SC003-2021 (2010-00682-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC003-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-018-2010-00682-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de agosto de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Una vez derrotada la ponencia original, la Corte procede a decidir los recursos de casaci\u00f3n propuestos por Liliana Mar\u00eda Posada Arboleda y Antonio Mar\u00eda Zuluaga Betancourt, frente a la sentencia de 22 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Familia, en el proceso ordinario que la primera promovi\u00f3 contra el segundo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el escrito principal se deprec\u00f3 que se declarara que \u00abentre la se\u00f1ora Liliana Matria (sic) Posada Arboleda\u2026 y el se\u00f1or Antonio Mar\u00eda Zuluaga Betancourt\u2026 existi\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho desde el 11 de abril de 1.992, hasta el 21 de noviembre del a\u00f1o 2.009\u00bb, as\u00ed como el reconocimiento de \u00abla existencia, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u00bb (folio 30 del cuaderno 1). <\/p>\n
2. Las s\u00faplicas se soportaron en que \u00abLiliana Mar\u00eda Posada Arboleda convivi\u00f3 con el se\u00f1or Antonio Mar\u00eda Zuluaga Betancourt desde el 11 de abril de 1.992, hasta el 21 de noviembre del a\u00f1o 2009\u00bb, lo que permiti\u00f3 conformar una sociedad patrimonial integrada por m\u00faltiples inmuebles y un automotor. <\/p>\n
3. El convocado se notific\u00f3 personalmente el 20 de junio de 2011; en su contestaci\u00f3n acept\u00f3 unos hechos, aclar\u00f3 y neg\u00f3 otros, y propuso las excepciones que intitul\u00f3 \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n conforme a la ley 54 de 1.990\u00bb, \u00abexistencia de v\u00ednculo matrimonial y sociedad conyugal vigente por parte del demandado\u00bb e \u00abinexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho y por ende inexistencia de la sociedad patrimonial\u00bb (folios 67 a 72). <\/p>\n
4. Tramitada la primera instancia, el Juzgado Tercero de Familia de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 D.C. resolvi\u00f3 negar los pedimentos del libelo genitor (folios 266 a 282). <\/p>\n
5. Despu\u00e9s de que la demandante apelara el fallo, el ad quem reconoci\u00f3 la ligaz\u00f3n de hecho para el interregno comprendido entre el 11 de abril de 1992 y el 21 de noviembre de 2009, y neg\u00f3 la sociedad patrimonial al abrigo de la defensa \u00abinexistencia de la sociedad patrimonial\u00bb; adem\u00e1s, declar\u00f3 \u00abno probadas las excepciones de m\u00e9rito denominadas \u2018inexistencia de uni\u00f3n marital de hecho\u2019 y \u2018existencia de v\u00ednculo matrimonial y sociedad conyugal vigente por parte del demandado\u2019\u00bb (folios 50 y 52 del cuaderno 7). <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Despu\u00e9s de recordar los elementos de la uni\u00f3n marital de hecho, en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00b0 de la ley 54 de 1990, hizo un recuento de las pruebas obrantes en la foliatura, a partir de lo cual concluy\u00f3 que entre Antonio Zuluaga y Liliana Posada existi\u00f3 idoneidad heterosexual y legitimaci\u00f3n marital, pues \u00absi bien es cierto el demandado se encuentra casado desde el 25 de abril de 1981 (ver prueba documental No. 19), tambi\u00e9n lo es, que esta situaci\u00f3n no afecta la idoneidad de los sujetos para conformar la uni\u00f3n marital de hecho que se solicita\u00bb (folio 41). <\/p>\n
Frente a la singularidad marital, asinti\u00f3 en que Antonio Zuluaga ten\u00eda una \u00abuni\u00f3n marital de hecho con la se\u00f1ora Liliana Mar\u00eda Posada Arboleda, y por la otra, que se encuentra casado con la se\u00f1ora Flor Alba Forero Vel\u00e1squez\u2026, las cuales se deben analizar individualmente cada una\u2026; claro est\u00e1, que esta pluralidad de uniones maritales, infringen el principio de la monogamia e impiden su prop\u00f3sito, de all\u00ed que tal situaci\u00f3n sea l\u00edcita pero no perfecta, por lo que\u2026 no ha de producir todos sus efectos\u00bb (folios 42 y 43). <\/p>\n
En cuanto a la comunidad de vida marital de la pareja Zuluaga-Posada encontr\u00f3 demostrado: (i) el consentimiento, a partir de la decisi\u00f3n de querer conformarla; (ii) la comunidad de vida originada en el hecho la convivencia, con independencia de que fuera temporal; (iii) la vida marital porque \u00abante el grupo social se ve\u00edan como una relaci\u00f3n de marido y mujer, y en el campo \u00edntimo, de tratos mutuos familiares, fue la reciprocidad de sus esfuerzos personales y econ\u00f3micos de mantener la familia\u00bb (folio 44); (iv) la permanencia del v\u00ednculo por 19 a\u00f1os -1990 a 2009-, m\u00e1xime porque \u00abla ley no consagra plazo cierto alguno\u2026 sino lo deja a la apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica del juez\u00bb (folio 45); y (v) la causa marital fue compartir sus vidas. <\/p>\n
Repudi\u00f3 que el convocado viviera exclusivamente con su esposa, en tanto las pruebas desmienten a los testigos que efectuaron esta afirmaci\u00f3n; por el contrario, los deponentes de cargo comprueban que existi\u00f3 una relaci\u00f3n de marido y mujer entre los convivientes, como lo ratific\u00f3 la hija com\u00fan en su entrevista. <\/p>\n
2. Deneg\u00f3 los efectos patrimoniales de la uni\u00f3n marital de hecho con fundamento en el art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 54 de 1990, por cuanto \u00abla sociedad conyugal conformada en el matrimonio por \u00e9l contra\u00eddo con la se\u00f1ora Flor Alba Forero Vel\u00e1squez (ver documento folio 49), no est\u00e1 disuelta ni liquidada, lo que impide indiscutiblemente declarar la sociedad patrimonial, pues el efecto de la ley es el de impedir la concurrencia de sociedades patrimoniales o conyugales\u00bb (folio 47), en fundamento de lo cual trascribi\u00f3 la sentencia de 10 de septiembre de 2003. <\/p>\n
3. Para fijar los extremos temporales de la relaci\u00f3n tuvo como hito inicial la fecha se\u00f1alada en la demanda, al no ser desmentida por el opositor, y la finalizaci\u00f3n fue definida con base en las declaraciones de Luz Mary Londo\u00f1o y Graciela Carlina S\u00e1nchez, las cuales contradicen las afirmaciones de Carlos Arturo Clavijo Aguilar. <\/p>\n
LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS <\/p>\n
El orden l\u00f3gico impone estudiar primero la demanda de casaci\u00f3n propuesta por Antonio Mar\u00eda Zuluaga Betancourt, por pretender el quebranto de toda la sentencia confutada; con posterioridad se analizar\u00e1n los embistes formulados por la demandante. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase que las impugnaciones ser\u00e1n analizadas a la luz del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -CPC-, por haberse propuesto la casaci\u00f3n antes de 1\u00ba de enero de 2016, en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 624 y 625 -numeral 5\u00b0- del nuevo estatuto adjetivo. <\/p>\n
DEMANDA DE ANTONIO MAR\u00cdA ZULUAGA BETANCOURT <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Aleg\u00f3 el desconocimiento del art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 54 de 1990, por yerros en la valoraci\u00f3n de los testimonios que desmienten el elemento de la singularidad, pues \u00abda por hecho la existencia de dos uniones, la uni\u00f3n marital con Liliana Mar\u00eda Posada Arboleda y la uni\u00f3n marital con Flor Alba Forero Vel\u00e1squez, uni\u00f3n esta ultima (sic) que solo la aprecia desde el punto de vista puramente formal\u2026 dejando de lado lo que en verdad\u2026 manifiestan [los testigos]\u2026 pues dan fe sobre una verdadera existencia de comunidad de vida entre el demandado y su c\u00f3nyuge\u2026 no reuni\u00e9ndose por tanto la singularidad exigida por la norma, respecto de la convivencia\u00bb (folio 47 del cuaderno Corte). <\/p>\n
Transcribi\u00f3 ac\u00e1pites de las atestaciones de Arnulfo Aguirre Aguirre, Hernando Rayo Castillo, Carlos Arturo Clavijo Aguilar y Flor Alba Forero Vel\u00e1squez, para insistir en que el demandado ten\u00eda una doble y simult\u00e1nea convivencia familiar. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que la singularidad, entendida como exclusividad o ausencia de pluralidad conforme a las sentencias de la Corporaci\u00f3n, debe convergir para el surgimiento de una uni\u00f3n marital, as\u00ed como mantenerse durante toda su vigencia, lo que no se acredit\u00f3 en el caso. <\/p>\n
Concluy\u00f3 con la aseveraci\u00f3n de que el error fue trascendente, pues el fallo debi\u00f3 ser confirmatorio del de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La casaci\u00f3n fue concebida como un remedio excepcional caracterizado por unos estrictos requisitos para su procedencia, en puntos tales como la legitimaci\u00f3n, causales, providencias susceptibles de censura, requisitos del escrito de sustentaci\u00f3n, entre otros. <\/p>\n
La naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n se expresa, en otras formas, en el establecimiento de una serie de requisitos para su procedencia, con el fin de evitar que sea utilizado como una instancia adicional para reabrir la controversia de una manera panor\u00e1mica. <\/p>\n
De all\u00ed que los art\u00edculos 365, 366, 368 y 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil acoten, entre otros, los fines de la casaci\u00f3n, las sentencias susceptibles de ser recurridas, las causales de procedencia y la libertad en la formulaci\u00f3n de los cargos, como forma de salvaguardar su naturaleza. <\/p>\n
Postura explicable por cuanto los litigios, salvo situaciones extraordinarias, encuentran su punto final en el fallo proferido por el superior, el cual llega revestido de la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto, que impide a cualquier otra autoridad judicial modificarlo o adicionarlo, salvo que se trate de recursos excepcionales (SC5340, 7 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2003-00833-01). <\/p>\n
2. Por esta raz\u00f3n el canon 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil prescribe que la demanda de casaci\u00f3n debe contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera, se se\u00f1alar\u00e1n las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas\u00bb; adem\u00e1s, \u00ab[c]uando se alegue la violaci\u00f3n de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, la adecuada sustentaci\u00f3n de una censura por yerro f\u00e1ctico debe observar, entre otros, los siguientes requisitos: (i) identificar las normas sustanciales conculcadas, con la explicaci\u00f3n sobre la forma en que se present\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (ii) individualizar las pruebas pretermitidas, supuestas o tergiversadas; (iii) parangonar la hermen\u00e9utica probatoria del sentenciador y la que reluce objetivamente de los medios suasorios; (iv) explicar de forma perspicua el yerro, el cual debe mostrarse abiertamente; (v) criticar con acierto el centro de la argumentaci\u00f3n judicial; (vi) derruir la totalidad de las bases del fallo confutado; y (vii) ser trascendente la acusaci\u00f3n frente al sentido de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre estos requerimientos la Sala ha dicho: <\/p>\n
1.1 Entre esas exigencias conviene destacar aquella seg\u00fan la cual el libelo debe contener la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara y precisa (numeral 3\u00ba del precepto Ib\u00eddem), esto es, sin ambig\u00fcedad alguna, de suerte que no surja duda sobre la identificaci\u00f3n del error denunciado. <\/p>\n
1.2 Adicionalmente, el cargo operante en el recurso de casaci\u00f3n es \u00fanicamente aqu\u00e9l que se refiere \u00edntegramente a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objetivo de desvirtuarlas, por cuanto que, \u00absi alguno de tales soportes no es atacado o su censura resulta insuficiente y por s\u00ed mismo le presta apoyo suficiente al fallo impugnado \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura\u00bb. (CSJ SC Auto de Ago. 22 de 2011, radicaci\u00f3n n. 2007-00285). <\/p>\n
1.3 Del mismo modo, el embate debe guardar absoluta correspondencia y simetr\u00eda respecto de las bases que sostuvieron la sentencia; a riesgo de tornarse desenfocado si, \u201cdeja de lado la raz\u00f3n toral de la que se vali\u00f3 el ad quem para negar las pretensiones (\u2026) Ignorado fue, entonces, el n\u00facleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisi\u00f3n, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte\u201d. (Auto de 30 de agosto de 2010, radicaci\u00f3n n. 1999-02099-01)\u201d. <\/p>\n
1.4 Tambi\u00e9n el ataque exige ser trascendente, es decir que la violaci\u00f3n de la ley sustantiva tenga relevancia significativa en la parte resolutiva de la sentencia que se cuestiona, pues la existencia del error en las consideraciones de la providencia, sin esa indiscutible incidencia en el decisum, no es bastante para alcanzar el \u00e9xito del recurso (SC6267, 16 may. 2016, rad. n.\u00b0 2005-00262-01). <\/p>\n
Recientemente insisti\u00f3: <\/p>\n
Cuando el ataque se construye sobre la base de haberse incurrido en transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial en raz\u00f3n de la comisi\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico, seg\u00fan el precepto 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, actualmente, ordinal 2\u00ba del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, su acreditaci\u00f3n presupone, entre otras exigencias, que la inferencia probatoria atacada sea abiertamente contraria al contenido objetivo de la prueba, lo cual comporta su estructuraci\u00f3n cuando el desacierto es tan notorio que se advierte a simple vista, es decir, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o de tal magnitud que se percibe discordante frente a lo evidenciado en el proceso. <\/p>\n
Adicionalmente, como las sentencias llegan a la Corte amparadas por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, le incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual ha de efectuar una cr\u00edtica concreta, coherente, sim\u00e9trica y razonada frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicaci\u00f3n de los fundamentos generadores de la infracci\u00f3n a la ley, evidenciar la trascendencia del yerro y referirse a todos los pilares de la decisi\u00f3n (SC004, 24 en. 2019, rad. n.\u00b0 2006-00028-01). <\/p>\n
3. En desatenci\u00f3n de las directrices enunciadas el casacionista cometi\u00f3 m\u00faltiples dislates en la formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n, raz\u00f3n para denegar su estudio de fondo. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, omiti\u00f3 particularizar los errores de hecho achacados al juzgador pues la censura se acot\u00f3 a plantear una relectura de las pruebas que le favorecen, sin rebatir la evaluaci\u00f3n efectuada por el sentenciador de segunda instancia. <\/p>\n
3.1.1. Total, como ya se dijo, la adecuada sustentaci\u00f3n de un embate por error de hecho supone particularizar los medios suasorios difamados, comparar su recto entendimiento con el dispensado por el juzgador y concretar su trascendencia. <\/p>\n
La Corte ha afirmado: <\/p>\n
[E]l ataque orientado a demostrar que [e]l fallo del Tribunal quebrant\u00f3 disposiciones sustanciales por la senda indirecta, al incurrir en yerros en la valoraci\u00f3n de los testimonios, documentos y la declaraci\u00f3n de la demandante, impone la severa tarea argumentativa de acreditar la protuberante inconsistencia entre lo que objetivamente se desprende de tales pruebas y las conclusiones de aqu\u00e9l, as\u00ed como la trascendencia del dislate sobre lo resuelto. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha dicho que \u2018Al denunciarse en el punto la comisi\u00f3n de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda la del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto\u2019 (CSJ SC de 9 de agosto de 2010, Rad. 2004-00524-01) (SC10809, 13 ag. 2015, rad. n.\u00b0 2009-00139-01). <\/p>\n
Dicho de otra forma, los cargos en casaci\u00f3n no pueden acotarse a plantear un renovado an\u00e1lisis suasorio y, con base en el mismo, imputar el desconocimiento de normas sustanciales, sino que deben enfocarse a derruir las bases demostrativas que sirvieron al ad quem para soportar su determinaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1.2. En el sub lite, por la senda opuesta, la acusaci\u00f3n consisti\u00f3 en la transcripci\u00f3n de varios ac\u00e1pites de las atestaciones de Arnulfo Aguirre, Hernando Rayo, Carlos Arturo Clavijo y Flor Alba Forero, sin hacer un parang\u00f3n entre el contenido objetivo de las mismas y las conclusiones que sobre ellas extrajo el Tribunal, con el prop\u00f3sito de mostrar que las \u00faltimas eran contraevidentes. <\/p>\n
Por tanto, el ataque transita hacia una simple alegaci\u00f3n de instancia, lejano de una cr\u00edtica al sentenciador de segundo grado, en desatenci\u00f3n de cu\u00e1l es el tema decisum de la impugnaci\u00f3n extraordinaria como es el fallo que resuelve la apelaci\u00f3n. Y es que \u00abla finalidad excepcional del remedio extraordinario\u2026 supone cuestionar la sentencia como thema decisum, sin que sea dable reabrir el debate de instancia o proponer lecturas novedosas de la controversia para buscar una decisi\u00f3n favorable\u00bb (SC2779, 10 ag. 2020, rad. n.\u00b0 2010-00074-01), aspecto ignorado por el impugnante. <\/p>\n
La Sala tiene decantado: <\/p>\n
[E]s insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u2018El impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u2019 (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u2018si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u2019 (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088), (\u2026). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada (SC, 2 feb. 2001, rad. n. \u00b0 5670). <\/p>\n
3.1.3. La anterior deficiencia resulta insalvable en orden a acometer el estudio de la demanda casacional. <\/p>\n
3.2. Se suma a lo expuesto que la censura carece de enfoque, por dejar de lado el planteamiento nuclear del veredicto de 22 de marzo de 2013 respecto al elemento de la singularidad en la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
3.2.1. El legislador estableci\u00f3, como carga para el impugnante, que dirija con precisi\u00f3n su ataque al centro de la argumentaci\u00f3n del ad quem, de suerte que derribe sus premisas decisionales y, como consecuencia de esto, devenga imperiosa la anulaci\u00f3n del veredicto. <\/p>\n
Es pac\u00edfico que \u00abla demanda de casaci\u00f3n debe desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a su sentencia, porque en la medida en que sus argumentos basilares se mantengan inc\u00f3lumes, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor del ad quem deviene inquebrantable\u00bb (SC4901, 13 nov. 2019, rad. n.\u00b0 2007-00181-01). <\/p>\n
3.2.2. En el punto que interesa al remedio extraordinario el Tribunal arguy\u00f3: <\/p>\n
Singularidad marital. Establece que la relaci\u00f3n marital s\u00f3lo puede unir a dos personas id\u00f3neas para ello, lo cual es completamente distinto a decir que la relaci\u00f3n marital tenga que ser \u00fanica. <\/p>\n
Cuando se habla de que la relaci\u00f3n s\u00f3lo puede unir a dos personas id\u00f3neas para ello, se esta diciendo es que esa relaci\u00f3n debe estar conformada s\u00f3lo entre dos personas, y no una o m\u00e1s de dos, esto es, no varios hombres y una mujer, o varias mujeres y un hombre o varios hombres y mujeres conformando esa relaci\u00f3n, pues no se ajustar\u00eda a la funci\u00f3n de constituci\u00f3n familiar monog\u00e1mica que se pretende con el reconocimiento de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Cosa diferente es que existan varias uniones, situaci\u00f3n objeto de estudio en el presente caso, donde se predica de una parte, que el se\u00f1or Antonio Mar\u00eda Zuluaga Betancourt, sostuvo uni\u00f3n marital de hecho con la se\u00f1ora Liliana Mar\u00eda Posada Arboleda, y por la otra, que se encuentra casado con la se\u00f1ora Flor Alba Forero Vel\u00e1squez\u2026 <\/p>\n
De ah\u00ed que si el se\u00f1or Zuluaga Betancourt, sostuvo uniones maritales, de derecho (matrimonial) y de hecho (extramatrimonial), como as\u00ed lo indic\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda y en el interrogatorio de parte que rindi\u00f3, tales uniones se ajustan a la ley porque se encuentran \u2018formadas entre un hombre y una mujer\u2019 las cuales deben analizarse individualmente cada una (art. 1\u00b0 ley 54 de 1990); claro est\u00e1, que esta pluralidad de uniones maritales, infringen el principio de monogamia e impiden su prop\u00f3sito, de all\u00ed que tal situaci\u00f3n sea l\u00edcita pero no perfecta, por lo que\u2026 no ha de producir todos sus efectos (folios 41 a 43 del cuaderno 7). <\/p>\n
Dicho en breve, el ad quem interpret\u00f3 el requisito de singularidad en el marco de cada relaci\u00f3n afectiva, bajo la consideraci\u00f3n de que Antonio Zuluaga pod\u00eda tener dos (2) v\u00ednculos amatorios estables al mismo tiempo, susceptibles de reconocimiento jur\u00eddico al un\u00edsono (Zuluaga-Posada y Zuluaga-Forero), siempre que en el interior de cada uno de ellos se garantice la individualidad. <\/p>\n
3.2.3. Frente a esta dilucidaci\u00f3n el demandante se limit\u00f3 a se\u00f1alar que las pruebas son demostrativas de una \u00abcomunidad de vida entre el demandado y su c\u00f3nyuge Flor Alba Forero Vel\u00e1squez, comunidad de vida que seg\u00fan los testigos de la demandante tambi\u00e9n existi\u00f3 entre Antonio Mar\u00eda Zuluaga Betancourt y la se\u00f1ora Liliana Mar\u00eda Posada Arboleda\u00bb (folio 47 del cuaderno Corte). <\/p>\n
Significa que la acusaci\u00f3n, en lugar de contradecir las aseveraciones del Tribunal, reafirm\u00f3 la correcci\u00f3n de sus inferencias suasorias, en punto a la duplicidad de v\u00ednculos; por tanto, olvid\u00f3 refutar el argumento que alrededor de la misma se hizo en el fallo de alzada, como es que la coexistencia de dos (2) o m\u00e1s v\u00ednculos afectivos de ninguna manera impide la singularidad, pues \u00e9sta debe analizarse frente a cada uno de ellos. <\/p>\n
Descuella en este contexto el desatino de la censura, pues en lugar de socavar la fundamentaci\u00f3n f\u00e1ctica de la providencia, la comparti\u00f3 y dej\u00f3 inc\u00f3lume, de all\u00ed que resulte f\u00fatil abordar su estudio ante su insuficiencia para derruir los razonamientos de instancia. <\/p>\n
4. En compendio, por los yerros en su formulaci\u00f3n, el cargo propuesto por el convocado no es susceptible de estudio en casaci\u00f3n, de all\u00ed que deba denegarse su prosperidad. <\/p>\n
DEMANDA DE LILIANA MAR\u00cdA POSADA ARBOLEDA <\/p>\n
Tres (3) cargos formul\u00f3 la convocante con el fin de cuestionar el no reconocimiento de la sociedad patrimonial resultante de la uni\u00f3n marital. El primero por la senda directa, los dos restantes por la indirecta, los cuales ser\u00e1n resueltos en el orden de proposici\u00f3n, con la advertencia de que el segundo y tercero se despachar\u00e1n de forma conjunta por fundarse en id\u00e9nticas razones. <\/p>\n
Acus\u00f3 el desconocimiento del literal b) del art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 54 de 1990, en atenci\u00f3n a que la interpretaci\u00f3n del Tribunal y de la Corte \u00abvulnera derechamente los derechos de las parejas que han adquirido el estatus de compa\u00f1eros permanentes, al ser \u00e9ste inequitativo y violatorio del derecho a la igualdad previsto en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica para todos los ciudadanos\u00bb (folio 13 del cuaderno Corte). <\/p>\n
Argument\u00f3 que la norma invocada, en realidad, consagr\u00f3 una presunci\u00f3n legal sin alcance impeditivo para que los compa\u00f1eros permanentes demuestren, incluso en los eventos de pluralidad de relaciones, la adquisici\u00f3n de activos por medio del esfuerzo mutuo. M\u00e1xime porque el argumento esgrimido para justificar la imposibilidad de su conformaci\u00f3n, como es la existencia de una sociedad conyugal preexistente y la evitaci\u00f3n de la confusi\u00f3n patrimonial, en nada se socava de admitirse que el art\u00edculo 2\u00b0 de la ley consagr\u00f3 una presunci\u00f3n, siempre que sea \u00abperfectamente posible determinar cu\u00e1les fueron los bienes habidos dentro de la sociedad patrimonial de hecho\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
Despu\u00e9s de invocar el art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Civil sostuvo la casacionista que la presunci\u00f3n establecida en ley 54 de 1990 es legal o de hombre, de all\u00ed que \u00abcuando uno de los compa\u00f1eros permanentes no quiera hacer uso de la presunci\u00f3n\u2026 tiene la carga de demostrar con fundamento en el art\u00edculo 177 del C.P.C. cu[\u00e1]les fueron los bienes habidos dentro de la sociedad patrimonial de hecho. Valga decir, que esta no surge de la presunci\u00f3n, sino de la vida en com\u00fan de los compa\u00f1eros permanentes\u00bb (folio 15). <\/p>\n
Arguy\u00f3 que la defectuosa redacci\u00f3n del art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 54 de 1990 fue clarificada por los c\u00e1nones 13 y 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que reconocen la igualdad de todas las formas de familia. As\u00ed las cosas, la interpretaci\u00f3n del Tribunal desconoce los mencionados preceptos, por establecer un trato diferente entre el matrimonio y los compa\u00f1eros permanentes, pues a los \u00faltimos se les veda la posibilidad de demostrar que adquirieron bienes en vigencia de su v\u00ednculo, cuando uno de ellos por negligencia o mala fe omiti\u00f3 disolver la sociedad conyugal preexistente. <\/p>\n
Sostuvo \u00abque si una persona forma o mantiene varias familias, todas tienen el derecho al mismo tratamiento y desde el punto de vista de la parte demandante, ambas, en este caso, tienen derecho al reconocimiento de la formaci\u00f3n de la sociedad de gananciales durante el tiempo de su duraci\u00f3n, como en el caso se le reclama para la familia que el demandado form[\u00f3] con la actora y con su hija Laura\u00bb (folio 18). <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que \u00abla posici\u00f3n mayoritaria que le da el car\u00e1cter de requisito sine que no[n] a la disoluci\u00f3n previa de la sociedad conyugal, cuando uno de los compa\u00f1eros tiene impedimento para contraer matrimonio, confundiendo la presunci\u00f3n que trae la ley con un requisito para su nacimiento, que no es el otro que el hecho de convivir como compa\u00f1eros permanentes y crear un capital fruto del esfuerzo familiar conjunto\u00bb (idem). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Antic\u00edpese que la acusaci\u00f3n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad porque no se configur\u00f3 la incorrecci\u00f3n interpretativa achacada al sentenciador de alzada, como se explicar\u00e1 a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La violaci\u00f3n de normas sustanciales por el camino recto exige que el interesado demuestre que el juez de conocimiento, al momento de construir la premisa mayor de su razonamiento jur\u00eddico, incurri\u00f3 en un juicio falso, bien porque no tuvo en cuenta las normas que disciplinan el caso, aplic\u00f3 mandatos que le son extra\u00f1os, o a pesar de haber acertado en su selecci\u00f3n les dio una hermen\u00e9utica de la cual carecen. <\/p>\n
Este tipo de error se configura, entonces, en los eventos en que el juzgador incurre en indebida aplicaci\u00f3n, falta de consideraci\u00f3n o interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del marco normativo que gobierna la controversia, sin trasegar hacia cuestiones de valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
La Sala ha establecido: <\/p>\n
Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesi\u00f3n producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, en la labor de escogencia y ex\u00e9gesis de la regulaci\u00f3n que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador\u2026 En tal sentido ha precisado la Corte que la \u2018violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales, que como motivo de casaci\u00f3n contempla la causal primera del art\u00edculo 368 ib\u00eddem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposici\u00f3n sustancial a que deb\u00eda someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casaci\u00f3n se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas del sentenciador, cuesti\u00f3n esta que s\u00f3lo puede abordarse por la v\u00eda indirecta (CSJ SC de 17 nov. 2005, rad. 7567, reiterada CSJ SC de 15 nov. 2012, rad. 2008-00322) (SC5297, 6 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2007-00217-01). <\/p>\n
La err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, en suma, \u00abse verifica en todos aquellos casos en que el juez, aun reconociendo la existencia y la validez de la norma apropiada al caso, yerra al interpretarla\u00bb (SC2468, 29 jun. 2018, rad. n.\u00b0 2008-00227-01), esto es, \u00ables da un alcance o efecto que no acompasa ni se ajusta a la situaci\u00f3n examinada\u00bb (SC12015, 9 sep. 2015, rad. n.\u00b0 2008-00253-01). <\/p>\n
Este precepto es parte de la respuesta legislativa a tantos a\u00f1os de desd\u00e9n hacia las entonces denominadas uniones concubinarias, con el fin de permitirles a sus integrantes la conformaci\u00f3n de una comunidad de activos an\u00e1loga a la que naturalmente nace del matrimonio. <\/p>\n
Tal efecto, de contenido eminentemente patrimonial, sin incidencia frente al estado civil o las dem\u00e1s consecuencias personales de la convivencia, debe ser analizado de cara a su contenido y sin desconocer que el legislador nacional estableci\u00f3 un marco regulatorio especial para las uniones de hecho, diferente al vigente para el casamiento. <\/p>\n
3.1. De acuerdo con el criterio de interpretaci\u00f3n literal, reconocido en el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil, el art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 54 de 1990 gobierna los requisitos exigidos para que pueda: (a) presumirse la comunidad de activos entre compa\u00f1eros permanentes, en cuya virtud se releva al demandante de su demostraci\u00f3n y se deja en manos de la parte convocada la carga de probar que no se conform\u00f3 un patrimonio conjunto en el tiempo de la convivencia; y (b) declararse en el tr\u00e1mite jurisdiccional respectivo la existencia de la sociedad patrimonial, eventualidad que, por el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 979 de 2005, tambi\u00e9n puede reconocerse por el \u00abmutuo consentimiento declarado mediante escritura p\u00fablica\u00bb o \u00abmanifestaci\u00f3n expresa mediante acta suscrita\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed se extrae del inciso inicial del canon en comento, en el que se hizo referencia expresa a la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, as\u00ed como a la viabilidad de declararla judicialmente. <\/p>\n
Dicho de otra manera, los requerimientos fijados por el legislador con relaci\u00f3n al fondo patrimonial no s\u00f3lo sirven para presumir su nacimiento por el hecho de la cohabitaci\u00f3n, como lo asegura la casacionista, sino que tambi\u00e9n hacen dable el reconocimiento judicial o voluntario. <\/p>\n
A contrario sensu, la ausencia de cualquiera de los elementos constitutivos de la uni\u00f3n marital de hecho, la permanencia del v\u00ednculo por un t\u00e9rmino inferior a dos (2) a\u00f1os o la preexistencia de una sociedad conyugal sin disolver en cabeza de cualquiera de los compa\u00f1eros permanentes, impedir\u00e1n que el juzgador cognoscente pueda asentir en la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial fundada en la convivencia. <\/p>\n
Este es el entendimiento dispensado por la doctrina constitucional: <\/p>\n
Como puede observarse, la primera parte de la disposici\u00f3n establece dos normas: el nacimiento de una presunci\u00f3n de sociedad patrimonial y la potestad de declararla judicialmente. Ambas operan bajo dos condiciones: (i) dos a\u00f1os de existencia de la uni\u00f3n marital en parejas sin impedimento para casarse y (ii) dos a\u00f1os de existencia de la uni\u00f3n marital en parejas con impedimento para casarse, de uno o de los dos miembros, si la(s) sociedad(es) conyugal(es) anterior(es) se ha(n) disuelto al menos un a\u00f1o antes del inicio de la uni\u00f3n marital (CC, C-257\/15). <\/p>\n
3.2. Los requisitos mencionados han sido compilados por la Sala de la siguiente manera: <\/p>\n
(a) comunidad de vida entre los compa\u00f1eros, quienes deciden unirse con la finalidad de alcanzar objetivos comunes y desarrollar un proyecto de vida compartido (CSJ, SC, 12 dic. 2012, rad. n.\u00b0 2003-01261-01); <\/p>\n
(b) singularidad, que se traduce en que los consortes no pueden establecer compromisos similares con otras personas, \u2018porque si alguno de ellos, o los dos, sostienen adem\u00e1s uniones con otros sujetos o un v\u00ednculo matrimonial en el que no est\u00e9n separados de cuerpos los c\u00f3nyuges, esa circunstancia impide la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno\u2019 (CSJ, SC11294, 17 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2008-00162-01); <\/p>\n
(c) permanencia, entendida como la conjunci\u00f3n de acciones y decisiones proyectadas establemente en el tiempo, que permitan inferir la decisi\u00f3n de conformar un hogar y no simplemente de sostener encuentros espor\u00e1dicos (CSJ, SC, 20 sep. 2000, exp. n.\u00b0 6117); <\/p>\n
(d) inexistencia de impedimentos legales que hagan il\u00edcita la uni\u00f3n, como sucede, por ejemplo, con el incesto (CSJ, SC, 25 mar. 2009, rad. n.\u00b0 2002-00079-01); y <\/p>\n
(e) convivencia ininterrumpida por dos (2) a\u00f1os, que hace presumir la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial (CSJ, SC268, 28 oct. 2005, rad. n.\u00b0 2000-00591-01)\u2026 (SC128, 12 feb. 2018, rad. n.\u00b0 2008-00331-01). <\/p>\n
A los cuales habr\u00e1 que a\u00f1adirse, que \u00absi alguno o ambos lo tienen, \u2018que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas\u2019\u00bb (SC, 20 sep. 2000, exp. n.\u00b0 6117, reiterada en SC11949, 26 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2001-00011-01). <\/p>\n
3.3. En este contexto debe entenderse la doctrina probable de la Corporaci\u00f3n, que de forma lineal ha se\u00f1alado que la declaraci\u00f3n judicial de la sociedad patrimonial de hecho exige la comprobaci\u00f3n, tanto de los requisitos generales de la uni\u00f3n marital, como los especiales a que se refiere el art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 54 de 1990. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n tiene depurado: <\/p>\n
[S]on requisitos fundamentales para su estructuraci\u00f3n [de la uni\u00f3n marital de hecho], la diversidad de sexos entre los miembros de la pareja, pues se acepta como tal \u00fanicamente la conformada por un hombre y una mujer; que no sean casados entre s\u00ed, pues obviamente de estarlo quedan sujetos a las reglas del matrimonio; y que exista comunidad de vida con las caracter\u00edsticas de permanente y singular. Y para que se presuma la existencia de una sociedad patrimonial entre los miembros de la pareja, denominados legalmente compa\u00f1eros permanentes, que habilite declararla judicialmente, el art\u00edculo segundo exige una duraci\u00f3n m\u00ednima de dos a\u00f1os, si no tienen impedimento para contraer matrimonio; y si alguno o ambos lo tienen, \u2018que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u2019 (negrilla fuera de texto, SC, 20 sep. 2000, exp. n.\u00b0 6117). <\/p>\n
Tesis reiterada el 15 de noviembre de 2012 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
La sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, a que refiere el art\u00edculo 2\u00b0 de la misma Ley 54 de 1990, si bien depende de que exista la \u2018uni\u00f3n marital de hecho\u2019, corresponde a una figura con entidad propia que puede o no surgir como consecuencia de la anterior, desde su inicio o durante su vigencia, siempre y cuando se cumplan los dem\u00e1s presupuestos que se\u00f1ala la norma, esto es, que el v\u00ednculo se haya extendido por m\u00e1s de dos a\u00f1os y, que de estar impedido legalmente uno o ambos compa\u00f1eros permanentes para contraer matrimonio, hayan disuelto sus sociedades conyugales, as\u00ed se encuentren il\u00edquidas\u2026 <\/p>\n
De tal manera que no puede predicarse la conformaci\u00f3n de una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes sin que se acredite la uni\u00f3n marital de hecho, pero establecida esta \u00faltima, no quiere decir que se produzca espont\u00e1neamente aquella, debi\u00e9ndose demostrar los dem\u00e1s elementos que le dan origen (negrilla fuera de texto, SC, rad. n.\u00b0 2008-00322-01). <\/p>\n
Y posteriormente agreg\u00f3: <\/p>\n
En el punto, cabe destacar que \u2018[l]a sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, a que refiere el art\u00edculo 2\u00b0 de la misma Ley 54 de 1990, si bien depende de que exista la \u2018uni\u00f3n marital de hecho\u2019, corresponde a una figura con entidad propia que puede o no surgir como consecuencia de la anterior, desde su inicio o durante su vigencia, siempre y cuando se cumplan los dem\u00e1s presupuestos que se\u00f1ala la norma\u2019 (Cas. Civ., sentencia de 15 de noviembre de 2012, expediente No. 7300131100022008-00322-01) (negrilla fuera de texto, SC, 11 sep. 2013, rad. n.\u00b0 2001-00011-01). <\/p>\n
De forma novedosa se confirm\u00f3 que \u00abla existencia de una uni\u00f3n marital de hecho puede dar lugar al surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el ya citado art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, esto es, que aqu\u00e9lla supere el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os y que los miembros de la pareja no estuvieren impedidos para contraer matrimonio o que, est\u00e1ndolo, hubiesen disuelto las sociedades conyugales anteriores, \u2018por lo menos un a\u00f1o antes\u2019 al inicio del nuevo v\u00ednculo\u00bb (negrilla fuera de texto, SC16891, 23 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2006-00112-01). <\/p>\n
En concreto, frente a la comunidad de bienes, dijo que \u00ab[e]n muchos casos, salvo excepciones, se permite que florezca una sociedad universal de bienes y su coexistencia con otras. Esto explica la raz\u00f3n por la cual, frente a la existencia de un impedimento dirimente de uno o de ambos convivientes para contraer nupcias, el art\u00edculo 2\u00ba, literal b) de la Ley 54 de 1990, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 979 de 2005, proscribe el nacimiento de la sociedad patrimonial. Para el efecto se exige que las sociedades conyugales anteriores se encuentren disueltas, as\u00ed no hayan sido \u2018liquidadas\u2019, cual arriba qued\u00f3 precisado\u00bb (negrilla fuera de texto, SC3466, 21 sep. 2020, rad. n.\u00b0 2013-00505-01). <\/p>\n
En suma, conforme a la doctrina probable de la Sala, el art\u00edculo tantas veces mencionado, adem\u00e1s de fijar una presunci\u00f3n sobre la existencia de una comunidad de activos, como fue alegado en el remedio extraordinario, fij\u00f3 los requerimientos que deben probarse para acceder judicialmente a su declaraci\u00f3n, pues de forma inequ\u00edvoca prescribi\u00f3 que s\u00f3lo frente a su cumplimiento hay lugar a declararla judicialmente, lo cual no ser\u00e1 procedente \u00abcuando los compa\u00f1eros cesan la vida com\u00fan antes de satisfacerse el plazo legal, por la preexistencia de una sociedad conyugal o patrimonial de alguno de los part\u00edcipes, o por la ausencia de un fondo com\u00fan\u00bb (SC2222, 13 jul. 2020, rad. n.\u00b0 2010-01409-01). <\/p>\n
3.4. La hermen\u00e9utica antes se\u00f1alada de ninguna manera constituye una transgresi\u00f3n a los principios constitucionales de igualdad y reconocimiento de todas las formas de familia, como lo asegura la impugnante; por el contrario, la Corte Constitucional declar\u00f3 la exequibilidad de la disposici\u00f3n, al asentir en las diferencias esenciales que separan la uni\u00f3n marital de hecho y el matrimonio. <\/p>\n
As\u00ed se extrae de los variados pronunciamientos de la Corte Constitucional en los que ha asentido en que la Carta Fundamental, al definir la familia, no consagr\u00f3 un igualitarismo entre todas sus formas, pues el art\u00edculo 42 diferenci\u00f3 la que nace del matrimonio de las dem\u00e1s formas, de all\u00ed que sea admisible un trato legislativo diferenciado entre las mismas1. <\/p>\n
A t\u00edtulo de ejemplo, en la sentencia C-239\/94 se asegur\u00f3 que \u00abes err\u00f3neo sostener, como parece hacerlo el demandante, que la Constituci\u00f3n consagre la absoluta igualdad entre el matrimonio y la uni\u00f3n libre, o uni\u00f3n marital de hecho, como la denomina la ley 54 de 1990. Basta leer el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n para entender por qu\u00e9 no es as\u00ed\u00bb. <\/p>\n
Y de forma m\u00e1s cercana reiter\u00f3: \u00abNo se desconoce el derecho a la igualdad por la diferente regulaci\u00f3n que el Legislador ha otorgado a la sociedad conyugal y a la patrimonial. En efecto la Constituci\u00f3n no establece la obligaci\u00f3n de dar un tratamiento igual a estas dos instituciones ni a los efectos patrimoniales de las mismas. Por el contrario, faculta ampliamente al Legislador para regular la materia\u2026 No se trata entonces de supuestos iguales ni de situaciones que exijan ser reguladas de la misma manera por la ley\u00bb (C-278\/14). <\/p>\n
Por tanto, el hecho de que legislativamente se impida la declaraci\u00f3n judicial de una sociedad patrimonial ante la existencia de una sociedad conyugal en cabeza de cualquiera de los compa\u00f1eros permanentes, sin que suceda lo mismo en el caso contrario, encuentra soporte en que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no equipar\u00f3 estos v\u00ednculos, sino que defiri\u00f3 a la libertad de configuraci\u00f3n del Congreso de la Rep\u00fablica el se\u00f1alamiento de las normas que gobiernan a una u otra, as\u00ed como sus efectos. <\/p>\n
M\u00e1xime porque el trato diferente tiene un prop\u00f3sito constitucionalmente admisible, como es evitar la confusi\u00f3n patrimonial que puede generarse ante la coexistencia de las universalidades jur\u00eddicas emanadas de diversas fuentes, sin que existan otros instrumentos legales menos gravosos que permitan la satisfacci\u00f3n de esta finalidad. <\/p>\n
Huelga enfatizarlo, como la sociedad conyugal y la patrimonial, salvo las excepciones legales, se conforman por todos los bienes adquiridos en vigencia de las mismas, con independencia del aporte que hubieren realizado los integrantes, permitir su coexistencia traslucir\u00eda una mixtura de irremediable soluci\u00f3n. Frente a esta eventualidad, es constitucionalmente admisible que se proh\u00edba su simultaneidad, incluso si para estos fines se impide la conformaci\u00f3n del fondo patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, hasta tanto no se liquide la preexistente sociedad conyugal. <\/p>\n
La Corte tiene definido: <\/p>\n
[L]o que se propuso el legislador fue evitar la preexistencia de sociedades conyugales y patrimoniales entre compa\u00f1eros permanentes, porque como lo tiene explicado la Corte, \u2018si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la eventual concurrencia de sociedades, suficiente habr\u00eda sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su t\u00e9rmino, para lo cual basta simplemente la disoluci\u00f3n. Es esta, que no la liquidaci\u00f3n, la que le infiere la muerte a la sociedad conyugal\u2019. Lo destacable, agrega, es que \u2018cuando ocurre cualquiera de las causas legales de disoluci\u00f3n, la sociedad conyugal termina sin atenuantes. No requiere de nada m\u00e1s para predicar que su vigencia expir\u00f3. En adelante ning\u00fan signo de vida queda\u2019 (CSJ SC de 23 de marzo de 2011, exp. 2007-00091-01) (SC4829, 14 nov. 2018, rad. n.\u00b0 2008-00129-01). <\/p>\n
En el mismo sentido se expres\u00f3 el \u00f3rgano de cierre constitucional: <\/p>\n
[L]a exigencia de la disoluci\u00f3n cumple la finalidad de evitar la coexistencia de sociedades universales en las cuales se puedan confundir los patrimonios, lo cual significa que la sociedad patrimonial no puede presumirse en su existencia si no ha sido disuelta la sociedad conyugal\u2026 <\/p>\n
Es m\u00e1s, cuando por diferentes razones la sociedad conyugal no fue disuelta y se incumple el hecho b\u00e1sico de la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial denominado disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, ni los compa\u00f1eros permanentes ni el haber social constituido por los bienes producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos, quedan desamparado por el Estado porque para esos casos el legislador dise\u00f1\u00f3 otro proceso judicial como lo es la sociedad de hecho -antes entre concubinos- para que el patrimonio com\u00fan sea distribuido en partes iguales entre los socios (negrilla fuera de texto, C-193\/16). <\/p>\n
Ahora bien, en caso de que los convivientes deseen evitar las consecuencias de la inhabilidad legal deber\u00e1n adoptar las medidas tendientes a esta finalidad, procediendo a la disoluci\u00f3n reclamada, para lo cual la jurisprudencia constitucional ha admitido la posibilidad de que el compa\u00f1ero d\u00e9bil \u00abacud[a] a los estrados judiciales para que mediante proceso declarativo verbal residual, se fije la obligaci\u00f3n del otro compa\u00f1ero de disolver la sociedad conyugal\u00bb (C-193\/16); claro est\u00e1, sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n de las normas sobre sociedad de hecho concubinaria. <\/p>\n
Y es que, desde muchos a\u00f1os antes de la ley 54 de 1990, que se mantuvo con posterioridad, la jurisprudencia acudi\u00f3 a la figura de la sociedad \u00abcomercial\u00bb de hecho con la finalidad de solventar la iniquidad generada por la ausencia de efectos patrimoniales de las uniones convivenciales, aunque sometida al cumplimiento de los requisitos de la convenci\u00f3n societaria. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese la posici\u00f3n de la Corte sobre la materia en aqu\u00e9l entonces: <\/p>\n
[Q]uienes sin casarse entre s\u00ed, se hayan unido para vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, aunque convivan bajo un mismo techo y de manera p\u00fablica y estable, a la manera de los leg\u00edtimamente casados, carecen de derecho para reclamar, fundados \u00fanicamente en que existe la uni\u00f3n concubinaria, que se les otorgue participaci\u00f3n en las utilidades que su compa\u00f1ero haya obtenido durante el tiempo en que han cohabitado. Ni a la concubina ni al concubinario, por el solo hecho de ser tales, les confiere la ley derecho alguno sobre los bienes que su amante haya adquirido durante el tiempo en que la uni\u00f3n natural se haya desarrollado. <\/p>\n
El concubinato, pues, no genera por s\u00ed ning\u00fan tipo de sociedad o de comunidad de bienes entre concubinarios. La cohabitaci\u00f3n, per se, no da nacimiento a la compa\u00f1\u00eda patrimonial (SC, 18 oct. 1973, G.J. CXLVII, n.\u00b0 2372-2377, p. 92). <\/p>\n
Figura que fue remozada para servir a los casos en que, por no cumplirse con los requisitos legales, debe rechazarse la sociedad patrimonial de hecho, siempre que se satisfagan las condiciones se\u00f1aladas jurisprudencialmente: <\/p>\n
En el terreno de la sociedad de hecho \u201cconcubinaria\u201d, la Corte, estim\u00f3 menester adem\u00e1s de los anteriores requisitos, los siguientes espec\u00edficos: \u201c1\u00ba Que la sociedad no haya tenido por finalidad el crear, prolongar, fomentar o estimular el concubinato, pues si esto fuere as\u00ed, el contrato ser\u00eda nulo por causa il\u00edcita, en raz\u00f3n de su m\u00f3vil determinante. En general la ley ignora las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sea para hacerlas producir efectos, sea para deducir de ellas una incapacidad civil, y por ello, en principio, no hay obst\u00e1culo para los contratos entre concubinos, pero cuando el m\u00f3vil determinante en esos contratos es el de crear o mantener el concubinato, hay lugar a declarar la nulidad por aplicaci\u00f3n de la teor\u00eda de la causa; 2\u00ba Como el concubinato no crea por s\u00ed solo comunidad de bienes, ni sociedad de hecho, es preciso, para reconocer la sociedad de hecho entre concubinos, que se pueda distinguir claramente lo que es la com\u00fan actividad de los concubinos en una determinada empresa creada con el prop\u00f3sito de realizar beneficios, de lo que es el simple resultado de una com\u00fan vivienda y de una intimidad extendida al manejo, conservaci\u00f3n, administraci\u00f3n de los bienes de uno y otro o de ambos\u201d. (XLII, 476)\u2026 <\/p>\n
Delante de esta problem\u00e1tica, como advirti\u00f3 la Sala, la exigencia estricta probativa del animus societatis con \u201cactividades cardinalmente distintas al desenvolvimiento de la vida familiar, se justificaba en el contexto socio-jur\u00eddico en el que la Corte acu\u00f1\u00f3 su jurisprudencia concerniente con los elementos estructurales de la sociedad de hecho entre concubinos\u201d, enmarcada en odiosa e injustificada estigmatizaci\u00f3n, reprobaci\u00f3n social e ilicitud del concubinato a contrariedad de la \u00e9poca contempor\u00e1nea por su aceptaci\u00f3n, protecci\u00f3n normativa y el reconocimiento de la familia en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, ya por v\u00ednculos jur\u00eddicos matrimoniales, ora naturales y por la voluntad responsable de un hombre y una mujer, de donde \u201cno puede exigirse, en forma tan radical, para el reconocimiento de la sociedad de hecho entre concubinos, que la conjunci\u00f3n de aportes comunes, participaci\u00f3n en las p\u00e9rdidas y ganancias y la affectio societatis surja con prescindencia de la uni\u00f3n extramatrimonial y que no tenga por finalidad crear, prolongar o estimular dicha especie de uni\u00f3n, pues, por el contrario en uniones concubinarias con las particularidades de la aqu\u00ed examinada no puede escindirse tajantemente la relaci\u00f3n familiar y la societaria, habida cuenta que sus prop\u00f3sitos econ\u00f3micos pueden estar inmersos en esa comunidad de vida (\u2026)\u201d (cas. civ. sentencia de 27 de junio de 2005, exp. 7188)\u2026 (SC, 24 feb. 2011, rad. n.\u00b0 2002-00084-01). <\/p>\n
Las m\u00e1s recientes palabras sobre la materia resultan ilustradoras sobre su alcance y contenido: <\/p>\n
Frente a una demostrada relaci\u00f3n concubinaria, por lo tanto, los elementos de la sociedad de hecho no pueden ser apreciados al margen de esa convivencia, sino con vista en ella, pues fuera de no obstaculizarla ni desnaturalizarla, las labores del hogar, dom\u00e9sticas y afectivas, usualmente conllevan actividades de colaboraci\u00f3n y cooperaci\u00f3n de los socios o concubinos, tendientes a forjar un patrimonio com\u00fan, precisamente soporte para el desenvolvimiento en otros campos, como el personal y el social. <\/p>\n
En efecto, el concubinato, es una realidad social, hist\u00f3rica y jur\u00eddica que ha acompa\u00f1ado la evoluci\u00f3n de la familia, y a\u00fan subsiste. Es la convivencia more uxorio, que entra\u00f1a una modalidad equivalente al matrimonio porque una pareja hace vida com\u00fan duradera con el prop\u00f3sito de formar una familia, cohabitar e integrar un hogar; viven juntos, no en procura de simples devaneos, no como mero noviazgo ni en pos de un trato sexual casual, es la pr\u00e1ctica sostenida de una vida com\u00fan con car\u00e1cter permanente. <\/p>\n
No es un matrimonio, sino una relaci\u00f3n paralela; por ello, concubinato, etimol\u00f3gicamente viene de cum cubare, (acostarse con) y traduce una comunidad de hecho que apareja la existencia de relaciones coitales por fuera del matrimonio o de car\u00e1cter extramatrimonial, sea de una persona casada con otra soltera, en fin; o de dos solteras que sin contraer matrimonio se unen, arquetipo \u00e9ste \u00faltimo que se tipifica en la uni\u00f3n marital de hecho\u2026 <\/p>\n
En esas condiciones, m\u00e1s all\u00e1 del car\u00e1cter sentimental o de la simple comunidad marital en la relaci\u00f3n de pareja, cuando sus componentes exponen su consentimiento expreso o, ya t\u00e1cito (15) o \u201cimpl\u00edcito\u201d (16) , derivado de hechos o actos inequ\u00edvocos, con el prop\u00f3sito de obtener utilidades y enjugar las p\u00e9rdidas que llegaren a sufrir y, adem\u00e1s, hacen aportes, hay una indiscutible sociedad de hecho. <\/p>\n
De consiguiente, en muchas hip\u00f3tesis, puede existir al margen del matrimonio o de la vigente uni\u00f3n marital de hecho prevista en la Ley 54 de 1990, y de las correspondientes sociedad conyugal o patrimonial, una sociedad de hecho comercial o civil (17) , pudiendo coexistir \u00e9sta \u00faltima con la sociedad conyugal, o con la sociedad patrimonial, pero cada cual con su propia naturaleza, identidad y autonom\u00eda jur\u00eddica. Todo ello, de la misma manera c\u00f3mo puede existir la sociedad conyugal, y adl\u00e1tere, en forma simult\u00e1nea, una sociedad mercantil regular integrada por los c\u00f3nyuges o por uno de estos con terceros\u2026 (SC8225, 22 jun. 2016, rad. n.\u00b0 2008-00129-01). <\/p>\n
4. La interpretaci\u00f3n antes referida encontr\u00f3 refrendaci\u00f3n en la sentencia C-193 de 20 de abril de 2016, donde la Corte Constitucional analiz\u00f3 la exequibilidad de la norma en comentario. <\/p>\n
4.1. Justamente, en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de constitucionalidad se pretendi\u00f3 la inexequibilidad del literal b (parcial) del art\u00edculo 2\u00ba de la ley 54 de 1990, por consagrar un requisito que otorga primac\u00eda a la sociedad conyugal sobre la patrimonial de hecho. <\/p>\n
El promotor, despu\u00e9s de explicar las posibles interpretaciones de este precepto, se\u00f1al\u00f3 que la \u00abpresunci\u00f3n de derecho\u00bb consistente en que habr\u00e1 confusi\u00f3n patrimonial entre los fondos conyugal y de hecho al permitirse su coexistencia, \u00abno se puede aplicar porque en la actualidad el juez de familia cuenta con diferentes herramientas probatorias para rastrear los bienes y determinar cu\u00e1les pertenecen a la sociedad conyugal y cu\u00e1les fueron adquiridos en vigencia de la sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
4.2. El m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n constitucional, al evaluar los argumentos de la demanda, sostuvo in extenso: <\/p>\n
63. Revisando los antecedentes legislativos de esta Ley y de su modificaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial y los requisitos que operan como hechos b\u00e1sicos para eximir de la carga de probar el hecho presumido, es decir, la sociedad patrimonial, la Sala observa que su finalidad es evitar la coexistencia de sociedades universales con gananciales comunes -sociedades conyugal y patrimonial- y la confusi\u00f3n entre estos patrimonios en procura de impedir defraudaciones, adem\u00e1s de otorgar certeza temporal frente al patrimonial\u2026 <\/p>\n
Frente al precepto demandado, la Corte no advierte que la igualdad de derechos y deberes que le asisten a la pareja se desconozca, habida cuenta que el argumento que expone el demandante parte del supuesto de la mala fe del compa\u00f1ero permanente con sociedad conyugal disuelta, al indicar que por incuria o dolo premeditado no va a disolver dicha sociedad para bloquear la presunci\u00f3n de la sociedad patrimonial. De acuerdo con el art\u00edculo 83 Superior, se presume la buena fe en todas las actuaciones y gestiones que adelanten los particulares, motivo por el cual la Corte no puede inferir la actuaci\u00f3n incorrecta e irresponsable de un compa\u00f1ero en detrimento de la sociedad patrimonial, como parece asegurarlo el demandante. <\/p>\n
Es m\u00e1s, cuando por diferentes razones la sociedad conyugal no fue disuelta y se incumple el hecho b\u00e1sico de la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial denominado disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, ni los compa\u00f1eros permanentes ni el haber social constituido por los bienes producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos, quedan desamparado por el Estado porque para esos casos el legislador dise\u00f1\u00f3 otro proceso judicial como lo es la sociedad de hecho -antes entre concubinos- para que el patrimonio com\u00fan sea distribuido en partes iguales entre los socios. Esto es, como ya se explic\u00f3, un efecto econ\u00f3mico y patrimonial que el Estado protege por otro medio judicial, ya que su deber es amparar el patrimonio independientemente de la figura jur\u00eddica que utilice para ello, bien sociedad patrimonial o bien sociedad de hecho. <\/p>\n
Tampoco se desconoce la protecci\u00f3n integral a la familia natural, habida consideraci\u00f3n que por incumplir el requisito de la disoluci\u00f3n si bien no se presume la sociedad patrimonial, lo cierto es que la uni\u00f3n marital de hecho como lazo familiar natural s\u00ed es declarada y como tal garantizada en sus efectos personales. Por ejemplo, as\u00ed lo reconoci\u00f3 la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 28 de noviembre de 2012 que se referenci\u00f3\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte considera que la exigencia de la disoluci\u00f3n que se viene estudiando, cumple con los supuestos de precisi\u00f3n, seriedad y concordancia que se tornan m\u00e1s flexibles cuando se trata de presunciones legales o iuris tantum. De esta forma, no afecta el derecho la igualdad inherente a ambos compa\u00f1eros permanentes frente a la sociedad patrimonial (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Con la anterior fundamentaci\u00f3n arrib\u00f3 a las siguientes conclusiones: <\/p>\n
Corresponde entonces a la Sala analizar cada uno de los pasos del juicio de proporcionalidad. <\/p>\n
a) La finalidad que persigue la medida acusada es leg\u00edtima a la luz de la Constituci\u00f3n: La exigencia de disolver la sociedad conyugal anterior que tiene vigente el compa\u00f1ero permanente con impedimento legal para contraer matrimonio, como uno de los hechos indicadores de la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, tiene por finalidad evitar la coexistencia de sociedades universales de gananciales que se puedan yuxtaponer confundiendo el haber social, es decir, el patrimonio mismo. La Sala considera que dicha finalidad expuesta por el legislador al establecer esta medida, desarrolla el valor constitucional del orden justo y la propiedad privada de los bienes establecidos en cabeza de la sociedad conyugal ya empezada. Solo hasta su finalizaci\u00f3n mediante la disoluci\u00f3n, es posible presumir y reconocer judicialmente la sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
No pierde de vista la Corte que la falta de disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal anterior, impide que se aplique la presunci\u00f3n legal, afectando el derecho sustancial que le asiste a los compa\u00f1eros permanentes del reconocimiento judicial de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
b) La medida de disolver la sociedad conyugal anterior como uno de los hechos b\u00e1sicos para que opere la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial, es necesaria: la Corte considera que no existe otra medida igualmente eficaz para garantizar el cumplimiento de la finalidad de evitar la coexistencia y confusi\u00f3n de patrimonios de las sociedades universales de gananciales, y de esa forma fundamentar el orden justo constitucional. <\/p>\n
Finalmente resolvi\u00f3: \u00ab[d]eclarar EXEQUIBLE las expresiones \u201csiempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas\u201d y \u201cantes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u201d, contenidas en el art\u00edculo 2\u00b0 literal b) de la Ley 54 de 1990, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 979 de 2005, por los cargos analizados en la presente demanda\u00bb. <\/p>\n
4.3. Este veredicto, por mandato del art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00abhace tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional\u00bb y, por tanto, \u00ab[n]inguna autoridad podr\u00e1 reproducir el contenido material del acto jur\u00eddico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontaci\u00f3n entre la norma ordinaria y la Constituci\u00f3n\u00bb. Adicionalmente, el fallo es \u00abde obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva\u00bb, en aplicaci\u00f3n del numeral 1\u00b0 del canon 48 de la ley 270 de 1996. <\/p>\n
Sobre el punto, el \u00f3rgano de cierre constitucional tiene dicho: \u00abLa cosa juzgada constitucional es pues una instituci\u00f3n jur\u00eddico procesal que tiene su fundamento en el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el car\u00e1cter de inmutables, vinculantes y definitivas. De ella surge una restricci\u00f3n negativa consistente en la imposibilidad de que el juez constitucional vuelva a conocer y decidir sobre lo resuelto\u00bb (C-100\/19). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, una vez declarada la exequibilidad de la regla contenida en el literal b) del art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 54 de 1990, esta determinaci\u00f3n es de imperativo acatamiento, sin que pueda desconocerse, m\u00e1xime porque en el presente caso la recurrente no expuso argumentos diferentes a los analizados por el \u00f3rgano de cierre constitucional. <\/p>\n
Se agrega a lo expuesto la reconocida obligaci\u00f3n de seguir la jurisprudencia de los \u00f3rganos de cierre, como garant\u00eda de los derechos a la igualdad y seguridad jur\u00eddica de los ciudadanos, que podr\u00edan verse socavados en los eventos en que frente a casos similares se arriben a conclusiones diferentes. <\/p>\n
Bien dijo Hernando Morales Molina que \u00ab[e]l estado democr\u00e1tico requiere de un \u00f3rgano que como juez haga observar la ley objetivamente considerada, e imprima una interpretaci\u00f3n uniforme de las normas jur\u00eddicas. El tribunal de casaci\u00f3n cumple as\u00ed una funci\u00f3n de control sobre los tribunales inferiores, o sea que ejerce una censura represiva\u00bb2. <\/p>\n
De all\u00ed que el art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica estableciera que la jurisprudencia es un criterio auxiliar de la actividad judicial; excepcionalmente, claro est\u00e1, podr\u00e1n desconocerse los precedentes vertical y horizontal, siempre que cumplan \u00abcon la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende\u00bb (STC8847, 11 jul. 2018, rad. n.\u00b0 2018-00144-01). <\/p>\n
La Sala ha reiterado que \u00abel precedente judicial del m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria tiene un cierto car\u00e1cter vinculante, para cuya separaci\u00f3n es menester que el juez ofrezca razones suficientes de su distanciamiento\u00bb (SC5686, 19 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2004-00042-01). <\/p>\n
En el mismo sentido la Corte Constitucional asegur\u00f3: <\/p>\n
La sujeci\u00f3n del juez al ordenamiento jur\u00eddico le impone el deber de tratar expl\u00edcitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta, y caracteriza su funci\u00f3n dentro del Estado social de derecho como creador de principios jur\u00eddicos que permitan que el derecho responda adecuadamente a las necesidades sociales. Esta doble finalidad constitucional de la actividad judicial determina cu\u00e1ndo puede el juez apartarse de la jurisprudencia del m\u00e1ximo \u00f3rgano de la respectiva jurisdicci\u00f3n. A su vez, la obligaci\u00f3n de fundamentar expresamente sus decisiones a partir de la jurisprudencia determina la forma como los jueces deben manifestar la decisi\u00f3n de apartarse de las decisiones de la Corte Suprema como juez de casaci\u00f3n (C836\/2001). <\/p>\n
5. Por lo expuesto se descarta que el Tribunal mal interpretara la norma invocada por el impugnante, en punto al requisito de la idoneidad exigido para que proceda la declaraci\u00f3n judicial de la sociedad patrimonial de hecho, sino que por el contrario su interpretaci\u00f3n se aviene con su literalidad y teleolog\u00eda, hermen\u00e9utica arm\u00f3nica con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, motivo para rehusar la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Al abrigo de la causal primera de casaci\u00f3n se achac\u00f3 al ad quem el desconocimiento indirecto del art\u00edculo 2\u00ba de la ley 54 de 1990, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas demostrativas del matrimonio celebrado entre Antonio Mar\u00eda Zuluaga Betancourt y Flor Alba Forero Vel\u00e1squez. <\/p>\n
Sostuvo la recurrente que el registro civil de matrimonio obrante a folio 49 del cuaderno principal, \u00fanico documento tenido en cuenta para acreditar el casamiento, a la luz de los art\u00edculos 2\u00ba, 5\u00ba, 8\u00ba, 10, 11, 22, 44, 67, 68, 69, 89, 101, 102, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, no satisface los requisitos de publicidad y oponibilidad. <\/p>\n
Lo anterior, pues el matrimonio no fue inscrito en el registro civil de nacimiento del se\u00f1or Antonio Mar\u00eda Zuluaga Betancourt, faltando as\u00ed a la publicidad que es esencial en esta materia, de lo que deviene que sea inoponible a Liliana Mar\u00eda Posada Arboleda; m\u00e1xime porque ella no ha tenido acceso a la prueba exigida legalmente con el fin de comprobar que est\u00e1 legalmente casado, si hubo capitulaciones matrimoniales, o si la sociedad conyugal est\u00e1 disuelta o liquidada, \u00abpues la prueba de ese estado civil no reposa en el proceso y el documento tenido en cuenta por el Tribunal no alcanza a demostrar dichos hechos, a tal punto que am\u00e9n de la obligaci\u00f3n del funcionario de dar cuenta de estos hechos cuando se presentan y es deber informar los datos del registro civil de nacimiento, es una carga del interesado solicitar o adelantar su inscripci\u00f3n en dicho registro\u00bb (folio 27). <\/p>\n
Aclar\u00f3 que tanto el matrimonio civil, como el cat\u00f3lico, debe inscribirse en el registro civil de nacimiento de los contrayentes, en raz\u00f3n de que \u00abno se p[uede] exigir a una compa\u00f1era permanente que verifique si en alguna [n]otar\u00eda del pa\u00eds reposa un acta de matrimonio de su compa\u00f1ero permanente\u00bb (folio 28), en procura de establecer su verdadero estado civil, de all\u00ed que todo deba quedar asentado en el registro de nacimiento. <\/p>\n
En refuerzo de lo anterior, el censor trajo a colaci\u00f3n el art\u00edculo 3\u00ba del decreto 2668 de 1998, en el que se exige, para la celebraci\u00f3n de matrimonio ante notario, que con la solicitud se aporte el registro civil de nacimiento de los pretendientes y, si se trata de segundas nupcias, se allegue, adem\u00e1s, el de defunci\u00f3n del c\u00f3nyuge con el que estuvo unido el respectivo contrayente, o los registros civiles donde figure inscrito el divorcio, la nulidad o la dispensa pontificia, as\u00ed como un inventario solemne de bienes, en caso de existir hijos menores. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con apoyo en el motivo inicial de casaci\u00f3n la demandante acus\u00f3 la sentencia de vulnerar la norma invocada en el embiste precedente, por fuerza del canon 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en concordancia con el decreto 1260 de 1970, el cual establece que el estado civil tiene unas reglas espec\u00edficas para su demostraci\u00f3n. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s insisti\u00f3 en los argumentos del embiste anterior, que pueden compendiarse de la siguiente manera: (i) conforme a los c\u00e1nones 2\u00b0, 5\u00b0, 8\u00b0, 10, 11, 22, 44, 67, 69, 89, 101, 106 y 107 se echa de menos que el matrimonio se anotara en el registro civil de nacimiento de Antonio Mar\u00eda Zuluaga Betancourt; (ii) la omisi\u00f3n de este requisito de publicidad hace que el acto devenga inoponible frente a terceros, como sucede con la compa\u00f1era permanente; (iii) no puede exigirse a la conviviente que verifique en todas las notar\u00edas del pa\u00eds si su compa\u00f1ero tiene un acta de matrimonio; y (iv) para la celebraci\u00f3n del matrimonio debe acompa\u00f1arse el registro de nacimiento, lo que permitir\u00e1 el registro de aqu\u00e9l. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del compendio de los cargos finales refulge que al un\u00edsono cuestionan que se tuviera por oponible el matrimonio celebrado entre el enjuiciado y Flor Alba Forero Vel\u00e1squez, ante la carencia de inscripci\u00f3n en el registro civil de nacimiento de aqu\u00e9l; por tanto, al fundarse en argumentos comunes, es menester hacer su estudio de forma conjunta. <\/p>\n
Este alcance fundamental se explica por la necesidad de que las personas puedan establecer su rol en \u00abla familia y la sociedad\u00bb, as\u00ed como determinar \u00absu capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0 del decreto 1260 de 1970); total que la filiaci\u00f3n \u00abes la situaci\u00f3n jur\u00eddica que un individuo ocupa en la familia y la sociedad y que le confiere determinados derechos y obligaciones civiles, [y] para su protecci\u00f3n se han consagrado las acciones de estado\u00bb (SC, 28 mar. 1984, GJ n.\u00b0 2415). <\/p>\n
En aras de garantizar el anterior prop\u00f3sito, el estado civil fue caracterizado como \u00abindivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignaci\u00f3n corresponde a la ley\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0 del decreto 1260 de 1970). Rasgos que se traducen, respectivamente, en que un mismo hecho s\u00f3lo puede generar un estado civil; el cual no puede ser objeto de negociaci\u00f3n, transacci\u00f3n o disposici\u00f3n, \u00absalvo en cuanto a los derechos patrimoniales que de \u00e9l se derivan\u00bb; su reconocimiento podr\u00e1 reclamarse en cualquier momento, \u00abporque salvo excepci\u00f3n legal ni se gana ni se pierde por el transcurso del tiempo\u00bb; y su contenido y alcance est\u00e1 regulado \u00abpor normas de orden p\u00fablico, como quiera que interesa a la sociedad en general, y por ende los preceptos legales que lo gobiernan no pueden derogarse por convenios particulares ni ser objeto de renuncias\u00bb (SC, 25 ag. 2000, exp. n.\u00b0 5215). <\/p>\n
La Sala tiene dicho: <\/p>\n
Es el estado civil una calidad invaluable que en raz\u00f3n de su esencia no ingresa al patrimonio ni admite cotizaci\u00f3n en el mercado. Constituye un atributo de la personalidad humana, que marca su posici\u00f3n en la familia y en el grupo social a que pertenece. No puede cederse ni enajenarse, ni ser objeto de transacci\u00f3n. El derecho lo protege, eso s\u00ed, como a todos los valores imponderables que integran el acervo moral en que reposa la dignidad y estimaci\u00f3n de las gentes (SC, 31 ag. 1961, GJ n.\u00b0 2242, 2243 y 2244). <\/p>\n
3. El registro del estado civil, en sus inicios, estuvo administrado por delegados clericales; sin embargo, con el decreto 1260 de 1970 se dio un cambio trascendental, al suprimir las partidas eclesi\u00e1sticas como un mecanismo id\u00f3neo para su demostraci\u00f3n, quedando aqu\u00e9llas vigentes \u00fanicamente para acreditar los hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva regulaci\u00f3n. El Estado colombiano, entonces, tomo el monopolio de administrar y controlar lo concerniente al estado civil de las personas naturales. <\/p>\n
Y es que, si bien con la ley 92 de 1938 se cre\u00f3 un sistema de registro dirigido por alcaldes y notarios, lo cierto es que las certificaciones parroquiales mantuvieron su car\u00e1cter subsidiario, lo que permiti\u00f3 la dispersi\u00f3n de informaci\u00f3n e impidi\u00f3 su unificaci\u00f3n. <\/p>\n
Para superar lo anterior el decreto 1260 orden\u00f3 que \u00ab[l]os hechos y los actos relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos en el competente registro civil\u00bb (art\u00edculo 5\u00b0), bajo la premisa de que \u00ab[e]l estado civil debe constar en el registro del estado civil\u00bb (art\u00edculo 101); inscripci\u00f3n que \u00abser\u00e1 v\u00e1lida siempre que se haga con el lleno de los requisitos de ley\u00bb (art\u00edculo 102), por tanto \u00ab[n]inguno de los hechos, actos o providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetas a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario p\u00fablico, si no ha sido inscrito y registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenaci\u00f3n, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostraci\u00f3n no se requiera legalmente e la formalidad del registro\u00bb (art\u00edculo 106). <\/p>\n
La Sala, al referirse a la materia, se\u00f1al\u00f3 \u00aba partir de vigencia del Decreto 1260 de 1970, las inscripciones de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas est\u00e1n sometidas las reglas del mismo\u00bb (SC, 5 jul. 1989, GJ CXCVI, n.\u00b0 2435). Esto debido a que: <\/p>\n
\u2026de conformidad con el art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto 1260 de 1970 los hechos y actos relativos al estado civil de las personas deben ser inscritos en el registro civil y, de conformidad con el 105, los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938 se probar\u00e1n con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos. Los estados civiles generados antes de 1938 pueden probarse mediante copias eclesi\u00e1sticas o del registro civil, los posteriores pero anteriores al 5 de agosto de 1970 lo pueden ser con el registro civil y en subsidio con las actas eclesi\u00e1sticas y a partir de 1970 s\u00f3lo con copia del registro civil (SC5686, 19 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2004-00042-01). <\/p>\n
4. Dentro de este contexto se explica que la falta de registro, por regla de principio, conduzca a que el hecho o acto no produzca efectos jur\u00eddicos frente a terceros, como lo previene el canon 107 del decreto 1260 de 1970, a saber: \u00abPor regla general ning\u00fan hecho, acto o providencia relativos al estado civil o la capacidad de las personas, y sujeto a registro, surtir\u00e1 efecto respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripci\u00f3n\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Ha sido la jurisprudencia la encargada de establecer los casos en que, a pesar de no haberse efectuado el registro, el acto alcanza oponibilidad erga omnes, para lo cual ha acudido a dos (2) nociones: (i) el principio de la indivisibilidad del estado civil, por cuya fuerza es imposible que frente a una misma situaci\u00f3n se tengan estatus diferentes; y (ii) el thema decidendi del caso concreto, con el fin de evitar la afectaci\u00f3n de los derechos de quienes no han sido vinculados al proceso. <\/p>\n
As\u00ed lo ha se\u00f1alado la Corte: <\/p>\n
1. Como la sentencia atacada y el recurso interpuesto contra ella gira en torno a la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 107 del Decreto 1260 de 1970, debe destacarse que dicha norma no contiene un car\u00e1cter absoluto ni un mandato inmodificable, corno quiera que comienza por establecer que por regla general (o sea, no siempre) los hechos, actos o providencias relativos al estado civil no producen efectos respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripci\u00f3n. <\/p>\n
Tal redacci\u00f3n significa, a contrario sensu, que por v\u00eda, excepcional s\u00ed pueden producirlos. <\/p>\n
2. La unidad del estado civil es principio indiscutible (Art. 1\u00b0 ib.), as\u00ed est\u00e9 atemperado para determinadas circunstancias por la inoponibilidad, en ciertos casos, de dicho estado, o mejor de sus efectos, especialmente los de \u00edndole patrimonial, como lo contempla el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 10 de la Ley 75 de 1968. <\/p>\n
Pero para, tener en cuenta, esta inoponibilidad que, por v\u00eda de excepci\u00f3n, llegue a reducir el \u00e1mbito de la unidad del estado civil, es indispensable que el conflicto verse directamente o exclusiva sobre el estado civil en discusi\u00f3n o sobre sus directas consecuencias, o mejor dicho sobre sus alcances primarios y espec\u00edficos (negrilla fuera de texto, SC, 20 ag. 1981, GJ CLXVI n.\u00b0 2407). <\/p>\n
Postura que fue adicionada de forma reciente: <\/p>\n
Por ello, se insiste en que no es dable equiparar los efectos de la falta de \u2018registro\u2019 de asuntos atinentes al \u2018estado civil\u2019, con los que produce esa omisi\u00f3n en los dem\u00e1s sucesos sometidos a tal exigencia, pues si bien es verdad que conforme al canon 107 del decreto 1260 de 1970 \u2018[p]or regla general ning\u00fan hecho, acto o providencia relativos al estado civil o la capacidad de las personas y sujeto a registro, surtir\u00e1 efecto respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripci\u00f3n\u2019, tambi\u00e9n lo es que, la ley ha de interpretarse buscando \u2018su verdadero sentido\u2019 y \u2018del modo que m\u00e1s conforme parezca al esp\u00edritu general de la legislaci\u00f3n y a la equidad natural\u2019 (arts. 26 y 32 C.C.), teleolog\u00eda que en palabras de la Corte \u2018el juez no solo puede sino que debe tener presente a la hora de desentra\u00f1ar el esp\u00edritu y el genuino entendimiento de las disposiciones legales\u2019 (Sentencia CSJ SC, 1\u00b0 oct. 2004, rad. 1998-01175-01). <\/p>\n
En este orden de ideas, dado que \u2018[e]l estado civil de una persona es su situaci\u00f3n jur\u00eddica en la familia y la sociedad\u2019, se itera, el \u2018registro\u2019 que permite su acreditaci\u00f3n no puede conllevar la negaci\u00f3n del \u2018hecho o acto\u2019 que lo genera, hasta cuando aquel se efectu\u00e9, porque ello conducir\u00eda al absurdo de considerar que una persona muri\u00f3 antes de nacer, si su fallecimiento se present\u00f3 y registr\u00f3 sin haberse inscrito su nacimiento (SC7019, rad. n.\u00b0 2002-00487-01). <\/p>\n
Dicho en otras palabras, si bien el estado civil y el registro son diferentes, lo cierto es que entre ellos hay una inescindible interconexi\u00f3n, en tanto el \u00faltimo condiciona los efectos de aqu\u00e9l frente a terceros; de all\u00ed que, la ausencia de la anotaci\u00f3n conduzca a la inoponibilidad del acto o hecho, salvo en los casos subsiguientes: (i) deba darse prelaci\u00f3n al principio de indivisibilidad y, por tanto, evitar la duplicidad de estatutos frente a una misma condici\u00f3n; (ii) el asunto en discusi\u00f3n no verse de forma directa sobre el estado civil que se pretende inoponible; y (iii) el hecho o acto sea constitutivo del estado civil, sin m\u00e1s requisitos, por los efectos indeseables de asentirse en la hip\u00f3tesis opuesta. <\/p>\n
Por tanto, queda fuera de dubitaci\u00f3n el car\u00e1cter relativo de la inoponibilidad consagrada en el art\u00edculo bajo comentario, an\u00e1lisis que deber\u00e1 hacerse caso por caso. <\/p>\n
5. Dentro de este contexto conviene analizar las normas que gobiernan el registro del matrimonio, por tratarse de uno de aquellos actos que deben asentarse en el registro civil conforme al mandato 5\u00b0 del decreto 1260 de 1970. <\/p>\n
5.1. Para estos fines, el canon 8\u00b0 de dicho estatuto cre\u00f3 el registro de matrimonios, organizado en folios destinados a personas determinadas (art\u00edculo 9\u00b0), en cual deber\u00e1n asentarse los matrimonios, nulidades, divorcios, separaciones de cuerpos y bienes (art\u00edculos 67 y 72), aunque el mismo es concurrente a la anotaci\u00f3n \u00aben el de registro de nacimiento de los c\u00f3nyuges\u00bb (numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 44). <\/p>\n
Dicho de otra manera, el negocio matrimonial y cualquier acto modificatorio deber\u00e1 inscribirse, tanto en los registros individuales de nacimiento, como en el especial de matrimonio. <\/p>\n
5.2. No obstante, para evitar que los interesados tengan que efectuar m\u00faltiples registros, el estatuto impuso a las autoridades competentes la carga de remitir la informaci\u00f3n necesaria a su hom\u00f3logo, con el fin de que cada uno haga las anotaciones del caso. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 71 del decreto 1260 de 1970 dispuso: \u00abEl funcionario del estado civil que inscriba un matrimonio, de oficio, o a solicitud del interesado, enviar\u00e1 sendas copias del folio a las oficinas locales donde se hallen los registros de nacimiento de los c\u00f3nyuges y de los hijos legitimados, y a la oficina central\u00bb. <\/p>\n
Reli\u00e9vese, entonces, que una vez los consortes efect\u00faan el registro en el acta especializada, corresponde a las autoridades administrativas encargarse de las gestiones requeridas para que se actualicen los registros de nacimiento de los contrayentes, quienes conf\u00edan razonablemente en su realizaci\u00f3n, de all\u00ed que una omisi\u00f3n en su adelantamiento no puede aparejarles consecuencias negativas, como la inoponibilidad. <\/p>\n
5.3. Cualquier otra hermen\u00e9utica debe rechazarse, no s\u00f3lo por traslucir el traslado de una carga p\u00fablica a los particulares, sino para salvaguardar el principio de indivisibilidad del estado civil matrimonial, que en el contexto del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el principio de monogamia all\u00ed reconocido, impone que \u00fanicamente sea admisible un \u00fanico v\u00ednculo conyugal por persona, cuyo nacimiento depende del cumplimiento de los requisitos legales de celebraci\u00f3n. Y es que, de permitirse que puedan rehusarse efectos al matrimonio por la ausencia de un registro, se llegar\u00eda al sinsentido de que dos (2) personas diferentes puedan alegar v\u00e1lidamente que son consortes de la misma persona, ante la inoponibilidad pretendida, con los problemas que esto aparejar\u00eda frente al mencionado principio, la conformaci\u00f3n de m\u00faltiples fondos comunes, el cumplimiento de deberes de fidelidad y otros objetivos connaturales al v\u00ednculo marital. <\/p>\n
6. Aplicadas las consideraciones precedentes al sub lite, descuella que los cargos propuestos carecen de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues la inoponibilidad pretendida no se configur\u00f3 y, en todo caso, los cargos resultan contrarios a la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, como m\u00e1s adelante se explicar\u00e1. <\/p>\n
6.1. Es cierto que el registro de nacimiento de Antonio Mar\u00eda Zuluaga Betancourt, asentado en la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Marquetalia-Caldas (folio 39 ibidem), que fue allegado como anexo a la demanda, carece de cualquier anotaci\u00f3n relativa al casamiento de esta persona o los efectos de \u00e9ste. <\/p>\n
Sin embargo, con la contestaci\u00f3n se arrim\u00f3 la copia del acta de matrimonio ubicada en el Tomo 9 folio 321 de la Notar\u00eda 21 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, el cual da cuenta de que \u00ab[e]n la Rep\u00fablica de Colombia Departamento de Cundinamarca Municipio de Bogot\u00e1 a las 6 p.m. del d\u00eda veinticinco 25 del mes de abril de mil novecientos ochenta y uno 1981 contrajeron matrimonio Cat\u00f3lico en Parroquia Nuestra Se\u00f1ora del Perpetuo Socorro el se\u00f1or Antonio Mar\u00eda Zuluaga Betancourt\u2026 y la se\u00f1or (sic) Flor Alba Forero Vel\u00e1squez\u00bb (folio 49 del cuaderno principal). Conforme a la certificaci\u00f3n notarial, la \u00abfotocopia fue tomada del original que reposa en los archivos de esta notar\u00eda\u00bb (folio 49 reverso idem). <\/p>\n
Luego, fuera de duda se encuentra que la pareja Zuluaga-Forero satisfizo su deber de efectuar la anotaci\u00f3n en el registro del estado civil, para lo cual acudieron a una notar\u00eda ubicada en el lugar de celebraci\u00f3n del casamiento, lo que es suficiente para reconocer efectos jur\u00eddicos a su acto marital, incluso frente a terceros. <\/p>\n
6.2.1. Frente al primero de los t\u00f3picos se advierte que en el escrito inaugural \u00fanicamente se pretendi\u00f3 \u00abdeclarar que\u2026 existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho desde el 11 de abril de 1.992, hasta el 21 de noviembre del a\u00f1o 2.009\u00bb, y \u00abcomo consecuencia de lo anterior se declare [l]a existencia, disoluci\u00f3n y [l]iquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que entre ellos se conform\u00f3\u00bb (folio 30 del cuaderno 1). No hubo s\u00faplica alguna en relaci\u00f3n con el matrimonio conformado por el convocado y Flor Alba Forero, menos a\u00fan para que se reconociera su inoponibilidad. <\/p>\n
Incluso, despu\u00e9s de que el convocado contest\u00f3 la demanda y asegur\u00f3 estar \u00ablegalmente casado y con sociedad conyugal vigente con la se\u00f1ora Flor Alba Forero Vel\u00e1squez desde el d\u00eda 25 de Abril de 1.981\u00bb (folio 67 ejusdem), la promotora descorri\u00f3 las excepciones con la aseveraci\u00f3n de que \u00abno se desconoce el v\u00ednculo matrimonial anterior en virtud del matrimonio realizado\u00bb (folio 128), sin proponer una reforma a la demanda que permitiera debatir lo tocante a los efectos del matrimonio y sus consecuencias patrimoniales. <\/p>\n
Materia que, por dem\u00e1s, fue por completo extra\u00f1a a los alegatos de conclusi\u00f3n en primera instancia, a pesar de que la interesada se refiri\u00f3 expresamente al casamiento, aunque para rechazar que el demandado pudiera alegar en su favor la \u00abdesidia al no disolver y liquidar la sociedad conyugal anterior\u00bb (folio 255), as\u00ed como que la \u00abpreexistencia de un matrimonio anterior\u2026 no era obst\u00e1culo para la formaci\u00f3n de una uni\u00f3n marital de hecho\u00bb (idem). En este punto conviene llamar la atenci\u00f3n sobre el hecho de que la ley 54 de 1990 s\u00f3lo hace referencia a la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, sin regular expresamente lo referente al matrimonio que contraigan los compa\u00f1eros. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n se reiteraron las reflexiones antes efectuadas, con la insistencia de que no era necesaria la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal para reconocer la sociedad patrimonial de hecho (folios 11 y 12 del cuaderno 7), sin referencia alguna al tema de la inoponibilidad. <\/p>\n
La invalidez del acto matrimonial, entonces, constituye una materia accidental a la controversia, introducida de forma tard\u00eda en la controversia, de all\u00ed que mal podr\u00eda erigirse como un motivo para pretender derruir la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
6.2.2. Se agrega a la anterior reflexi\u00f3n que, en garant\u00eda de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, era menester que al tr\u00e1mite se vinculara como sujeto procesal a Flor Alba Forero Vel\u00e1squez, para que pudiera propender por sus intereses respecto a los activos que est\u00e1n llamados a integrar la sociedad conyugal conformada con Antonio Mar\u00eda Zuluaga. <\/p>\n
Y es que, de admitirse la inoponibilidad pretendida en casaci\u00f3n, se dar\u00eda paso a la conformaci\u00f3n de una sociedad patrimonial de hecho entre el accionado y Liliana Mar\u00eda Posada, circunstancia que no es admisible por estar vigente una sociedad conyugal, como se expuso anteriormente, por la imposibilidad de coexistencia entre estas dos universalidades por expreso mandato de la ley. <\/p>\n
Por tanto, en aplicaci\u00f3n del debido proceso, debi\u00f3 vincularse al litigio a todas las personas que resultar\u00edan perjudicadas con la declaraci\u00f3n de inoponibilidad, por lo que al no procederse de esta manera debe rehusarse tal pedimento. <\/p>\n
6.2.3. Por \u00faltimo, advierte la Corte que las pruebas que reposan en la foliatura dan cuenta de que Liliana Mar\u00eda Posada Arboleda conoc\u00eda el v\u00ednculo matrimonial de su compa\u00f1ero sentimental, a partir de lo cual era dable que verificara el estado civil de \u00e9ste. <\/p>\n
As\u00ed se extrae del reconocimiento efectuado por la demandante en el escrito de respuesta al traslado de excepciones, en el cual asinti\u00f3 en que \u00abes cierto no se desconoce el v\u00ednculo matrimonial anterior en virtud del matrimonio realizado\u00bb, s\u00f3lo que crey\u00f3 que el mismo estaba extinguido en tanto \u00abAntonio Mar\u00eda Zuluaga Betancur (sic)\u2026 siempre\u2026 manifest\u00f3\u2026 que \u00e9l se hab\u00eda separado de su primera esposa\u00bb (folio 128 del cuaderno 1). Afirmaci\u00f3n esta \u00faltima que, de haberse demostrado y siempre que se originara en comportamiento torticero del accionado, pudo haber generado responsabilidad, el cual tampoco se pretendi\u00f3. <\/p>\n
Afirmaci\u00f3n ratificada en el interrogatorio de parte de 24 de febrero de 2012, pues ante la pregunta \u00ab[d]iga como es cierto si o no que usted conoci\u00f3 a la se\u00f1ora Flora (sic) Alba Forero\u00bb, la actora respondi\u00f3: \u00ab[s]i es verdad, ella me visit\u00f3 en el apartamento 405 de Era 2000, dos a\u00f1os despu\u00e9s de yo estar casada con Antonio[,] ella fue a mi apartamento y me agreg\u00f3 que no ten\u00eda nada con \u00e9l que hab\u00eda sido su primera esposa\u00bb (folio 194). <\/p>\n
Reconocimiento del cual dio cuenta Hernando Rayo Castillo, amigo com\u00fan de la pareja Zuluaga-Pasada, quien al ser inquirido sobre el \u00abconocimiento [de] la se\u00f1ora Liliana Posada\u2026 [sobre] que el se\u00f1or Antonio Zuluaga era casado con la se\u00f1ora Flor Alba Faoreo (sic)\u00bb, asegur\u00f3: \u00abSi (sic) ten\u00eda pleno conocimiento porque ese era un tema en que algunas oportunidades se trataba entre nosotros de manera jocosa… Liliana, Antonio y yo y en algunas oportunidades yo les dec\u00eda que no era do\u00f1a Flor y sus dos maridos sino don Antonio y sus dos mujeres\u2026 Yo creo que en ning\u00fan momento la intenci\u00f3n haya sido la de formalizar esa relaci\u00f3n, porque de otra forma se hubiera separado de do\u00f1a Flor\u00bb (folio 163). <\/p>\n
Declaraci\u00f3n que guarda coherencia con el aserto de Carlos Arturo Clavijo Aguilar, quien coment\u00f3: \u00abLiliana quer\u00eda contraer matrimonio con \u00e9l… cuando se tocaba el tema yo si le llegue a decir que porque no solucionaba ese problema para mi doble convivencia unas veces aqu\u00ed y otras veces all\u00ed y \u00e9l me dec\u00eda que no quer\u00eda separarse definitivamente de Flor Alba dejar su hogar e irse a convivir permanentemente con Liliana entre otras cosas porque Liliana le exig\u00eda la separaci\u00f3n legal de Flor Alba y \u00e9l no estaba dispuesto a hacer eso[;] mas (sic) sin embargo Antonio segu\u00eda sosteniendo una relaci\u00f3n espor\u00e1dica con Liliana pero la relaci\u00f3n en vez de fortalecerse lo que yo puedo percibir\u00bb (folio 187). <\/p>\n
La concordancia de las pruebas es demostrativa de que Liliana Posada conoc\u00eda del matrimonio de su compa\u00f1ero permanente, lo que desestima que se tratara de un acto oculto y, por ende, debe rechazarse su inoponibilidad. <\/p>\n
7. En todo caso no puede dejarse de lado que, del recuento efectuado en precedencia, refulge que las censuras en casaci\u00f3n constituyen un medio nuevo, lo que trasluce una pifia t\u00e9cnica que impide asentir en su prosperidad <\/p>\n
7.1. Es pac\u00edfico en la jurisprudencia que \u00abun alegato sorpresivo que la doctrina denomina \u2018medio nuevo\u2019, esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicci\u00f3n previstas en el ordenamiento jur\u00eddico o\u2026 para revivirlo a pesar de que lo abandon\u00f3 expresamente\u00bb, debe ser repelido en el escenario extraordinario, por ir en desmedro \u00abdel principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendora\u00bb (SC131, 12 feb. 2012, rad. n.\u00b0 2007-00160-01). <\/p>\n
Total, si las partes voluntariamente dejan por fuera de controversia algunas materias, no puede permitirse que con posterioridad sean introducidas de forma extempor\u00e1nea e intempestiva, menos a\u00fan en el tr\u00e1mite de la casaci\u00f3n, pues este remedio est\u00e1 limitado a las precisas causales se\u00f1aladas por el legislador y su objeto se acota a la sentencia de segundo grado, raz\u00f3n para repeler su utilizaci\u00f3n como un nuevo grado jurisdiccional (cfr. SC, 16 jul. 1965, GJ n.\u00b0 2278-2279, p. 106). <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, \u00abeste instrumento extraordinario no habilita un nuevo juzgamiento de la controversia, sino que se circunscribe a la evaluaci\u00f3n de la providencia censurada a la luz de los yerros que le son endilgados por el recurrente. As\u00ed las cosas, no puede emplearse para retomar el estudio de la causa petendi y, menos a\u00fan, innovar en los hechos que le sirven de soporte\u00bb (SC19300, 21 nov. 2017, rad. n.\u00b0 2009-00347-01). <\/p>\n
7.2. En desatenci\u00f3n de lo anterior, los cargos segundo y tercero fueron empleados para arg\u00fcir, por primera vez en el proceso, la inoponibilidad del matrimonio Zuluaga-Forero, por la ausencia de inscripci\u00f3n en el registro civil de nacimiento del consorte. <\/p>\n
Se trata, entonces, de una alegaci\u00f3n sorpresiva, que por izarse en casaci\u00f3n impidi\u00f3 al demandado que pudiera recabar las pruebas que sirvieran para desmentir las alegaciones, de all\u00ed que deba ser repelida. <\/p>\n
8. El inciso final del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil establece que, cuando se desestima el recurso de casaci\u00f3n, debe imponerse costas en contra del impugnante; sin embargo, como en el sub lite ambos sujetos procesales hicieron uso del remedio extraordinario, ninguno de los cuales sali\u00f3 airoso, no es dable realizar dicha imposici\u00f3n en favor de ninguno. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Familia, en el proceso que Liliana Mar\u00eda Posada Arboleda promovi\u00f3 contra Antonio Mar\u00eda Zuluaga Betancourt. <\/p>\n
Sin condenas en costas en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Oportunamente devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00famero 11001-31-10-018-2010-00682-01 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con todo respeto por los Magistrados que conforman la Sala Civil de Casaci\u00f3n que resolvi\u00f3 el asunto de la referencia, en sentencia cuyo proyecto se aprob\u00f3 en sala virtual del 6 de agosto de 2020, me permito manifestar mi SALVAMENTO DE VOTO respecto de la decisi\u00f3n tomada, por medio de la cual se resolvi\u00f3 lo relativo a los recursos de casaci\u00f3n que tanto la demandante, se\u00f1ora LILIANA MAR\u00cdA POSADA ARBOLEDA, como el accionado, se\u00f1or ANTONIO MAR\u00cdA ZULUAGA BETANCOURT, interpusieron contra la sentencia PROFERIDA el 22 de marzo de 2013 por El Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogot\u00e1, Sala de Familia, en el proceso ordinario entre ellos rituado. <\/p>\n
Mi disenso con la decisi\u00f3n tomada por la Sala, se encamina a sostener que ha debido prosperar el recurso extraordinario presentado por la actora en cuanto critica lo expuesto por el Tribunal en la sustentaci\u00f3n del fallo para negar la existencia de la sociedad patrimonial entre las partes, ya que considero que una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los hechos y de las normas jur\u00eddicas que han debido aplicarse al caso debi\u00f3 llevar a casar la sentencia impugnada y en su lugar a proferir sentencia sustitutiva acogiendo las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Se sabe que en el libelo con el que se dio inicio al litigio, que milita en los folios 30 a 34 del cuaderno No. 1, subsanado con el escrito de folios 40 y 41 siguientes, se solicit\u00f3 declarar que entre las partes \u201cexisti\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho desde el 11 de abril de 1992, hasta el 21 de noviembre de 2009\u201d y la correspondiente sociedad patrimonial, as\u00ed como disponer la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de esta \u00faltima, se\u00f1alando como sustento de dichos pedimentos, que la gestora adujo que convivi\u00f3 con el demandado durante el lapso comprendido entre las fechas atr\u00e1s indicadas; que en ese tiempo procrearon a Laura Zuluaga Posada, quien fue reconocida como hija por aqu\u00e9l; que en virtud de dicho v\u00ednculo, surgieron tanto la uni\u00f3n marital de hecho como la sociedad patrimonial cuyo reconocimiento solicita; que la \u00faltima est\u00e1 conformada por los bienes relacionados en el mismo libelo; y que la referida relaci\u00f3n termin\u00f3 cuando el accionado abandon\u00f3 el hogar com\u00fan. <\/p>\n
En la primera instancia el juzgado de conocimiento neg\u00f3 las pretensiones y apelado el fallo por la promotora del juicio, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala de Familia, mediante el suyo, que data del 22 de marzo de 2013 (fls. 19 a 51, cd. 7), resolvi\u00f3, entre otras decisiones, DECLARAR que entre ANTONIO MAR\u00cdA ZULUAGA BETANCOURT y LILIANA MAR\u00cdA POSADA ARBOLEDA existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho desde el d\u00eda once (11) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992) y hasta el d\u00eda veintiuno (21) de noviembre de dos mil nueve (2009) Y NEGAR el reconocimiento de la sociedad patrimonial pretendida. <\/p>\n
El ad quem infiri\u00f3 la satisfacci\u00f3n de la totalidad de los supuestos que permiten el reconocimiento jur\u00eddico de la uni\u00f3n marital de hecho, seg\u00fan se desprenden del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 54 de 1990, en particular, la \u201cidoneidad marital\u201d, la \u201csingularidad\u201d, la \u201ccomunidad de vida\u201d y la \u201ccausa marital\u201d. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la segunda de tales premisas, destac\u00f3 que en el sub lite Zuluaga Betancourt afirm\u00f3, \u201cde una parte, que (\u2026) sostuvo uni\u00f3n marital de hecho con la se\u00f1ora LILIANA MAR\u00cdA POSADA ARBOLEDA, y por la otra, que se encuentra casado con la se\u00f1ora FLOR ALBA FORERO VEL\u00c1SQUEZ\u201d, y precis\u00f3: <\/p>\n
El se\u00f1or demandado quiere mostrar la relaci\u00f3n que sostuvo con la se\u00f1ora LILIANA desde una perspectiva diferente de la que se alega, pero no logra probarlo, aunque sus testigos as\u00ed lo respalden con el argumento principal de que era casado y viv\u00eda con su esposa e hijos, puesto que sus testimonios y documentos aportados como pruebas no dan la certeza de que as\u00ed fuera, debido a que visitaban o ve\u00edan a la pareja de esposos en contadas ocasiones, entonces en realidad ellos no ten\u00edan conocimiento de c\u00f3mo era verdaderamente la relaci\u00f3n del se\u00f1or ANTONIO con la se\u00f1ora FLOR ALBA; cosa diferente sucede con las pruebas aportadas por la demandante, pues logran probar su dicho, ya que sus testimonios, no tachados de falsos por la contraparte, narran la situaci\u00f3n familiar de los contendientes, la que pudieron percibir de manera directa dado que frecuentaban a la pareja (reuniones, paseos) as\u00ed como a su hogar, advirtiendo entre ellos, trato de marido y mujer, as\u00ed como la conformaci\u00f3n de una familia junto a su hija LAURA, menor que en entrevista rendida ante al a-quo, asegur\u00f3 que desde peque\u00f1a y hasta la fecha en que sus padres se separaron, siempre convivieron como una familia. De otra parte, los informes psicol\u00f3gicos de la se\u00f1ora LILIANA expedidos por la EPS Compensar (ver prueba documentos No. 37), as\u00ed como el caso de la se\u00f1ora LILIANA y el se\u00f1or ANTONIO tramitado en la Comisar\u00eda Once de Familia de Bogot\u00e1 (\u2026) (ver prueba documental No. 46) se agregan a lo anteriormente analizado, para concluir la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho solicitada (se subraya). <\/p>\n
Finalmente, sobre los \u201cefectos patrimoniales de la uni\u00f3n marital de hecho\u201d, trajo a colaci\u00f3n el mandato del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990 y estim\u00f3 que el presente asunto podr\u00eda, en principio, subsumirse dentro de la hip\u00f3tesis contemplada por \u201cel literal b) de la norma rese\u00f1ada, esto es, existencia de uni\u00f3n marital de hecho por un lapso superior a dos a\u00f1os y con impedimento legal para contraer matrimonio por parte del demandado, sino (sic) fuera por el hecho de que la sociedad conyugal conformada en el matrimonio por \u00e9l contra\u00eddo con la se\u00f1ora FLOR ALBA FORERO VEL\u00c1SQUEZ (ver documento folio 49), no est\u00e1 disuelta y liquidada, lo que impide indiscutiblemente declarar la sociedad patrimonial, pues el efecto buscado por la [l]ey es el de impedir la concurrencia de sociedades patrimoniales o conyugales\u201d (se subraya), planteamiento que sustent\u00f3 con reproducci\u00f3n parcial de un fallo de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En esa forma el Tribunal coligi\u00f3, en primer lugar, la pertinencia de reconocer la uni\u00f3n marital de hecho demandada, \u201cse\u00f1al\u00e1ndose como fecha de inicio la indicada en el libelo gestor, es decir, el 11 de abril de 1992, teniendo en cuenta que el demandado no se opuso a la misma y la mayor\u00eda de los testigos hacen alusi\u00f3n a dicha anualidad (\u00e9poca del falso matrimonio entre los aqu\u00ed litigantes o inicio del \u2018romance\u2019), y como fecha de terminaci\u00f3n, el d\u00eda 21 de noviembre de 2009, conforme a la demanda, toda vez que las testigos LUZ MARY LONDO\u00d1O DELGADO y GRACIELA CARLINA ESTHER S\u00c1NCHEZ PE\u00d1ARANDA, as\u00ed como la hija com\u00fan de las partes, joven LAURA ZULUAGA POSADA, coinciden en afirmar que aconteci\u00f3 en el mes de noviembre de 2009 aproximadamente, aseveraci\u00f3n \u00e9sta que no logra desvirtuar el accionado con la versi\u00f3n de su testigo se\u00f1or CARLOS ARTURO CLAVIJO AGUILAR, quien s\u00f3lo refiri\u00f3 que sucedi\u00f3 a principios del a\u00f1o 2009, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que a los dem\u00e1s deponentes, nada les consta al respecto\u201d. <\/p>\n
Y, en segundo t\u00e9rmino, que \u201cno habr\u00e1 lugar, al reconocimiento de la pretendida sociedad patrimonial, ante la vigencia del v\u00ednculo matrimonial contra\u00eddo entre ANTONIO MAR\u00cdA ZULUAGA BETANCOURT y FLOR ALBA FORERO VEL\u00c1SQUEZ, as\u00ed como de la sociedad conyugal que de ella emerge, en atenci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 2\u00ba de la ley 54 de 1990\u201d. <\/p>\n
Como ya se dijo, las dos partes impugnaron la sentencia del Tribunal. La demandante, en el libelo con el que sustent\u00f3 el recurso extraordinario, propuso tres cargos, todos soportados en la causal primera de casaci\u00f3n, dirigidos a combatir la desestimaci\u00f3n que el Tribunal hizo de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, peticionada en el escrito con el que se dio inicio a la controversia. <\/p>\n
Por su parte, el accionado, en pro del cuestionamiento que formul\u00f3, plante\u00f3 un \u00fanico cargo, con el que busc\u00f3 resquebrajar el fallo en cuanto declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho que hall\u00f3 acreditada entre las partes, habida cuenta que, en concepto del recurrente, el requisito de \u201csingularidad\u201d fue desvirtuado con las pruebas de proceso. <\/p>\n
De los cuatro cargos presentados contra la sentencia de segunda instancia, considero que ha debido prosperar el CARGO SEGUNDO formulado por la demandante LILIANA MAR\u00cdA POSADA ARBOLEDA con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, mediante el cual reproch\u00f3 el quebranto indirecto del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, como consecuencia de los errores de hecho en que incurri\u00f3 el ad quem al apreciar las pruebas del proceso que luego individualiz\u00f3. <\/p>\n
En la acusaci\u00f3n, tras advertir que el Tribunal neg\u00f3 el reconocimiento de la sociedad patrimonial a la luz del literal b) de la norma arriba indicada y debido a que la sociedad conyugal conformada por el hecho del matrimonio del demandado con la se\u00f1ora Flor Alba Forero Vel\u00e1squez no se encuentra disuelta, el censor afirm\u00f3 que la base probatoria de ese razonamiento \u201cno tiene asidero en el orden legal colombiano\u201d. Al respecto explic\u00f3 que la prueba que tuvo en cuenta el Tribunal para arribar a tal inferencia, fue el registro civil de matrimonio obrante a folio 49 del cuaderno principal y, en torno del mismo, previa invocaci\u00f3n y reproducci\u00f3n de los art\u00edculos 2\u00ba, 5\u00ba, 8\u00ba, 10\u00ba, 11, 22, 44-4, 67, 68, 69-2, 89, 101, 102, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970. A continuaci\u00f3n aclar\u00f3 que tanto el matrimonio civil, como el cat\u00f3lico, deben inscribirse en el registro civil de nacimiento de los contrayentes; a\u00f1adi\u00f3 que \u201cno se p[uede] exigir a una compa\u00f1era permanente que verifique si en alguna [n]otar\u00eda del pa\u00eds reposa un acta de matrimonio de su compa\u00f1ero permanente\u201d, en procura de establecer su verdadero estado civil; precis\u00f3 que, por ende, la forma de efectuar tal constataci\u00f3n, es con el registro civil de nacimiento; y reiter\u00f3 que, por ende, es aplicable aqu\u00ed el mandato del art\u00edculo 107 del Decreto 1260 de 1970, cuando ordena que \u201cning\u00fan hecho, acto o providencia relativos al estado civil o la capacidad de las personas y sujeto a registro, surtir\u00e1 efectos respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En refuerzo de lo anterior, el censor trajo a colaci\u00f3n el mandato del art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2668 de 1998, en el que se exige, para la celebraci\u00f3n de matrimonio ante notario, que con la solicitud se aporte el registro civil de nacimiento de los pretendientes y, si se trata de segundas nupcias, se allegue, adem\u00e1s, el de defunci\u00f3n del c\u00f3nyuge con el que estuvo unido el respectivo contrayente, o los registros civiles donde figure inscrito el divorcio, la nulidad o la dispensa pontificia, as\u00ed como un inventario solemne de bienes, en caso de existir hijos menores. <\/p>\n
El cargo, en esencia, refiri\u00f3 que el ad quem err\u00f3 de hecho cuando, con apoyo exclusivo en el indicado registro civil de matrimonio, dedujo que el accionado era casado y que estaba vigente la sociedad conyugal conformada por su matrimonio, toda vez que era indispensable que el advertido nexo conyugal se inscribiera tambi\u00e9n en el registro civil de nacimiento de los esposos, sin que en el del se\u00f1or Zuluaga Betancourt aparezca nota alguna al respecto, como se constata en el que aport\u00f3 la accionante al subsanar la demanda, que dicho sentenciador no apreci\u00f3, por lo que el mencionado v\u00ednculo le es inoponible a aqu\u00e9lla, al tenor de lo reglado en el art\u00edculo 107 del Decreto 1260 de 1970. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al Estado Civil y sus fines, se ha dicho que la vida en sociedad, cada vez m\u00e1s compleja, exige la individualizaci\u00f3n de sus integrantes, como expresi\u00f3n del reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica, derecho en favor de todos previsto en el art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Con ese objetivo, se impone al Estado y, por contera, a la ley, fijar las reglas que permitan determinar la posici\u00f3n que cada quien ocupa en el conglomerado, para lo cual, el punto de partida es el sitio que el sujeto tiene en la familia dentro de la que naci\u00f3 y\/o que llegue a conformar. <\/p>\n
Dicha individualizaci\u00f3n constituye el estado civil de las personas que, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1260 de 1970, es la \u201csituaci\u00f3n jur\u00eddica en la familia y la sociedad\u201d atribuible a cada quien, que \u201cdetermina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones\u201d. <\/p>\n
De los principios anteriormente rese\u00f1ados, se infiere que ocurridos los hechos, o celebrados los actos, o ejecutoriadas las decisiones judiciales o administrativas correspondientes, se radica en los asociados el estado civil que la ley fija como consecuencia de unos y otras. <\/p>\n
Es as\u00ed como del hecho del nacimiento, se infiere el g\u00e9nero de la persona, su nacionalidad, edad y filiaci\u00f3n extramatrimonial o leg\u00edtima en relaci\u00f3n con sus progenitores, entre otros factores. A su turno, acaecida la muerte, sobreviene forzosamente el fin del sujeto. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de actos, es claro que el reconocimiento voluntario de hijos o su legitimaci\u00f3n, una vez se realizan, var\u00edan la filiaci\u00f3n del reconocido o del legitimado; y que la celebraci\u00f3n del matrimonio, concede a quienes as\u00ed proceden el estatus de casado, estado civil que, sin duda, traduce para ellos la adquisici\u00f3n de nuevos derechos y obligaciones, que antes no ten\u00edan. <\/p>\n
Por su parte, igual incidencia tienen, en el \u00e1mbito del estado civil de las personas, las sentencias judiciales que resuelven las acciones de estado -reclamaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la maternidad y\/o de la paternidad-, las relativas a la capacidad de las personas, las tocantes con la vigencia del matrimonio y la sociedad conyugal, as\u00ed como las concernientes con la uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, para s\u00f3lo citar algunas. <\/p>\n
Como se ve, el estado civil es el efecto jur\u00eddico que se radica autom\u00e1ticamente en cabeza del respectivo interesado, como consecuencia de la ocurrencia de ciertos hechos, o de la celebraci\u00f3n de unos determinados actos, o de la firmeza de unas especificas providencias, seg\u00fan la calificaci\u00f3n que al respecto contempla la ley. <\/p>\n
En palabras de la Corte: <\/p>\n
Los hechos, actos o providencias que determinan el estado civil, otorgan a la persona a quien se refieren, una precisa situaci\u00f3n jur\u00eddica en la familia y la sociedad y la capacitan para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. El estado civil, pues, surge una vez se reali[zan] los hechos constitutivos del mismo, como nacer de padres casados, o inmediatamente ocurra el acto que lo constituye como el celebrar matrimonio, o, en fin, cuando queda en firme la sentencia que lo determina, como en el caso de la declaraci\u00f3n de paternidad [extramatrimonial]. Un determinado estado civil se tiene, entonces, por la ocurrencia de los hechos o actos que lo constituyen o por el proferimiento de la respectiva providencia judicial que lo declara o decreta3 (se subraya). <\/p>\n
De esa comprensi\u00f3n se infiere, a la vez, la gran importancia que para cada quien tiene el estado civil, pues la individualizaci\u00f3n que \u00e9l comporta, constituye el inicio del reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica, con todo lo que ella supone, y se erige como la puerta de acceso a muchos de los derechos y de las obligaciones que el orden jur\u00eddico reconoce. <\/p>\n
La existencia de la persona humana, que principia con el nacimiento, da el derecho, entre muchos m\u00e1s, a conservar la vida y la integridad personal, a la libertad, al nombre y a tener una familia (arts. 11 a 14 y 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n
La condici\u00f3n de ciudadano habilita el derecho a votar, a \u201cser elegido\u201d y a \u201cdesempe\u00f1ar cargos p\u00fablicos que lleven anexa autoridad o jurisdicci\u00f3n\u201d (art. 99, ib.). <\/p>\n
La mayor\u00eda de edad determina, en l\u00edneas generales, la plena capacidad para el ejercicio de todos los derechos pol\u00edticos y civiles (arts. 34 y 314, numeral 3\u00ba, del C\u00f3digo Civil, en concordancia con la Ley 27 de 1977). <\/p>\n
S\u00f3lo los mayores de 18 a\u00f1os, pueden casarse libremente (art. 116 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
Los correlativos negativos, permiten entrever las restricciones que del estado civil se desprenden. <\/p>\n
Se trata, pues, de un atributo inmanente a la persona humana, necesario para que sea titular de los derechos y obligaciones que se derivan de \u201c\u2018(\u2026) la singular posici\u00f3n o situaci\u00f3n jur\u00eddica del sujeto frente al Estado, la sociedad y la familia (\u2026)\u2019\u201d4. <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, el mismo Decreto 1260 de 1970 estableci\u00f3 el registro del estado civil de las personas e impuso el deber de inscribir en \u00e9l todos y cada uno de los hechos, actos y providencias que lo configuran, como pasa a constatarse. <\/p>\n
Art. 5\u00ba.- Los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas deben ser inscritos en el competente registro civil, especialmente los nacimientos, reconocimientos de [hijos extramatrimoniales], legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonio, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambios de nombre, declaraciones de seud\u00f3nimos, manifestaciones de avecindamiento, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de presunci\u00f3n de muerte, as\u00ed como los hijos inscritos, con indicaci\u00f3n del folio y el lugar del respectivo registro (se subraya). <\/p>\n
Art. 6\u00ba.- La inscripci\u00f3n de las providencias judiciales y administrativas que afecten el estado civil o la capacidad de las personas, se har\u00e1 en el competente registro del estado civil (se subraya). <\/p>\n
En desarrollo de ello, previ\u00f3 que su archivo estuviese compuesto por los siguientes elementos: \u201c1. El registro de nacimientos. 2. El registro de matrimonios. 3. El registro de defunciones. 4. Los \u00edndices de los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones. 5. El libro de visitas, y 6. El archivador de documentos\u201d (art. 8\u00ba). <\/p>\n
Adicionalmente, fij\u00f3 las reglas generales sobre el registro (arts. 18 a 43) y las particulares concernientes con los registros de nacimiento (arts. 44 a 66), de matrimonio (arts. 67 a 72) y de defunci\u00f3n (arts. 73 a 87); estableci\u00f3 el r\u00e9gimen para la correcci\u00f3n y reconstrucci\u00f3n de las inscripciones (arts. 88 a 101); regul\u00f3 todo lo atinente a las pruebas del estado civil (arts. 101 a 107); se ocup\u00f3 de la expedici\u00f3n de copias y certificados (arts. 110 a 117); y determin\u00f3 los funcionaros encargados de llevar el registro (arts. 118 a 122). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con este sistema de registro, debe destacarse que sirve a tres fines espec\u00edficos: brindarle publicidad a los hechos, actos y decisiones concernientes con el estado civil; revestir a unos y otras de seguridad; y servir de prueba del estado civil de las personas. <\/p>\n
En tanto que, como ya se se\u00f1al\u00f3, el estado civil corresponde a la situaci\u00f3n que cada quien tiene en la sociedad, en virtud de la cual la ley confiere a las personas determinados derechos y\/o les impone ciertas obligaciones, es evidente que \u00e9l trasciende la esfera personal del respectivo titular y, de esta manera, incide o afecta a otros. <\/p>\n
Ense\u00f1a la doctrina nacional, que el referido instituto \u201ctiene tres finalidades fundamentales que son la publicidad, la seguridad y la prueba. (\u2026). Se dice que el fin principal del registro del estado civil es la publicidad de \u2018los hechos, actos, providencias, manifestaciones y declaraciones que constituyen o afectan el estado civil, para que el conglomerado social pueda conocer estas circunstancias en cuanto le incumban, a fin de que con justeza pueda predicarse la condici\u00f3n erga omnes del estado civil y sus calidades\u2019 (Derecho Notarial Colombiano. Manuel Cubides Romero, p\u00e1gina 396). Publicidad que no debe vulnerar la intimidad de las personas, por lo cual, por ejemplo, cuando se expide copia del acta de nacimiento, s\u00f3lo se insertan los datos relativos a la filiaci\u00f3n cuando son necesarios para comprobar el parentesco para ejercer derechos tales como el de herencia\u201d (se subraya)6. <\/p>\n
En cuanto hace a la publicidad del registro, se colige que es ella la que otorga al estado civil efectos erga omnes. <\/p>\n
Con base en las pautas generales que se dejan consignadas, es del caso puntualizar que, entre otros, son sujetos de registro todos los hechos, actos y providencias relativos al matrimonio y a su r\u00e9gimen econ\u00f3mico (sociedad conyugal), como lo consagra el art\u00edculo 5\u00ba atr\u00e1s reproducido. <\/p>\n
En cuanto hace al matrimonio, propio es notar que por su importancia en la vida de las personas, particularmente, porque de su celebraci\u00f3n surge la familia constituida por v\u00ednculos jur\u00eddicos (art. 42, C.P.), se trata de un acto calificado expresamente por la ley como incidente del estado civil y, por lo mismo, sujeto de registro. <\/p>\n
Estas condiciones, como es l\u00f3gico entenderlo, se comunican a la plenitud de los hechos, actos y providencias que de manera importante afectan ese nexo o que conciernan con el r\u00e9gimen patrimonial que de \u00e9l se desprende. <\/p>\n
Ello explica que el sistema de registro del estado civil contemple que el matrimonio, todo lo relativo a \u00e9l y a la sociedad conyugal que emerge de su celebraci\u00f3n, se inscriba en una partida especial, el \u201cRegistro de matrimonios\u201d, y, adem\u00e1s, en el registro civil de nacimiento, como pasa a verificarse. <\/p>\n
Por mandato del art\u00edculo 67 del Decreto 1260 de 1970, todos los matrimonios realizados en el pa\u00eds, \u201cse inscribir\u00e1n en la oficina correspondiente al lugar de su celebraci\u00f3n\u201d; y los verificados en el extranjero \u201centre dos colombianos por nacimiento, entre un colombiano por nacimiento y un extranjero, entre dos colombianos por adopci\u00f3n, o entre un colombiano por nacimiento y uno por adopci\u00f3n, (\u2026), en la primera oficina encargada del registro del estado civil en la capital de la Rep\u00fablica\u201d, hoy en cualquiera del Distrito Capital. <\/p>\n
A su turno, seg\u00fan voces del art\u00edculo 72 ib\u00eddem, en \u201cel folio de registro de matrimonios se inscribir\u00e1n las providencias que declaren la nulidad del matrimonio o divorcio, o decreten la separaci\u00f3n de cuerpos o la de bienes entre los c\u00f3nyuges, en vista de copia aut\u00e9ntica de ella, que se conservar\u00e1 en el archivo de la oficina. (\u2026). El funcionario del registro del estado civil que inscriba una de tales providencias enviar\u00e1, de oficio, o a solicitud de parte, sendas copias de la inscripci\u00f3n a la oficina central y a aqu\u00e9llas que tengan el folio del registro del nacimiento de los c\u00f3nyuges\u201d (art. 72). <\/p>\n
De forma general, los art\u00edculos 10 y 11 del ordenamiento jur\u00eddico de que se trata, imponen el deber de que en el registro civil de nacimiento se inscriban \u201ctodos los hechos y actos concernientes al estado civil y a la capacidad\u201d de las personas (se subraya). <\/p>\n
En desarrollo de esa directriz, el art\u00edculo 44 del estatuto en comento, norma especial del registro civil de nacimiento, se\u00f1ala que en \u00e9ste \u201cse inscribir\u00e1n: 1 (\u2026) 4. Los reconocimientos de hijo [extramatrimonial], legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonios, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambios de nombre, declaraciones de seud\u00f3nimo, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de presunci\u00f3n de muerte, y en general, todos los hechos y actos relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas\u201d (se subraya). <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 22 dispone: \u201cLos hechos, actos y providencias judiciales o administrativas relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas, distintos de los nacimientos, los matrimonios y las defunciones, deber\u00e1n inscribirse: los atinentes al matrimonio y sus efectos personales y patrimoniales, tanto en el folio del registro de matrimonios, como en el del registro de nacimiento de los c\u00f3nyuges; y los restantes, en el folio de registro de nacimiento de la persona o personas afectadas. (\u2026) El notario que otorgue la escritura contentiva del acto, y el funcionario o corporaci\u00f3n judicial que dicte la providencia, advertir\u00e1n a los interesados la necesidad del registro\u201d (se subraya). <\/p>\n
La arm\u00f3nica comprensi\u00f3n de los precedentes mandatos legales, permite concluir que el matrimonio y todos los hechos, actos y providencias relativos a \u00e9l y\/o al r\u00e9gimen econ\u00f3mico del mismo (sociedad conyugal), deben ser doblemente inscritos: de un lado, en el registro civil de matrimonio; y, de otro, en el de nacimiento de cada uno de los c\u00f3nyuges. <\/p>\n
Y no es que en el segundo deba efectuarse alg\u00fan asiento marginal o accesorio, carente de significaci\u00f3n legal. No. <\/p>\n
Como expresamente figura en los art\u00edculos 11, 22 y 44 atr\u00e1s reproducidos, la obligaci\u00f3n que ellos imponen es la de inscribir, se resalta, en el folio donde conste el nacimiento todos los hechos, actos y providencias relativos al estado civil, entre ellos, los relacionados con el matrimonio y la sociedad conyugal. <\/p>\n
Al respecto, debe recabarse en que, conforme al art\u00edculo 11 del Decreto 1260 de 1970, el registro civil de nacimiento es \u201c\u00fanico y definitivo\u201d y, sobre todo, que es como consecuencia de estas especiales caracter\u00edsticas, que en \u00e9l deben inscribirse \u201ctodos los hechos, y actos concernientes al estado civil, y a la capacidad\u201d del registrado. <\/p>\n
Esa imposici\u00f3n obedeci\u00f3, precisamente, a que se trata de un registro \u201c\u00fanico\u201d, esto es, seg\u00fan el Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola, \u201c[s]olo y sin otro de su especie\u201d; y, adicionalmente, \u201cdefinitivo\u201d, que seg\u00fan la misma obra, significa \u201c[q]ue decide, resuelve o concluye\u201d. <\/p>\n
Ostensible es, por lo tanto, la muy especial naturaleza del registro civil de nacimiento. <\/p>\n
\u00c9l, m\u00e1s que dar fe de la ocurrencia de ese hecho -el nacimiento-, recauda y, concordantemente con ello, refleja toda la historia registral de las personas. Desde el nacimiento hasta la muerte. Est\u00e1 concebido para que de su examen, puedan colegirse todos los factores que integran el estado civil de las personas: lugar de nacimiento, g\u00e9nero, edad, filiaci\u00f3n, si es soltero o casado, su capacidad de ejercicio e, incluso, si tiene hijos. <\/p>\n
Ni el registro civil de matrimonio, ni el de defunci\u00f3n, que en principio s\u00f3lo tienen la vocaci\u00f3n de acreditar tales acto y hecho, respectivamente, pueden reemplazarlo o substituirlo, por tratarse de un registro \u201c\u00fanico\u201d, am\u00e9n que \u00e9l, y s\u00f3lo \u00e9l, es concluyente en cuanto hace al estado civil de las personas, debido a su condici\u00f3n de ser \u201cdefinitivo\u201d. <\/p>\n
Ninguna duda queda, entonces, que la anotaci\u00f3n que en el registro civil de nacimiento debe hacerse de todo hecho, acto o providencia determinante del estado civil, es una verdadera inscripci\u00f3n y que tiene por fin que dicha partida sea la prueba, por excelencia, del estado civil, entendido en sentido global o panor\u00e1mico y no como un factor aislado, o como el hecho, acto o providencia que lo determina, individualmente considerado o considerada. <\/p>\n
Ahora, sobre los efectos de la inscripci\u00f3n, reza el art\u00edculo 107 del Decreto 1260 de 1970: <\/p>\n
Por regla general, ning\u00fan hecho, acto o providencia relativo al estado civil o la capacidad de las personas y sujeto a registro, surtir\u00e1 efecto respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripci\u00f3n. <\/p>\n
Se trata, pues, de un supuesto legal de oponibilidad condicionada o restringida, como medida de protecci\u00f3n a los terceros, en tanto que, como se aprecia, la norma sienta como regla general que los hechos, actos y providencias concernientes con el estado civil de las personas, sujetos a registro, s\u00f3lo producen efectos frente a \u00e9stos, a partir de su debida inscripci\u00f3n. <\/p>\n
Correlativamente, puede colegirse que la norma contempla un caso de inoponibilidad por defecto de publicidad. <\/p>\n
Llegados a este punto, debe puntualizarse que si bien es verdad los actos jur\u00eddicos, en sentido amplio, por regla de principio, solamente est\u00e1n llamados a materializarse en frente de quienes los celebraron, tambi\u00e9n lo es que muchos de sus efectos indirectos o de rebote, pueden recaer en los terceros, quienes, de darse as\u00ed las cosas, se ver\u00edan afectados. <\/p>\n
Dicha figura, en su verdadera esencia, no es una sanci\u00f3n propiamente dicha de los actos y negocios jur\u00eddicos, pues no compromete la validez de los mismos, sino que es \u201cuna medida de protecci\u00f3n que permite a los terceros desconocer [las] consecuencias indirectas de los actos o contratos ajenos, cuando aquellas le sean perjudiciales\u201d7. <\/p>\n
Sobre la base de que todos los actos y contratos despliegan su potencial en frente de quienes los celebran -efectos directos8-, pero que pueden afectar a personas extra\u00f1as a ellos -efectos indirectos9-, se advierte que la inoponibilidad s\u00f3lo opera respecto de los segundos y, m\u00e1s exactamente, en relaci\u00f3n con el espec\u00edfico efecto indirecto que afecta negativamente al tercero. <\/p>\n
Como se ve, el objetivo de la figura en comento no es invalidar el acto, ni impedir que produzca efectos, sino proteger al tercero de una determinada consecuencia perjudicial que de \u00e9l se deriva, a la que le quita eficacia. <\/p>\n
Manteni\u00e9ndose v\u00e1lido el acto, propio es reconocer que \u00e9l conserva toda su fuerza intr\u00ednseca y que, por lo mismo, sigue irradiando los efectos que le son propios frente a quienes lo celebraron (eficacia directa), as\u00ed como los que no son perjudiciales a los extra\u00f1os (eficacia indirecta). <\/p>\n
El \u00fanico efecto que se torna inoponible es, por consiguiente, el que afecta al tercero. Los dem\u00e1s, directos e indirectos, se siguen generando. <\/p>\n
En palabras de autorizados expositores extranjeros, los \u201cterceros est\u00e1n facultados, pues, para oponerse a que los alcancen los efectos de un acto jur\u00eddico v\u00e1lido o los de la nulidad, revocaci\u00f3n o resoluci\u00f3n del acto, efectos que los perjudican\u201d (se subraya)10. <\/p>\n
En punto de la inoponibilidad por falta de publicidad, propio es observar que ella tiene cabida frente a los actos en relaci\u00f3n con los cuales \u201cla ley establece ciertos requisitos de publicidad que permiten presumir que los terceros est\u00e1n informados de [su] existencia (\u2026)\u201d11. El incumplimiento de estas formalidades, como es l\u00f3gico entenderlo, habilita pensar lo contrario, es decir, que los terceros ignoran el acto y que, por lo mismo, en sus relaciones jur\u00eddicas, no est\u00e1n compelidos a contemplar los efectos del mismo. <\/p>\n
En el \u00e1mbito del derecho chileno, asimilable al colombiano, se ha dicho: <\/p>\n
Por otra parte, cabe tener en cuenta que si se revisan los diversos supuestos que en general la doctrina propone como casos de inoponibilidad -bajo las categor\u00edas antedichas de forma y fondo- se advierte que todos ellos pueden, tambi\u00e9n, presentarse como dos categor\u00edas que se organizan a partir del fundamento que las justifica: <\/p>\n
– la protecci\u00f3n a la apariencia jur\u00eddica y, por consiguiente, a la seguridad del tr\u00e1fico y <\/p>\n
– la anterioridad o los derechos adquiridos. <\/p>\n
En efecto, supuestos relevantes se vinculan con la ausencia de formalidades de publicidad, destinadas a dar a conocer a los terceros la celebraci\u00f3n de un acto, o la creaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de una situaci\u00f3n jur\u00eddica. De ah\u00ed que frente a la ignorancia o desconocimiento de la realidad por parte del tercero se le confiere protecci\u00f3n por haber desplegado su propia actuaci\u00f3n confiando en la apariencia que se gener\u00f3 por dicha omisi\u00f3n, permiti\u00e9ndole comportarse conforme a ella y no a la realidad12. <\/p>\n
Surge como corolario de lo anterior, que el acto que por mandato de la ley debe ser publicitado, \u00fanicamente est\u00e1 llamado a producir efectos en relaci\u00f3n con los terceros, a partir de cu\u00e1ndo se cumpla con su divulgaci\u00f3n. <\/p>\n
Sentadas esas premisas generales, pertinente es deducir la compatibilidad del fen\u00f3meno examinado con los hechos, actos y providencias determinantes del estado civil de las personas, independientemente de que en este supuesto, el fundamento de la inoponibilidad sean las reglas de protecci\u00f3n de la apariencia, o de la anterioridad, o la combinaci\u00f3n de ambas. <\/p>\n
Ense\u00f1a el profesor espa\u00f1ol Ragel S\u00e1nchez: <\/p>\n
A trav\u00e9s de la inoponibilidad, se faculta a una persona, a quien se suele llamar tercero, por ser extra\u00f1o a una actuaci\u00f3n jur\u00eddica determinada, para no respetar los efectos indirectos que el acto ajeno produce, cuando no ha tenido posibilidades de tomar conocimiento de esa realidad. <\/p>\n
Hemos analizado en el apartado anterior el supuesto m\u00e1s sencillo, consistente en la adquisici\u00f3n de los derechos del tercero, cuando es anterior a la fecha de realizaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n jur\u00eddica ajena. <\/p>\n
Estudiaremos a continuaci\u00f3n algunos supuestos en que, combinando las normas de protecci\u00f3n a la apariencia y las normas de protecci\u00f3n a la anterioridad, se llega a un resultado de inoponibilidad. Cuando la norma reguladora de una actuaci\u00f3n jur\u00eddica hace una reserva en favor de los terceros de buena fe que conf\u00edan en la apariencia, en tanto no se produzca la constancia p\u00fablica o registral de aquel acto, o el conocimiento efectivo por parte del tercero, puede llegarse a un resultado de inoponibilidad, aunque la adquisici\u00f3n de los derechos por el tercero no sea anterior al acto jur\u00eddico ajeno. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Lo mismo sucede con el matrimonio celebrado y, por lo tanto, v\u00e1lido entre los contrayentes, que ser\u00e1 inoponible para el tercero que lo desconozca, mientras no se haya inscrito en el Registro civil. La primera parte del art\u00edculo 61 del Cc. significa que el matrimonio tiene efectos inter partes desde el mismo momento de la celebraci\u00f3n. El marido y la mujer est\u00e1n casados y tienen todos los derechos y obligaciones dimanantes del matrimonio, h\u00e1yase o no inscrito tal matrimonio en el Registro civil. Sin embargo, los efectos del matrimonio no inscrito no son totales con respecto a los terceros que desconozcan esa situaci\u00f3n jur\u00eddica, que est\u00e1n especialmente protegidos por el Derecho: pueden considerar como no existente el matrimonio de esas otras personas, que no ha sido inscrito, ni se le ha dado a conocer. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El tercero que entra en contacto patrimonial con una persona, ignorando que est\u00e1 casada, tiene derecho a considerarla soltera o, en otros t\u00e9rminos, puede actuar como si no se hubiera celebrado -es inoponible- el matrimonio que no est\u00e1 inscrito en el Registro civil. Los art\u00edculos 61 y 64 del Cc. protegen al tercero que contrata con uno de los c\u00f3nyuges con posterioridad a la celebraci\u00f3n del matrimonio, ignorando su existencia, por no hab\u00e9rsele hecho saber y por no constar inscrito en el Registro civil. <\/p>\n
Sin embargo, cuando el tercero es advertido de la realidad, discrepante de la apariencia que se infiere del Registro, con anterioridad a la adquisici\u00f3n de su derecho, ya no podr\u00e1 alegar la inoponibilidad de la actuaci\u00f3n jur\u00eddica ajena, porque la conoci\u00f3 efectivamente y la tuvo en cuenta antes de emitir su consentimiento; en otras palabras, la actuaci\u00f3n ajena le es oponible, aunque la apariencia que dimana de lo que publica el Registro sea distinta. En tales casos, el tercero ya no es un tercero de buena fe, pues conoce efectivamente la realidad. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el juego combinado de normas que protegen la apariencia y de las normas que protegen la anterioridad dan como resultado la idea de que, para el tercero de buena fe que conf\u00eda en la apariencia, la fecha del acto jur\u00eddico ajeno es la de su inscripci\u00f3n en el Registro correspondiente o la del d\u00eda en que le fue comunicada la existencia de ese acto, si a\u00fan no se hab\u00eda verificado la inscripci\u00f3n. <\/p>\n
El momento trascendental, a los fines de nuestra investigaci\u00f3n, ser\u00e1 el del acceso del acto jur\u00eddico a un Registro o el momento a partir del cual puede probarse en contra del tercero la realidad que se quiere imponer. Los derechos que adquiera el tercero con anterioridad a ese momento, cuando la ley contemple esa medida protectora, podr\u00e1n ejercitarse como si el acto no se hubiera producido (inoponibilidad), mientras que los derechos que adquiera con posterioridad a ese momento tendr\u00e1n que acomodarse a la nueva situaci\u00f3n jur\u00eddica (oponibilidad) (se subraya)13 y 14. <\/p>\n
Similares pr\u00e9dicas caben hacerse respecto del art\u00edculo 107 del Decreto 1260 de 1970, que se estudia. <\/p>\n
La debida inscripci\u00f3n en el registro civil de las personas de los hechos, actos o providencias determinantes del estado civil, marca el momento a partir del cual todos los efectos indirectos o reflejos que de esas situaciones jur\u00eddicas dimanan, particularmente, los patrimoniales, se proyectan a los terceros. <\/p>\n
Por consiguiente, en el caso del matrimonio, ninguna relaci\u00f3n jur\u00eddica de persona distinta a los contrayentes, puede verse incidida negativamente por los efectos de ese acto, si para el momento de consolidarse aqu\u00e9lla, \u00e9ste no hab\u00eda sido inscrito en el registro civil con plena sujeci\u00f3n a la ley y no era conocido por el tercero. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los art\u00edculos 106 y 107 del \u201cEstatuto del Registro del Estado Civil de las Personas\u201d, la doctrina nacional ha observado que ellos prev\u00e9n \u201cque ninguno de los hechos, actos o providencias referentes al estado civil de las personas o a la capacidad de estas, hace fe en ning\u00fan proceso ni ante ninguna autoridad si no se ha cumplido con el requisito de su inscripci\u00f3n en el registro, con excepci\u00f3n, como es obvio, de los hechos cuya demostraci\u00f3n no exija legalmente la formalidad del registro. Y en cuanto al efecto acerca de terceros, el art. 107 estatuye que en las condiciones establecidas por el art\u00edculo anterior, solamente lo producir\u00e1 desde la fecha de la respectiva inscripci\u00f3n. Como se observa, preocupaci\u00f3n primordial del estatuto es el logro de un fin b\u00e1sico: que todo hecho, acto o providencia judicial que se refiera al estado civil de las personas, conste, de manera forzosa, en el registro; de ah\u00ed que de esta formalidad haga depender en la pr\u00e1ctica, su validez, y que solo desde la fecha del registro reconozca los efectos que el hecho, acto o providencia tenga con relaci\u00f3n a los terceros\u201d (se subraya)15. <\/p>\n
Y sobre el \u00faltimo de esos preceptos, la Corte en un viejo fallo que, hay que decirlo, no es dechado de claridad, admiti\u00f3 que el principio relativo a la \u201cunidad del estado civil\u201d est\u00e1 \u201catemperado para determinadas circunstancias por la inoponibilidad (\u2026) de dicho estado, o mejor de sus efectos, especialmente los de \u00edndole patrimonial, como lo contempla el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 10 de la Ley 75 de 1968\u201d, tras lo cual precis\u00f3 que \u201c[p]ara tener en cuenta esta inoponibilidad que, por v\u00eda de excepci\u00f3n, llegue a reducir el \u00e1mbito de la unidad del estado civil, es indispensable que el conflicto verse directa(\u2026) o exclusiva[mente] sobre el estado civil en discusi\u00f3n o sobre sus directas consecuencias, o mejor dicho sobre sus alcances primarios y espec\u00edficos\u201d16 (se subraya), planteamientos que, como se sigue de ellos, no pueden ser blandidos para afirmar que esta Corporaci\u00f3n, desde entonces, neg\u00f3 de plano la inoponibilidad del estado civil, pues, por el contrario, como se observa, acept\u00f3 su ocurrencia excepcional, especialmente, trat\u00e1ndose de los efectos patrimoniales. <\/p>\n
Ahora bien, si como ya se precis\u00f3, la inoponibilidad deriva de la falta de registro y opera \u00fanicamente en relaci\u00f3n con el efecto jur\u00eddico indirecto que perjudica al tercero, mal podr\u00eda afirmarse que ella comporte el desconocimiento, por una parte, del estado civil, en s\u00ed mismo considerado; por otra, de los efectos directos que de \u00e9l se desprenden; y, finalmente, de sus efectos indirectos, en tanto sean indiferentes o ben\u00e9ficos para el tercero, ideas que habilitan el siguiente desarrollo: <\/p>\n
Ya se sabe, porque est\u00e1 explicado, que dados los hechos, actos y providencias determinantes del estado civil, \u00e9ste se configura en cabeza de su titular. <\/p>\n
De suyo, entonces, la falta de inscripci\u00f3n de unos y otras, carece por completo de injerencia en la individualizaci\u00f3n jur\u00eddica del sujeto y, adem\u00e1s, no impide que los efectos directos que de ella se derivan, se produzcan. <\/p>\n
Nacer o morirse son hechos que, por su simple ocurrencia, marcan en el plano jur\u00eddico el inicio y la extinci\u00f3n de la persona humana, con todas las consecuencias que de uno y otro evento se desprenden. <\/p>\n
Contraer matrimonio, es un acto que desde el mismo momento de su celebraci\u00f3n, asigna a los c\u00f3nyuges el estado civil de casados y acarrea que ellos, entre s\u00ed, adquieran los derechos que el v\u00ednculo les concede o resulten gravados con las obligaciones que \u00e9l les impone. <\/p>\n
La firmeza de una sentencia que declara que una persona es hija extramatrimonial de otra, concede certeza de que esa es la filiaci\u00f3n del as\u00ed reconocido y trae consigo el surgimiento de las prerrogativas y deberes que de dicha relaci\u00f3n surge para ellas, conforme a la ley. <\/p>\n
Evidente es que, como se dijo, ni el estado civil, ni los efectos directos que de \u00e9l fluyen, sufren mengua o, siquiera, alteraci\u00f3n, por falta de registro del hecho, acto o providencia determinante del primero. <\/p>\n
Algo parecido ocurre con los efectos indirectos. Se siguen produciendo, salvo los que sean perjudiciales a los terceros. <\/p>\n
Si el acto de reconocimiento de un hijo por parte del padre no se ha inscrito, es claro que aqu\u00e9l, en caso de fallecer el progenitor, no podr\u00eda, sin cumplir con esa formalidad, exigir alimentos al padre de \u00e9ste, por tratarse de un efecto perjudicial para dicho tercero a la relaci\u00f3n filial, propiamente dicha. El abuelo podr\u00e1 aducir en su favor, la inoponibilidad del estado civil del nieto reclamante, habida cuenta la falta de registro del referido reconocimiento. <\/p>\n
Empero ello no significa que en el mismo supuesto, el \u00faltimo no pueda reclamarle al primero alimentos, en caso de necesitarlos. Se trata aqu\u00ed de un efecto indirecto beneficioso para el tercero (el abuelo), que de ser ejercitado, no podr\u00e1 ser contrarrestado por el obligado (hijo reconocido) pretextando la falta de registro del mencionado acto, aunque s\u00ed por otras razones, como es l\u00f3gico entenderlo. <\/p>\n
No inscribir las capitulaciones matrimoniales mediante las cuales uno de los que va a contraer matrimonio torna social un inmueble propio, hace inoponible esa previsi\u00f3n en frente del acreedor que, sin conocer tal estipulaci\u00f3n, acept\u00f3 la constituci\u00f3n por parte de aqu\u00e9l de un gravamen hipotecario sobre el bien y que pretende el pago del cr\u00e9dito protegido con el mismo. <\/p>\n
Pese a lo anterior, la advertida carencia de publicidad no impedir\u00e1 que ese activo, luego de satisfecha la obligaci\u00f3n garantizada con el gravamen hipotecario, se utilice en beneficio de los restantes acreedores, para el pago de las dem\u00e1s deudas quirografarias sociales, o que \u00e9ste como tal entre a la liquidaci\u00f3n del haber social. <\/p>\n
Este nuevo estudio y comprensi\u00f3n del verdadero sentido del art\u00edculo 107 del Decreto 1260 de 1970, permite dejar en claro, a diferencia de lo que en ocasi\u00f3n anterior estim\u00f3 la Corte17, que esos son sus alcances, de suyo bastante restringidos, los cuales no comportan soslayar o invalidar el estado civil de las personas, ni desconocer el principio de unicidad que lo caracteriza; tampoco impedir los efectos directos que de \u00e9l se derivan; ni siquiera obstaculizar los indirectos, que sean indiferentes o ben\u00e9ficos para los terceros. <\/p>\n
La \u00fanica consecuencia que se sigue de la inoponibilidad que se infiere de dicho precepto, es la ineficacia del concreto efecto jur\u00eddico indirecto de un estado civil que resulta perjudicial para un tercero, en favor de quien, por consiguiente, es posible hacer actuar esa medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Por eso en el caso concreto, es patente que el Tribunal s\u00ed incurri\u00f3 en los desaciertos que el censor le imput\u00f3. <\/p>\n
Si para esa autoridad, la vigencia de la sociedad conyugal constituida entre el demandado y la se\u00f1ora Flor Alba Forero Vel\u00e1squez, impidi\u00f3 el surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes cuyo reconocimiento solicit\u00f3 la aqu\u00ed accionante, forzoso es colegir, por lo tanto, que esa Corporaci\u00f3n opuso al derecho reclamado por la se\u00f1ora Liliana Mar\u00eda Posada Arboleda, tercero al indicado nexo marital, el efecto patrimonial derivado del mismo. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, hay que entender que para el ad quem, el matrimonio de los nombrados era cuesti\u00f3n susceptible de ser conocida por la actora, debido a su registro, o de la que ella, efectivamente, estaba informada, porque de lo contrario no hubiese podido haberle hecho producir efectos en frente de esta \u00faltima. <\/p>\n
Ahora bien, como toda esa construcci\u00f3n dial\u00e9ctica la soport\u00f3 el sentenciador de segunda instancia \u00fanicamente en el registro civil de matrimonio que milita en el folio 49 del cuaderno principal, ello traduce que fue de esa prueba, y nada m\u00e1s que de ella, que dedujo la debida inscripci\u00f3n del matrimonio en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Adicion\u00f3 el contenido objetivo del aludido registro civil de matrimonio, en tanto que, como viene de puntualizarse, de \u00e9l dedujo que el contrato matrimonial celebrado por los nombrados esposos se inscribi\u00f3 correctamente, lo que significa que con vista en esa probanza infiri\u00f3 que el se\u00f1alado acto, de un lado, dio lugar a la elaboraci\u00f3n del mentado registro y, de otro, fue anotado en los registros civiles de nacimiento de los c\u00f3nyuges, circunstancia esta \u00faltima que en forma alguna se desprende de dicho documento. <\/p>\n
Y pretiri\u00f3 el registro civil de nacimiento del accionado, que reposa en el folio 39 del mismo cuaderno, toda vez que carece de la inscripci\u00f3n del matrimonio celebrado por su titular. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es inocultable la trascendencia de esos yerros, pues fue como consecuencia de ellos que el juzgador tuvo por debidamente registrado el matrimonio del demandado y, en tal virtud, opuso a la demandante el efecto patrimonial derivado de \u00e9l (sociedad conyugal), para negarle el reconocimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, que ella suplic\u00f3. <\/p>\n
Con otras palabras, si hubiere notado que el referido matrimonio no fue registrado en debida y legal forma, pues no se inscribi\u00f3 en el registro civil de nacimiento de, por lo menos, el c\u00f3nyuge aqu\u00ed accionado, habr\u00eda colegido que el precisado efecto patrimonial (sociedad conyugal) era inoponible a la aqu\u00ed demandante y que, por lo mismo, \u00e9l no se erig\u00eda en obst\u00e1culo para reconocer el derecho invocado por la se\u00f1ora Posada Arboleda, salvo que estuviera probado que esta \u00faltima, al momento de dar inicio a la uni\u00f3n marital que sostuvo con Zuluaga Betancourt, sab\u00eda de la vigencia de la sociedad conyugal que \u00e9l de antes ten\u00eda constituida con la se\u00f1ora Flor Alba Forero Vel\u00e1squez, evaluaci\u00f3n que tampoco realiz\u00f3. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el cargo debi\u00f3 prosperar, por lo que una vez casada la sentencia impugnada en recurso extraordinario, se ha debido proferir sentencia sustitutiva con los alcances antes se\u00f1alados. Es decir, declarando dejando en firme la decisi\u00f3n en cuanto declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho que existi\u00f3 entre las partes, desde el 11 de abril de 1992 y hasta el 21 de noviembre de 2009 y de declar\u00f3 no probadas las excepciones relacionadas con ese t\u00f3pico del proceso, en concreto, las de \u201cINXISTENCIA DE LA UNI\u00d3N MARITAL DE HECHO\u201d y \u201cEXISTENCIA DE V\u00cdNCULO MATRIMONIAL\u201d, pero con el acogimiento del cargo segundo con el que la actora sustent\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n que propuso contra el mismo prove\u00eddo, se debe dar la infirmaci\u00f3n de las determinaciones de negar la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes y de declarar igualmente la excepci\u00f3n de \u201cINEXISTENCIA\u201d de la misma. <\/p>\n
Por lo tanto, ha debido la Corte, en sede de segunda instancia, resolver tales aspectos del proceso, en relaci\u00f3n con los cuales son pertinentes las siguientes apreciaciones: <\/p>\n
Se parte en este salvamento de que el matrimonio de la se\u00f1ora Flor Alba Forero Vel\u00e1squez y el aqu\u00ed accionado no fue debidamente registrado, toda vez que no aparece inscrito en la partida civil de nacimiento del \u00faltimo, como con facilidad puede constatarse en la copia aut\u00e9ntica de ella, que la actora aport\u00f3 al subsanar la demanda y que milita en el folio 39 del cuaderno principal, omisi\u00f3n que constituye un claro incumplimiento del mandato de los art\u00edculos 10, 11 y 44 del Decreto 1260 de 1970 que ordenan que en ese folio deben anotarse, los dos primeros, todos los hechos, actos y providencias relativos al estado civil de las personas y, el \u00faltimo, el \u201cmatrimonio\u201d del inscrito. <\/p>\n
Esa deficiencia registral torna, como igualmente ya se dijo, inoponible cualquier efecto indirecto derivado del aludido v\u00ednculo matrimonial, especialmente, los de car\u00e1cter patrimonial, que puedan afectar negativamente una relaci\u00f3n jur\u00eddica de un tercero, salvo que \u00e9ste, pese a la falta de publicidad del acto, hubiese conocido el mismo y\/o el efecto perjudicial que lo lesiona, antes de dar comienzo a su propia actuaci\u00f3n, pues en tal supuesto se tratar\u00eda de un tercero de mala fe, en favor de quien no podr\u00eda hacerse actuar el referido mecanismo protector. <\/p>\n
Sobre el particular, debe recordarse que la buena fe, se presume y que la mala fe, debe probarse (art\u00edculos 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 769 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
En este orden de ideas, s\u00edguese a ver si en el caso sub lite se acredit\u00f3 que su promotora, no obstante el indebido registro, al momento de dar inicio a la uni\u00f3n marital de hecho que sostuvo con el se\u00f1or Zuluaga Betancourt, sab\u00eda que \u00e9ste conservaba vigente la sociedad conyugal que surgi\u00f3 de su matrimonio, carga demostrativa que reca\u00eda en la parte demandada, en tanto que a ella le correspond\u00eda desvirtuar la buena fe de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Como quiera que el basamento principal de la contestaci\u00f3n de la demanda y, por ende, de la defensa que el accionado adujo en el presente proceso, fue que era \u201clegalmente casado y con sociedad conyugal vigente con la se\u00f1ora FLOR ALBA FORERO VEL\u00c1SQUEZ desde el d\u00eda 25 de [a]bril de 1981\u201d, la actora, al descorrer el traslado de las excepciones que aqu\u00e9l propuso con ese fundamento f\u00e1ctico, asever\u00f3 que el se\u00f1or Zuluaga Betancourt, desde el inicio de su relaci\u00f3n, ocult\u00f3 ese estado de cosas, al punto que \u201ccon enga\u00f1os (\u2026), la llev[\u00f3] a matrimonio civil en la ciudad de Medell\u00edn, para lo cual aporto registro fotogr\u00e1fico, donde aparece contrayendo matrimonio civil, posteriormente, le dice a mi poderdante que ese matrimonio no fue v\u00e1lido\u201d. <\/p>\n
Contrastadas las referidas posiciones de las partes con las pruebas recaudadas, se concluye, en primer lugar, que no existe en el proceso ninguna que acredite fehacientemente que la se\u00f1ora Liliana Mar\u00eda Posada Arboleda, al momento de empezar la convivencia con el demandado, conoc\u00eda la vigencia de la sociedad conyugal conformada por \u00e9ste y su c\u00f3nyuge, se\u00f1ora Forero Vel\u00e1squez. <\/p>\n
Aqu\u00e9lla, en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3, al ser preguntada de si \u201cten\u00eda conocimiento de la existencia del v\u00ednculo matrimonial de la sociedad conyugal vigente entre ANTONIO y FLOR ALBA\u201d, contest\u00f3: \u201cNo ten\u00eda conocimiento, es falso de toda falsedad, ANTONIO me dijo que se hab\u00eda separado de ella y que viv\u00eda solo en Multicentro en un apartamento del edificio Livin en la transversal 13 donde tuve la oportunidad de visitarlo\u201d. <\/p>\n
Esas manifestaciones, pese a que refirieron que Antonio estaba separado de una relaci\u00f3n anterior, no permiten entender que la absolvente sab\u00eda que la sociedad conyugal surgida con ocasi\u00f3n del matrimonio de \u00e9l con la se\u00f1ora Forero Vel\u00e1squez, continuaba vigente. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, se establece que, por el contrario, s\u00ed obran en el proceso los medios de convicci\u00f3n que dieron cuenta de la realizaci\u00f3n de una ceremonia de matrimonio entre las partes, de manera p\u00fablica, la cual tuvo ocurrencia en los primeros meses del a\u00f1o 1992, en la ciudad de Medell\u00edn. <\/p>\n
Al respecto, el propio demandado, en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3, admiti\u00f3 que ese acto s\u00ed tuvo lugar, aunque le dio una explicaci\u00f3n distinta y procur\u00f3 disimular su participaci\u00f3n en el mismo. Sobre el particular manifest\u00f3: \u201cNo es cierto que fuera una relaci\u00f3n formal porque en dicha ceremonia no hab\u00eda ning\u00fan notario que certificara la relaci\u00f3n sino que fue una fiesta con el prop\u00f3sito de mostrarle a la mam\u00e1 de LILIANA que se estaba formalizando para ella poder salir de la casa para Bogot\u00e1 donde quer\u00eda estar, compartir, trabajar con la colaboraci\u00f3n m\u00eda, fue una fiesta donde se tomaron unas fotos para ella mostrarle principalmente a la mam\u00e1 porque la fiesta la organiz\u00f3 HERNAN POSADA, LILIANA para convencer a la mam\u00e1 de dicha relaci\u00f3n\u201d (fls. 181 a 184, cd. 1). <\/p>\n
Adicionalmente, la gestora de la controversia trajo el registro fotogr\u00e1fico que aport\u00f3 con el escrito mediante el cual descorri\u00f3 el traslado de las excepciones meritorias, documentos que obran en los folios 76, 76 vuelto, 77 y 77 vuelto del cuaderno principal, los cuales fueron tenidos en cuenta como prueba en el auto del 13 de enero de 2012 (fls. 137 y 138, cd. 1), sin reproche alguno del accionado. <\/p>\n
A\u00f1\u00e1dense las declaraciones de los se\u00f1ores Erika Fern\u00e1ndez Posada (fls. 148 a 150, cd. 1), Jhon Jairo Posada Arboleda (fls. 155 a 157, cd. 1) y Carlos Arturo Clavijo Aguilar (fls. 186 a 190, cd. 1), quienes relataron la ocurrencia del comentado hecho, al punto que los dos primeros deponentes precisaron haber asistido al mismo. <\/p>\n
Hay lugar a pensar, entonces, que fue verdad la realizaci\u00f3n de un matrimonio falso entre los litigantes, el cual, si bien es cierto, no representa la existencia de un v\u00ednculo jur\u00eddico atendible que los ate, s\u00ed denota que la demandante estaba convencida de que el se\u00f1or Zuluaga Betancourt no ten\u00eda impedimento para casarse, entendimiento de la situaci\u00f3n del que se extracta que para ella, \u00e9l no ten\u00eda un nexo marital vigente. <\/p>\n
La ponderaci\u00f3n conjunta de los medios de convicci\u00f3n de que aqu\u00ed se dispone, en particular, los atr\u00e1s relacionados, descarta el conocimiento investigado y, por lo mismo, permite colegir que la accionante, al comenzar la uni\u00f3n marital de hecho al lado del demandado, estaba convencida de que \u00e9l no estaba gravado por una sociedad conyugal derivada de un matrimonio anterior suyo. <\/p>\n
Ratifica la buena fe de la actora, la imposibilidad en que ella estuvo de verificar, por sus propios medios, el estado civil de su compa\u00f1ero permanente, toda vez que, como ya se consign\u00f3, en el registro civil de nacimiento de \u00e9ste, no figuraba inscrito su matrimonio. <\/p>\n
La mediana diligencia que era, y es, exigible a la se\u00f1ora Posada Arboleda, no permite pensar que ella estaba obligada a consultar todas las notar\u00edas del pa\u00eds, en procura de verificar si Zuluaga Betancourt era o no casado y, en caso de serlo, si estaba vigente la correspondiente sociedad conyugal, actividad que, sin duda, supera dicho est\u00e1ndar de comportamiento. <\/p>\n
Por ello, la existencia del registro civil de matrimonio soporte del juicio del Tribunal (fl. 49, cd. 1), no es suficiente para inferir falta de diligencia o cuidado en las actuaciones de la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
En definitiva, se establece que la sociedad conyugal constituida por el hecho del matrimonio de los se\u00f1ores Flor Alba Forero Vel\u00e1squez y Antonio Mar\u00eda Zuluaga Betancourt, como efecto patrimonial derivado de dicho acto, es INOPONIBLE al derecho que la aqu\u00ed demandante tiene de que, como consecuencia de la uni\u00f3n marital de hecho que sostuvo con el nombrado se\u00f1or, se declare la existencia de una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, por el mismo tiempo que perdur\u00f3 aquella, seg\u00fan las previsiones del art\u00edculo 107 del Decreto 1260 de 1970. <\/p>\n
Ahora bien, como dicha inoponibilidad significa que la identificada sociedad conyugal no existe en cuanto hace a la aqu\u00ed demandante, al menos por el tiempo que dur\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho aqu\u00ed tratada, sin afectar en lo dem\u00e1s las relaciones existentes entre los mencionados c\u00f3nyuges, y, particularmente, a la referida s\u00faplica, se colige la pertinencia de acceder a dicho pedimento de declarar que durante ese tiempo existi\u00f3 la sociedad patrimonial, toda vez que est\u00e1n cumplidos cabalmente los requisitos del literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, como quiera que la uni\u00f3n marital de las partes super\u00f3, con creces, el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os all\u00ed previsto y puesto que la mentada sociedad, no est\u00e1 llamada a producir efectos jur\u00eddicos en este caso concreto. <\/p>\n
La prosperidad de la pretensi\u00f3n en comento, trae consigo la necesidad de estudiar las excepciones aducidas para enervarla, la cuales no est\u00e1n llamadas a prosperar toda vez que est\u00e1n cimentadas en la vigencia de la sociedad conyugal derivada del matrimonio de los se\u00f1ores Forero Vel\u00e1squez y Zuluaga Betancour que, se repite, es inoponible a la actora. <\/p>\n
No quiere decir que la sociedad conyugal no existe, sino que durante el tiempo de la uni\u00f3n marital Zuluaga-Posada, se toma como si no existiera para todos los efectos legales. Otra cosa ser\u00e1 la responsabilidad del c\u00f3nyuge en una eventual disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, asunto que har\u00eda falta que se tratara ahora sino en caso de acudir a esa responsabilidad en contra del contrayente. <\/p>\n
En lo que hace a la prescripci\u00f3n extintiva aducida con fundamento en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 54 de 1990, se encuentra que la uni\u00f3n marital de hecho que existi\u00f3 entre las partes concluy\u00f3 el 21 de noviembre de 2009, seg\u00fan lo determin\u00f3 el Tribunal en su fallo, pronunciamiento que no fue objeto de reclamo en casaci\u00f3n y que se conserv\u00f3 inalterado ante la improsperidad del cargo que en desarrollo del dicho recurso extraordinario introdujo el demandado. <\/p>\n
Parti\u00e9ndose de esa fecha, se establecer\u00eda la tempestividad de la demanda, en tanto que fue presentada el 22 de junio de 2010, es decir, mucho antes del vencimiento del a\u00f1o contemplado en la norma invocada. En tal virtud, habr\u00eda debido entenderse, con sujeci\u00f3n al par\u00e1grafo del mismo precepto, que la prescripci\u00f3n se interrumpi\u00f3 desde la realizaci\u00f3n del indicado acto procesal y que, por lo mismo, no se configur\u00f3. <\/p>\n
Recapitulando, la Corte ha debido acceder a reconocer la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes reclamada en la demanda, durante el mismo lapso que perdur\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho que vincul\u00f3 a los extremos procesales y disponer su disoluci\u00f3n ordenando que se procediera a su liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Queda por decir que como aqu\u00ed operar\u00eda la inoponibilidad de la sociedad conyugal de los esposos Forero Vel\u00e1squez y Zuluaga Betancourt respeto de la sociedad patrimonial solicitada por la demandante, como ya se dijo, todos los bienes adquiridos por los compa\u00f1eros durante el tiempo de vigencia de la uni\u00f3n marital de hecho se han debido tomar como pertenecientes a la sociedad patrimonial sin lugar a confundirlos con los de la sociedad conyugal y sin referencia a aquella que conform\u00f3 el demandado con su c\u00f3nyuge en la cual deber\u00e1 responder en su momento de acuerdo con los efectos personales y responsabilidades que sus actos le impondr\u00edan. <\/p>\n
Como lo explica uno de los autores ya citados: <\/p>\n
En determinadas ocasiones, la ley permite que no se produzca la eficacia indirecta de un acto jur\u00eddico, facultando a los terceros para que no cuenten con la existencia de la actuaci\u00f3n ajena verdaderamente efectuada: se trata de una medida protectora, que no es otra cosa que la inoponibilidad. <\/p>\n
Cuando otras personas realizan actuaciones jur\u00eddicas que afectan o pueden afectar a mis derechos, el [o]rdenamiento jur\u00eddico me permite en ciertas ocasiones ignorar o considerar irrelevantes tales actuaciones, en relaci\u00f3n a mi esfera jur\u00eddica. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que estamos empleando el t\u00e9rmino ignorar de una manera ficticia. El sujeto puede llegar a tener constancia de la actuaci\u00f3n ajena; de hecho, tarde o temprano ha de conocerla para que se produzca la situaci\u00f3n conflictiva que desencadena el mecanismo de la inoponibilidad. En tal supuesto, el sujeto protegido no ignora verdaderamente lo que ha acontecido. A pesar de haber conocido la actuaci\u00f3n ajena, con posterioridad al momento en que adquiri\u00f3 sus derechos, el sujeto protegido por la inoponibilidad tiene derecho de considerarla como si no existiera. <\/p>\n
Es la ley la que concede al tercero esa facultad de considerar no existente la actuaci\u00f3n jur\u00eddica ajena, como medida de protecci\u00f3n frente a actos que son potencialmente perjudiciales. El mecanismo de la inoponibilidad supone una filigrana jur\u00eddica, un rasgo de finura utilizado por la norma jur\u00eddica: El sujeto protegido puede fingir que ignora la actuaci\u00f3n ajena y el [d]erecho le protege, como si tal actuaci\u00f3n ajena no se hubiera realizado. <\/p>\n
Estamos frente a una aut\u00e9ntica ficci\u00f3n jur\u00eddica, que \u2018tiene por objeto asimilar, en sus efectos, dos cosas distintas, considerar algo como si fuese de manera distinta a la que es\u201918. <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
1 Entre otras C-821\/05, C-700\/13, C-278\/14 y C-257\/15. <\/p>\n
2 Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, Editorial ABC, 1991, 11\u00aa Ed., p. 637. <\/p>\n
3 CSJ, SC del 22 de marzo de 1979, G.J., t. CLIX, p\u00e1gs. 76 a 82. <\/p>\n
4 CSJ, SC del 9 de diciembre de 2011, Rad. n.\u00b0 2005-00140-01. <\/p>\n
5 Art\u00edculo 101 del Decreto 1260 de 1970, que dice: \u201cEl estado civil debe constar en el registro de estado civil. (\u2026). El registro es p\u00fablico, y sus libros y tarjetas, as\u00ed como las copias y certificaciones que con base en ello se expidan, son instrumentos p\u00fablicos\u201d (se subraya). <\/p>\n
6 Arango Mej\u00eda, Jorge. \u201cDerecho Civil Personas\u201d. Bogot\u00e1, Colegio Mayor de Nuestra Se\u00f1ora del Rosario, 1991, p\u00e1g. 221. <\/p>\n
7 Brantt Zumar\u00e1n, Mar\u00eda Graciela. \u201cLa inoponibilidad como mecanismo de protecci\u00f3n de los terceros en la regulaci\u00f3n patrimonial del matrimonio en el derecho chileno\u201d. En \u201cRevista chilena de derecho privado\u201d, versi\u00f3n On- line ISSN 0718-8072. Santiago, julio de 2015, p\u00e1g. 9. <\/p>\n
8 \u201cLa eficacia directa significa que el acto jur\u00eddico vincula a las partes y, a falta de ellas, a sus respectivos herederos, que est\u00e1n obligadas a efectuar el comportamiento proyectado y, en su caso, est\u00e1n facultadas para exigir a la otra parte la prestaci\u00f3n\u201d. Ragel S\u00e1nchez, Luis-Felipe. \u201cProtecci\u00f3n del tercero frente a la actuaci\u00f3n jur\u00eddica ajena: La inoponibilidad\u201d. Valencia, Tirant lo blanch, 1994, p\u00e1g. 49. <\/p>\n
9 \u201cLa eficacia indirecta, por el contrario, se refiere al influjo que la actuaci\u00f3n jur\u00eddica ajena ejerce sobre los leg\u00edtimos intereses de los terceros, que deber\u00e1n contar en el futuro con ella, aunque no est\u00e9n obligados al cumplimiento de lo pactado. Ese contar en el futuro con la actuaci\u00f3n jur\u00eddica ajena significa la necesidad de actuar conforme a esa realidad, sin posibilidad de eludirla jur\u00eddicamente\u201d. Ragel, S\u00e1nchez, Luis-Felipe, ob. cit., p\u00e1g. 61. <\/p>\n
10 Alessandri R., Arturo; Somarriva U., Manuel; y Vodanovic H., Antonio. \u201cTratado de Derecho Civil. Partes Preliminar y General. Tomo II\u201d. Santiago, Editorial Jur\u00eddica de Chile, 1998, p\u00e1g. 353. <\/p>\n
11 Ospina Fern\u00e1ndez, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. \u201cTeor\u00eda General del Contrato y de los dem\u00e1s Actos o Negocios Jur\u00eddicos\u201d. Bogot\u00e1, Temis, 1994, p\u00e1g. 400. <\/p>\n
12 Brantt Zumar\u00e1n, Mar\u00eda Graciela, ob. cit., p\u00e1gs. 9 y 10. <\/p>\n
13 Ragel S\u00e1nchez, Luis Felipe. \u201cProtecci\u00f3n del tercero frente a la actuaci\u00f3n jur\u00eddica ajena: La inoponibilidad\u201d. Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, p\u00e1gs. 126 a 133. <\/p>\n
14 Las normas del C\u00f3digo Civil espa\u00f1ol citadas por el autor, rezan lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 61. El matrimonio produce efectos civiles desde su celebraci\u00f3n. (\u2026). Para el pleno reconocimiento de los mismos ser\u00e1 necesaria su inscripci\u00f3n en el Registro Civil. (\u2026). El matrimonio no inscrito no perjudicar\u00e1 los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 64. Para el reconocimiento del matrimonio secreto basta su inscripci\u00f3n en el libro especial del Registro Civil Central, pero no perjudicar\u00e1 los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas sino desde su publicaci\u00f3n en el Registro Civil ordinario\u201d. <\/p>\n
15 Carrejo, Sim\u00f3n. \u201cDerecho Civil. Tomo I\u201d. Bogot\u00e1, Temis, 1972, p\u00e1g. 369. <\/p>\n
16 CSJ, SC del 20 de agosto de 1981, proceso ordinario de Luz Graciela Urrea de <\/p>\n
Ch\u00e1vez contra los herederos de Ricardo M\u00e1rquez Bedoya, G.J., t. CLXVI, p\u00e1gs. 505 a 514. <\/p>\n
17 CS, SC 7019 del 13 de junio de 2014, Rad. n.\u00b0 2002-00487-01. <\/p>\n
18 Ragel S\u00e1nchez, Luis-Felipe, ob cit., p\u00e1gs. 87 a 89. <\/p>\n
<\/p>\n
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SC003-2021 (2010-00682-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente SC003-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-018-2010-00682-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de agosto de dos mil veinte) Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021). Una vez derrotada la ponencia original, la Corte procede a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-52977","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52977","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52977"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52977\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52977"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52977"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52977"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}