SC001-2021 (2009-1877-00)_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC001-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2009-01877-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de octubre de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se deciden los recursos de revisi\u00f3n formulados por Primevalueservice S.A.S. y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – Fonade (hoy Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – Enterritorio) frente a la sentencia de 2 de julio de 2008, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario promovido por Luc\u00eda Alvarado Pacheco contra Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez (y otros). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Precisiones preliminares. <\/p>\n
1.1. A trav\u00e9s de un contrato de compraventa, instrumentado en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 317 de 30 de abril de 1981, la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo adquiri\u00f3 de Gabriel Echavarr\u00eda Obreg\u00f3n el inmueble rural denominado \u201cEl Tuco\u201d, ubicado en la pen\u00ednsula de Bar\u00fa de la ciudad de Cartagena, predio al que le correspond\u00eda el folio de matr\u00edcula 060-33538. <\/p>\n
Posteriormente, mediante acta de liquidaci\u00f3n de 18 de diciembre de 1998, la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo transfiri\u00f3 su derecho real en favor del Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico (entidad que luego se denomin\u00f3 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), y este \u00faltimo lo cedi\u00f3 a Fonade, mediante escritura p\u00fablica de compraventa n.\u00b0 185 de 8 de febrero de 2008. <\/p>\n
1.2. En las inmediaciones de \u201cEl Tuco\u201d se encuentra el fundo conocido como \u201cEl Pajal\u201d, rebautizado \u201cEl Pantano\u201d1, al que le correspond\u00eda el folio de matr\u00edcula 060-134283, que fue abierto en obedecimiento a lo dispuesto en sentencia de 15 de septiembre de 1993, emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, en la que se declar\u00f3 que Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez hab\u00eda adquirido, por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria, el dominio de dicha heredad. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, el se\u00f1or Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez vendi\u00f3 su propiedad a la sociedad Malter\u00edas de Colombia S.A. (escritura p\u00fablica n.\u00b0 839 de 3 de marzo de 1995). Pero en virtud de varios procesos de escisi\u00f3n y fusi\u00f3n, el mencionado inmueble fue transferido a Redes de Colombia S.A. (escritura p\u00fablica n.\u00b0 2393 de 29 de agosto de 1997), y luego a Primeother Ltda. (escritura p\u00fablica n.\u00b0 579 de 19 de marzo de 2004), quien finalmente lo enajen\u00f3 a Primevalueservice S.A.S., conforme la escritura p\u00fablica n.\u00b0 2607 de 19 de octubre de 2005. <\/p>\n
2. El tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
2.1. El 19 de diciembre de 1996, Luc\u00eda Alvarado Pacheco formul\u00f3 demanda ordinaria en contra de Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez, la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo, Malter\u00edas de Colombia S.A. y Bavaria S.A., con el prop\u00f3sito de obtener la reivindicaci\u00f3n del inmueble \u00abdenominado \u201cLos Pantanos\u201d (…) con una cabida superficiaria de cincuenta y cinco hect\u00e1reas m\u00e1s dos mil treinta y siete metros cuadrados, con referencia catastral 013700010211000\u00bb, el cual, seg\u00fan se estableci\u00f3 posteriormente, podr\u00eda comprender los lotes \u201cEl Tuco\u201d y \u201cEl Pajal-Pantano\u201d. <\/p>\n
La convocante dijo que se le hab\u00eda adjudicado \u00abla cuota parte en liquidaci\u00f3n sucesoral realizada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Cartagena, mediante E.P. 2.874 de 14 de Agosto de 1.996, en su calidad de heredera del finado Arturo Pacheco, quien a su vez adquiri\u00f3 [el inmueble denominado \u201cLos Pantanos\u201d] mediante E.P. 129 del 15 de mayo de 1.887 con matr\u00edcula inmobiliaria 060-0123581\u00bb; que el se\u00f1or Pacheco \u00abempez\u00f3 a ejercer posesi\u00f3n material sobre un lote de terreno (…) conocido como \u201cLos Pantanos\u201d (…) hasta (sic) el d\u00eda de su fallecimiento\u00bb, y que luego esa posesi\u00f3n \u00abse prolong\u00f3 en su heredera Luc\u00eda Alvarado Pacheco (…)\u00bb2. <\/p>\n
2.2. El asunto fue asignado al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, autoridad que, tras advertir que el t\u00edtulo de dominio esgrimido por la actora no se encontraba inscrito en el certificado de tradici\u00f3n correspondiente, decidi\u00f3 inadmitir la demanda, pretextando que aquella \u00abno se encuentra legitimada para entablar la acci\u00f3n solicitada (…), por cuanto que del certificado expedido por el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos no se desprende ser la propietaria inscrita del bien que pretende reivindicar\u00bb3. <\/p>\n
La se\u00f1ora Alvarado Pacheco interpuso recurso de reposici\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, alegando que lo que pretend\u00eda era ejercer la acci\u00f3n de reivindicaci\u00f3n de cosas herenciales, la cual, en su sentir, \u00abconsiste en que el heredero como sucesor del decujus (sic) puede incoar en nombre de la herencia y para ella cualquier acci\u00f3n que el causante hubiera podido instaurar en vida. En consecuencia, si al morir el causante un bien hereditario est\u00e1 pose\u00eddo por un tercero pretendiendo dominio, cualquier heredero podr\u00eda reivindicar el bien para la herencia. En el caso sub judice el actor (sic) acredita los t\u00edtulos de propiedad del decujus (sic) debidamente autenticados, certificaci\u00f3n de tradici\u00f3n donde consta el dominio inscrito del causante, como tambi\u00e9n se acredita la calidad de heredera de Luc\u00eda Alvarado Pacheco\u00bb4. <\/p>\n
En respuesta al remedio horizontal, el despacho \u2013en providencia calendada el 7 de abril de 1997\u2013 revoc\u00f3 su determinaci\u00f3n inicial5, y posteriormente dispuso admitir la demanda6. De esa resoluci\u00f3n se notific\u00f3 personalmente a Malter\u00edas de Colombia S.A., y a trav\u00e9s de curador ad litem a Bavaria S.A., Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez y la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo (entidad que luego fue sustituida por el Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico)7. Sin embargo, antes de que se celebrara la audiencia que contemplaba el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, los dos \u00faltimos querellados comparecieron al proceso, designando apoderado de confianza8. <\/p>\n
2.3. La primera instancia concluy\u00f3 con fallo de 8 de octubre de 20019, en el que el juez a quo orden\u00f3 \u00abla reivindicaci\u00f3n a favor de la demandante el (sic) siguiente bien inmueble: Lote de terreno ubicado en la Isla de Bar\u00fa, corregimiento de Santa Ana, predio denominado Los Pantanos, el cual presenta los siguientes linderos y medidas: Por el norte, linda con terrenos que fueron de Jos\u00e9 Dolores Romero, despu\u00e9s de Pablo Obreg\u00f3n, hoy Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo (sic)10, Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico, en una longitud de 834,85 m; Por el sur linda con terrenos que fueron de Encarnaci\u00f3n Quintana y Manuel D\u00edaz, en una longitud de 666,40 m; Por el este linda con terrenos que fueron de Juli\u00e1n Pacheco, luego de Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez, hoy Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo, Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico y camino de la puntilla, en longitud de 887,64 m, y Por el oeste linda con terrenos que fueron de Evangelista Lucas Girado (sic), hoy Elkin Echavarr\u00eda y terrenos de Sal\u00f3n Giraldo, en una longitud de 779,62 m. Con una cabida superficiaria de 46 Ha m\u00e1s 6440 metros cuadrados\u00bb. <\/p>\n
Para apuntalar esa determinaci\u00f3n, el fallador de primer grado encontr\u00f3 acreditados todos los presupuestos de la acci\u00f3n reivindicatoria, entendiendo que \u00abel dominio recibido por causa de muerte se comprueba con la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n\u00bb, sin importar que el mismo no est\u00e9 inscrito en el certificado de tradici\u00f3n pertinente; no obstante, precis\u00f3 que \u00abcon relaci\u00f3n al predio denominado El Pajal, adquirido por uno de los demandados seg\u00fan consta en la escritura 839 de 1995 (…) con F.M.I. [folio de matr\u00edcula inmobiliaria] 606-0134283 es colindante con el predio en discusi\u00f3n (…). Se puntualiza que este predio no est\u00e1 incluido dentro del predio por reivindicar. No hay confusi\u00f3n en el dictamen (…) hay precisi\u00f3n que la referencia catastral del pajal (sic), antes Pantano, su n\u00famero es el 211, y la ubicaci\u00f3n del predio los Pantanos (sic) es en referencia catastral el n\u00famero 212, 0506 y 0507, son simplemente vecinos colindantes\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, insisti\u00f3 en que \u00abel predio identificado con el nombre \u201cEl Pajal\u201d antes \u201cEl Pantano\u201d de propiedad de los demandados Malter\u00edas Colombia (sic) S.A. no est\u00e1 incluido dentro de lo reclamado, son colindantes\u00bb, conclusi\u00f3n que no pod\u00eda hacerse extensiva al lote \u201cEl Tuco\u201d (cuyo titular era, para ese momento, el Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico), pues este \u00abse encuentra incluido [en el predio reclamado en reivindicaci\u00f3n] en \u00e1rea de 10 hect\u00e1reas m\u00e1s mil ciento ochenta y nueve metros\u00bb. <\/p>\n
Contra esa decisi\u00f3n solamente interpusieron recurso de apelaci\u00f3n el Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico y Malter\u00edas de Colombia S.A..11 (quienes actuaban a trav\u00e9s del mismo apoderado), mientras que los dem\u00e1s intervinientes permanecieron silentes. <\/p>\n
2.4. En el tr\u00e1mite de segunda instancia, los convocados arrimaron al expediente copia de la sentencia que el 28 de noviembre de 2006 profiri\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena (que confirm\u00f3 la de 27 de marzo de esa anualidad, dictada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n de esa municipalidad), mediante la cual se declar\u00f3 culpable a Fausto Enrique V\u00e9lez Dom\u00ednguez, Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de la ciudad, de los delitos de prevaricato por acci\u00f3n en concurso homog\u00e9neo y concierto para delinquir, y se orden\u00f3, entre otras cosas, la cancelaci\u00f3n del folio de matr\u00edcula 060-123581, donde se inscribi\u00f3 la escritura p\u00fablica n.\u00b0 129 de 15 de mayo de 1887, que esgrimi\u00f3 la demandante como fuente de su derecho de dominio. <\/p>\n
Para arribar a esa conclusi\u00f3n, la colegiatura penal indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAl examinar la actuaci\u00f3n relacionada con la inscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica No. 129 de 12 de mayo de 1887, mediante la cual Virginia Rebollo Pacheco vende a Julio Agudelo, Seferino Medrano, Juan Bautista D\u00edaz, Manuel Licona y otros noventa y cuatro comuneros [entre ellos, aclara la Corte, el se\u00f1or Arturo Pacheco, causante de la actora], una extensi\u00f3n de terreno equivalente a tres caballer\u00edas, horno para hacer cal y una peque\u00f1a coquera, se advierte que en la referida escritura no se singulariza exactamente por su situaci\u00f3n y linderos el predio objeto del contrato de compraventa, como tampoco los antecedentes relacionados con el derecho de dominio, sin embargo ven\u00eda registrada en el Tomo Segundo, Libro Primero, del antiguo sistema de registro, ubicada en la primera casilla como pleno dominio. <\/p>\n
[\u00bf]Qu\u00e9 sucedi\u00f3 ante la solicitud de traslado del registro inicial y solicitud de inscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 29 de 9 de febrero de 1993, de la Notar\u00eda \u00fanica de Arjona, a trav\u00e9s de la cual Gliserio, Eligio Torres D\u00edaz y F\u00e9lix Rodr\u00edguez Pacheco manifiestan vender sus derechos herenciales a Yuris Garc\u00eda Pombo, escritura en la que quienes figuran como vendedores en el acto que da origen al traslado y\/o apertura del nuevo folio dijeron ser herederos de algunos de los comuneros que hab\u00edan comprado a Virginia Rebollo en 1887 (…)? Que se procedi\u00f3 al traslado de aquel registro del antiguo sistema de libros al sistema actual, que era lo que correspond\u00eda, pero [\u00bf]c\u00f3mo se hizo? Abri\u00e9ndose el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-123581, en el que se registr\u00f3 una nueva venta, que a diferencia de la anotaci\u00f3n anterior se ubic\u00f3 en la sexta casilla, correspondiente a falsa tradici\u00f3n. <\/p>\n
Pero como inicialmente dijimos la escritura No. 129 de 12 de mayo de 1887 no singularizaba por si (sic) situaci\u00f3n y linderos el predio objeto del contrato de venta, lo que imped\u00eda la identificaci\u00f3n real del mismo, habi\u00e9ndose establecido dentro de la investigaci\u00f3n que tanto en el archivo que reposa en la oficina de registro, como en la escritura que existe en el archivo hist\u00f3rico de la ciudad, falta un folio, en el que posiblemente podr\u00eda estar el dato que se hecha de menos, sin que tampoco figure constancia del antecedente de esta, debiendo resaltarse que a pesar de existir informaci\u00f3n que permitir\u00eda suponer que lo fue la escritura No. 76 del 12 de julio de 1972 [l\u00e9ase 1872], al tratar de establecerse ello mediante diligencia de inspecci\u00f3n judicial practicada en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos el d\u00eda 13 de julio de 1995, se constat\u00f3 al revisar los libros contentivos de las anotaciones de registros ocurridos entre 1870 y 1880, que los correspondientes a los meses de agosto de 1870 a diciembre de 1873 no aparecen, ocurriendo lo mismo al tratar de obtener la informaci\u00f3n a trav\u00e9s del Archivo Hist\u00f3rico de la ciudad. <\/p>\n
Ciertamente las carencias anotadas, relacionadas con la exacta ubicaci\u00f3n del predio, sus linderos, y no poder estos (sic) constatarse tampoco t\u00edtulos antecedentes (…) no enervaban el traslado de la escritura 129 de 1887 (…) de los libros del antiguo sistema a un folio de matr\u00edcula inmobiliaria (…), pero tampoco remite a dudas que ello deb\u00eda llevarse a cabo sin variaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico contenido en la escritura de 1887, que era la que hab\u00eda originado el registro en el sistema de libros, atendiendo las reglas del antiguo sistema. Es as\u00ed como deb\u00eda hacerse el traslado del registro inicial. <\/p>\n
Sin embargo, la prueba informa que ello no ocurri\u00f3 de esa manera, y que se desconoci\u00f3 al trasladar al nuevo sistema como causa directa la escritura 129 de 1887, abri\u00e9ndose el folio 060-123581 atendiendo la escritura 229 de 9 de febrero de 1993 de la Notar\u00eda \u00danica de Arjona, lo que resultaba improcedente porque al haberse otorgado esta \u00faltima en vigencia del Decreto 1250\/70, su inscripci\u00f3n deb\u00eda cumplirse con el lleno de todos los requisitos exigidos por el Decreto 1250\/70, entre otros, los atinentes a la exacta ubicaci\u00f3n del bien, linderos y antecedentes que hemos echado de menos, debiendo ser sometida adem\u00e1s a una nueva calificaci\u00f3n por parte de los funcionarios encargados del registro12 (…) pudiendo ser rechazada la solicitud de registro, o devuelta para subsanar errores, lo que en el caso que se examina no ocurri\u00f3, procedi\u00e9ndose de manera directa a su registro (…). <\/p>\n
Asisti\u00e9ndole la raz\u00f3n al a quo cuando se\u00f1ala que las irregularidades que se advert\u00edan en la escritura 29 de 9 de febrero de 1993 de la Notar\u00eda \u00danica de Arjona eran notoriamente relevantes, f\u00e1ciles de advertir con el simple cotejo de la escritura antecedente, la 129 de 1887, registrada en el sistema de libros, tales como la falta exacta de ubicaci\u00f3n y linderos (…) y el se\u00f1alamiento en la escritura de 9 de febrero [de 1993] de linderos generales y especiales, esto \u00faltimo a pesar de encontrarse en comunidad, no haber constancia de haber sido objeto de partici\u00f3n, o pronunciamiento judicial sobre liquidaci\u00f3n, ni adjudicaci\u00f3n con ocasi\u00f3n de proceso sucesorio alguno, ni prueba de la calidad de herederos que alegaban tener quienes vend\u00edan; todo lo cual imped\u00eda el registro, sin que mediara pronunciamiento judicial que, adem\u00e1s, determinara linderos\u00bb13. <\/p>\n
3. La sentencia recurrida. <\/p>\n
3.1. En fallo emitido el 2 de julio de 2008, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena modific\u00f3 la providencia de primer grado, adicionando a la orden reivindicatoria otras disposiciones, del siguiente tenor: <\/p>\n
\u00abSe ordena al se\u00f1or Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, abrir un nuevo folio de matr\u00edcula inmobiliaria asign\u00e1ndolo al inmueble \u201cLOS PANTANOS\u201d descrito en la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, donde deben figurar como copropietarios de las 46 hect\u00e1reas 6.440 metros cuadrados, las siguientes personas: LUC\u00cdA ALVARADO PACHECO, identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 22.758.768 expedida en Cartagena, propietaria de 38 hect\u00e1reas m\u00e1s 6.440 metros cuadrados, y el cesionario FRANCISCO VILLARREAL HERRERA identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 73.072.166 expedida en Cartagena, como titular propietario de 8 hect\u00e1reas. <\/p>\n
Se ordena al se\u00f1or Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, cancelar los folios de matr\u00edculas inmobiliarias No. 060-134283 y 060-33538. <\/p>\n
Se ordena registrar las sentencias de primer y segundo grado en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-32803\u00bb14. <\/p>\n
3.2. Los argumentos que soportaron el fallo del ad quem se transcriben a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(…) la demandante LUCIA ALVARADO PACHECO elev\u00f3 como pretensi\u00f3n principal en contra de PABLO OBREG\u00d3N GONZ\u00c1LEZ, CORPORACI\u00d3N NACIONAL DE TURISMO, hoy NACI\u00d3N-MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, y MALTER\u00cdAS DE COLOMBIA S.A. BAVARIA S.A., hoy PRIMEOTHER LTDA., condena a restituci\u00f3n del inmueble consistente en lote de terreno descrito en el hecho primero (1\u00ba) del libelo genitor, llamado \u201cLOS PANTANOS\u201d, que hace parte de otro de mayor extensi\u00f3n denominado \u201chacienda SANTA ANA\u201d. Como lo defini\u00f3 este Tribunal en auto del 18 de noviembre de 1998, que decidi\u00f3 en segunda instancia las excepciones previas propuestas por los demandados, la aqu\u00ed actora invoca su calidad de propietaria del bien a reivindicar, directamente como titular del dominio <\/p>\n
Pues bien, para establecer si el dominio del bien ra\u00edz pretendido reivindicar est\u00e1 o no en cabeza de la actora, que es el primer requisito de la presente acci\u00f3n real, en el plenario contamos con las siguientes pruebas documentales: copia aut\u00e9ntica de las Escrituras P\u00fablicas No. 129 del 12 de Mayo de 1887, otorgada en la Notar\u00eda Primera de Cartagena, mediante la cual el se\u00f1or ARTURO PACHECO, junto con 93 comuneros, adquieren el dominio por compra a la se\u00f1ora VIRGINIA B. REVOLLO, de la hacienda SANTA ANA; No 355 del 29 de Mayo de 1920, otorgada ante la Notar\u00eda Primera de Cartagena, donde se protocoliza una diligencia de deslinde y amojonamiento emanada del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena de la denominada hacienda SANTA ANA, el d\u00eda 28 de Abril de 1892; No. 2874 del 14 de agosto de 1996 corrida en la Notar\u00eda Segunda de Cartagena, contentiva de la adjudicaci\u00f3n a favor de LUC\u00cdA ALVARADO PACHECO por sucesi\u00f3n del causante ARTURO PACHECO; No. 548 del 7 de marzo de 2008 otorgada en la Notar\u00eda Quinta de Cartagena, donde se aclara la 2874 de 1996, en cuanto a los linderos y medidas generales de la hacienda SANTA ANA y el globo de terreno pretendido reivindicar llamado \u00abLOS PANTANOS\u00bb; certificado de tradici\u00f3n del predio con Matr\u00edcula Inmobiliaria 060-123581, expedido el 21 de mayo de 1996; nota de devoluci\u00f3n de la escritura p\u00fablica No. 2874 del 14 de Agosto de 1996, de no poderse registrar por estar vigente un embargo especial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, otro certificado de tradici\u00f3n del inmueble con folio 060-123581, expedido el 12 de Febrero del 2008, con nota de haber sido cancelado por orden judicial emanada del Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Cartagena; certificaciones de la se\u00f1ora Registradora de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, con fecha 25 de Enero de 2008, de estar registradas en el sistema antiguo de libros las escrituras p\u00fablicas 129 del 12 de Mayo de 1887 y 355 del 29 de Mayo de 1920, otorgadas ambas ante la Notar\u00eda Primera de Cartagena (Tomo 1\u00ba, diligencia No. 161 del 13 de mayo de 1887, p\u00e1g. No. 2-3 y Tomo 2\u00ba, diligencia No. 689 del 8 de junio de 1920, p\u00e1g. 180, respectivamente). <\/p>\n
Pasamos al an\u00e1lisis de las anteriores pruebas documentales, y tenemos que la Escritura P\u00fablica No. 129 del 12 de Mayo de 1887 otorgada en la Notar\u00eda Primera de Cartagena, contiene la transferencia de la propiedad por parte de la se\u00f1ora VIRGINIA B. REVOLLO a favor de ARTURO PACHECO y otros 93 comuneros, puesto que la negociaci\u00f3n se realiz\u00f3 con el objeto de traspasar el dominio, como se desprende claramente de su redacci\u00f3n cuando la vendedora expres\u00f3 que daba el inmueble \u201cen venta real y enajenaci\u00f3n perpetua\u201d a los compradores, para rematar diciendo \u201cque en se\u00f1al de posesi\u00f3n y para t\u00edtulo de propiedad otorga a favor de dichos se\u00f1ores esta escritura, por la que ha de ser visto que la ha adquirido legalmente, sin que necesite de otro acto de aprehensi\u00f3n del que los releva\u201d. Escritura que se encuentra debidamente inscrita ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, como reza la certificaci\u00f3n con fecha 25 de enero de 2008 de la se\u00f1ora registradora, espec\u00edficamente \u201cLibro de registro 1\u00ba, Tomo 1\u00ba, 161 de fecha 13 de Mayo de 1.887, p\u00e1gina 2\/3\u201d; inscripci\u00f3n que conserva vigencia, pues como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante la cancelaci\u00f3n del folio 060-123581 solo comprendi\u00f3 el traslado al nuevo sistema de registro implementado por el Decreto 1250 de 1970, al entender la justicia penal que dicho traslado fue un acto preparatorio para la comisi\u00f3n de un concurso de delitos. <\/p>\n
En la Escritura P\u00fablica No 355 del 29 de mayo de 1920 otorgada en la Notar\u00eda Primera de Cartagena, se protocoliz\u00f3 una diligencia de deslinde y amojonamiento realizada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, donde consta debidamente identificado el predio denominado hacienda SANTA ANA, a excepci\u00f3n de una peque\u00f1a franja que qued\u00f3 de manera provisional. Escritura que se encuentra debidamente inscrita ante la Oficina de Registro de instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, como reza la certificaci\u00f3n con fecha 25 de enero de 2008 de la se\u00f1ora registradora, espec\u00edficamente \u201cLibro de registro 1\u00ba, Tomo 2\u00ba, diligencia 689 de fecha 8 de junio de 1920, p\u00e1gina 180\u201d, inscripci\u00f3n que conserva vigencia, por las mismas razones anotadas en el p\u00e1rrafo anterior. <\/p>\n
De esta manera, queda establecido que el se\u00f1or ARTURO PACHECO, junto con 93 comuneros, adquirieron el dominio o propiedad plena del inmueble llamado hacienda SANTA ANA, el cual se identific\u00f3 y determin\u00f3 en toda su extensi\u00f3n, cabida y linderos mediante una diligencia de deslinde debidamente protocolizada e inscrita en la Oficina de Registro de instrumentos P\u00fablicos de Cartagena; sin que exista en el expediente prueba documental que desvirt\u00fae esta conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, en sentencia del 28 de noviembre de 2006 (Magistrada Ponente Doctora MORAIMA CABALLERO DE NIEVES), dictada dentro del proceso penal adelantado contra el se\u00f1or FAUSTO ENRIQUE V\u00c9LEZ DOM\u00cdNGUEZ ex – Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena (tra\u00eddo oficiosamente en copia aut\u00e9ntica), arrib\u00f3 a la misma conclusi\u00f3n, que la Escritura P\u00fablica 129 del 12 de Mayo de 1887 es una compraventa de pleno dominio, y su traslado al nuevo sistema implementado por el Decreto 1250 de 1970 deb\u00eda cumplirse nuevamente como dominio, mientras la cancelaci\u00f3n del folio de Matr\u00edcula al que inicialmente se traslad\u00f3 n\u00famero 060-123581 obedeci\u00f3 a que \u00e9ste se hab\u00eda realizado con el objeto de materializar el punible de inscribir la Escritura P\u00fablica No. 29 del 9 de febrero de 1993, otorgada en la Notar\u00eda de Arjona y las otras derivadas de ella; conservando completo vigor la inscripci\u00f3n de la Escritura P\u00fablica 129 citada en el sistema antiguo de libros, ya que, como tinosamente (sic) concluy\u00f3, a ese sistema antiguo no le es procedente exigir las condiciones que implemento el decreto 1250 de 1970, por ser posterior a la consumaci\u00f3n del acto ya registrado. <\/p>\n
(…) Es preciso se\u00f1alar que los antecedentes a la Escritura P\u00fablica 129 del 12 de mayo de 1887, de los que al parecer hace parte la Escritura P\u00fablica No. 76 del 12 de Julio de 1872 de la Notar\u00eda Primera de Cartagena, as\u00ed como una supuesta afectaci\u00f3n por decreto de nulidad, no pueden establecerse con certeza, habida cuenta que toda esa documentaci\u00f3n se extravi\u00f3 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, que ten\u00eda su custodia, y tambi\u00e9n desapareci\u00f3 del archivo hist\u00f3rico, como qued\u00f3 evidenciado dentro de la investigaci\u00f3n penal al se\u00f1or FAUSTO V\u00c9LEZ DOM\u00cdNGUEZ, que se incorpor\u00f3 oficiosamente a este proceso. <\/p>\n
(…) Ahora, la demandante LUC\u00cdA ALVARADO PACHECO adquiri\u00f3 por adjudicaci\u00f3n en la sucesi\u00f3n del causante ARTURO PACHECO, la franja de terreno que pretende reivindicar, seg\u00fan la Escritura P\u00fablica 2874 del 14 de agosto de 1996, otorgada en la Notar\u00eda Segunda de Cartagena, siendo objeto de aclaraci\u00f3n mediante la Escritura P\u00fablica No. 548 del 7 de marzo de 2008 de la Notar\u00eda Quinta de Cartagena respecto a los linderos y cabida general de la hacienda SANTA ANA y linderos y medidas especiales de la porci\u00f3n denominada \u201cLOS PANTANOS\u201d pretendida en este proceso, e incorporada oficiosamente (auto del 24 de abril de 2008). Partici\u00f3n que no fue posible inscribir en el registro de instrumentos p\u00fablicos de Cartagena, como se acredita con la nota de devoluci\u00f3n visible a folio 6 y 7 del cuaderno principal, por figurar registrado un embargo especial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n sobre el folio de Matr\u00edcula 060-123581, y tampoco se podr\u00e1 inscribir porque posteriormente se cancel\u00f3 de manera definitiva dicho folio, aunado a la negativa de la actual Registradora de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena de trasladar al sistema actual el registro en libros de la escritura p\u00fablica 129 del 12 de mayo de 1887, por lo que cursa una investigaci\u00f3n penal en su contra; aspecto que trataremos m\u00e1s adelante, si salen avantes (sic) las pretensiones de la demanda, por ser inherente al derecho de propiedad. Sin embargo, para legitimarse en esta acci\u00f3n reivindicatoria a la se\u00f1ora LUCIA ALVARADO PACHECO, le es suficiente acreditar el dominio, como en efecto lo hizo, con la copia aut\u00e9ntica de la escritura p\u00fablica No. 2874 del 14 de agosto de 1996 y su aclaratoria No. 548 del 7 de marzo de 2008, pues en estos casos tiene sentado la jurisprudencia de la Corte, compartida por esta Sala, el registro tiene una finalidad para publicitar a los terceros sobre quien sucedi\u00f3 en el dominio al propietario inscrito. <\/p>\n
(…) A su turno, los demandados alegan tener t\u00edtulos de propiedad sobre varios sub-lotes que comprenden el predio pedido reivindicar, as\u00ed, MALTER\u00cdAS DE COLOMBIA S.A. BAVARIA S.A., hoy PRIMEOTHER LTDA., adquiri\u00f3 el sub-lote denominado \u201cEL PAJAL\u201d, rebautizado \u201cEL PANTANO\u201d, mediante la Escritura P\u00fablica No. 839 del 3 de marzo de 1995, otorgada en la Notar\u00eda Veintitr\u00e9s de Bogot\u00e1 e inscrita en el folio de Matr\u00edcula 060-0134283, asevera tener mejor derecho porque su antecesor PABLO OBREG\u00d3N GONZ\u00c1LEZ (a quien compr\u00f3), lo adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio mediante sentencia del 15 de Septiembre de 1993, dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, que consultada se confirm\u00f3 en fallo del 18 de Marzo de 1994; la codemandada CORPORACI\u00d3N NACIONAL DE TURISMO, hoy NACI\u00d3N-MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, adquiri\u00f3 los sub-lotes denominados \u201cEL TUCO\u201d y \u201cLA TROCHUELA\u201d (sic) por Escritura P\u00fablica 317 del 30 de Abril de 1981, otorgada en la Notar\u00eda Treinta y Uno de Bogot\u00e1 e inscrita en los Folios de Matr\u00edcula No. 060-33536 y 060-32803, respectivamente, alega mejor derecho pues su antecesor GABRIEL ECHAVARR\u00cdA OBREG\u00d3N, los adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio en sentencias dictadas por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena el 21 y 28 de enero de 1980, confirmadas el 5 de agosto y 15 de septiembre de 1980. <\/p>\n
La condici\u00f3n de presentar demandante y demandados t\u00edtulos inscritos sobre el mismo predio (t\u00edtulo contra t\u00edtulo), obliga a la Sala a analizar cu\u00e1l de las dos titulaciones prevalecer\u00e1, siguiendo la doctrina jurisprudencial, que ha de ser el que contenga mejores condiciones de validez y antig\u00fcedad, y sobre el punto tenemos en el sub-lite (sic), que la propiedad de la demandante LUC\u00cdA ALVARADO PACHECO es anterior a la de los demandados, puesto que data del 13 de Mayo de 1887 cuando se registr\u00f3 en el Tomo 1\u00ba, diligencia n\u00famero 161, de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, la escritura Publica No. 129 del 12 de mayo de 1887, otorgada en la Notar\u00eda Primera de Cartagena, surgiendo como copropietario su antecesor ARTURO PACHECO, que invoca en la demanda, as\u00ed mismo en el Tomo 2\u00ba diligencia n\u00famero 689 del 8 de Junio de 1920 figura registrada la escritura p\u00fablica No. 355 del 29 de Mayo de 1920, de la Notar\u00eda Primera de Cartagena donde se protocoliza la diligencia judicial de deslinde y amojonamiento de la denominada hacienda SANTA ANA, realizada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena el d\u00eda 28 de Abril de 1892; y adem\u00e1s, los procesos de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio que siguieron los antecesores de los demandados se\u00f1ores PABLO OBREG\u00d3N GONZ\u00c1LEZ y GABRIEL ECHAVARR\u00cdA OBREG\u00d3N, se dirigieron exclusivamente contra \u201cPERSONAS INDETERMINADAS\u201d, sin la citaci\u00f3n de los sucesores del se\u00f1or ARTURO PACHECO y los otros comuneros, contra quienes debi\u00f3 dirigirse la demanda y concurrir como demandados acorde con el art\u00edculo 413 del C. de P. C, hoy 407 del mismo Estatuto por la reforma introducida mediante el Decreto 2282 de 1989, por lo que esos fallos de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio les son inoponibles y no surten ning\u00fan efecto frente a la actora LUC\u00cdA ALVARADO PACHECO, m\u00e1s que am\u00e9n de estar registrada en el sistema antiguo de libros la Escritura P\u00fablica No. 129 del 12 de mayo de 1887, al tiempo en que curs\u00f3 el proceso de pertenencia sobre el sub-lote denominado \u201cEL PAJAL\u201d y rebautizado \u201cEL PANTANO\u201d, se encontraba abierto el folio de Matricula No. 060-123581. <\/p>\n
(…) Corolario de todo lo anterior, surge di\u00e1fano el primer requisito de la acci\u00f3n reivindicatoria, puesto que adem\u00e1s de demostrar la propiedad sobre el lote de terreno denominado \u201cLOS PANTANOS\u201d, la demandante LUC\u00cdA ALVARADO PACHECO ostenta mejor t\u00edtulo de propiedad que los demandados, tanto en su confecci\u00f3n (los de su contraparte les son inoponibles) como en antig\u00fcedad. Siguiendo con la segunda exigencia de la acci\u00f3n reivindicatoria, prescribe el art\u00edculo 949 del C.C.: \u201cSe puede reivindicar una cuota determinada proindiviso de una cosa singular\u201d. Faculta la norma, al comunero que se encuentra a\u00fan en estado de indivisi\u00f3n, para pedir a favor de s\u00ed mismo, no de la comunidad, la restituci\u00f3n material de la cuota de la cual es titular, dot\u00e1ndolo de legitimaci\u00f3n activa individual: requiriendo que se determine espec\u00edficamente dicha cuota y singularizar e! bien sobre el cual est\u00e1 radicada. <\/p>\n
En la Escritura P\u00fablica No. 129 del 12 de Mayo de 1887 otorgada en la Notar\u00eda Primera de Cartagena, la se\u00f1ora VIRGINIA B. REVOLLO, expres\u00f3 vender a ARTURO PACHECO y 93 comuneros, la hacienda SANTA ANA, plasmando que constaba de \u201ctres caballer\u00edas\u201d, individualiz\u00e1ndose el predio por todas su cabidas en diligencia judicial de deslinde y amojonamiento realizada por el Juez Primero Civil del Circuito de Cartagena el d\u00eda 18 de Abril de 1892, que se protocoliz\u00f3 en la Escritura P\u00fablica 355 del 29 de Mayo de 1920 debidamente inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos en el Tomo 2\u00ba diligencia n\u00famero 689 del 8 de Jume de 1920; por ello, aunque la comunidad permaneci\u00f3 y permanece indivisa, la hacienda SANTA ANA qued\u00f3 y se encuentra individualizada. Los peritos FREDDY JAVIER RODGER VEL\u00c1SQUEZ y MIGUEL \u00c1NGEL FL\u00d3REZ JIM\u00c9NEZ, en su adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n de dictamen (folios 178 a 185 cuaderno del tribunal), la singularizaron conforme a los mojones consignados en la diligencia de deslinde y amojonamiento, y la situaron en el sistema de coordenadas. <\/p>\n
LUC\u00cdA ALVARADO PACHECO, en la demanda genitora del proceso, a trav\u00e9s de vocero judicial, determin\u00f3 plenamente la cuota proindiviso que pretende reivindicar, determin\u00e1ndola por sus linderos y medidas, as\u00ed como la Escritura P\u00fablica No. 2874 del 14 de agosto de 1996, otorgada en la Notar\u00eda Segunda de Cartagena, donde consta la adjudicaci\u00f3n en sucesi\u00f3n de dicha hijuela que perteneci\u00f3 al causante ARTURO PACHECO, complementada con su posterior aclaraci\u00f3n mediante la Escritura P\u00fablica No. 548 del 7 de marzo de 2008, otorgada en la Notar\u00eda Quinta de Cartagena, que se incorpor\u00f3 oficiosamente como prueba del proceso, en la que se plasman los linderos generales de la hacienda SANTA ANA y los linderos y medidas de la cuota adjudicada. <\/p>\n
De esta manera, queda cumplida la segunda exigencia de la acci\u00f3n de dominio, en atenci\u00f3n a que LUC\u00cdA ALVARADO PACHECO est\u00e1 legitimada para pedir la restituci\u00f3n de su cuota determinada, consistente en el predio denominado \u201cLOS PANTANOS\u201d descrito en la demanda, que hace parte de la comunidad proindivisa llamada hacienda SANTA ANA debidamente singularizada; todo a la luz del art\u00edculo 949 del C. C. <\/p>\n
(…) El tercer requisito para reivindicar, como lo es que el demandado est\u00e9 en posesi\u00f3n del predio objeto de la demanda, hallase tambi\u00e9n cumplido con las pruebas recaudas en el expediente: a) Copia del expediente que contiene el tr\u00e1mite de la querella policiva formulada por varias personas invocando la calidad de descendientes de ARTURO PACHECO, entre ellas LUC\u00cdA ALVARADO PACHECO, frente a la CORPORACI\u00d3N NACIONAL DE TURISMO y MALTERIA (sic) BAVARIA S.A. donde se practic\u00f3 inspecci\u00f3n ocular sobre el predio, dictamen pericial con levantamiento topogr\u00e1fico, y recibieron las declaraciones juradas de los se\u00f1ores AMADEO GONZ\u00c1LEZ CORREA, JAIME PARRA JARAMILLO, JORGE ELIECER ROJAS, GUILLERMO MORALES SALCEDO, JUAN ALBERTO GONZ\u00c1LEZ JULIO, JES\u00daS BATISTA HERN\u00c1NDEZ, L\u00c1CIDES CONTRERAS CARDALES y PEDRO CONTRERAS CARDALES; coincidentes en que los demandados detentan la posesi\u00f3n material del inmueble y lo mantienen vigilado, b) la inspecci\u00f3n judicial practicada dentro del presente proceso reivindicatorio et d\u00eda 7 de Septiembre de 1999, donde se constat\u00f3 la posesi\u00f3n; c) Los testimonios de los se\u00f1ores JES\u00daS BATISTA HERN\u00c1NDEZ, L\u00c1CIDES CONTRERAS CARDALES, y PEDRO CONTRERAS CARDALES, que relatan sobre la posesi\u00f3n de los demandados aproximadamente a partir de 1994 e impiden el ingreso a los descendientes de ARTURO PACHECO a mediados de 1995. <\/p>\n
Hay identidad entre el lote de terreno descrito en la demanda y pretendido reivindicar, con la cuota adjudicada a LUCIA ALVARADO en la partici\u00f3n que contiene la Escritura P\u00fablica No. 2874 del 14 de agosto de 1996, corrida en la Notar\u00eda Segunda de Cartagena y su aclaratoria No 548 del 7 de marzo de 2008, otorgada en la Notar\u00eda Quinta de Cartagena, con la sola excepci\u00f3n del lindero norte que se plasm\u00f3 en la demanda como sur y viceversa, pero que en nada altera la identidad por este s\u00f3lo hecho, como ense\u00f1a la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre este punto. Tampoco la altera la diferencia en las medidas y cabida total, como acertadamente concluy\u00f3 el juzgador de primera instancia y proh\u00edja la doctrina conocida. <\/p>\n
Viene establecido en el dictamen pericial y su adici\u00f3n rendida por los auxiliares de la justicia FREDDY JAVIER RODGER VEL\u00c1SQUEZ y MIGUEL \u00c1NGEL FL\u00d3REZ JIM\u00c9NEZ, que el lote pretendido en reivindicaci\u00f3n denominado \u201cLOS PANTANOS\u201d hace parte del predio de mayor extensi\u00f3n llamado hacienda SANTA ANA, y que esa cuota se encuentra en posesi\u00f3n de los demandados MALTER\u00cdAS BAVARIA S.A. hoy PRIMEOTHER LTDA., con el sub-lote llamado \u201cEL PAJAL\u201d y rebautizado \u201cEL PANTANO\u201d en su totalidad, identificado con folio de matr\u00edcula 060-0134283, y la CORPORACI\u00d3N NACIONAL DE TURISMO hoy NACI\u00d3N-MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, con los sub-lotes denominados \u201cEL TUCO\u201d en su totalidad, identificado con el folio de matr\u00edcula 060- 33538, y \u201cLA TRUCHUELA\u201d parcialmente en 2.604 m2, identificado con folio de matr\u00edcula 060-32803, dictamen inicial que no se objet\u00f3 oportunamente, s\u00f3lo se objet\u00f3 la adici\u00f3n del mismo, en cuanto a la inclusi\u00f3n de \u201cLOS PANTANOS\u201d en la hacienda SANTA ANA y las medidas del sub-lote \u201cEL PANTANO\u201d, r\u00e9plica que est\u00e1 llamada al fracaso, porque la demandada PRIMEOTHER LTDA., no acredit\u00f3 por alg\u00fan medio t\u00e9cnico que los l\u00edmites entre las haciendas ESTANCIA VIEJA y SANTA ANA se encuentren determinados en forma distinta a la dejada en la diligencia de deslinde y amojonamiento del a\u00f1o 1892, y el informe t\u00e9cnico del top\u00f3grafo JOS\u00c9 DAVID HERN\u00c1NDEZ MOLINA del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, no se fundament\u00f3 en un trabajo de campo y medici\u00f3n f\u00edsica cual lo hicieron los auxiliares de la justicia, sino como el mismo consigna lo realiz\u00f3 con base en \u201cla documentaci\u00f3n existente\u201d y \u201crevisada la carta catastral No 29-II-C\u201d; de igual modo, seg\u00fan se vislumbra de los fallos de declaraci\u00f3n de usucapi\u00f3n (Septiembre 15 de 1993 y 18 de Marzo de 1994) dentro del proceso de pertenencia no se practic\u00f3 un dictamen donde se determinaran los linderos y medidas reales del predio (\u201cEL PAJAL\u201d rebautizado \u201cEL PANTANO\u201d). <\/p>\n
(…) Finalmente, por ser inherente al derecho de dominio que se discute en los autos, resulta inescindible al venir \u00ednsito en la controversia, el aspecto atinente a la cancelaci\u00f3n del folio de matr\u00edcula 060-123581 y la negativa de la se\u00f1ora Registradora de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena de trasladar al nuevo sistema implementado por el Decreto 1250 de 1970 la Escritura P\u00fablica No. 129 del 12 de mayo de 1887, inscrita en el sistema antiguo de libros, lo que impedir\u00eda en la pr\u00e1ctica el goce a plenitud del derecho de la actora en estos autos; como tambi\u00e9n respecto a c\u00f3mo deben quedar los sub-lotes que comprenden el predio a reivindicar. En cuanto a lo primero, la Sala no puede ordenar expresamente el traslado de la Escritura P\u00fablica No. 129 al sistema de folios, porque se estar\u00edan vulnerando derechos adquiridos de terceros que no son parte dentro del presente proceso, y por ello s\u00f3lo ordenar\u00e1 abrir un nuevo folio de matr\u00edcula inmobiliaria para el lote \u201cLOS PANTANOS\u201d para que esta sentencia no quede como se dice en el argot popular \u201cpara enmarcar\u201d, y ser\u00e1n las dem\u00e1s personas a las cuales dimanen derechos la citada escritura 129, las que individual o conjuntamente concurran al aparato jurisdiccional para que se les reconozcan frente a sus leg\u00edtimos contradictores, los folios de matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-0134283 y 060-33538 deber\u00e1n cancelarse a fin de que no haya doble titulaci\u00f3n, y ordenar registrar las sentencias en el folio 060-32803, afectado parcialmente (2.604 M2)\u00bb15. <\/p>\n
4. El recurso de revisi\u00f3n formulado por Primevalueservice S.A.S.16. <\/p>\n
Con asiento en las causales octava y novena del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la adquirente del predio \u201cEl Pajal-Pantano\u201d formul\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n en contra del fallo previamente compendiado. <\/p>\n
4.1. Primer motivo de revisi\u00f3n: \u00abExistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb (causal octava). <\/p>\n
Adujo el ente societario que, en el libelo introductor del proceso declarativo que ahora es objeto de escrutinio, Luc\u00eda Alvarado Pacheco demand\u00f3 a Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez, a la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo, a Malter\u00edas de Colombia S.A. y a Bavaria S.A., para que se les ordenara reivindicar un inmueble denominado \u201cLos Pantanos\u201d, que, seg\u00fan all\u00ed se dijo, forma parte de la \u00abhacienda denominada Santa Ana\u00bb. <\/p>\n
De esta heredad de mayor extensi\u00f3n solo se anot\u00f3 que \u00abest\u00e1 ubicada en la isla de Bar\u00fa, jurisdicci\u00f3n de Cartagena y est\u00e1 compuesta por tres caballer\u00edas\u00bb y en cuanto a la espec\u00edfica porci\u00f3n materia de las pretensiones, es decir, el \u00abinmueble denominado \u201cEl Pantano\u201d\u00bb se dijo que lindaba \u00abpor el norte con predio de los se\u00f1ores Manuel D\u00edaz y Pablo Obreg\u00f3n y mide por este lado 994.60 [metros]; por el sur (…) con predios de Jos\u00e9 Dolores Pacheco y Sal\u00f3n (sic) Jurado y mide por este lado 846.15 [metros]; este (sic) con predio de los se\u00f1ores Pablo Obreg\u00f3n y Jos\u00e9 Pacheco y mide por este lado 431.90 [metros]; por el oeste linda con predios de Pablo Obreg\u00f3n y Sal\u00f3n Jirado (sic) y mide por este lado 767.70 [metros], lo que da una cabida superficiaria de 55 hect\u00e1reas, m\u00e1s 2.037,92 metros cuadrados, con referencia catastral 013700010211000\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, en sentencia del 8 de octubre de 2001, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena acogi\u00f3 el petitum, ordenando la reivindicaci\u00f3n; pero al desatar la segunda instancia, el tribunal dispuso, de forma sorpresiva, \u00ababrir un nuevo folio de matr\u00edcula inmobiliaria asign\u00e1ndolo al inmueble \u201cLos Pantanos\u201d\u00bb, as\u00ed como \u00abcancelar los folios de matr\u00edcula n.\u00b0 060-134283 y 060-33538\u00bb. Con estas dos \u00faltimas determinaciones, el ad quem no solo desconoci\u00f3 el principio de congruencia que, por regla, informa al procedimiento civil (pues nada de ello se pidi\u00f3 en el libelo introductor), sino que, adem\u00e1s, se atribuy\u00f3 la facultad de cancelar folios de matr\u00edcula inmobiliaria, sin que exista una pauta legal expresa que lo permitiera. <\/p>\n
Asimismo, pas\u00f3 por alto que el predio con matr\u00edcula inmobiliaria 060-134283, que orden\u00f3 suprimir, corresponde a un fundo (\u201cEl Pajal-Pantano\u201d) distinto de aquel que se pidi\u00f3 reivindicar (\u201cLos Pantanos\u201d), sobre el cual nunca se inscribi\u00f3 la demanda con la que se ejerci\u00f3 acci\u00f3n de dominio, y que, adem\u00e1s, pertenec\u00eda para ese entonces a una persona jur\u00eddica (la propia recurrente) que no fue vinculada a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
A lo anterior a\u00f1adi\u00f3 que esa heredad hab\u00eda sido adquirida por Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez mediante prescripci\u00f3n extraordinaria, que le fue reconocida en sentencias \u2014de primera y segunda instancia\u2014 del 15 de septiembre de 1993 y 18 de marzo de 1994, es decir, \u00abcon mucha anterioridad a la formulaci\u00f3n del proceso reivindicatorio\u00bb. <\/p>\n
Ello implica que en la cadena de tradiciones de \u201cEl Pajal-Pantano\u201d existe un t\u00edtulo originario, que no podr\u00eda ser desconocido por uno derivativo, como la sucesi\u00f3n que invoc\u00f3 la reivindicante, pues as\u00ed expresamente lo proscribe el art\u00edculo 70 del Decreto 1250 de 1970, seg\u00fan el cual \u00abcumplida la inscripci\u00f3n de la sentencia declarativa de pertenencia, en adelante no se admitir\u00e1 demanda sobre la propiedad o posesi\u00f3n del inmueble matriculado en las condiciones dichas, por causa anterior a la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, para la fecha en que Primevalueservice S.A.S. adquiri\u00f3 ese terreno (mediante escritura p\u00fablica n.\u00b0 2607 del 19 de octubre de 2005 de la Notar\u00eda 11 de Bogot\u00e1), \u00absobre este no pesaba ning\u00fan gravamen, limitaci\u00f3n al dominio o medida cautelar, como inscripci\u00f3n de la demanda, etc. (…) que pusiera de manifiesto la existencia de alg\u00fan proceso judicial relativo al dominio o a cualquier otro derecho real sobre tal inmueble\u00bb; por ello, la recurrente \u00abes respecto del bien un adquirente de buena fe, cuyo derecho de propiedad no puede ser desconocido por decisiones judiciales proferidas dentro de procesos a los cuales no haya sido convocada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, enfatiz\u00f3 que el tribunal no se limit\u00f3 a cancelar la matr\u00edcula de un inmueble ajeno al proceso, sino que dispuso \u00abla apertura de un nuevo folio de matr\u00edcula inmobiliaria, convirti\u00f3 en due\u00f1os del predio al cual se refer\u00eda la matricula cancelada, a la reivindicante y al cesionario, Francisco Villarreal Herrera, creando as\u00ed una situaci\u00f3n que adem\u00e1s de absolutamente injur\u00eddica, afecta gravemente el derecho de propiedad de la sociedad [Primevalueservice S.A.S.]\u00bb. <\/p>\n
4.2. Segundo motivo de revisi\u00f3n: \u00abSer la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada\u00bb (causal novena). <\/p>\n
Para la impugnante, con la cancelaci\u00f3n del folio de matr\u00edcula 060-134283, y la subsunci\u00f3n del predio correspondiente en el nuevo que se orden\u00f3 abrir en favor de Luc\u00eda Alvarado Pacheco, se desconocieron los efectos erga omnes de cosa juzgada derivados de las sentencias (de 15 de septiembre de 1993 y 18 de marzo de 1994) que declararon que Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez hab\u00eda adquirido, por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria, el inmueble llamado \u201cEl Pajal-Pantano\u201d. <\/p>\n
Precis\u00f3 que si bien la demanda de pertenencia se dirigi\u00f3 solamente contra personas indeterminadas, ello obedeci\u00f3 a que el predio \u201cEl Pajal-Pantano\u201d y los lotes circunvecinos carec\u00edan de antecedentes registrales, lo que explica que fuera en virtud de las decisiones judiciales referenciadas que se abri\u00f3 un folio de matr\u00edcula, en el que finalmente se inscribi\u00f3 la sentencia declaratoria de la pertenencia (el 060-134283), constituy\u00e9ndose el se\u00f1or Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez en el leg\u00edtimo propietario del referido espacio f\u00edsico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, \u00abcuando la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, no solamente estim\u00f3 que el predio \u201cEl Pajal\u201d (\u2026) se encontraba comprendido dentro del de mayor extensi\u00f3n denominado \u201cLos Pantanos\u201d, cuya restituci\u00f3n pretend\u00eda la reivindicante, sino que, adem\u00e1s, consider\u00f3 que como consecuencia de esa restituci\u00f3n pod\u00eda igualmente disponer de la cancelaci\u00f3n del folio que legalmente se hab\u00eda abierto para inscribir la sentencia de pertenencia sobre el predio \u201cEl Pajal\u201d y, de paso, crearle \u2014desde luego ilegalmente\u2014 a dicha demandante un nuevo folio (…) desconoci\u00f3 los efectos de la cosa juzgada que a las sentencias declaratorias de pertenencia les imprime el art\u00edculo 70 del Decreto 1250 de 1970\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, anot\u00f3 que se hab\u00edan verificado todos los presupuestos de la cosa juzgada, en la medida en que existe identidad de partes, \u00abpues Primevalueservice es, al fin y al cabo, causahabiente remoto de Pablo Orteg\u00f3n Gonz\u00e1lez (\u2026) y bajo el rubro de personas indeterminadas cuya comparecencia se realiz\u00f3 por conducto de curador ad litem debe y tiene que considerarse que concurri\u00f3 la ahora reivindicante\u00bb; tambi\u00e9n hay identidad de objeto, \u00abpues la posesi\u00f3n cuya restituci\u00f3n se reclama recae sobre un bien de mayor extensi\u00f3n que comprende el adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria por Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez\u00bb y, finalmente, puede predicarse la identidad de causa, por cuanto \u00abla materia objeto de controversia en los dos procesos es la misma, o sea, la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sentencia que por esta senda extraordinario se impugna \u00able causa grave perjuicio a la sociedad recurrente, pues con la cancelaci\u00f3n del folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 060-134238, se le despoja del dominio del bien legalmente adquirido y la coloca en la imposibilidad de demostrar, ante quien pretenda disputarle su derecho, que es la verdadera y \u00fanica titular del predio El Pajal\u00bb. <\/p>\n
5. La r\u00e9plica de los convocados. <\/p>\n
5.1. Francisco Villarreal Herrera, cesionario (parcial) de la demandante, afirm\u00f3 que el recurso de revisi\u00f3n no puede prosperar, y propuso las defensas de \u00abinaplicabilidad de la causal 8 del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb; \u00abcaducidad\u00bb; \u00abla sentencia del Tribunal Superior de Cartagena – Sala Civil Familia, produce efectos frente a Primevalueservice S.A.S.\u00bb; \u00abinexistencia de la causal 9 de revisi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb y \u00abno existi\u00f3 violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb17. Las mismas defensas fueron reproducidas, posteriormente, en el escrito que arrim\u00f3 Rafael Via\u00f1a Alvarado, hijo de la reivindicante18. <\/p>\n
5.2. El curador ad litem de los herederos determinados e indeterminados de Luc\u00eda Alvarado Pacheco, y de los indeterminados de Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez, formul\u00f3 las excepciones de \u00abpleito pendiente\u00bb; \u00abcausal del recurso de revisi\u00f3n diferente a la planteada\u00bb; \u00abcompensaci\u00f3n de culpas\u00bb y \u00abgen\u00e9rica\u00bb19. <\/p>\n
5.3. Pablo Gabriel, Andr\u00e9s y Felipe Obreg\u00f3n Santodomingo, en su condici\u00f3n de herederos de Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez, dijeron no oponerse a la prosperidad del remedio extraordinario, y admitieron \u00abcomo ciertos los fundamentos de hecho y legales de las pretensiones planteadas\u00bb20. <\/p>\n
6. El recurso de revisi\u00f3n formulado por Fonade21. <\/p>\n
Tambi\u00e9n al abrigo de la octava causal de revisi\u00f3n, la referida impugnante expuso que \u00abmediante la sentencia de fecha de 2 de julio de 2008, se puso fin al proceso ordinario reivindicatorio promovido por Luc\u00eda Alvarado Pacheco contra Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez, la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo, Malter\u00edas de Colombia S.A. y Bavaria S.A., a fin de obtener la restituci\u00f3n material del inmueble conocido como Los Pantanos, el cual carece de folio de matr\u00edcula inmobiliaria y cuenta con una extensi\u00f3n de 55 hect\u00e1reas con 2.037,92 metros cuadrados (\u2026) [y] luego de rituada la primera instancia, (\u2026) se orden\u00f3 la reivindicaci\u00f3n a favor de los demandantes del inmueble Los Pantanos, declarar no probadas las excepciones propuestas y condenar en costas al extremo pasivo\u00bb. <\/p>\n
A lo expuesto agreg\u00f3 que, al adicionar el fallo de primer grado, el tribunal \u00abexcedi\u00f3 su competencia funcional\u00bb al proferir \u00f3rdenes \u00abpara las cuales carec\u00eda de atribuci\u00f3n legal\u00bb, advirtiendo que \u00ab(\u2026) en este proceso reivindicatorio el ad quem no solamente se limit\u00f3 a ordenar la reivindicaci\u00f3n, esto es, no solamente dispuso ordenar que se restituyera materialmente el predio a favor de la demandante Luc\u00eda Alvarado Pacheco, sino que decidi\u00f3 emitir una serie de \u00f3rdenes para las cuales carec\u00eda de competencia pues no corresponden a determinaciones propias de un proceso reivindicatorio\u00bb. <\/p>\n
En punto a lo anterior, precis\u00f3 que \u00ab(\u2026) su atribuci\u00f3n jurisdiccional [la de la colegiatura de segunda instancia, se aclara] comprende \u00fanicamente determinar si se cumplen o no los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n reivindicatoria y, en tal virtud, ordenar la restituci\u00f3n material del bien al demandante o simplemente negarla, adem\u00e1s de ordenar, desde luego, las restituciones y prestaciones mutuas, cuando as\u00ed se haya solicitado. Nunca puede el juez ordenar la apertura de un nuevo folio de matr\u00edcula inmobiliaria o disponer la cancelaci\u00f3n de otros pues (…) ese no es el tema de discusi\u00f3n en este tipo de procesos y (…) no existe ninguna norma legal que as\u00ed lo disponga\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n reliev\u00f3 que \u00abeste proceso, seg\u00fan se lee en la demanda y en las respectivas contestaciones, nunca tuvo como prop\u00f3sito que a la demandante Luc\u00eda Alvarado Pacheco se le permitiera contar con un nuevo folio de matr\u00edcula inmobiliaria para el inmueble que aduc\u00eda como de su propiedad o que se cancelaran los que corresponden a bienes propiedad de los demandados o de terceros. El alcance de las pretensiones de Luc\u00eda Alvarado era simplemente la orden de reivindicaci\u00f3n, pues, como se dijo, ello constituye el \u00e1mbito exclusivo de discusi\u00f3n en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, y \u00abso pretexto de que la sentencia a favor de la demandante no se quedara \u201cpara enmarcar\u201d, el Tribunal emiti\u00f3 \u00f3rdenes para las cuales carec\u00eda de competencia (\u2026), [pues] ten\u00eda que limitarse a estudiar si la orden de reivindicaci\u00f3n se ajustaba o no a derecho, pero nunca ordenar que el folio de matr\u00edcula inmobiliaria (\u2026) fuese cancelado\u00bb; as\u00ed, \u00abadem\u00e1s de exceder los l\u00edmites de su competencia funcional y extralimitar el \u00e1mbito de discusi\u00f3n de un proceso reivindicatorio, viol\u00f3 el derecho de defensa de Fonade, ya que en este proceso nunca se analiz\u00f3 y discuti\u00f3 si la propiedad (\u2026) estaba o no en tela de juicio\u00bb. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, sintetiz\u00f3 sus reproches as\u00ed: \u00ab(i) el Tribunal carec\u00eda de atribuciones legales para disponer, en sede de un proceso reivindicatorio, la creaci\u00f3n de un folio de matr\u00edcula inmobiliaria para el bien pretendido en reivindicaci\u00f3n (\u2026); (ii) El Tribunal carec\u00eda de atribuciones legales para ordenar la cancelaci\u00f3n del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-335338, correspondiente al predio (\u2026) propiedad de Fonade, pues en los procesos reivindicatorios al demandado se le ordena solamente la reivindicaci\u00f3n del bien y, eventualmente, lo condena al pago de frutos y otros rubros, etc., pero nunca ordena la cancelaci\u00f3n de folios de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb. <\/p>\n
7. La r\u00e9plica de los convocados. <\/p>\n
7.1. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo coadyuv\u00f3 la demanda de Fonade22. <\/p>\n
7.2. Los herederos de Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez pidieron que se acogiera el remedio extraordinario23. <\/p>\n
7.4. Francisco Villarreal Herrera y Martha Via\u00f1a Alvarado, cesionario (parcial) y heredera \u2013en su orden\u2013 de la otrora demandante, tambi\u00e9n manifestaron que la causal de revisi\u00f3n alegada no se hab\u00eda configurado, y formularon las excepciones denominadas \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa de Fonade\u00bb; \u00abcaducidad por la intervenci\u00f3n del heredero Roberto Via\u00f1a Alvarado\u00bb; \u00abno tipificaci\u00f3n de la causal taxativa y espec\u00edficamente del numeral 9 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (sic)\u00bb; \u00abviolaci\u00f3n al principio non bis in \u00eddem\u00bb; \u00abviolaci\u00f3n al principio \u201cpacta sun (sic) servanda\u201d, incumplimiento de los Acuerdos 107 y 169 de la OIT\u00bb25. <\/p>\n
8. Acumulaci\u00f3n de tr\u00e1mites. <\/p>\n
Mediante prove\u00eddo CSJ AC1021-2014, 5 mar., la Sala dispuso \u00abdecretar la acumulaci\u00f3n de los \u201crecursos de revisi\u00f3n\u201d formulados por Primevalueservice S.A.S y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo \u201cFonade\u201d, frente a la sentencia de 2 de julio de 2008 proferida por el Tribunal Superior de Cartagena\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es pertinente advertir que los recursos de revisi\u00f3n (acumulados) que dieron origen a la presente actuaci\u00f3n se interpusieron el 6 de octubre de 2009 (proceso principal) y el 2 de julio de 2010 (proceso acumulado). Para ese entonces, se encontraba vigente el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de modo que todo lo concerniente a los aludidos remedios extraordinarios se ha de regir por dicha normativa. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto que, de acuerdo con las reglas de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n que prev\u00e9 el art\u00edculo 625-5 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013que entr\u00f3 en vigor durante el presente tr\u00e1mite\u2013, \u00ablos recursos interpuestos (…) se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron (…)\u00bb. <\/p>\n
2. Precisiones en torno a la oportunidad en la interposici\u00f3n de los recursos. <\/p>\n
2.1. Es necesario resaltar que las impugnantes han manifestado, al un\u00edsono, que el fallo de segunda instancia no les fue notificado en debida forma, habiendo incluso formulado sendos incidentes de nulidad en los que alegaron la existencia de irregularidades en el acto de publicaci\u00f3n del edicto correspondiente26, de cuya suerte no obra constancia en esta actuaci\u00f3n. Pero al margen de esa situaci\u00f3n sui generis, lo cierto es que, desde una \u00f3ptica meramente formal, y sin que ello implique convalidar el acto de enteramiento cuestionado, el fallo recurrido en revisi\u00f3n habr\u00eda sido notificado mediante edicto fijado el 8 de julio de 2008, y desfijado el d\u00eda 10 de ese mismo mes. Entonces, como esa providencia era susceptible de casaci\u00f3n, cobrar\u00eda ejecutoria el 17 de julio de 2008, al fenecer el lapso legal para interponer ese remedio (art\u00edculo 331, C\u00f3digo de Procedimiento Civil). <\/p>\n
Partiendo del punto explicado, y teniendo en cuenta que las inconformes fincaron sus alegaciones en las causales octava y novena de revisi\u00f3n, se concluye que la presentaci\u00f3n de los recursos fue oportuna, pues estos fueron radicados el 6 de octubre de 2009 (Primevalueservice S.A.S.) y el 2 de julio de 2010 (Fonade), esto es, dentro de los dos a\u00f1os siguientes a la fecha de la ejecutoria, conforme la regla del art\u00edculo 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.2. Admitiendo ese punto de partida, corresponder\u00eda entrar a elucidar lo atinente a la excepci\u00f3n de caducidad, que propusieron algunos de los opositores con base en la fecha en que fueron enterados del auto admisorio del recurso extraordinario. Sin embargo, la Sala estima innecesario acometer ese labor\u00edo, comoquiera que \u2013en este asunto en particular\u2013 la eventual consumaci\u00f3n del referido plazo carecer\u00eda de relevancia. <\/p>\n
Lo anterior porque la sentencia censurada resolvi\u00f3, sin ninguna reflexi\u00f3n al respecto, una disputa donde se encontraban involucrados dos intereses jur\u00eddicos circunstancialmente contrapuestos, y que resultan preponderantes, a saber, la titularidad del Estado sobre los bienes fiscales por naturaleza, y el derecho de varios copropietarios, integrantes de la comunidad negra de Bar\u00fa27. <\/p>\n
Ciertamente, el proceso reivindicatorio donde se dict\u00f3 el fallo cuestionado presentaba, al menos desde una perspectiva formal, una colisi\u00f3n entre t\u00edtulos de propiedad distintos, que \u2013seg\u00fan lo dedujo la colegiatura de segunda instancia\u2013 corresponder\u00edan a la misma franja de terreno, y que pueden caracterizarse as\u00ed: <\/p>\n
(i) De un lado, el que esgrimi\u00f3 la demandante, Luc\u00eda Alvarado Pacheco, esto es, la escritura p\u00fablica 2974 de 14 de agosto de 1996, que recoge el trabajo de partici\u00f3n de la sucesi\u00f3n de Arturo Pacheco, y en el que se le adjudic\u00f3 a aquella \u2013sin especificar su grado de parentesco con el causante\u2013 una \u00fanica hijuela, integrada por \u00abla cuota parte de las tierras comprendidas en la hacienda Santa Ana en la Isla de Bar\u00fa, compuesta por tres caballer\u00eda (sic) de tierras adquiridas mediante escritura p\u00fablica no. 129 del 15 de mayo de 1887\u00bb28. <\/p>\n
Ahora bien, en el referido instrumento p\u00fablico aparece consignado lo siguiente: <\/p>\n
\u00abAnte mi, Osvaldo H. Garc\u00eda, Notario primero suplente de esta provincia [se refiere a la ciudad de Cartagena], compareci\u00f3 a la oficina a mi cargo la se\u00f1ora Virginia H. Revollo, mujer, natural y vecina de esta ciudad, soltera y mayor de edad, a quien yo el notario doi (sic) fe que conozco, y dijo: Que por s\u00ed y en nombre de sus herederos y sucesores da en venta real y enajenaci\u00f3n perpetua a los se\u00f1ores [1] Aguedo Julio, [2] Ceferino Medrano, [3] Evaristo Consuegra, [4] Dionisio P\u00e1jaro, [5] Eusebio Julio, [6] Luis Rodr\u00edguez, [7] Luis Rodr\u00edguez, [8] Esteban Hern\u00e1ndez, [9] Blas Romero, [10] Manuel Romero, [11] Juli\u00e1n Cardales, [12] Resinaldo Torres, [13] Samuel Molina, [14] Catalino Molina, [15] Jos\u00e9 L. Julio, [16] Benito Rodr\u00edguez, [17] Arturo Pacheco, [18] D\u00e1maso Consuegra, [19] Eugenio Pacheco, [20] Juan Pacheco, [21] Jos\u00e9 S. Pacheco, [22] Victoriano Romero, [23] Carlos Medrano, [24] Jos\u00e9 del Carmen Morillo, [25] Le\u00f3n Pacheco, [26] Pedro Pacheco, [27] Germ\u00e1n Pacheco, [28] Juli\u00e1n Julio, [29] Fernando P\u00e1jaro, [30] Bernardo Mart\u00ednez, [31] Jos\u00e9 Mart\u00ednez, [32] Jos\u00e9 Mar\u00eda Morillo, [33] Pedro Morillo, [34] Teresa V\u00e9lez, [35] Magdalena Cota, [36] Marcelino Cota, [37] Tom\u00e1s C. Pupo, [38] Pablo Cardales, [39] Juan Cardales, [40] Pl\u00e1cido Albarado (sic), [41] Higinio Angulo, [42] Sebasti\u00e1n Alvares (sic), [43] Baldomero Cardales, [44] Clemente Cardales, [45] Manuel Revollo, [46] Pablo Julio, [47] Luis Julio, [48] Gertrudis Jirado (sic), [49] Jos\u00e9 Isabel Pacheco, [50] Jos\u00e9 Medrano, [51] Dominga Guerrero, [52] Victoriano Angulo, [53] Gabino Pacheco, [54] Nicasio Pacheco, [55] Custodio Pacheco, [56] Custodio V\u00e1squez, [57] Eduardo Torres, [58] Jos\u00e9 Gil Jurado, [59] Vicente Angulo, [60] Marcos Canabal, [61] Francisco Payares, [62] Ferm\u00edn Baldelamar, [63] Juan Julio de la Rosa, [64] Manuel Licona, [65] Eusebio Ortega, [66] Juan Bautista D\u00edaz, [67] Luis Mart\u00ednez, [68] Catalino Julio, [69] Pedro Julio, [70] Jos\u00e9 Medrano, [71] Victoriano Julio, [72] Eloi (sic) Hern\u00e1ndez, [73] Francisco Pe\u00f1a, [74] Juan Bautista D\u00edaz, [75] Nicasio Medrano, [76] Eusebio Aicardi, [77] Santiago Julio de la Rosa, [78] Esteban Barasnegras, [79] Tibursio Medrano, [80] Marcos Pacheco, [81] Juan Julio Ca\u00f1ete, [82] Eusebio Medrano, [83] Pedro Cardales, [84] Manuel Barrios, [85] Andr\u00e9s Julio, [86] Santiago Julio G\u00f3mez, [87] Melchor Mart\u00ednez, [88] Apolinar Baldiris, [89] Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez, [90] Toribio Ram\u00edrez, [91] Mateo Molina, [92] Ram\u00f3n Julio, [93] Claro Torres, [94] Bartolo Torres, [95] Benito Pacheco, [96] Jos\u00e9 Torres y [97] Rosalio V\u00e9lez, para ellos y los suyos, la Hacienda de Campo con su horno para fabricar cal, la coquera fundada en el punto nombrado la puntilla, aguadas y todas sus anexidades, Hacienda nombrada \u201cSanta Ana\u201d, ubicada en la Isla de Bar\u00fa, jurisdicci\u00f3n de este distrito, compuesta de tres caballer\u00edas de tierra, incluso el punto en que esta fundado el pueblo nombrado Santa Ana, que hace muchos a\u00f1os pertenece esa \u00e1rea a dichos vecinos; no expreso los linderos por constar ellos en la escritura por la cual compr\u00e9 y quererse evitar que los compradores m\u00e1s tarde le hagan reclamaciones sobre este particular (…). Los se\u00f1ores compradores manifestaron que cada uno de ellos para poder efectuar esta compra ha contribuido con la suma de veinte y cuatro (sic) pesos, pero el comprador tambi\u00e9n se\u00f1or Juan Bautista D\u00edaz ha contribuido en la compra con la suma de trescientos veinte pesos, mas tambi\u00e9n ha contribuido con cuarenta y ocho pesos por cuya raz\u00f3n el lugar determinado \u201cLa Puntilla\u201d con los \u00e1rboles de coco le pertenecen exclusivamente a \u00e9l solo, en uni\u00f3n del se\u00f1or Manuel Licona que ha contribuido con la mitad de esta suma, quienes adem\u00e1s poseen lo mismo que los dem\u00e1s compradores el resto de lo comprado\u00bb29. <\/p>\n
Una revisi\u00f3n somera de esa cadena de titulaci\u00f3n indicar\u00eda, al menos prima facie, que el se\u00f1or Arturo Pacheco, de quien la actora se dice heredera, ser\u00eda uno de los noventa y siete pobladores de Bar\u00fa antes relacionados, que habr\u00edan adquirido sendas cuotas de dominio de la hacienda \u201cSanta Ana\u201d, heredad que, al menos seg\u00fan la informaci\u00f3n que reposa en el expediente, no parece haber sido fraccionada, a trav\u00e9s de cauces legalmente admisibles, entre sus m\u00faltiples copropietarios. <\/p>\n
Asimismo, la Corte no pasa por alto que el Consejo Comunitario de la comunidad negra de Bar\u00fa ha defendido, vehementemente, que la singular estructura de ese ius in re proindiviso es una expresi\u00f3n de la propiedad colectiva de dicha agrupaci\u00f3n \u00e9tnica30, aunque adaptada a las formas de la cultura nacional mayoritaria (es decir, las incorporadas en el C\u00f3digo Civil colombiano), l\u00ednea de pensamiento que, de confirmarse, tendr\u00eda significativa influencia en cualquier discusi\u00f3n relacionada con el dominio de esas tierras. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, como lo ense\u00f1a la jurisprudencia constitucional, <\/p>\n
\u00ab(…) muchos fueron los cambios en la concepci\u00f3n, no s\u00f3lo pol\u00edtica, sino social que introdujo la Constituci\u00f3n de 1991. En especial, reconoci\u00f3 una realidad de diversidad que hab\u00eda sido ignorada en la Constituci\u00f3n de 1886, y que se manifest\u00f3 jur\u00eddicamente. As\u00ed, el art\u00edculo 1 de la Constituci\u00f3n vigente, se refiere al Estado colombiano como una Republica \u201c(\u2026) democr\u00e1tica, participativa y pluralista\u201d, con lo cual describe, no s\u00f3lo el sistema de gobierno en el que el pueblo, como sujeto gobernante y gobernado ejerce el poder pol\u00edtico a trav\u00e9s de la participaci\u00f3n, sino que, a la vez, se refiere a la composici\u00f3n del mismo pueblo en sentido plural. <\/p>\n
Al respecto, es importante rescatar el reconocimiento pol\u00edtico del pluralismo como una caracter\u00edstica del pueblo, que, antes que nada, describe la realidad social en un contexto tan diverso como el colombiano, y que se hizo manifiesto en el proceso constituyente. Sin embargo, una vez el pluralismo se consagr\u00f3 en la Constituci\u00f3n, en tanto norma jur\u00eddica, no s\u00f3lo signific\u00f3 una mera descripci\u00f3n social, sino que signific\u00f3, como qued\u00f3 dicho en la Sentencia T-527 de 1992, un reconocimiento de tipo individual al pluralismo ideol\u00f3gico, y, a la vez, al pluralismo institucional, esto es, al \u201creconocimiento de derechos a grupos y organizaciones, configurando, en la pr\u00e1ctica, varias modalidades de titulares colectivos; dentro de los cuales se cuentan sindicatos, partidos pol\u00edticos, agremiaciones profesionales, instituciones acad\u00e9micas, etc.\u201d. <\/p>\n
De tal modo que su dimensi\u00f3n comprende la concepci\u00f3n de variedad de la sociedad, \u201cpues en ella confluyen grupos y tendencias de diverso signo\u201d. El pluralismo expresa, como indica este Tribunal, la distancia frente al unilateralismo y la uniformidad para permitir la convivencia pac\u00edfica e interrelaci\u00f3n de diferentes grupos y opiniones (sentencia C-230 de 2008). <\/p>\n
Lejos de una visi\u00f3n abstracta que ense\u00f1ar\u00eda al pueblo como un sujeto homog\u00e9neo, la Constituci\u00f3n reconoce expresamente su composici\u00f3n pluralista a trav\u00e9s de diferentes normas. As\u00ed, en el art\u00edculo 7 Superior se dispone que \u201c[e]l Estado reconoce y protege la diversidad \u00e9tnica y cultural de la Naci\u00f3n colombiana\u201d, lo que es una expresi\u00f3n del pluralismo que incluye la existencia de diferentes etnias y culturas, y que se ve, adem\u00e1s, complementado en el art\u00edculo 8 que establece: \u201c[e]s obligaci\u00f3n del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Naci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se concreta la idea de un Estado pluralista en disposiciones como el art\u00edculo 10, en el cual, si bien establece el castellano como idioma oficial, en seguida la norma pasa a reconocer que \u201c[l]as lenguas y dialectos de los grupos \u00e9tnicos son tambi\u00e9n oficiales en sus territorios. La ense\u00f1anza que se imparte en las comunidades con tradiciones ling\u00fc\u00edsticas propias ser\u00e1 biling\u00fce\u201d. <\/p>\n
En este sentido, se podr\u00edan tener en cuenta las muchas disposiciones normativas en la Constituci\u00f3n que se encargan de hacer manifiesta la diversidad, tanto individual, cuando, por ejemplo, se garantiza el libre desarrollo de la personalidad (art\u00edculo 16), la libertad de cultos (art\u00edculo 19); como en un contexto colectivo cuando se prev\u00e9n disposiciones a favor de grupos espec\u00edficos, verbigracia el art\u00edculo 68 que regula algunos aspectos en materia educativa, y se detiene en la identidad cultural de los distintos grupos \u00e9tnicos, en el sentido que \u201c[l]os integrantes de los grupos \u00e9tnicos tendr\u00e1n derecho a una formaci\u00f3n que respete y desarrolle su identidad cultural\u201d. <\/p>\n
(…) Las comunidades negras, como se mencion\u00f3, son uno de esos grupos minoritarios reconocidos expresamente por la Constituci\u00f3n, y que concretan el contenido pluralista del Estado desde el punto de vista racial y cultural. Estas comunidades, adem\u00e1s, han sido destinatarias de una especial protecci\u00f3n en procura de atender la condici\u00f3n de debilidad manifiesta en la que se encentran debido principalmente, seg\u00fan lo ha manifestado esta Corporaci\u00f3n, a la situaci\u00f3n de hist\u00f3rica marginalidad y segregaci\u00f3n de la cual ha sido v\u00edctima (al respecto, por ejemplo, las sentencias T-1095 de 2005, T-025 de 2004, C-169 de 2001, T-422 de 1996). <\/p>\n
Sin embargo, no obstante que en la Carta de 1991 no se cuenta con un extenso compendio de normas referidas a proteger a las comunidades negras, les han sido extendidas, por v\u00eda jurisprudencial, muchas de las disposiciones que la Constituci\u00f3n hab\u00eda reservado inicialmente para las comunidades ind\u00edgenas. Sobre esto, en la Sentencia T-955 de 2003 se indica que \u201csi bien la Carta en algunas de sus disposiciones, solo se refiere a los grupos ind\u00edgenas, en realidad debe entenderse a partir de los art\u00edculos 5\u00b0, 13, 16, 63, 68, 70, 72, 79 y 176 superiores, que los derechos consagrados para estos \u00faltimos se extienden a los primeros\u201d. <\/p>\n
En el mismo sentido, la Sentencia C-253 de 2013 precis\u00f3: \u201c[e]n otras sentencias, adem\u00e1s de resaltar a estas comunidades \u2014negras\u2014 como sujetos colectivos titulares de derechos de diversa \u00edndole, se les han extendido diferentes disposiciones constitucionales inicialmente reservadas a los pueblos ind\u00edgenas\u201d. Frente a lo cual, la providencia citada hizo referencia a los casos en que la jurisprudencia constitucional ha reconocido la extensi\u00f3n del mecanismo de la consulta previa para estas comunidades en funci\u00f3n del derecho que tienen las comunidades afro descendientes, al igual que los pueblos ind\u00edgenas, a la subsistencia de acuerdo con sus formas y medios tradicionales de producci\u00f3n dentro de sus territorios, porque de esta manera se realiza y hace efectivo su derecho a la integridad cultural, social y econ\u00f3mica. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, la subsistencia de estas comunidades ha estado ligada directamente al territorio de asentamiento, lo que tiene definitiva importancia en el caso de las comunidades negras por su componente tradicional y ancestral (…). Lo anterior, da cuenta de la importancia del territorio para la subsistencia y desarrollo de estas comunidades, de manera que constituye un elemento fundamental para garantizar, en el sentido m\u00e1s estricto, la presencia y existencia de las mismas, y por ende la realizaci\u00f3n del pluralismo. <\/p>\n
No s\u00f3lo como un elemento general, que implica que cualquier persona o grupo requiere un espacio donde vivir, sino por la \u201cespecial relaci\u00f3n de esos conglomerados \u00e9tnicos con su entorno, no s\u00f3lo por encontrar all\u00ed su principal medio de subsistencia, sino porque constituye un elemento integrante de su cultura, costumbres y tradiciones, habiendo resaltado el constituyente la importancia cardinal del derecho de dichas comunidades sobre el territorio\u201d (Sentencia T-1045A de 2010)\u00bb (CC, T-414 de 2015). <\/p>\n
(ii) De otro lado, la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo (empresa industrial y comercial del Estado) finc\u00f3 sus actos de se\u00f1or\u00edo en su condici\u00f3n de propietaria del lote denominado \u201cEl Tuco\u201d, que adquiri\u00f3 mediante compraventa instrumentada en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 317 de 30 de abril de 1981. Ese activo, entonces, tiene la condici\u00f3n de bien fiscal por naturaleza, lo que amerita especial resguardo de la jurisdicci\u00f3n, tal como lo anot\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en CSJ SPL, 16 nov. 1978: <\/p>\n
\u00abBienes de uso p\u00fablico y bienes fiscales conforman el dominio p\u00fablico del Estado, como resulta de la declaraci\u00f3n del art\u00edculo 674 del C\u00f3digo Civil. La distinci\u00f3n entre \u201cbienes fiscales\u201d y \u201cbienes de uso p\u00fablico\u201d, ambos pertenecientes al patrimonio del Estado, esto es, a la hacienda p\u00fablica, hecha por las leyes, no se funda pues en una distinta naturaleza sino en cuanto a su destinaci\u00f3n y r\u00e9gimen. Los segundos est\u00e1n al servicio de los habitantes del pa\u00eds, de modo general, de acuerdo con la utilizaci\u00f3n que corresponda a sus calidades, y los primeros constituyen los instrumentos materiales para la operaci\u00f3n de los servicios estatales o son reservas patrimonia\u00adles aplicables en el futuro a los mismos fines o a la satisfacci\u00f3n de otros intereses sociales. Es decir que, a la larga, unos y otros bienes del Estado tienen objetivos id\u00e9nticos, en funci\u00f3n de servicio p\u00fablico, concepto equivalente pero no igual al de \u201cfunci\u00f3n social\u201d, que se refiere exclusivamente al dominio privado. <\/p>\n
Esto es, que ambas clases de bienes estatales forman parte del mismo patrimonio y solo tienen algunas diferencias de r\u00e9gimen legal, en raz\u00f3n del distinto modo de utilizaci\u00f3n. Pero, a la postre, por ser bienes de la hacienda p\u00fablica tienen un r\u00e9gimen de derecho p\u00fablico, aunque tengan modos especiales de administraci\u00f3n. <\/p>\n
El C\u00f3digo Fiscal, Ley 110 de 1912, establece pre\u00adcisamente el r\u00e9gimen de derecho p\u00fablico para la administraci\u00f3n de los bienes fiscales nacionales. R\u00e9gimen especial, separado y aut\u00f3nomo de la reglamentaci\u00f3n del dominio privado. No se ve, por eso, por qu\u00e9 est\u00e1n unos amparados con el privilegio estatal de la imprescriptibilidad y los otros no, siendo unos mismos su due\u00f1o e igual su destinaci\u00f3n final, que es el del servicio de los habitantes del pa\u00eds. Su afectaci\u00f3n, as\u00ed no sea inmediata sino potencial al servicio p\u00fablico, debe excluirlos de la acci\u00f3n de pertenencia, para hacer prevalecer el inter\u00e9s p\u00fablico o social sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
En ese mismo sentido se pronunci\u00f3 la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u00abUno de los fines esenciales del Estado es el de \u201cservir a la comunidad\u201d, finalidad que se cumple cuando se prestan los servicios p\u00fablicos. Y los bienes fiscales, en general, est\u00e1n destinados a garantizar la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos. Tanto los bienes afectos a un servicio p\u00fablico, como aquellos que no lo est\u00e1n pero podr\u00edan estarlo en el futuro. Como, en \u00faltimas, esos bienes pertenecen a la comunidad, merecen un tratamiento especial que los proteja, en bien de toda la sociedad. <\/p>\n
No se quebranta la igualdad, porque quien posee un bien fiscal, sin ser su due\u00f1o, no est\u00e1 en la misma situaci\u00f3n en que estar\u00eda si el bien fuera de propiedad de un particular. En el primer caso su inter\u00e9s particular se enfrenta a los intereses generales, a los intereses de la comunidad; en el segundo, el conflicto de intereses se da entre dos particulares (…). <\/p>\n
Por otra parte, es equivocado afirmar que esta norma [se refiere la Corte Constitucional al art\u00edculo 407-4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil] quebranta el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n, en lo relativo a la funci\u00f3n social de la propiedad. Precisamente, si desde el punto de vista de la finalidad del Estado se mira, es claro que la norma tiende a asegurar la capacidad econ\u00f3mica del Estado para prestar los servicios p\u00fablicos. En la medida en que se impide que los particulares se apropien de los bienes fiscales, se asegura o garantiza la capacidad fiscal para atender las necesidades de la comunidad\u00bb (CC, C-530 de 1996). <\/p>\n
2.3. El panorama explicado permite advertir que, en el litigio ordinario que viene mencion\u00e1ndose, subyac\u00eda un conflicto entre bienes jur\u00eddicos de especial trascendencia constitucional: el derecho a la propiedad de los noventa y siete cond\u00f3minos \u2013que, eventualmente, pudiera calificarse como una manifestaci\u00f3n de la propiedad colectiva de la comunidad negra de Bar\u00fa\u2013, y la titularidad estatal sobre un bien fiscal, destinado para la ejecuci\u00f3n de planes estrat\u00e9gicos de desarrollo, en beneficio de todos los habitantes de la aludida zona del caribe31. <\/p>\n
Pese a ello, la sentencia de segunda instancia no da cuenta de un m\u00ednimo ejercicio de ponderaci\u00f3n frente a tan encumbrada colisi\u00f3n de derechos. En esa providencia, en realidad, no se dedic\u00f3 siquiera una l\u00ednea a explicar c\u00f3mo una copropiedad plural habr\u00eda mutado en el dominio emancipado que aleg\u00f3 la actora, ni se justific\u00f3 tampoco la extinci\u00f3n de los derechos reales del Estado sobre terrenos destinados a un proyecto beneficioso para la comunidad, en pos de favorecer un inter\u00e9s econ\u00f3mico individual. <\/p>\n
En suma, el tribunal dispuso \u2013sin mayor ilustraci\u00f3n, insiste la Corte\u2013 cancelar los folios de matr\u00edcula inmobiliaria donde se encontraban registrados los t\u00edtulos de dominio enarbolados por los convocados, y adem\u00e1s, orden\u00f3 abrir uno nuevo, para registrar all\u00ed a la actora y a Francisco Villarreal Herrera (\u201ccesionario parcial\u201d de aquella) como \u00fanicos propietarios de \u00ablas 46 hect\u00e1reas 6.440 metros\u00bb reivindicadas, todo ello en desmedro de los derechos preponderantes impl\u00edcitamente vinculados en la discusi\u00f3n procesal. <\/p>\n
Y siendo ello as\u00ed, sin que sea necesario establecer la pertinencia de esas medidas, o su armon\u00eda con el ordenamiento, lo cierto es que en la fundamentaci\u00f3n de la decisi\u00f3n judicial existen vac\u00edos argumentativos de tal calado \u2013principalmente en lo que tiene que ver con la determinaci\u00f3n y alcances de los derechos reales enfrentados\u2013 que, por la especial configuraci\u00f3n de esta litis, redundan en una arbitraria lesi\u00f3n al patrimonio p\u00fablico y, eventualmente, a los derechos de un grupo de pobladores de la comunidad negra de Bar\u00fa (en su alegada condici\u00f3n de cond\u00f3minos de la hacienda \u201cSanta Ana\u201d32). <\/p>\n
Por dicha senda, y considerando la preeminencia que un Estado Social de Derecho debe conferir a ese tipo de derechos, advierte la Corte que el agravio irrogado por el tribunal no podr\u00eda convalidarse \u2013como pretenden los herederos y cesionarios de la se\u00f1ora Alvarado Pacheco\u2013 por la inoportuna notificaci\u00f3n a los convocados del auto admisorio dictado en este tr\u00e1mite. Ello porque, como lo ha reconocido la Corte al analizar casos similares, <\/p>\n
\u00ab(…) la funci\u00f3n judicial tiene como objetivo dar a cada proceso una soluci\u00f3n conforme a derecho. A fin de garantizar que la sentencia cumpla este cometido, se han instituido mecanismos de correcci\u00f3n como los recursos o medios de impugnaci\u00f3n ordinarios y extraordinarios, gracias a los cuales los sujetos procesales tienen la posibilidad de solicitar la revisi\u00f3n de la sentencia por una instancia o grado superior, cuando consideran que la decisi\u00f3n no se ajusta a la legalidad. <\/p>\n
Los recursos est\u00e1n limitados por la forma y tiempo de proponerlos, pues de lo contrario las controversias no tendr\u00edan fin y ser\u00edan un escenario de debate interminable, generando un estado de incertidumbre indefinida que impedir\u00eda dirimir un proceso de manera concluyente. De ah\u00ed que, cuando la sentencia carece de recursos; se han resuelto los que contra ella se interpusieron; o el tiempo para formular los procedentes ha vencido, se dice que tal decisi\u00f3n queda en firme, es inmodificable y ejecutable contra la voluntad de la parte vencida. Tal decisi\u00f3n es, en suma, cosa juzgada, y las partes no pueden volver a discutir el mismo asunto en ese proceso ni en uno separado. <\/p>\n
La caducidad, como bien lo tiene consolidado la jurisprudencia, presupone un t\u00e9rmino dentro del cual una acci\u00f3n puede promoverse ante la jurisdicci\u00f3n, de suerte que expirado ese plazo, aqu\u00e9lla no es ejercitable. Trat\u00e1ndose del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, espec\u00edficamente, el art\u00edculo 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se\u00f1ala el plazo dentro del cual \u00e9ste debe interponerse. A tal respecto, el inciso 2\u00ba de esa disposici\u00f3n establece: \u201cCuando se alegue la causal prevista en el numeral 7\u00ba del mencionado art\u00edculo, los dos a\u00f1os comenzar\u00e1n a correr desde el d\u00eda en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con l\u00edmite m\u00e1ximo de cinco a\u00f1os. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro p\u00fablico, los anteriores t\u00e9rminos s\u00f3lo comenzar\u00e1n a correr a partir de la fecha del registro\u201d. <\/p>\n
Normalmente, el vencimiento del t\u00e9rmino de caducidad contemplado en el art\u00edculo 381 del estatuto procesal impedir\u00eda poder ejercitar el recurso de revisi\u00f3n, en cuyo caso el fallo har\u00eda tr\u00e1nsito a cosa juzgada definitiva, independientemente de su legalidad o acierto. Sin embargo, en el caso que se analiza, la sentencia que es objeto de revisi\u00f3n viol\u00f3 tan gravemente el ordenamiento jur\u00eddico, que la aceptaci\u00f3n de su contenido mediante la figura de la caducidad pondr\u00eda en crisis la legitimidad del sistema de derecho patrimonial, como quiera que la premisa fundamental e inquebrantable sobre la cual se asienta todo el r\u00e9gimen de adquisici\u00f3n e intercambio de bienes econ\u00f3micos afirma que s\u00f3lo los bienes que no son del Estado, son susceptibles de posesi\u00f3n por los particulares. <\/p>\n
Este postulado se encuentra consagrado en el art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el 674 del C\u00f3digo Civil, el 2519 ejusdem y el 407-4 del estatuto procesal, art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el 674 del C\u00f3digo Civil, el 2519 ejusdem, y el 407-4 del estatuto procesal; preceptos que en cuanto permiten establecer las relaciones y diferencias entre bienes p\u00fablicos y privados se erigen en criterio de ordenaci\u00f3n del r\u00e9gimen jur\u00eddico de adquisici\u00f3n y transmisi\u00f3n de los bienes. <\/p>\n
El Derecho Privado Patrimonial \u2013explica D\u00edez-Picazo\u2013 es la parte del Derecho Civil que comprende las normas y las instituciones a trav\u00e9s de las cuales se realizan y ordenan las actividades econ\u00f3micas de las personas. En cuanto tal, encarna la voluntad del Estado para organizar, mediante reglas de derecho, los puntos claves del modelo econ\u00f3mico previsto en la Constituci\u00f3n, siendo el primero de ellos la definici\u00f3n de los bienes econ\u00f3micos que son susceptibles de ser pose\u00eddos por los particulares. De ah\u00ed que el r\u00e9gimen patrimonial privado dependa del reconocimiento jur\u00eddico del \u00e1mbito de apoderamiento econ\u00f3mico que una persona puede ejercer sobre las cosas, el cual se encuentra limitado por las restricciones que la ley impone a su libertad de iniciativa privada, tales como la funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica de la propiedad, la movilizaci\u00f3n de la riqueza en favor del inter\u00e9s general, los bienes reservados al dominio o uso p\u00fablico, los bienes comunales, etc. <\/p>\n
Las normas que se\u00f1alan el orden econ\u00f3mico de la sociedad permiten resolver la tensi\u00f3n relacional entre los derechos particulares y los bienes p\u00fablicos, por lo que son reglas b\u00e1sicas institucionales que tambi\u00e9n, desde un punto de vista individual, pueden llegar a ser derechos subjetivos. Tales disposiciones son de orden p\u00fablico, indisponibles e irrenunciables por los representantes del Estado y, por ello, su invocaci\u00f3n mediante las acciones judiciales respectivas no est\u00e1 limitada por t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n o caducidad. <\/p>\n
Una decisi\u00f3n judicial que vaya en contra de esas reglas b\u00e1sicas institucionales constituye una decisi\u00f3n ileg\u00edtima, extra\u00f1a al sistema jur\u00eddico, inoponible a los intereses del Estado, y no est\u00e1 amparada por t\u00e9rminos de caducidad, dado que no es posible que un instituto que tiene como funci\u00f3n pr\u00e1ctica la preservaci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica termine cumpliendo el prop\u00f3sito contrario, esto es socavar la estabilidad del sistema de derecho. <\/p>\n
Tal decisi\u00f3n no est\u00e1 dentro del marco de condiciones que fija la ley para la soluci\u00f3n de una situaci\u00f3n concreta jur\u00eddicamente previsible, sino que se encuentra por fuera de todo lo que el sistema jur\u00eddico contempla como posible; es, sin lugar a dudas, una providencia que por contrariar las normas b\u00e1sicas que constituyen los pilares del ordenamiento constitucional y legal, el inter\u00e9s p\u00fablico y la estabilidad del sistema de derecho, jam\u00e1s podr\u00e1 llegar a legitimarse mediante la operancia de la caducidad. No es, por tanto, jur\u00eddicamente posible que la caducidad otorgue los atributos de inimpugnabilidad e inmutabilidad a una decisi\u00f3n que de ninguna manera puede ser oponible a los intereses del Estado, porque la caducidad no es un axioma o criterio absoluto aplicable en todos los casos como fin en s\u00ed mismo y sin ninguna otra consideraci\u00f3n, sino que obedece a unos criterios superiores que imprimen autoridad, validez y coherencia al contenido del fallo. Estas consideraciones resultan indispensables para resolver la excepci\u00f3n de caducidad del recurso de revisi\u00f3n (…) toda vez que en esta oportunidad la impugnaci\u00f3n extraordinaria no es susceptible de dicho t\u00e9rmino extintivo porque la decisi\u00f3n acusada contrar\u00eda gravemente los principios supremos del ordenamiento positivo, en lo que respecta al r\u00e9gimen de adquisici\u00f3n y transmisi\u00f3n de los bienes que son susceptibles de posesi\u00f3n o dominio privado\u00bb (CSJ SC1727-2016, 15 feb.). <\/p>\n
En s\u00edntesis, los principios que busca salvaguardar el ordenamiento jur\u00eddico al establecer un t\u00e9rmino de caducidad para interponer el recurso de revisi\u00f3n no son absolutos, sino que pueden ser sometidos a un juicio de ponderaci\u00f3n, siempre que se advierta que la pervivencia de una resoluci\u00f3n judicial notoriamente injusta pone en riesgo o impide la realizaci\u00f3n efectiva de otros mandatos de optimizaci\u00f3n, de similar o mayor valor para la sociedad. <\/p>\n
En ese orden, circunstancias verdaderamente excepcionales pueden llevar a que la aplicaci\u00f3n a rajatabla de la pauta que prev\u00e9 el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se torne inadmisible, en tanto comportar\u00eda dotar de total firmeza a una sentencia que lesiona bienes jur\u00eddicos prevalentes y que gozan de especial\u00edsima protecci\u00f3n constitucional, como el patrimonio del Estado, o los derechos de comunidades vulnerables. Y como as\u00ed ocurre en el caso sub examine, seg\u00fan se explic\u00f3, no se acoger\u00e1 la excepci\u00f3n de caducidad que esgrimieron los opositores. <\/p>\n
Por consiguiente, proceder\u00e1 la Corte a analizar, de fondo, las censuras que formularon los impugnantes extraordinarios. <\/p>\n
3. La causal octava de revisi\u00f3n (\u00abExistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso…\u00bb). <\/p>\n
En punto a la especificidad de los motivos de invalidaci\u00f3n procesal, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha precisado, consistentemente, que <\/p>\n
\u00ab(…) no hay defecto capaz de estructurar nulidad, sin ley que expresamente la establezca, consagrado sint\u00e9ticamente en el encabezamiento del art\u00edculo 140 del estatuto de enjuiciamiento [que corresponde al precepto 133 del C\u00f3digo General del Proceso] al decir que \u201cel proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos (…)\u201d, especificidad que reafirma el inciso 4o. del art\u00edculo 143 ib\u00eddem [135 actual], al disponer que \u201cel juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta a las determinadas en este cap\u00edtulo…\u201d. <\/p>\n
La contundencia de esta directriz se pone de presente en estas palabras de la Corte: \u201cLa ley procesal es terminante al se\u00f1alar cu\u00e1les vicios de actividad son generadores de nulidad y cu\u00e1les no, [de] manera que no es dable al int\u00e9rprete asimilar a los primeros, acudiendo a argumentos de analog\u00eda o por mayor\u00eda de raz\u00f3n, alg\u00fan otro tipo de defecto adjetivo, restricci\u00f3n por cierto claramente definida en una larga tradici\u00f3n jurisprudencial al tenor de la cual se tiene por sabido que \u201c…nuestro C\u00f3digo de procedimiento Civil -aludiendo al de 1931 que as\u00ed como el actual consagraba el principio de la especificidad de las nulidades-, siguiendo el principio que informa el sistema franc\u00e9s, establece que ninguna actuaci\u00f3n del proceso puede ser declarada nula si la causal no est\u00e1 expresamente prevista en la ley. Las causales de nulidad, pues, son limitativas y no es admisible extenderlas a informalidades o irregularidades diversas. Es posible que en el juicio se presenten situaciones que originen desviaci\u00f3n m\u00e1s o menos importante de normas que regulen las formas procesales, pero ello no implica que constituyan motivo de nulidad, la cual, se repite, \u00fanicamente puede emanar de las causales entronizadas por el legislador\u201d (G.J. t. XCI, p\u00e1g. 449)\u00bb (CSJ SC, 22 mar. 1995, rad. 4459; reiterada en CSJ SC5512-2017, 24 abr. y CSJ AC2727-2018, 28 jun.). <\/p>\n
Con apoyo en la comentada regla orientativa del sistema de nulidades procesales, un sector de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha insistido, de forma consistente, en que la \u00abnulidad originada en la sentencia\u00bb ata\u00f1e, exclusivamente, a la estructuraci\u00f3n en la fase conclusiva del juicio de una cualquiera de las causales de anulabilidad procesal previstas en la codificaci\u00f3n vigente. As\u00ed, por ejemplo, en el fallo CSJ SC9228-2017, 29 jun., se precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[E]l El motivo de revisi\u00f3n consagrado en el numeral octavo del art\u00edculo 380 del estatuto procesal civil refiere a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelaci\u00f3n o de casaci\u00f3n, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deber\u00e1 alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnaci\u00f3n no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio. <\/p>\n
Respecto de esta causal, ha reiterado la Corte que \u201c(…) no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en \u00e9ste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso\u201d (CXLVIII, 1985) <\/p>\n
De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisi\u00f3n se dirige a \u201cabolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u201d (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421) <\/p>\n
Es decir que ha de tratarse de una irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido. (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que \u2018los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -a m\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil- \u2026se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u00bb. (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001) <\/p>\n
Este tipo de nulidad puede originarse seg\u00fan la doctrina \u201ccon la sentencia firmada con menor n\u00famero de magistrados o adoptada con un n\u00famero de votos diversos al previsto por la ley, o la pronunciada en proceso legalmente terminado por desistimiento, transacci\u00f3n, perenci\u00f3n, o suspendido o interrumpido\u201d (Hernando MORALES MOLINA. Curso de derecho procesal civil. Parte general. 8\u00aa ed. Bogot\u00e1: ABC, 1983. P. 652). Y otros eventos adicionales que destaca la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n radican en la condena a quien no ha figurado en el proceso como parte, o si al resolver la solicitud de aclaraci\u00f3n del fallo se termina modific\u00e1ndolo, y cuando se dicta sentencia \u201csin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar cuando el procedimiento as\u00ed lo exija\u201d (CSJ SC, 29 ago. 2008)\u00bb (CSJ SC9228-2017, 29 jun.). <\/p>\n
Hechas las anteriores precisiones, la Sala advierte la presencia de varios defectos may\u00fasculos en la sentencia recurrida, que adem\u00e1s de comprometer el debido proceso de las recurrentes, corresponden a una expresi\u00f3n \u2013muy particular\u2013 de las causas de nulidad consagradas en los numerales 2 y 9 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, seg\u00fan se explicar\u00e1, a espacio, seguidamente: <\/p>\n
En ese libelo, adem\u00e1s, se denunciaron como poseedores del aludido bien ra\u00edz al se\u00f1or Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez, a la Corporaci\u00f3n Nacional del Turismo, y a las sociedades Malter\u00edas de Colombia S.A. y Bavaria S.A., aunque realmente de los actos de se\u00f1or\u00edo del primero y de la \u00faltima no existe ni siquiera una referencia somera en el expediente. Inclusive, los mencionados demandados no participaron activamente en el proceso, y la jurisdicci\u00f3n tampoco adopt\u00f3 decisiones en su contra, en ninguna de las instancias. <\/p>\n
Las dos personas jur\u00eddicas restantes ejercieron su defensa, concentr\u00e1ndose en dos aspectos: la escasa informaci\u00f3n acerca de la ubicaci\u00f3n del bien a reivindicar, y las peculiaridades del derecho de dominio de la actora. Asimismo, la entidad p\u00fablica calific\u00f3 su posesi\u00f3n como un \u00abacto leg\u00edtimo de propietario\u00bb, advirtiendo luego que \u00abel denominado por la demandante como predio Los Pantanos est\u00e1 conformado por lotes de propiedad de [la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo] y, probablemente, por una franja de terreno de propiedad de Malter\u00edas de Colombia S.A., lo cual habr\u00e1 de corroborarse con certeza en el plenario\u00bb33. <\/p>\n
Como puede inferirse, en los albores del litigio no se estableci\u00f3 la zona exacta que la actora afirmaba como suya, contexto de indeterminaci\u00f3n que no impidi\u00f3 a las convocadas intuir que el conflicto involucraba bienes de su propiedad, pues recientemente hab\u00edan adquirido varios fundos en el sector de Playa Blanca, con el fin de llevar a cabo, conjuntamente, el \u00abProyecto Playa Blanca \u2013 Bar\u00fa\u00bb, al que se refiere el documento CONPES 3333 de 17 de enero de 200534. <\/p>\n
3.2. A medida que el juicio avanzaba, algunas pruebas periciales intentaron clarificar el panorama, aunque sin mayor suceso. En efecto, los peritos Freddy Javier Rodgers Vel\u00e1squez y Miguel \u00c1ngel Fl\u00f3rez Jim\u00e9nez dijeron haber ubicado geoespacialmente el predio \u201cLos Pantanos\u201d, aunque se\u00f1alaron, inicialmente al menos, que este no se sobrepon\u00eda a los lotes \u201cEl Tuco\u201d y \u201cLa Truchuela\u201d35, que figuraban como de propiedad de la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo, sin mencionar inmuebles distintos. <\/p>\n
Los mismos expertos, al \u201caclarar\u201d su dictamen, se retractaron de tal conclusi\u00f3n inicial, y afirmaron que \u00abobservando el plano general aportado por nosotros, los peritos, decimos que el lote El Tuco S\u00cd se encuentra incluido en el predio Los Pantanos con un \u00e1rea de 10 Hect\u00e1reas m\u00e1s 1.189 metros cuadrados. Los dem\u00e1s lotes mencionados en la escritura 31736 algunos son colindantes del lote Los Pantanos, como se puede observar en el plano adjunto\u00bb37. No obstante, continuaron dejando de lado cualquier consideraci\u00f3n respecto a los inmuebles de propiedad de Malter\u00edas de Colombia S.A. <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, al objetar por error grave el aludido dictamen, la mencionada sociedad suplic\u00f3 \u00abque se determine pericialmente si Malter\u00edas tiene o no inter\u00e9s en la causa por pasiva\u00bb, insistiendo en que \u00abel plano que fue aportado al proceso (…) donde figuran dos lotes de terreno hoy de propiedad del Ministerio de Desarrollo junto con los de Malter\u00edas de Colombia S.A., aparece el lote El Pajal (…) que dicen los peritos queda cercano al lote Los Pantanos, pero no realizaron ninguna inclusi\u00f3n o exclusi\u00f3n de este en el pleito en donde nos han llamado como demandados (…). Para aportar toda nuestra titulaci\u00f3n y defendernos con la escritura precisa y su correspondiente registro, debemos establecer a trav\u00e9s de los mecanismos legales (…) si el predio El Pajal (…) est\u00e1 afectado con el inexacto predio a reivindicar\u00bb38. <\/p>\n
Al descorrer el traslado de la objeci\u00f3n, el apoderado de la propia actora anot\u00f3 que \u00abel dictamen no puede establecer la identidad del predio (…) con matr\u00edcula inmobiliaria 060-0134283 [\u201cEl Pajal-Pantano\u201d] por cuanto este predio no es colindante con el predio de mi mandante (…)\u00bb, por lo que \u00abse descarta de manera contundente la posibilidad de una yuxtaposici\u00f3n\u00bb39. Estas afirmaciones fueron luego refrendadas por los se\u00f1ores Rodgers Vel\u00e1squez y Fl\u00f3rez Jim\u00e9nez, quienes sostuvieron: <\/p>\n
\u00abProcedemos a localizar el predio El Pajal, cuyo nombre fue cambiado por el nombre El Pantano, esto se observa en la escritura aclaratoria No. 839 del 3 de marzo de 1995, Notar\u00eda 23 de Bogot\u00e1. La ubicaci\u00f3n exacta de este lote ser\u00eda: Por el NORTE, seg\u00fan plano del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, con el predio No. 0445 de propiedad de la Corporaci\u00f3n Nacional del Turismo, propiedad esta adquirida mediante escritura p\u00fablica No. 317 de 30 de abril de 1981 (…) y matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-003353740; por el SUR con el predio No. 0213 de due\u00f1os desconocidos; por el ESTE con el predio objeto de este proceso (Los Pantanos), cabe anotar que este lindero es el \u00fanico colindante entre ambos lotes, y por el OESTE, con el predio No. 0442 de propiedad de la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo, adquirida mediante escritura p\u00fablica No. 317 de 30 de abril de 1981 (…) y matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-003353641. [El] predio conocido como El Pajal-Pantano ha sido identificado en este informe y corresponde al No. 211 (…). Como anteriormente anotamos, en este informe el \u00fanico lindero colindante entre estos dos lotes es el ESTE del lote EL PAJAL (EL PANTANO) se sobreentiende que no est\u00e1 incluido dentro de \u00e9l, parcial o totalmente. De esta manera, hemos localizado tanto los lotes de la Corporaci\u00f3n Nacional del Turismo como el lote No. 0211 de propiedad de Malter\u00edas de Colombia S.A. y el predio LOS PANTANOS, que estar\u00eda constituido por los lotes No. 0212, 0506 y 0507\u00bb42. <\/p>\n
3.3. Acogiendo \u00edntegramente esas premisas, en el fallo de 8 de octubre de 2001 el juez a quo asever\u00f3: <\/p>\n
\u00abDel trabajo topogr\u00e1fico se estableci\u00f3 en primero tono (sic) la ubicaci\u00f3n de todos los predios comprometidos, concluy\u00e9ndose que los denominados El Tuco, La Truchuela, El Trovador, La Tucupilla, El Trancho y El Turpial son colindantes del denominado predio Los Pantanos, que es motivo del presente proceso. Lotes de propiedad de la anterior Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo, hoy Ministerio de Desarrollo, adquiridos mediante escritura p\u00fablica 317 de 30 de abril de 1981, ante la notar\u00eda 31 de Bogot\u00e1. Igualmente en este informe se aprecia la vinculaci\u00f3n del predio El Tuco, con referencia catastral 004-000217, correspondiendo al numero 0217 de la carta catastral (…), con FMI [folio de matr\u00edcula inmobiliaria, se aclara] 060-33528, con el predio demandante (sic) Los Pantanos, pero en un \u00e1rea de 10 hect\u00e1reas m\u00e1s 1.189 metros cuadrados. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al predio denominado El Pajal, adquirido por uno de los demandados seg\u00fan consta en la escritura 839 de 1995, extendida en la Notar\u00eda 23 de Bogot\u00e1, con referencia catastral 01-37-0001-0211-00 y FMI 060-0134283 es colindante con el predio en discusi\u00f3n, con la anotaci\u00f3n que el predio al inicio se denominaba El Pantano y fue cambiado por el nombre de El Pajal43. Se puntualiza que este predio no est\u00e1 incluido dentro del predio por reivindicar. No hay confusi\u00f3n en el dictamen con lo insin\u00faa (sic) la apoderada del demandado Malter\u00edas de Colombia S.A., hay precisi\u00f3n que la referencia catastral de El Pajal, antes Pantano, si n\u00famero es el 211, y la ubicaci\u00f3n del predio Los Pantanos es, en referencia catastral, el n\u00famero 212, 0506 y 0507, son simplemente vecinos colindantes. <\/p>\n
Pues bien separados los predios de las partes, establecida su realidad geogr\u00e1fica, se concluye que el dominio que oponen a la pretensi\u00f3n lo hacen sobre titularidad nacida en la transferencia del dominio por tradici\u00f3n, sin conocer con exactitud geogr\u00e1fica su ubicaci\u00f3n, y tampoco donde comienzan y terminan, de manera que surge entonces la inquietud sobre que es lo que realmente est\u00e1n poseyendo y vigilando? (sic). Para el proceso y los apoderados de los demandados han recalcado sobre su leg\u00edtima posesi\u00f3n sobre el predio disputado, para ello se apoyan en los t\u00edtulos adquisitivos de dominio aportados, por consiguiente y de acuerdo con el dictamen realizado sus dominios est\u00e1n en otro lugar y est\u00e1n poseyendo terreno que no les corresponde, y por consiguiente negando el ejercicio del dominio leg\u00edtimo del accionante (sic). <\/p>\n
(…) Luego entonces el predio identificado con el nombre El Pajal, antes El Pantano, de propiedad de los demandados Malter\u00edas de Colombia S.A. [aclara la Sala que, para la fecha de la sentencia, dicho ente hab\u00eda sufrido una serie de escisiones y fusiones, transform\u00e1ndose en Redes de Colombia S.A.], no est\u00e1 incluido dentro de lo reclamado, son colindantes, de donde se infiere que su vigilancia y cuidado deber\u00e1 enmarcarse dentro de la ubicaci\u00f3n lim\u00edtrofe entregado en el acto constitutivo (sic) y no impedir el acceso leg\u00edtimo de sus vecinos bajo un pretexto de similitud inexistente. <\/p>\n
Por manera resulta entonces un enfrentamiento de derecho entre el propietario del predio El Tuco con los demandantes (sic), due\u00f1os de Los Pantanos, de acuerdo con lo arriba planteado. Para recordar que se dijo, seg\u00fan versi\u00f3n entregada por los tip\u00f3grafos (sic), que aquel se encuentra incluido en el \u00faltimo en \u00e1rea de 10 hect\u00e1reas m\u00e1s 1.189 metros. El lote denominado El Tuco est\u00e1 identificado con la referencia catastral 004-000217 y correspondiente (sic) al n\u00famero 217 de la carta catastral, y su dominio pertenece a la antigua Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo, hoy Ministerio de Desarrollo, adquiere mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 317 de 30 de abril de 1981 otorgado en la Notar\u00eda 31 de Bogot\u00e1, siendo su causante contractual (sic) el se\u00f1or Pablo obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez del Corral, tambi\u00e9n demandado, quien a la vez anuncia su declaraci\u00f3n de propietario por sentencia proferida dentro del proceso de pertenencia adelantado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito. Se obtiene el dominio de 50 hect\u00e1reas dentro de las que l\u00f3gicamente est\u00e1n comprendidas las 11 (sic) hect\u00e1reas m\u00e1s 1.189 metros que penetran dentro del terreno de Los Pantanos\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, a diferencia de lo decidido frente al ente de derecho p\u00fablico, el juez a quo coligi\u00f3 que la heredad denominada \u201cEl Pajal-Pantanos\u201d, de propiedad de Redes de Colombia S.A. (sucesor procesal de Malter\u00edas de Colombia S.A.), no se superpon\u00eda en ning\u00fan punto con el bien a reivindicar44, resoluci\u00f3n que no fue atacada por la demandante a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto equivale a decir que la determinaci\u00f3n judicial que se adopt\u00f3 frente a la referida porci\u00f3n de terreno cobr\u00f3 plena firmeza a partir del 23 de octubre de 2001 (fecha en la que feneci\u00f3 la oportunidad para que la se\u00f1ora Alvarado Pacheco formulara el remedio vertical45), extingui\u00e9ndose as\u00ed la condici\u00f3n de cosa litigiosa del activo inmobiliario al que le correspond\u00eda el folio de matr\u00edcula 060-134283. M\u00e1s a\u00fan cuando sobre esa heredad no se elevaron pretensiones concretas, ni pes\u00f3 jam\u00e1s la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda, entre otros supuestos que pudieran sugerir su vinculaci\u00f3n al debate judicial. <\/p>\n
3.4. T\u00e9ngase en cuenta, en punto a los conceptos de \u201ccosa litigiosa\u201d y \u201cderecho litigioso\u201d, que: <\/p>\n
\u00abUn importante sector de la doctrina califica el acto (…) a partir de la distinci\u00f3n entre los conceptos de derecho litigioso y cosa litigiosa, entendiendo por el primero la eventualidad de ganar o perder un proceso (litigio), donde se controvierte la existencia o titularidad de un derecho sustancial, y por la segunda, el bien disputado en el respectivo proceso, el cual existe como realidad ontol\u00f3gica con independencia del derecho, y del proceso mismo y su resultado (Fernando V\u00e9lez, T. 7\u00ba, p\u00e1g. 350, G\u00f3mez Estrada, p\u00e1g. 189, Bonivento Fern\u00e1ndez, p\u00e1g. 182). <\/p>\n
Por su lado, la doctrina chilena, ocup\u00e1ndose de normas similares a las colombianas, plantea la distinci\u00f3n se\u00f1alada entre derecho y cosa litigiosa y tratando la forma de la cesi\u00f3n de los derechos litigiosos, deja por averiguado que \u201cNo ha establecido el C\u00f3digo la forma de efectuar la cesi\u00f3n de derechos litigiosos\u201d (V\u00e9ase Meza Barros, p\u00e1g. 188, Alessandri Rodr\u00edguez y Somarriva Undurraga, T. I., p\u00e1g. 444). Tambi\u00e9n la Corte ha hecho la distinci\u00f3n \u201cEl contrato de cesi\u00f3n de derechos litigiosos \u2013ha dicho- es esencialmente distinto del de venta de cosas litigiosas. El objeto del primero \u2018es el evento incierto de la litis\u2019 (C.C. art. 1969), o sea el derecho sometido a controversia judicial; el del segundo es la cosa corporal misma cuya propiedad se litiga\u201d (G.J. LXIV, p\u00e1g. 477). <\/p>\n
(…) Como antes se indic\u00f3, uno es el derecho litigioso y otra muy distinta la cosa litigiosa, porque mientras que el primero se entronca con la existencia de un proceso judicial como consecuencia de la resistencia a la pretensi\u00f3n, la segunda constituye el objeto de esa pretensi\u00f3n: inmediato si se mira el derecho, relaci\u00f3n o situaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial controvertida, o mediato si se atiende al bien o inter\u00e9s de la vida afectivamente perseguido\u00bb (CSJ SC, 14 mar. 2001, rad. 5647). <\/p>\n
A juicio de la Sala, la parquedad de la demanda impide construir un v\u00ednculo directo entre el reclamo reivindicatorio y el derecho dominical de Malter\u00edas de Colombia S.A. (luego Redes de Colombia S.A.) sobre el inmueble llamado \u201cEl Pajal-Pantano\u201d. Pero si, hipot\u00e9ticamente, se admitiera que esa relaci\u00f3n subyac\u00eda en las pretensiones de la se\u00f1ora Alvarado Pacheco, lo cierto es que, cuando el juez a quo \u2013con la anuencia expresa y t\u00e1cita de la demandante\u2013 excluy\u00f3 de la disputa al referido fundo, el mismo no pod\u00eda seguir consider\u00e1ndose \u201clitigioso\u201d, en el sentido explicado. <\/p>\n
Y es que, aunque la reivindicaci\u00f3n prosper\u00f3, la propiedad del terreno denominado \u201cEl Pajal-Pantano\u201d no sufri\u00f3 mengua en el decurso de la primera instancia, debi\u00e9ndose agregar que, como la demandante se pleg\u00f3 \u00edntegramente a lo decidido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, la situaci\u00f3n comentada no podr\u00eda modificarse por el tribunal, so pena de infringir la prohibici\u00f3n de reforma en perjuicio, principio jur\u00eddico, de raigambre constitucional, sobre el que la Corte ha decantado lo siguiente: <\/p>\n
\u00abTanto si el recurso \u201cabre una segunda instancia \u2013explica [Eduardo Payares]\u2013, como cuando no lo hace, rige el principio de la reformatio in pejus, que consiste en lo siguiente: si una de las partes impugna una resoluci\u00f3n, y la otra se conforma con ella, t\u00e1cita o expresamente, la sentencia que declare improcedente el recurso no puede modificar la resoluci\u00f3n impugnada da\u00f1ando al recurrente. Este principio se funda en que los recursos los otorga la ley en beneficio de quien los utiliza, y no en su perjuicio\u201d. (p. 682). <\/p>\n
La reformatio in pejus presupone: a) que se trate de un apelante \u00fanico, lo que implica que la parte perjudicada con la decisi\u00f3n se conforma con ella al no impugnarla; y b) que la sentencia que resuelve el recurso desmejore la situaci\u00f3n del recurrente, reconocida en la primera instancia. Para los efectos de esta figura resulta irrelevante si se trata de una impugnaci\u00f3n parcial (que ataca uno o algunos extremos del litigio, entendiendo por tales los puntos o temas que constituyen el centro de la controversia) o total, dado que el principio se viola cuando se empeora el derecho sustancial que la sentencia censurada reconoci\u00f3 al \u00fanico recurrente\u00bb (CSJ SC14427-2016, 10 oct.). <\/p>\n
3.5. Decantado lo anterior, memora la Sala que Redes de Colombia S.A. vendi\u00f3 el lote \u201cEl Pajal-Pantano\u201d a la sociedad Primeother Ltda. mediante escritura p\u00fablica n.\u00b0 579 de 19 de marzo de 2004; y que esta lo transfiri\u00f3 por la misma v\u00eda jur\u00eddica a la hoy recurrente, Primevalueservice S.A.S., a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 2607, otorgada el 19 de octubre del a\u00f1o siguiente. <\/p>\n
A diferencia de lo alegado por los opositores, la Corte reitera que el bien compravendido no pod\u00eda calificarse como una \u201ccosa litigiosa\u201d, puesto que en la \u00e9poca de la transferencia no gravitaba sobre la referida heredad ning\u00fan reclamo judicial, ni tampoco grav\u00e1menes o medidas cautelares que permitieran deducir tal cosa. Y, por lo mismo, la regla que prev\u00e9 el art\u00edculo 60, inciso 3\u00ba, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u00abEl adquirente a cualquier t\u00edtulo de la cosa o del derecho litigioso, podr\u00e1 intervenir como litisconsorte del anterior titular. Tambi\u00e9n podr\u00e1 sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente\u00ab) no era aplicable a Primeother Ltda., ni a Primevalueservice S.A.S. <\/p>\n
Consecuente con ello, y teniendo en cuenta que las referidas sociedades no fueron convocadas a juicio en la demanda, tampoco integraron con las demandadas ning\u00fan litisconsorcio, ni mucho menos fueron aceptadas como sucesoras procesales de aquellas, fuerza concluir que jam\u00e1s tuvieron la calidad de partes del proceso declarativo promovido por la se\u00f1ora Alvarado Pacheco. <\/p>\n
3.6. Lo expuesto es relevante porque, sin reparar en las particularidades rese\u00f1adas, algunos a\u00f1os despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n de las compraventas precitadas, el tribunal dispuso modificar la decisi\u00f3n del juez de primer grado, en desmedro de los \u00fanicos apelantes, y tambi\u00e9n de Primevalueservice S.A.S., que para la fecha en la que se dict\u00f3 esa providencia, era la propietaria del predio con folio de matr\u00edcula 060-134283 (\u201cEl Pajal-El Pantano\u201d). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la colegiatura orden\u00f3 \u00abal se\u00f1or Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, abrir un nuevo folio de matr\u00edcula inmobiliaria asign\u00e1ndolo al inmueble \u201cLOS PANTANOS\u201d descrito en la parte resolutiva de la sentencia de primer grado\u00bb, as\u00ed como \u00abcancelar los folios de matr\u00edculas inmobiliarias No. 060-134283 y 060-33538\u00bb, resoluci\u00f3n que afect\u00f3, indudablemente, el derecho real de dominio que se encontraba en cabeza del ente societario recurrente, pese a que este, se itera, no fung\u00eda como parte en el pleito civil. <\/p>\n
La imposici\u00f3n de esa condena, entonces, trasgredi\u00f3 el derecho a la defensa (uno de los elementos constitutivos del debido proceso), traducido en la posibilidad de los justiciables de ser o\u00eddos con antelaci\u00f3n a la determinaci\u00f3n judicial de sus derechos y obligaciones, con el prop\u00f3sito de que formulen sus propias alegaciones, hagan valer pruebas de cargo o de descargo, seg\u00fan el caso, controviertan las que se presenten en su contra, discutan, a trav\u00e9s de los recursos legalmente establecidos las decisiones de los \u00f3rganos judiciales, etc. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico, el precedente constitucional se\u00f1ala: <\/p>\n
\u00ab(…) [p]or voluntad expresa del Constituyente, el orden jur\u00eddico y el Estado se hallan en la obligaci\u00f3n de asegurar a todas las personas, en el \u00e1mbito de cualquier proceso o actuaci\u00f3n judicial o administrativa, el derecho de defensa, que significa plena oportunidad de ser o\u00eddo, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la pr\u00e1ctica y evaluaci\u00f3n de las que se estiman favorables, as\u00ed como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Con todo ello se quiere impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la b\u00fasqueda de la verdad, con la activa participaci\u00f3n o representaci\u00f3n de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado\u00bb (CC, C-617 de 1996). <\/p>\n
Ahora bien, conforme lo tiene decantado la jurisprudencia de la Sala, compendiada supra, la irregularidad advertida se constituye en un motivo estructurante de nulidad procesal, puntualmente el previsto en el art\u00edculo 140-9 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual tiene lugar en la sentencia, pues fue precisamente en esa oportunidad donde surgi\u00f3 la condena impuesta a quien no fungi\u00f3 como parte, en desmedro de sus derechos iusfundamentales. <\/p>\n
3.7. Establecida la existencia de un motivo de invalidaci\u00f3n del fallo, la Corte no puede pasar por alto que la causal octava de revisi\u00f3n consiste en \u00abexistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb, debi\u00e9ndose a\u00f1adir que, por la naturaleza del litigio, y la entidad del agravio que caus\u00f3 el fallo del tribunal en el patrimonio (p\u00fablico y privado) de las demandadas, la decisi\u00f3n censurada era pasible del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, de interpretar de manera literal la expresi\u00f3n \u00abno era susceptible de recurso\u00bb, la impugnaci\u00f3n estar\u00eda condenada al fracaso. Sin embargo, la Sala estima que esa hermen\u00e9utica no es admisible, porque la exigencia del legislador persigue, realmente, que los remedios endoprocesales sean agotados por el interesado, antes de que acuda a la revisi\u00f3n, criterio de subsidiariedad que resalta su car\u00e1cter extraordinario (Cfr. CSJ SC15579-2016, 31 oct.). <\/p>\n
En ese sentido, no resulta coherente enrostrar a quien fue condenado sin haber sido parte del proceso la omisi\u00f3n en la interposici\u00f3n de los recursos procedentes contra un fallo que no pudo conocer, al menos durante el breve lapso de su ejecutoria. El ordenamiento debe dotar al afectado de una v\u00eda id\u00f3nea para acudir a la jurisdicci\u00f3n y solicitar la reparaci\u00f3n de esa situaci\u00f3n injusta, siendo uno de esos mecanismos la invocaci\u00f3n de la causal octava de revisi\u00f3n, tal como lo ense\u00f1a el precedente y la doctrina patrios. <\/p>\n
Puede concluirse que la regla procesal antes trasuntada no debe entenderse en el sentido de verificar la procedencia del recurso desde una \u00f3ptica simplemente formal (esto es, si el fallo definitivo era pasible de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n), sino tambi\u00e9n desde una perspectiva material, consultando si era posible para el afectado que esos medios de impugnaci\u00f3n se ejercieran en tiempo. Y aunque de ordinario ambas variables coincidir\u00e1n, no ocurre as\u00ed en el caso de quien fue condenado sin ser o\u00eddo ni vencido en juicio. <\/p>\n
Dicho de otro modo, para la Corte la nulidad que antes se advirti\u00f3 se estructur\u00f3 en la sentencia, sin que en esta causa la misma pudiera ser efectivamente controvertida a trav\u00e9s de otro medio de impugnaci\u00f3n por la persona jur\u00eddica agraviada; y siendo ello as\u00ed, la irregularidad explicada armonizar\u00eda plenamente con la causal octava de revisi\u00f3n. <\/p>\n
3.8. Resta por responder dos alegaciones, planteadas por los opositores: <\/p>\n
Esa autonom\u00eda, pilar esencial de toda econom\u00eda libre, perder\u00eda eficacia si bastara con demandar a cualquiera de los integrantes de un grupo empresarial para vincular al proceso a los dem\u00e1s, o para justificar que se adopten decisiones en contra de personas distintas a las que fungen como partes, esto es, el demandante y demandado, los litisconsortes, los llamados en garant\u00eda, los poseedores llamados y los sucesores procesales. Por ende, esta defensa no puede acogerse. <\/p>\n
(ii) Al menos en forma impl\u00edcita, los sucesores de la reivindicante tambi\u00e9n argumentaron que el inmueble \u201cEl Pajal-Pantano\u201d nunca dej\u00f3 de ser una cosa litigiosa (en los t\u00e9rminos explicados), porque el tribunal consider\u00f3 necesario que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta del fallo del juez a quo, de manera que, a voces del art\u00edculo 386 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el superior estaba facultado para modificar el fallo revisado, sin l\u00edmite alguno. <\/p>\n
Sin embargo, ese razonamiento pasa por alto que la decisi\u00f3n de admitir el grado jurisdiccional de consulta se anunci\u00f3 mediante auto notificado el 20 de octubre de 200546, y se materializ\u00f3 con la expedici\u00f3n del auto de 15 de noviembre de esa misma anualidad47, calendas posteriores a la celebraci\u00f3n de los contratos de compraventa del lote \u201cEl Pajal-Pantano\u201d en los que intervinieron Primeother Ltda. y Primevalueservice S.A.S. <\/p>\n
Como las providencias en cita carecen de efectos ex tunc y, adem\u00e1s, eran impredecibles para las sociedades compradoras \u2013dada la \u00e9poca de la negociaci\u00f3n que importa a este tr\u00e1mite\u2013, no resultan id\u00f3neas para alterar la circunstancia de haber adquirido una cosa no sometida a la incertidumbre del litigio, lo cual permit\u00eda al comprador mantenerse v\u00e1lidamente al margen de las resultas de la controversia. <\/p>\n
A ello cabe agregar que la consulta carec\u00eda de sustento legal y \u2013de nuevo\u2013 transgredi\u00f3 las reglas propias del juicio, pues la decisi\u00f3n del a quo no fue adversa para la demandada que estuvo representada por curador ad litem (Bavaria S.A., frente a la cual no se adopt\u00f3 ninguna decisi\u00f3n48), y si bien lo fue para la Naci\u00f3n, esta formul\u00f3 apelaci\u00f3n, escenario en el que deb\u00eda observarse lo dispuesto en el citado canon 386, a cuyo tenor \u00abLas sentencias de primera instancia adversas a la Naci\u00f3n, los departamentos, los distritos especiales y los municipios, deben consultarse con el superior siempre que no sean apeladas por sus representantes o apoderados\u00bb. <\/p>\n
Consecuentemente, los prove\u00eddos referenciados no ser\u00edan aptos para amplificar la competencia del superior, y menos a\u00fan para hacerlo en franco perjuicio de la Naci\u00f3n, a quien pretend\u00eda resguardar el legislador con el grado jurisdiccional. No se olvide que, mientras en primera instancia solo se desmembr\u00f3 parcialmente el lote \u201cEl Tuco\u201d49 (para entonces de propiedad del Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico), el tribunal termin\u00f3 segando del todo la titularidad estatal sobre este \u2013y sobre el fundo vecino, llamado \u201cLa Truchuela\u201d\u2013, pese a que la primera determinaci\u00f3n, menos gravosa, no fue combatida por la reivindicante. <\/p>\n
3.9. Concatenado con lo anterior, la ilicitud de las aludidas providencias de 20 de octubre y 15 de noviembre de 2005 permite evidenciar que, al resolver en su sentencia sobre un improcedente \u201cgrado jurisdiccional de consulta\u201d, el tribunal tambi\u00e9n obr\u00f3 excediendo su competencia funcional, tal como lo denunciaron ambas recurrentes. Para arribar a esa conclusi\u00f3n, es pertinente recordar que: <\/p>\n
\u00ab(…) para la distribuci\u00f3n de la competencia entre los distintos funcionarios judiciales, deben tenerse en cuenta ciertos criterios que en el derecho procesal se conocen como factores determinantes de competencia, uno de los cuales es el funcional, referido al repartimiento vertical o por grado de la competencia, en consideraci\u00f3n a estadios procesales. <\/p>\n
Sin duda alguna, la noci\u00f3n distintiva entre jueces a quo y ad quem, nace de la aplicaci\u00f3n de este criterio distributivo, porque entre uno de sus roles est\u00e1, precisamente, el de poner en vigencia el principio constitucional de la doble instancia, seg\u00fan el cual al superior jer\u00e1rquico funcional le corresponde conocer, entre otros, del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra las providencias dictadas por sus inferiores (…)\u00bb (CSJ SC, 22 sep. 2000, rad. 5362) <\/p>\n
Por ese sendero, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
\u00ab(…) la competencia funcional no se limita a los niveles (superior o inferior) en que los distintos jueces conocen de un recurso vertical, sino que se refiere, adem\u00e1s, a una asignaci\u00f3n de funciones espec\u00edficas a cada uno ellos sin atender al grado, cuando se trata de resolver un asunto distinto a una impugnaci\u00f3n (…). \u201cEn virtud del factor funcional en estricto sentido, que es el que aqu\u00ed interesa, el legislador toma en cuenta la diversa \u00edndole de las funciones que deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias de un mismo proceso (competencia por grados), de modo que habr\u00e1 jueces de primera y de segunda instancia; pero se sabe adem\u00e1s que el C\u00f3digo de Procedimiento Civil colombiano aplica el factor funcional seg\u00fan la clase de funci\u00f3n que el juez desempe\u00f1a en un proceso, distinta del grado, y as\u00ed por ejemplo tiene la Corte competencia funcional para conocer del recurso de casaci\u00f3n o de revisi\u00f3n\u201d. (CS SC 26 Jun 2003, Rad. 7258) <\/p>\n
Aunque com\u00fanmente se le suele llamar competencia por raz\u00f3n del grado, es m\u00e1s apropiado denominarla por raz\u00f3n de la funci\u00f3n, porque la ley la establece atendiendo la labor especial que desempe\u00f1a el \u00f3rgano judicial al administrar justicia y no \u00fanicamente por las distintas instancias en que el juicio se encuentre. Seg\u00fan Carnelutti, esta competencia se da \u201cpor la especial actividad que le est\u00e1 encomendada a un tribunal, lo que da lugar a la conocida divisi\u00f3n en tribunales de primera, de segunda instancia y de casaci\u00f3n\u201d (Eduardo PALLARES. Diccionario de derecho procesal civil. p. 162) <\/p>\n
La competencia funcional se circunscribe generalmente a la distribuci\u00f3n de los procesos entre jueces de primera, de segunda instancia y la Corte de casaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n obedece a las precisas funciones que se les asignan a los distintos \u00f3rganos judiciales sin atender al grado, como por ejemplo el exequ\u00e1tur de sentencias y laudos arbitrales proferidos en pa\u00eds extranjero, o los procesos contenciosos en que sea parte un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el gobierno de la Rep\u00fablica, en los casos previstos por el derecho internacional, cuyo conocimiento corresponde a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb (CSJ AC4189-2017, 30 jun.). <\/p>\n
Clarificado lo anterior, se insiste en que el tribunal decidi\u00f3 \u2013sin fundamento legal\u2013 no continuar tramitando el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por dos de los demandados, arrog\u00e1ndose la aptitud de conocer del grado jurisdiccional de consulta que consagraba el art\u00edculo 386 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en aquel entonces, sin reparar en que no exist\u00eda habilitaci\u00f3n para ello, ya que la sentencia de primera instancia no fue adversa para la \u00fanica parte representada por curador ad litem (Bavaria S.A.), ni para un ente de derecho p\u00fablico que no hubiera formulado el remedio vertical tempestivamente (Fonade s\u00ed lo hizo). <\/p>\n
As\u00ed, puede advertirse que la colegiatura ad quem alter\u00f3 tambi\u00e9n el marco legal de sus funciones como \u00f3rgano de apelaci\u00f3n, es decir, actu\u00f3 abandonando su estricta competencia funcional, yerro que lejos de ser inocuo, tuvo un impacto definitivo en la suerte del litigio, porque si esa colegiatura se hubiera limitado a proveer sobre los argumentos de la impugnaci\u00f3n que formularon las apelantes \u2013como se lo ordenaba el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u2013, no habr\u00eda podido adoptar ninguna de las determinaciones denunciadas en las demandas de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Puntualmente, tendr\u00eda vedado afectar el predio de propiedad de Primevalueservice S.A.S., o cancelar el t\u00edtulo del lote que pertenec\u00eda a Fonade, pues esas tem\u00e1ticas eran ajenas a la discusi\u00f3n que las demandadas plantearon al sustentar su alzada contra el fallo que el 8 de octubre de 2001 dict\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena. Mem\u00f3rese que, como lo ten\u00eda decantado la jurisprudencia <\/p>\n
\u00ab(…) la exigencia legal de sustentar el recurso de apelaci\u00f3n, reserva al recurrente la tarea de denunciar expl\u00edcitamente los aspectos de la decisi\u00f3n de primera instancia que le resultan desfavorables e implica que el impugnante tiene la opci\u00f3n de descartar algunas aristas de la decisi\u00f3n, siempre y cuando tales restricciones se deriven n\u00edtidamente del contenido de la sustentaci\u00f3n, caso en el cual la competencia del juzgador de segunda instancia se encuentra anudada a los intereses expresados por quien intenta aniquilar el fallo. En el fondo de lo que se trata es de poner dique al poder del juez de segundo grado para que este no pueda irrumpir con su particular criterio para edificar una impugnaci\u00f3n que el recurrente no hizo. En suma, hay un desv\u00edo de poder si el juez, ante el silencio y abandono del apelante sobre ciertas zonas del litigio, decide involucrar su propia visi\u00f3n para completar o adicionar la impugnaci\u00f3n omitida por el recurrente, y hacerlo cuando las partes ya nada pueden hacer para oponerse. En este escenario, el no apelante se preguntar\u00eda v\u00e1lidamente si debi\u00f3 defenderse de los argumentos de su antagonista, o si debe replicar a las razones que de su propio cu\u00f1o abon\u00f3 el juez, para completar los silencios del impugnador. <\/p>\n
En desarrollo del principio dispositivo que en m\u00faltiples aspectos informa el procedimiento civil, es indudable que corresponde exclusivamente a las partes la funci\u00f3n de fijar o delimitar el \u00e1mbito de la controversia. Tal facultad deviene de la naturaleza de la intervenci\u00f3n del Estado en los asuntos de los particulares, pues los jueces reciben la potestad jurisdiccional en los estrictos marcos se\u00f1alados por la ley, pero tambi\u00e9n dentro de los linderos que trazan las partes en las oportunidades que los procedimientos brindan. Y esa restricci\u00f3n a los poderes del juez no se desmiente, si se admite que por cuestiones de orden p\u00fablico o por conexidad necesaria con lo decidido en segunda instancia, sea menester introducir modificaciones por fuera de lo pedido. <\/p>\n
Entonces, en el proceso civil, el juez no puede irrumpir en la esfera de inmunidades y derechos que el sistema jur\u00eddico reconoce a los individuos al amparo del principio de autonom\u00eda privada, por lo que, de modo general, es a la v\u00edctima de la lesi\u00f3n de un derecho, a quien corresponde dar fisonom\u00eda a su protesta y no puede ser sustituido en esa tarea por el juez. Tal es la val\u00eda del principio dispositivo que prevalece en el proceso civil, pues expresa que el poder del juez tiene l\u00edmites y que por lo mismo le est\u00e1 vedado reemplazar al ciudadano en la configuraci\u00f3n del reclamo que somete a la consideraci\u00f3n del ad quem. <\/p>\n
Frente a los medios de impugnaci\u00f3n, el aludido principio dispositivo reserva a la parte afectada con una decisi\u00f3n judicial, la facultad de interponer el recurso, lo cual exige a la luz de la legislaci\u00f3n vigente, como ya qued\u00f3 rese\u00f1ado, exponer los argumentos que soportan su inconformidad (…). <\/p>\n
As\u00ed, dispone el art\u00edculo 357 del C.P.C. que la \u201capelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podr\u00e1 enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en raz\u00f3n de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con aqu\u00e9lla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apel\u00f3 hubiere adherido al recurso, el superior resolver\u00e1 sin limitaciones\u201d (subraya la Sala). <\/p>\n
En un primer momento la norma establece que la apelaci\u00f3n se entiende interpuesta \u201cen lo desfavorable al apelante\u201d, regla de alto valor constitucional pues consagra la interdicci\u00f3n de la reformatio in pejus. En suma, esta primera regla impide desmejorar la posici\u00f3n del apelante \u00fanico; no obstante, esa parte del precepto no puede leerse como una autorizaci\u00f3n al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum y determinar libremente \u201cqu\u00e9 es lo desfavorable al recurrente\u201d, pues a regl\u00f3n seguido la norma establece una segunda prohibici\u00f3n complementaria, seg\u00fan la cual \u201cno podr\u00e1 el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso\u201d. <\/p>\n
Puestas las cosas en esta perspectiva, ha de admitirse que el recurso de apelaci\u00f3n tiene un objeto gen\u00e9rico tratado en el art\u00edculo 350 de C.P.C. y un objeto espec\u00edfico y concreto definido, ya no por el legislador sino por el propio recurrente. Y en ese prop\u00f3sito de dar contornos al \u201cobjeto del recurso\u201d, presta su concurso definitivo el art\u00edculo 352 de C.P.C., que seg\u00fan la reforma que introdujo la Ley 794 de 2003, establece la necesidad de sustentar la inconformidad, pues de ese modo se conf\u00eda y se ordena a la parte fijar el \u201cobjeto del recurso\u201d de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s del deber general de sustentaci\u00f3n, reeditado en la reforma de 2003, la regla comentada establece que para dicha sustentaci\u00f3n es suficiente expresar \u201clas razones de su inconformidad con la providencia\u201d, y de ese modo, el recurso de apelaci\u00f3n tiene un \u201cobjeto\u201d delimitado, de modo que la inclusi\u00f3n de las \u201crazones de la inconformidad\u201d, deja zonas del litigio fuera de la impugnaci\u00f3n, a las cuales el juez no puede acceder mediante una actividad inquisitiva que le permita sustituir al recurrente en la delimitaci\u00f3n del \u201cobjeto\u201d del recurso\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2009, rad. 2001-00585-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, tras rehacer la actuaci\u00f3n esa corporaci\u00f3n podr\u00e1: <\/p>\n
(i) Determinar la necesidad de vincular como parte procesal a Primevalueservice S.A.S. (otorg\u00e1ndole las oportunidades de rigor para ejercer su derecho de defensa); <\/p>\n
(ii) Reconstruir \u2013con la prolijidad debida\u2013 las distintas aristas f\u00e1cticas de este litigio, y <\/p>\n
(iii) Definir los verdaderos contornos de la tensi\u00f3n suscitada entre los derechos a la propiedad privada, la colectiva y la titularidad estatal. <\/p>\n
Ello con el prop\u00f3sito de solucionar el litigio de manera arm\u00f3nica con las reglas constitucionales y legales pertinentes, dando respuesta a las distintas y complejas problem\u00e1ticas que gravitan alrededor de un conflicto de tan marcada trascendencia social como el presente. <\/p>\n
5. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Aun cuando el \u00e9xito del recurso de revisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos explicados, impone anular el fallo de segunda instancia, la Corte no puede pasar por alto una irregularidad adicional en la conformaci\u00f3n del quorum deliberatorio y decisorio de la colegiatura ad quem, que si bien no fue alegada por las partes, amerita un breve pronunciamiento, con miras a caracterizar adecuadamente la participaci\u00f3n de los conjueces en los procedimientos jurisdiccionales, en el contexto normativo previo a la entrada en vigor del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Para emprender ese an\u00e1lisis, es necesario recordar que, a voces del art\u00edculo 3-1 del Acuerdo 51 de 13 de junio de 1996, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena se encuentra integrada por cuatro magistrados; y que el expediente contentivo del comentado proceso reivindicatorio arrib\u00f3 a la secretar\u00eda de esa corporaci\u00f3n el 21 de noviembre de 2001, siendo asignado al despacho de la magistrada Betty Fortich P\u00e9rez. <\/p>\n
Esa funcionaria adelant\u00f3 el tr\u00e1mite de segunda instancia desde esa calenda, hasta el 31 de mayo de 2002, cuando se declar\u00f3 impedida, pretextando que su cu\u00f1ado, Jorge D\u00e1vila Fern\u00e1ndez, \u00abtiene inter\u00e9s en las resultas de este proceso\u00bb50. El impedimento fue aceptado por la magistrada Emma Guadalupe Hern\u00e1ndez Bonfante51, quien luego de algunas actuaciones, se declar\u00f3 tambi\u00e9n impedida mediante prove\u00eddo de 28 de septiembre de 2007, aduciendo que \u00abel cesionario [de la demandante, Francisco Villarreal Herrera] otorg\u00f3 poder para su representaci\u00f3n al doctor (…), con quien me vengo declarando impedida en raz\u00f3n a la enemistad grave que existe entre \u00e9l y la suscrita\u00bb52. <\/p>\n
El siguiente magistrado en turno, Alcides Mora Acacio, admiti\u00f3 el impedimento en prove\u00eddo de 4 de octubre de la misma anualidad; all\u00ed, adem\u00e1s, dispuso \u00abel sorteo de conjuez (…) para integrar la Sala de Decisi\u00f3n\u00bb53, el cual tuvo lugar el 24 de junio de 2008, siendo seleccionado el abogado Edgar Serrano Ledesma, quien tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo de inmediato54. Sin embargo, esa actuaci\u00f3n contrar\u00eda la regla del art\u00edculo 54 de la Ley 270 de 1996, que en su texto vigente para la \u00e9poca que importa a este litigio, rezaba: <\/p>\n
\u00abTodas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerir\u00e1n para su deliberaci\u00f3n y decisi\u00f3n, de la asistencia y voto de la mayor\u00eda de los miembros de la Corporaci\u00f3n, sala o secci\u00f3n (…). <\/p>\n
Cuando quiera que el n\u00famero de los Magistrados que deban separarse del conocimiento de un asunto jurisdiccional por impedimento o recusaci\u00f3n o por causal legal de separaci\u00f3n del cargo, disminuya el de quienes deban decidirlo a menos de la pluralidad m\u00ednima prevista en el primer inciso, para completar \u00e9sta se acudir\u00e1 a la designaci\u00f3n de conjueces\u00bb55. <\/p>\n
Ciertamente, aunque las togadas Fortich P\u00e9rez y Hern\u00e1ndez Bonfante se separaron del conocimiento del juicio ordinario, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena contaba con el n\u00famero suficiente de magistrados (dos) para satisfacer el qu\u00f3rum deliberatorio y decisorio previsto en el ordenamiento patrio: el ponente, Alcides Mora Acacio, y la cuarta integrante de la colegiatura, la funcionaria Claudia Yolanda Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez. Y siendo ello as\u00ed, como en verdad lo es, la mediaci\u00f3n del conjuez se tornaba improcedente, al menos hasta que el asunto fuera discutido en sala dual, y all\u00ed se estableciera la imposibilidad de llegar a un consenso sobre la suerte de la controversia. <\/p>\n
Sirva lo anterior para resaltar que, sin desconocer su importancia en el proceso de toma de decisiones judiciales, la participaci\u00f3n de los conjueces en las tramitaciones debe ser excepcional, esto es, ha de restringirse a aquellos supuestos en los que, sin la comparecencia de aquellos, resulte inviable obtener las mayor\u00edas exigidas por el legislador. As\u00ed, si uno de los tres magistrados que conforman las salas de decisi\u00f3n de los tribunales se encuentra impedido para participar de un proceso, los dos restantes podr\u00e1n discutir y aprobar el proyecto de decisi\u00f3n correspondiente, pues estos, por s\u00ed mismos, conforman la antedicha mayor\u00eda. <\/p>\n
Y no se diga que el riesgo de que se presente un empate justifica la intervenci\u00f3n del conjuez, puesto que, de un lado, antes de someter a discusi\u00f3n la propuesta de decisi\u00f3n del ponente, esa paridad no podr\u00eda augurarse. Y de otro, porque tal entendimiento re\u00f1ir\u00eda con el car\u00e1cter excepcional de la intervenci\u00f3n del aludido servidor p\u00fablico pro t\u00e9mpore, que no solo se sigue de la pr\u00e1ctica judicial cotidiana56, sino que ha sido establecido por la jurisprudencia constitucional, que sobre el punto indica: <\/p>\n
\u00abSi bien es cierto que se observa una tendencia en el constituyente en la integraci\u00f3n impar de las corporaciones judiciales del m\u00e1s alto nivel, no puede decirse que se trata de una normatividad general comprensiva de todas las corporaciones de ese tipo, y menos a\u00fan de sus salas o secciones de decisi\u00f3n (…). Razones de distinta \u00edndole influyeron en la determinaci\u00f3n constitucional de la conformaci\u00f3n global de las corporaciones judiciales de la m\u00e1s alta jerarqu\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
Otras razones influyen en ese tipo de determinaciones legales en sentido lato. Un cierto \u00e1nimo de evitar los empates, circunstancias que en caso de presentarse en las Corporaciones pares se salvan con el nombramiento de un conjuez, o de manera autom\u00e1tica, por mandato expreso de la ley, por el magistrado integrante de la Corporaci\u00f3n que le siga en orden alfab\u00e9tico. <\/p>\n
(…) El mecanismo de los conjueces, autorizado para los casos de empate o para reemplazar fallas temporales de un magistrado por recusaciones o impedimentos, est\u00e1 consagrado en la ley cuando la integraci\u00f3n de una Corporaci\u00f3n dificulta la toma de una decisi\u00f3n final (Decreto 1265 de 1970, art\u00edculo 16, numeral 2o.). La conformaci\u00f3n de las Salas Duales en algunos tribunal de distrito, para determinadas materias ha resultado eficiente. <\/p>\n
<\/p>\n
Los conjueces son elegidos anualmente y corresponde a cada una de las Salas su nombramiento, teniendo en cuenta que estos deben reunir los mismos requisitos que se exigen para ser miembro en propiedad de la Corporaci\u00f3n. Mecanismo que es de alg\u00fan modo excepcional, pues los conjueces solo integrar\u00e1n la Sala de Decisi\u00f3n cuando estas no pudieren tomar sus determinaciones con los otros magistrados de la especialidad, lo que lleva a que en raras ocasiones intervenga un conjuez en una sala de decisi\u00f3n de un tribunal\u00bb (CC, C-151 de 1994). <\/p>\n
Al abrigo de las pautas citadas, emerge evidente que, en este caso concreto, la designaci\u00f3n del conjuez transgredi\u00f3 las reglas del debido proceso incorporadas en la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, las cuales \u2013reitera la Corte\u2013 persiguen que la intervenci\u00f3n de aquellos se limite a eventos excepcionales, en los cuales sea imposible consolidar una mayor\u00eda decisoria \u00fanicamente con los funcionarios permanentes de la secci\u00f3n, sala o corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En adici\u00f3n, para cuando se discuti\u00f3 la alzada interpuesta por los convocados, la magistrada Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez se encontraba \u00aben uso de permiso\u00bb, escollo que, en estricto derecho, impon\u00eda aplazar la discusi\u00f3n del caso hasta cuando esa ausencia temporal cesara. Sin embargo, tal circunstancia intent\u00f3 superarse con la improcedente participaci\u00f3n del conjuez, perdiendo de vista que este solo podr\u00eda hacer parte de la sala de decisi\u00f3n \u00abcuando est[a] no pudier[e] tomar sus determinaciones con los otros magistrados de la especialidad\u00bb, hip\u00f3tesis ajena a la que aqu\u00ed se present\u00f3. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones formuladas por los opositores, y DECLARAR FUNDADA la causal de revisi\u00f3n consistente en \u00abexistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO. En consecuencia, DECLARAR SIN VALOR el fallo que el 2 de julio de 2008 dict\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario \u2013reivindicatorio\u2013 promovido por Luc\u00eda Alvarado Pacheco contra Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez y otros. <\/p>\n
TERCERO. Similarmente, SE DEJAN SIN EFECTO las \u00f3rdenes que all\u00ed se impartieron, esto es: (i) \u00ab[A]brir un nuevo folio de matr\u00edcula inmobiliaria asign\u00e1ndolo al inmueble \u201cLOS PANTANOS\u201d descrito en la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, donde deben figurar como copropietarios de las 46 hect\u00e1reas 6.440 metros cuadrados, las siguientes personas: LUC\u00cdA ALVARADO PACHECO, identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 22.758.768 expedida en Cartagena, propietaria de 38 hect\u00e1reas m\u00e1s 6.440 metros cuadrados, y el cesionario FRANCISCO VILLARREAL HERRERA identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 73.072.166 expedida en Cartagena, como titular propietario de 8 hect\u00e1reas\u00bb; (ii) \u00ab[C]ancelar los folios de matr\u00edculas inmobiliarias No. 060-134283 y 060-33538\u00bb, y (iii) \u00ab[R]egistrar las sentencias de primer y segundo grado en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 060-32803\u00bb. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda em\u00edtanse las comunicaciones que correspondan, incluyendo las que habr\u00e1n de enviarse a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena. <\/p>\n
CUARTO. Rem\u00edtase el expediente contentivo del juicio reivindicatorio a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, junto con una reproducci\u00f3n de esta providencia, para que dicha colegiatura se sirva dictar la sentencia que desate la alzada interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico y Malter\u00edas de Colombia S.A. contra el fallo de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
QUINTO. Comp\u00falsense copias de toda la actuaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda General De La Naci\u00f3n, para que se sirva investigar la conducta de las partes y funcionarios judiciales que participaron en este tr\u00e1mite, con inclusi\u00f3n de los togados Alcides Mora Acacio y Edgar Serrano Ledesma, quienes profirieron el fallo anulado. <\/p>\n
SEXTO. Con copia de esta providencia, of\u00edciese a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que, si lo estima pertinente, ejerza las funciones constitucionalmente asignadas como Ministerio P\u00fablico, ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, durante el tr\u00e1mite de este juicio. <\/p>\n
S\u00c9PTIMO. En los mismos t\u00e9rminos of\u00edciese a la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, para que, si a bien lo tiene, intervenga en este proceso declarativo. <\/p>\n
OCTAVO. Sin costas, dado el \u00e9xito de la impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
NOVENO. Arch\u00edvense las diligencias que pertenecen al tr\u00e1mite de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En adelante, la Corte se referir\u00e1 a ese inmueble como \u201cEl Pajal-Pantano\u201d, para evitar confundirlo con el lote objeto de las pretensiones de la se\u00f1ora Alvarado Pacheco, denominado \u201cLos Pantanos\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 a 5, cdno. 1. <\/p>\n
3\u0002 Folio 27, \u00edd. <\/p>\n
4\u0002 Folios 28 y 29, \u00edd. <\/p>\n
5\u0002 Folios 31 y 32, \u00edd. <\/p>\n
6\u0002 Folio 35, \u00edd. <\/p>\n
7\u0002 Folio 35 vto., \u00edd. <\/p>\n
8\u0002 Folios 72 y 73 (Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo) y 86 (Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez), \u00edd. <\/p>\n
9\u0002 Folios 430 a 438, cdno. 3. <\/p>\n
10\u0002 Es pertinente insistir en que Pablo Obreg\u00f3n Gonz\u00e1lez transfiri\u00f3 su propiedad a Malter\u00edas de Colombia S.A. (escritura p\u00fablica n.\u00b0 839 de 3 de marzo de 1995), no a la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo. <\/p>\n
11\u0002 Folios 438 vto. y 440, \u00edd. <\/p>\n
12\u0002 \u00abArt\u00edculo 22 y siguientes del Decreto 1250\/70\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
13\u0002 Folios 38 a 69, cdno. del tribunal n.\u00ba 1. <\/p>\n
14\u0002 Folios 264 y 265, \u00edd. <\/p>\n
15\u0002 Folios 240 a 265, \u00edd. <\/p>\n
16\u0002 Folios 96 a 115, cdno. 1 (expediente principal del tr\u00e1mite de revisi\u00f3n; rad. n.\u00b0 2009-01877-00). <\/p>\n
17\u0002 Folios 949 a 970, \u00edd. <\/p>\n
18\u0002 Folios 1194 a 1214, \u00edd. <\/p>\n
19\u0002 Folios 1029, 1100 y 1179, \u00edd. <\/p>\n
20\u0002 Folio 450, \u00edd. <\/p>\n
22\u0002 Folio 428, \u00edd. <\/p>\n
23\u0002 Folio 450, \u00edd. <\/p>\n
24\u0002 Folio 487, \u00edd. <\/p>\n
25\u0002 Folios 835 a 866, \u00edd. <\/p>\n
26\u0002 Al sustentar su inconformidad, el apoderado de Fonade expuso: \u00abhechas las revisiones de rigor se advierte que ese edicto nunca fue publicado, ni se coloc\u00f3 en la \u201cTabla de la Secretar\u00eda\u201d, los d\u00edas 8, 9 y 10 de julio de 2008, lapso en el cual afirma la secretaria de la Sala Civil Familia del Tribunal haberlo fijado en ese lugar, violando con ello el derecho de contradicci\u00f3n y el debido proceso (…)\u00bb (folios 74 a 78, cdno. 15). <\/p>\n
27\u0002 El art\u00edculo 2-5 de la Ley 70 de 1993 define las comunidades negras como \u00abel conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbre dentro de la relaci\u00f3n campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos \u00e9tnicos\u00bb. <\/p>\n
28\u0002 Folio 9 vto., cdno. 1 del proceso declarativo. <\/p>\n
29\u0002 Folios 13 a 18, ib. En la hijuela no se describen \u00e1reas ni linderos del predio correspondiente. <\/p>\n
30\u0002 Por v\u00eda de ejemplo, el Instituto Colombiano de Antropolog\u00eda e Historia, al intervenir ante la Corte Constitucional en el curso de un tr\u00e1mite de tutela (que culmin\u00f3 con la expedici\u00f3n del fallo T-485 de 2015), sostuvo que \u00ab(…) para mediados del siglo XIX se suscribieron documentos p\u00fablicos sobre dichos territorios, que buscaron dar aplicaci\u00f3n a una forma de ejercicio de la propiedad colectiva de la tierra bajo la figura del \u201cproindiviso\u201d, que imped\u00eda su ejercicio individual. As\u00ed, se\u00f1ala que \u201cel documento de 1851 confirma esta forma de propiedad en Bar\u00fa (…), figura que en 1870 ser\u00e1 tambi\u00e9n utilizada por los habitantes de Santa Ana. La tradici\u00f3n oral se\u00f1ala la cooperaci\u00f3n de libertos y cimarrones en la consecuci\u00f3n de $1200 para la compra de la propiedad de Bar\u00fa, lo cual corresponde con el documento autenticado en la notar\u00eda primera de Cartagena, (Notar\u00eda Primera de Cartagena, protocolo 97, tomo 1, 19 de mayo de 1851). El car\u00e1cter \u201cproindiviso\u201d de la compra demuestra la voluntad de los vecinos de Bar\u00fa de mantener la posesi\u00f3n colectiva sobre el territorio, ya que esta figura jur\u00eddica impide que cualquier particular acceda individualmente a la venta de una porci\u00f3n o la totalidad del terreno\u00bb. Similares planteamientos pueden encontrarse en el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contempor\u00e1neas de racismo, discriminaci\u00f3n racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Maurice Gle\u0300le\u0300-Ahanhanzo, publicado el 13 de enero de 1997 (E\/CN.4\/1997\/71\/Add.1), y en el art\u00edculo \u00abBaru\u0301: Los conflictos de la paz\u00bb (PACHECO, et. al.), publicado en la p\u00e1gina web del Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica. <\/p>\n
31\u0002 En el documento CONPES 3333 de 17 de enero de 2005, el Consejo Nacional de Pol\u00edtica Econ\u00f3mica y Social aconsej\u00f3 adelantar un proyecto denominado \u00abProyecto Playa Blanca \u2013 Bar\u00fa\u00bb, que involucraba la realizaci\u00f3n de grandes obras de infraestructura en los terrenos que se disputan, con el prop\u00f3sito de \u00abobtener un desarrollo tur\u00edstico, aut\u00f3nomo, \u00e1gil y eficiente que fomente el turismo y el empleo, el crecimiento econ\u00f3mico y social de la regi\u00f3n de Bar\u00fa\u0301 y de las minor\u00edas \u00e9tnicas all\u00ed\u0301 presentes\u00bb. <\/p>\n
32\u0002 Para la Corte es claro que esta segunda posibilidad est\u00e1 atada a m\u00faltiples variables, entre ellas, la cabal determinaci\u00f3n de la identidad entre los terrenos de la hacienda \u201cSanta Ana\u201d y los predios denominados \u201cEl Tuco\u201d y \u201cEl Pajal-Pantano\u201d. Sin embargo, el tribunal admiti\u00f3 (al menos impl\u00edcitamente) esa consonancia, conclusi\u00f3n que no puede ser debatida en este escenario extraordinario. <\/p>\n
33\u0002 Folio 77, cdno. 1 <\/p>\n
34\u0002 Cfr. Planos obrantes a folios 199 y 200, cdno. 2. <\/p>\n
35\u0002 Dijeron los peritos: \u00abDespu\u00e9s de haber estudiado las escrituras aportadas al despacho en la que hacen menci\u00f3n a los terrenos denominados El Tuco y La Truchuela, y luego de haber incorporado al sistema nacional de coordenadas geogr\u00e1ficas nacionales, decimos que no coinciden con las coordenadas aportadas en la escritura de los lotes El Tuco y La Truchuela, es decir, que no est\u00e1n incluidos en el lote denominado Los Pantanos\u00bb (Folio 197, cdno. 2). <\/p>\n
36\u0002 Se refieren aqu\u00ed a la escritura p\u00fablica n.\u00b0 317 de 30 de abril de 1981, que incorpor\u00f3 el contrato de compraventa celebrado por la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo (como compradora) y Gabriel Echavarr\u00eda Obreg\u00f3n (como vendedor), y cuyo objeto fue el inmueble rural denominado \u201cEl Tuco\u201d <\/p>\n
37\u0002 Folio 210, ib. <\/p>\n
38\u0002 Folios 234 y 235, ib. <\/p>\n
39\u0002 Folio 292, ib. <\/p>\n
40\u0002 Lote \u201cEl Trancho\u201d. <\/p>\n
41\u0002 Lote \u201cEl Trovador\u201d. <\/p>\n
42\u0002 Folios 334 y 335, cdno. 3. <\/p>\n
43\u0002 Como ya se explic\u00f3, la cronolog\u00eda de los nombres fue la opuesta; es decir, primero se llam\u00f3 \u201cEl Pajal\u201d, y luego pas\u00f3 a llamarse \u201cEl Pantano\u201d. <\/p>\n
44\u0002 Cfr. Levantamiento topogr\u00e1fico obrante a folio 370, cdno. 3. <\/p>\n
45\u0002 Seg\u00fan se sigue de la constancia secretarial que obra a folio 439, ib. <\/p>\n
47\u0002 Folio 164, cuaderno del tribunal n.\u00ba 2. <\/p>\n
48\u0002 La Sala entiende que Bavaria S.A. fue demandada por ser la empresa m\u00e1s representativa del grupo econ\u00f3mico al que pertenece Malter\u00edas de Colombia S.A. (luego Redes de Colombia S.A.), como lo sugiere el hecho de que el representante de la actora mencionara en algunas intervenciones a la primera sociedad, cuando quer\u00eda referirse a la segunda. Pero ni en la demanda, ni en ninguna otra pieza procesal, se elev\u00f3 petici\u00f3n alguna en contra de aquella. <\/p>\n
49\u0002 En las 10 hect\u00e1reas y 1.189 metros que, a juicio de los peritos, se yuxtapon\u00edan \u201c\u201dEl Tuco\u201d y \u201cLos Pantanos\u201d. <\/p>\n
50\u0002 Folio 73, cdno. del tribunal n.\u00ba 1. <\/p>\n
51\u0002 Auto de 11 de junio de 2002, folio 80, ib. <\/p>\n
52\u0002 Folio 113, cdno. del tribunal n\u00ba. 2. <\/p>\n
53\u0002 Folio 115, ib. <\/p>\n
54\u0002 Folios 233 y 234, ib. <\/p>\n
55\u0002 Similarmente, el art\u00edculo 33 del Acuerdo 108 de 1997, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, prev\u00e9: \u00abLas salas especializadas, en el mes de diciembre de cada a\u00f1o, formar\u00e1n la lista de conjueces en n\u00famero doble al de los magistrados que integran la corporaci\u00f3n, los cuales actuar\u00e1n cuando se disminuya la pluralidad m\u00ednima prevista en el art\u00edculo 54 de la Ley 270 de 1996. Esta lista estar\u00e1 integrada por abogados vecinos del lugar, que re\u00fanan los requisitos para ser magistrado de la respectiva corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
56\u0002 Sirva esta misma providencia como ejemplo. <\/p>\n
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SC001-2021 (2009-1877-00)_1 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente SC001-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2009-01877-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de octubre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021). Se deciden los recursos de revisi\u00f3n formulados por Primevalueservice S.A.S. y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-52975","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52975","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52975"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52975\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52975"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52975"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52975"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}