SC002-2021 (2011-00068-02)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC002-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-31-03-008-2011-00068-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de octubre de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por los actores contra el fallo de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso declarativo que promovieron An\u00edbal Corzo Mart\u00ednez (y otros) contra Nicol\u00e1s Alberto Serrano Mantilla (y otros). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
Los se\u00f1ores An\u00edbal Corzo Mart\u00ednez, \u00d3scar Corzo Garc\u00e9s, Mar\u00eda Nelcy Camacho Pita, Mar\u00eda Teresa Salcedo Vargas, Luis Enrique P\u00e1ez Capacho, Jaime Ariza Centeno, Hely R\u00edos Vargas, Jorge Eduardo Corzo Garc\u00e9s, Alonso P\u00e9rez Rojas y Fabio Corzo Ortiz, solicitaron \u00abdeclarar que es absolutamente simulado el negocio jur\u00eddico contenido en la escritura p\u00fablica de compraventa n\u00famero 488 de febrero 28 de 2011 de la Notar\u00eda Octava de Bucaramanga, en la que Nicol\u00e1s Alberto Serrano Mantilla, a trav\u00e9s de apoderado, dijo vender las 2\/5 partes de su cuota que le correspond\u00eda en el predio con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 300-179324, a favor de Juan Carlos Navas Velandia, por cuanto tal negocio jur\u00eddico se realiz\u00f3 solo para evadir las obligaciones que adquiri\u00f3 el vendedor con los demandantes y con sus dem\u00e1s acreedores\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, reclamaron \u00abdeclarar que el demandado Nicol\u00e1s Alberto Serrano Mantilla, quien actu\u00f3 como promitente vendedor, representado por su padre Alberto Serrano Navas, mediante poder general, incumpli\u00f3 la promesa de compraventa de fecha 24 de septiembre de 2010, y su acuerdo adicional de fecha 8 de noviembre de 2010, contratos celebrados con [los demandantes], como promitentes compradores, respecto del pleno derecho de dominio y posesi\u00f3n que el primero tiene y ejerce sobre los siguientes bienes: 1) El 40% o 2\/5 partes de (…) un inmueble rural denominado \u201cSport Country Club\u201d, ubicado en la vereda Riofr\u00edo, municipio de Floridablanca (…); 2) El derecho de dominio y la posesi\u00f3n que tiene y ejerce sobre el 66,66% del inter\u00e9s social o cuotas de inter\u00e9s que le correspondan (…) en la sociedad (…) Sport Country Club Ltda.\u00bb <\/p>\n
En consecuencia, pidieron que, tras reconstituir su patrimonio, se ordenara al se\u00f1or Serrano Mantilla cumplir las obligaciones derivadas del contrato preparatorio, recibiendo a cambio de ello \u00abla suma pactada como precio de la compraventa, deducidos: 1.- La cantidad efectivamente recibida por el promitente vendedor ($219.000.000); 2.- la suma pactada como cl\u00e1usula penal por incumplimiento ($200.000.000); 3.- Las sumas pagadas por los promitentes compradores por concepto de vigilancia del establecimiento de comercio (37.600.868), m\u00e1s los intereses moratorios al m\u00e1ximo permitido por ley; 4.- Las cantidades por concepto de impuestos, valorizaciones, servicios p\u00fablicos y dem\u00e1s pasivos que graven al inmueble, a fin de ponerlo a paz y salvo: 5.- Las costas y dem\u00e1s gastos y honorarios que se hayan causado por raz\u00f3n del incumplimiento. Todas las anteriores sumas deducidas del precio, debidamente indexadas\u00bb. <\/p>\n
En subsidio de lo anterior, y en el evento de \u00abno ser posible, por cualquier causa, ordenar el cumplimiento de la promesa de compraventa\u00bb, requirieron declarar la resoluci\u00f3n del contrato, con las restituciones mutuas correspondientes. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. Los demandantes celebraron con el se\u00f1or Alberto Serrano Navas, padre y apoderado general de Nicol\u00e1s Alberto Serrano Mantilla, un contrato de promesa de compraventa, cuyo objeto lo constituyeron el inmueble y las cuotas sociales referidas previamente. <\/p>\n
2.2. Como precio se pact\u00f3 la suma de $1.100.000.000, pagadera en varios instalamentos, de los cuales sufragaron el primero, por valor de $212.000.000, que se destin\u00f3 a cubrir una obligaci\u00f3n fiscal vencida, en proceso de cobro coactivo. Posteriormente, entregaron anticipadamente al promitente vendedor $7.000.000 adicionales, \u00abcon destino al pago de [otras] deudas\u00bb. <\/p>\n
2.3. Una vez \u00abpagado el cr\u00e9dito a la Dian, con lo que se evit\u00f3 el remate, el representante del demandado, promitente vendedor, Alberto Serrano Navas, junto con su compa\u00f1era Mar\u00eda Consuelo Fuentes D\u00edaz, se dedicaron a realizar toda una serie de maniobras tendientes a burlar el cumplimiento del contrato y a explotar para su beneficio personal el club\u00bb. <\/p>\n
2.4. Llegada la fecha pactada para la entrega del inmueble, y el pago de la parte del saldo que correspond\u00eda, \u00abel promitente vendedor incumpli\u00f3, comoquiera que nada entreg\u00f3, y habiendo recibido los cheques de gerencia y a la vista, para cobrar por ventanilla, que se le entregaron, los devolvi\u00f3 aduciendo que el quer\u00eda dinero en efectivo, a lo cual se le requiri\u00f3 para que nos acompa\u00f1ara al banco para cobrar los cheques, pero se neg\u00f3 a hacerlo y se retir\u00f3 del lugar\u00bb. <\/p>\n
2.5. Para salvar las diferencias surgidas a partir de ese suceso, las partes celebraron un acuerdo adicional, \u00aben el que el promitente vendedor y la sociedad Sport Country Club Ltda. se comprometieron a continuar permitiendo el ingreso a las instalaciones del club a los promitentes compradores y a permitir la contrataci\u00f3n de la vigilancia para controlar el acceso a las instalaciones, y a designar un contador para controlar los ingresos, de los que se deducir\u00edan los gastos de vigilancia, pero el demandado Serrano Navas junto con su compa\u00f1era (…) optaron por impedir el ingreso de los promitentes compradores a las instalaciones donde funciona el club, y a negar tanto el control de los ingresos como el pago de la vigilancia\u00bb. <\/p>\n
2.6. El 15 de diciembre de 2010, fecha pactada para llevar a cabo \u00abel otorgamiento de la escritura p\u00fablica de venta y de la suscripci\u00f3n y entrega de los poderes para proceder a la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad Sport Country Club Ltda. (…) el promitente incumpli\u00f3 nuevamente, comoquiera que no se hizo presente en la notar\u00eda con el \u00e1nimo de otorgar la escritura de venta, ni present\u00f3 los \u201cpaz y salvos\u201d correspondientes, ni entreg\u00f3 los poderes para disolver y liquidar la sociedad\u00bb. Por consiguiente, los promitentes compradores tienen derecho a exigir el cumplimiento del contrato, o su resoluci\u00f3n, junto con el pago de $200.000.000, estipulados como clausula penal. <\/p>\n
2.7. Algunos d\u00edas despu\u00e9s, el se\u00f1or Serrano Mantilla transfiri\u00f3 a Juan Carlos Navas Velandia, familiar cercano suyo, las al\u00edcuotas del inmueble que hab\u00eda prometido vender, \u00abnegocio jur\u00eddico simulado [que] realizaron los demandados (…) para defraudar a los demandantes, a fin de impedirles que hagan efectivo sus derechos que reclaman\u00bb. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
El auto admisorio de la demanda fue proferido el 18 de mayo de 2011, y de dicha providencia se notific\u00f3 a los convocados personalmente. <\/p>\n
El se\u00f1or Serrano Navas se opuso al petitum, y formul\u00f3 las defensas denominadas \u00abinvalidez del contrato de promesa de compraventa del 24 de septiembre de 2010, por objeto il\u00edcito\u00bb y \u00abnulidad del acuerdo del 8 de noviembre de 2010, por vicio del consentimiento\u00bb, mientras que su hijo, Nicol\u00e1s Alberto Serrano Mantilla, pidi\u00f3 que la anulaci\u00f3n se hiciera extensiva a la promesa, \u00abpor el dolo y la fuerza empleada por los demandantes (…) o por causa [u] objeto il\u00edcit[os]\u00bb, y enarbol\u00f3 la excepci\u00f3n de contrato no cumplido. <\/p>\n
A su turno, la Sociedad Sport Country Club Ltda. aleg\u00f3 la \u00abinexistencia de vinculo\u00bb con los convocantes, y recab\u00f3 en la nulidad del contrato \u00abpor objeto y causa il\u00edcit[os]\u00bb, y en la inoponibilidad de la promesa. Finalmente, Juan Carlos Navas Velandia excepcion\u00f3 \u00abcontrato real y de buena fe\u00bb. <\/p>\n
Agotadas las etapas previas, en audiencia de 21 de marzo de 2018 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga profiri\u00f3 sentencia, en la que declar\u00f3 \u00abla falta de legitimaci\u00f3n en la causa de los demandantes\u00bb, y deneg\u00f3 la totalidad de las pretensiones. Los actores apelaron. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
En fallo de 12 de marzo de 2019, el tribunal revoc\u00f3 lo resuelto por el juez a quo, y declar\u00f3: (i) absolutamente simulado el contrato de compraventa que celebraron los se\u00f1ores Serrano Mantilla y Navas Velandia, y (ii) nulo absolutamente el contrato de promesa de compraventa que aquel celebr\u00f3 con los demandantes. Consecuencialmente, la colegiatura de segundo grado tambi\u00e9n dispuso \u00abcondenar al se\u00f1or Nicol\u00e1s Alberto Serrano Mantilla a pagarle a los demandantes la suma (…) de $355.758.827,82\u00bb. <\/p>\n
Dicha determinaci\u00f3n se finc\u00f3 en premisas que admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
(i) La frustraci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n no relevaba al juez de primera instancia de su deber de pronunciarse sobre la validez de la promesa, pues los pedimentos acumulados no estaban interrelacionados entre s\u00ed; por ende, el aludido funcionario se equivoc\u00f3 al sustraerse de analizar lo atinente al negocio preparatorio. <\/p>\n
(ii) Adem\u00e1s, la legitimaci\u00f3n por activa para demandar la simulaci\u00f3n del contrato de compraventa, que extra\u00f1\u00f3 aquel juzgador, refulge sin dubitaciones, porque el bien transferido a trav\u00e9s del convenio cuestionado fue el mismo que se les prometi\u00f3 vender a los apelantes, y cuya tradici\u00f3n exigen, indirectamente, al suplicar el cumplimiento forzado del pacto preliminar. <\/p>\n
(iii) El contrato de promesa que se examina carece de validez, ya que las partes \u00abno colocaron el precio [individualizado] de cada una de las dos cosas que pretend\u00edan negociar\u00bb, esto es, las dos quintas partes del predio distinguido con el folio de matr\u00edcula n.\u00ba 300-179324, y el 66,66% de las cuotas de inter\u00e9s de la sociedad Sport Country Club Ltda. Esto torna la promesa absolutamente nula, dada la indeterminaci\u00f3n de uno de los requisitos esenciales del negocio prometido. <\/p>\n
(iv) En desarrollo del contrato, el promitente vendedor recibi\u00f3 de su contraparte $219.000.000, que debidamente indexados equivalen \u00aba $303.964.381,48 (sic)\u00bb. Este importe debe ser reembolsado a los promitentes vendedores, como efecto connatural a la nulidad sustancial que fue decretada de manera oficiosa por el ad quem. <\/p>\n
(v) El se\u00f1or Serrano Mantilla \u00abno obra de buena fe, cuando estando atado por el contrato de promesa de compraventa, le hace creer a sus contratantes que se adelantar\u00e1n actos para solucionar los inconvenientes, pero le vende a su primo el mismo activo que prometi\u00f3 venderles a los ac\u00e1 demandantes. Eso es no obrar con lealtad, es no obrar con transparencia\u00bb. <\/p>\n
(vi) En adici\u00f3n, en este caso existen una serie de indicios \u00abserios y convergentes\u00bb que muestran, de manera inequ\u00edvoca, que el acto traslaticio fue absolutamente simulado, ya que ni el propietario inscrito quer\u00eda vender, ni el se\u00f1or Navas Velandia ten\u00eda intenci\u00f3n alguna de comprar; el primero deseaba, simplemente, distraer temporalmente su patrimonio, \u00abpara as\u00ed evadir el cumplimiento de la promesa\u00bb. <\/p>\n
(vii) Por ese mismo sendero, entre \u00ablos simulantes\u00bb exist\u00eda un v\u00ednculo familiar estrecho; el precio pactado \u00abes irrisorio o rid\u00edculo\u00bb; el negocio se celebr\u00f3 en una \u00e9poca sospechosa, y la cosa no fue entregada al adquirente; por el contrario, el mismo d\u00eda que dijo comprar, Juan Carlos Navas Velandia enajen\u00f3 el inmueble al padre del vendedor Serrano Mantilla, acto que si bien no se registr\u00f3, se\u00f1ala a las claras la falta de seriedad de la convenci\u00f3n atacada. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Los actores interpusieron el remedio extraordinario frente a la decisi\u00f3n del ad quem, y en su demanda de sustentaci\u00f3n plantearon tres cargos, al amparo de las causales segunda, primera y tercera (en el orden propuesto) del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Denunciaron que la sentencia de segunda instancia trasgredi\u00f3, de manera indirecta, los art\u00edculos 1546, 1602, 1603, 1610, 1611, 1618, 1622, 1742 y 1746 del C\u00f3digo Civil y 822 del C\u00f3digo de Comercio, \u00abcomo consecuencia de errores de apreciaci\u00f3n probatoria\u00bb. <\/p>\n
Para soportar su cr\u00edtica, se\u00f1alaron lo siguiente: <\/p>\n
(i) El tribunal \u00abincidiendo en protuberante yerro f\u00e1ctico, cercen\u00f3 el contenido de la promesa celebrada entre las partes el 24 de septiembre de 2010, habida cuenta que soslay\u00f3 rotundamente la parte final de la cl\u00e1usula primera, numeral segundo, en la que los contratantes (…) estipularon [que] \u201cla sociedad Sport Country Club Ltda. se someter\u00e1 a liquidaci\u00f3n definitiva\u201d\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abmutil\u00f3 el contenido del par\u00e1grafo primero de la cl\u00e1usula quinta de la promesa, en el que las partes convinieron [que] \u201cno ser\u00e1 necesario realizar el traspaso de los derechos o cuotas de inter\u00e9s social a favor de los promitentes compradores, pero s\u00ed otorgar los poderes necesarios para quienes gestionen su liquidaci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
(ii) Esos pactos muestran de forma pr\u00edstina que \u00abel prop\u00f3sito de las partes no era el de enajenar y hacer la tradici\u00f3n de las acciones o cuotas de inter\u00e9s social de la sociedad Sport Country Club Ltda., sino el de liquidarla a la mayor brevedad posible, motivo por el cual no concibieron, ni pod\u00edan hacerlo, comprometerse en un futuro a hacer ese traspaso, porque la sociedad, para ese momento, ya habr\u00eda dejado de existir\u00bb. Ello explica que no se asignara valor econ\u00f3mico a la participaci\u00f3n societaria. <\/p>\n
(iii) Al interpretar el convenio preparatorio en la forma que lo hizo, la corporaci\u00f3n ad quem se atuvo \u00abde manera sesgada y disminuida a la expresi\u00f3n literal contenida en la cl\u00e1usula primera del contrato\u00bb, siendo lo pertinente \u00abintegrarla con las dem\u00e1s disposiciones contractuales, [e] indagar si ese aparte encarnaba realmente el querer de los contratantes\u00bb. <\/p>\n
(iv) En adici\u00f3n, las pruebas documentales y testimoniales recaudadas mostraban que la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la sociedad era en extremo precaria, comoquiera que \u00absus pasivos superaban de manera exorbitante sus activos, ya que adeudaba m\u00e1s de $600.000.000 y solo dispon\u00eda de un patrimonio de $6.000.000 para pagar esa deuda, parte de la cual ya era cobrada ejecutivamente por varios de sus acreedores, de modo que esa crisis extrema yo no resist\u00eda saneamiento alguno\u00bb. <\/p>\n
(v) Por lo anterior, \u00abes palmario, de un lado, que el valor econ\u00f3mico de las cuotas de inter\u00e9s era profundamente negativo y, por otro, era inevitable su liquidaci\u00f3n, como as\u00ed lo advirtieron las partes en la promesa. De haberse valorado esos elementos de juicio (…), le hubiese correspondido [al tribunal] reformular sus conclusiones sobre que el precio ajustado por las partes en la promesa de compraventa deb\u00eda involucrar una tasaci\u00f3n econ\u00f3mica por los derechos sociales\u00bb. <\/p>\n
(vi) De haber avizorado que \u00ablas partes no acordaron realmente la transferencia de las cuotas de inter\u00e9s social\u00bb, la colegiatura no habr\u00eda decretado \u00abla nulidad de la promesa, ni habr\u00eda dispuesto las restituciones mutuas que orden\u00f3. Por el contrario, habr\u00eda hecho obrar los mandatos contenidos en los art\u00edculos 1618 y 1622 del C\u00f3digo Civil, de modo que (…)se cumpliera lo pactado (…)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La infracci\u00f3n indirecta de la Ley sustancial por errores de hecho. <\/p>\n
La comisi\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico, de tal magnitud que comporte la infracci\u00f3n indirecta de una norma sustancial, presupone para su acreditaci\u00f3n, entre otras exigencias, que se compruebe que la inferencia probatoria cuestionada es manifiestamente contraria al contenido objetivo de la prueba; es decir, que el desacierto sea tan evidente y notorio que se advierta sin mayor esfuerzo ni raciocinio. <\/p>\n
Como las sentencias llegan a la Corte amparadas por una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, le incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual debe realizar una cr\u00edtica concreta, sim\u00e9trica, razonada y coherente frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicaci\u00f3n de los fundamentos generadores de la violaci\u00f3n a la ley, am\u00e9n de hacer evidente la trascendencia del desacierto en el sentido del fallo y atacar, de modo eficaz e integral, todos los pilares de la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
En esta precisa materia, la Corte ha explicado: <\/p>\n
\u00abEl error de hecho (…) ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendi\u00e9ndose que incurrir\u00e1 en la primera hip\u00f3tesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situaci\u00f3n cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima eventualidad, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. <\/p>\n
El error \u201cata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho\u201d (G. J., t. LXXVIII, p\u00e1g. 313). Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, adem\u00e1s, que es trascendente por haber determinado la resoluci\u00f3n reprochada (\u2026). <\/p>\n
Acorde con la a\u00f1eja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n, el yerro f\u00e1ctico ser\u00e1 evidente o notorio, \u201ccuando su s\u00f3lo planteamiento haga brotar que el criterio\u201d del juez \u201cest\u00e1 por completo divorciado de la m\u00e1s elemental sind\u00e9resis; si se quiere, que repugna al buen juicio\u201d, lo que ocurre en aquellos casos en que \u00e9l \u201cest\u00e1 convicto de contraevidencia\u201d (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es \u201cde tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinaci\u00f3n adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso\u201d (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01); dicho en t\u00e9rminos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que \u201cse estrell\u00f3 violentamente contra la l\u00f3gica o el buen sentido com\u00fan, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisi\u00f3n so pretexto de aquella autonom\u00eda\u201d (G. J., T. CCXXXI, p\u00e1gina 644)\u00bb (CSJ SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01; reiterada en CSJ SC131-2018, 12 feb.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se ha sostenido que <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. <\/p>\n
Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
Cuando el material probatorio recaudado en un juicio incluye el contenido de un contrato, sea este meramente consensual, solemne o real, el funcionario competente se enfrenta a un doble labor\u00edo; de un lado, debe establecer los contornos factuales de la negociaci\u00f3n, por v\u00eda de ejemplo, las tratativas previas, el texto del clausulado del contrato, el comportamiento adoptado por los estipulantes durante el iter contractus, entre otras variables relevantes, para luego extraer de all\u00ed el verdadero contenido del acuerdo de voluntades objeto de la disputa. <\/p>\n
Sobre el particular, resulta pertinente reproducir, in extenso, el precedente de la Corte sobre esta problem\u00e1tica: <\/p>\n
\u00abEn la sentencia CSJ SC, 24 jul. 2012, rad. n.\u00b0 2005-00595-01, se sostuvo: \u201cPara averiguar el querer de los obligados, a m\u00e1s del tenor literal de sus cl\u00e1usulas y las directrices establecidas en los art\u00edculos 1618 a 1624 del C\u00f3digo Civil, 5\u00b0 y 823 del C\u00f3digo de Comercio, debe tener en cuenta el int\u00e9rprete diversos factores que inciden en el acuerdo, tales como las condiciones particulares de los intervinientes y su proceder en los diferentes momentos contractuales, esto es, antes, durante y despu\u00e9s de su celebraci\u00f3n, de tal manera que se refleje de manera precisa el \u00e1nimo que los inspir\u00f3 a vincularse. <\/p>\n
En ese sentido, advirti\u00f3 la Corte que \u2018la interpretaci\u00f3n se predica de los negocios jur\u00eddicos existentes, es ulterior a la existencia del acto dispositivo y, en rigor, consiste en establecer y precisar la relevancia normativa de su sentido conformemente a la rec\u00edproca intenci\u00f3n de las partes\u2019 (art. 1618 C.C.), de ordinario plasmada en las cl\u00e1usulas, p\u00e1rrafos, condiciones o estipulaciones, a las cuales, sin embargo, no se reduce ni supedita, por cuanto, aun siendo claro el sentido idiom\u00e1tico, literal o textual de las palabras, en toda divergencia a prop\u00f3sito, imp\u00f3nese reconstruirla, precisarla e indagarla seg\u00fan el marco de circunstancias, materia del negocio jur\u00eddico, posici\u00f3n, situaci\u00f3n, conocimiento, experiencia, profesi\u00f3n u oficio de los sujetos, entorno cultural, social, econ\u00f3mico, pol\u00edtico, geogr\u00e1fico y temporal en una perspectiva retrospectiva y prospectiva, esto es, considerando adem\u00e1s de la celebraci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y conducta pr\u00e1ctica negocial, la fase prodr\u00f3mica, de gestaci\u00f3n o formaci\u00f3n teniendo en cuenta que \u2018(…) los actos, tratos o conversaciones preliminares enderezados a preparar la producci\u00f3n de un consentimiento contractual no son intrascendentes; por el contrario, una vez formado el consentimiento son parte integrante de \u00e9l, y su importancia se traduce en servir de medios auxiliares para interpretar la verdadera intenci\u00f3n de las partes, cristalizada en las cl\u00e1usulas del contrato\u2019 (cas. civ. 28 de junio de 1989)\u201d. <\/p>\n
A fin de desarrollar de manera t\u00e9cnica la labor de interpretaci\u00f3n del contrato, la doctrina ha ideado algunas fases o etapas que permiten indagar con mayor amplitud los factores con posible incidencia en la concreci\u00f3n de la voluntad contractual y adicionalmente se advierte, que propician un escenario con mayores posibilidades para su control, verbigracia, en el \u00e1mbito del recurso de casaci\u00f3n, donde la referida labor hermen\u00e9utica resulta protegida de forma acentuada por la autonom\u00eda que para su desarrollo les es reconocida los juzgadores de instancia. <\/p>\n
Las fases que comprende el proceso de interpretaci\u00f3n contractual, seg\u00fan las autoras D\u00edez Garc\u00eda y Guti\u00e9rrez Santiago (2009)1, son: \u201clabor de identificaci\u00f3n y establecimiento de los datos que han de interpretarse\u201d; \u201cb\u00fasqueda y averiguaci\u00f3n del sentido negocial de tales datos\u201d; \u201cfunci\u00f3n de calificaci\u00f3n del contrato\u201d y la \u201creconstrucci\u00f3n de la regla negocial\u201d, las cuales se explican as\u00ed: \u201cen primer lugar, para que el int\u00e9rprete pueda desarrollar su labor interpretativa es preciso, antes de nada, seleccionar y determinar los materiales f\u00e1cticos a investigar, fijar cu\u00e1les sean los hechos que van a ser interpretados. B\u00e1sicamente la determinaci\u00f3n de cu\u00e1les fueron las declaraciones de voluntad de los contratantes: si se escribi\u00f3 o dijo tal cosa o tal otra, qu\u00e9 palabras o t\u00e9rminos se emplearon, o qu\u00e9 conducta se tuvo. Naturalmente, en cuanto que esta primera fase de comprobaci\u00f3n y fijaci\u00f3n de hechos y datos se enmarca dentro de la actividad de valoraci\u00f3n de las pruebas practicadas al respecto. <\/p>\n
Una vez fijados con exactitud los hechos de relevancia contractual sobre los que ha de versar la interpretaci\u00f3n (palabras, expresiones, conductas), se estar\u00e1 ya en condiciones de afrontar la tarea encaminada a dejar sentado cu\u00e1l sea su verdadero significado. Es esta actividad declarativa de explicaci\u00f3n y determinaci\u00f3n del sentido de las declaraciones y el comportamiento de los contratantes a la que responde la llamada interpretaci\u00f3n del contrato en sentido estricto. Una etapa ulterior a la interpretaci\u00f3n propiamente dicha, al establecimiento del sentido de un contrato conforme a lo realmente querido por las partes, es la constituida por la funci\u00f3n de calificaci\u00f3n del mismo o determinaci\u00f3n del tipo o clase que corresponda. En cualquier caso, y partiendo de que la calificaci\u00f3n consiste en determinar la naturaleza del contrato que se interpreta, en insertar lo acordado por las partes dentro de los esquemas contractuales t\u00edpicos predispuestos por el legislador (o en apreciar que es un convenio at\u00edpico, innominado o mixto, no acomodado exactamente a ninguno de los tipos legales), interesa acordar que dicha tarea \u2018supone un juicio de adecuaci\u00f3n del negocio concreto a categor\u00edas establecidas a priori por las normas, y ello, obviamente, s\u00f3lo cabe hacerlo desde la \u00f3ptica de las normas\u2019 (…). <\/p>\n
Despu\u00e9s de haberse esclarecido el recto significado de las declaraciones de voluntad de las partes (mediante la labor interpretativa propiamente dicha) y una vez efectuado a trav\u00e9s de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica del contrato el oportuno contraste entre su contenido real y las correspondientes determinaciones del Ordenamiento, puede suceder no obstante que las previsiones de los contratantes sean incompatibles con normas jur\u00eddicas imperativas, o que simplemente no basten para encontrar una soluci\u00f3n adecuada al conflicto de que se trate. En tales casos, resultar\u00e1 a veces necesario que el int\u00e9rprete proceda a lo que com\u00fanmente se denomina una reconstrucci\u00f3n de la regla contractual; tarea de indudable \u00edndole jur\u00eddica, que tender\u00e1 a delimitar, reformar o completar las estipulaciones de las partes\u201d. <\/p>\n
(…) En numerosas ocasiones la Corte ha precisado que la interpretaci\u00f3n de los contratos \u2013en l\u00ednea de principio rector\u2013 es tarea confiada a la \u201c(…) cordura, perspicacia y pericia del juzgador\u201d (CVIII, 289), a su \u201cdiscreta autonom\u00eda\u201d (CXLVII, 52), raz\u00f3n por la cual, el resultado de ese labor\u00edo \u201cno es susceptible de modificarse en casaci\u00f3n, sino a trav\u00e9s de la demostraci\u00f3n de un evidente error de hecho\u201d (CXLII, 218 Cfme: CCXL, 491, CCXV, 567). Sin embargo, a ello no le sigue que el sentenciador, per se, tenga plena o irrestricta libertad para buscar la communis intentio de los contratantes, sino que debe apoyarse en las pautas o directrices legales que se encaminan, precisamente, a guiarlo en su cardinal tarea de determinar el verdadero sentido y alcance de las estipulaciones de las partes, de modo que pueda descubrir la genuina voluntad que, otrora, las anim\u00f3 a celebrar el contrato y a identificar, en la esfera teleol\u00f3gica, la finalidad perseguida por ellas, en concreto en lo que concierne al establecimiento de las diversas estipulaciones que, articuladas, integran el contenido contractual, objeto de escrutinio por parte de su int\u00e9rprete. <\/p>\n
(…) Ahora bien, el criterio basilar en esta materia \u2013m\u00e1s no el \u00fanico, \u00fatil es memorarlo\u2013 es, pues, el se\u00f1alado en el art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual, \u2018conocida claramente la intenci\u00f3n de los contratantes, debe estarse a ella m\u00e1s que a lo literal de las palabras\u2019, en cuya puesta en pr\u00e1ctica sirve de fundamento, entre otras pautas o reglas, la prevista en el inciso final del art\u00edculo 1622 ib., a cuyo tenor las cl\u00e1usulas de un contrato se interpretar\u00e1n \u2018por la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica que hayan hecho ambas partes, o una de las partes con aprobaci\u00f3n de la otra\u2019. Esa b\u00fasqueda \u2013o rastreo ex post\u2013 de la intenci\u00f3n com\u00fan, por lo dem\u00e1s, no debe ser erradicada por el hecho de que las palabras usadas por los contratantes reflejen, prima facie, claridad y precisi\u00f3n, pues no hay que olvidar que si la voluntad com\u00fan de las partes es diferente y se conoce, a ella hay que plegarse m\u00e1s que al tenor literal, el que, in radice, en precisas circunstancias, puede llegar a eclipsar y, por ende, desfigurar, la verdadera voluntas de los convencionistas, ratio medular del labor\u00edo hermen\u00e9utico. No en vano, como bien lo se\u00f1ala la antigua m\u00e1xima, \u2018la letra mata, y el esp\u00edritu vivifica\u2019. <\/p>\n
El mismo art\u00edculo 1622 \u2013ya citado- sienta otras reglas m\u00e1s de acentuada val\u00eda, como aquella que prev\u00e9 que \u2018las cl\u00e1usulas de un contrato se interpretar\u00e1n unas por otras, d\u00e1ndosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad\u2019, en clara demostraci\u00f3n de la relevancia que tiene la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y contextual, br\u00fajula sin par en estos menesteres. O, en fin, la contemplada en el art\u00edculo 1621, que dispone que cuando no aparezca \u2018voluntad contraria, deber\u00e1 estarse a la interpretaci\u00f3n que mejor cuadre con la naturaleza del contrato\u2019, sin dejar de tener su propia fuerza y din\u00e1mica, en veces definitiva para casos espec\u00edficos, la asentada en el art\u00edculo 1620, seg\u00fan la cual, \u2018el sentido en que una cl\u00e1usula pueda producir alg\u00fan efecto, deber\u00e1 preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno\u2019, lo que significa que si la interpretaci\u00f3n de una cl\u00e1usula puede aparejar dos sentidos diversos, uno de los cuales le restar\u00eda \u2013o cercenar\u00eda\u2013 efectos, o desnaturalizar\u00eda el negocio jur\u00eddico, dicha interpretaci\u00f3n debe desestimarse, por no consultar los c\u00e1nones que, de antiguo, estereotipan esta disciplina. <\/p>\n
Todas estas directrices, en \u00faltimas, tienen el confesado prop\u00f3sito de evidenciar la com\u00fan voluntad de los extremos de la relaci\u00f3n negocial, lo mismo que fijar unos derroteros enderezados a esclarecer la oscuridad o falta de precisi\u00f3n que, in casu, puede presentar el texto contractual, bien desestimando interpretaciones que, inopinada o inconsultamente, conduzcan a privar de efectos a la cl\u00e1usula objeto de auscultaci\u00f3n, ya sea otorg\u00e1ndole relevancia a la naturaleza del contrato, bien interpret\u00e1ndolo de modo contextual, esto es, buscando armon\u00eda entre una cl\u00e1usula y las dem\u00e1s, etc.\u201d\u00bb (CSJ SC3047-2018, 31 jul.). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Delimitaci\u00f3n del debate. <\/p>\n
De acuerdo con el compendio elaborado por los casacionistas, en el fallo cuestionado, la judicatura ad quem habr\u00eda considerado que \u00ablas partes no determinaron de manera clara el precio de cada una de las dos cosas que negociaron, el 40 % del inmueble y el 66,66% del inter\u00e9s social o cuotas de inter\u00e9s de la sociedad Sport Country Club Ltda.\u00bb, lo cual, en su opini\u00f3n, contrariar\u00eda el requisito previsto en el art\u00edculo 1611-4 del C\u00f3digo Civil, para dotar de eficacia jur\u00eddica al contrato de promesa. <\/p>\n
Ahora bien, al sustentar su impugnaci\u00f3n extraordinaria, los actores reprocharon \u00fanicamente una parcela del argumento del tribunal, seg\u00fan la cual en dicha convenci\u00f3n se \u00abnegociaron (…) dos cosas\u00bb. Por esa v\u00eda, defendieron que \u00abel prop\u00f3sito de las partes no era el de enajenar y hacer tradici\u00f3n de las acciones o cuotas de inter\u00e9s social de la sociedad Sport Country Club Ltda., sino el de liquidarla a la mayor brevedad posible (…) motivo por el cual no ten\u00edan que establecer el precio de una enajenaci\u00f3n inexistente\u00bb. <\/p>\n
Ello equivale a afirmar que en el contrato de promesa solo estaba involucrada la prestaci\u00f3n consistente en otorgar la escritura p\u00fablica de compraventa de la al\u00edcuota del predio con folio de matr\u00edcula n.\u00ba 300-179324, de modo que la Corte se circunscribir\u00e1 a comprobar la veracidad de este aserto, manteniendo inc\u00f3lumes los pilares restantes del raciocinio principal de la colegiatura ad quem, que no constituyen motivo de controversia. <\/p>\n
3.2. El contenido del acuerdo preparatorio. <\/p>\n
Conforme se explic\u00f3 supra, los querellantes, obrando como promitentes compradores, celebraron con el apoderado del promitente vendedor, Nicol\u00e1s Alberto Serrano Mantilla, un contrato de promesa de compraventa2, en el que se consignaron, entre otras, las estipulaciones que seguidamente se reproducen: <\/p>\n
(i) Cl\u00e1usula primera: \u00abObjeto del contrato: El promitente vendedor promete transferir, en calidad de venta, y los promitentes compradores adquirir de aquel a igual t\u00edtulo, el pleno derecho de dominio y posesi\u00f3n que el primero tiene y ejerce sobre los siguientes bienes: 1) El cuarenta por ciento (40%), o 2\/5 partes, del (…) predio rural denominado Sport Country Club, ubicado en la vereda Riofr\u00edo, Municipio de Floridablanca, con un \u00e1rea aprox. De 65.000 metros cuadrados (…). 2) El derecho de dominio y la posesi\u00f3n que tiene y ejerce sobre el sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento (66,66%) del inter\u00e9s social o cuotas de inter\u00e9s que le corresponden por su participaci\u00f3n como socio de la sociedad de responsabilidad limitada denominada Sport Country Club Ltda., NIT: 800.119.198-4, sociedad constituida mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 3593 de 26 de diciembre de 1990 (…) con domicilio social en la ciudad de Bucaramanga, lugar donde funciona el establecimiento de comercio Sport Country Club Ltda. (…) \u2013 A partir de la entrega del inmueble, la sociedad Sport Country Club Ltda. se someter\u00e1 a liquidaci\u00f3n definitiva, oblig\u00e1ndose en todo caso el promitente vendedor a entregar a paz y salvo (…)\u00bb. <\/p>\n
(ii) Cl\u00e1usula tercera: \u00abPrecio y forma de pago: El precio de este contrato es por la suma de $1.100.000.000, que los promitentes compradores pagan as\u00ed: A) La suma de $212.000.000, as\u00ed: 1) El valor liquidado por la DIAN, seg\u00fan estado de cuenta a 27 de septiembre de 2010, por $112.000.000, por concepto de obligaciones tributarias y costas pendientes de pago de Nicol\u00e1s Alberto Serrano Mantilla como socio del Sport Club Ltda., y 2) La suma de $100.000.000, en dinero efectivo, que ser\u00e1 entregada directamente por los promitentes compradores al promitente vendedor el d\u00eda de la firma de la presente promesa de compraventa. \u2013 B) La suma de $100.000.000, en dinero efectivo, que se pagar\u00e1n directamente a las entidades correspondientes por los promitentes compradores, con el visto bueno del promitente comprador, para cancelar las deudas que pesan sobre el inmueble, tales como embargos, impuesto predial, contribuciones por valorizaci\u00f3n, servicios p\u00fablicos, etc., industria y comercio, hasta completar dicha suma. A medida que avancen los plazos, de conformidad con los acuerdos previos adquiridos por el promitente vendedor con tales entidades. \u2013 C) La suma de $100.000.000, en dinero efectivo que ser\u00e1n pagados directamente al promitente vendedor el d\u00eda 15 de octubre de 2010, en Bucaramanga. \u2013 D) La suma de $200.000.000, en dinero efectivo, que ser\u00e1 entregada directamente por los promitentes compradores al promitente vendedor el d\u00eda de la firma de la escritura de venta de las cuotas vinculadas al inmueble prometido. \u2013 E) La suma de $300.000.000, que representan el 66,66% de las obligaciones pendientes de pago del Sport Country Club Ltda., deudas que se pagar\u00e1n directamente por los promitentes compradores, con el visto bueno del promitente vendedor, a medida que se logren concretar los respectivos acuerdos con los acreedores del club, en los plazos que individualmente se pacten (…) \u2013 F) El excedente, o \u00faltimo pago, es decir, la suma de $188.000.000, ser\u00e1n pagados directamente por los promitentes compradores al promitente vendedor, en un lapso m\u00e1ximo de 6 meses, es decir, hasta el 24 de marzo de 2011 (…)\u00bb. <\/p>\n
(iii) Cl\u00e1usula cuarta: \u00abEntrega: la entrega material del inmueble prometido en venta y el establecimiento de comercio denominado Sport Country Club, junto con la posesi\u00f3n se empieza a realizar a manera de empalme por el promitente vendedor a favor de los promitentes compradores en el momento de la firma de la presente promesa de compraventa (…)\u00bb. <\/p>\n
(iv) Cl\u00e1usula quinta: \u00abEscritura p\u00fablica: La escritura p\u00fablica de venta de la cuota del inmueble prometido en venta ser\u00e1 otorgada el promitente vendedor a favor de los promitentes compradores el 15 de diciembre del a\u00f1o dos mil once (2010) (sic), a las diez de la ma\u00f1ana en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Bucaramanga. \u2013 Par\u00e1grafo primero: Respecto de la sociedad Sport Country Club Ltda., como se procede a su liquidaci\u00f3n, no ser\u00e1 necesario realizar el traspaso de los derechos o cuotas de inter\u00e9s social a favor de los promitentes compradores, pero s\u00ed otorgar los poderes necesarios para quienes gestionen su liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.3. La plausibilidad de la conclusi\u00f3n del tribunal. <\/p>\n
Al interpretar el contenido del contrato de promesa sobre el que gravita \u2013parcialmente\u2013 el conflicto, tanto la colegiatura de segundo grado, como los demandantes, se apoyaron en la literalidad de sus pactos. As\u00ed, en el fallo censurado se asever\u00f3 que las partes prometieron vender y comprar, seg\u00fan el caso, una cuota equivalente al 40% del inmueble con folio de matr\u00edcula n.\u00ba 300-179324, y tambi\u00e9n \u00ab[e]l 66,66% del inter\u00e9s social o cuotas de inter\u00e9s (…) de la sociedad (…) denominada Sport Country Club Ltda.\u00bb, tal como se hizo constar en la cl\u00e1usula primera del pacto preparatorio. <\/p>\n
Por su parte, los casacionistas resaltaron que en ese mismo pacto qued\u00f3 consignado que \u00abla sociedad Sport Country Club Ltda. se someter\u00e1 a liquidaci\u00f3n definitiva (…) a partir de la entrega del inmueble\u00bb. A ello agregaron que, al regular lo concerniente a la celebraci\u00f3n del negocio prometido, los estipulantes solo se refirieron a la porci\u00f3n inmobiliaria3, insistiendo en que \u00abrespecto de la sociedad Sport Country Club Ltda., como se procede a su liquidaci\u00f3n, no ser\u00e1 necesario realizar el traspaso de los derechos o cuotas de inter\u00e9s social a favor de los promitentes compradores, pero s\u00ed otorgar los poderes necesarios para quienes gestionen su liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Como puede advertirse, la ambig\u00fcedad del contrato \u2013y la improcedente imbricaci\u00f3n de los conceptos de patrimonio social, patrimonio individual y establecimiento de comercio que all\u00ed se refleja\u2013 permite que tanto la tesis del ad quem, como la de los recurrentes, encuentren un m\u00ednimo sustento. Pero aun si ello no fuera as\u00ed, es decir, aunque el clausulado permitiera una lectura un\u00edvoca, sus alcances no deb\u00edan determinarse forzosamente a partir de all\u00ed, pues era imperativo auscultar la intenci\u00f3n de los contratantes. <\/p>\n
As\u00ed lo ordena el canon 1618 del C\u00f3digo Civil4, cuya aplicaci\u00f3n <\/p>\n
\u00ab(…) no se supedita a aquellos casos en que las palabras usadas por los contratantes no son absolutamente claras y por tanto exigen que el int\u00e9rprete ausculte la verdadera intenci\u00f3n de aquellas, pues va m\u00e1s all\u00e1, como que muy a pesar de la claridad del texto contractual, si la voluntad com\u00fan de las partes es diferente y se conoce, a ella hay que plegarse m\u00e1s que al tenor literal. <\/p>\n
No es por consiguiente de recibo pleno el brocardo \u201cin claris non fit interpretatio\u201d, que sugiere que si el sentido de las palabras usadas en el contrato es claro, no hay para qu\u00e9 mirar m\u00e1s all\u00e1, pues se substituir\u00eda la intenci\u00f3n cierta de los contratantes por la incierta del int\u00e9rprete; pero a no dudarlo es un presupuesto de secular aceptaci\u00f3n del cual ha de partirse (…), dado que \u201ccuando el pensamiento y el querer de quienes concertaron un pacto jur\u00eddico quedan escritos en cl\u00e1usulas claras, precisas y sin asomo de ambig\u00fcedad, tiene que presumirse que estas estipulaciones as\u00ed concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de aquellos y que, por lo mismo, se torna inocuo cualquier intento de interpretaci\u00f3n\u201d (Sentencia de Casaci\u00f3n Civil del 5 de julio de 1983). Sin embargo, se repite que si se conoce la intenci\u00f3n com\u00fan, es ella la que prevalece sobre el tenor literal del contrato. <\/p>\n
Es menester precisar, adem\u00e1s, que ese \u201csentido claro\u201d de las palabras, como regla general, se refiere en primer t\u00e9rmino al sentido natural y obvio que ellas tienen en el lenguaje com\u00fan y en el idioma castellano (a semejanza de lo que se prev\u00e9 en materia de interpretaci\u00f3n de la ley en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo Civil y se precisa en el art\u00edculo 823 del C\u00f3digo de Comercio), sin que por el mero hecho de que ese sentido sea claro, quede proscrita toda investigaci\u00f3n de la intenci\u00f3n com\u00fan de las partes, pues puede ocurrir por ejemplo, que las palabras hayan tenido en el contexto espacio temporal en el que el contrato se discuti\u00f3 y naci\u00f3, un sentido propio y distinto del general, natural y obvio, o que tengan diversas acepciones, o que sea equ\u00edvoca una palabra determinada mirado el contexto del contrato, o que tenga un significado t\u00e9cnico preciso, o que al int\u00e9rprete se le ofrezca, a m\u00e1s del texto claro, una intenci\u00f3n com\u00fan diversa de aquel. <\/p>\n
En fin, no ha de limitarse siempre el ex\u00e9geta a una interpretaci\u00f3n gramatical por claro que sea el tenor literal del contrato, pues casos hay en los que debe acudir a auscultar la intenci\u00f3n com\u00fan, de lo que han querido o debido querer los contratantes, sobre todo si se tiene en cuenta que es la voluntad interna y no la declarada la que rige la hermen\u00e9utica contractual\u00bb (CSJ SC, 1 ago. 2002, rad. 6907). <\/p>\n
Por esa senda, incluso si se admitiera \u2013en gracia de discusi\u00f3n\u2013 que algunas secciones del contrato revelan con claridad que la promesa solo cobijaba el activo inmobiliario, y no las cuotas sociales, como lo sostienen los casacionistas, era imperativo valorar el caudal probatorio en conjunto, para extraer de all\u00ed el querer de las partes, con miras a confirmar o desvirtuar la inferencia planteada como soporte del cargo. <\/p>\n
Conforme con ello, y tras acometer esa tarea, integrando el clausulado correspondiente, y contrastando las dem\u00e1s evidencias que se recaudaron en el decurso de las instancias ordinarias, la Corte encuentra plausible la conclusi\u00f3n a la que se arrib\u00f3 en la sentencia cuestionada. En efecto: <\/p>\n
(i) A pesar de haber sugerido la necesidad de disolver y liquidar la persona jur\u00eddica denominada Sport Country Club Ltda., en la descripci\u00f3n de la cuota del predio que se prometi\u00f3 en venta, las partes incluyeron elementos propios de un centro recreacional, tales como canchas deportivas, cocinas, restaurantes y otras anexidades similares, que integran el establecimiento de comercio \u201cSport Country Club\u201d, de propiedad de la sociedad de responsabilidad limitada del mismo nombre. <\/p>\n
(ii) La cl\u00e1usula cuarta de la misma convenci\u00f3n prev\u00e9 que \u00abla entrega material del inmueble prometido en venta y el establecimiento de comercio denominado Sport Country Club\u00bb iniciar\u00eda en la fecha de firma de la promesa. A rengl\u00f3n seguido, se dej\u00f3 constancia del traspaso de \u00abun inventario de los muebles y enseres del club, junto con sus balances y dem\u00e1s documentos contables\u00bb, pertenecientes tambi\u00e9n al ente societario citado. <\/p>\n
(iii) En el \u00abacuerdo\u00bb adicional que, a manera de otros\u00ed, celebraron los contratantes el 8 de noviembre de 20105, estos resolvieron que \u00abel Sport Country Club como establecimiento de comercio seguir\u00e1 funcionando\u00bb, y que \u00ablos representados por el Dr. Jairo Alberto Corzo [es decir, los hoy demandantes], a trav\u00e9s de este, nombrar\u00e1n un representante para que asista a las instalaciones del establecimiento antes mencionado con funciones de control en el desarrollo de las actividades del club, con facultad de revisar libros de contabilidad y eventos, a partir del d\u00eda martes 9 de noviembre de 2010\u00bb. <\/p>\n
(iv) El declarante Gerardo Antonio Jaimes Pati\u00f1o, quien manifest\u00f3 ser contador p\u00fablico, dijo haber sido contratado por \u00d3scar y Jorge Eduardo Corzo Garc\u00e9s (actuales demandantes) \u00abpara que mirara la parte financiera del club que hab\u00edan comprado o negociado, y ellos quer\u00edan mirar la parte financiera para ver como estaba, la contabilidad, los negocios, cuentas por cobrar y por pagar, etc.\u00bb6. <\/p>\n
(v) Juan Carlos Corzo Garc\u00e9s, hermano de algunos de los querellantes, testific\u00f3 que \u00ablos vendedores, representados por el se\u00f1or Alberto Serrano Navas, se hab\u00edan comprometido a entregar el predio con todas sus pertenencias, con todas sus instalaciones y muebles e inmuebles, as\u00ed como la documentaci\u00f3n de lo que llamaban \u201cel club\u201d, o sea el establecimiento de comercio que funcionaba all\u00ed como un club\u00bb7. <\/p>\n
(vi) La testigo Cecilia Ortiz Barrag\u00e1n, quien afirm\u00f3 ser c\u00f3nyuge del demandante Luis Enrique P\u00e1ez Capacho, critic\u00f3 en su declaraci\u00f3n al se\u00f1or Serrano Navas por \u00abno haber cumplido el compromiso de compraventa\u00bb, en tanto \u00abno les ha entregado el predio, les proh\u00edbe la entrada a todos, a mi me toc\u00f3 hacer inclusive una carta para que dejaran entrar a la gente, porque eran socios del negocio\u00bb8. <\/p>\n
Asimismo, la deponente manifest\u00f3 haber realizado una negociaci\u00f3n similar a esta con el se\u00f1or Ram\u00f3n Serrano Navas, que culmin\u00f3 con la compra de otro derecho de cuota del inmueble donde se ubica el club social, tambi\u00e9n equivalente al 40%. En ese contexto, el apoderado de la parte actora pregunt\u00f3 si \u00abcuando usted adquiri\u00f3 junto con otros el 40% inicial de la propiedad, del terreno, siendo vendedor Ram\u00f3n Serrano, la venta incluy\u00f3 alg\u00fan porcentaje del club que hay en el terreno\u00bb, a lo que la declarante contest\u00f3: \u00abtanto el terreno como el negocio, o sea el Sport Country Club\u00bb9. <\/p>\n
(vii) Mar\u00eda Consuelo Fuentes D\u00edaz, compa\u00f1era sentimental del demandado Serrano Navas, declar\u00f3 que el contrato de promesa de compraventa \u00abdec\u00eda que ten\u00eda desde el momento de la firma que entregarle el establecimiento de comercio, y lo que vendieron fueron las 2\/5 partes de un terreno y el 66,66% de unas cuotas de inter\u00e9s social del socio Nicol\u00e1s Alberto Serrano Mantilla; el se\u00f1or Alberto Serrano Nunca firm\u00f3 la promesa de compraventa como representante legal de la sociedad Sport Country Club Ltda., lo que quiere decir que el establecimiento de comercio no se vendi\u00f3\u00bb10. <\/p>\n
(viii) En su declaraci\u00f3n de parte, Jorge Eduardo Corzo Garc\u00e9s relat\u00f3 que, luego de una serie de desavenencias, \u00abel se\u00f1or Alberto Serrano nos prohibi\u00f3 la entrada a las instalaciones del Sport Country Club, no volvi\u00f3 a recibir nuestras llamadas (…). Posteriormente, en vista de que no nos permit\u00edan la entrada (…) nos acercamos a las instalaciones del club con la polic\u00eda, para buscar al se\u00f1or Alberto y para que nos permitieran la entrada, pues ya \u00e9ramos due\u00f1os en parte de ese predio y de esa sociedad\u00bb11. <\/p>\n
(ix) Al responder el interrogatorio oficioso realizado por el juez a quo en el marco de la audiencia de que trata el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el tambi\u00e9n convocante Luis Enrique P\u00e1ez Capacho recab\u00f3 en que \u00abse elabor\u00f3 un negocio, se dieron unas platas debido a que el bien se iba a rematar en la DIAN (…), el negocio con la parte demandada era… se le compr\u00f3 la parte del terreno, la parte que ten\u00edan del club, los derechos que pose\u00eda del club, seg\u00fan dice la promesa de compraventa\u00bb12. <\/p>\n
Si esas evidencias se analizan de forma articulada, emerge incontrovertible que los actores pretend\u00edan comprar, y su contraparte vender, el inmueble donde se ubicaba el \u201cSport Country Club\u201d, pero tambi\u00e9n el nombre comercial, mobiliario e instalaciones deportivas, entre otros elementos del centro recreativo, con el prop\u00f3sito de que los adquirentes continuaran explot\u00e1ndolo comercialmente. <\/p>\n
Contrario sensu, las pruebas que se relacionaron previamente no resultan compatibles con la versi\u00f3n defendida en la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario; si la voluntad de los hoy recurrentes se hubiera orientado a adquirir \u00fanicamente la cuota de dominio de un inmueble, no se entender\u00eda que al ser interrogados aludieran a su condici\u00f3n de \u201csocios\u201d de una empresa de servicios, ni tampoco que insistieran con ah\u00ednco en inspeccionar la contabilidad del club, o en tomar medidas para sanear sus finanzas. <\/p>\n
Ahora bien, es innegable que la verdadera intenci\u00f3n de los contratantes podr\u00eda materializarse a trav\u00e9s de m\u00faltiples senderos negociales, pero en casi todos ellos ser\u00eda ineludible que los hoy demandantes celebraran un contrato con los due\u00f1os de la heredad con folio de matr\u00edcula n.\u00ba 300-179324, y otro con la sociedad propietaria del establecimiento de comercio \u201cSports Country Club\u201d. Pero los casacionistas no optaron por esa posibilidad, sino que acordaron la transferencia con Nicol\u00e1s Alberto Serrano Mantilla, condue\u00f1o del bien ra\u00edz, pero solamente socio de la persona jur\u00eddica pluricitada. <\/p>\n
Lo anterior porque, de forma indirecta, la adquisici\u00f3n de la participaci\u00f3n societaria asegurar\u00eda a los demandantes el acceso a la administraci\u00f3n del establecimiento de comercio, y les permitir\u00eda disponer de este como bien mercantil que es, de modo que fuera efectivamente transferido a otra persona natural o jur\u00eddica, en reemplazo de su actual dominus, la convocada Sport Country Club Ltda., una vez esta fuera disuelta y liquidada. <\/p>\n
Entonces, tras auscultar la intenci\u00f3n de las partes, el enmara\u00f1ado negocio jur\u00eddico preparatorio del que se viene hablando pod\u00eda esclarecerse acudiendo a la propuesta interpretativa efectuada por la colegiatura ad quem, en el sentido de estimar que dicho acuerdo versaba sobre \u00abdos cosas\u00bb, el dominio sobre de la porci\u00f3n inmobiliaria, y el 66,66% de las cuotas de inter\u00e9s en la sociedad Sport Country Club Ltda., y no solo sobre el primero de los referidos bienes. <\/p>\n
Con todo, puede concederse que la absoluta desprolijidad con la que las partes estructuraron sus negocios habilitar\u00eda ex\u00e9gesis distintas a la indicada, pero ello es intrascendente en el marco de una acusaci\u00f3n como la que se estudia; recu\u00e9rdese que el quiebre de la sentencia se encuentra supeditado a la comprobaci\u00f3n de un yerro evidente en la interpretaci\u00f3n del contrato, hip\u00f3tesis que no tiene cabida cuando el juzgador elige una, de entre las distintas lecturas que admite una convenci\u00f3n. <\/p>\n
En palabras del precedente, <\/p>\n
\u00absi el juez, tras examinar y aplicar las diversas reglas de hermen\u00e9utica establecidas en la ley, opta por uno de los varios sentidos plausibles de una determinada estipulaci\u00f3n contractual, esa elecci\u00f3n, en s\u00ed misma considerada, no puede ser enjuiciada ante la Corte, so pretexto de una construcci\u00f3n m\u00e1s elaborada que pueda presentar el demandante en casaci\u00f3n, en la medida en que, en esa hip\u00f3tesis, la decisi\u00f3n judicial no proviene de un error evidente de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, sino que es el resultado del ejercicio de la discreta autonom\u00eda con que cuenta el juzgador de instancia para la interpretaci\u00f3n del contrato (…). <\/p>\n
La interpretaci\u00f3n de un contrato est\u00e1 confiada a la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia, y no puede \u201cmodificarse en casaci\u00f3n, sino a trav\u00e9s de la demostraci\u00f3n de un evidente error de hecho que ponga de manifiesto, palmaria u ostensiblemente, que ella es de tal alcance que contradice la evidencia, ya porque supone estipulaciones que no contiene, ora porque ignore las que ciertamente expresa, o ya porque sacrifique el verdadero sentido de sus cl\u00e1usulas con deducciones que contradice la evidencia que ellas demuestran\u201d [CSJ SC, 14 oct. 2010, rad. 2001-00855-01]\u00bb (CSJ SC3047-2018, ya citada). <\/p>\n
3.4. Recapitulaci\u00f3n. <\/p>\n
Para sustentar su decisi\u00f3n de declarar absolutamente nulo el contrato de promesa que celebraron varios de los litigantes, el tribunal expuso que: (i) Las partes prometieron vender dos cosas \u2013al\u00edcuota del inmueble y cuotas de participaci\u00f3n de la sociedad\u2013; (ii) Las partes fijaron un \u00fanico precio, sin que fuera viable determinar qu\u00e9 porci\u00f3n del mismo correspond\u00eda a qu\u00e9 cosa; y (iii) Por ende, no determinaron los contratos prometidos de tal suerte que, para perfeccionarlos, solo faltaren las formalidades legales. <\/p>\n
En la censura que se estudia no fueron atacadas ni la segunda premisa, ni la conclusi\u00f3n de ese an\u00e1lisis, de modo que, al margen de que la Corte las comparta, esas razones se tornaron intangibles, dada la naturaleza preponderantemente dispositiva del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Y centrada la acusaci\u00f3n en la primera proposici\u00f3n, se estableci\u00f3 previamente que el yerro enrostrado no se demostr\u00f3, porque el contrato preparatorio tiene varias interpretaciones potenciales, entre ellas, que lo que prometi\u00f3 venderse fue la al\u00edcuota del inmueble y la participaci\u00f3n en la sociedad de responsabilidad limitada. <\/p>\n
Siendo plausible la interpretaci\u00f3n del contrato que se hiciera en el fallo confutado, y dado que a ella se restringi\u00f3 la primera censura, es imperioso concluir que esta no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
La parte actora denunci\u00f3 la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1741, 1742 y 1746 del C\u00f3digo Civil, para lo cual arguy\u00f3 que \u00abel tribunal se equivoc\u00f3, pues contrariando la regla alusiva a las restituciones mutuas, en cuanto que las partes deben ser restablecidas al momento en que la negociaci\u00f3n tuvo lugar, err\u00f3 debido a que los dineros entregados por los demandantes fueron restituidos indexados, pero violentando la interpretaci\u00f3n gramatical de la ley (…) no reconoci\u00f3 los intereses que manda el inciso segundo del art\u00edculo 1746\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, anot\u00f3 que \u00abes di\u00e1fano que los frutos del dinero son los rendimientos o r\u00e9ditos que este genera, motivo por el cual, para que la restituci\u00f3n sea cabal, debe ordenarse su pago\u00bb, y concluy\u00f3 diciendo que \u00abal ser anulado el contrato, como consecuencia inevitable de aplicar las normas que regulan la materia, puntualmente el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, el fallador de segunda instancia debi\u00f3 no solo disponer la actualizaci\u00f3n de los dineros que [los convocantes] entregaron al demandado, sino que esas sumas, tambi\u00e9n debieron generar intereses, y al fallador le correspond\u00eda disponerlo as\u00ed\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La violaci\u00f3n directa de la ley sustancial. <\/p>\n
Cuando el cargo se construye acusando la sentencia de trasgredir, en forma directa, una norma sustancial, el censor debe acreditar que, sin alterar la representaci\u00f3n de los hechos que se form\u00f3 el tribunal a partir del examen del material probatorio, el ordenamiento jur\u00eddico impon\u00eda una soluci\u00f3n de la controversia opuesta a la adoptada en la providencia que puso fin a la segunda instancia. <\/p>\n
En ese sentido, la fundamentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n ha de dirigirse a demostrar que el ad quem dej\u00f3 de aplicar al asunto una disposici\u00f3n que era pertinente, aplic\u00f3 otra que no lo era, o que, eligiendo la pauta de derecho correcta, le atribuy\u00f3 efectos distintos a los que de ella dimanan, o los restringi\u00f3 de tal manera que distorsion\u00f3 los alcances ideados por el legislador. <\/p>\n
Expresado de otro modo, esta clase de agravio a la ley sustancial es completamente independiente de cualquier yerro en la valoraci\u00f3n probatoria; adem\u00e1s, su estructuraci\u00f3n se presenta por tres v\u00edas, de contornos bien definidos: la falta de aplicaci\u00f3n, la aplicaci\u00f3n indebida o la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la norma de derecho sustancial. <\/p>\n
Sobre este particular, la Corte ha apuntado que <\/p>\n
\u00ab(…) la violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales, que como motivo de casaci\u00f3n contempla la causal primera (…), acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposici\u00f3n sustancial a que deb\u00eda someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casaci\u00f3n se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del sentenciador, cuesti\u00f3n esta que solo puede abordarse por la v\u00eda indirecta\u00bb (CSJ SC9100-2014, 11 jun; reiterada en CSJ SC1819-2019, 28 may.). <\/p>\n
2. R\u00e9gimen de las restituciones mutuas derivadas de la anulaci\u00f3n del contrato de promesa. <\/p>\n
2.1. La declaratoria de nulidad absoluta conlleva que la convenci\u00f3n viciada pierda la aptitud para producir cualquier consecuencia jur\u00eddica; para todos los efectos \u00abse considera el contrato como no realizado (nullum est negotium; nihil est actum)\u00bb13, de modo que sus secuelas obligacionales desaparecen ex tunc, como si jam\u00e1s se hubiera celebrado. De ah\u00ed que el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil precept\u00fae que \u00ab[l]a nulidad pronunciada en sentencia (…) da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallar\u00edan si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa il\u00edcita\u00bb. <\/p>\n
Consecuente con lo expuesto, la nulidad que afecta la promesa de compraventa comporta la aniquilaci\u00f3n de su prestaci\u00f3n principal \u2013de hacer\u2013, consistente en celebrar el contrato prometido, una vez acaezca el plazo o la condici\u00f3n establecida para ello. Pero tambi\u00e9n impone retrotraer todos los actos de los estipulantes, orientados a anticipar el cumplimiento de algunos d\u00e9bitos propios de ese convenio definitivo14, como ocurre, a modo ejemplo, cuando el promitente comprador abona anteladamente una parte del precio, o cuando el promitente vendedor entrega, tambi\u00e9n ex ante, la cosa prometida en venta. <\/p>\n
As\u00ed lo proclama el precedente de esta Corporaci\u00f3n, que sobre el particular indica: <\/p>\n
\u00abLa nulidad del contrato de promesa de compraventa, ciertamente impide cumplir la prestaci\u00f3n de celebrar el contrato prometido, porque esa declaraci\u00f3n apareja su aniquilaci\u00f3n y la disoluci\u00f3n de sus efectos finales. Pero si los contratantes anticiparon obligaciones del contrato a que se refer\u00eda la promesa, verbi gratia, el pago del precio o la entrega del bien, las cosas, por regla general, deben volver al \u201cmismo estado en que se hallar\u00edan si no hubiese existido el acto o contrato nulo\u201d, seg\u00fan se declara en el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Por esto, salvo casos como los previstos sobre objeto o causa il\u00edcita y los contratos celebrados con incapaces, el inciso segundo del citado precepto establece que en las \u201crestituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, ser\u00e1 cada cual responsable de la p\u00e9rdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, \u00fatiles o voluptuarias, tom\u00e1ndose en consideraci\u00f3n los casos fortuitos, y la posesi\u00f3n de buena o mala fe de las partes; todo ello seg\u00fan las reglas generales\u201d\u00bb (CSJ SC, 13 ago. 2003, rad. 7010). <\/p>\n
2.2. Seg\u00fan lo establece el inciso segundo del art\u00edculo 1746, las restituciones mutuas que tienen lugar en el supuesto explicado, imponen a cada contratante la carga de responder por (i) la p\u00e9rdida o deterioro de las especies recibidas; (ii) los frutos de la cosa y del dinero transferidos; y (iii) las mejoras plantadas, \u00abtom\u00e1ndose en consideraci\u00f3n los casos fortuitos, y la posesi\u00f3n de buena fe o mala fe de las partes (…) seg\u00fan las reglas generales\u00bb, y sin perjuicio de lo dispuesto para los casos de nulidad por objeto y causa il\u00edcitos, o celebraci\u00f3n de contratos con incapaces absolutos. <\/p>\n
En suma, para suprimir los efectos del pacto declarado nulo, debe asegurarse tanto la devoluci\u00f3n exacta de lo entregado, como la compensaci\u00f3n de lo que cada parte negocial dej\u00f3 de percibir por haberse desprendido de aquello que entreg\u00f3. Conforme con este raciocinio, si el promitente comprador, en ejecuci\u00f3n de lo concertado con su contraparte, le transfiere a esta una cantidad de dinero como anticipo del precio de la futura compraventa, aquel tendr\u00e1 derecho a recibir de vuelta ese monto, debidamente indexado, y junto con una rentabilidad razonable. <\/p>\n
Sobre lo primero, la Corte ha reiterado que <\/p>\n
\u00ab(…) regresar a uno de los contratantes la cantidad nominal de dinero que \u00e9ste dio en un comienzo, comportar\u00eda una de dos hip\u00f3tesis: a) devolverle menos de lo que entreg\u00f3, en el caso de que en dicho lapso haya ocurrido el fen\u00f3meno de la devaluaci\u00f3n de la moneda por efectos de la inflaci\u00f3n; o b) restituirle m\u00e1s de lo que abon\u00f3, si fue que en ese per\u00edodo se revalu\u00f3 la moneda en raz\u00f3n de la deflaci\u00f3n, lo que es muy poco probable que ocurra en nuestra econom\u00eda, aunque no es una hip\u00f3tesis del todo descartable. En uno u otro evento es preciso ajustar el valor real del dinero para no incurrir en un enriquecimiento injusto en favor de una de las partes, independientemente de si quien debe recibir la prestaci\u00f3n es o no deudor incumplido o de mala fe. Ni siquiera el hecho de que quien debe hacer la restituci\u00f3n haya estado de buena fe (…) le autoriza a lucrarse del incumplimiento de su contraparte o de la ineficacia jur\u00eddica del acto, mediante la devoluci\u00f3n de una suma envilecida\u00bb (CSJ SC3201-2018, 9 ago.). <\/p>\n
En cuanto a lo segundo, cabe precisar que en el mercado existen actores con distintas preferencias temporales frente al capital. Quienes lo quieran en el presente, le asignar\u00e1n un valor actual superior a los que opten por disponer de \u00e9l a posteriori, y viceversa, siendo la diferencia entre ambos el inter\u00e9s, \u00abes decir, el descuento de bienes futuros por bienes presentes, [que] es una categor\u00eda originaria de la valoraci\u00f3n humana, presente en todo tipo de acci\u00f3n e independiente de cualquier instituci\u00f3n social (…). [N]unca ha habido ni puede haber seres humanos que atribuyan a una manzana disponible dentro de un a\u00f1o o dentro de cien a\u00f1os el mismo valor que a una manzana disponible ahora mismo\u00bb15. <\/p>\n
El valor del dinero en el tiempo, pues, es un concepto indubitable; sin reconocer alguna remuneraci\u00f3n, desaparecer\u00eda cualquier incentivo para optar por invertir una suma de dinero esperando retornos futuros, en lugar de mantener a buen resguardo el capital, minimizando el riesgo de p\u00e9rdida. En ese sentido, resultan justificadas las tendencias actuales del derecho privado, en tanto reconocen la necesidad de correlacionar la recompensa por una transferencia dineraria intersubjetiva, con el lapso durante el cual el sujeto pasivo de la relaci\u00f3n obligacional dispuso del activo l\u00edquido de propiedad de su contraparte. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de las restituciones mutuas en el contrato de promesa de compraventa, la situaci\u00f3n no es id\u00e9ntica, pero s\u00ed asimilable. Es claro que el promitente comprador no entrega el dinero con el fin de obtener un ulterior retorno remunerado, sino que lo hace para cubrir, total o parcialmente, el precio del negocio prometido. Pero una vez el acuerdo preliminar se invalida, la transferencia pierde su causa, y emerge una verdad incontrovertible: que el promitente vendedor tuvo a su disposici\u00f3n los dineros de la otra parte del convenio, durante cierto tiempo. <\/p>\n
Y, claro, siendo ello as\u00ed, resulta equitativo compensar a ese promitente comprador por no haber podido invertir sus recursos en otra actividad que le reportara lucro. De no hacerlo, se prohijar\u00eda la inequidad, al prohijar que los dineros sean utilizados por quien promete vender, sin contraprestaci\u00f3n de ning\u00fan tipo. <\/p>\n
A tono con lo aqu\u00ed anotado, la Corte ha adoctrinado que <\/p>\n
\u00ab(…) la regulaci\u00f3n de las prestaciones mutuas que a\u00fan de oficio deben ser ordenadas por el juez cuando quiera que decrete la nulidad o en general la ineficacia del acto jur\u00eddico, apuntan a que se restituya, por la parte obligada a ello, la suma de dinero recibida en ejecuci\u00f3n del acto anulado, o inexistente, con la consiguiente correcci\u00f3n monetaria, as\u00ed como con los intereses que es dable entender produce el capital recibido. Es, salvo excepci\u00f3n legal, el efecto general y propio de toda declaraci\u00f3n de nulidad de un negocio jur\u00eddico retrotraer las cosas al estado en que se hallar\u00edan si no hubiese existido el acto o contrato nulo\u00bb (SC10097-2015, 31 jul.). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Al disponer lo atinente a las restituciones mutuas, el tribunal orden\u00f3 que el dinero entregado por los actores al se\u00f1or Serrano Mantilla fuera actualizado, pero guard\u00f3 silencio acerca de los intereses sobre ese importe, que reconoce el canon 1746 del C\u00f3digo Civil. En ese sentido, la trasgresi\u00f3n directa denunciada se materializ\u00f3, pues aunque el fallo se finc\u00f3 en la pauta sustancial correcta, interpret\u00f3 sus alcances de manera restrictiva, en desmedro del derecho de los recurrentes a ser restituidos de manera plena al estado en que se encontrar\u00edan de no haber celebrado la convenci\u00f3n preparatoria anulada. <\/p>\n
Por ende, el segundo cargo prospera, sin que deba la Corte detenerse en el tercer cuestionamiento formulado, porque este apuntaba \u2013a trav\u00e9s de un cauce distinto\u2013 a corregir el yerro que previamente se advirti\u00f3. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1. Delimitaci\u00f3n del debate. <\/p>\n
Dado que el quiebre del fallo de segunda instancia se limit\u00f3 a lo atinente al c\u00f3mputo de intereses en la tasaci\u00f3n de las restituciones mutuas, es forzoso colegir que las siguientes decisiones del ad quem cobraron firmeza, y por lo mismo no son objeto de disputa: <\/p>\n
(i) La declaratoria de simulaci\u00f3n absoluta del contrato de compraventa instrumentado en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 488, otorgada el 28 de febrero de 2011 en la Notar\u00eda Octava de Bucaramanga. <\/p>\n
(ii) La declaratoria de nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa que celebraron los actores con el se\u00f1or Serrano Mantilla el 24 de septiembre de 2010. <\/p>\n
(iii) La orden de indexaci\u00f3n de la totalidad de las sumas de dinero recibidas por el promitente vendedor, a t\u00edtulo de anticipo del precio. <\/p>\n
(iv) La negativa (impl\u00edcita) a reconocer la p\u00e9rdida o deterioro de las especies recibidas; la existencia de mejoras plantadas o la causaci\u00f3n de frutos de la cosa. <\/p>\n
Prec\u00edsase, en todo caso, que si bien el tribunal no hizo ning\u00fan pronunciamiento sobre este \u00faltimo rubro \u2013los frutos del inmueble\u2013, la parte demandada se desentendi\u00f3 por completo de evidenciar tal omisi\u00f3n, guardando un diciente silencio tanto en desarrollo de la audiencia de que trata el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, como en el lapso que la ley le confer\u00eda para adherirse al recurso extraordinario formulado por su contraparte. <\/p>\n
A esa actuaci\u00f3n incuriosa debe sumarse que, de acuerdo con las probanzas que militan en el expediente, no es posible establecer que los promitentes compradores hubieran recibido el predio tantas veces aludido en virtud del precontrato que se declar\u00f3 nulo. Antes bien, esas probanzas sugerir\u00edan que quienes detentan actualmente el fundo son los cond\u00f3minos del se\u00f1or Serrano Mantilla, lo cual es suficiente para prescindir de la citada condena pecuniaria. <\/p>\n
2. Naturaleza del inter\u00e9s que debe reconocerse. <\/p>\n
Seg\u00fan se estableci\u00f3, el rubro de \u201cintereses\u201d consagrado en el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, persigue compensar aquellos rendimientos del dinero que no pudo percibir uno de los contratantes, por haberlo entregado a su contraparte en ejecuci\u00f3n del pacto viciado. Este tratamiento, an\u00e1logo al dispensado por el legislador frente a los frutos de la cosa transferida por la misma causa, no pretende propiamente resarcir un da\u00f1o, sino viabilizar la desaparici\u00f3n retroactiva de los efectos del negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Las secuelas de la declaratoria de nulidad, reitera la Corte, proyectan sus efectos ex tunc, es decir, desde siempre, como si el pacto anulado nunca hubiera existido, lo cual hace imperioso retrotraer todos los actos de ejecuci\u00f3n contractual \u2013que usualmente consisten en la entrega de bienes de distintas especies\u2013, representando c\u00f3mo habr\u00eda sido la situaci\u00f3n patrimonial de cada litigante de no haberse desprendido de aquello que transfiri\u00f3 sin t\u00edtulo v\u00e1lido. <\/p>\n
Si lo entregado fue dinero, su restituci\u00f3n comprender\u00e1 el monto nominal entregado, debidamente indexado, es decir, actualizado conforme a la variaci\u00f3n del IPC que certifique el Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica (DANE). Pero tambi\u00e9n incluir\u00e1 una proyecci\u00f3n razonable de los rendimientos que habr\u00eda podido generar ese dinero, de haber permanecido en manos de su propietario. <\/p>\n
Ahora bien, debe admitirse que no hay un est\u00e1ndar uniforme de utilidad del capital, porque el mismo puede ser empleado de muy variadas maneras. Por regla general, los actores adoptan decisiones de inversi\u00f3n conjugando su nivel de aversi\u00f3n al riesgo con la utilidad que estiman suficiente para compensar una eventual p\u00e9rdida, relaci\u00f3n que depende de innumerables circunstancias subjetivas, y que da lugar a resultados dis\u00edmiles, tales como la p\u00e9rdida de todo el capital, su simple conservaci\u00f3n con rentas m\u00ednimas, o la obtenci\u00f3n de ganancias asombrosas, entre otras posibilidades. <\/p>\n
Consciente de esa dificultad, la jurisprudencia ha acudido a un par\u00e1metro supletivo, que permite reconocer un margen de beneficio prudente y equitativo, sin acudir a proyecciones altamente especulativas: la tasa de inter\u00e9s legal prevista en el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil, esto es, un 6% efectivo anual. Primero, por su razonabilidad econ\u00f3mica (se trata de un porcentaje de utilidad neta similar al ofertado por fondos de inversi\u00f3n, CDT y CDAT, inversiones en TES, etc.), y segundo, porque es viable su acumulaci\u00f3n con la variaci\u00f3n del costo de vida. <\/p>\n
Esta compatibilidad, en cambio, no es procedente en trat\u00e1ndose del inter\u00e9s bancario corriente, pues se tiene decantado que <\/p>\n
\u00ab(…) en materia mercantil, seg\u00fan lo precis\u00f3 la Corte en su sentencia del 19 de noviembre de 2001, el legislador adopt\u00f3 un mecanismo de indexaci\u00f3n indirecta de las obligaciones pecuniarias de tal naturaleza, engastado en los intereses previstos en dicha normatividad. En la modalidad indicada, se\u00f1al\u00f3 la Corporaci\u00f3n, \u201cla deuda dineraria \u2013por regla\u2013 sigue aferrada al principio nominal\u00edstico, y los \u00edndices de correcci\u00f3n se aplican por v\u00eda refleja, en situaciones particulares, una de cuyas principales expresiones es la tasa de inter\u00e9s que incluye la inflaci\u00f3n (componente inflacionario) y que, por ende, conlleva el reajuste indirecto de la prestaci\u00f3n dineraria, evento en el cual resulta innegable que ella, adem\u00e1s de retribuir \u2013y, en el caso de la moratoria, resarcir\u2013 al acreedor, cumple con la funci\u00f3n de compensarlo por la erosi\u00f3n que, ex ante, haya experimentado la moneda (funci\u00f3n t\u00edpicamente dual)’. <\/p>\n
Por la circunstancia anotada consider\u00f3 que si \u201c\u2026el pago, a manera de segmento cuantitativo, involucra el reconocimiento de intereses legales comerciales, no pueden los jueces, con prescindencia de toda consideraci\u00f3n especial, ordenar igualmente el ajuste monetario de la suma adeudada, espec\u00edficamente cuando los r\u00e9ditos que el deudor debe reconocer son de naturaleza comercial, puesto que, sean ellos remuneratorios o moratorios, el inter\u00e9s bancario corriente que sirve de base para su cuantificaci\u00f3n (art. 884 C. de Co.), ya comprende, per se, la aludida correcci\u00f3n\u201d <\/p>\n
(…) La compatibilidad originaria de la correcci\u00f3n monetaria y de los intereses, depende, fundamentalmente, de la naturaleza y tipolog\u00eda de \u00e9stos, puesto que si ellos son los civiles, nada impide que, in casu, se ordene el reajuste monetario de la suma debida. Pero si el inter\u00e9s ya comprende este concepto (indexaci\u00f3n indirecta), se resalta de nuevo, imponer la correcci\u00f3n monetaria, per se, equivaldr\u00eda a decretar una doble -e inconsulta- condena por un mismo \u00edtem, lo que implicar\u00eda un grave quebranto de la ley misma, ya que \u00e9sta ha establecido, en forma imperativa, que la manera de hacer el ajuste monetario de las obligaciones dinerarias de abolengo mercantil, es por la v\u00eda de los intereses, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que est\u00e1 entronizado en uno de los factores constitutivos o determinantes de la tasa reditual de mercado\u201d. <\/p>\n
(…) Si como queda visto, en la composici\u00f3n del inter\u00e9s legal comercial, identificado con el inter\u00e9s bancario corriente, se fusionan los factores preanotados, uno de los cuales procura recomponer el capital, es decir, compensar la depreciaci\u00f3n que pueda experimentar, ning\u00fan error cometi\u00f3 el Tribunal cuando dej\u00f3 de aplicar, para los efectos que se comentan, el art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio, por considerar que al condenar simult\u00e1neamente al pago de una suma de dinero indexada, e intereses legales comerciales sobre el mismo valor, se privilegiar\u00eda injustamente al acreedor, quien doblemente ver\u00eda retribuida la desvalorizaci\u00f3n del capital, en perjuicio del deudor, y con evidente desconocimiento de la finalidad buscada por el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, al romper la simetr\u00eda que debe presidir el reconocimiento de las prestaciones tendientes a restablecer a las partes a la situaci\u00f3n que ten\u00edan al momento de contratar, pues tales intereses, contrario a lo que predica el impugnador, no son simplemente representativos de una tasa de inter\u00e9s lucrativo o puro (…). De manera que si esos intereses involucran un coeficiente destinado a revalorizar el capital, no pueden acumularse con la condena al pago del capital sobre el cual deben calcularse, reajustado monetariamente, so pena de tornar la declaraci\u00f3n judicial de nulidad en fuente indebida de provecho para el acreedor\u00bb (CSJ SC, 25 abr. 2003, rad. 7140). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se ha insistido en que <\/p>\n
\u00ab(…) la regulaci\u00f3n de las prestaciones mutuas que a\u00fan de oficio deben ser ordenadas por el juez cuando quiera que decrete la nulidad o en general la ineficacia del acto jur\u00eddico, apuntan a que se restituya, por la parte obligada a ello, la suma de dinero recibida en ejecuci\u00f3n del acto anulado, o inexistente, con la consiguiente correcci\u00f3n monetaria as\u00ed como con los intereses que es dable entender produce el capital recibido. Es, salvo excepci\u00f3n legal, el efecto general y propio de toda declaraci\u00f3n de nulidad de un negocio jur\u00eddico retrotraer las cosas al estado en que se hallar\u00edan si no hubiese existido el acto o contrato nulo (Cfr. G.J. T. CCXXXIV, p\u00e1g. 873). <\/p>\n
La causa de la orden de restituci\u00f3n con intereses que sigue a la declaratoria judicial de nulidad (…) estriba en una raz\u00f3n de equidad, como ya se dijo, que el propio legislador ha tomado en consideraci\u00f3n como base de una obligaci\u00f3n de fuente legal, desde el encabezado mismo del transcrito art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil. En relaci\u00f3n con este asunto, ya la Corte hab\u00eda precisado, y ahora lo reitera, que, \u201c[s]i se tiene en cuenta que las restituciones mutuas son asunto puramente civil, sin vinculaci\u00f3n directa con el contrato estimado ineficaz, debe concluirse que los intereses a pagar en el caso que ocupa a la Corte son los legales civiles del 6% anual, as\u00ed el negocio jur\u00eddico invalidado pudiera calificarse de comercial\u201d (CSJ. SC, 10 dic. 1992) (…). A consecuencia de lo anotado, los intereses que ordena pagar el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, deben computarse a la tasa prevista por el art\u00edculo 1617 \u00eddem, como, en principio, es lo propio de las restituciones mutuas\u00bb (CSJ SC10097-2015, 31 jul.). <\/p>\n
Finalmente, se reiter\u00f3 que: <\/p>\n
Lo que sucede es que el inter\u00e9s legal comercial, el cual corresponde al inter\u00e9s bancario corriente al que alude el art\u00edculo 884 del estatuto mercantil, se certifica por la Superintendencia Financiera con base en las ponderaciones de los promedios de las tasas efectivamente cobradas por los establecimientos de cr\u00e9dito, operaci\u00f3n \u00e9sta que atiende las condiciones de oferta y demanda de pr\u00e9stamo de los recursos; el riesgo inherente a la actividad; el fen\u00f3meno inflacionario de la econom\u00eda y la devaluaci\u00f3n que experimenta la moneda nacional en el mercado, de ah\u00ed que ese tipo de inter\u00e9s involucra un componente de correcci\u00f3n monetaria y otro de tasa pura. <\/p>\n
Criterio que ha sido ratificado por la Sala en otras ocasiones, precisando que en la indexaci\u00f3n efectuada a trav\u00e9s de la tasa de inter\u00e9s comercial, el \u00edndice de correcci\u00f3n monetaria se aplica por v\u00eda refleja, pues \u00abincluye la inflaci\u00f3n (componente inflacionario) y que, por ende, \u2018conlleva al reajuste indirecto de la prestaci\u00f3n dineraria\u2019, evento en el cual resulta innegable que ella, adem\u00e1s de retribuir -y, en el caso de la moratoria, resarcir- al acreedor, cumple con la funci\u00f3n de compensarlo por la erosi\u00f3n que, ex ante, haya experimentado la moneda (funci\u00f3n t\u00edpicamente dual)\u201d (CSJ SC, 15 Ene 2009, Rad. 2001-00433-01; CSJ SC, 13 May 2010, Rad. 2001-00161-01). <\/p>\n
Por consiguiente, si el Tribunal adem\u00e1s de indexar la cantidad (…) que los promitentes vendedores recibieron como parte de pago del inmueble, los conden\u00f3 a reconocer intereses comerciales sobre la suma actualizada desde el seis de julio de dos mil cinco, es evidente que incurri\u00f3 en el error de estricta hermen\u00e9utica jur\u00eddica que le endilg\u00f3 el impugnante, porque esos dos conceptos no resultaban compatibles de la manera en que fueron dispuestos en la sentencia (…). En ese orden de ideas, en lugar de intereses comerciales bancarios, adem\u00e1s de la indexaci\u00f3n se ordenar\u00e1 el pago del inter\u00e9s legal previsto en el art\u00edculo 1617 de la codificaci\u00f3n sustantiva civil, de la forma que se estima procedente\u00bb (CSJ SC11331-2015, 27 ago.; reiterada en CSJ SC 2307-2018, 25 jun.). <\/p>\n
3. Liquidaci\u00f3n de la suma a restituir. <\/p>\n
Al abrigo del precedente, se liquidar\u00e1n los r\u00e9ditos causados sobre los dineros que entregaron los promitentes compradores al se\u00f1or Serrano Mantilla a la tasa del 6% anual, debi\u00e9ndose insistir en que el resultado de esa operaci\u00f3n se sumar\u00e1 al valor actualizado del capital, conforme la variaci\u00f3n del IPC que certifica el DANE. <\/p>\n
Para acometer dicha liquidaci\u00f3n, debe recordarse que en el fallo de segunda instancia se dej\u00f3 sentado \u2013sin disputa de los litigantes\u2013 que los actores entregaron al promitente vendedor $219.000.000, en varios instalamentos, discriminados as\u00ed: (i) $25.000.000, el 20 de septiembre de 2010; (ii) $12.000.000, el 25 de ese mes; (iii) $145.000.000 el d\u00eda 27 siguiente; y (iv) $7.000.000 el 8 de octubre de la misma anualidad. <\/p>\n
Desde esas calendas, hasta la fecha en que se discuti\u00f3 y aprob\u00f3 esta decisi\u00f3n en Sala16, transcurrieron 121 meses (aproximadamente), de manera que los intereses legales causados ascienden a $132.495.000, pues <\/p>\n
Donde \u201cI\u201d representa el inter\u00e9s; \u201ck\u201d el capital ($219.000.000); \u201ci\u201d la tasa de inter\u00e9s nominal mensual (0,5%), y \u201cn\u201d los meses transcurridos hasta la fecha (121). Entonces, <\/p>\n
Finalmente, con el prop\u00f3sito de mantener actualizada la cantidad que entregaron los actores al demandado Serrano Mantilla en ejecuci\u00f3n del contrato declarado nulo, se indexar\u00e1 ese importe hasta el hito temporal ya relacionado (la aprobaci\u00f3n del presente prove\u00eddo), lo que arroja el siguiente resultado <\/p>\n
Y si bien esta suma es inferior a la que tas\u00f3 el tribunal, ser\u00e1 la que se tendr\u00e1 en cuenta, no solo porque la referida colegiatura no expuso la manera en la que cuantific\u00f3 el monto del capital actualizado, sino tambi\u00e9n porque, dados los precisos contornos de este litigio, no existen talanqueras formales para que la Corte realice la correcci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En definitiva, se modificar\u00e1 lo resuelto en el primer inciso del ordinal cuarto del fallo recurrido, con el prop\u00f3sito de precisar que Nicol\u00e1s Alberto Serrano Mantilla deber\u00e1 restituir a los demandados $448.878.443, que corresponde a la sumatoria del capital transferido en cumplimiento de la promesa que se declar\u00f3 nula, debidamente actualizado ($316.383.443) y sus rendimientos o intereses \u2013te\u00f3ricos\u2013 ($132.495.000). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 12 de marzo de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso declarativo que promovieron An\u00edbal Corzo Mart\u00ednez (y otros) contra Nicol\u00e1s Alberto Serrano Mantilla (y otros). <\/p>\n
SIN COSTAS, dada la prosperidad del remedio extraordinario (art\u00edculo 349, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Y situada en sede de instancia, esta Corporaci\u00f3n <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. MODIFICAR el primer inciso del ordinal cuarto del fallo recurrido, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
\u00abCorolario de lo anterior, se condena al se\u00f1or Nicol\u00e1s Alberto Serrano Mantilla a pagar a los demandantes la siguiente suma de dinero: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($448.878.443)\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO. En lo dem\u00e1s, permanecer\u00e1 inc\u00f3lume lo resuelto en la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abTratado de Contratos. Director Bercovitz Rodr\u00edguez Cano, Rodrigo. Valencia, Tirant Lo Blanch, Valencia (Espa\u00f1a), 2009, t. I, p\u00e1gs. 808-810\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
2\u0002 Folios 42 a 47, cdno. 1. <\/p>\n
3\u0002 Cabe anotar que la cesi\u00f3n de cuotas sociales tambi\u00e9n est\u00e1 sometida a solemnidad escrituraria, conforme lo dispone el inciso final del canon 362 del C\u00f3digo de Comercio (\u00abLa cesi\u00f3n de cuotas implicar\u00e1 una reforma estatutaria. La correspondiente escritura p\u00fablica ser\u00e1 otorgada por el representante legal de la compa\u00f1\u00eda, el cedente y el cesionario\u00bb). <\/p>\n
4\u0002 Que reza: \u00abConocida claramente la intenci\u00f3n de los contratantes, debe estarse a ella m\u00e1s que a lo literal de las palabras\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Folios 86 a 89, cdno. 1. <\/p>\n
6\u0002 Folio 5, ib. <\/p>\n
7\u0002 Folio 13, ib. <\/p>\n
9\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
10\u0002 Folio 77, ib. <\/p>\n
11\u0002 Folio 60, ib. <\/p>\n
12\u0002 Folio 286, cdno. 1 <\/p>\n
13\u0002 D\u00cdEZ\u2013PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho patrimonial civil, Tomo I. Ed. Thomson\u2013Civitas, Madrid. 2007, p. 577. <\/p>\n
14\u0002 Cfr. CSJ SC2221-2020, 13 jul. <\/p>\n
15\u0002 VON MISES, Ludwig. La teor\u00eda del dinero y del cr\u00e9dito. Uni\u00f3n Editorial, Madrid. 2012, p. 391. <\/p>\n
16\u0002 El c\u00e1lculo no se extender\u00e1 hacia el futuro, en tanto el ad quem decidi\u00f3, tambi\u00e9n sin queja de las partes, que la restituci\u00f3n dineraria deb\u00eda realizarse \u00abdentro el (sic) t\u00e9rmino de los diez d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia\u00bb, y que, \u00aba partir del vencimiento de los diez d\u00edas correr\u00e1n intereses comerciales a la tasa m\u00e1s alta permitida por la Superintendencia Financiera\u00bb. <\/p>\n
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SC002-2021 (2011-00068-02) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC002-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-31-03-008-2011-00068-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de octubre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por los actores […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-52976","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52976","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52976"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52976\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52976"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52976"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52976"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}