SC007-2021 (2013-00147-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC007-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-31-10-001-2013-00147-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de agosto de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C, veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado respecto de la sentencia de 24 de marzo de 2015, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario de Mar\u00eda Isabel Quesada de Duarte, contra Pedro Emilio Torres Quijano. <\/p>\n
I.-EL LITIGIO <\/p>\n
1.- Se pidi\u00f3 en el libelo declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho conformada por Mar\u00eda Isabel Quesada de Duarte y Pedro Emilio Torres Quijano, desde el 15 de febrero de 1991 hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda subsanada. <\/p>\n
En consecuencia, se declare la existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes por el mismo periodo y su liquidaci\u00f3n (fls. 19 \u2013 21 y 26, c. 1). <\/p>\n
2.- Como sustrato f\u00e1ctico se expuso que desde el 15 de febrero de 1991 Mar\u00eda Isabel Quesada de estado civil casada y Pedro Emilio Torres Quijano, soltero, conformaron una uni\u00f3n marital de hecho, que para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda a\u00fan subsist\u00eda, uni\u00f3n en la que no se procrearon hijos, ni se realizaron capitulaciones, conform\u00e1ndose tambi\u00e9n una sociedad patrimonial integrada por varios inmuebles. <\/p>\n
3.- El accionado se opuso al \u00e9xito de las pretensiones, y como excepciones de m\u00e9rito aleg\u00f3: \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa o inexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb, \u00abfalsedad de los hechos base de la acci\u00f3n\u00bb, \u00abinexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial por no haberse adquirido bienes durante el tiempo de convivencia\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, \u00abmala fe e inducci\u00f3n en error a un funcionario judicial\u00bb, \u00abexcepci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n impetrada\u00bb, \u00abcarencia e inexistencia de inter\u00e9s jur\u00eddico o derecho para demandar la uni\u00f3n marital y la patrimonial\u00bb, \u00abinexistencia de la causa invocada\u00bb, \u00abdeclarar las excepciones que se hallen probadas\u00bb, \u00absustracci\u00f3n materia de la acci\u00f3n\u00bb, \u00abestimaci\u00f3n anticipada de perjuicios ocasionados al demandado y buena fe\u00bb (fls. 34 \u2013 41 y 113 \u2013 123, c. 1). <\/p>\n
4.- La primera instancia culmin\u00f3 con sentencia del 22 de agosto de 2014, en la cual el a quo, accedi\u00f3 en parte a los pedimentos de la demanda. En esa direcci\u00f3n, declar\u00f3 que entre Pedro Emilio Torres Quijano y Mar\u00eda Isabel Quesada existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho entre el 1\u00b0 de febrero de 1992 y el 24 de julio de 2013; declar\u00f3 la prosperidad parcial de algunas de las excepciones de m\u00e9rito propuestas y deneg\u00f3 las pretensiones relacionadas con la existencia y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial por cuanto, de acuerdo a lo acreditado en el juicio, ambos compa\u00f1eros eran de estado civil casados, sin disoluci\u00f3n de las respectivas sociedades conyugales, circunstancia que \u00abimpide por prohibici\u00f3n legal expresa, el surgimiento de la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial\u00bb. (fls. 237 – 271, c. 1). <\/p>\n
5.- Ambas partes formularon recurso de apelaci\u00f3n. En sentencia emitida el 24 de marzo de 2015, el Superior confirm\u00f3 los ordinales primero, cuarto y sexto del fallo de primer grado, y revoc\u00f3 los restantes, y en su lugar, decidi\u00f3 declarar \u00abla existencia de una sociedad patrimonial entre Mar\u00eda Isabel Quesada y Pedro Emilio Torres Quijano, conformada durante la misma \u00e9poca de duraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho entre ellos. Por tanto, se ordena su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n\u00bb y declar\u00f3 impr\u00f3speras la totalidad de las defensas propuestas por el convocado. (fls. 43 \u2013 82, c. 5). <\/p>\n
II.-FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
En sustento de su determinaci\u00f3n, el ad quem efectu\u00f3 las siguientes apreciaciones. <\/p>\n
La Ley 54 de 1990 instituy\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho y como consecuencia de la declaraci\u00f3n de su existencia, la presunci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, siempre que se den los requisitos que se\u00f1ala la misma ley en su art\u00edculo 2\u00b0. Ello significa, que \u00abpuede existir una uni\u00f3n marital de hecho con sociedad patrimonial de hecho presunta, as\u00ed como uni\u00f3n marital de hecho con sociedad patrimonial no presunta, pues la comentada ley no excluye en momento alguno esta \u00faltima posibilidad\u00bb. <\/p>\n
El requisito de temporalidad exigido en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, no se refiere a la existencia de la uni\u00f3n marital, sino a la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial. En ese sentido, puede presentarse una uni\u00f3n marital de hecho, aunque los compa\u00f1eros tengan poco tiempo de convivencia, siempre que sea singular y permanente. Dicha norma \u00abno se\u00f1ala el origen de la sociedad patrimonial sino los requisitos de una presunci\u00f3n, en otras palabras, otorga una ventaja probatoria a quien demanda\u00bb; quien no re\u00fane esas condiciones, no puede sufrir consecuencia distinta a la que emana del texto legal, \u00abque la sociedad no se presume, con lo cual, quien alegue la existencia de la figura ha de probar que la fortuna construida lo ha sido entre los dos, producto del trabajo com\u00fan, de la ayuda rec\u00edproca y del socorro que se deben los compa\u00f1eros permanentes\u00bb, por cuanto no es otro el efecto de toda norma que establece una presunci\u00f3n legal. <\/p>\n
Es posible hablar de uni\u00f3n marital de hecho cuando los compa\u00f1eros permanentes tienen una vida en com\u00fan singular, as\u00ed sea menor de dos a\u00f1os, y alguno de ellos tenga una sociedad conyugal sin liquidar. Los dos \u00edtems tienen la misma naturaleza jur\u00eddica en cuanto a los requisitos de la presunci\u00f3n, y merecen igual tratamiento, sin embargo, en esas condiciones, quien demande la declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial no goza de la presunci\u00f3n de su conformaci\u00f3n y tendr\u00e1 que probar que as\u00ed ha sido. <\/p>\n
El argumento referente a que desde esa perspectiva se confunden los patrimonios, es ajeno al caso por cuanto \u00abla sociedad patrimonial no es una sociedad a t\u00edtulo universal, como se puede desprender de un cotejo entre los art\u00edculos 1774 del C\u00f3digo Civil y 3 de la Ley 54 de 1990. Y mucho menos lo es cuando el compa\u00f1ero permanente que funge como demandante no est\u00e1 amparado por la presunci\u00f3n. De modo que el problema de determinar en qu\u00e9 masa se hallan los bienes pasa a ser un problema puramente probatorio de la liquidaci\u00f3n, que corresponde a otro estadio del pleito, que en modo alguno impide el reconocimiento de la figura, pues no es esencial\u00bb. <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 10 de septiembre de 2003 expediente N\u00b07603, estim\u00f3 inconstitucional la exigencia del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, seg\u00fan la cual, para la conformaci\u00f3n de la sociedad patrimonial las sociedades conyugales anteriores deb\u00edan estar liquidadas, por cuanto \u00abno se compadece con la Carta que una cosa visiblemente innecesaria tenga el poder de anonadar el derecho sustancial, cuya primac\u00eda asegura aquella\u00bb, cuando es la disoluci\u00f3n lo que pone fin a la sociedad conyugal, no la liquidaci\u00f3n, bastando lo primero para evitar la confusi\u00f3n patrimonial. Pese a ello, la Ley 979 de 2005 insisti\u00f3 en consagrar la exigencia de la liquidaci\u00f3n, sin embargo, <\/p>\n
En opini\u00f3n de esta Sala, el camino trazado por la sentencia de la Corte que se acaba de glosar debe continuarse. As\u00ed que desde la sentencia de julio 17 de 2009 este Tribunal ha venido en la construcci\u00f3n de la argumentaci\u00f3n para sostener que la exigencia de la disoluci\u00f3n (\u2026) corre igual suerte que la de liquidaci\u00f3n, enfrentada a los principios constitucionales. Por consiguiente, esta Sala aplica la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad a la exigencia que indica que no hay lugar a sociedad patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros permanentes cuando persista una sociedad conyugal anterior, pues tal regla, no expl\u00edcita en el texto legal, pero aplicada como norma derivada o adscrita, por la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, de tribunales y jueces, en el llamado derecho viviente, vulnera principios constitucionales como el de igualdad, el de acceso a la justicia, el de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, entre otros. <\/p>\n
En la demanda se afirm\u00f3 que la uni\u00f3n marital dur\u00f3 entre el 15 de febrero de 1991 hasta la subsanaci\u00f3n de aquella, mientras que el demandado neg\u00f3 rotundamente la existencia de una relaci\u00f3n de esa naturaleza, empero, de los testimonios recibidos \u00abf\u00e1cilmente se concluye como lo hizo la funcionaria de primera instancia que en verdad entre la demandante y el demandado existi\u00f3 la relaci\u00f3n de pareja que se reclama y que, incluso, se prolong\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de la presentaci\u00f3n de la demanda. La conclusi\u00f3n es en cuanto a la uni\u00f3n marital de hecho, la misma a la cual llegara el juzgado en la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
No ocurre lo mismo respecto a lo decidido acerca de la sociedad patrimonial, denegada por el Juzgado aduciendo razones de orden jur\u00eddico que la sala mayoritaria no comparte, y dadas las particularidades del caso, se resuelve \u00abacorde con el precedente de este Tribunal, pero no con el de la Corte Suprema de Justicia que el proyecto derrotado dice seguir\u00bb. <\/p>\n
Si bien es cierto que el demandado desde el punto de vista formal tiene un matrimonio vigente, al comenzar la convivencia con Mar\u00eda Isabel Quesada ya se encontraba separado de hecho con su esposa leg\u00edtima, con lo que se \u00abrobustece la conclusi\u00f3n de que la actora merece protecci\u00f3n del derecho\u00bb, la cual no tiene el alcance de la presunci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, debiendo ella asumir, como en efecto lo hizo, \u00abla carga de demostrar que entre los dos compa\u00f1eros construyeron un patrimonio familiar, no necesariamente una sociedad de hecho\u00bb, y existen numerosos indicios de que el patrimonio adquirido por los contendientes durante su convivencia se aviene con lo dispuesto en el art\u00edculo 3 de la citada Ley, de manera que, <\/p>\n
Todos los indicios analizados atr\u00e1s y que surgen de las declaraciones rese\u00f1adas son, para el Tribunal, suficiente prueba, ante la imposibilidad jur\u00eddica ya explicada de poderla presumir, de la existencia de la sociedad patrimonial entre Mar\u00eda Isabel Quesada y Pedro Emilio Torres Quijano. Queda as\u00ed satisfecha la carga probatoria que a la demandante impone el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de probar, que existi\u00f3 una sociedad patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros permanentes, lo cual deber\u00e1 declarar el Tribunal, sin necesidad de apoyo en presunci\u00f3n alguna. <\/p>\n
III.- LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formul\u00f3 un solo cargo con soporte en la causal 1\u00b0 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil acusando violaci\u00f3n indirecta, por indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2\u00b0 literales a y b y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 54 de 1990, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas documentales y testimoniales arrimadas al proceso, as\u00ed como de la respuesta ofrecida frente a los hechos y pretensiones (fls. 29 a 74, c. 6). <\/p>\n
Para el recurrente, de la prueba recaudada no se deduc\u00eda la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes, adem\u00e1s, la sociedad patrimonial no pod\u00eda declararse porque tanto la accionante como el accionado son casados y las respectivas sociedades conyugales se encuentran vigentes. En sustento, expuso: <\/p>\n
Los testimonios de Olga Sandoval de Sanabria, Elicencia Esteban Melo, Orfelina Beltr\u00e1n de Olarte, Rosa Emira Esteban Melo, Gladys Pinz\u00f3n S\u00e1enz, no son plena prueba de los hechos de la demanda, ni suficientes para arribar a las conclusiones del Tribunal, por cuanto en los mismos hay aseveraciones falsas toda vez que no concuerdan con la realidad de los hechos investigados y existen tambi\u00e9n contradicciones. <\/p>\n
El ad quem, no valor\u00f3 en su real dimensi\u00f3n los testimonios de Mar\u00eda Esperanza Torres, Leonor Vanegas G\u00f3mez, Fabio G\u00f3mez Silva, Cristian Torres, Luz Aida Garc\u00eda Quintero, Ra\u00fal Cristancho Pinz\u00f3n, Beatriz Mart\u00ednez Rond\u00f3n, Jorge Enrique Rinc\u00f3n y Gonzalo Valbuena Garc\u00e9s, decretados a petici\u00f3n del demandado. <\/p>\n
Confrontados los testimonios de las personas citadas a instancia de la promotora con los solicitados por el impugnante, se aprecia que los \u00faltimos hablaron con sinceridad y certeza lo que realmente vieron y han vivido con \u00e9l, dado que ellos \u00absiempre est\u00e1n cerca de Pedro, tienen acceso a la casa porque son los que le colaboran y al un\u00edsono todos han dicho que la se\u00f1ora Mar\u00eda Isabel Quesada de Duarte, si bien lo visitaba lo hac\u00eda de vez en cuando de manera muy espor\u00e1dica y que nunca comparti\u00f3 techo, lecho y mesa con Pedro\u00bb, de manera que entre ellos solo existi\u00f3 un noviazgo, no una convivencia con las caracter\u00edsticas de la uni\u00f3n marital. <\/p>\n
Ante la indebida valoraci\u00f3n que se le dio a la prueba testimonial, el juzgador de primera instancia declar\u00f3 la uni\u00f3n marital, m\u00e1s no la sociedad patrimonial, sin embargo, en la segunda instancia fue m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n, dado que adem\u00e1s se reconoci\u00f3 la existencia de la sociedad patrimonial, pese a que los bienes de Pedro Emilio \u00abhacen parte de la sociedad conyugal que sigue vigente con la se\u00f1ora Myriam Ria\u00f1o Godoy, dado que fue estando casado con esta se\u00f1ora que los adquiri\u00f3\u00bb, adem\u00e1s, la demandante tambi\u00e9n tiene vigente la sociedad conyugal con Jaime Duarte, siendo la disoluci\u00f3n de esas sociedades anteriores, el requisito indispensable para que pueda declararse la sociedad patrimonial. <\/p>\n
El ad quem no valor\u00f3 el registro civil de matrimonio allegado con la contestaci\u00f3n de la demanda que daba cuenta del matrimonio del demandado con Myriam Ria\u00f1o Godoy, del cual se desprend\u00eda un hecho impeditivo de la declaratoria de la uni\u00f3n marital. Tampoco tuvo en cuenta las escrituras de compraventa arrimadas en la misma oportunidad, de las cuales se infiere que los inmuebles fueron adquiridos por Pedro Emilio Torres antes de casarse o en vigencia de la sociedad conyugal con Myriam Ria\u00f1o, uni\u00f3n respecto de la cual nunca se ha tramitado separaci\u00f3n de cuerpos, divorcio o cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio, ni disoluci\u00f3n o liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, como requisito necesario para que pueda presumirse la existencia de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
El Tribunal se apart\u00f3 de la ley y la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia respecto a los requisitos de la sociedad patrimonial, cometiendo una gran injusticia en detrimento del recurrente, pues lo que tiene lo consigui\u00f3 con su esposa y no con la accionante. De ese modo, dej\u00f3 de lado que la sociedad conyugal se encontraba vigente por lo que los bienes all\u00ed adquiridos no pueden entrar a ser parte de una presunta sociedad patrimonial. <\/p>\n
En consecuencia, solicita casar la sentencia de segunda instancia, y en su lugar, se declare que no existe m\u00e9rito para el reconocimiento de la uni\u00f3n marital de hecho, y mucho menos de la sociedad patrimonial entre las partes. <\/p>\n
IV.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Por virtud del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n y el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 625 de la Ley 1564 de 2012, conforme al cual los recursos interpuestos, \u00abse regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, en la definici\u00f3n de este asunto se tendr\u00e1n en cuenta las normas que establec\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil por ser las aplicables al momento en que se formul\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n (10 abr. 2015) y que conservan vigencia hasta que culmine. <\/p>\n
2.- Pese a que en el cargo formulado con soporte en el primer motivo consagrado en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil el impugnante solo acus\u00f3 en forma expl\u00edcita violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales, no puede soslayarse que en su escrito tambi\u00e9n cuestion\u00f3 al Tribunal por haberse apartado de la ley y la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia respecto a los requisitos de la sociedad patrimonial, lo que pone en evidencia un cuestionamiento espec\u00edfico respecto a la soluci\u00f3n jur\u00eddica del caso. <\/p>\n
Seg\u00fan lo dijo la Sala en SC 24 abr. 2012, rad. n\u00ba 2005-00078, para acreditar la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe el recurrente enfocar su ataque a establecer la existencia de \u00abfalsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb, precisamente, en esta \u00faltima hip\u00f3tesis se ubica el apartado del reproche planteado en el libelo casacional, al acusar al Tribunal de haber declarado la existencia de la sociedad patrimonial, pasando por alto que la Ley 54 de 1990 impide el surgimiento de la misma, cuando alguno de los compa\u00f1eros tenga una sociedad conyugal que no haya sido disuelta. <\/p>\n
En esas circunstancias, es menester dar alcance al art\u00edculo 51 del Decreto 2651 de 1991 -adoptado como legislaci\u00f3n permanente, por el art\u00edculo 162 de la Ley 446 de 1998-, que entre las reglas a tener en cuenta, cuando quiera que en la demanda de casaci\u00f3n se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, incluye, \u00ab2\u00b0. Si un cargo contiene acusaciones que la Corte estima han debido formularse separadamente, deber\u00e1 decidir sobre ellas como si se hubieran invocado en distintos cargos\u00bb, por ser la situaci\u00f3n evidenciada en el presente asunto. <\/p>\n
A partir de la aplicaci\u00f3n de esa premisa jur\u00eddica, se escindir\u00e1 el estudio de la acusaci\u00f3n en dos cargos, con apego a la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En primer lugar, se estudiar\u00e1 el ataque por violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales derivada de yerros de hecho en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, por lo que concierne a la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes. Estudio del cual se desprende infundado el cargo. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se examinar\u00e1 la eventual vulneraci\u00f3n directa de las normas materiales invocadas, de cara al reconocimiento de la sociedad patrimonial. Para el efecto, se tendr\u00e1 en cuenta la doctrina probable de la Sala en punto a la prohibici\u00f3n legal de coexistencia de la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, sin desconocer la posibilidad que tienen los jueces de separarse de ella, siempre que lo hagan de manera razonada con argumentos jur\u00eddicos fundados y suficientes. <\/p>\n
En ese labor\u00edo, se concluir\u00e1 que el sentenciador, de manera injustificada dada la escasa solidez de los argumentos esgrimidos para decidir del modo que lo hizo, incurri\u00f3 en la violaci\u00f3n directa de las normas invocadas por el impugnante, al separarse de la interpretaci\u00f3n que frente a las mismas ha decantado la jurisprudencia de la Corte, en cumplimiento de la labor de unificaci\u00f3n que le es propia. <\/p>\n
2.1.- En lo que respecta a las caracter\u00edsticas de la uni\u00f3n marital de hecho como modelo de conformaci\u00f3n familiar previsto en la Ley 54 de 1990, en CSJ, SC 12 dic. 2011, Rad. n.\u00b0 2003-01261-01, ratificada en SC2535- 2019, se expuso. <\/p>\n
Tres son, pues, en esencia, los requisitos que deben concurrir para la configuraci\u00f3n de una uni\u00f3n material de hecho: la voluntad por parte de un hombre y una mujer -en el contexto de la ley 54 de 1990-, de querer conformar, el uno con el otro, una comunidad de vida, y, por ende, dar origen a una familia; que dicho proyecto com\u00fan se realice exclusivamente entre ellos, de tal manera que no existan otras uniones de alguno o de ambos con otras personas, que ostenten las mismas caracter\u00edsticas o persigan similares finalidades; y que tal designio y su concreci\u00f3n en la convivencia se prolonguen en el tiempo. <\/p>\n
Para el juzgador de segunda instancia todos estos requisitos se acreditaron en el asunto sub judice, principalmente a partir de testimonios. El cargo en casaci\u00f3n se edific\u00f3 en lo que el recurrente calific\u00f3 como una err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de esos medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
2.1.1.- Si se tiene en cuenta que el error de hecho por err\u00f3nea apreciaci\u00f3n probatoria puede presentarse cuando el fallador se equivoca ostensiblemente al valorar materialmente los medios demostrativos, por suposici\u00f3n, pretermisi\u00f3n o tergiversaci\u00f3n, ello significa que no cualquier equivocaci\u00f3n es v\u00e1lida para soportar esta acusaci\u00f3n, siendo menester que sea manifiesta y adem\u00e1s trascendente en el sentido de la sentencia, lo que le impone al inconforme un labor\u00edo de individualizaci\u00f3n de los medios probatorios que a su juicio fueron indebidamente apreciados por el sentenciador, y una comparaci\u00f3n entre \u00e9stos y las conclusiones que de su valoraci\u00f3n se extrajeron, encaminada a demostrar en qu\u00e9 consisti\u00f3 el error y cu\u00e1l fue su incidencia en la definici\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Al reparar en la sustentaci\u00f3n del recurso, se advierte un desconocimiento de esas exigencias en la medida que los reparos lucen como un alegato de instancia que da cuenta de la forma como el inconforme considera que debieron valorarse las declaraciones de terceros y aun el dicho de las partes, pero en modo alguno ofrece un juicio comparativo o de cotejo entre lo que efectivamente dijeron los comparecientes y lo que de ellos extrajo el Tribunal, adem\u00e1s, omiti\u00f3 indicar con exactitud en qu\u00e9 consisti\u00f3 la grave equivocaci\u00f3n en que incurri\u00f3 el sentenciador y su trascendencia en la decisi\u00f3n final. <\/p>\n
En contrav\u00eda de esa exigencia, en la demanda de casaci\u00f3n el opugnador se dedic\u00f3 a transcribir los testimonios recibidos por solicitud de la parte demandante a Olga Sandoval de Sanabria, Elicencia Esteban Melo, Orfelina Beltr\u00e1n de Olarte, Rosa Emira Esteban Melo y Gladys Pinz\u00f3n S\u00e1enz, glosando algunas de las respuestas ofrecidas por ellos, para descalificarlas y acusar que no corresponden a la verdad, y, adicionalmente, reclamar que no se le hubiera dado m\u00e1s relevancia a los testimonios de Mar\u00eda Esperanza Torres, Leonor Vanegas G\u00f3mez, Fabio G\u00f3mez Silva, Cristian Torres, Luz Aida Garc\u00eda Quintero, Ra\u00fal Cristancho Pinz\u00f3n, Beatriz Mart\u00ednez Rond\u00f3n, Jorge Enrique Rinc\u00f3n y Gonzalo Valbuena Garc\u00e9s, decretados a petici\u00f3n del demandado. <\/p>\n
Como puede verse, en esencia, el casacionista no especific\u00f3 con referencia a cada uno de aquellos deponentes si el error enrostrado al sentenciador se contrajo a la suposici\u00f3n, pretermisi\u00f3n o tergiversaci\u00f3n de su dicho, y se centr\u00f3 en expresar su total desacuerdo con las aseveraciones de un grupo de testigos -los pedidos por la demandante-, en oposici\u00f3n a lo expresado por los que acudieron al juicio por su expresa solicitud que, en su criterio, s\u00ed dieron cuenta de la verdad de los hechos. <\/p>\n
En esas condiciones, la deficiencia en la formulaci\u00f3n del cargo, impide efectuar el cotejo que ameritar\u00eda su estudio de acuerdo con la v\u00eda escogida. <\/p>\n
2.1.2.- Pese al advertido defecto en la formulaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, no sobra destacar que, en realidad, se presentaron posiciones dis\u00edmiles en las versiones de los distintos declarantes que acudieron al juicio. Ante la presencia de dos grupos de testigos, el fallador se inclin\u00f3 por darle mayor alcance al dicho de aquellos citados por petici\u00f3n de la promotora, e incluso al de Cristian Torres, que fue solicitado por el convocado, por considerar que \u00e9stos hicieron un relato m\u00e1s confiable de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la relaci\u00f3n marital que vincul\u00f3 a quienes ahora fungen como partes en este proceso y su duraci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el ad quem expres\u00f3 de manera razonada por qu\u00e9 le generaban un grado de convicci\u00f3n superior con relaci\u00f3n a las dem\u00e1s declaraciones recibidas, para concluir, \u00ab[a]l tener en cuenta que las declaraciones presentadas por la parte demandante son m\u00e1s responsivas, no ambiguas ni contradictorias, f\u00e1cilmente se concluye, (\u2026) que en verdad entre la demandante y el demandado existi\u00f3 la relaci\u00f3n de pareja que se reclama y que, incluso, se prolong\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, el escrutinio de esas disquisiciones resulta ajeno a la labor encomendada a la Corte, pues tal y como se dijo en CSJ SC 003-2003 del 11 de febrero de 2003, rad. 6948, reiterada en SC 1151 de 2015, rad. N\u00b0 2005-00448-01, <\/p>\n
(\u2026) si en un proceso se encuentran, por ejemplo, dos grupos de testigos que afirman posiciones contrarias, dando cada uno la raz\u00f3n de la ciencia de su dicho, no puede cometer per se el Tribunal error evidente si se inclina por uno de esos grupos de testigos, m\u00e1xime si en apoyo de su elecci\u00f3n se sustenta en otras pruebas que corroboran el dicho del grupo escogido. Se trata, en efecto, de que en casos como el que abstractamente se plantea, el Tribunal hace uso racional de su discreta autonom\u00eda en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, no pudiendo en consecuencia, cometer yerro f\u00e1ctico en esa tarea. <\/p>\n
En otras palabras, cuando el juzgador opta por dar credibilidad a un conjunto de declarantes y no lo hace con otro que se muestra antag\u00f3nico, adem\u00e1s apoyado en otros medios de convicci\u00f3n seg\u00fan sucedi\u00f3 en el sub judice, ejerce la tarea de valorar el acervo de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica (art. 187 C. de P. C.) y, por ende, no se puede calificar dicha determinaci\u00f3n de errada, tal cual lo expone el embate que se resuelve, sino como el cumplimiento de su funci\u00f3n jurisdiccional. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, no sobra se\u00f1alar que, a tono con lo previsto en los art\u00edculos 218 y 228 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la contradicci\u00f3n de la prueba testimonial se efect\u00faa por v\u00eda del interrogatorio al testigo y de la tacha de \u00e9ste por sospechoso, prerrogativas que tuvo a su disposici\u00f3n el apoderado del accionado si consideraba que exist\u00edan circunstancias que pod\u00edan afectar la credibilidad o imparcialidad de los testigos, o si al momento de la pr\u00e1ctica de la prueba advirti\u00f3 respuestas oscuras o contradictorias acerca de hechos que deb\u00edan quedar esclarecidos, por cuanto es a partir de lo all\u00ed evidenciado que el juez llega a su convencimiento de cu\u00e1l es la decisi\u00f3n m\u00e1s acertada para resolver el litigio. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, se aprecia que el mandatario del convocado particip\u00f3 activamente en las audiencias de recepci\u00f3n de pruebas haciendo preguntas, e incluso tachando los testimonios de Olga Sandoval de Sanabria y Orfelina Beltr\u00e1n de Olarte, tachas que fueron desestimadas en la sentencia de primer grado y frente a las cuales se pronunci\u00f3 el Tribunal indicando, respecto al primero, que el apoderado del demandado \u201clo tach\u00f3 como sospechoso asegurando que no era veraz, pero no se\u00f1al\u00f3 cu\u00e1l era el motivo de la tacha y no aparece en los generales de ley que la declarante tuviese alguna relaci\u00f3n con las partes de la que pudiera inferirse alguna parcialidad. La tacha, entonces, es totalmente infundada\u201d (pag. 73, c. 5) y en similar sentido se pronunci\u00f3 sobre el segundo (fl. 74, ib.), por lo que les confiri\u00f3 suficiente m\u00e9rito demostrativo a esas versiones. <\/p>\n
2.1.3.- Por otra parte, es cierto que en la foliatura se aprecia copia del registro civil de matrimonio de Pedro Emilio Torres Quijano y Myriam Ria\u00f1o Godoy, y que efectivamente el sentenciador no mencion\u00f3 ese documento en el fallo censurado, sin embargo, es claro que la expresa referencia al mismo en nada habr\u00eda cambiado sus conclusiones dado que en su argumentaci\u00f3n dej\u00f3 sentado que, \u00absi bien es cierto que el demandado, desde el punto de vista formal, tiene un matrimonio vigente, para cuando comenzaron la convivencia juntos Mar\u00eda Isabel Quesada y Pedro Emilio Torres Quijano, ya \u00e9ste se hallaba separado de hecho de su esposa leg\u00edtima\u00bb y fue a partir de esa inferencia que construy\u00f3 su tesis referente a que en este caso no operaba la presunci\u00f3n de existencia de la sociedad patrimonial, sino que deb\u00eda ser demostrada. <\/p>\n
En esa medida, es claro que ese medio probatorio de manera impl\u00edcita s\u00ed fue considerado, y a\u00fan si se admitiera como cierta la omisi\u00f3n endilgada en ese sentido, la misma carecer\u00eda de la fuerza necesaria para desvirtuar el juicio del ad quem en punto al estado civil del demandado, por lo mismo ning\u00fan yerro f\u00e1ctico puede endilgase, menos a\u00fan si se tiene en cuenta, que, <\/p>\n
(\u2026) trat\u00e1ndose de error de hecho por preterici\u00f3n de una prueba o de un hecho de la demanda, no le basta al censor con se\u00f1alar que en las consideraciones del fallo no se mencion\u00f3, sino que debe demostrar es que efectivamente no se tuvo en cuenta. Porque de haberse considerado, establecido impl\u00edcitamente por sus conclusiones, su no menci\u00f3n ser\u00eda una deficiencia de expresi\u00f3n, pero no de apreciaci\u00f3n probatoria o de la demanda. Ello mismo se predica de las excepciones y de los dem\u00e1s medios defensivos aducidos, que suelen ser estudiados impl\u00edcitamente con los fundamentos de la demanda que resulta a la postre favorecida (CSJ SC 5 may. 1998, exp. 5075). <\/p>\n
2.1.4.- Finalmente, aunque en la presentaci\u00f3n inicial de su demanda el casacionisa aludi\u00f3 a defectos derivados de la indebida apreciaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda, lo cierto es que no present\u00f3 reparos concretos al respecto, de donde no es menester efectuar ninguna evaluaci\u00f3n del fallo sobre ese \u00edtem, como tampoco acerca de la aducida falta de apreciaci\u00f3n de unas escrituras p\u00fablicas de compraventa de inmuebles, dado que la discusi\u00f3n relacionada con la inclusi\u00f3n de bienes en la sociedad patrimonial hace parte de un estadio procesal posterior al fallo que declara su existencia. <\/p>\n
En resumen, no prospera el cargo por violaci\u00f3n indirecta de la Ley sustancial en lo concerniente a la declaratoria de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
2.2.- Acus\u00f3 el recurrente que el Tribunal se apart\u00f3 de la ley y la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia respecto a los requisitos de la sociedad patrimonial, al dejar de lado que la sociedad conyugal del demandado se encontraba vigente por lo que los bienes all\u00ed adquiridos no pueden entrar a ser parte de una presunta sociedad patrimonial. <\/p>\n
Encaminada la acci\u00f3n a la declaratoria de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, para sustentar el reclamo accesorio sobre los efectos patrimoniales que de all\u00ed pueden surgir, la labor de los falladores de instancia se circunscrib\u00eda a verificar los supuestos de viabilidad delimitados por las estipulaciones sobre cada una de esas materias y ampliamente decantados por el m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no a manera de propuesta sino en cumplimiento de los fines de \u00abunificar la jurisprudencia nacional y proveer a la realizaci\u00f3n del derecho objetivo en los respectivos procesos\u00bb, seg\u00fan el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, designio mantenido en el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso en el que se extiende a \u00abdefender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
En efecto, al tenor del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 169 de 1896 \u00abTres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casaci\u00f3n, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podr\u00e1n aplicarla en casos an\u00e1logos, lo cual no obsta para que la Corte var\u00ede la doctrina en caso de que juzgue err\u00f3neas las decisiones anteriores\u00bb, disposici\u00f3n que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en C836 de 2001, <\/p>\n
(\u2026) siempre y cuando se entienda que la Corte Suprema de Justicia, como juez de casaci\u00f3n, y los dem\u00e1s jueces que conforman la jurisdicci\u00f3n ordinaria, al apartarse de la doctrina probable dictada por aquella, est\u00e1n obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jur\u00eddicos que justifican su decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos de los numerales 14 a 24 de la presente Sentencia. <\/p>\n
Los mencionados numerales aluden a la fuerza vinculante de los precedentes como doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia, sustentada en los principios de igualdad, seguridad jur\u00eddica y buena fe, as\u00ed como a la posibilidad que tiene la Corporaci\u00f3n de modificar su jurisprudencia, en caso de que juzgue \u00aberr\u00f3neas\u00bb las decisiones tomadas en el pasado, lo que le impone asumir una carga argumentativa, que es igualmente exigible a los jueces para apartarse de la doctrina probable emanada de este \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Por su pertinencia y para mayor ilustraci\u00f3n, se cita in extenso un apartado del referido prove\u00eddo: <\/p>\n
20. Con todo, como se dijo antes, la fuerza normativa de la doctrina probable proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al \u00f3rgano encargado de establecerla, unificando la jurisprudencia ordinaria nacional; (2) del car\u00e1cter decantado de la interpretaci\u00f3n que dicha autoridad viene haciendo del ordenamiento positivo, mediante una continua confrontaci\u00f3n y adecuaci\u00f3n a la realidad social y; (3) del deber de los jueces respecto de a) la igualdad frente a la ley y b) la igualdad de trato por parte de las autoridades y; (4) del principio de buena fe que obliga tambi\u00e9n a la rama jurisdiccional, prohibi\u00e9ndole actuar contra sus propios actos. Por otra parte, la autoridad de la Corte Suprema para unificar la jurisprudencia tiene su fundamento en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas y esta atribuci\u00f3n implica que la Constituci\u00f3n le da un valor normativo mayor o un \u201cplus\u201d a la doctrina de esa alta Corporaci\u00f3n que a la del resto de los jueces de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. Ello supone que la carga argumentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia decantada por la Corte Suprema es mayor que la que corresponde a \u00e9ste \u00f3rgano para apartarse de sus propias decisiones por considerarlas err\u00f3neas. <\/p>\n
21. La expresi\u00f3n \u201cerr\u00f3neas\u201d que predica la norma demandada de las decisiones de la Corte Suprema puede entenderse de tres maneras diferentes, y cada interpretaci\u00f3n da lugar a cambios jurisprudenciales por razones distintas. En primer lugar, cuando la doctrina, habiendo sido adecuada en una situaci\u00f3n social determinada, no responda adecuadamente al cambio social posterior. Como se analiz\u00f3 de manera general en el numeral 18 supra, este tipo de error sobreviniente justifica que la Corte cambie su propia jurisprudencia. En segundo lugar, la Corte puede considerar que la jurisprudencia resulta err\u00f3nea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jur\u00eddico. En estos casos tambi\u00e9n est\u00e1 justificado que la Corte Suprema cambie su jurisprudencia para evitar prolongar en el tiempo las injusticias del pasado, haciendo expl\u00edcita tal decisi\u00f3n. En tercer lugar, como resulta apenas obvio, por cambios en el ordenamiento jur\u00eddico positivo, es decir, debido a un tr\u00e1nsito constitucional o legal relevante. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado sobre las anteriores dos posibilidades de variar la jurisprudencia, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c44- El respeto al precedente es entonces esencial en un Estado de derecho; sin embargo, tambi\u00e9n es claro que este principio no debe ser sacralizado, puesto que no s\u00f3lo puede petrificar el ordenamiento jur\u00eddico sino que, adem\u00e1s, podr\u00eda provocar inaceptables injusticias en la decisi\u00f3n de un caso. As\u00ed, las eventuales equivocaciones del pasado no tienen por qu\u00e9 ser la justificaci\u00f3n de inaceptables equivocaciones en el presente y en el futuro. O, en otros eventos, una doctrina jur\u00eddica o una interpretaci\u00f3n de ciertas normas puede haber sido \u00fatil y adecuada para resolver ciertos conflictos en un determinado momento pero su aplicaci\u00f3n puede provocar consecuencias inesperadas e inaceptables en casos similares, pero en otro contexto hist\u00f3rico, por lo cual en tal evento resulta irrazonable adherir a la vieja hermen\u00e9utica. Es entonces necesario aceptar que todo sistema jur\u00eddico se estructura en torno a una tensi\u00f3n permanente entre la b\u00fasqueda de la seguridad jur\u00eddica -que implica unos jueces respetuosos de los precedentes- y la realizaci\u00f3n de la justicia material del caso concreto -que implica que los jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las situaciones nuevas-.\u201d SU-047\/99 (M.P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero) <\/p>\n
Debe entenderse entonces que el error judicial al que hace referencia la norma demandada justifica el cambio de jurisprudencia en los t\u00e9rminos expresados, pero no constituye una facultad del juez para desechar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia sin un fundamento expl\u00edcito suficiente. (Subraya intencional). <\/p>\n
<\/p>\n
2.2.2.- Trat\u00e1ndose de los requisitos para predicar la existencia de una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes surgida de la uni\u00f3n marital de hecho entre ellos, la Corte en m\u00faltiples oportunidades se ha pronunciado sobre el alcance del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, a cuyo tenor, <\/p>\n
Se presume sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: <\/p>\n
a) Cuando exista uni\u00f3n marital de hecho durante un lapso no inferior a dos a\u00f1os, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; <\/p>\n
b) Cuando exista una uni\u00f3n marital de hecho por un lapso no inferior a dos a\u00f1os e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Dicho texto no dej\u00f3 dudas desde un comienzo de que el objetivo de sus condicionamientos era impedir la coexistencia de dos sociedades de gananciales a t\u00edtulo universal y as\u00ed fue interpretado en CSJ SC 20 sep. 2000, rad. 6117, donde se advirti\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) para que se presuma la existencia de una sociedad patrimonial entre los miembros de la pareja, denominados legalmente compa\u00f1eros permanentes, que habilite declararla judicialmente, el art\u00edculo segundo exige una duraci\u00f3n m\u00ednima de dos a\u00f1os, si no tienen impedimento para contraer matrimonio; y si alguno o ambos lo tienen, \u201cque la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u201d. <\/p>\n
Dentro de ese contexto brota evidente que el legislador sabedor de que muchas son las uniones de hecho que se integran con personas que son o han sido casadas con terceros, previ\u00f3 que no concurrieran dos sociedades patrimoniales, la conyugal que se conform\u00f3 por raz\u00f3n del matrimonio anterior y la patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes; igualmente previ\u00f3 que si uno de los compa\u00f1eros permanentes contrae matrimonio con persona distinta, se disuelve la sociedad marital patrimonial precedente. En ese orden de ideas, resulta perfectamente admisible, l\u00f3gico y coherente pensar que el legislador no tuvo en mente dar cabida, en cambio, a la coexistencia de sociedades patrimoniales nacidas de la uni\u00f3n marital de hecho, tesis esta por la que propugna el censor. <\/p>\n
Obvio que no es cierto, como dice \u00e9ste, que si el legislador acepta que haya uni\u00f3n marital de hecho y matrimonio vigente al mismo tiempo, en donde se involucre uno de los compa\u00f1eros permanentes o ambos, con mayor raz\u00f3n es dable aceptar la concurrencia de varias uniones maritales, pues en realidad para efectos patrimoniales la ley 54 exige justamente la previa disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, y pasado un a\u00f1o de \u00e9sta para conced\u00e9rselos a la uni\u00f3n de hecho, y esta se extingue si uno de los compa\u00f1eros permanentes contrae matrimonio. <\/p>\n
En ese sentido, no se necesitaba de mandato legal expreso que prohibiera la simultaneidad de uniones maritales, ni de los efectos patrimoniales consiguientes, en el caso de que se diera esa hip\u00f3tesis, pues los requisitos esenciales que exigen la configuraci\u00f3n de dicho fen\u00f3meno consagrados en la ley 54 de 1990 repelen su presencia plural. (Subraya intencional). <\/p>\n
Esta misma posici\u00f3n jur\u00eddica, fue reiterada en CSJ SC 20 abr. 2001, rad. 5883 y en SC 10 sep. 2003, rad. 7603, \u00faltima providencia en la que se expuso, <\/p>\n
En ese pronunciamiento, adem\u00e1s, se consign\u00f3 una nueva hermen\u00e9utica de la estipulaci\u00f3n conforme al esp\u00edritu de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, bajo el entendido de que resultaba irrelevante la exigencia de liquidar la sociedad conyugal para dar paso a la comunidad de bienes entre compa\u00f1eros si lo que le pone fin es la disoluci\u00f3n, toda vez que, <\/p>\n
(\u2026) la norma, al llegar hasta exigir en tales eventos la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, sin ning\u00fan g\u00e9nero de duda fue a dar m\u00e1s all\u00e1 de lo que era preciso para lograr la genuina finalidad que se propuso; porque si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la eventual concurrencia de sociedades, suficiente habr\u00eda sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su t\u00e9rmino, para lo cual basta simplemente la disoluci\u00f3n. Es esta, que no la liquidaci\u00f3n, la que le infiere la muerte a la sociedad conyugal. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Que la mera disoluci\u00f3n es lo que a la conyugal pone fin, lo dice el hecho de que justo es en ese momento cuando queda fijado definitivamente el patrimonio de ella, es decir, sus activos y pasivos, y entre unos y otros se sigue una comunidad universal de bienes sociales, administrados en adelante en igualdad de condiciones por ambos c\u00f3nyuges (o, en su caso, por el sobreviviente y los herederos del difunto). En dicha comunidad apenas s\u00ed tienen los c\u00f3nyuges derechos de cuotas indivisas, y se encuentran en estado de transici\u00f3n hacia los derechos concretos y determinados; como en toda indivisi\u00f3n, all\u00ed est\u00e1 latente la liquidaci\u00f3n. Pero jam\u00e1s traduce esto que, en el interregno, la sociedad subsiste, porque, como su nombre lo pone de relieve, la liquidaci\u00f3n consiste en simples operaciones num\u00e9ricas sobre lo que constituye gananciales, con el fin de establecer qu\u00e9 es lo que se va distribuir, al cabo de lo cual se concreta en especies ciertas los derechos abstractos de los c\u00f3nyuges. Es, en suma, traducir en n\u00fameros lo que hubo la sociedad conyugal, desde el momento mismo en que inici\u00f3 (el hecho del matrimonio) y hasta cuando feneci\u00f3 (disoluci\u00f3n); ni m\u00e1s ni menos. <\/p>\n
La Ley 979 de 2005, expedida con el fin facilitar la acreditaci\u00f3n de las uniones maritales de hecho y sus efectos patrimoniales, en su art\u00edculo 1\u00b0 introdujo una modificaci\u00f3n al referido art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, sin alterar su texto original y solo para a\u00f1adir medios alternos de demostraci\u00f3n de existencia de la sociedad patrimonial, con la advertencia de que para estos se conservaba la restricci\u00f3n inicial de surgimiento de \u00e9sta cuando alguno de los compa\u00f1eros ten\u00eda vigente matrimonio sin disolver su sociedad conyugal durante la convivencia de facto, seg\u00fan se desprende de su contenido: <\/p>\n
Se presume sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: <\/p>\n
a) Cuando exista uni\u00f3n marital de hecho durante un lapso no inferior a dos a\u00f1os, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; <\/p>\n
b) Cuando exista una uni\u00f3n marital de hecho por un lapso no inferior a dos a\u00f1os e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Los compa\u00f1eros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores podr\u00e1n declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios: <\/p>\n
1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura p\u00fablica ante Notario donde d\u00e9 fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la uni\u00f3n marital de hecho y los dem\u00e1s presupuestos que se prev\u00e9n en los literales a) y b) del presente art\u00edculo. <\/p>\n
2. Por manifestaci\u00f3n expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliaci\u00f3n legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en los literales a) y b) de este art\u00edculo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que las consideraciones en materia de interpretaci\u00f3n de los presupuestos de viabilidad de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros, consignadas en los fallos antes aludidos y acogidos en muchos otros sobre la materia, conservaron pleno valor con posterioridad a 2005 y se han mantenido inalterados desde esa \u00e9poca a hoy, como qued\u00f3 expuesto en CSJ 22 mar. 2011, rad. 2007-00091, al concluir que \u00abexistiendo impedimento legal para contraer matrimonio, la nueva relaci\u00f3n patrimonial surge a partir de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal anterior\u00bb y en CSJ SC 28 nov. 2012, rad. 2006-00173, al recordar que <\/p>\n
(\u2026) la jurisprudencia ha precisado que para la conformaci\u00f3n de la \u201cuni\u00f3n marital de hecho\u201d, no constituye obst\u00e1culo el que ambos compa\u00f1eros o alguno de ellos tenga \u201csociedad conyugal\u201d, pues esta circunstancia seg\u00fan qued\u00f3 visto, en principio obstaculiza es el surgimiento de la \u201csociedad patrimonial\u201d, cuando no se encuentra disuelta, en esencia para evitar la confusi\u00f3n de universalidades patrimoniales, por lo que acorde con esa orientaci\u00f3n, se reclama \u00fanicamente la ocurrencia de \u00e9sta, mas no su \u201cliquidaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En iguales t\u00e9rminos CSJ SC7019-2014 donde se recalca que \u00abla finalidad de la normatividad que \u00abdefine (\u2026) las uniones maritales de hecho y r\u00e9gimen patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, no fue crear \u00absociedades patrimoniales\u00bb paralelas a las \u00absociedades conyugales\u00bb derivadas del \u00abmatrimonio\u00bb de uno de los compa\u00f1eros, sino impedir que se superpongan varias comunidades de bienes a t\u00edtulo universal\u00bb. <\/p>\n
Ese planteamiento suficientemente consolidado en diversos precedentes, todos anteriores a la fecha en que se profiri\u00f3 el fallo atacado, fueron desatendidos conscientemente por el Tribunal bajo el entendido de que se trataba de una mera \u00abtesis\u00bb insostenible de la Corte porque la presunci\u00f3n legal del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, con la modificaci\u00f3n del 1\u00b0 de la Ley 979 de 2005, es desvirtuable como si la exigencia de la disoluci\u00f3n de las sociedades conyugales preexistentes no constituyera un hito a tomar en cuenta para el surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros con impedimento para contraer nupcias, lo que ri\u00f1e flagrantemente con el sentido natural y obvio de la norma en cuesti\u00f3n, que ni siquiera sufri\u00f3 cambio con las alteraciones posteriores del precepto en estudio en virtud de los pronunciamientos de la Corte Constitucional en CC C-700\/13 donde se declar\u00f3 \u00abinexequible la expresi\u00f3n \u00aby liquidadas\u00bb contenida en el literal b) del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990 modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 979 de 2005\u00bb y C193-2016 que lleg\u00f3 a la misma conclusi\u00f3n sobre el aparte \u00ab\u201cpor lo menos un a\u00f1o\u201d consagrada en el mismo literal\u00bb, puesto que en ambos acogi\u00f3 el criterio que ven\u00eda sosteniendo esta Corporaci\u00f3n desde la SC 10 sep. 2003, rad. 7603, respecto de la suficiencia de la disoluci\u00f3n para poner fin a la sociedad conyugal, pero sin desdibujar lo relacionado con la imposibilidad de que coexistan dos comunidades universales de bienes. <\/p>\n
Es as\u00ed como en CC C-700\/13 se hizo \u00e9nfasis en que <\/p>\n
(\u2026) referido al prop\u00f3sito de la norma de evitar la existencia simult\u00e1nea de sociedades, la Corte Constitucional acoge la interpretaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, seg\u00fan la cual la intenci\u00f3n de la ley 54 de 1990, en an\u00e1lisis de su texto y tratamiento jur\u00eddico hist\u00f3rico, es que la consagraci\u00f3n de efectos patrimoniales a la uni\u00f3n marital de hecho encuentra inconveniente la coexistencia de sociedades patrimoniales y conyugales. <\/p>\n
La CC C-193\/16, por su parte, trajo de nuevo a colaci\u00f3n el tema para exponer que <\/p>\n
[r]evisando los antecedentes legislativos de esta Ley y de su modificaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial y los requisitos que operan como hechos b\u00e1sicos para eximir de la carga de probar el hecho presumido, es decir, la sociedad patrimonial, la Sala observa que su finalidad es evitar la coexistencia de sociedades universales con gananciales comunes -sociedades conyugal y patrimonial- y la confusi\u00f3n entre estos patrimonios en procura de impedir defraudaciones, adem\u00e1s de otorgar certeza temporal frente al patrimonial. <\/p>\n
Lo que complement\u00f3 luego con que <\/p>\n
(\u2026) la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal anterior para que sea posible declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho desde el d\u00eda siguiente, y una vez transcurridos como m\u00ednimo dos a\u00f1os de \u00e9sta opere la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial, tiene como finalidad leg\u00edtima evitar la coexistencia de sociedades universales de gananciales en las cuales se pueda confundir el patrimonio social. <\/p>\n
Frente al precepto demandado, la Corte no advierte que la igualdad de derechos y deberes que le asisten a la pareja se desconozca, habida cuenta que el argumento que expone el demandante parte del supuesto de la mala fe del compa\u00f1ero permanente con sociedad conyugal disuelta, al indicar que por incuria o dolo premeditado no va a disolver dicha sociedad para bloquear la presunci\u00f3n de la sociedad patrimonial. De acuerdo con el art\u00edculo 83 Superior, se presume la buena fe en todas las actuaciones y gestiones que adelanten los particulares, motivo por el cual la Corte no puede inferir la actuaci\u00f3n incorrecta e irresponsable de un compa\u00f1ero en detrimento de la sociedad patrimonial, como parece asegurarlo el demandante. <\/p>\n
Es m\u00e1s, cuando por diferentes razones la sociedad conyugal no fue disuelta y se incumple el hecho b\u00e1sico de la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial denominado disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, ni los compa\u00f1eros permanentes ni el haber social constituido por los bienes producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos, quedan desamparado por el Estado porque para esos casos el legislador dise\u00f1\u00f3 otro proceso judicial como lo es la sociedad de hecho -antes entre concubinos- para que el patrimonio com\u00fan sea distribuido en partes iguales entre los socios. Esto es, como ya se explic\u00f3, un efecto econ\u00f3mico y patrimonial que el Estado protege por otro medio judicial, ya que su deber es amparar el patrimonio independientemente de la figura jur\u00eddica que utilice para ello, bien sociedad patrimonial o bien sociedad de hecho. <\/p>\n
Tampoco se desconoce la protecci\u00f3n integral a la familia natural, habida consideraci\u00f3n que por incumplir el requisito de la disoluci\u00f3n si bien no se presume la sociedad patrimonial, lo cierto es que la uni\u00f3n marital de hecho como lazo familiar natural s\u00ed es declarada y como tal garantizada en sus efectos personales. Por ejemplo, as\u00ed lo reconoci\u00f3 la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 28 de noviembre de 2012 que se referenci\u00f3. <\/p>\n
Para cerrar la rese\u00f1a jurisprudencial, se memora que en un caso similar procedente del mismo Tribunal, en CSJ SC14428-2016, tras efectuar un importante recuento de su l\u00ednea jurisprudencial sobre esta materia1, la Corte precis\u00f3: <\/p>\n
La sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes solo surge, entonces, si la sociedad conyugal que uno de ellos o los dos ten\u00edan, ya se disolvi\u00f3, sin importar que a\u00fan no se haya liquidado. Al disolverse, quedan definidos los activos y los pasivos del v\u00ednculo conyugal, delimitados los aportes que hicieron los conyugues, y claros los par\u00e1metros a partir de los cuales debe realizarse la liquidaci\u00f3n subsecuente. <\/p>\n
Como es natural, mientras la sociedad conyugal subsista, a su haber ingresan los bienes que la ley dispone, con sus respectivos condicionamientos. Por ello, formar\u00e1n parte de aquella, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 1781 del C\u00f3digo Civil: <\/p>\n
(\u2026) los salarios y emolumentos de todo g\u00e9nero de empleos y oficios devengados durante el matrimonio\u00bb, \u00ablos frutos, r\u00e9ditos, pensiones, intereses y lucros de cualquiera naturaleza que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los c\u00f3nyuges y que se devenguen durante el matrimonio\u00bb, el \u00abdinero que cualquiera de los c\u00f3nyuges aportare al matrimonio, o durante \u00e9l adquiriere, oblig\u00e1ndose la sociedad a la restituci\u00f3n de igual suma\u00bb, las \u00abcosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los c\u00f3nyuges aportare al matrimonio, o durante \u00e9l adquiere (sic); quedando obligada la Sociedad a restituir su valor seg\u00fan el que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisici\u00f3n\u00bb, \u00abtodos los bienes que cualquiera de los c\u00f3nyuges adquiera durante el matrimonio a t\u00edtulo oneroso\u00bb, \u00ablos bienes ra\u00edces que la mujer aporta al matrimonio, apreciados para que la sociedad le restituya su valor en dinero\u00bb. <\/p>\n
Y la sociedad conyugal subsiste, evidentemente, hasta que se disuelve, lo que ocurre \u00fanicamente por los motivos se\u00f1alados en el art\u00edculo 1820 ejusdem, y la existencia de uni\u00f3n marital en la que est\u00e9 involucrado alguno de los consortes, no es uno de ellos. <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
Entonces, si al haber de la sociedad conyugal, antes de disolverse, ingresan por disposici\u00f3n legal los bienes y ganancias se\u00f1alados en el art\u00edculo 1781 de la codificaci\u00f3n civil, y este v\u00ednculo persiste hasta tanto no concurra alguna de las causales del art\u00edculo 1820 del mismo estatuto, no podr\u00eda afirmarse, salvo que se quisiera ir en contra de toda l\u00f3gica, que los activos de aquella pueden simult\u00e1neamente ingresar y hacer parte de otra universalidad, pues lo que existe en un lugar y per\u00edodo determinados no puede estar, al mismo tiempo, en otra parte. <\/p>\n
Para concluir m\u00e1s adelante que, en el fallo censurado se, <\/p>\n
(\u2026) desconoci\u00f3 la imposibilidad legal de la existencia coet\u00e1nea de dos universalidades de bienes, y, m\u00e1s espec\u00edficamente, de que surja una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes cuando la sociedad conyugal anterior de uno de los integrantes de la uni\u00f3n a\u00fan no se encuentra disuelta, tal y como se desprende del literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005. <\/p>\n
La conclusi\u00f3n del ad quem, por ende, transgredi\u00f3 directamente las disposiciones sustanciales de esa ley invocadas en el cargo, al darle una err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, y deducir lo que estas no consagran, al punto que le dio un alcance completamente distinto, y se permiti\u00f3 realizar una declaraci\u00f3n que tales preceptos proscriben, razones que imponen la prosperidad de la censura. <\/p>\n
2.2.3- El proceder del ad quem, en franca rebeld\u00eda de la doctrina probable sentada por esta Sala y avalada por la Corte Constitucional, ni siquiera se sustenta en la propuesta que enarbola sobre principios de \u00abeconom\u00eda procesal\u00bb y la irrelevancia de que la sociedad conyugal del demandado siguiera vigente para cuando se formul\u00f3 la demanda, confundiendo la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros, que por ser a t\u00edtulo universal excluye cualquier otra de la misma naturaleza en forma simult\u00e1nea, con la sociedad de hecho que surge por el trabajo mancomunado de dos personas y que s\u00ed puede concurrir con cualquier otra clase de sociedades conyugales y patrimoniales, situaci\u00f3n que ha sido objeto de estudio en m\u00faltiples pronunciamientos de esta Sala. <\/p>\n
En ese sentido, en CSJ SC8525-2016 se efectu\u00f3 un importante recuento de esta tesis, con \u00e9nfasis en sus fundamentos constitucionales y legales, en orden a lo cual, se puntualiz\u00f3: <\/p>\n
De consiguiente, en muchas hip\u00f3tesis, puede existir al margen del matrimonio o de la vigente uni\u00f3n marital de hecho prevista en la Ley 54 de 1990, y de las correspondientes sociedad conyugal o patrimonial, una sociedad de hecho comercial o civil2, pudiendo coexistir \u00e9sta \u00faltima con la sociedad conyugal, o con la sociedad patrimonial, pero cada cual con su propia naturaleza, identidad y autonom\u00eda jur\u00eddica. Todo ello, de la misma manera c\u00f3mo puede existir la sociedad conyugal, y adl\u00e1tere, en forma simult\u00e1nea, una sociedad mercantil regular integrada por los c\u00f3nyuges o por uno de estos con terceros. <\/p>\n
Lo dicho no se refiere a la terminante singularidad que existe en forma excluyente entre el matrimonio y la sociedad conyugal, en relaci\u00f3n con la uni\u00f3n marital y su sociedad patrimonial. La existencia de una sociedad conyugal o de una uni\u00f3n marital, no constituye escollo para que fulgure una sociedad de hecho entre concubinos o en el marco de la familia natural, \u201c(\u2026) pues no se trata de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes regulada en la Ley 54 de 1990, y nada se opone a su formaci\u00f3n, pues a partir de \u00e9sta, \u2018puede afirmarse que hoy coexisten, como sociedades de hecho, la civil, la comercial y la proveniente de la \u2018uni\u00f3n marital de hecho\u2019, cada una con presupuestos legales, aut\u00f3noma tanto en el plano sustantivo como procesal\u201d (cas. civ. auto de 16 de julio de 1992)3. <\/p>\n
Como lo reitera la doctrina de esta Corte: \u201c(\u2026) la preexistencia de una sociedad conyugal, no impide la formaci\u00f3n de la sociedad de hecho entre \u2018concubinos\u2019, ni su vigencia excluye la posibilidad de otras sociedades entre consortes o entre \u00e9stos y terceros, las cuales, por supuesto, son diferentes, por cuanto aqu\u00e9lla surge ex legge por la celebraci\u00f3n del matrimonio y es universal. <\/p>\n
\u201cEn cambio, las otras sociedades surgen de actos dispositivos, negociales o contractuales, a\u00fan de \u2018hecho\u2019, presuponen \u00edntegros los elementos esenciales del tipo contractual y son de car\u00e1cter singular, particular y concreto (cas.civ. sentencia de 18 de octubre de 1973, CXLVII, 92). <\/p>\n
\u201cEn cualquier caso, tiene dicho la Corte, \u2018nada impide que una sociedad de hecho, como la formada entre concubinos, pueda concurrir con otras, civiles o comerciales legalmente constituidas, toda vez que lo que el legislador enf\u00e1ticamente reprime es la concurrencia de sociedades universales\u2019 (cas. civ. sentencia de 29 de septiembre de 2006, exp. 1100131030111999- 01683-01, reiterando las de 27 de junio de 2005, exp. 7188 y 26 de marzo de 1958)\u201d4. <\/p>\n
Ese pensamiento, ya hab\u00eda sido desarrollado en una importante providencia del 2006, fijando inclusive las pautas para la distribuci\u00f3n de los bienes de esa sociedad de hecho, siguiendo el criterio de causalidad entre la asociaci\u00f3n de hecho y los bienes obtenidos en su desarrollo5. <\/p>\n
2.2.4- Carece igualmente de asidero para separarse de la doctrina probable fijada en la jurisprudencia de la Corte sobre esta tem\u00e1tica, el argumento del Tribunal referente a que el efecto de la preexistencia de una sociedad conyugal de uno o ambos compa\u00f1eros permanentes, no es otro que el desvanecimiento de la presunci\u00f3n de la existencia de la sociedad patrimonial, quedando sometida a la prueba de que realmente se conform\u00f3. <\/p>\n
Tal interpretaci\u00f3n resulta insostenible porque desconoce la integridad de la regulaci\u00f3n de esa figura jur\u00eddica, es decir, la totalidad del segundo precepto de la Ley 54 de 1990 con la modificaci\u00f3n introducida por la Ley 979 de 2015 que fija expresamente los requisitos de la sociedad patrimonial, as\u00ed como la teleolog\u00eda de la norma. <\/p>\n
Ciertamente, no admite discusi\u00f3n que la presunci\u00f3n de la sociedad patrimonial tal y como est\u00e1 plasmada en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990 es de las denominadas iuris tantum, que por su naturaleza admiten prueba en contrario, y que la doctrina define, como \u00abreglas jur\u00eddicas sustanciales para la aplicaci\u00f3n del derecho objetivo a ciertos casos concretos, cuyos efectos sustanciales se produce por fuera del proceso y son reconocidos en \u00e9ste, donde adem\u00e1s influyen en la carga de la prueba\u00bb6. <\/p>\n
Ante la consagraci\u00f3n de ese r\u00e9gimen presunto de comunidad de bienes entre compa\u00f1eros permanentes, es evidente que lo que puede probarse en contrario es que, muy a pesar de darse los supuestos previstos por el legislador (literales a) y b) art. 2\u00b0 Ley 54\/90), por alguna circunstancia debidamente demostrada en el juicio, conforme lo autoriza el art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Civil, la misma no se estructur\u00f3, como ocurrir\u00eda, por ejemplo, si se prueba que los compa\u00f1eros, antes de la constituci\u00f3n de la uni\u00f3n marital, voluntariamente deciden otorgar capitulaciones patrimoniales7, lo que impedir\u00eda el nacimiento de ese r\u00e9gimen econ\u00f3mico. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el ad quem pasa por alto la finalidad que soporta la exclusi\u00f3n de las dos modalidades de comunidad de bienes, que seg\u00fan ya qued\u00f3 explicado, no es otra que evitar la confusi\u00f3n de dos sociedades a t\u00edtulo universal, careciendo de toda l\u00f3gica el argumento referente a que la sociedad patrimonial, a diferencia de la conyugal, no tiene esa connotaci\u00f3n, en ese sentido, basta poner de relieve que la Corte en SC10304-2014, por virtud del principio de igualdad que debe orientar el trato dispensado a la familia constituida por v\u00edas jur\u00eddicas o de hecho, puntualiz\u00f3, <\/p>\n
3.- En s\u00edntesis, la interpretaci\u00f3n y alcance que la doctrina jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n le ha conferido al art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, ha sido firme y se ha mantenido de manera constante en sus prove\u00eddos por lo constituye doctrina probable en esa materia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 169 de 1896. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, y comoquiera que el escenario social en que se ha aplicado la rese\u00f1ada jurisprudencia no ha sufrido ning\u00fan cambio significativo, pues las circunstancias f\u00e1cticas siguen siendo similares; que no se han presentado modificaciones en el ordenamiento positivo sobre la regulaci\u00f3n legal del r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio y de la uni\u00f3n marial de hecho, y que no existen razones de peso para considerar que esa doctrina probable es err\u00f3nea por contrariar valores superiores del ordenamiento jur\u00eddico, estima la Corte que no existen razones v\u00e1lidas para modificarla, por ende, los argumentos esbozados por el Tribunal para separarse de ella, no logran derruir su fundamento, como ya se explic\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- En suma, incurri\u00f3 el fallador de segundo grado en la vulneraci\u00f3n frontal denunciada y alcanza \u00e9xito la censura, puesto que desconoci\u00f3 flagrantemente las restricciones impuestas para el reconocimiento de efectos patrimoniales a las uniones maritales de hecho cuando al menos uno de sus integrantes conserve una sociedad conyugal vigente, al tenor de lo contemplado en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, con la modificaci\u00f3n del 1\u00b0 de la Ley 979 de 2005, como insistentemente ha expresado la Corporaci\u00f3n desde anta\u00f1o y en lo que ha sido enf\u00e1tica hasta la actualidad. <\/p>\n
<\/p>\n
5.- En consecuencia, se casar\u00e1 parcialmente el fallo impugnado en lo que se refiere al an\u00e1lisis de la existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, puesto que en lo correspondiente a la uni\u00f3n marital de hecho los reparos presentados por el impugnante en esta senda no salieron avante. <\/p>\n
<\/p>\n
6.- No habr\u00e1 condena en costas por el recurso extraordinario en vista del \u00e9xito del ataque, como lo prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, seg\u00fan el cual \u00ab[s]i no prospera ninguna de las causales alegadas, se condenar\u00e1 en costas al recurrente, salvo en el caso de rectificaci\u00f3n doctrinaria\u00bb. <\/p>\n
III.-SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
<\/p>\n
i. Ante la prosperidad de la acusaci\u00f3n corresponde a la Corte, en sede de instancia, desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra el fallo de 22 de agosto de 2014, proferido por el Juzgado de Familia en Descongesti\u00f3n de Bucaramanga respecto a su negativa de reconocer la existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, dando por superada cualquier inconformidad del demandado frente al reconocimiento de la uni\u00f3n marital de hecho entre Mar\u00eda Isabel Quejada y Pedro Emilio Torres Quijano del 1\u00b0 de febrero de 1992 al 24 de julio de 2013, lo que se mantiene inc\u00f3lume y no amerita un nuevo an\u00e1lisis. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. El a quo deneg\u00f3 las pretensiones segunda y tercera de la demanda, encaminadas a la \u201cdeclaratoria, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u201d entre compa\u00f1eros permanentes por el mismo lapso de la comunidad de vida que mantuvieron, por cuanto, acreditado el estado civil de casado de cada uno de los compa\u00f1eros permanentes, sin disoluci\u00f3n de las respectivas sociedades conyugales \u00abimpide por prohibici\u00f3n legal expresa, el surgimiento de la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial establecida en el art. 2 de la ley 54 de 1990\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. El disentimiento de la apelante se concret\u00f3 en que declarada la uni\u00f3n marital de hecho, no hab\u00eda raz\u00f3n para que se negara la sociedad patrimonial, solo por no haberse disuelto las sociedades conyugales anteriores, pues de esa manera se \u00abest\u00e1 violentando el derecho a la igualdad y a la protecci\u00f3n de las familias que surgen con ocasi\u00f3n a la uni\u00f3n marital de hecho, pues se estar\u00eda violando el derecho de los compa\u00f1eros que conjuntamente han elaborado un patrimonio\u00bb y que, en este caso, los compa\u00f1eros de forma mancomunada lograron hacer un capital de bienes, por lo que desconocer sus derechos sobre el 50% de los bienes adquiridos durante el tiempo que dur\u00f3 la uni\u00f3n se constituye en una \u00abflagrante violaci\u00f3n\u00bb de los mismos por el tiempo de convivencia. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. De conformidad con el literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990, seg\u00fan la modificaci\u00f3n del 1\u00b0 de la Ley 979 de 2005, la presunci\u00f3n de coincidencia de la uni\u00f3n marital de hecho que perdura m\u00e1s de dos a\u00f1os con una sociedad patrimonial se derrumba en el evento de que se constate respecto de uno o ambos compa\u00f1eros permanentes \u00abimpedimento legal para contraer matrimonio\u00bb, sin que \u00abla sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas\u00bb, puesto que tal situaci\u00f3n se constituye en un obst\u00e1culo insalvable para el nacimiento de una sociedad universal de gananciales paralela. <\/p>\n
<\/p>\n
v. En este caso, se acredit\u00f3 que Pedro Emilio Torres Quijano y Myriam Ria\u00f1o Godoy contrajeron nupcias el 3 de noviembre de 1989, como se extrae de la copia del registro civil de matrimonio con serial 991724 (fl. 65, c. 1), siendo pac\u00edfico que para la fecha en que se profiri\u00f3 el fallo de primer grado no se hab\u00eda decretado la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal originada con ocasi\u00f3n de ese v\u00ednculo matrimonial. Basta esta inferencia para deducir la improcedencia de la sociedad patrimonial, al margen de que el estado civil de casada que tambi\u00e9n se predic\u00f3 de la demandante desde la presentaci\u00f3n del libelo no se haya probado en debida forma. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. En las advertidas circunstancias, si bien, seg\u00fan se acredit\u00f3 en esta causa Pedro Emilio Torres y Mar\u00eda Isabel Quesada estuvieron unidos como pareja del 1\u00b0 de febrero de 1992 al 24 de julio de 2013, durante dicho lapso fue imposible que se irradiaran los efectos patrimoniales aparejados a esa clase de nexos en vista de un impedimento legal, como lo era la existencia de una sociedad conyugal vigente respecto del demandado, por lo que, seg\u00fan qued\u00f3 analizado con suficiencia al resolver el cargo formulado en casaci\u00f3n, le asisti\u00f3 raz\u00f3n al a quo, para denegar las pretensiones dirigidas a obtener el reconocimiento de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. Teniendo en cuenta que ninguna de las apelaciones tuvo \u00e9xito en la segunda instancia, no hay lugar a imponer costas por este grado de conocimiento. <\/p>\n
IV.-DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 24 de marzo de 2015, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario que adelant\u00f3 Mar\u00eda Isabel Quesada en contra de Pedro Emilio Torres Quijano. Por lo tanto, en sede de instancia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado de Familia en Descongesti\u00f3n de Bucaramanga dentro del presente asunto, que declar\u00f3 la existencia de uni\u00f3n marital de hecho entre Pedro Emilio Torres Quijano y Mar\u00eda Isabel Quesada del 1\u00b0 de febrero de 1992 al 24 de julio de 2013, y deneg\u00f3 la pretensi\u00f3n de existencia de sociedad patrimonial entre los mismos compa\u00f1eros permanentes y dem\u00e1s determinaciones relacionadas. <\/p>\n
SEGUNDO: Sin costas en segunda instancia, dado el resultado de la alzada, ni en casaci\u00f3n en vista de la prosperidad del recurso. En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-31-10-001-2013-00147-01 <\/p>\n
Con el debido respeto que siempre he observado por la Sala y por esta Corte de Casaci\u00f3n, procedo a se\u00f1alar, con toda consideraci\u00f3n, las razones por las cuales disido expresamente de la decisi\u00f3n contenida en la sentencia de casaci\u00f3n dictada en el asunto de la referencia, tocante con el r\u00e9gimen de bienes en el matrimonio y los derechos de las personas en las uniones maritales de hecho. <\/p>\n
En el juicio declarativo materia de litigio, se solicit\u00f3 declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho conformada por Mar\u00eda Isabel Quesada de Duarte y Pedro Emilio Torres Quijano, desde el 15 de febrero de 1991 hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda subsanada. <\/p>\n
1.El contorno f\u00e1ctico y jur\u00eddico del proceso <\/p>\n
Se contrae a una uni\u00f3n marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
2.Las sentencias de instancia <\/p>\n
a) El Juzgado declar\u00f3 la uni\u00f3n marital, entre las partes rese\u00f1adas entre el 1\u00ba de febrero de 1992 y el 24 de julio de 2013 y neg\u00f3 la sociedad patrimonial. Esto \u00faltimo, al encontrar que los integrantes de la pareja, como consecuencias de anteriores matrimonios, ten\u00edan vigentes las sociedades conyugales anteriores, en tanto, no se hab\u00edan disuelto. <\/p>\n
b) El Tribunal confirm\u00f3 la uni\u00f3n marital y revoc\u00f3 la otra decisi\u00f3n, para, en su lugar, reconocer la sociedad patrimonial. Consider\u00f3 que, si bien en el caso no se presum\u00eda, ciertamente, ante la existencia de una sociedad conyugal vigente de uno de los integrantes de la relaci\u00f3n, ello no significaba que no se pudiera probar en contrario. Y el caso as\u00ed ocurri\u00f3, pues al demostrarse que el demandado \u00abya se encontraba separado de hecho con su esposa leg\u00edtima\u00bb, am\u00e9n de la consecuci\u00f3n de un patrimonio en la nueva relaci\u00f3n de hecho, quedaba acreditado que hubo la sociedad universal. Ello robustec\u00eda la conclusi\u00f3n, seg\u00fan la cual, la \u00abactora merece protecci\u00f3n del derecho\u00bb. <\/p>\n
3.La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
En el cargo \u00fanico formulado por el demandado recurrente, contiene dos acusaciones. Una relacionada con la declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho demandando la inexistencia de uni\u00f3n marital. La otra, con la relaci\u00f3n patrimonial, fundamentada, en lo esencial, en que la prueba de su matrimonio anterior, imped\u00eda el surgimiento de una nueva sociedad de bienes, solicitando su desquiciamiento por oponerse a la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
Declara infundado el ataque enderezado contra la relaci\u00f3n personal. Y recibe exitoso el embate contra la declaratoria de sociedad patrimonial. En efecto, la vigencia de una sociedad conyugal anterior del demandado enervaba otra sociedad patrimonial. En esto, dijo, el Tribunal se revel\u00f3 contra la doctrina probable. Casa y niega la relaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
4.1. La sentencia del tribunal no debi\u00f3 casarse, dada su coherencia interna y su apuesta por la protecci\u00f3n constitucional de los derechos de la nueva sociedad patrimonial. En el caso es indiscutible, el cuestionamiento frente a la declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital no pod\u00eda salir avante. <\/p>\n
Pero del mismo modo, la sentencia recurrida del Tribunal de Bucaramanga, con relaci\u00f3n a la declaratoria de sociedad patrimonial no debi\u00f3 quebrarse, porque el Tribunal justific\u00f3 con suficiencia los motivos por los cuales se apartaba de la posici\u00f3n de la Corte en la materia. Con independencia de que su tesis sea o no acertada, reconoci\u00f3 el derecho. La soluci\u00f3n era esa, a pesar de que a mi juicio no otorga el fundamento correcto para la problem\u00e1tica porque el cimiento de la ratio decidendi es anfibol\u00f3gico. Pero debo destacar, de ninguna manera el Tribunal de Bucaramanga actu\u00f3 de manera irreverente, y en el punto debi\u00f3 morigerarse la argumentaci\u00f3n porque cumpli\u00f3 con la carga de transparencia y de argumentaci\u00f3n. El gran acierto del Tribunal citado y cuya sentencia all\u00ed es ejemplar, estriba en que consum\u00f3 de manera aut\u00e9ntica la tarea del juez del Estado Constitucional, al hacer justicia, porque protegi\u00f3 constitucionalmente a la demandante, y a esa conclusi\u00f3n deb\u00eda arribarse, as\u00ed lo fuere por otras razones. <\/p>\n
Dijo el Tribunal que en el caso no hab\u00eda lugar a presumirla, sino que se hab\u00eda demostrado patentemente la existencia de la sociedad patrimonial, porque del contenido de la Ley 54 de 1990, quien demande la declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial no goza de la presunci\u00f3n de su conformaci\u00f3n y tendr\u00e1 que probar que as\u00ed ha sido. A\u00f1adiendo que no se confunden los patrimonios por cuanto \u00abla sociedad patrimonial no es una sociedad a t\u00edtulo universal, como se puede desprender de un cotejo entre los art\u00edculos 1774 del C\u00f3digo Civil y 3 de la Ley 54 de 1990. Y mucho menos lo es cuando el compa\u00f1ero permanente que funge como demandante no est\u00e1 amparado por la presunci\u00f3n. De modo que el problema de determinar en qu\u00e9 masa se hallan los bienes pasa a ser un problema puramente probatorio de la liquidaci\u00f3n, que corresponde a otro estadio del pleito, que en modo alguno impide el reconocimiento de la figura, pues no es esencial\u00bb. <\/p>\n
El tribunal, luego expuso: <\/p>\n
\u201cEn opini\u00f3n de esta Sala, el camino trazado por la sentencia de la Corte que se acaba de glosar -refiri\u00e9ndose a la sentencia del 10 de septiembre de 2003 expediente N\u00b07603 que consider\u00f3 innecesaria la liquidaci\u00f3n- debe continuarse. As\u00ed que desde la sentencia de julio 17 de 2009 este Tribunal ha venido en la construcci\u00f3n de la argumentaci\u00f3n para sostener que la exigencia de la disoluci\u00f3n (\u2026) corre igual suerte que la de liquidaci\u00f3n, enfrentada a los principios constitucionales. Por consiguiente, esta Sala aplica la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad a la exigencia que indica que no hay lugar a sociedad patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros permanentes cuando persista una sociedad conyugal anterior, pues tal regla, no expl\u00edcita en el texto legal, pero aplicada como norma derivada o adscrita, por la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, de tribunales y jueces, en el llamado derecho viviente, vulnera principios constitucionales como el de igualdad, el de acceso a la justicia, el de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, entre otros\u201d. <\/p>\n
Y de ese modo concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201cTodos los indicios analizados atr\u00e1s y que surgen de las declaraciones rese\u00f1adas son, para el Tribunal, suficiente prueba, ante la imposibilidad jur\u00eddica ya explicada de poderla presumir, de la existencia de la sociedad patrimonial entre Mar\u00eda Isabel Quesada y Pedro Emilio Torres Quijano. Queda as\u00ed satisfecha la carga probatoria que a la demandante impone el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de probar, que existi\u00f3 una sociedad patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros permanentes, lo cual deber\u00e1 declarar el Tribunal, sin necesidad de apoyo en presunci\u00f3n alguna\u201d. <\/p>\n
4.2. La equ\u00edvoca doctrina de esta Sala de Casaci\u00f3n avalada por la Corte Constitucional predicando, ambas cortes, un paralelismo societario de universalidades jur\u00eddicas inexistente. La Sala de Casaci\u00f3n para revocar la decisi\u00f3n recurrida, a fin de superar el problema ficticio de paralelismo de las sociedades, entre la conyugal del matrimonio anterior y la patrimonial de la uni\u00f3n marital, defiende un criterio nominalista de la continuidad de la sociedad conyugal hasta cuando sobrevenga un acto disolutorio formal o meramente simb\u00f3lico y vaciado de contenido, en perjuicio de la real sociedad constituida por quienes formaron la nueva uni\u00f3n marital, as\u00ed los antiguos casados no convivan. Tampoco en la hip\u00f3tesis puesta a consideraci\u00f3n adopta la declaraci\u00f3n oficiosa de una sociedad de hecho, a pesar de que aparezcan demostrados sus elementos. <\/p>\n
En el caso de que disido, se perpet\u00faa la injusticia frente la parte demandante integrante de la nueva uni\u00f3n marital, negando de paso una visi\u00f3n material de la Constituci\u00f3n y desconociendo una orientaci\u00f3n de g\u00e9nero y diferenciada. <\/p>\n
<\/p>\n
Ciertamente el art. 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, en los literales a y b, consagra dos presunciones para declarar la sociedad patrimonial, y a\u00f1ade en el literal b, en su versi\u00f3n originaria: \u201c(\u2026) siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha en que se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho\u201d. <\/p>\n
La sentencia de la Corte, luego de citar la precedente regla segunda de la Ley 54 de 1990, a\u00f1ade que esa disposici\u00f3n tiene como fin \u201c(\u2026) impedir la coexistencia de dos sociedades de gananciales a t\u00edtulo universal\u201d, l\u00ednea de pensamiento en la cual se hallan la sentencia CSJ SC 20 sep. 2000, rad. 6117, donde se advirti\u00f3 que el legislador previ\u00f3 que \u201c(\u2026) no concurrieran dos sociedades patrimoniales, la conyugal que se conform\u00f3 por raz\u00f3n del matrimonio anterior y la patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u201d, de tal manera, que por ejemplo, si uno de los compa\u00f1eros permanentes contrae matrimonio con persona distinta, tambi\u00e9n se disuelve la sociedad marital patrimonial precedente; e insiste que procura no \u201c(\u2026)dar cabida, en cambio, a la coexistencia de sociedades patrimoniales\u201d prohibici\u00f3n que en sentir de esta sentencia, no era necesario \u201c(\u2026) mandato legal expreso que prohibiera la simultaneidad de uniones maritales, ni de los efectos patrimoniales consiguientes\u201d, para repeler la pluralidad. <\/p>\n
La tesis como se recuerda, tambi\u00e9n est\u00e1 en la CSJ SC 20 abr. 2001, rad. 5883 y en la SC 10 sep. 2003, rad. 7603. Esta \u00faltima, ense\u00f1a, que es prop\u00f3sito \u201c(\u2026)evitar la concurrencia de una llamada conyugal y otra patrimonial; que si en adelante admit\u00eda, junto a la conyugal, otra excepci\u00f3n a la prohibici\u00f3n de sociedades de ganancias a t\u00edtulo universal (art\u00edculo 2083 del c\u00f3digo civil), era bajo la condici\u00f3n de proscribir que una y otra lo fuesen al tiempo\u201d. <\/p>\n
Por esa senda camin\u00f3 la Ley 979 de 2005 e inalterada ha seguido la doctrina de la Sala en las decisiones CSJ 22 mar. 2011, rad. 2007-00091, al concluir que \u00abexistiendo impedimento legal para contraer matrimonio, la nueva relaci\u00f3n patrimonial surge a partir de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal anterior\u00bb y; en la CSJ SC 28 nov. 2012, rad. 2006-00173, matiza que (\u2026) la jurisprudencia ha precisado que para la conformaci\u00f3n de la \u201cuni\u00f3n marital de hecho\u201d, no constituye obst\u00e1culo el que ambos compa\u00f1eros o alguno de ellos tenga \u201csociedad conyugal\u201d, pues esta circunstancia seg\u00fan qued\u00f3 visto, en principio obstaculiza es el surgimiento de la \u201csociedad patrimonial\u201d, cuando no se encuentra disuelta, en esencia para evitar la confusi\u00f3n de universalidades patrimoniales\u201d. La CSJ SC7019-2014 repite que la ley y la doctrina no tienen por fin \u201c(\u2026) crear \u00absociedades patrimoniales\u00bb paralelas a las \u00absociedades conyugales\u00bb derivadas del \u00abmatrimonio\u00bb de uno de los compa\u00f1eros (\u2026)\u201d e \u201c(\u2026)impedir que se superpongan varias comunidades de bienes a t\u00edtulo universal\u201d. <\/p>\n
En esa l\u00ednea han venido todas las decisiones sobre el punto, con algunos intentos por modular, y la de ahora, refuta la tesis del Tribunal como insostenible, y a\u00f1ade que la disoluci\u00f3n de la sociedad es el \u201c(\u2026) hito a tomar en cuenta para el surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros con impedimento para contraer nupcias\u201d, criterio que no ha sufrido cambios con posteriores pronunciamientos como los de \u201c(\u2026) la Corte Constitucional en CC C-700\/13 donde se declar\u00f3 \u00abinexequible la expresi\u00f3n \u00aby liquidadas\u00bb contenida en el literal b) del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990 modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 979 de 2005\u00bb y C-193-2016 que lleg\u00f3 a la misma conclusi\u00f3n sobre el aparte \u00ab\u201cpor lo menos un a\u00f1o\u201d consagrada en el mismo literal\u00bb. En ambos acoge, la Corte Constitucional, el criterio de esta Corporaci\u00f3n, expuesto desde la SC 10 sep. 2003, rad. 7603, que plante\u00f3 como suficiente el acto disolutorio para poner fin a la sociedad conyugal, censurando tambi\u00e9n la coexistencia de dos comunidades universales de bienes\u201d. Justamente, la \u201cC-700\/13 enfatiz\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) al prop\u00f3sito de la norma de evitar la existencia simult\u00e1nea de sociedades, la Corte Constitucional acoge la interpretaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, seg\u00fan la cual la intenci\u00f3n de la ley 54 de 1990, en an\u00e1lisis de su texto y tratamiento jur\u00eddico hist\u00f3rico, es que la consagraci\u00f3n de efectos patrimoniales a la uni\u00f3n marital de hecho encuentra inconveniente la coexistencia de sociedades patrimoniales y conyugales\u201d. <\/p>\n
La sentencia luego de aludir a la l\u00ednea jurisprudencial ilustrada retoma las \u00faltimas decisiones del mismo sendero: C-193\/16, y posteriormente la CSJ SC14428-2016, cerrando el recuento de la respectiva doctrina; de modo que nuestro Tribunal Constitucional, persevera en el may\u00fasculo yerro que contiene la l\u00ednea jurisprudencial que a ligeros pasos vengo exponiendo. <\/p>\n
Finalmente, la sentencia de la cual disiento concluye: <\/p>\n
\u201cEl proceder del ad quem, en franca rebeld\u00eda de la doctrina probable sentada por esta Sala y avalada por la Corte Constitucional, ni siquiera se sustenta en la propuesta que enarbola sobre principios de \u00abeconom\u00eda procesal\u00bb y la irrelevancia de que la sociedad conyugal del demandado siguiera vigente para cuando se formul\u00f3 la demanda, confundiendo la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros, que por ser a t\u00edtulo universal excluye cualquier otra de la misma naturaleza en forma simult\u00e1nea, con la sociedad de hecho que surge por el trabajo mancomunado de dos personas y que s\u00ed puede concurrir con cualquier otra clase de sociedades conyugales y patrimoniales, situaci\u00f3n que ha sido objeto de estudio en m\u00faltiples pronunciamientos de esta Sala\u201d. <\/p>\n
5. De los motivos para apartarme del fallo y para solicitarle a la Sala cambie su postura <\/p>\n
5.1. No exist\u00edan razones para reprender al tribunal. La Corte para amonestar al tribunal y para defender la singularidad en el matrimonio y en la uni\u00f3n marital prevista en la Ley 54 de 1990 ha venido sosteniendo hist\u00f3ricamente la improcedencia de la dualidad o paralelismo simult\u00e1neo de sociedades universales, entre la sociedad conyugal de los gananciales en el matrimonio y la sociedad patrimonial en la uni\u00f3n marital. En el mismo sentido lo ha hecho en el caso de las segundas nupcias contra\u00eddas sin haber disuelto o cesado el v\u00ednculo civil de las primeras. <\/p>\n
Precisamente la jurisprudencia trasuntada en la sentencia de la que disiento, y cuya l\u00ednea, al menos de lo transcurrido en la presente centuria he mencionado r\u00e1pidamente siguiendo la decisi\u00f3n de casaci\u00f3n, ahora confutada en mi salvamento, tiene ese n\u00facleo central. En consecuencia, la persona que forma una nueva familia cuando ha estado casada e integra una nueva uni\u00f3n marital con otra persona o, cuando contrae nuevas nupcias, sin haber ejecutado el acto formal disolutorio el v\u00ednculo precedente, de manera tajante se afirma, no se estructura una nueva sociedad de gananciales o una sociedad patrimonial junto a la vigente del matrimonio anterior. <\/p>\n
La decisi\u00f3n del tribunal de Bucaramanga, seg\u00fan lo precis\u00e9, fue asertiva y, por lo tanto, no debi\u00f3 casarse; sin embargo, la ratio decidendi de la sentencia del Tribunal, como ya lo anunci\u00e9, no es la m\u00e1s afortunada, en relaci\u00f3n a la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial, porque es contradictoria y ex\u00f3tica, infiri\u00e9ndose que se pueda contraprobar la inexistencia. <\/p>\n
Distinto es que la sociedad conyugal derivada del matrimonio anterior del demandado, se encuentre disuelta. La verdad, sea dicha, los equ\u00edvocos de las soluciones en la sentencia del Tribunal y, con injusticia notoria en la de la Sala de esta Corte, y reiterada por la Corte Constitucional, reh\u00fasan entender que de ning\u00fan modo se presenta la coexistencia de sociedades universales, porque la forma c\u00f3mo encaran el problema es errada. Si el fallecido, convivi\u00f3 en forma permanente y singular con la demandante, algo m\u00e1s de 21 a\u00f1os, no se puede sostener, constitucional, convencional, justiciera y razonablemente que la relaci\u00f3n econ\u00f3mica del matrimonio anterior est\u00e9 vigente. La raz\u00f3n es sencilla, la disoluci\u00f3n ocurri\u00f3 por la fuerza, el vigor y la contundencia de los hechos, en concreto, con la separaci\u00f3n de facto y definitiva de los casados, todo estaba aniquilado, por tanto, la decisi\u00f3n judicial apenas deb\u00eda escrutar cu\u00e1ndo ocurri\u00f3 materialmente esa ruptura definitiva para as\u00ed reconocerlo y de tajo, descontaminar la injusticia. <\/p>\n
Desde el mismo momento si dej\u00f3 de existir la ayuda y socorro mutuos, es raz\u00f3n subyacente suficiente e indeleble para no presumir la continuidad o perpetuaci\u00f3n de la sociedad conyugal. Y si esa separaci\u00f3n definitiva se consolid\u00f3, y el hecho lo erigi\u00f3 el legislador como causa de disoluci\u00f3n, nada m\u00e1s pertinente que abrir la senda, la mente, la concepci\u00f3n jur\u00eddica a los hechos reales. As\u00ed, lo importante es constatar el hecho, nada m\u00e1s, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y esto aparec\u00eda completamente probado. <\/p>\n
Empero, para la Corte, en la l\u00ednea jurisprudencial, que a velocidad condens\u00e9, para que emerja la sociedad patrimonial se reclama la presencia formal de la disoluci\u00f3n, y \u00fanicamente a partir de esa demostraci\u00f3n, y desde ese instante, es como puede abrirse paso la sociedad patrimonial, y c\u00f3mo se gestan los t\u00e9rminos de ley para el surgimiento de la nueva sociedad conyugal o patrimonial. Y reitera, s\u00f3lo si, ello existe, es desde ese momento como tiene por claudicada la sociedad econ\u00f3mica primigenia y germinada la nueva, negando todo tiempo posterior a los hechos del cese definitivo de la antigua. <\/p>\n
5.2. La tesis defendida ardientemente por la Sala que da prevalencia a lo formal sobre lo real, genera problemas graves de injusticia material. A continuaci\u00f3n enumero algunos, los m\u00e1s notables, los cuales de ning\u00fan modo se resuelven con la errada soluci\u00f3n jurisprudencial defendida hasta ahora. Cito los m\u00e1s relevantes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Nuevas familias que sin haber disuelto los dos integrantes o uno de ellos los v\u00ednculos precedentes forman un capital, como en el caso presente y la justicia les desestima los derechos como los de la parte demandante que luego de trabajar m\u00e1s de veinte a\u00f1os, su pretensi\u00f3n es aniquilada injustamente por el m\u00e1ximo tribunal de la justicia anegando su derecho por la carencia de ese elemento formal. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Conductas torticeras, codiciosas y ambiciosas de uno de los c\u00f3nyuges que espera que la nueva familia progrese econ\u00f3micamente para repentinamente y luego de a\u00f1os, entablar caprichosamente acciones disolutorias aupadas por criterios interpretativos defendidos por ex\u00e9gesis de la ley ajenas a la realidad, favoreciendo a quien nada labor\u00f3, para hacerse a la mitad del patrimonio que le corresponde al consorte que form\u00f3 esa nueva sociedad y que la torn\u00f3 productiva econ\u00f3micamente en el ciclo econ\u00f3mico. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La publicidad y promoci\u00f3n de acciones fraudulentas de naturaleza simulatoria para hacer retornar bienes o derechos a una sociedad conyugal inexistente materialmente, apoyando al promotor para apropiarse de lo laborado por otras personas sin el concurso de aqu\u00e9l. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La formulaci\u00f3n de acciones definitivamente onerosas y sancionatorias, como aqu\u00e9lla que pena al c\u00f3nyuge o heredero que dispone de bienes sociales o hereditarios, sin haberse liquidado y disuelto la sociedad, perdiendo la cuota respectiva en el bien y debi\u00e9ndola restituir doblada. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La incentivaci\u00f3n de comportamientos ladinos, ap\u00f3crifos y tramposos, que esperan que el otro consorte capitalice para una vez aumentado el capital dar el zarpazo pidiendo medidas cautelares para satisfacer el apetito ego\u00edsta, ocioso y harag\u00e1n porque espera que otro patrimonio diferente aumente sus activos para buscar su participaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La defensa de la prevalencia de la forma sobre el fondo, de lo accidental sobre lo sustancial, de lo accesorio sobre lo principal, de lo accidental sobre lo esencial porque no importa que exista o no sociedad real sino la aparici\u00f3n de el elemento formal disolutorio. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Patrocina el cobro de lo no debido y del enriquecimiento injusto y sin causa. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Sirve de asiento a la prevalencia de la forma y de lo ideal sobre lo real y material. <\/p>\n
5.3. La sociedad conyugal se disuelve realmente desde la separaci\u00f3n de hecho definitiva, irreversible e irrevocable de los c\u00f3nyuges, momento desde el cual ponen fin a su convivencia <\/p>\n
Esta es la tesis m\u00e1s realista que con mayor solidez permite caminar hacia el restablecimiento de los derechos de las mujeres y hombres esquilmados por aquella afrentosa e injusta tesis de una dogm\u00e1tica ajena a la realidad. <\/p>\n
En este sentido son los hechos reales, la historia, los sucesos o los acontecimientos los determinantes para adjudicar formas jur\u00eddicas, y no pueden ser las f\u00f3rmulas vac\u00edas e insensatas las que dobleguen la realidad y la vida de las personas, porque entonces el hombre ser\u00e1 apenas un aut\u00f3mata o un esclavo de la ley. La ley es para el hombre y no el hombre para la ley. <\/p>\n
Por esencia el matrimonio es un instituci\u00f3n y un contrato \u201c(\u2026) solemne por el cual (un hombre y una mujer) se unen con el fin de vivir juntos, (de procrear) y de auxiliarse mutuamente\u201d, de conformidad con el art. 113 del C.C. colombiano, por consiguiente, la nota distintiva, es la convivencia, el \u201cvivir juntos\u201d, de tal manera que si la esencia y finalidad es esa, y ella desaparece, resulta nada m\u00e1s que necesario reconocer que como tal ya no existe, ni como v\u00ednculo personal ni como sociedad conyugal, cuando cesa la convivencia de la pareja indefinidamente. Afirmar lo contrario es algo totalmente vano, es incurrir en una contradictio in adiecto, porque va m\u00e1s all\u00e1 de ser un fantasma sem\u00e1ntico, que da vida a la sumatoria de los contrarios, para aceptar que existe lo que no existe; que pervive aquello que no subsiste, al amparo de un contrato formal, de tal modo que ese criterio equivocado no es meramente un error l\u00f3gico, epistemol\u00f3gico, sino tambi\u00e9n ontol\u00f3gico que pregona la defensa de una tesis injusta, inequitativa, inconstitucional, insostenible e irreal. <\/p>\n
Por consiguiente, se halla en mora esta Corte de aceptar la realidad y abandonar un criterio desacertado que afecta los derechos fundamentales de las personas y que derechamente quebranta la naturaleza del Estado Constitucional y social de derecho y los principios, los valores y los derechos insertos en la Carta. <\/p>\n
5.3.1. La tesis cohonesta el enriquecimiento injustificado de un patrimonio a expensas de otro. Si al casarse dos personas por el hecho el matrimonio surgen tres patrimonios consistentes en el patrimonio propio de cada c\u00f3nyuge y el patrimonio de la sociedad conyugal cuando no celebran pacto escrito o capitulaciones matrimoniales para mantener la separaci\u00f3n y distinci\u00f3n patrimonial, y si los c\u00f3nyuges ya no conviven ni cumplen las trascendentales finalidades de esta instituci\u00f3n, resulta contrario a derecho que sin existir las finalidades del matrimonio, la cooperaci\u00f3n, el socorro, ayuda mutuas y convivencia, el patrimonio de un c\u00f3nyuge obtenga ventajas a expensas de la continuidad formal de la sociedad conyugal cuando los consortes ya no conviven. Pero mucho m\u00e1s injusto e inequitativo, deviene que si alguno de los contrayentes, tras separarse definitivamente del antiguo consorte, proceda a formar una nueva convivencia con una persona diferente, con car\u00e1cter permanente de auxilio, socorro y ayuda mutua, la ley aniquile y cercene los derechos y el esfuerzo econ\u00f3mico de la nueva pareja, so pretexto de que contin\u00faa existiendo formalmente un matrimonio apenas nominal, ficticio, vac\u00edo, con un contrato sin ejecuci\u00f3n real y sin existencia diaria. <\/p>\n
Lo grave y lo aut\u00e9nticamente injusto, estriba en el hecho de que un antiguo c\u00f3nyuge, por virtud de la existencia documental y meramente formal de un matrimonio inexistente en la pr\u00e1ctica obtenga ventaja de otro patrimonio, y burle los derechos de la compa\u00f1era permanente desprotegida. <\/p>\n
5.4. El derecho comparado no acompa\u00f1a la injusticia que entra\u00f1a la prolongaci\u00f3n meramente formal de la vigencia de la sociedad conyugal <\/p>\n
Podemos encontrar algunas respuestas en el derecho comparado sobre el particular. En Espa\u00f1a, la doctrina con apoyo en la jurisprudencia expresa: <\/p>\n
\u201cA este respecto, nuestro m\u00e1s alto tribunal de justicia tambi\u00e9n se ha pronunciado sobre la finalizaci\u00f3n de la sociedad de gananciales, y ha establecido en sentencia de 11 de octubre de 1999 (ponente: Gull\u00f3n Ballesteros), en su fundamento segundo que el abandono del hogar de manera definitiva por uno de los c\u00f3nyuges supuso de facto la disoluci\u00f3n de la sociedad de gananciales (\u2026) el abandono de familia no conlleva, aparte de las sanciones legales, la il\u00f3gica de que siga existiendo la sociedad de gananciales, ni puede apoyarse esta conclusi\u00f3n de hecho en los art\u00edculos 1393.3 y 1394 del C\u00f3digo Civil, (\u2026) no exigiendo por tanto ninguna declaraci\u00f3n para declarar extinguida la sociedad (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
Ese criterio aparece plasmado en otras sentencias del Tribunal Supremo Espa\u00f1ol del 26 de abril de 2000, n\u00famero 417\/2000 (RJ 2000\/3230), 23 de diciembre de 1992, 17 de junio de 1998, 26 de noviembre de 1987, 13 de junio de 1986. Las audiencias provinciales siguiendo esa l\u00ednea igualmente han aplicado esos criterios. <\/p>\n
5.4.1. El canon 1392 del C\u00f3digo Civil espa\u00f1ol, en l\u00ednea con la normatividad patria, establece que la comunidad de bienes concluye de pleno derecho cuando se produce el divorcio, pero tambi\u00e9n por \u201cdecisi\u00f3n judicial\u201d en los casos de separaci\u00f3n de hecho por m\u00e1s de un a\u00f1o de los c\u00f3nyuges, bien por mutuo acuerdo, ya debido al abandono del hogar (art\u00edculo 1393, numeral 3\u00ba, ib\u00eddem). <\/p>\n
En el derecho ib\u00e9rico, como se observa, la cesaci\u00f3n de la convivencia matrimonial, por s\u00ed, legitima la disoluci\u00f3n de la sociedad con efecto retroactivos, tomando como data la fecha de la separaci\u00f3n definitiva de hecho. <\/p>\n
Se requiere, ante todo, un cese efectivo, definitivo y prolongado de la convivencia matrimonial; y, en segundo t\u00e9rmino, la comprobaci\u00f3n material de esas circunstancias o su confirmaci\u00f3n mediante actos subsiguientes, como la formalizaci\u00f3n judicial de esa separaci\u00f3n. <\/p>\n
El Tribunal Supremo Espa\u00f1ol, Sala de lo Civil, en sentencia de 23 de febrero de 2007, reitera aquella doctrina contenida en el fallo de 26 de abril de 2000, cuando nuevamente razona: <\/p>\n
\u201c<[L]a libre separaci\u00f3n de hecho excluye el fundamento de la sociedad de gananciales, que es la convivencia mantenida entre los c\u00f3nyuges>, con lo que se viene a mitigar el rigor literal (\u2026) del n\u00famero 3\u00ba del art\u00edculo 1393 del C\u00f3digo Civil y ello al objeto de adaptarlo a la realidad social y al principio de la buena fe. As\u00ed, es la separaci\u00f3n de hecho la que determina, por exclusi\u00f3n de la convivencia conyugal, que los c\u00f3nyuges pierdan sus derechos a reclamarse como gananciales bienes adquiridos por \u00e9stos despu\u00e9s del cese efectivo de la convivencia, siempre que ello obedezca a una separaci\u00f3n f\u00e1ctica (no a una interrupci\u00f3n de la convivencia) seria, prolongada y demostrada por los actos subsiguientes de formalizaci\u00f3n judicial de la separaci\u00f3n y siempre que los referidos bienes se hayan adquirido con caudales propios o generados con su trabajo o industria a partir del cese de aquella convivencia (\u2026.)\u201d10. <\/p>\n
En Espa\u00f1a, como se observa, se entiende contrario a la buena fe y a la realidad social, en t\u00e9rminos generales, la reclamaci\u00f3n que hace un c\u00f3nyuge, respecto de los haberes obtenidos por el otro en estado de separaci\u00f3n de hecho y en cuya adquisici\u00f3n de manera alguna ha contribuido, sobre la base de la vigencia te\u00f3rica del matrimonio y de la sociedad de bienes. <\/p>\n
El problema no ha sido ajeno al Derecho chileno. El Congreso Nacional, introdujo la nueva ley de matrimonio civil cuya \u00faltima modificaci\u00f3n es del 17 de mayo de 2004, Ley 19947, donde sustituy\u00f3 la Ley de Matrimonio Civil del 10 de enero de 1884. La nueva normatividad en el art. 21 regul\u00f3 y aprob\u00f3, las separaciones de hecho acaecidas entre las parejas casadas, y de la forma como \u00e9stas pod\u00edan proceder, desde el 2004, a fin de evitar ulteriores problemas sobre la conformaci\u00f3n de la sociedad de bienes. En este texto dispuso: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 21.- Si los c\u00f3nyuges se separaren de hecho, podr\u00e1n, de com\u00fan acuerdo, regular sus relaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas al r\u00e9gimen de bienes del matrimonio. <\/p>\n
\u201cEn todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deber\u00e1 regular tambi\u00e9n, a lo menos, el r\u00e9gimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relaci\u00f3n directa y regular que mantendr\u00e1 con los hijos aquel de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podr\u00e1n convenir un r\u00e9gimen de cuidado personal compartido. <\/p>\n
\u201cLos acuerdos antes mencionados deber\u00e1n respetar los derechos conferidos por las leyes que tengan el car\u00e1cter de irrenunciables\u201d (modificado por el art. 3 de la Ley 20680 del 21 de junio de 2013). <\/p>\n
Consciente ese legislador, cual se viene planteando, se\u00f1al\u00f3 que esa separaci\u00f3n de hecho desde el 2004 en adelante se pod\u00eda realizar por algunos de los medios siguientes, y por supuesto, gobernaba las situaciones de separaci\u00f3n de hecho para los nuevos matrimonios o los fen\u00f3menos f\u00e1cticos acaecidos desde el 2004, en lo tocante con la fecha cierta de separaci\u00f3n definitiva e irrevocable. En efecto, all\u00ed estim\u00f3: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 22.- El acuerdo que conste por escrito en alguno de los siguientes instrumentos otorgar\u00e1 fecha cierta al cese de la convivencia: <\/p>\n
a) escritura p\u00fablica, o acta extendida y protocolizada ante notario p\u00fablico; <\/p>\n
b) acta extendida ante un Oficial del Registro Civil, o <\/p>\n
\u201cNo obstante lo dispuesto en el inciso anterior, si el cumplimiento del acuerdo requiriese una inscripci\u00f3n, subinscripci\u00f3n o anotaci\u00f3n en un registro p\u00fablico, se tendr\u00e1 por fecha del cese de la convivencia aqu\u00e9lla en que se cumpla tal formalidad. <\/p>\n
\u201cLa declaraci\u00f3n de nulidad de una o m\u00e1s de las cl\u00e1usulas de un acuerdo que conste por medio de alguno de los instrumentos se\u00f1alados en el inciso primero, no afectar\u00e1 el m\u00e9rito de aqu\u00e9l para otorgar una fecha cierta al cese de la convivencia. <\/p>\n
\u201c(\u2026). <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 25.- El cese de la convivencia tendr\u00e1 tambi\u00e9n fecha cierta a partir de la notificaci\u00f3n de la demanda, en el caso del art\u00edculo 23. <\/p>\n
\u201cAsimismo, habr\u00e1 fecha cierta, si no mediare acuerdo ni demanda entre los c\u00f3nyuges, cuando, habiendo uno de ellos expresado su voluntad de poner fin a la convivencia a trav\u00e9s de cualquiera de los instrumentos se\u00f1alados en las letras a) y b) del art\u00edculo 22 o dejado constancia de dicha intenci\u00f3n ante el juzgado correspondiente, se notifique al otro c\u00f3nyuge. En tales casos, se tratar\u00e1 de una gesti\u00f3n voluntaria y se podr\u00e1 comparecer personalmente. La notificaci\u00f3n se practicar\u00e1 seg\u00fan las reglas generales\u201d. <\/p>\n
La data o fecha cierta de la terminaci\u00f3n, al ser determinante puede ser demostrada, entonces, por acto bilateral o unilateral, seg\u00fan las reglas citadas. Sin embargo, no regul\u00f3 las separaciones f\u00e1cticas acaecidas con antelaci\u00f3n al 2004, y para lo pertinente, previ\u00f3 un r\u00e9gimen transitorio en la misma ley donde, expuso, que los matrimonios celebrados con anterioridad a la nueva ley la fecha cierta de la separaci\u00f3n de hecho efectiva y definitiva, no se probar\u00e1 por los medios antes expuestos, sino bajo el esquema de libertad probatoria, como, por ejemplo, la prueba testimonial, disponiendo: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 2\u00ba.- Los matrimonios celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley se regir\u00e1n por ella en lo relativo a la separaci\u00f3n judicial, la nulidad y el divorcio. <\/p>\n
\u201cSin perjuicio de lo anterior, las formalidades y requisitos externos del matrimonio y las causales de nulidad que su omisi\u00f3n originan, se regir\u00e1n por la ley vigente al tiempo de contraerlo; pero los c\u00f3nyuges no podr\u00e1n hacer valer la causal de nulidad por incompetencia del oficial del Registro Civil, prevista en el art\u00edculo 31 de la Ley de Matrimonio Civil del 10 de enero de 1884. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, no regir\u00e1n las limitaciones se\u00f1aladas en los art\u00edculos 22 y 25 de la Ley de Matrimonio Civil para comprobar la fecha de cese de la convivencia entre los c\u00f3nyuges; sin embargo, el juez podr\u00e1 estimar que no se ha acreditado si los medios de prueba aportados al proceso no le permiten formarse plena convicci\u00f3n sobre ese hecho. <\/p>\n
\u201c(\u2026) (modificado por el art. 2 de la Ley 20286 de 2008)\u201d11. <\/p>\n
De tal modo que, para los prop\u00f3sitos de estimar la fecha cierta de la terminaci\u00f3n material de la convivencia, correspond\u00eda al juez establecerla teniendo en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes. En el caso seg\u00fan lo dispuesto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba transitorio de la ley de Matrimonio Civil, no rigen las limitaciones se\u00f1aladas en los art\u00edculos 22 y 25 de la misma Ley, con el fin de comprobar la fecha de cese de la convivencia entre los c\u00f3nyuges. En ese caso, le corresponde al juez, escrutar los diferentes medios de prueba, distintos a los consignados para los nuevos matrimonios. <\/p>\n
5.4.2. En un sentido mucho m\u00e1s claro y puntual, en l\u00edneas generales, la jurisprudencia argentina, acota: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i ambos c\u00f3nyuges son los causantes de la ruptura matrimonial, ninguno de ellos tiene derecho a los bienes adquiridos por el otro despu\u00e9s de la separaci\u00f3n, tal conclusi\u00f3n se fundamenta en razones de equidad y de orden l\u00f3gico y moral (\u2026). Si la sentencia de divorcio o separaci\u00f3n personal se dicta con fundamento en la interrupci\u00f3n prolongada de la convivencia, sin analizar la culpabilidad de los c\u00f3nyuges, ninguno de ellos tendr\u00e1 derecho a participar de los bienes adquiridos por el otro a partir de la separaci\u00f3n de hecho\u201d12. <\/p>\n
Lo relevante de la anterior doctrina jurisprudencial, es el efecto declarativo de las decisiones consecuenciales de disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, trat\u00e1ndose de la separaci\u00f3n de hecho o personal de los casados, en el sentido de no incluirse en la masa partible los bienes adquiridos por uno u otro luego del rompimiento de la vida matrimonial, teniendo efectos retroactivos a la fecha de acaecimiento de la ruptura, salvo excepciones legales. <\/p>\n
La segunda hip\u00f3tesis del nuevo ordenamiento argentino, es mucho m\u00e1s expl\u00edcita y contundente, y mutatis mutandis, se relaciona directamente con el caso aqu\u00ed expuesto a la Corte, al postular que la sociedad de gananciales directamente se da por extinguida en forma retroactiva a la fecha de la separaci\u00f3n efectiva o real, cuando expresa: \u201cSi la separaci\u00f3n de hecho sin voluntad de unirse precedi\u00f3 a la anulaci\u00f3n del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al d\u00eda de esa separaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Ese legislador, en este \u00faltimo punto, reproduce y mejora sin condici\u00f3n alguna, la regla 1306 del anterior C.C. argentino, que plasmaba: \u201c(\u2026) producida la separaci\u00f3n de hecho de los c\u00f3nyuges, el que fuere culpable de ella no tiene derecho a participar en los bienes gananciales que con posterioridad a la separaci\u00f3n de hecho aumentaron el patrimonio del no culpable\u201d. <\/p>\n
El Derecho mexicano tampoco ha ignorado la cuesti\u00f3n. Tiene una normatividad amplia sobre la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, en lo tocante con los efectos retroactivos de la nulidad. El C\u00f3digo Civil Federal, en vigor a partir del 1\u00ba de septiembre de 1932, en el Libro Primero \u201cDe las Personas\u201d, en el art\u00edculo 196 enfrenta el problema: \u201cEl abandono injustificado por m\u00e1s de seis meses del domicilio conyugal por uno de los c\u00f3nyuges, hace cesar para \u00e9l, desde el d\u00eda del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan; \u00e9stos no podr\u00e1n comenzar de nuevo sino por convenio expreso\u201d14(subrayas ex texto). <\/p>\n
Seg\u00fan lo razonado, en el derecho comparado, con relaci\u00f3n al problema planteado, en algunos de los ordenamientos m\u00e1s prominentes ya han resuelto la inquietud que ocupa el asunto materia de juzgamiento siguiendo la fecha cierta de la separaci\u00f3n definitiva e irrevocable de hecho. De esos ordenamientos se puede inferir que en pos de hacer real el momento de la separaci\u00f3n, posibilitan establecer la data cierta de la separaci\u00f3n efectiva y definitiva de los contrayentes, convirtiendo en obligaci\u00f3n del juez, investigar la fecha cierta de la separaci\u00f3n efectiva, para que la decisi\u00f3n no sea meramente formal o nominalista, sino justa y real, excluyendo toda forma de enriquecimiento injusto. <\/p>\n
Como colof\u00f3n de este ejercicio comparatista, la tesis que pareciera razonable en nuestro medio de la subsistencia formal de la sociedad conyugal desconociendo la verdadera y real fecha de separaci\u00f3n de los c\u00f3nyuges, hoy encierra evidentes injusticias, que el Estado Constitucional y Social de Derecho no puede aplaudir, por la carencia de ayuda, auxilio, solidaridad, socorro mutuos, comunidad de intereses, cuando la pareja o los consortes est\u00e1n del todo separados f\u00e1cticamente y entrelazados por un convenio meramente ideal y formal, ajeno a la realidad y a la buena fe, y a la aut\u00e9ntica justicia material, por carencia de esfuerzo rec\u00edproco como elemento axial del r\u00e9gimen econ\u00f3mico social. <\/p>\n
5.5. De tal modo que en el caso concreto al estar disuelta de hecho la sociedad conyugal de manera irreversible, atendiendo que disolver significa \u201c(\u2026)deshacer algo pniendo filn a la uni\u00f3n de sus componentes (\u2026) destru\u00edr o aniquilar algo (\u2026) resolver\u201d15, desde ese instante mismo, eficazmente puede emerger la sociedad patrimonial sin que se presente la confusi\u00f3n econ\u00f3mica de los compa\u00f1eros permanentes con las anteriores sociedades. <\/p>\n
6. Para el caso que nos ata\u00f1e, la separaci\u00f3n de hecho entre Pedro Emilio Torres Quijano y Myriam Ria\u00f1o Godoy, fue suficiente y la ulterior sentencia, apenas deb\u00eda reconocer en forma retroactiva la autoridad de la realidad, entendiendo disuelta la primigenia sociedad. Lo expuesto, teniendo en cuenta que aquella relaci\u00f3n se quebr\u00f3 de manera definitiva e irrevocable a partir de la ruptura de la pareja. <\/p>\n
Desde entonces, no exist\u00eda ning\u00fan impedimento para el surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, porque el v\u00ednculo que conformaba el obst\u00e1culo, estaba disuelto y roto por el vigor de los hechos. <\/p>\n
En estas condiciones, el argumento relativo a la simultaneidad o paralelismo entre sociedad conyugal y sociedad patrimonial, resulta impertinente, por causa de los hechos probados, de tal modo que la vigencia formal del v\u00ednculo, o la preexistencia de la sociedad conyugal del matrimonio anterior, no disuelta formalmente, no puede ser escollo para que fulgure y excluya una nueva sociedad patrimonial en el marco de la art. 42 de la Carta, con el nuevo patrimonio, representado en los activos y pasivos que para la nueva universalidad se adquieran. <\/p>\n
En el punto es trascendental reiterar que la uni\u00f3n conformada por Pedro Emilio Torres Quijano y Mar\u00eda Isabel Quesada de Duarte, tal como se describi\u00f3 en los hechos de la providencia, y se demostr\u00f3, era permanente en el tiempo, singular y, por lo tanto, contaba con la estabilidad en la comunidad de vida, factores suficientes para concretar los efectos patrimoniales de la relaci\u00f3n referida. <\/p>\n
Se impon\u00eda desde la fuerza material de la Constituci\u00f3n y ante la carencia de norma legal o supralegal alguna, salvo una interpretaci\u00f3n formal y anfibol\u00f3gica, como obligaci\u00f3n de la judicatura, desembocar en la necesidad de proteger el v\u00ednculo constituido entre las partes citadas a la contienda judicial, sobre todo, en auxilio de la unidad familiar, a la luz de los principios, valores y derechos. <\/p>\n
7. Se hace necesaria una perspectiva o un enfoque de g\u00e9nero. Finalmente, no quiero profundizar este aspecto, pero es patente, el lector podr\u00e1 observar que quien demanda es una mujer, y como tal, la decisi\u00f3n judicial la perjudica y la desampara. Este desabrigo que no le brinda el juez del siglo XXI, juzgador de naturaleza constitucional, la torna doblemente afectada porque, adem\u00e1s estando probada la sociedad de hecho, no la reconoce, oblig\u00e1ndola a encarar un nuevo juicio por la falta de dispensa de justicia material, en un nuevo tortuoso proceso, mientras el contradictor sale premiado por la sentencia de casaci\u00f3n disfrutando el trabajo, el patrimonio y la contribuci\u00f3n que se compa\u00f1era realiz\u00f3, gracias a una doctrina del todo injusta. Ello significa que se afrent\u00f3 la Constituci\u00f3n y corpus iuris internacional que protege a las mujeres discriminadas en Am\u00e9rica Latina y en el mundo, faltando entonces tambi\u00e9n una orientaci\u00f3n de g\u00e9nero, en frente de la familia y su baluarte m\u00e1s importante, la mujer. <\/p>\n
8. La funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica del juez por medio de la Casaci\u00f3n y de las acciones constitucionales. La tarea del juez debe ser viva, comprometida con la justicia y con la realidad. Su enfoque debe ser din\u00e1mico en el Estado Constitucional y social de Derecho, por consiguiente, solo se ejerce una aut\u00e9ntica guardian\u00eda de la ley y de los derechos ante la Constituci\u00f3n, cuando las disposiciones legales se adaptan a las cambiantes necesidades hist\u00f3ricas y a la propia Carta. No se trata de quebrar la seguridad jur\u00eddica y la confianza leg\u00edtima, principios democr\u00e1ticos de los que es centenariamente adalid esta Suprema Corte de Justicia; tribunal que ha vivificado el pensamiento jur\u00eddico nacional y ha procurado la protecci\u00f3n de los derechos, anticip\u00e1ndose las m\u00e1s de las veces en la soluci\u00f3n de casos injustos y contrarios al sistema jur\u00eddico. <\/p>\n
La situaci\u00f3n agitada en casaci\u00f3n, ineludiblemente, impon\u00eda una soluci\u00f3n del modo aqu\u00ed planteado. Precisamente, en su constante tarea como magistratura de cierre, superando prejuicios y, ante todo, el car\u00e1cter exeg\u00e9tico y textualista de la ley. La visi\u00f3n que combato en este salvamento se relaciona con una serie de preconceptos que no responden a una visi\u00f3n material de la Carta, mi menos a una aprehensi\u00f3n racional y justa de la realidad y de los derechos de las parejas. <\/p>\n
El C\u00f3digo civil debe ser reinterpretado de manera d\u00factil y racional, adapt\u00e1ndolo a las necesidades cambiantes, siguiendo los principios valores y derechos que predica la Carta. Y esta tarea compete a los jueces del Estado Constitucional. Con sabidur\u00eda inquebrantable ha adoctrinado esta Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) habiendo de considerarse el ordenamiento como un sistema completo y arm\u00f3nico, y de entenderse como un medio para absolver las dificultades y necesidades m\u00faltiples y cambiantes de la praxis, la jurisprudencia actualiza permanentemente el derecho y logra su desarrollo y evoluci\u00f3n, para lo cual no ha menester de espec\u00edfico cambio legislativo, bast\u00e1ndole un entendimiento racional y d\u00factil de las leyes, dentro de un proceso continuo de adaptaci\u00f3n de ellas a concepciones, ambiente, organizaci\u00f3n social, necesidades nuevas, distintas de las que las originaron, posiblemente contrarias a ellas, en armon\u00eda con la equidad y los requerimientos vitales. <\/p>\n
\u201cLa ley es una creaci\u00f3n del esp\u00edritu objetivo, que aun cuando producto de determinado cuerpo pol\u00edtico constitucionalmente calificado a ese objeto, se independiza de \u00e9l desde su expedici\u00f3n, al punto de que el influjo de los prop\u00f3sitos que animaron a sus redactores va decreciendo a medida que la norma se proyecta sobre coyunturas cada vez distintas y m\u00e1s lejanas de las de su origen, y de que el int\u00e9rprete es llamado a proceder con la mente puesta en el legislador, para imaginar c\u00f3mo habr\u00eda este regulado la situaci\u00f3n nueva si le hubiese sino factible entonces tenerla presente. En rigor, la jurisprudencia tiene una misi\u00f3n que rebasa los marcos de la gram\u00e1tica y de la indagaci\u00f3n hist\u00f3rica: el de lograr que el derecho viva, se remoce y se ponga a tono con la mentalidad y las urgencias del presente, por encima de la inmovilidad de los textos, que no han de tomarse para obstaculizar el progreso, sino ponerse a su servicio, permitiendo as\u00ed una evoluci\u00f3n jur\u00eddica sosegada y firme, a todas luces provechosas\u201d16. <\/p>\n
Un juez, una Corte, un tribunal juzgan la historia reconstruida a trav\u00e9s de la prueba, pero, al mismo tiempo, y a diferencia del historiador, ejercen una funci\u00f3n interpretativa, pedag\u00f3gica y restaurativa del Estado de Derecho porque proyectan la norma jur\u00eddica y el valor supremo de la justicia para la soluci\u00f3n de casos futuros. No debe olvidarse por ello, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l h\u00e1bito del jurista se orienta ex post facto, es decir hacia hechos que se han producido en el pasado y que el juez debe decidir en t\u00e9rminos jur\u00eddicos. Sin embargo, desde el punto de vista institucional los poderes judiciales deben poner la mirada en la orientaci\u00f3n previsible de la sociedad a la que se presta el servicio de justicia e ir definiendo sus cambios y necesidades como para ir provey\u00e9ndoles (\u2026) ese servicio. Por supuesto que a tales fines resulta necesario que dichos poderes cuenten con los profesionales necesarios capaces de ir delineando futuros cambios y exigencias, pero tambi\u00e9n se requiere que aquellos generen puentes con la sociedad como para ser receptivos a las cambiantes necesidades. Un elemental requerimiento para poder cumplir con este desaf\u00edo es contar con una exhaustiva y completa lectura de la realidad existente (\u2026)\u201d17 (Negrillas propias). <\/p>\n
9. En los anteriores t\u00e9rminos, dejo consignado mi anunciado salvamento. La recurrida debi\u00f3 confirmarse. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ SC, 10 Sep. 2003, Rad. 7603, CSJ SC, 4 Sep. 2006, Rad. 1998-00696-01, CSJ SC, 7 Mar. 2011, Rad. 2003-00412-01, CSJ SC, 22 Mar. 2011, Rad. 2007-00091-01 <\/p>\n
2 La naturaleza civil o comercial de la sociedad de hecho concubinaria es intrascendente a la hora de decidir un litigio, como el ahora planteado, por tratarse de una sociedad de hecho donde no importa el car\u00e1cter de las actividades que originan el aporte, ni la determinaci\u00f3n de la etiolog\u00eda de los actos que generan el provecho econ\u00f3mico para establecer si son de \u00edndole comercial o civil por la identidad de los elementos axiol\u00f3gicos que integran una y otra, tal como paladinamente lo explican las sentencias de casaci\u00f3n de esta Sala del 14 de mayo de 1992 y, del 22 de mayo del 2003 en el expediente 7826 <\/p>\n
3 CSJ., Civil, Sent. de 24 de febrero de 2011, expediente C-25899-3103-002-2002-00084-01 <\/p>\n
4 CSJ., Civil, Sent. de 24 de febrero de 2011, expediente C-25899-3103-002-2002-00084-01. <\/p>\n
5 CSJ. Civil: Cas. Sent. de 29 de septiembre 2006, expediente 11001 31 03 011 1999 01683 01. <\/p>\n
6 DEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. Teor\u00eda General de la Prueba Judicial, Tomo II, 5\u00b0 ed., Bogot\u00e1, Temis, 2006, p\u00e1g. 681. <\/p>\n
7 Instituci\u00f3n aplicable por virtud de la remisi\u00f3n del art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 54 de 1990 efect\u00faa a los cap\u00edtulos I a IV del T\u00edtulo XXII del Libro Cuarto de C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
8 Sentencia de 3 de noviembre de 2010, expediente 00196. <\/p>\n
9 ALEJANDREZ PE\u00d1A, Pedro. Liquidaci\u00f3n de bienes Gananciales. Aspectos pr\u00e1cticos, procesales y sustantivos. 4 edic. Valladolid \u2013 Espa\u00f1a, Editorial Lex Nova, 2008, p. 213. ISBN: 978-84-8406-847-1. <\/p>\n
10 En el mismo sentido, en general, la sentencia del Tribunal Supremo Espa\u00f1ol de 25 de octubre de 2015. Adem\u00e1s, entre otros, los fallos de 22 de enero y de 25 de octubre de 2013 de la Audiencia Provincial de Madrid, Secci\u00f3n 22; de 29 de junio de 2012 y de 26 de junio de 2014 de la Audiencia Provincial de C\u00e1diz, Secci\u00f3n 5\u00aa; de 1\u00ba de junio de 2012 de la Audiencia Provincial de Granada, Secci\u00f3n 5\u00aa; y de 12 de julio de 2012 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secci\u00f3n 18. <\/p>\n