ATC050-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC050-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00677-03 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el incidente de desacato adelantado por Libardo Paredes Sedano contra la Unidad de Registro de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante sentencia STL10834-2020, 25 nov., la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, como ad quem constitucional, concedi\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales del accionante al trabajo, \u00ablibertad de escoger profesi\u00f3n u oficio\u00bb y debido proceso, vulnerados por la Unidad de Registro de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura; y, para el efecto, se dispuso: <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al trabajo, \u00ablibertad de escoger profesi\u00f3n u oficio\u00bb y debido proceso de LIBARDO PAREDES SEDANO. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la Unidad de Registro de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, realice un nuevo estudio a fin de determinar la inscripci\u00f3n del accionante en el Registro Nacional de Abogados, as\u00ed como la expedici\u00f3n de la tarjeta profesional de abogado del accionante, sin dilaci\u00f3n alguna, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El promotor solicit\u00f3 que se tramitara el incidente de desacato, porque \u00abhoy es once (11) de diciembre de dos mil veinte (2020) y a pesar de la orden del fallo, han transcurrido m\u00e1s de quince d\u00edas y no se ha cumplido con la orden impartida en la sentencia de fallo de la impugnaci\u00f3n, es decir, no se ha notificado a los interesados. Las cuarenta y ocho (48) horas que usted como Magistrado le concedi\u00f3 a la se\u00f1ora MARTHA CUEVAS MEL\u00c9NDEZ para que no dilatara m\u00e1s la inscripci\u00f3n y expedici\u00f3n de mi tarjeta profesional, son letra muerta y su fallo no tiene fuerza per s\u00e9 (sic)\u00bb. <\/p>\n
3. De conformidad con el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, previo a iniciar el incidente de desacato respectivo, con auto de 16 de diciembre de 2020, se requiri\u00f3 a la Unidad de Registro de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura para que, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de ese prove\u00eddo, informara de manera detallada las acciones que ha adelantado para cumplir la orden proferida, allegando los soportes respectivos. <\/p>\n
4. Durante el traslado, la Directora de la entidad requerida expuso lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn atenci\u00f3n al oficio del 16 de diciembre del 2020, relacionado con el incidente de desacato, interpuesto por el Dr. LIBARDO PAREDES SEDANO, de manera atenta me permito informarle que la sentencia del 25 de noviembre de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue remitida mediante correo electr\u00f3nico a esta Unidad con el oficio No. OSSCL 70557 del 14 de diciembre de 2020, a las 11:30 a.m., y esta Direcci\u00f3n en cumplimiento de dicho fallo expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0 5925 del 14 de diciembre del 2020, y el d\u00eda 15 de diciembre se ha comunicado al Dr. LIBARDO PAREDES SEDANO (\u2026), a la Doctora GINA MARGARITA MART\u00cdNEZ CENTANARO Subdirectora Subdirecci\u00f3n de Inspecci\u00f3n y Vigilancia Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional (\u2026), al Doctor FERNANDO TINOCO T\u00c1MARA Rector y Representante Legal Corporaci\u00f3n Universitaria Regional del Caribe CURC-IAFIC (\u2026), y a la Dra Laura Luc\u00eda Dix S\u00e1nchez, Oficial Mayor de la Corte Suprema de Justicia, cuyas copias anexo. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia con base en los documentos aportados por el solicitante y la decisi\u00f3n de tutela adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, inscribe en el registro de abogados al Dr. Libardo Paredes Sedano, identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 88.221.081, asign\u00e1ndole la tarjeta profesional de abogado No 352.460, mediante el Acta N\u00b0 .15.860 del 14 de diciembre del 2020; la cual ser\u00e1 enviada al contratista Identificaci\u00f3n Pl\u00e1stica S.A.S. para la elaboraci\u00f3n del pl\u00e1stico y una vez sea entregada a esta Unidad, se remitir\u00e1 a trav\u00e9s del servicio de correo certificado de 472, al domicilio registrado por el accionante. <\/p>\n
De igual manera, el accionante, podr\u00e1 acceder a la certificaci\u00f3n de la vigencia de la tarjeta profesional de abogado, que puede ser descargada o consultada por la internet, a trav\u00e9s del servicio de \u201cCertificado de Vigencia\u201d, al que podr\u00e1 acceder cualquier ciudadano o funcionario, desde la p\u00e1gina web de la Rama Judicial o en el link https:\/\/sirna.ramajudicial.gov.co y verificar as\u00ed la titularidad y vigencia del documento\u00bb. <\/p>\n
5. Mediante auto de 15 de enero de 2021, esta Corporaci\u00f3n inici\u00f3 formalmente el incidente de desacato contra la precitada Directora de la Unidad de Registro de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
6. Con decisi\u00f3n de 21 de enero de la misma calenda, se decretaron como pruebas la actuaci\u00f3n surtida y los informes rendidos durante el curso de este asunto, en atenci\u00f3n al requerimiento previo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte determinar si la Directora de la Unidad de Registro de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura incurri\u00f3 en desacato a la orden proferida en el fallo STL10834-2020, 25 nov., relacionada con la tramitaci\u00f3n y expedici\u00f3n de la tarjeta profesional de abogado del gestor. <\/p>\n
2. El incidente de desacato. <\/p>\n
La sentencia que se profiere en virtud de una acci\u00f3n de tutela no solo goza de plena fuerza vinculante, propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que la instituy\u00f3 de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del destinatario de ese mandato judicial, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la ley. <\/p>\n
Por su especial car\u00e1cter, al juez que conoce del desacato no le es l\u00edcito volver sobre las valoraciones que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues revivir\u00eda una controversia concluida, de ah\u00ed que su actuaci\u00f3n se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento. <\/p>\n
Tras esa verificaci\u00f3n inicial, es deber del juzgador ocuparse no solo del aspecto objetivo, cual es el hecho del incumplimiento del fallo de tutela, sino tambi\u00e9n del factor subjetivo, dado que la desatenci\u00f3n que se censura es aquella que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien deb\u00eda cumplir la orden de protecci\u00f3n, de modo que se impone atender elementos propios de un r\u00e9gimen sancionatorio, como lo atinente a la culpa con que haya actuado el funcionario, su intenci\u00f3n de desobedecer y las posibles circunstancias de justificaci\u00f3n. <\/p>\n
De acuerdo con las premisas que anteceden, est\u00e1 autorizada legalmente la imposici\u00f3n de sanciones cuando quien est\u00e1 llamado a cumplir la orden que se le imparte no acata tal mandato en la forma y t\u00e9rmino se\u00f1alados por el juez de tutela. Empero, esa desatenci\u00f3n debe estar plenamente demostrada, de forma tal que el destinatario de la acci\u00f3n haya desobedecido por capricho, incuria, negligencia o por otra cualquiera raz\u00f3n semejante que revele su falta de disposici\u00f3n para atender lo resuelto en el amparo. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
A efectos de establecer si la Directora de la Unidad de Registro de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura incurri\u00f3 en el desacato que se le enrostra, y comoquiera que el alcance de la orden de protecci\u00f3n constitucional constituye la base para valorar si la receptora de ese mandato ha entrado en franca rebeld\u00eda con lo decidido, es preciso remitirse a la sentencia de tutela y a los informes rendidos dentro de este asunto. <\/p>\n
En el presente caso, durante el t\u00e9rmino de traslado del requerimiento previo, la autoridad incidentada inform\u00f3 que \u00abla Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia con base en los documentos aportados por el solicitante y la decisi\u00f3n de tutela adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, inscribe en el registro de abogados al Dr. Libardo Paredes Sedano, identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 88.221.081, asign\u00e1ndole la tarjeta profesional de abogado No 352.460, mediante el Acta N\u00b0 .15.860 del 14 de diciembre del 2020\u00bb; as\u00ed mismo, refiri\u00f3 que dicho documento \u00abser\u00e1 enviad[o] al contratista Identificaci\u00f3n Pl\u00e1stica S.A.S. para la elaboraci\u00f3n del pl\u00e1stico y una vez sea entregada a esta Unidad, se remitir\u00e1 a trav\u00e9s del servicio de correo certificado de 472, al domicilio registrado por el accionante\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que, \u00abde igual manera, el accionante, podr\u00e1 acceder a la certificaci\u00f3n de la vigencia de la tarjeta profesional de abogado, que puede ser descargada o consultada por la internet, a trav\u00e9s del servicio de \u201cCertificado de Vigencia\u201d, al que podr\u00e1 acceder cualquier ciudadano o funcionario, desde la p\u00e1gina web de la Rama Judicial o en el link https:\/\/sirna.ramajudicial.gov.co y verificar as\u00ed la titularidad y vigencia del documento\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior permite concluir que las circunstancias aducidas como vulneradoras de las prerrogativas esenciales del promotor se encuentran actualmente superadas, en tanto, se itera, la Unidad de Registro de Abogados aport\u00f3 copia de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 5925 de 2020, mediante la cual resolvi\u00f3 (i) \u00abinscribir en el [precitado registro] al Doctor LIBARDO PAREDES SEDANO (\u2026), titulado por la Corporaci\u00f3n Universitaria Regional del Caribe CURC \u2013 IAFIC con la Tarjeta Profesional de Abogado N\u00b0. 352.460 expedida el 14 de diciembre de 2020\u00bb y (ii) \u00abenviar a elaboraci\u00f3n f\u00edsica la tarjeta profesional (\u2026)\u00bb; con lo cual se acredita el cumplimiento perseguido con este tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, no hay lugar a imponer ninguna sanci\u00f3n ya que, como expuso la Corte Constitucional en providencia T-421 de 23 de mayo de 2003, acogida por esta Sala, entre otras, en la CSJ STC, 30 ene. 2013, rad, 00115-00: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser as\u00ed, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que \u00e9ste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreci\u00f3. La imposici\u00f3n o no de una sanci\u00f3n dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanci\u00f3n, deber\u00e1 acatar la sentencia. En caso de que se haya adelantado todo el tr\u00e1mite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanci\u00f3n no se haga efectiva, el renuente a cumplir podr\u00e1 evitar ser sancionado acatando\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De esta manera, al advertirse superada la actuaci\u00f3n vulneradora de los derechos del promotor del incidente, resulta improcedente imponer sanci\u00f3n alguna. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: ABSTENERSE de imponer las sanciones a que se refiere el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, al encontrarse que la Directora de la Unidad de Registro de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura acredit\u00f3 el obedecimiento a la sentencia de tutela STL10834-2020, 25 nov. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR la terminaci\u00f3n y el archivo de la presente actuaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: NOTIFICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes e intervinientes por un medio expedito. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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