ATC042-2021<\/p>\n
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ATC042-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2020-00282-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de octubre de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca que neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gesti\u00f3n Territorial de Ch\u00eda -IDUVI contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, si no fuera porque en el devenir de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El promotor exigi\u00f3 el respeto de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad judicial acusada en el proceso reivindicatorio con radicado 2018-00044-01. <\/p>\n
2.- Reproch\u00f3 que la accionada desconoci\u00f3 dicha garant\u00eda constitucional al negar su vinculaci\u00f3n como litisconsorte necesario en el litigio referido. <\/p>\n
4.- La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca neg\u00f3 el amparo, en atenci\u00f3n a la ausencia del requisito general subsidiariedad; al respecto, manifest\u00f3 que \u00abnada acompasado con los fines de la tutela se muestra este intento del accionante por acudir a este especial instrumento de protecci\u00f3n de derechos fundamentales pidiendo que declare la nulidad del proceso sin hab\u00e9rselo solicitado primeramente al juez que conoce de \u00e9ste, como tratando de esquivar sus competencias, sin hacer cuenta de que es ante \u00e9l y en el escenario que proporciona el proceso donde esa discusi\u00f3n debe ventilarse (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales, de acuerdo con las cuales nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio, entre las que destaca el derecho del interesado a aducir pruebas y controvertir las allegadas por la parte contraria, principios estos que est\u00e1n consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2.- La acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del referido \u00abderecho fundamental\u00bb, dentro de las cuales se contempla la obligaci\u00f3n de notificar a las partes o intervinientes las providencias que se dicten, por as\u00ed ordenarlo los art\u00edculos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.4 del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
3.- En el presente asunto, como se anticip\u00f3, se advierte una irregularidad consistente en la omisi\u00f3n de notificar debidamente a todos los vinculados e intervinientes en esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, revisado el expediente documental, no aparece prueba que evidencie que hubiera sido notificada del auto admisorio de la tutela la se\u00f1ora Ligia Gracia de Herrera, quien, mediante sentencia dictada el 10 de agosto de 2020 por el Juzgado Segundo de Familia del Circuito en el proceso de petici\u00f3n de herencia con rad. 2017-00367-00, fue declarada con igual derecho que el se\u00f1or Luis Eduardo Gracia Fern\u00e1ndez, demandante en el juicio reivindicatorio 2018-00044-01, seg\u00fan lo indicado en el acta de la audiencia celebrada en el citado proceso el 16 de septiembre de 2020 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, en la cual se reconoci\u00f3 a la mencionada se\u00f1ora como integrante del contradictorio. <\/p>\n
Por lo tanto, resulta imperativo darle a conocer la existencia de este mecanismo, para que ejerza su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, se observa que Mar\u00eda Otilia Gracia de Herrera, Gilberto Gracia Bossa y Jaime Horacio Gracia Rodr\u00edguez, tambi\u00e9n reconocidos en el proceso de herencia referido y admitidos en el tr\u00e1mite reivindicatorio, en la misma audiencia, fueron notificados a trav\u00e9s de apoderado judicial, quien no alleg\u00f3 poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite, por tanto, no existe certeza de su debida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
4.- Lo anterior, desemboca en la causal de nulidad reglada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 C.G.P., preceptiva que resulta aplicable a la presente acci\u00f3n constitucional, en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 que dispone, que \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto\u00bb. <\/p>\n
5.- Lo rese\u00f1ado impone declarar la invalidez de todo lo actuado, con posterioridad al auto que avoca conocimiento, para que el a-quo cumpla con la formalidad de notificar, en debida forma, a todas las partes e intervinientes de la presente tutela, incluidos, igualmente, las partes e intervinientes del juicio que da origen a esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
SEGUNDO: DISPONER que por Secretar\u00eda se devuelva el expediente al a-quo constitucional, para que reponga la actuaci\u00f3n anulada. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR notificar esta decisi\u00f3n a los interesados, en la forma prescrita en el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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