedades-Intendencia Regional de Cali no incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo. <\/p>\n
4. Por otra parte, en cuanto al pedimento de \u00abcontrol de legalidad\u00bb respecto de la sentencia de tutela de segunda instancia dictada en el presente tr\u00e1mite -STC11281-2020, se le advierte al memorialista que en virtud de los art\u00edculos 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991, el \u00fanico mecanismo procedente frente a la providencia que resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo de primer grado es la \u00abeventual revisi\u00f3n\u00bb ante la Corte Constitucional, raz\u00f3n por la cual, se rechazar\u00e1 por improcedente aquella petici\u00f3n. <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s consideraciones sobre el particular por innecesarias, se negar\u00e1 las solicitudes de \u00abcomplementaci\u00f3n\u00bb y aclaraci\u00f3n suplicadas. De otro lado, se rechazar\u00e1 por improcedente la petici\u00f3n de \u00abcontrol de legalidad\u00bb formulada frente al fallo de tutela de segunda instancia dictado dentro del presente asunto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, NIEGA la \u00abcomplementaci\u00f3n\u00bb y aclaraci\u00f3n reclamadas respecto de la sentencia STC11281-2020 dictada el 9 de diciembre de 2019. De otra parte, se RECHAZA por improcedente la solicitud de \u00abcontrol de legalidad\u00bb formulada frente a dicho pronunciamiento. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
8 <\/p>\n
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