ATC039-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC039-2020 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00188-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintiuno (2021)-. <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villeta, perteneciente al Distrito Judicial de Cundinamarca, y, el Juzgado Cincuenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, adscrito al Distrito capital. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La se\u00f1ora Clara In\u00e9s Algeciras Buitrago present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de la Secretar\u00eda de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, por considerar que sus prerrogativas fundamentales al \u00abBUEN NOMBRE\u00bb, a la \u00abHONRA\u00bb, al debido proceso y a la defensa, que le fueron quebrantadas por \u00e9sta, en \u00faltimas, al proferir la Resoluci\u00f3n 530037 del 12 de enero de 2016, por medio de la cual se inici\u00f3 proceso de cobro coactivo en su contra, en raz\u00f3n de la sanci\u00f3n pecuniaria que le fue impuesta por la presunta infracci\u00f3n al c\u00f3digo de tr\u00e1nsito. <\/p>\n
Es por ello que pretende a trav\u00e9s del amparo, que se ordene a la convocada, \u00abdej[ar] sin efectos el comparendo No.2587001000010751264 (\u2026) impuesto a [su] nombre, el 28 de agosto de 2015 y como consecuencia de ello, revoque las Resoluciones Nos 530037 del 12 de enero de 2016 (\u2026) y la 4716 del 7 de septiembre de 2016\u00bb, y, adem\u00e1s, \u00abdar por terminado el proceso coactivo en [su] contra y actualizar las bases de datos pertinentes para cancelar los registros que por el comparendo aqu\u00ed enunciado est\u00e9n publicados\u00bb. <\/p>\n
2. La salvaguarda le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Cincuenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, quien mediante prove\u00eddo calendado 9 de marzo de 2020 resolvi\u00f3 abstenerse de conocer el asunto, bajo el argumento que \u00abcarec\u00eda de competencia por el factor territorial\u00bb, remitiendo entonces las diligencias a los Juzgados Promiscuos Municipales de Villeta, para lo pertinente. <\/p>\n
3. Recibido el expediente por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de la citada urbe, en prove\u00eddo del 30 de abril del aludido a\u00f1o tambi\u00e9n reh\u00faso la competencia, suscitando entonces conflicto negativo, tras considerar, en suma, que \u00abes en la ciudad de Bogot\u00e1 donde se producen los efectos de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental del Debido Proceso \u2013por tratarse del lugar de residencia de la demandante, la ciudadana donde esperaba que le fuera notificado el comparendo que se le impusiera, y el domicilio principal de la demandada-. Adicionalmente, pese a que la ocurrencia de la infracci\u00f3n tuvo lugar en La Vega \u2013 Cundinamarca y se aduce que la notificaci\u00f3n del comparendo se remiti\u00f3 a una direcci\u00f3n en Villeta \u2013 Cundinamarca, se debe otorgar prevalencia a la elecci\u00f3n hecha por la demandante. (\u2026) <\/p>\n
Ahora, si bien que se indica por la demandante que la notificaci\u00f3n del comparendo se remiti\u00f3 a una supuesta direcci\u00f3n en [el] Municipio (Villeta – Cundinamarca) lo que realmente motiv\u00f3 a que la demandante integrara su solicitud de protecci\u00f3n en Bogot\u00e1, es que los efectos de la presunta vulneraci\u00f3n se radican en esa ciudad, que es donde reside\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, \u00abLas Salas de Casaci\u00f3n Civil y Agraria Laboral y Penal, actuar\u00e1n seg\u00fan su especialidad como Tribunal de Casaci\u00f3n, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos. Tambi\u00e9n conocer\u00e1n de los conflictos de competencia que, en el \u00e1mbito de sus especialidades, se susciten entre las Salas de un mismo tribunal, o entre Tribunales, o entre estos y juzgados de otro distrito, o entre juzgados de diferentes distritos\u00bb (resalte fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed mismo, el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso -Ley 1564 de 2012, establece que \u00abSiempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional com\u00fan a ambos, al que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones no admiten recurso\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed, que a esta instancia corresponda pronunciarse sobre el asunto planteado, teniendo en cuenta que la declaraci\u00f3n de incompetencia fue declarada por sedes judiciales pertenecientes a distintos distritos judiciales. <\/p>\n
2. Ahora, si bien anteriormente las decisiones de este tipo eran adoptadas por la Sala, del art\u00edculo 35 del C\u00f3digo General del Proceso, normativa que, en cuanto a sus principios, es aplicable al tr\u00e1mite de la tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, deviene que al Magistrado ponente corresponde dictar el prove\u00eddo que resuelva las controversias de esta naturaleza. <\/p>\n
3. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000 se\u00f1ala, que \u00ab[p]ara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb (resalte de la Sala); as\u00ed las cosas, el principal objetivo del legislador con lo dispuesto, no fue otro que permitir al afectado la escogencia de la autoridad que deba resolver sobre la protecci\u00f3n constitucional deprecada, ya sea por el lugar en que, seg\u00fan sus afirmaciones, est\u00e1n ocurriendo los hechos denunciados o produce sus efectos la acci\u00f3n u omisi\u00f3n generadora del agravio, cualquiera de los cuales, por lo general, puede coincidir con el del domicilio de \u00e9ste, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
En este sentido, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que la finalidad de la regla contenida en el precepto citado, es la de \u00abfacilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos\u00bb (ver recientemente, entre otros, CSJ ATC917-2020). <\/p>\n
4. En el caso bajo examen, la gestora del amparo eligi\u00f3 a los jueces de la ciudad de Bogot\u00e1, para radicar el libelo contentivo de su solicitud de amparo, por ser el lugar en donde, adem\u00e1s de tener su domicilio, se deben producir los efectos de las acciones que reclama del ente convocado, relacionadas precisamente por la sanci\u00f3n relacionada con una infracci\u00f3n de tr\u00e1nsito y el proceso de cobro coactivo que se sigue en su contra. <\/p>\n
5. Con apoyo en lo descrito, para hacer prevalecer la voluntad expresada por la tutelante, sin m\u00e1s reflexiones se ordenar\u00e1 enviar inmediatamente la actuaci\u00f3n a la autoridad judicial que inicialmente declin\u00f3 su tr\u00e1mite, para que d\u00e9 curso y decida la solicitud de protecci\u00f3n incoada con fundamento en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, pues la supuesta falta de competencia por el factor territorial no constituye una nulidad insubsanable en atenci\u00f3n a las previsiones legales antes comentadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Despachos judiciales mencionados, en raz\u00f3n de lo cual se\u00f1ala que la competencia de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Clara In\u00e9s Algeciras Buitrago corresponde al Juzgado Cincuenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En consecuencia, devu\u00e9lvase el expediente a la mentada autoridad para lo de su competencia, y comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a la otra sede judicial que intervino en el conflicto y al accionante. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
6 <\/p>\n
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