SC006-2021 (2011-00475-01)_1<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
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SC006-2021 <\/p>\n
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Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-31-10-006-2011-00475-01 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de veinte de agosto de dos mil veinte) <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los opositores, frente a la sentencia de 11 de diciembre de 2014, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario que adelant\u00f3 Carmen Cecilia Jaimes Jaimes contra V\u00edctor Julio, Eduarda, Herminda y Aracely Mantilla Barrios, al cual fueron integrados como litisconsortes Audy, Elizabeth, Arnulfo, July Osvinta, Leonilde, Ninfa, Edgar, Flor Alba, Otoniel, Marco Tulio y Azucena Mantilla Barrios, todos ellos en calidad de herederos determinados de Marco Aurelio Mantilla Lizcano. <\/p>\n
I.-EL LITIGIO <\/p>\n
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1. La promotora pidi\u00f3 declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho que mantuvo con Marco Aurelio Mantilla Lizcano desde 1997 hasta el 6 de junio de 2011, cuando falleci\u00f3 \u00e9ste, con la consecuente sociedad patrimonial por igual lapso, que debe liquidarse en virtud de su disoluci\u00f3n. <\/p>\n
Sustent\u00f3 sus aspiraciones en que Mantilla Lizcano contrajo matrimonio con Abigail Barrios el 6 de enero de 1954, con quien procre\u00f3 varios hijos, entre ellos V\u00edctor Julio, Eduarda, Herminda y Aracely Mantilla Barrios, y liquid\u00f3 su sociedad conyugal seg\u00fan escritura 1075 de 12 de marzo de 1999 de la Notar\u00eda Tercera de Bucaramanga. <\/p>\n
A su vez, ella se cas\u00f3 con Esteban Jaimes M\u00e9ndez en 1972, de quien se separ\u00f3 pasados 4 a\u00f1os y luego se divorci\u00f3 por \u00abescritura 3743 de 19 de julio de 2001 (sic), en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Bucaramanga\u00bb1. <\/p>\n
Desde febrero de 1997, inici\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho con Marco Aurelio, que fue ininterrumpida y constante hasta la defunci\u00f3n del compa\u00f1ero el 6 de junio de 2011 y durante la cual constituyeron un patrimonio social conformado por un bien inmueble, mejoras, dinero y ganado (fls. 43 al 53 cno. 1). <\/p>\n
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2. La acci\u00f3n se dirigi\u00f3 contra V\u00edctor Julio, Eduarda, Herminda y Aracely Mantilla Barrios, quienes una vez enterados se opusieron, en vista de que Carmen Cecilia Jaimes Jaimes cont\u00f3 con una sociedad conyugal vigente al 6 de junio de 2011, seg\u00fan se desprende de los anexos del libelo, lo que imposibilitaba el surgimiento de la comunidad de bienes pregonada con su progenitor. Para acreditarlo anexaron la partida eclesi\u00e1stica de las nupcias celebradas entre Esteban Jaimes M\u00e9ndez y Carmen Cecilia Jaimes Jaimes, as\u00ed como el correspondiente registro civil de matrimonio con las notas marginales de cesaci\u00f3n de efectos civiles y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal seg\u00fan escrituras 3742 y 3743 de 19 de julio de 2011 de la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Bucaramanga (fls. 99 al 108 cno. 1). <\/p>\n
Como adici\u00f3n a su respuesta allegaron reproducci\u00f3n formal del primero de los instrumentos p\u00fablicos aludidos (fls. 109 al 113 cno. 1). <\/p>\n
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3. A solicitud de la promotora se integr\u00f3 el contradictorio con los restantes hijos del difunto Marco Aurelio Mantilla Lizcano, esto es, Audy, Elizabeth, Arnulfo, July Osvinta, Leonilde, Ninfa, Edgar, Flor Alba, Otoniel, Marco Tulio y Azucena Mantilla Barrios. Estos comparecieron y se pronunciaron en iguales t\u00e9rminos a los de sus hermanos (fls.148 al 162, cno. 1). <\/p>\n
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4. El Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga declar\u00f3 que entre Carmen Cecilia Jaimes Jaimes y Marco Aurelio Mantilla Lizcano existi\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial del 1\u00b0 de julio de 1999 al 6 de junio de 2011 (fls. 304 al 320, cno. 1). <\/p>\n
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5. El superior, al desatar la apelaci\u00f3n de los demandados y sus litisconsortes, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n (fls. 18 al 40 cno. 3). <\/p>\n
II.-FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Dos son los puntos de inconformidad, de un lado las deficiencias en los testimonios recaudados y del otro que al existir una sociedad conyugal vigente durante la convivencia eso imposibilitaba el nacimiento de la uni\u00f3n marital de hecho, as\u00ed como de la sociedad patrimonial, fuera de que todos los bienes relacionados como afectos a la misma los adquiri\u00f3 Marco Aurelio antes de la convivencia. <\/p>\n
Los declarantes fueron claros sobre c\u00f3mo se enteraron de los hechos sin que necesitaran ahondar en temas intrascendentes y, aunque los inconformes dicen que fueron aleccionados, no los tacharon en momento oportuno. En cuanto a los que ellos citaron el a quo acert\u00f3 al restarles m\u00e9rito. <\/p>\n
La vigencia de la sociedad conyugal de ninguna manera impide la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, para la que s\u00f3lo deben reunirse los requisitos del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990, esto es, dos personas que sin estar casadas entre s\u00ed tengan una comunidad de vida permanente y singular, lo que es suficiente para convalidar su reconocimiento por el lapso fijado en el fallo de primer grado, ya que la duraci\u00f3n no fue discutida. <\/p>\n
Establecido lo anterior, lo que incide en el estado civil de quienes la conforman y los dem\u00e1s aspectos que son connaturales, ning\u00fan sentido tendr\u00eda si no se le hacen extensivos sus efectos al campo patrimonial, con lo que se obligar\u00eda a la gestora iniciar un pleito de \u00abdeclaraci\u00f3n de existencia de una sociedad de hecho\u00bb, en detrimento del principio de la econom\u00eda procesal. <\/p>\n
Si bien el legislador busc\u00f3 que no hubiera simultaneidad entre la comunidad patrimonial derivada del v\u00ednculo de hecho y las sociedades conyugales de los compa\u00f1eros por anteriores nupcias, fue para evitar confusiones entre ellas y debates probatorios, lo que no ocurre en esta oportunidad ya que durante el matrimonio de Carmen Cecilia ning\u00fan acrecimiento patrimonial hubo, como lo hizo constar en el correspondiente instrumento p\u00fablico de liquidaci\u00f3n, as\u00ed fuera posterior al deceso de Marco Aurelio. <\/p>\n
El art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990 contempla solo una presunci\u00f3n de existencia de \u00absociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, que en este caso se desvirt\u00faa con la vigencia de la sociedad conyugal de Jaimes Jaimes hasta despu\u00e9s de la muerte de Mantilla Lizcano, pero eso no impide que aquella se acredite por otros medios demostrativos y as\u00ed lo ha sostenido el Tribunal en m\u00faltiples asuntos, con apoyo en el art\u00edculo 3\u00b0 ib\u00eddem en pos de constatar \u00absi el patrimonio fue producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos de los compa\u00f1eros permanentes\u00bb, lo que en este evento qued\u00f3 comprobado pues as\u00ed lo informaron los deponentes, sin que incluso fuera necesario ahondar en el desempe\u00f1o laboral de la compa\u00f1era para el acrecimiento en vista de la relevancia del \u00abaporte de la mujer, a la sociedad patrimonial, en la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, como fue tratado en CSJ SC 24 feb. 2011, rad. 2002-00084-01. <\/p>\n
Toda vez que no hay confusi\u00f3n de patrimonios y es evidente la \u00abcoexistencia entre la sociedad conyugal que ten\u00eda la demandante y la sociedad patrimonial de los compa\u00f1eros (\u2026) pues la sociedad conyugal no trajo ni frutos, ni deudas, por otro lado la sociedad conyugal del causante, fue disuelta y liquidada previo al inicio de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, resulta infructuosa la discusi\u00f3n sobre los bienes susceptibles de repartici\u00f3n que corresponde a una etapa posterior. <\/p>\n
III.-LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Recurrieron en casaci\u00f3n los contradictores y en sustento formularon dos cargos. En AC6430-2015 se inadmiti\u00f3 el segundo al presentar defectos de t\u00e9cnica y se le dio paso al restante encausado por la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que se desatar\u00e1 bajo los par\u00e1metros de esa compilaci\u00f3n ya que estaba vigente en la \u00e9poca en que se interpuso la opugnaci\u00f3n (23 de enero de 2015), conforme dispone el numeral 5 del art\u00edculo 625 de la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Invocan como infringidos en forma directa los art\u00edculos 2\u00b0 a 7\u00b0 de la Ley 54 de 1990, con las modificaciones introducidas por el 1\u00b0, numeral 3 del 2\u00b0 y 4\u00b0 de la Ley 979 de 2005, por aplicaci\u00f3n indebida; para derivar en la desatenci\u00f3n de los preceptos 1781 al 1784, 1792, 1793, 1795 y 1796 del C\u00f3digo Civil y 610 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
A pesar de estar plenamente acreditado que \u00absi bien existe o existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho entre Mantilla Lizcano y Carmen Cecilia Jaimes Jaimes, es tambi\u00e9n cierto y probado que durante la existencia de esa uni\u00f3n marital exist\u00eda una sociedad conyugal vigente\u00bb, la de \u00abEsteban Jaimes Mendez y Carmen Cecilia Jaimes Jaimes, (\u2026) liquidada despu\u00e9s de la muerte de Mantilla Lizcano\u00bb, por lo que no se daban los supuestos de la Ley 54 de 1990 en lo que respecta a la declaratoria de sociedad patrimonial y as\u00ed \u00ablo reconoce el mismo Tribunal al decir claramente que no es aplicable la presunci\u00f3n del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990\u00bb, pero prefiere apartarse de precedentes jurisprudenciales sobre el tema para acceder a lo pedido \u00abpor raz\u00f3n del trabajo y socorro mutuos con fundamento en el art\u00edculo 3\u00b0 inciso 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990 que se refiere a la liquidaci\u00f3n de tal sociedad en el sentido de que el patrimonio o capital pertenece por partes iguales a los compa\u00f1eros permanentes pero obviamente previa su declaraci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
El referido art\u00edculo 2\u00b0, modificado por el 1\u00b0 literal b) de la Ley 979 de 2005, establece los requisitos para \u00abdeclarar la existencia de una sociedad entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, como son \u00abla existencia de una uni\u00f3n marital de hecho, que no exista impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compa\u00f1eros y siempre que las sociedades anteriores hayan sido disueltas\u00bb, como lo han entendido la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. <\/p>\n
Las dos clases de sociedades a que se refiere el fallo confutado son sui generis y aut\u00f3nomas. Mientras la \u00abconyugal, producto del matrimonio tiene una regulaci\u00f3n legal y procesal para los efectos de su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n\u00bb, la que surge entre compa\u00f1eros permanentes \u00abtiene por virtud de la ley 54 de 1990 y de la ley 979 de 2005 una regulaci\u00f3n procesal y legal debidamente se\u00f1aladas en las normas tanto para su disoluci\u00f3n como para su liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Eso fue deliberadamente obviado por el ad quem en esta oportunidad, en contrav\u00eda de las normas que se anuncian vulneradas \u00abque regulan los presupuestos necesarios para la declaraci\u00f3n de sociedad entre compa\u00f1eros permanentes, la constituci\u00f3n, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de las sociedades patrimoniales, (\u2026) adem\u00e1s el ordenamiento legal que exige la aplicaci\u00f3n objetiva de las normas sobre las sucesiones intestadas, los inventarios y aval\u00faos\u00bb, puesto que de haberlas aplicado en su correcto sentido el resultado hubiera sido diferente y acorde con el prop\u00f3sito de revocar \u00abla sentencia proferida por el Juez de instancia respecto de la existencia de una sociedad entre compa\u00f1eros permanentes, cuando no se cumpl\u00eda con los requisitos de la ley. Que, a pesar de reconocerlo el Tribunal, resolvi\u00f3 declararla\u00bb. <\/p>\n
El \u00abyerro iuris in judicando\u00bb del sentenciador consisti\u00f3 en que \u00abno subsumi\u00f3 correctamente la diferencia o semejanza del caso concreto frente a la voluntad abstracta del legislador consignada en los art\u00edculos mencionados y de contera, aplic\u00f3 indebidamente normas que no conllevan la voluntad del legislador al caso concreto, dejando de aplicar los art\u00edculos atr\u00e1s referidos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Los alcances de la acusaci\u00f3n son parciales puesto que al optar los recurrentes por la senda de la transgresi\u00f3n directa de estipulaciones materiales, dejan de lado los cuestionamientos que se hicieron en la alzada por deficiencias al valorar las pruebas que derivaron en el reconocimiento de la existencia de uni\u00f3n marital de hecho entre Carmen Cecilia Jaimes Jaimes y Marco Aurelio Mantilla Lizcano, para centrar los esfuerzos a disentir acertadamente de la hermen\u00e9utica que se le dio en el fallo confutado al marco jur\u00eddico de la sociedad patrimonial que estim\u00f3 aparejada a aquella, sin que se cumplieran las exigencias de rigor. <\/p>\n
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2. Es manifiesto el desatino del Tribunal en esta ocasi\u00f3n ya que en forma expresa anuncia una reinterpretaci\u00f3n del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, modificado por el 1\u00b0 de la Ley 979 de 2005, al acompasarlo con el 3\u00b0 de la primera compilaci\u00f3n, con el fin de justificar por qu\u00e9 se \u00abaparta de la tesis de la Corte Suprema de Justicia\u00bb sobre el tema y proponer una novedosa posici\u00f3n que responde a criterios de \u00abeconom\u00eda procesal\u00bb, para confundir como si se tratara de una misma cosa dos figuras claramente diferenciadas, de un lado la \u00absociedad de hecho entre concubinos\u00bb, resultado de la evoluci\u00f3n jurisprudencial de la Sala para responder a una realidad social creciente, y del otro la \u00absociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb que surgi\u00f3 a la luz en virtud de la Ley 54 de 1990, avance normativo que no le rest\u00f3 relevancia a la anterior por la forma como qued\u00f3 concebida la novel figura. <\/p>\n
Encaminada la acci\u00f3n a la declaratoria de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, para sustentar el reclamo accesorio sobre los efectos patrimoniales que de all\u00ed pueden surgir, la labor de los falladores de instancia se circunscrib\u00eda a verificar los supuestos de viabilidad delimitados por las estipulaciones sobre cada una de esas materias y ampliamente decantados por el m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no a manera de propuesta sino en cumplimiento de los fines de \u00abunificar la jurisprudencia nacional y proveer a la realizaci\u00f3n del derecho objetivo en los respectivos procesos\u00bb, seg\u00fan el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, designio mantenido en el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso en el que se extiende a \u00abdefender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
A pesar de que los sentenciadores cuentan con un margen de independencia en la toma de decisiones al amparo del art\u00edculo 128 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en virtud del cual pueden desatender con suficiente sustento los precedentes del superior en situaciones semejantes pero con particularidades que as\u00ed lo permitan, no puede pasarse por alto que de conformidad con el art\u00edculo 4 de la Ley 169 de 1896 \u00ab[t]res decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casaci\u00f3n sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable, y los Jueces podr\u00e1n aplicarla en casos an\u00e1logos, lo cual no obsta para que la Corte variara la doctrina en caso de que juzgue err\u00f3neas las decisiones anteriores\u00bb otorg\u00e1ndoles un efecto vinculante. <\/p>\n
Al respecto en CSJ SC10304-2014 se precis\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) cuando se habla de la doctrina probable en derecho nacional, corresponde a la categor\u00eda francesa de la \u201cjurisprudence constante\u201d; y a la conocida en Espa\u00f1a como la \u201cdoctrinal legal\u201d, instituci\u00f3n encaminada a llenar vac\u00edos, interpretar problemas jur\u00eddicos y brindar soluciones a lagunas jur\u00eddicas, con fundamento en la jurisprudencia de las cortes de casaci\u00f3n \u2013se resalta-. <\/p>\n
Al margen de los antecedentes hist\u00f3ricos, esta Corte, ha prohijado y desarrollado una ardua y consistente tarea en su funci\u00f3n casacional de unificar la jurisprudencia -funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica-, con fundamento en la doctrina probable, prevista expresa y l\u00edmpidamente en un precepto con m\u00e1s de un siglo de vigencia, que inclusive en \u00e9poca no muy reciente, resisti\u00f3 los embates de inconstitucionalidad. Se trata del art. 4 de la Ley 169 de 1896, el cual sin titubeos edifica una categor\u00eda bien diferenciada de los conceptos de jurisprudencia y de precedente, a los cuales se aludi\u00f3 antelarmente y que indiscriminadamente menciona el recurrente en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Precisamente en lo que corresponde a la figura de la \u00absociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb existe una considerable cantidad de pronunciamientos de la Corte que dilucidan el alcance del precepto que contempla sus exigencias, desde la redacci\u00f3n original del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990 seg\u00fan el cual <\/p>\n
a) Cuando exista uni\u00f3n marital de hecho durante un lapso no inferior a dos a\u00f1os, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; <\/p>\n
b) Cuando exista una uni\u00f3n marital de hecho por un lapso no inferior a dos a\u00f1os e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Dicho texto no dej\u00f3 dudas desde un comienzo de que el objetivo de sus condicionamientos era impedir la coexistencia de dos sociedades de gananciales a t\u00edtulo universal y as\u00ed fue interpretado en CSJ SC 20 sep. 2000, rad. 6117, donde se advirti\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) para que se presuma la existencia de una sociedad patrimonial entre los miembros de la pareja, denominados legalmente compa\u00f1eros permanentes, que habilite declararla judicialmente, el art\u00edculo segundo exige una duraci\u00f3n m\u00ednima de dos a\u00f1os, si no tienen impedimento para contraer matrimonio; y si alguno o ambos lo tienen, \u201cque la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u201d. <\/p>\n
Dentro de ese contexto brota evidente que el legislador sabedor de que muchas son las uniones de hecho que se integran con personas que son o han sido casadas con terceros, previ\u00f3 que no concurrieran dos sociedades patrimoniales, la conyugal que se conform\u00f3 por raz\u00f3n del matrimonio anterior y la patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes; igualmente previ\u00f3 que si uno de los compa\u00f1eros permanentes contrae matrimonio con persona distinta, se disuelve la sociedad marital patrimonial precedente. En ese orden de ideas, resulta perfectamente admisible, l\u00f3gico y coherente pensar que el legislador no tuvo en mente dar cabida, en cambio, a la coexistencia de sociedades patrimoniales nacidas de la uni\u00f3n marital de hecho, tesis esta por la que propugna el censor. <\/p>\n
Obvio que no es cierto, como dice \u00e9ste, que si el legislador acepta que haya uni\u00f3n marital de hecho y matrimonio vigente al mismo tiempo, en donde se involucre uno de los compa\u00f1eros permanentes o ambos, con mayor raz\u00f3n es dable aceptar la concurrencia de varias uniones maritales, pues en realidad para efectos patrimoniales la ley 54 exige justamente la previa disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, y pasado un a\u00f1o de \u00e9sta para conced\u00e9rselos a la uni\u00f3n de hecho, y esta se extingue si uno de los compa\u00f1eros permanentes contrae matrimonio. <\/p>\n
En ese sentido, no se necesitaba de mandato legal expreso que prohibiera la simultaneidad de uniones maritales, ni de los efectos patrimoniales consiguientes, en el caso de que se diera esa hip\u00f3tesis, pues los requisitos esenciales que exigen la configuraci\u00f3n de dicho fen\u00f3meno consagrados en la ley 54 de 1990 repelen su presencia plural. <\/p>\n
En lo que fue insistente en CSJ SC 20 abr. 2001, rad. 5883, con alusi\u00f3n a providencia de la Corte Constitucional, para destacar que <\/p>\n
(\u2026) el art\u00edculo segundo [de la Ley 54 de 1990] presume legalmente la existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, y por contera establece una tutela jurisdiccional para su declaraci\u00f3n, cuando \u201cexista uni\u00f3n marital de hecho durante un lapso no inferior a dos (2) a\u00f1os, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio\u201d (literal a) y \u201cCuando exista una uni\u00f3n marital de hecho por un lapso no inferior a dos (2) a\u00f1os e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un (1) a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u201d (literal b). Este art\u00edculo, seg\u00fan lo entendi\u00f3 la Corte Constitucional en Sentencia C-239 de 1994, tiene como prop\u00f3sito \u201cevitar la coexistencia de dos sociedades de gananciales a t\u00edtulo universal, nacida una del matrimonio y la otra de la uni\u00f3n marital de hecho\u201d. <\/p>\n
Lo que fue reiterado en CSJ SC 10 sep. 2003, rad. 7603, bajo la lectura de que <\/p>\n
Pronunciamiento \u00e9ste que trascendi\u00f3 a darle una lectura a la estipulaci\u00f3n conforme al esp\u00edritu de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, bajo el entendido de que resultaba irrelevante la exigencia de liquidar la sociedad conyugal para dar paso a la comunidad de bienes entre compa\u00f1eros si lo que le pone fin es la disoluci\u00f3n, punto de quiebre que se torna determinante toda vez que <\/p>\n
(\u2026) la norma, al llegar hasta exigir en tales eventos la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, sin ning\u00fan g\u00e9nero de duda fue a dar m\u00e1s all\u00e1 de lo que era preciso para lograr la genuina finalidad que se propuso; porque si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la eventual concurrencia de sociedades, suficiente habr\u00eda sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su t\u00e9rmino, para lo cual basta simplemente la disoluci\u00f3n. Es esta, que no la liquidaci\u00f3n, la que le infiere la muerte a la sociedad conyugal. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Que la mera disoluci\u00f3n es lo que a la conyugal pone fin, lo dice el hecho de que justo es en ese momento cuando queda fijado definitivamente el patrimonio de ella, es decir, sus activos y pasivos, y entre unos y otros se sigue una comunidad universal de bienes sociales, administrados en adelante en igualdad de condiciones por ambos c\u00f3nyuges (o, en su caso, por el sobreviviente y los herederos del difunto). En dicha comunidad apenas s\u00ed tienen los c\u00f3nyuges derechos de cuotas indivisas, y se encuentran en estado de transici\u00f3n hacia los derechos concretos y determinados; como en toda indivisi\u00f3n, all\u00ed est\u00e1 latente la liquidaci\u00f3n. Pero jam\u00e1s traduce esto que, en el interregno, la sociedad subsiste, porque, como su nombre lo pone de relieve, la liquidaci\u00f3n consiste en simples operaciones num\u00e9ricas sobre lo que constituye gananciales, con el fin de establecer qu\u00e9 es lo que se va distribuir, al cabo de lo cual se concreta en especies ciertas los derechos abstractos de los c\u00f3nyuges. Es, en suma, traducir en n\u00fameros lo que hubo la sociedad conyugal, desde el momento mismo en que inici\u00f3 (el hecho del matrimonio) y hasta cuando feneci\u00f3 (disoluci\u00f3n); ni m\u00e1s ni menos. <\/p>\n
Ahora, la Ley 979 de 2005 que fue expedida con el fin facilitar la acreditaci\u00f3n de las uniones maritales de hecho y sus efectos patrimoniales, en su art\u00edculo 1\u00b0 introdujo una modificaci\u00f3n al referido art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, sin alterar su texto original y solo para a\u00f1adir medios alternos de demostraci\u00f3n de existencia de la sociedad patrimonial, con la advertencia de que se conservaba la restricci\u00f3n inicial de surgimiento de \u00e9sta cuando alguno de los compa\u00f1eros ten\u00eda vigente matrimonio sin disolver su sociedad conyugal durante la convivencia de facto, seg\u00fan se desprende de su contenido: <\/p>\n
Se presume sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: <\/p>\n
a) Cuando exista uni\u00f3n marital de hecho durante un lapso no inferior a dos a\u00f1os, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; <\/p>\n
b) Cuando exista una uni\u00f3n marital de hecho por un lapso no inferior a dos a\u00f1os e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Los compa\u00f1eros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores podr\u00e1n declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios: <\/p>\n
1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura p\u00fablica ante Notario donde d\u00e9 fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la uni\u00f3n marital de hecho y los dem\u00e1s presupuestos que se prev\u00e9n en los literales a) y b) del presente art\u00edculo. <\/p>\n
2. Por manifestaci\u00f3n expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliaci\u00f3n legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en los literales a) y b) de este art\u00edculo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que las consideraciones en materia de la hermen\u00e9utica frente a los presupuestos de viabilidad de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros, consignados en los fallos antes aludidos y acogidos en muchos otros sobre la materia, conservaron pleno valor con posterioridad a 2005 y se han mantenido inalterados desde esa \u00e9poca a hoy, como qued\u00f3 expuesto en CSJ 22 mar. 2011, rad. 2007-00091, al concluir que \u00abexistiendo impedimento legal para contraer matrimonio, la nueva relaci\u00f3n patrimonial surge a partir de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal anterior\u00bb y en CSJ SC 28 nov. 2012, rad. 2006-00173, al recordar que <\/p>\n
(\u2026) la jurisprudencia ha precisado que para la conformaci\u00f3n de la \u201cuni\u00f3n marital de hecho\u201d, no constituye obst\u00e1culo el que ambos compa\u00f1eros o alguno de ellos tenga \u201csociedad conyugal\u201d, pues esta circunstancia seg\u00fan qued\u00f3 visto, en principio obstaculiza es el surgimiento de la \u201csociedad patrimonial\u201d, cuando no se encuentra disuelta, en esencia para evitar la confusi\u00f3n de universalidades patrimoniales, por lo que acorde con esa orientaci\u00f3n, se reclama \u00fanicamente la ocurrencia de \u00e9sta, mas no su \u201cliquidaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En iguales t\u00e9rminos CSJ SC7019-2014 donde se recalca que \u00abla finalidad de la normatividad que \u00abdefine (\u2026) las uniones maritales de hecho y r\u00e9gimen patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, no fue crear \u00absociedades patrimoniales\u00bb paralelas a las \u00absociedades conyugales\u00bb derivadas del \u00abmatrimonio\u00bb de uno de los compa\u00f1eros, sino impedir que se superpongan varias comunidades de bienes a t\u00edtulo universal\u00bb. <\/p>\n
Recientemente en SC10304-2014 se dijo que <\/p>\n
(\u2026) como la sociedad patrimonial derivada de la uni\u00f3n marital de hecho se presume, esto significa que la excepci\u00f3n a la otrora prohibici\u00f3n de patrimonios universales no s\u00f3lo qued\u00f3 abierta \u201centre c\u00f3nyuges\u201d, sino tambi\u00e9n respecto de compa\u00f1eros permanentes. La permisi\u00f3n, por lo tanto, igualmente se extiende a las relaciones maritales vigentes al entrar a regir la ley de su gobierno, al decir de la Sala, porque \u201c(\u2026) si la instituci\u00f3n de la familia abreva en dos fuentes, la leg\u00edtima y la natural, sus consecuencias patrimoniales deben predicarse de ambas (\u2026)\u201d <\/p>\n
Ese planteamiento suficientemente consolidado en diversos precedentes, todos anteriores a la fecha en que se profiri\u00f3 el fallo atacado, fueron desatendidos conscientemente por el Tribunal bajo el entendido de que se trataba de una mera \u00abtesis\u00bb insostenible de la Corte porque la presunci\u00f3n legal del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, con la modificaci\u00f3n del 1\u00b0 de la Ley 979 de 2005, es desvirtuable como si la exigencia de la disoluci\u00f3n de las sociedades conyugales preexistentes no constituyera un hito a tomar en cuenta para el surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros con impedimento para contraer nupcias, lo que ri\u00f1e flagrantemente con el sentido natural y obvio de la norma en cuesti\u00f3n, que ni siquiera sufri\u00f3 cambio con las alteraciones posteriores del precepto en estudio en virtud de los pronunciamientos de la Corte Constitucional en CC C-700\/13 donde se declar\u00f3 \u00abinexequible la expresi\u00f3n \u00aby liquidadas\u00bb contenida en el literal b) del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990 modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 979 de 2005\u00bb y C193-2016 que lleg\u00f3 a la misma conclusi\u00f3n sobre el aparte \u00ab\u201cpor lo menos un a\u00f1o\u201d consagrada en el mismo literal\u00bb, puesto que en ambos se acogi\u00f3 el criterio que ven\u00eda sosteniendo la Corte desde la SC 10 sep. 2003, rad. 7603, respecto de la suficiencia de la disoluci\u00f3n para poner fin a la sociedad conyugal, pero sin desdibujar lo relacionado con la imposibilidad de que coexistan dos comunidades universales de bienes. <\/p>\n
Es as\u00ed como en CC C-700\/13 se hizo \u00e9nfasis en que <\/p>\n
(\u2026) referido al prop\u00f3sito de la norma de evitar la existencia simult\u00e1nea de sociedades, la Corte Constitucional acoge la interpretaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, seg\u00fan la cual la intenci\u00f3n de la ley 54 de 1990, en an\u00e1lisis de su texto y tratamiento jur\u00eddico hist\u00f3rico, es que la consagraci\u00f3n de efectos patrimoniales a la uni\u00f3n marital de hecho encuentra inconveniente la coexistencia de sociedades patrimoniales y conyugales. <\/p>\n
La CC C-193\/16, por su parte, trajo de nuevo a colaci\u00f3n el tema para exponer que <\/p>\n
[r]evisando los antecedentes legislativos de esta Ley y de su modificaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial y los requisitos que operan como hechos b\u00e1sicos para eximir de la carga de probar el hecho presumido, es decir, la sociedad patrimonial, la Sala observa que su finalidad es evitar la coexistencia de sociedades universales con gananciales comunes -sociedades conyugal y patrimonial- y la confusi\u00f3n entre estos patrimonios en procura de impedir defraudaciones, adem\u00e1s de otorgar certeza temporal frente al patrimonial. <\/p>\n
Lo que complement\u00f3 luego con que <\/p>\n
(\u2026) la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal anterior para que sea posible declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho desde el d\u00eda siguiente, y una vez transcurridos como m\u00ednimo dos a\u00f1os de \u00e9sta opere la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial, tiene como finalidad leg\u00edtima evitar la coexistencia de sociedades universales de gananciales en las cuales se pueda confundir el patrimonio social. <\/p>\n
Frente al precepto demandado, la Corte no advierte que la igualdad de derechos y deberes que le asisten a la pareja se desconozca, habida cuenta que el argumentos que expone el demandante parte del supuesto de la mala fe del compa\u00f1ero permanente con sociedad conyugal disuelta, al indicar que por incuria o dolo premeditado no va a disolver dicha sociedad para bloquear la presunci\u00f3n de la sociedad patrimonial. De acuerdo con el art\u00edculo 83 Superior, se presume la buena fe en todas las actuaciones y gestiones que adelanten los particulares, motivo por el cual la Corte no puede inferir la actuaci\u00f3n incorrecta e irresponsable de un compa\u00f1ero en detrimento de la sociedad patrimonial, como parece asegurarlo el demandante. <\/p>\n
Es m\u00e1s, cuando por diferentes razones la sociedad conyugal no fue disuelta y se incumple el hecho b\u00e1sico de la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial denominado disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, ni los compa\u00f1eros permanentes ni el haber social constituido por los bienes producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos, quedan desamparado por el Estado porque para esos casos el legislador dise\u00f1\u00f3 otro proceso judicial como lo es la sociedad de hecho -antes entre concubinos- para que el patrimonio com\u00fan sea distribuido en partes iguales entre los socios. Esto es, como ya se explic\u00f3, un efecto econ\u00f3mico y patrimonial que el Estado protege por otro medio judicial, ya que su deber es amparar el patrimonio independientemente de la figura jur\u00eddica que utilice para ello, bien sociedad patrimonial o bien sociedad de hecho. <\/p>\n
Tampoco se desconoce la protecci\u00f3n integral a la familia natural, habida consideraci\u00f3n que por incumplir el requisito de la disoluci\u00f3n si bien no se presume la sociedad patrimonial, lo cierto es que la uni\u00f3n marital de hecho como lazo familiar natural s\u00ed es declarada y como tal garantizada en sus efectos personales. Por ejemplo, as\u00ed lo reconoci\u00f3 la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 28 de noviembre de 2012 que se referenci\u00f3. <\/p>\n
El proceder del ad quem, en franca rebeld\u00eda de la doctrina probable sentada por esta Sala y avalada por la Corte Constitucional, ni siquiera se sustenta en la propuesta que enarbola sobre principios de \u00abeconom\u00eda procesal\u00bb y la irrelevancia de que la sociedad conyugal de la demandante siguiera vigente para cuando falleci\u00f3 Marco Aurelio en vista de que la liquidaci\u00f3n posterior fue en ceros, puesto que en tal ejercicio pas\u00f3 a confundir dos instituciones que son dis\u00edmiles, esto es, la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros, que es a t\u00edtulo universal y excluye cualquier otra de la misma naturaleza en forma simult\u00e1nea, con la sociedad de hecho que surge por el trabajo mancomunado de dos personas y puede concurrir con cualquier otra clase de sociedades conyugales y patrimoniales, invadiendo as\u00ed una \u00f3rbita que no era de su especialidad por corresponder a la jurisdicci\u00f3n civil, como se previno en CSJ SC 30 oct. 2000, rad. 5830: <\/p>\n
Llama la atenci\u00f3n que el demandado identifique la controversia con la uni\u00f3n marital de hecho regulada en la ley 54 de 1990, sin que haya nada en el proceso que apuntale semejante afirmaci\u00f3n. De donde es dable intuir que todo obedece a la creencia err\u00f3nea de que, a partir de la vigencia de la precitada ley, toda relaci\u00f3n patrimonial entre quienes hacen vida marital extramatrimonial ha de regirse necesariamente por la figura de la uni\u00f3n marital de hecho que all\u00ed se consagra. <\/p>\n
Con tal modo de pensar no se cae en la cuenta de que dicha ley no excluy\u00f3, ni hubiera tenido raz\u00f3n valedera alguna para hacerlo, la eventualidad consistente en que una pareja, adem\u00e1s de convivir, resuelva formar una sociedad de contenido econ\u00f3mico, o que \u00e9sta surja simplemente de los hechos, dada la concurrencia de elementos necesarios para ello. De ah\u00ed que, como ha venido sosteni\u00e9ndolo esta Sala, \u00abpuede afirmarse que hoy coexisten, como sociedades de hecho, la civil, la comercial y la proveniente de ‘uni\u00f3n marital de hecho’, cada una con presupuestos legales aut\u00f3nomos tanto en el plano sustantivo como en el procesal\u00bb (prove\u00eddo de 16 de julio de 1992). <\/p>\n
Acerca de la diferencia que entre ellas puedan existir, afirm\u00f3 luego esta Corporaci\u00f3n que \u00abcon mucha anticipaci\u00f3n a la vigencia de la ley 54 de 1990, la jurisprudencia permit\u00eda la declaraci\u00f3n judicial de existencia de sociedades de hecho entre concubinos, no sobre la hip\u00f3tesis de ser reales esas relaciones concubinarias, que para tal efecto fueron intrascendentes, sino merced a la concurrencia de un consentimiento rec\u00edproco de asociarse entre concubinos, que aunado al suministro de aportes hechos por ambos permitieran la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de una actividad lucrativa, tendiente al reparto de utilidades. Sobre esa hip\u00f3tesis espec\u00edfica proced\u00eda, pues, la declaraci\u00f3n de existencia de la sociedad en menci\u00f3n y, por ende, la pretensi\u00f3n del actor deb\u00eda estar orientada no s\u00f3lo a la declaraci\u00f3n de esa relaci\u00f3n patrimonial, sino que su actividad procesal ten\u00eda que moverse en orden a la comprobaci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos ya dichos\u00bb. <\/p>\n
En cambio, al compa\u00f1ero permanente que acuda a la ley 54 de 1990, \u00able basta probar la prolongaci\u00f3n de sus relaciones concubinarias en el tiempo para que se presuma la existencia de la sociedad patrimonial, supuesto que envuelve una situaci\u00f3n sustancialmente diferente a la anterior\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed que el diverso entorno que caracteriza a unas y otras hace que los jueces llamados a conocer de ellas sean tambi\u00e9n distintos. En el r\u00e9gimen de la precitada ley es apenas natural que \u00absi la pretensi\u00f3n gira alrededor de una relaci\u00f3n de contenido familiar\u00bb, dicha acci\u00f3n \u00abhaya sido asignada al conocimiento de los jueces de Familia\u00bb, lo cual por cierto, dicho sea de paso, vino a ratificar el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 26 de la ley 446 de 1998; a diferencia de lo que ocurre con las sociedades de hecho, civiles o comerciales, donde no se ven sino \u00abrelaciones de contenido eminentemente patrimonial\u201d, y, por lo tanto, la respectiva acci\u00f3n \u00abcontin\u00faa adscrita en su conocimiento a los jueces ordinarios\u00bb. <\/p>\n
Total, no pueden confundirse unas y otras sociedades; \u00abcomo se anunci\u00f3, cada una de ellas tiene sus propios perfiles, y por ello no pueden subsumirse en el g\u00e9nero de la ‘uni\u00f3n marital’ para asignarlos en su conocimiento, sin distingo, a la jurisdicci\u00f3n de familia\u00bb (auto de 25 de agosto de 1992). <\/p>\n
De suerte que si en el sub-lite fue suplicada la declaratoria de existencia de una sociedad de hecho, as\u00ed y todo entre concubinos, es claro que el conocimiento del asunto correspond\u00eda a la jurisdicci\u00f3n civil, como en efecto aconteci\u00f3. <\/p>\n
S\u00f3lo el demandado, y a buen seguro movido por la confusi\u00f3n preanotada, asevera, contra toda la evidencia que revelan tanto el petitum como la causa petendi del proceso, que aqu\u00ed se trata de la sociedad patrimonial de la ley 54 de 1990. <\/p>\n
El corolario obligado de lo expuesto es que la jurisdicci\u00f3n civil era la llamada a conocer y decidir este pleito; cumple decir, entonces, que la nulidad aqu\u00ed alegada no se ha presentado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Quiere decir lo anterior que incurri\u00f3 el fallador de segundo grado en la vulneraci\u00f3n frontal denunciada y alcanza \u00e9xito la censura, puesto que desconoci\u00f3 flagrantemente las restricciones impuestas para el reconocimiento de efectos patrimoniales a las uniones maritales de hecho cuando al menos uno de sus integrantes conserve una sociedad conyugal vigente, al tenor de lo contemplado en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, con la modificaci\u00f3n del 1\u00b0 de la Ley 979 de 2005, como insistentemente ha expresado la Corporaci\u00f3n desde anta\u00f1o y en lo que ha sido enf\u00e1tica hasta la actualidad. <\/p>\n
As\u00ed se hizo saber al mismo Tribunal en un caso similar al presente, seg\u00fan CSJ SC14428-2016, en vista de que <\/p>\n
(\u2026) desconoci\u00f3 la imposibilidad legal de la existencia coet\u00e1nea de dos universalidades de bienes, y, m\u00e1s espec\u00edficamente, de que surja una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes cuando la sociedad conyugal anterior de uno de los integrantes de la uni\u00f3n a\u00fan no se encuentra disuelta, tal y como se desprende del literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005. <\/p>\n
La conclusi\u00f3n del ad quem, por ende, transgredi\u00f3 directamente las disposiciones sustanciales de esa ley invocadas en el cargo, al darle una err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, y deducir lo que estas no consagran, al punto que le dio un alcance completamente distinto, y se permiti\u00f3 realizar una declaraci\u00f3n que tales preceptos proscriben, razones que imponen la prosperidad de la censura. <\/p>\n
Para el efecto en nada incide que al momento de finiquitar la comunidad patrimonial que va aparejada al matrimonio no queden remanentes a distribuir, puesto que la partici\u00f3n de gananciales solo es una consecuencia de su disoluci\u00f3n a agotarse bajo las directrices de los art\u00edculos 1821 al 1836 del C\u00f3digo Civil, sin que sea un supuesto imprescindible para la conformaci\u00f3n de la sociedad conyugal la existencia de bienes antes del v\u00ednculo o su adquisici\u00f3n mientras dure, puesto que al tenor del art\u00edculo 180 id., con la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 13 del Decreto 2820 de 1974, \u00ab[p]or el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los c\u00f3nyuges, seg\u00fan las reglas del t\u00edtulo XXII, libro IV del C\u00f3digo Civil\u00bb. Adem\u00e1s, la liquidaci\u00f3n no deja de ser un ajuste rec\u00edproco de cuentas que puede arrojar saldos positivos, en ceros o negativos para los esposos, con incidencia frente a los dem\u00e1s terceros interesados en su agotamiento al instante en que se configur\u00f3 cualquiera de las causales del art\u00edculo 25 de la Ley 1\u00aa de 1976, no antes ni despu\u00e9s. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En consecuencia, se casar\u00e1 parcialmente el fallo impugnado en lo que se refiere al an\u00e1lisis de la existencia o no de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, puesto que en lo correspondiente a la uni\u00f3n marital de hecho result\u00f3 pac\u00edfico lo dispuesto en las instancias ya que no fue materia de reproche por esta senda y carece de incidencia en la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5. No habr\u00e1 condena en costas por el recurso extraordinario en vista del \u00e9xito del ataque, como lo prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, seg\u00fan el cual \u00ab[s]i no prospera ninguna de las causales alegadas, se condenar\u00e1 en costas al recurrente, salvo en el caso de rectificaci\u00f3n doctrinaria\u00bb. <\/p>\n
IV.-SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
<\/p>\n
1. En vista de la prosperidad de la acusaci\u00f3n corresponde a la Corte, en sede de instancia, desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el reclamante contra el fallo de 11 de diciembre de 2014, proferido por el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, dando por superada cualquier inconformidad frente al reconocimiento de la uni\u00f3n marital de hecho entre Carmen Cecilia Jaimes Jaimes y Marco Aurelio Mantilla Lizcano del 1\u00b0 de julio de 1999 al 6 de junio de 2011, lo que se mantiene inc\u00f3lume y no amerita un nuevo an\u00e1lisis. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La determinaci\u00f3n del a quo accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n de dar por sentada la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes por el mismo lapso de la comunidad de vida que estos mantuvieron. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El disentimiento de los apelantes radica en que para la fecha del deceso de Marco Aurelio Mantilla Lizcano, su compa\u00f1era Carmen Cecilia Jaimes Jaimes ten\u00eda una sociedad conyugal vigente con Esteban Jaimes Mendez, en virtud del matrimonio celebrado el 24 de febrero de 1972 y que solo disolvieron el 19 de julio de 2011 en virtud de la cesaci\u00f3n de efectos civiles del v\u00ednculo religioso que los ataba, raz\u00f3n por la cual no era posible reconocer efectos patrimoniales a la comunidad de vida que sostuvieron Mantilla Lizcano y Jaimes Jaimes. <\/p>\n
<\/p>\n
4. De conformidad con el literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, seg\u00fan la modificaci\u00f3n del 1\u00b0 de la Ley 979 de 2005, la presunci\u00f3n de coincidencia de la uni\u00f3n marital de hecho que perdura m\u00e1s de dos a\u00f1os con una sociedad patrimonial se derrumba en el evento de que se constate respecto de uno o ambos compa\u00f1eros permanentes \u00abimpedimento legal para contraer matrimonio\u00bb, sin que \u00abla sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas\u00bb, puesto que tal situaci\u00f3n se constituye en un obst\u00e1culo insalvable para el nacimiento de una sociedad universal de gananciales paralela. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Est\u00e1 plenamente comprobado que Carmen Cecilia Jaimes Jaimes y Esteban Jaimes Mendez contrajeron nupcias el 24 de febrero de 1972, como se extrae de la copia aut\u00e9ntica del registro civil de matrimonio con serial 165183, en el cual aparecen dos notas que dan fe de la cesaci\u00f3n de efectos civiles y la liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que acordaron los esposos mediante las escrituras 3742 y 3743 de 19 de julio de 2011, otorgadas en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Bucaramanga, instrumentos de los cuales tambi\u00e9n obran en el plenario reproducciones formales (fls. 91 al 94, 106 y 111 al 113). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Frente al \u00e9xito de uno de los aspectos materia de inconformidad no hay lugar a imponer costas en segunda instancia y se reducir\u00e1n en un cincuenta por ciento las de primer grado. <\/p>\n
V.-DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 11 de diciembre de 2014, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario que adelant\u00f3 Carmen Cecilia Jaimes Jaimes contra V\u00edctor Julio, Eduarda, Herminda y Aracely Mantilla Barrios, al cual fueron integrados como litisconsortes Audy, Elizabeth, Arnulfo, July Osvinta, Leonilde, Ninfa, Edgar, Flor Alba, Otoniel, Marco Tulio y Azucena Mantilla Barrios, todos ellos en calidad de herederos determinados de Marco Aurelio Mantilla Lizcano. Por lo tanto, en sede de instancia <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR el primer numeral de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga dentro del presente asunto, que declar\u00f3 la existencia de uni\u00f3n marital de hecho entre Carmen Cecilia Jaimes Jaimes y Marco Aurelio Mantilla Lizcano del 1\u00b0 de julio de 1999 al 6 de junio de 2011. <\/p>\n
SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo y en su defecto negar la pretensi\u00f3n de existencia de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, por lo expuesto. <\/p>\n
TERCERO: MODIFICAR el numeral tercero en el sentido de que la condena en costas de primera instancia se reducen en un cincuenta por ciento (50%). <\/p>\n
Sin costas en segunda instancia ni en casaci\u00f3n en vista de la prosperidad de los recursos. En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-31-10-006-2011-00475-01 <\/p>\n
Con el debido respeto que siempre he observado por la Sala y por esta Corte de Casaci\u00f3n, procedo a se\u00f1alar, con toda consideraci\u00f3n, las razones por las cuales disido expresamente de la decisi\u00f3n contenida en la sentencia de casaci\u00f3n dictada en el asunto de la referencia, tocante con el r\u00e9gimen de bienes en el matrimonio y los derechos de las personas en las uniones maritales de hecho. <\/p>\n
En el juicio declarativo materia de litigio, se solicit\u00f3 declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho conformada por la demandante Carmen Cecilia Jaimes y Marco Aurelio Mantilla Lizcano, desde 1997 hasta el 6 de junio de 2011 con la consecuente sociedad patrimonial, mediante la citaci\u00f3n y audiencia de los herederos de Marco Aurelio Mantilla Lizcano. <\/p>\n
1. El contorno f\u00e1ctico y jur\u00eddico del proceso <\/p>\n
Se contrae a una uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. En efecto, se solicitaron esas declaraciones desde 1997 hasta el 6 de junio de 2011. Seg\u00fan los hechos, Mantilla Lizcano contrajo matrimonio con Abigail Barrios el 6 de enero de 1954, con quien procre\u00f3 varios hijos, entre ellos V\u00edctor Julio, Eduarda, Herminda y Aracely Mantilla Barrios, y liquid\u00f3 su sociedad conyugal seg\u00fan escritura 1075 de 12 de marzo de 1999 de la Notar\u00eda Tercera de Bucaramanga. A su vez, ella se cas\u00f3 con Esteban Jaimes M\u00e9ndez en 1972, de quien se separ\u00f3 pasados 4 a\u00f1os y luego se divorci\u00f3 por \u00abescritura 3743 de 19 de julio de 2011 (sic), en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Bucaramanga\u00bb. <\/p>\n
La actora enunci\u00f3 que desde febrero de 1997, inici\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho con Marco Aurelio, que fue ininterrumpida y constante hasta la defunci\u00f3n del compa\u00f1ero el 6 de junio de 2011 y durante la cual constituyeron un patrimonio social conformado por un bien inmueble, mejoras, dinero y ganado (fls. 43 al 53 cno. 1). <\/p>\n
2. Las sentencias de instancia <\/p>\n
2.1. El Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga declar\u00f3 que entre Carmen Cecilia Jaimes Jaimes y Marco Aurelio Mantilla Lizcano existi\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial del 1\u00b0 de julio de 1999 al 6 de junio de 2011 (fls. 304 al 320, cdno. 1). <\/p>\n
2.2. El Tribunal confirm\u00f3 integralmente. Consider\u00f3 que, si bien en el caso no se presum\u00eda, ciertamente, ante la existencia de una sociedad conyugal vigente de uno de los integrantes de la relaci\u00f3n, ello no significaba que no se pudiera probar en contrario. Y el caso as\u00ed ocurri\u00f3, pues al demostrarse que el demandado \u00abya se encontraba separado de hecho con su esposa leg\u00edtima\u00bb, am\u00e9n de la consecuci\u00f3n de un patrimonio en la nueva relaci\u00f3n de hecho, quedaba acreditado que hubo la sociedad universal. Ello robustec\u00eda la conclusi\u00f3n, seg\u00fan la cual, la \u00abactora merece protecci\u00f3n del derecho\u00bb. <\/p>\n
La vigencia de la sociedad conyugal de ninguna manera impide la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, para la que s\u00f3lo deben reunirse los requisitos del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990. Probado esto, ning\u00fan sentido tendr\u00eda si no se le hacen extensivos sus efectos al campo patrimonial. De otro modo, se obliga a la gestora iniciar un pleito de \u00abdeclaraci\u00f3n de existencia de una sociedad de hecho\u00bb, en detrimento del principio de la econom\u00eda procesal. <\/p>\n
El art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990 contempla solo una presunci\u00f3n de existencia de \u00absociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, que en este caso se desvirt\u00faa con la vigencia de la sociedad conyugal de Jaimes Jaimes hasta despu\u00e9s de la muerte de Mantilla Lizcano, pero eso no impide que aquella se acredite por otros medios demostrativos y as\u00ed lo ha sostenido el Tribunal en m\u00faltiples asuntos, con apoyo en el art\u00edculo 3\u00b0 ib\u00eddem en pos de constatar \u00absi el patrimonio fue producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos de los compa\u00f1eros permanentes\u00bb, lo que en este evento qued\u00f3 comprobado pues as\u00ed lo informaron los deponentes, sin que incluso fuera necesario ahondar en el desempe\u00f1o laboral de la compa\u00f1era para el acrecimiento en vista de la relevancia del \u00abaporte de la mujer, a la sociedad patrimonial, en la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, como fue tratado en CSJ SC 24 feb. 2011, rad. 2002-00084-01. <\/p>\n
3. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
En el cargo \u00fanico admitido y formulado por la parte demandada recurrente, contiene dos acusaciones. Una relacionada con la declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho demandando la inexistencia de uni\u00f3n marital. La otra, con la relaci\u00f3n patrimonial, fundamentada, en lo esencial, en que la prueba de su matrimonio anterior, imped\u00eda el surgimiento de una nueva sociedad de bienes, solicitando su desquiciamiento por oponerse a la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
4. La sentencia de casaci\u00f3n. Respuesta de la Corte y fallo sustitutivo <\/p>\n
Declara infundado el ataque enderezado contra la relaci\u00f3n personal. Y recibe exitoso el embate contra la declaratoria de sociedad patrimonial. En efecto, la vigencia de una sociedad conyugal anterior del demandado enervaba otra sociedad patrimonial. En esto, dijo, el Tribunal se revel\u00f3 contra la doctrina probable. Casa y niega la relaci\u00f3n econ\u00f3mica o la existencia de la sociedad patrimonial. Razon\u00f3 entonces: <\/p>\n
\u201cEst\u00e1 plenamente comprobado que Carmen Cecilia Jaimes Jaimes y Esteban Jaimes Mendez contrajeron nupcias el 24 de febrero de 1972, como se extrae de la copia aut\u00e9ntica del registro civil de matrimonio con serial 165183, en el cual aparecen dos notas que dan fe de la cesaci\u00f3n de efectos civiles y la liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que acordaron los esposos mediante las escrituras 3742 y 3743 de 19 de julio de 2011, otorgadas en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Bucaramanga, instrumentos de los cuales tambi\u00e9n obran en el plenario reproducciones formales (fls. 91 al 94, 106 y 111 al 113). <\/p>\n
\u201cDichos medios de convicci\u00f3n son suficientes para constatar que si bien Carmen Cecilia Jaimes Jaimes y Marco Aurelio Mantilla Lizcano estuvieron unidos como pareja del 1\u00b0 de julio de 1999 al 6 de junio de 2011, cuando \u00e9ste falleci\u00f3, durante dicho lapso fue imposible que se irradiaran los efectos patrimoniales aparejados a esa clase de nexos en vista de un impedimento inexcusable que as\u00ed lo imped\u00eda, como lo expresan los contradictores y encuentra eco en segunda instancia, derivando en una modificaci\u00f3n de lo dispuesto en lo pertinente\u201d. <\/p>\n
De ese modo concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201cEn consecuencia, se casar\u00e1 parcialmente el fallo impugnado en lo que se refiere al an\u00e1lisis de la existencia o no de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, puesto que en lo correspondiente a la uni\u00f3n marital de hecho result\u00f3 pac\u00edfico lo dispuesto en las instancias ya que no fue materia de reproche por esta senda y no tiene incidencia en la determinaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
4.1. La sentencia del tribunal no debi\u00f3 casarse, dada su coherencia interna y su apuesta por la protecci\u00f3n constitucional de los derechos de la nueva sociedad patrimonial. En el caso es indiscutible, el cuestionamiento frente a la declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital no pod\u00eda salir avante. <\/p>\n
Pero del mismo modo, la sentencia recurrida del Tribunal de Bucaramanga, con relaci\u00f3n a la declaratoria de sociedad patrimonial no debi\u00f3 quebrarse, porque el Tribunal justific\u00f3 con suficiencia los motivos por los cuales se apartaba de la posici\u00f3n de la Corte en la materia. Con independencia de que su tesis sea o no acertada, reconoci\u00f3 el derecho. La soluci\u00f3n era esa, a pesar de que a mi juicio no otorga el fundamento correcto para la problem\u00e1tica porque el cimiento de la ratio decidendi es anfibol\u00f3gico. Pero debo destacar, de ninguna manera el Tribunal de Bucaramanga actu\u00f3 de manera irreverente, y en el punto debi\u00f3 morigerarse la argumentaci\u00f3n porque cumpli\u00f3 con la carga de transparencia y de argumentaci\u00f3n. El gran acierto del Tribunal citado y cuya sentencia all\u00ed es ejemplar, estriba en que consum\u00f3 de manera aut\u00e9ntica la tarea del juez del Estado Constitucional, al hacer justicia, porque protegi\u00f3 constitucionalmente a la demandante, y a esa conclusi\u00f3n deb\u00eda arribarse, as\u00ed lo fuere por otras razones. <\/p>\n
Dijo el Tribunal que en el caso no hab\u00eda lugar a presumirla, sino que se hab\u00eda demostrado patentemente la existencia de la sociedad patrimonial, porque del contenido de la Ley 54 de 1990, quien demande la declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial no goza de la presunci\u00f3n de su conformaci\u00f3n y tendr\u00e1 que probar que as\u00ed ha sido. Defendi\u00f3 la confusi\u00f3n patrimonial, expuso que el problema era probatorio no impide el reconocimiento patrimonial demandado. <\/p>\n
El tribunal, luego expuso su planteamiento apoyado en doctrina de esta Sala, desarrollo la carga de transparencia con relaci\u00f3n al criterio de a prohibici\u00f3n de pluralidad o paralelismo de universalidades en el matrimonio, y del mismo modo paso a desarrollar la carga de argumentaci\u00f3n para separarse de la decisi\u00f3n prohijada por esta Sala de Casaci\u00f3n. <\/p>\n
4.2. La equ\u00edvoca doctrina de esta Sala de Casaci\u00f3n avalada por la Corte Constitucional predicando, ambas cortes, un paralelismo societario de universalidades jur\u00eddicas inexistente. La Sala de Casaci\u00f3n para revocar la decisi\u00f3n recurrida, a fin de superar el problema ficticio de paralelismo de las sociedades, entre la conyugal del matrimonio anterior y la patrimonial de la uni\u00f3n marital, defiende un criterio nominalista de la continuidad de la sociedad conyugal hasta cuando sobrevenga un acto disolutorio formal o meramente simb\u00f3lico y vaciado de contenido, en perjuicio de la real sociedad constituida por quienes formaron la nueva uni\u00f3n marital, as\u00ed los antiguos casados no convivan. Tampoco en la hip\u00f3tesis puesta a consideraci\u00f3n adopta la declaraci\u00f3n oficiosa de una sociedad de hecho, a pesar de que aparezcan demostrados sus elementos. <\/p>\n
En el caso de que disido, se perpet\u00faa la injusticia frente la parte demandante integrante de la nueva uni\u00f3n marital, negando de paso una visi\u00f3n material de la Constituci\u00f3n y desconociendo una orientaci\u00f3n de g\u00e9nero y diferenciada. <\/p>\n
<\/p>\n
Ciertamente el art. 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, en los literales a y b, consagra dos presunciones para declarar la sociedad patrimonial, y a\u00f1ade en el literal b, en su versi\u00f3n originaria: \u201c(\u2026) siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u201d. <\/p>\n
La sentencia de la Corte, luego de citar la precedente regla segunda de la Ley 54 de 1990, a\u00f1ade que esa disposici\u00f3n tiene como fin \u201c(\u2026) impedir la coexistencia de dos sociedades de gananciales a t\u00edtulo universal\u201d, l\u00ednea de pensamiento en la cual se hallan la sentencia CSJ SC 20 sep. 2000, rad. 6117, donde se advirti\u00f3 que el legislador previ\u00f3 que \u201c(\u2026) no concurrieran dos sociedades patrimoniales, la conyugal que se conform\u00f3 por raz\u00f3n del matrimonio anterior y la patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u201d, de tal manera, que por ejemplo, si uno de los compa\u00f1eros permanentes contrae matrimonio con persona distinta, tambi\u00e9n se disuelve la sociedad marital patrimonial precedente; e insiste que procura no \u201c(\u2026)dar cabida, en cambio, a la coexistencia de sociedades patrimoniales\u201d prohibici\u00f3n que en sentir de esta sentencia, no era necesario \u201c(\u2026) mandato legal expreso que prohibiera la simultaneidad de uniones maritales, ni de los efectos patrimoniales consiguientes\u201d, para repeler la pluralidad. <\/p>\n
La tesis como se recuerda, tambi\u00e9n est\u00e1 en la CSJ SC 20 abr. 2001, rad. 5883 y en la SC 10 sep. 2003, rad. 7603. Esta \u00faltima, ense\u00f1a, que es prop\u00f3sito \u201c(\u2026)evitar la concurrencia de una llamada conyugal y otra patrimonial; que si en adelante admit\u00eda, junto a la conyugal, otra excepci\u00f3n a la prohibici\u00f3n de sociedades de ganancias a t\u00edtulo universal (art\u00edculo 2083 del c\u00f3digo civil), era bajo la condici\u00f3n de proscribir que una y otra lo fuesen al tiempo\u201d. <\/p>\n
Por esa senda camin\u00f3 la Ley 979 de 2005 e inalterada ha seguido la doctrina de la Sala en las decisiones CSJ 22 mar. 2011, rad. 2007-00091, al concluir que \u00abexistiendo impedimento legal para contraer matrimonio, la nueva relaci\u00f3n patrimonial surge a partir de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal anterior\u00bb y; en la CSJ SC 28 nov. 2012, rad. 2006-00173, matiza que (\u2026) la jurisprudencia ha precisado que para la conformaci\u00f3n de la \u201cuni\u00f3n marital de hecho\u201d, no constituye obst\u00e1culo el que ambos compa\u00f1eros o alguno de ellos tenga \u201csociedad conyugal\u201d, pues esta circunstancia seg\u00fan qued\u00f3 visto, en principio obstaculiza es el surgimiento de la \u201csociedad patrimonial\u201d, cuando no se encuentra disuelta, en esencia para evitar la confusi\u00f3n de universalidades patrimoniales\u201d. La CSJ SC7019-2014 repite que la ley y la doctrina no tienen por fin \u201c(\u2026) crear \u00absociedades patrimoniales\u00bb paralelas a las \u00absociedades conyugales\u00bb derivadas del \u00abmatrimonio\u00bb de uno de los compa\u00f1eros (\u2026)\u201d e \u201c(\u2026)impedir que se superpongan varias comunidades de bienes a t\u00edtulo universal\u201d. <\/p>\n
En esa l\u00ednea han venido todas las decisiones sobre el punto, con algunos intentos por modular, y la de ahora, refuta la tesis del Tribunal como insostenible, y a\u00f1ade que la disoluci\u00f3n de la sociedad es el \u201c(\u2026) hito a tomar en cuenta para el surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros con impedimento para contraer nupcias\u201d, criterio que no ha sufrido cambios con posteriores pronunciamientos como los de \u201c(\u2026) la Corte Constitucional en CC C-700\/13 donde se declar\u00f3 \u00abinexequible la expresi\u00f3n \u00aby liquidadas\u00bb contenida en el literal b) del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990 modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 979 de 2005\u00bb y C-193-2016 que lleg\u00f3 a la misma conclusi\u00f3n sobre el aparte \u00ab\u201cpor lo menos un a\u00f1o\u201d consagrada en el mismo literal\u00bb. En ambos acoge, la Corte Constitucional, el criterio de esta Corporaci\u00f3n, expuesto desde la SC 10 sep. 2003, rad. 7603, que plante\u00f3 como suficiente el acto disolutorio para poner fin a la sociedad conyugal, censurando tambi\u00e9n la coexistencia de dos comunidades universales de bienes. Justamente, la C-700\/13 enfatiz\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) al prop\u00f3sito de la norma de evitar la existencia simult\u00e1nea de sociedades, la Corte Constitucional acoge la interpretaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, seg\u00fan la cual la intenci\u00f3n de la ley 54 de 1990, en an\u00e1lisis de su texto y tratamiento jur\u00eddico hist\u00f3rico, es que la consagraci\u00f3n de efectos patrimoniales a la uni\u00f3n marital de hecho encuentra inconveniente la coexistencia de sociedades patrimoniales y conyugales\u201d. <\/p>\n
La sentencia luego de aludir a la l\u00ednea jurisprudencial ilustrada retoma las \u00faltimas decisiones del mismo sendero: C-193\/16, y posteriormente la CSJ SC14428-2016, cerrando el recuento de la respectiva doctrina; de modo que nuestro Tribunal Constitucional, persevera en el may\u00fasculo yerro que contiene la l\u00ednea jurisprudencial que a ligeros pasos vengo exponiendo. <\/p>\n
Finalmente, la sentencia de la cual disiento concluye: <\/p>\n
\u201cEl proceder del ad quem, en franca rebeld\u00eda de la doctrina probable sentada por esta Sala y avalada por la Corte Constitucional, ni siquiera se sustenta en la propuesta que enarbola sobre principios de \u00abeconom\u00eda procesal\u00bb y la irrelevancia de que la sociedad conyugal del demandado siguiera vigente para cuando se formul\u00f3 la demanda, confundiendo la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros, que por ser a t\u00edtulo universal excluye cualquier otra de la misma naturaleza en forma simult\u00e1nea, con la sociedad de hecho que surge por el trabajo mancomunado de dos personas y que s\u00ed puede concurrir con cualquier otra clase de sociedades conyugales y patrimoniales, situaci\u00f3n que ha sido objeto de estudio en m\u00faltiples pronunciamientos de esta Sala\u201d. <\/p>\n
5. De los motivos para apartarme del fallo y para solicitarle a la Sala cambie su postura <\/p>\n
5.1. No exist\u00edan razones para reprender al tribunal. La Corte para amonestar al tribunal y para defender la singularidad en el matrimonio y en la uni\u00f3n marital prevista en la Ley 54 de 1990 ha venido sosteniendo hist\u00f3ricamente la improcedencia de la dualidad o paralelismo simult\u00e1neo de sociedades universales, entre la sociedad conyugal de los gananciales en el matrimonio y la sociedad patrimonial en la uni\u00f3n marital. En el mismo sentido lo ha hecho en el caso de las segundas nupcias contra\u00eddas sin haber disuelto o cesado el v\u00ednculo civil de las primeras. <\/p>\n
Precisamente la jurisprudencia trasuntada en la sentencia de la que disiento, y cuya l\u00ednea, al menos de lo transcurrido en la presente centuria he mencionado r\u00e1pidamente siguiendo la decisi\u00f3n de casaci\u00f3n, ahora confutada en mi salvamento, tiene ese n\u00facleo central. En consecuencia, la persona que forma una nueva familia cuando ha estado casada e integra una nueva uni\u00f3n marital con otra persona o, cuando contrae nuevas nupcias, sin haber ejecutado el acto formal disolutorio el v\u00ednculo precedente, de manera tajante se afirma, no se estructura una nueva sociedad de gananciales o una sociedad patrimonial junto a la vigente del matrimonio anterior. <\/p>\n
La decisi\u00f3n del tribunal de Bucaramanga, seg\u00fan lo precis\u00e9, fue asertiva y, por lo tanto, no debi\u00f3 casarse; sin embargo, la ratio decidendi de la sentencia del Tribunal, como ya lo anunci\u00e9, no es la m\u00e1s afortunada, en relaci\u00f3n a la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial, porque es contradictoria y ex\u00f3tica, infiri\u00e9ndose que se pueda contraprobar la inexistencia. <\/p>\n
Distinto es que la sociedad conyugal derivada del matrimonio anterior del demandado, se encuentre disuelta. La verdad, sea dicha, los equ\u00edvocos de las soluciones en la sentencia del Tribunal y, con injusticia notoria en la de la Sala de esta Corte, y reiterada por la Corte Constitucional, reh\u00fasan entender que de ning\u00fan modo se presenta la coexistencia de sociedades universales, porque la forma c\u00f3mo encaran el problema es errada. Si el fallecido, convivi\u00f3 en forma permanente y singular con la demandante, por varios a\u00f1os, hasta su fallecimiento, acompa\u00f1\u00e1ndolo, no se puede sostener, constitucional, convencional, justiciera y razonablemente que la relaci\u00f3n econ\u00f3mica del matrimonio anterior est\u00e9 vigente. La raz\u00f3n es sencilla, si la disoluci\u00f3n de ese primigenio v\u00ednculo jur\u00eddico, ocurri\u00f3 por la fuerza, el vigor y la contundencia de los hechos, en concreto, con la separaci\u00f3n de facto y definitiva de los casados, todo estaba aniquilado, por tanto, la decisi\u00f3n judicial apenas deb\u00eda escrutar cu\u00e1ndo ocurri\u00f3 materialmente esa ruptura definitiva para as\u00ed reconocerlo y de tajo, descontaminar la injusticia. <\/p>\n
Desde el mismo momento cuando dej\u00f3 de existir la ayuda y socorro mutuos, es raz\u00f3n subyacente suficiente e indeleble para no presumir la continuidad o perpetuaci\u00f3n de la sociedad conyugal. Y si esa separaci\u00f3n definitiva se consolid\u00f3, y el hecho lo erigi\u00f3 el legislador como causa de disoluci\u00f3n, nada m\u00e1s pertinente que abrir la senda, la mente, la concepci\u00f3n jur\u00eddica a los hechos reales. As\u00ed, lo importante es constatar el hecho, nada m\u00e1s, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y esto aparec\u00eda completamente probado. <\/p>\n
Empero, para la Corte, en la l\u00ednea jurisprudencial, que a velocidad condens\u00e9, para que emerja la sociedad patrimonial se reclama la presencia formal de la disoluci\u00f3n, y \u00fanicamente a partir de esa demostraci\u00f3n, y desde ese instante, es como puede abrirse paso la sociedad patrimonial, y c\u00f3mo se gestan los t\u00e9rminos de ley para el surgimiento de la nueva sociedad conyugal o patrimonial. Y reitera, s\u00f3lo si, ello existe, es desde ese momento como tiene por claudicada la sociedad econ\u00f3mica primigenia y germinada la nueva, negando todo tiempo posterior a los hechos del cese definitivo de la antigua. <\/p>\n
5.2. La tesis defendida ardientemente por la Sala que da prevalencia a lo formal sobre lo real, genera problemas graves de injusticia material. A continuaci\u00f3n enumero algunos, los m\u00e1s notables, los cuales de ning\u00fan modo se resuelven con la errada soluci\u00f3n jurisprudencial defendida hasta ahora. Cito los m\u00e1s relevantes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Nuevas familias que sin haber disuelto los dos integrantes o uno de ellos los v\u00ednculos precedentes forman un capital, como en el caso presente y la justicia les desestima los derechos como los de la parte demandante que luego de trabajar muchos a\u00f1os, su pretensi\u00f3n es aniquilada injustamente por el m\u00e1ximo tribunal de la justicia anegando su derecho por la carencia de ese elemento formal. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Conductas torticeras, codiciosas y ambiciosas de uno de los c\u00f3nyuges que espera que la nueva familia progrese econ\u00f3micamente para repentinamente y luego de a\u00f1os, entablar caprichosamente acciones disolutorias aupadas por criterios interpretativos defendidos por ex\u00e9gesis de la ley ajenas a la realidad, favoreciendo a quien nada labor\u00f3, para hacerse a la mitad del patrimonio que le corresponde al consorte que form\u00f3 esa nueva sociedad y que la torn\u00f3 productiva econ\u00f3micamente en el ciclo econ\u00f3mico. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La publicidad y promoci\u00f3n de acciones fraudulentas de naturaleza simulatoria para hacer retornar bienes o derechos a una sociedad conyugal inexistente materialmente, apoyando al promotor para apropiarse de lo laborado por otras personas sin el concurso de aqu\u00e9l. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La formulaci\u00f3n de acciones definitivamente onerosas y sancionatorias, como aqu\u00e9lla que pena al c\u00f3nyuge o heredero que dispone de bienes sociales o hereditarios, sin haberse liquidado y disuelto la sociedad, perdiendo la cuota respectiva en el bien y debi\u00e9ndola restituir doblada. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La incentivaci\u00f3n de comportamientos ladinos, ap\u00f3crifos y tramposos, que esperan que el otro consorte capitalice para una vez aumentado el capital dar el zarpazo pidiendo medidas cautelares para satisfacer el apetito ego\u00edsta, ocioso y harag\u00e1n porque espera que otro patrimonio diferente aumente sus activos para buscar su participaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La defensa de la prevalencia de la forma sobre el fondo, de lo accidental sobre lo sustancial, de lo accesorio sobre lo principal, de lo accidental sobre lo esencial porque no importa que exista o no sociedad real sino la aparici\u00f3n de el elemento formal disolutorio. <\/p>\n
7. Patrocina el cobro de lo no debido y del enriquecimiento injusto y sin causa. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Sirve de asiento a la prevalencia de la forma y de lo ideal sobre lo real y material. <\/p>\n
5.3. La sociedad conyugal se disuelve realmente desde la separaci\u00f3n de hecho definitiva, irreversible e irrevocable de los c\u00f3nyuges, momento desde el cual ponen fin a su convivencia <\/p>\n
Esta es la tesis m\u00e1s realista que con mayor solidez permite caminar hacia el restablecimiento de los derechos de las mujeres y hombres esquilmados por aquella afrentosa e injusta modelo de una dogm\u00e1tica ajena a la realidad. <\/p>\n
En este sentido son los hechos reales, la historia, los sucesos o los acontecimientos los determinantes para adjudicar formas jur\u00eddicas, y no pueden ser las f\u00f3rmulas vac\u00edas e insensatas las que dobleguen la realidad y la vida de las personas, porque entonces el hombre ser\u00e1 apenas un aut\u00f3mata o un esclavo de la ley. La ley es para el hombre y no el hombre para la ley. <\/p>\n
Por esencia el matrimonio es un instituci\u00f3n y un contrato \u201c(\u2026) solemne por el cual (un hombre y una mujer) se unen con el fin de vivir juntos, (de procrear) y de auxiliarse mutuamente\u201d, de conformidad con el art. 113 del C.C. colombiano, por consiguiente, la nota distintiva, es la convivencia, el \u201cvivir juntos\u201d, de tal manera que si la esencia y finalidad es esa, y ella desaparece, resulta nada m\u00e1s que necesario reconocer que como tal ya no existe, ni como v\u00ednculo personal ni como sociedad conyugal, cuando cesa la convivencia de la pareja indefinidamente. Afirmar lo contrario es algo totalmente vano, es incurrir en una contradictio in adiecto, porque va m\u00e1s all\u00e1 de ser un fantasma sem\u00e1ntico, que da vida a la sumatoria de los contrarios, para aceptar que existe lo que no existe; que pervive aquello que no subsiste, al amparo de un contrato formal, de tal modo que ese criterio equivocado no es meramente un error l\u00f3gico, epistemol\u00f3gico, sino tambi\u00e9n ontol\u00f3gico que pregona la defensa de una tesis injusta, inequitativa, inconstitucional, insostenible e irreal. <\/p>\n
Por consiguiente, se halla en mora esta Corte de aceptar la realidad y abandonar un criterio desacertado que afecta los derechos fundamentales de las personas y que derechamente quebranta la naturaleza del Estado Constitucional y social de derecho y los principios, los valores y los derechos insertos en la Carta. <\/p>\n
5.3.1. La tesis cohonesta el enriquecimiento injustificado de un patrimonio a expensas de otro. Si al casarse dos personas por el hecho el matrimonio surgen tres patrimonios consistentes en el patrimonio propio de cada c\u00f3nyuge y el patrimonio de la sociedad conyugal cuando no celebran pacto escrito o capitulaciones matrimoniales para mantener la separaci\u00f3n y distinci\u00f3n patrimonial, y si los c\u00f3nyuges ya no conviven ni cumplen las trascendentales finalidades de esta instituci\u00f3n, resulta contrario a derecho que sin existir las finalidades del matrimonio, la cooperaci\u00f3n, el socorro, ayuda mutuas y convivencia, el patrimonio de un c\u00f3nyuge obtenga ventajas a expensas de la continuidad formal de la sociedad conyugal cuando los consortes ya no conviven. Pero mucho m\u00e1s injusto e inequitativo, deviene que si alguno de los contrayentes, tras separarse definitivamente del antiguo consorte, proceda a formar una nueva convivencia con una persona diferente, con car\u00e1cter permanente de auxilio, socorro y ayuda mutua, la ley aniquile y cercene los derechos y el esfuerzo econ\u00f3mico de la nueva pareja, so pretexto de que contin\u00faa existiendo formalmente un matrimonio apenas nominal, ficticio, vac\u00edo, con un contrato sin ejecuci\u00f3n real y sin existencia diaria. <\/p>\n
Lo grave y lo aut\u00e9nticamente injusto, estriba en el hecho de que un antiguo c\u00f3nyuge, por virtud de la existencia documental y meramente formal de un matrimonio inexistente en la pr\u00e1ctica obtenga ventaja de otro patrimonio, y burle los derechos de la compa\u00f1era permanente desprotegida. <\/p>\n
5.4. El derecho comparado no acompa\u00f1a la injusticia que entra\u00f1a la prolongaci\u00f3n meramente formal de la vigencia de la sociedad conyugal <\/p>\n
Podemos encontrar algunas respuestas en el derecho comparado sobre el particular. En Espa\u00f1a, la doctrina con apoyo en la jurisprudencia expresa: <\/p>\n
\u201cA este respecto, nuestro m\u00e1s alto tribunal de justicia tambi\u00e9n se ha pronunciado sobre la finalizaci\u00f3n de la sociedad de gananciales, y ha establecido en sentencia de 11 de octubre de 1999 (ponente: Gull\u00f3n Ballesteros), en su fundamento segundo que el abandono del hogar de manera definitiva por uno de los c\u00f3nyuges supuso de facto la disoluci\u00f3n de la sociedad de gananciales (\u2026) el abandono de familia no conlleva, aparte de las sanciones legales, la il\u00f3gica de que siga existiendo la sociedad de gananciales, ni puede apoyarse esta conclusi\u00f3n de hecho en los art\u00edculos 1393.3 y 1394 del C\u00f3digo Civil, (\u2026) no exigiendo por tanto ninguna declaraci\u00f3n para declarar extinguida la sociedad (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Ese criterio aparece plasmado en otras sentencias del Tribunal Supremo Espa\u00f1ol del 26 de abril de 2000, n\u00famero 417\/2000 (RJ 2000\/3230), 23 de diciembre de 1992, 17 de junio de 1998, 26 de noviembre de 1987, 13 de junio de 1986. Las audiencias provinciales siguiendo esa l\u00ednea igualmente han aplicado esos criterios. <\/p>\n
5.4.1. El canon 1392 del C\u00f3digo Civil espa\u00f1ol, en l\u00ednea con la normatividad patria, establece que la comunidad de bienes concluye de pleno derecho cuando se produce el divorcio, pero tambi\u00e9n por \u201cdecisi\u00f3n judicial\u201d en los casos de separaci\u00f3n de hecho por m\u00e1s de un a\u00f1o de los c\u00f3nyuges, bien por mutuo acuerdo, ya debido al abandono del hogar (art\u00edculo 1393, numeral 3\u00ba, ib\u00eddem). <\/p>\n
En el derecho ib\u00e9rico, como se observa, la cesaci\u00f3n de la convivencia matrimonial, por s\u00ed, legitima la disoluci\u00f3n de la sociedad con efecto retroactivos, tomando como data la fecha de la separaci\u00f3n definitiva de hecho. <\/p>\n
La jurisprudencia espa\u00f1ola, de tal modo, considera inequitativo el criterio de la vigencia apenas formal de la sociedad conyugal cuando no hay convivencia efectiva. Ha posibilitado la extinci\u00f3n de la sociedad de bienes a partir de la sola separaci\u00f3n de hecho de los consortes en forma definitiva, con miras a adecuar su comportamiento al principio de la buena fe y a la realidad social. <\/p>\n
Se requiere, ante todo, un cese efectivo, definitivo y prolongado de la convivencia matrimonial; y, en segundo t\u00e9rmino, la comprobaci\u00f3n material de esas circunstancias o su confirmaci\u00f3n mediante actos subsiguientes, como la formalizaci\u00f3n judicial de esa separaci\u00f3n. <\/p>\n
El Tribunal Supremo Espa\u00f1ol, Sala de lo Civil, en sentencia de 23 de febrero de 2007, reitera aquella doctrina contenida en el fallo de 26 de abril de 2000, cuando nuevamente razona: <\/p>\n
\u201c<[L]a libre separaci\u00f3n de hecho excluye el fundamento de la sociedad de gananciales, que es la convivencia mantenida entre los c\u00f3nyuges>, con lo que se viene a mitigar el rigor literal (\u2026) del n\u00famero 3\u00ba del art\u00edculo 1393 del C\u00f3digo Civil y ello al objeto de adaptarlo a la realidad social y al principio de la buena fe. As\u00ed, es la separaci\u00f3n de hecho la que determina, por exclusi\u00f3n de la convivencia conyugal, que los c\u00f3nyuges pierdan sus derechos a reclamarse como gananciales bienes adquiridos por \u00e9stos despu\u00e9s del cese efectivo de la convivencia, siempre que ello obedezca a una separaci\u00f3n f\u00e1ctica (no a una interrupci\u00f3n de la convivencia) seria, prolongada y demostrada por los actos subsiguientes de formalizaci\u00f3n judicial de la separaci\u00f3n y siempre que los referidos bienes se hayan adquirido con caudales propios o generados con su trabajo o industria a partir del cese de aquella convivencia (\u2026.)\u201d3. <\/p>\n
En Espa\u00f1a, como se observa, se entiende contrario a la buena fe y a la realidad social, en t\u00e9rminos generales, la reclamaci\u00f3n que hace un c\u00f3nyuge, respecto de los haberes obtenidos por el otro en estado de separaci\u00f3n de hecho y en cuya adquisici\u00f3n de manera alguna ha contribuido, sobre la base de la vigencia te\u00f3rica del matrimonio y de la sociedad de bienes. <\/p>\n
El problema no ha sido ajeno al Derecho chileno. El Congreso Nacional, introdujo la nueva ley de matrimonio civil cuya \u00faltima modificaci\u00f3n es del 17 de mayo de 2004, Ley 19947, donde sustituy\u00f3 la Ley de Matrimonio Civil del 10 de enero de 1884. La nueva normatividad en el art. 21 regul\u00f3 y aprob\u00f3, las separaciones de hecho acaecidas entre las parejas casadas, y de la forma como \u00e9stas pod\u00edan proceder, desde el 2004, a fin de evitar ulteriores problemas sobre la conformaci\u00f3n de la sociedad de bienes. En este texto dispuso: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 21.- Si los c\u00f3nyuges se separaren de hecho, podr\u00e1n, de com\u00fan acuerdo, regular sus relaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas al r\u00e9gimen de bienes del matrimonio. <\/p>\n
\u201cEn todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deber\u00e1 regular tambi\u00e9n, a lo menos, el r\u00e9gimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relaci\u00f3n directa y regular que mantendr\u00e1 con los hijos aquel de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podr\u00e1n convenir un r\u00e9gimen de cuidado personal compartido. <\/p>\n
\u201cLos acuerdos antes mencionados deber\u00e1n respetar los derechos conferidos por las leyes que tengan el car\u00e1cter de irrenunciables\u201d (modificado por el art. 3 de la Ley 20680 del 21 de junio de 2013). <\/p>\n
Consciente ese legislador, cual se viene planteando, se\u00f1al\u00f3 que esa separaci\u00f3n de hecho desde el 2004 en adelante se pod\u00eda realizar por algunos de los medios siguientes, y por supuesto, gobernaba las situaciones de separaci\u00f3n de hecho para los nuevos matrimonios o los fen\u00f3menos f\u00e1cticos acaecidos desde el 2004, en lo tocante con la fecha cierta de separaci\u00f3n definitiva e irrevocable. En efecto, all\u00ed estim\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 22.- El acuerdo que conste por escrito en alguno de los siguientes instrumentos otorgar\u00e1 fecha cierta al cese de la convivencia: <\/p>\n
a) escritura p\u00fablica, o acta extendida y protocolizada ante notario p\u00fablico; <\/p>\n
c) transacci\u00f3n aprobada judicialmente. <\/p>\n
\u201cNo obstante lo dispuesto en el inciso anterior, si el cumplimiento del acuerdo requiriese una inscripci\u00f3n, subinscripci\u00f3n o anotaci\u00f3n en un registro p\u00fablico, se tendr\u00e1 por fecha del cese de la convivencia aqu\u00e9lla en que se cumpla tal formalidad. <\/p>\n
\u201cLa declaraci\u00f3n de nulidad de una o m\u00e1s de las cl\u00e1usulas de un acuerdo que conste por medio de alguno de los instrumentos se\u00f1alados en el inciso primero, no afectar\u00e1 el m\u00e9rito de aqu\u00e9l para otorgar una fecha cierta al cese de la convivencia. <\/p>\n
\u201c(\u2026). <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 25.- El cese de la convivencia tendr\u00e1 tambi\u00e9n fecha cierta a partir de la notificaci\u00f3n de la demanda, en el caso del art\u00edculo 23. <\/p>\n
\u201cAsimismo, habr\u00e1 fecha cierta, si no mediare acuerdo ni demanda entre los c\u00f3nyuges, cuando, habiendo uno de ellos expresado su voluntad de poner fin a la convivencia a trav\u00e9s de cualquiera de los instrumentos se\u00f1alados en las letras a) y b) del art\u00edculo 22 o dejado constancia de dicha intenci\u00f3n ante el juzgado correspondiente, se notifique al otro c\u00f3nyuge. En tales casos, se tratar\u00e1 de una gesti\u00f3n voluntaria y se podr\u00e1 comparecer personalmente. La notificaci\u00f3n se practicar\u00e1 seg\u00fan las reglas generales\u201d. <\/p>\n
La data o fecha cierta de la terminaci\u00f3n, al ser determinante puede ser demostrada, entonces, por acto bilateral o unilateral, seg\u00fan las reglas citadas. Sin embargo, no regul\u00f3 las separaciones f\u00e1cticas acaecidas con antelaci\u00f3n al 2004, y para lo pertinente, previ\u00f3 un r\u00e9gimen transitorio en la misma ley donde, expuso, que los matrimonios celebrados con anterioridad a la nueva ley la fecha cierta de la separaci\u00f3n de hecho efectiva y definitiva, no se probar\u00e1 por los medios antes expuestos, sino bajo el esquema de libertad probatoria, como, por ejemplo, la prueba testimonial, disponiendo: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 2\u00ba.- Los matrimonios celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley se regir\u00e1n por ella en lo relativo a la separaci\u00f3n judicial, la nulidad y el divorcio. <\/p>\n
\u201cSin perjuicio de lo anterior, las formalidades y requisitos externos del matrimonio y las causales de nulidad que su omisi\u00f3n originan, se regir\u00e1n por la ley vigente al tiempo de contraerlo; pero los c\u00f3nyuges no podr\u00e1n hacer valer la causal de nulidad por incompetencia del oficial del Registro Civil, prevista en el art\u00edculo 31 de la Ley de Matrimonio Civil del 10 de enero de 1884. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, no regir\u00e1n las limitaciones se\u00f1aladas en los art\u00edculos 22 y 25 de la Ley de Matrimonio Civil para comprobar la fecha de cese de la convivencia entre los c\u00f3nyuges; sin embargo, el juez podr\u00e1 estimar que no se ha acreditado si los medios de prueba aportados al proceso no le permiten formarse plena convicci\u00f3n sobre ese hecho. <\/p>\n
\u201c(\u2026) (modificado por el art. 2 de la Ley 20286 de 2008)\u201d4. <\/p>\n
De tal modo que, para los prop\u00f3sitos de estimar la fecha cierta de la terminaci\u00f3n material de la convivencia, correspond\u00eda al juez establecerla teniendo en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes. En el caso seg\u00fan lo dispuesto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba transitorio de la ley de Matrimonio Civil, no rigen las limitaciones se\u00f1aladas en los art\u00edculos 22 y 25 de la misma Ley, con el fin de comprobar la fecha de cese de la convivencia entre los c\u00f3nyuges. En ese caso, le corresponde al juez, escrutar los diferentes medios de prueba, distintos a los consignados para los nuevos matrimonios. <\/p>\n
5.4.2. En un sentido mucho m\u00e1s claro y puntual, en l\u00edneas generales, la jurisprudencia argentina, acota: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i ambos c\u00f3nyuges son los causantes de la ruptura matrimonial, ninguno de ellos tiene derecho a los bienes adquiridos por el otro despu\u00e9s de la separaci\u00f3n, tal conclusi\u00f3n se fundamenta en razones de equidad y de orden l\u00f3gico y moral (\u2026). Si la sentencia de divorcio o separaci\u00f3n personal se dicta con fundamento en la interrupci\u00f3n prolongada de la convivencia, sin analizar la culpabilidad de los c\u00f3nyuges, ninguno de ellos tendr\u00e1 derecho a participar de los bienes adquiridos por el otro a partir de la separaci\u00f3n de hecho\u201d5. <\/p>\n
Lo relevante de la anterior doctrina jurisprudencial, es el efecto declarativo de las decisiones consecuenciales de disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, trat\u00e1ndose de la separaci\u00f3n de hecho o personal de los casados, en el sentido de no incluirse en la masa partible los bienes adquiridos por uno u otro luego del rompimiento de la vida matrimonial, teniendo efectos retroactivos a la fecha de acaecimiento de la ruptura, salvo excepciones legales. <\/p>\n
El Derecho argentino, hoy por esa misma senda, pero de una manera m\u00e1s certera, consciente de la injusticia que pod\u00eda abrigarse, cuando se desconoce la data cierta o real de la separaci\u00f3n definitiva e irrevocable de conformidad con el art. 475 del C.C. y Comercial de la Naci\u00f3n, actualmente vigente, Ley 26.994 del 7 de octubre del 2014, fij\u00f3 varias hip\u00f3tesis para la extinci\u00f3n de la comunidad de bienes, un tanto similares a las de nuestro ordenamiento. A prop\u00f3sito de la conclusi\u00f3n o extinci\u00f3n de la comunidad por la separaci\u00f3n de hecho definitiva e irrevocable, como momento de la extinci\u00f3n expl\u00edcitamente expone y defiende la aplicaci\u00f3n de los efectos retroactivos de la declaraci\u00f3n en dos instantes. En una primera hip\u00f3tesis consignada en el inciso primero regula: \u201cLa anulaci\u00f3n del matrimonio, el divorcio o la separaci\u00f3n de bienes producen la extinci\u00f3n de la comunidad con efecto retroactivo al d\u00eda de la notificaci\u00f3n de la demanda o de la petici\u00f3n conjunta de los c\u00f3nyuges\u201d6. <\/p>\n
La segunda hip\u00f3tesis del nuevo ordenamiento argentino, es mucho m\u00e1s expl\u00edcita y contundente, y mutatis mutandis, se relaciona directamente con el caso aqu\u00ed expuesto a la Corte, al postular que la sociedad de gananciales directamente se da por extinguida en forma retroactiva a la fecha de la separaci\u00f3n efectiva o real, cuando expresa: \u201cSi la separaci\u00f3n de hecho sin voluntad de unirse precedi\u00f3 a la anulaci\u00f3n del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al d\u00eda de esa separaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Ese legislador, en este \u00faltimo punto, reproduce y mejora sin condici\u00f3n alguna, la regla 1306 del anterior C.C. argentino, que plasmaba: \u201c(\u2026) producida la separaci\u00f3n de hecho de los c\u00f3nyuges, el que fuere culpable de ella no tiene derecho a participar en los bienes gananciales que con posterioridad a la separaci\u00f3n de hecho aumentaron el patrimonio del no culpable\u201d. <\/p>\n
El Derecho mexicano tampoco ha ignorado la cuesti\u00f3n. Tiene una normatividad amplia sobre la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, en lo tocante con los efectos retroactivos de la nulidad. El C\u00f3digo Civil Federal, en vigor a partir del 1\u00ba de septiembre de 1932, en el Libro Primero \u201cDe las Personas\u201d, en el art\u00edculo 196 enfrenta el problema: \u201cEl abandono injustificado por m\u00e1s de seis meses del domicilio conyugal por uno de los c\u00f3nyuges, hace cesar para \u00e9l, desde el d\u00eda del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; \u00e9stos no podr\u00e1n comenzar de nuevo sino por convenio expreso\u201d7(subrayas ex texto). <\/p>\n
Seg\u00fan lo razonado, en el derecho comparado, con relaci\u00f3n al problema planteado, en algunos de los ordenamientos m\u00e1s prominentes ya han resuelto la inquietud que ocupa el asunto materia de juzgamiento siguiendo la fecha cierta de la separaci\u00f3n definitiva e irrevocable de hecho. De esos ordenamientos se puede inferir que en pos de hacer real el momento de la separaci\u00f3n, posibilitan establecer la data cierta de la separaci\u00f3n efectiva y definitiva de los contrayentes, convirtiendo en obligaci\u00f3n del juez, investigar la fecha cierta de la separaci\u00f3n efectiva, para que la decisi\u00f3n no sea meramente formal o nominalista, sino justa y real, excluyendo toda forma de enriquecimiento injusto. <\/p>\n
Como colof\u00f3n de este ejercicio comparatista, la tesis que pareciera razonable en nuestro medio de la subsistencia formal de la sociedad conyugal desconociendo la verdadera y real fecha de separaci\u00f3n de los c\u00f3nyuges, hoy encierra evidentes injusticias, que el Estado Constitucional y Social de Derecho no puede aplaudir, por la carencia de ayuda, auxilio, solidaridad, socorro mutuos, comunidad de intereses, cuando la pareja o los consortes est\u00e1n del todo separados f\u00e1cticamente y entrelazados por un convenio meramente ideal y formal, ajeno a la realidad y a la buena fe, y a la aut\u00e9ntica justicia material, por carencia de esfuerzo rec\u00edproco como elemento axial del r\u00e9gimen econ\u00f3mico social. <\/p>\n
5.5. De tal modo que en el caso concreto al estar disuelta de hecho la sociedad conyugal de manera irreversible, atendiendo que disolver significa \u201c(\u2026)deshacer algo pniendo filn a la uni\u00f3n de sus componentes (\u2026) destru\u00edr o aniquilar algo (\u2026) resolver\u201d8, desde ese instante mismo, eficazmente puede emerger la sociedad patrimonial sin que se presente la confusi\u00f3n econ\u00f3mica de los compa\u00f1eros permanentes con las anteriores sociedades. <\/p>\n
6. Para el caso que nos ata\u00f1e, la separaci\u00f3n de hecho entre la antigua pareja, fue suficiente y la ulterior sentencia, apenas deb\u00eda reconocer en forma retroactiva la autoridad de la realidad, entendiendo disuelta la primigenia sociedad. Lo expuesto, teniendo en cuenta que aquella relaci\u00f3n se quebr\u00f3 de manera definitiva e irrevocable a partir de la ruptura de los consortes que para entonces estaban casados. <\/p>\n
Desde entonces, no exist\u00eda ning\u00fan impedimento para el surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, porque el v\u00ednculo que conformaba el obst\u00e1culo, estaba disuelto y roto por el vigor de los hechos. <\/p>\n
En estas condiciones, el argumento relativo a la simultaneidad o paralelismo entre sociedad conyugal y sociedad patrimonial, resulta impertinente, por causa de los hechos probados, de tal modo que la vigencia formal del v\u00ednculo, o la preexistencia de la sociedad conyugal del matrimonio anterior, no disuelta formalmente, no puede ser escollo para que fulgure y excluya una nueva sociedad patrimonial en el marco de la art. 42 de la Carta, con el nuevo patrimonio, representado en los activos y pasivos que para la nueva universalidad se adquieran. <\/p>\n
En el punto es trascendental reiterar que la uni\u00f3n conformada por la demandante y el fallecido, tal como se describi\u00f3 en los hechos de la providencia, y se demostr\u00f3, era permanente en el tiempo, singular y, por lo tanto, contaba con la estabilidad en la comunidad de vida, factores suficientes para concretar los efectos patrimoniales de la relaci\u00f3n referida. <\/p>\n
Se impon\u00eda desde la fuerza material de la Constituci\u00f3n y ante la carencia de norma legal o supralegal alguna que apuntara a sostener esa errada doctrina, salvo una interpretaci\u00f3n formal y anfibol\u00f3gica, como obligaci\u00f3n de la judicatura, desembocar en la necesidad de proteger el v\u00ednculo constituido entre las partes citadas a la contienda judicial, sobre todo, en auxilio de la unidad familiar, a la luz de los principios, valores y derechos. <\/p>\n
7. Se hace necesaria una perspectiva o un enfoque de g\u00e9nero. Finalmente, no quiero profundizar este aspecto, pero es patente, el lector podr\u00e1 observar que quien demanda es una mujer, y como tal, la decisi\u00f3n judicial la perjudica y la desampara. Este desabrigo que no le brinda el juez del siglo XXI, juzgador de naturaleza constitucional, la torna doblemente afectada porque, adem\u00e1s estando probada la sociedad de hecho, no la reconoce, oblig\u00e1ndola a encarar un nuevo juicio por la falta de dispensa de justicia material, en un nuevo tortuoso proceso, mientras la parte contradictora sale premiada por la sentencia de casaci\u00f3n disfrutando el trabajo, el patrimonio y la contribuci\u00f3n que la compa\u00f1era realiz\u00f3, gracias a una doctrina del todo injusta. Ello significa que se afrent\u00f3 la Constituci\u00f3n y corpus iuris internacional que protege a las mujeres discriminadas en Am\u00e9rica Latina y en el mundo, faltando entonces tambi\u00e9n una orientaci\u00f3n de g\u00e9nero, en frente de la familia y su baluarte m\u00e1s importante, la mujer. <\/p>\n
8. La funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica del juez por medio de la Casaci\u00f3n y de las acciones constitucionales. La tarea del juez debe ser viva, comprometida con la justicia y con la realidad. Su enfoque debe ser din\u00e1mico en el Estado Constitucional y social de Derecho, por consiguiente, solo se ejerce una aut\u00e9ntica guardian\u00eda de la ley y de los derechos ante la Constituci\u00f3n, cuando las disposiciones legales se adaptan a las cambiantes necesidades hist\u00f3ricas y a la propia Carta. No se trata de quebrar la seguridad jur\u00eddica y la confianza leg\u00edtima, principios democr\u00e1ticos de los que es centenariamente adalid esta Suprema Corte de Justicia; tribunal que ha vivificado el pensamiento jur\u00eddico nacional y ha procurado la protecci\u00f3n de los derechos, anticip\u00e1ndose las m\u00e1s de las veces en la soluci\u00f3n de casos injustos y contrarios al sistema jur\u00eddico. <\/p>\n
La situaci\u00f3n agitada en casaci\u00f3n, ineludiblemente, impon\u00eda una soluci\u00f3n del modo aqu\u00ed planteado. Precisamente, en su constante tarea como magistratura de cierre, superando prejuicios y, ante todo, el car\u00e1cter exeg\u00e9tico y textualista de la ley. La visi\u00f3n que combato en este salvamento se relaciona con una serie de preconceptos que no responden a una visi\u00f3n material de la Carta, ni menos a una aprehensi\u00f3n racional y justa de la realidad y de los derechos de las parejas. <\/p>\n
El C\u00f3digo civil debe ser reinterpretado de manera d\u00factil y racional, adapt\u00e1ndolo a las necesidades cambiantes, siguiendo los principios valores y derechos que predica la Carta. Y esta tarea compete a los jueces del Estado Constitucional. Con sabidur\u00eda inquebrantable ha adoctrinado esta Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) habiendo de considerarse el ordenamiento como un sistema completo y arm\u00f3nico, y de entenderse como un medio para absolver las dificultades y necesidades m\u00faltiples y cambiantes de la praxis, la jurisprudencia actualiza permanentemente el derecho y logra su desarrollo y evoluci\u00f3n, para lo cual no ha menester de espec\u00edfico cambio legislativo, bast\u00e1ndole un entendimiento racional y d\u00factil de las leyes, dentro de un proceso continuo de adaptaci\u00f3n de ellas a concepciones, ambiente, organizaci\u00f3n social, necesidades nuevas, distintas de las que las originaron, posiblemente contrarias a ellas, en armon\u00eda con la equidad y los requerimientos vitales. <\/p>\n
\u201cLa ley es una creaci\u00f3n del esp\u00edritu objetivo, que aun cuando producto de determinado cuerpo pol\u00edtico constitucionalmente calificado a ese objeto, se independiza de \u00e9l desde su expedici\u00f3n, al punto de que el influjo de los prop\u00f3sitos que animaron a sus redactores va decreciendo a medida que la norma se proyecta sobre coyunturas cada vez distintas y m\u00e1s lejanas de las de su origen, y de que el int\u00e9rprete es llamado a proceder con la mente puesta en el legislador, para imaginar c\u00f3mo habr\u00eda este regulado la situaci\u00f3n nueva si le hubiese sino factible entonces tenerla presente. En rigor, la jurisprudencia tiene una misi\u00f3n que rebasa los marcos de la gram\u00e1tica y de la indagaci\u00f3n hist\u00f3rica: el de lograr que el derecho viva, se remoce y se ponga a tono con la mentalidad y las urgencias del presente, por encima de la inmovilidad de los textos, que no han de tomarse para obstaculizar el progreso, sino ponerse a su servicio, permitiendo as\u00ed una evoluci\u00f3n jur\u00eddica sosegada y firme, a todas luces provechosas\u201d9. <\/p>\n
Un juez, una Corte, un tribunal juzgan la historia reconstruida a trav\u00e9s de la prueba, pero, al mismo tiempo, y a diferencia del historiador, ejercen una funci\u00f3n interpretativa, pedag\u00f3gica y restaurativa del Estado de Derecho porque proyectan la norma jur\u00eddica y el valor supremo de la justicia para la soluci\u00f3n de casos futuros. No debe olvidarse por ello, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l h\u00e1bito del jurista se orienta ex post facto, es decir hacia hechos que se han producido en el pasado y que el juez debe decidir en t\u00e9rminos jur\u00eddicos. Sin embargo, desde el punto de vista institucional los poderes judiciales deben poner la mirada en la orientaci\u00f3n previsible de la sociedad a la que se presta el servicio de justicia e ir definiendo sus cambios y necesidades como para ir provey\u00e9ndoles (\u2026) ese servicio. Por supuesto que a tales fines resulta necesario que dichos poderes cuenten con los profesionales necesarios capaces de ir delineando futuros cambios y exigencias, pero tambi\u00e9n se requiere que aquellos generen puentes con la sociedad como para ser receptivos a las cambiantes necesidades. Un elemental requerimiento para poder cumplir con este desaf\u00edo es contar con una exhaustiva y completa lectura de la realidad existente (\u2026)\u201d10 (Negrillas propias). <\/p>\n
9. En los anteriores t\u00e9rminos, dejo consignado mi anunciado salvamento. La recurrida debi\u00f3 confirmarse. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Si bien en el hecho quinto del libelo se habla de que por \u00abescritura 3.743 de 19 de julio de 2001, en la Notar\u00eda s\u00e9ptima de Bucaramanga, voluntariamente se divorci\u00f3\u00bb, al dar cumplimiento al auto inadmisorio se aport\u00f3 copia aut\u00e9ntica de la \u00abliquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb seg\u00fan \u00abprimera copia de escritura No. 3.743 de julio diez y nueve (19) del dos mil once (2011)\u00bb -se resalta- (fls. 91 al 94). <\/p>\n
2 ALEJANDREZ PE\u00d1A, Pedro. Liquidaci\u00f3n de bienes Gananciales. Aspectos pr\u00e1cticos, procesales y sustantivos. 4 edic. Valladolid \u2013 Espa\u00f1a, Editorial Lex Nova, 2008, p. 213. ISBN: 978-84-8406-847-1. <\/p>\n
3 En el mismo sentido, en general, la sentencia del Tribunal Supremo Espa\u00f1ol de 25 de octubre de 2015. Adem\u00e1s, entre otros, los fallos de 22 de enero y de 25 de octubre de 2013 de la Audiencia Provincial de Madrid, Secci\u00f3n 22; de 29 de junio de 2012 y de 26 de junio de 2014 de la Audiencia Provincial de C\u00e1diz, Secci\u00f3n 5\u00aa; de 1\u00ba de junio de 2012 de la Audiencia Provincial de Granada, Secci\u00f3n 5\u00aa; y de 12 de julio de 2012 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secci\u00f3n 18. <\/p>\n