STC005-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC005-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03280-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Katherine Tovar Bri\u00f1ez frente a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, integrada por la magistrada Gloria In\u00e9s Linares Villalba; extensiva al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso, con ocasi\u00f3n del juicio de divorcio n\u00famero 2020-00071, iniciado por Jos\u00e9 Joel Ortiz Carahuche a la aqu\u00ed gestora. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La querellante reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso (defensa, contradicci\u00f3n y principio de legalidad) e igualdad, presuntamente conculcadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos soporte de la queja, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Jos\u00e9 Joel Ortiz Carahuche promovi\u00f3 el decurso censurado contra la hoy quejosa, con el fin de lograr la declaratoria de cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio contra\u00eddo con su oponente en el mes de noviembre de 2013. <\/p>\n
La audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento fue programada para los d\u00edas 17 y 23 de septiembre de 2020, fechas en las cuales se llev\u00f3 a cabo el respectivo acto procesal, en desarrollo del cual el extremo demandado inco\u00f3 la nulidad de lo actuado, basado en su indebida vinculaci\u00f3n al contradictorio. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso dict\u00f3 sentencia en la \u00faltima calenda, denegando el pedimento referido y accediendo a las pretensiones del all\u00e1 inicialista. Inconforme, la ahora querellante impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, frente a ambas determinaciones, y, haciendo uso del traslado concedido por la juzgadora a quo, \u201cpor m\u00e1s de 50 minutos\u201d fundament\u00f3 la alzada. <\/p>\n
El 30 de septiembre de 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo admiti\u00f3 el remedio vertical y el 7 de octubre posterior, dispuso dar aplicaci\u00f3n a las previsiones del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 20201, para efectos de la sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Para la precursora, el devenir descrito no solo quebranta sus garant\u00edas superlativas sino el ordenamiento penal colombiano, pues, dice, resulta caprichoso y contrario a la legalidad afirmar, como lo hizo el ad quem, que el remedio vertical impetrado no fue sustentado, por cuanto de una atenta revisi\u00f3n al registro de la respectiva audiencia pueden extraerse, con claridad, los argumentos soporte de su disenso, lo cual permiti\u00f3 a la juez de primer nivel \u201cadmitir\u201d dicho medio de defensa, siendo ella y no el tribunal, la competente para decidir si lo declaraba desierto o no. <\/p>\n
Critica, por otra parte, la inaplicaci\u00f3n de las previsiones del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, pues no fue convocada a la vista p\u00fablica de sustentaci\u00f3n y fallo all\u00ed establecida, cuando era esa la oportunidad id\u00f3nea para escuchar sus alegatos. Tal omisi\u00f3n, reitera la tutelante, constituye un delito susceptible de investigaci\u00f3n por parte de las autoridades correspondientes. <\/p>\n
3. Basada en lo anterior, pide, en concreto, imponer a la sede judicial encartada, desatar el recurso memorado y ordenar que se adelante proceso penal y disciplinario contra la funcionaria acusada. <\/p>\n
1.1. Respuesta del encausado y los vinculados <\/p>\n
1. El despacho promiscuo de familia limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a la remisi\u00f3n de las diligencias materia de controversia, por v\u00eda digital. <\/p>\n
2. El colegiado enjuiciado rese\u00f1\u00f3 las decisiones emitidas durante el curso de la segunda instancia y solicit\u00f3 evaluar la viabilidad de imponer los correctivos del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 44 del C\u00f3digo General del Proceso2, en atenci\u00f3n a las manifestaciones irrespetuosas e infundadas de la libelista. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente pleito. <\/p>\n
2. Este prove\u00eddo tiene por objeto dilucidar si, con ocasi\u00f3n de la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, decretada el 26 de octubre de 2020, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la promotora. <\/p>\n
3. De entrada, se advierte la improsperidad del amparo por inobservancia del requisito de subsidiariedad, pues la impulsora omiti\u00f3 interponer reposici\u00f3n frente a la providencia criticada, medio id\u00f3neo para exponer las cuestiones aqu\u00ed ventiladas y procedente a voces de lo normado en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso3. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, por cuanto, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado remedio, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
4. Con todo, es necesario precisarlo, ninguna vulneraci\u00f3n puede atribuirse a la funcionaria ad quem denunciada, por haber aplicado las disposiciones del Decreto 806 de 2020 al tr\u00e1mite de la alzada interpuesta por la hoy precursora, en tanto era esa y no el art\u00edculo 327 adjetivo, la normativa vigente para la fecha de presentaci\u00f3n de la respectiva censura. <\/p>\n
4.1. En efecto, el art\u00edculo 624 del C\u00f3digo General del Proceso, modific\u00f3 el 40 de la Ley 153 de 18876, no para variar su sentido, sino para detallar sus alcances, pues, adem\u00e1s de ratificar la aplicabilidad del principio de retrospectividad de las leyes \u201cconcernientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios\u201d, enlist\u00f3 aquellos eventos, excepcionales, donde la legislaci\u00f3n anterior tiene efectos ultraactivos, como es el caso del tr\u00e1mite de impugnaciones, al consagrar: <\/p>\n
De manera concordante, el art\u00edculo 625 ej\u00fasdem, estableci\u00f3 los lineamientos a observar en el tr\u00e1nsito de disposiciones procedimentales en litigios en curso al momento de la entrada en vigencia de ese estatuto y, en su numeral 5\u00ba, enfatiz\u00f3 en la mencionada regla de aplicabilidad de la ley en el tiempo, al decir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 5. No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones (\u2026)\u201d (La negrilla, para destacar). <\/p>\n
4.2. Dichos par\u00e1metros rituales cobran relevancia en el asunto materia de estudio, pues con la publicaci\u00f3n del Decreto Legislativo 806 de 2020, se present\u00f3 el fen\u00f3meno jur\u00eddico en comento, en tanto la directriz gubernamental introdujo una modificaci\u00f3n al art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso7, por el cual ven\u00eda rigi\u00e9ndose el recurso de apelaci\u00f3n contra sentencias, ante la sede de segunda instancia. <\/p>\n
De acuerdo con dicho canon, la argumentaci\u00f3n de la alzada deb\u00eda sustentarse en audiencia convocada por el ad quem, previa ejecutoria del auto admisorio de la impugnaci\u00f3n y, en ella, el disidente deb\u00eda fundamentar sus inconformidades, ce\u00f1ido a los reparos expuestos ante el juez de primer nivel. <\/p>\n
4.3. Con base en la comentada reforma, el tribunal criticado dict\u00f3 el prove\u00eddo de 7 de octubre de 2020, corriendo traslado para presentar la sustentaci\u00f3n escrita frente a la sentencia de primera instancia, proferida el 23 de septiembre de 2020 y apelada en la misma fecha, esto es, en vigencia del art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020. <\/p>\n
Luego, no hay duda sobre el acierto de la sentenciadora ad quem al optar por la regla en comento, la cual impon\u00eda a la apelante exponer las razones de su censura contra la decisi\u00f3n de m\u00e9rito del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia dentro de los cinco d\u00edas siguientes al requerimiento realizado, so pena de ser declarado desierto, como, en efecto ocurri\u00f3. <\/p>\n
5. Conviene puntualizar, igualmente, la ausencia de arbitrariedad o \u201ccriminalidad\u201d en la determinaci\u00f3n del tribunal fustigado, por el hecho de no haber considerado satisfecha la carga procesal de sustentaci\u00f3n del recurso con \u201clos 50 minutos\u201d de exposici\u00f3n ante el a quo, porque el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, exige la fundamentaci\u00f3n de tal remedio ante el superior y as\u00ed lo ha decantado esta Colegiatura en pret\u00e9ritas ocasiones y de manera un\u00e1nime, indicando: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [Aunque] el apoderado apel\u00f3 la sentencia estimatoria dictada en audiencia de 3 de marzo de 2016 por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla y le fue concedido el recurso en el efecto suspensivo, no compareci\u00f3 a la diligencia programada por el superior para la sustentaci\u00f3n el 30 de agosto de 2016 y ante ello se declar\u00f3 desierto con base en las siguientes disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
\u201cEl inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 establece: \u00abal momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb (subraya la Corte) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEl inciso 4\u00ba de dicha preceptiva, prev\u00e9 que: \u00abSi el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarar\u00e1 desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb (negrillas y subrayas fuera del texto) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAl respecto esta Sala ha sostenido que \u00abel legislador previ\u00f3 como sanci\u00f3n la declaratoria de desierto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra una sentencia cuando: (i) no se precisan, de manera breve, los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, al momento de presentar la impugnaci\u00f3n en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia y (ii) cuando no se presente la sustentaci\u00f3n de los mencionados reparos ante el superior\u00bb CSJ STC11058-2016, 11 ago. 2016, rad. 02143-00, entre otras). Subraya la Sala. (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el momento para interponer el remedio vertical, esta Corte, a la luz de lo reglado en el canon 322 \u00eddem, ha explicitado que, si la providencia es proferida en audiencia, la alzada debe impetrarse en la misma diligencia. Por el contrario, si el pronunciamiento se emiti\u00f3 fuera de esa oportunidad, se cuenta con tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n para la formulaci\u00f3n de tal impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a lo discurrido, esta Corporaci\u00f3n esgrimi\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]\u00e1ndole un sentido integral al art\u00edculo 322 de[l C\u00f3digo General del Proceso], se tiene que de acuerdo a su numeral 1\u00ba, cuando la providencia se emite en el curso de una audiencia o diligencia, la apelaci\u00f3n \u00abdeber\u00e1 interponerse en forma verbal inmediatamente despu\u00e9s de pronunciada\u00bb, a lo que seguidamente indica que de todos los recursos presentados, al final de la audiencia el juez \u00abresolver\u00e1 sobre la procedencia (\u2026) as\u00ed no hayan sido sustentados\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Significa lo anterior que una es la ocasi\u00f3n para interponer el recurso que indudablemente es \u00abinmediatamente despu\u00e9s de pronunciada\u00bb, lo cual da lugar a que se verifique el requisito tempestivo, y otro es el momento del desarrollo argumentativo del reproche, que trat\u00e1ndose de sentencias presenta una estructura compleja, seg\u00fan la cual la sustentaci\u00f3n debe presentarse frente al a quo y luego ser desarrollada \u00abante el superior\u00bb, conforme lo contemplan los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del numeral 3 del citado canon 322 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En tal sentido, el segundo de los apartados de la preceptiva en cita establece: \u00abal momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
De lo consignado en el canon 322 \u00eddem, se desprenden diferencias en torno a la apelaci\u00f3n de autos y sentencias, aspecto sobre el cual esta Sala un\u00e1nimemente, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) a) Para los primeros, el legislador previ\u00f3 dos momentos, uno relativo a la interposici\u00f3n del recurso, el cual ocurre en audiencia si la providencia se dict\u00f3 en ella o, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n controvertida si se profiri\u00f3 fuera de aqu\u00e9lla; y, dos, la sustentaci\u00f3n, siendo viable \u00e9sta en igual lapso al referido si el prove\u00eddo no se emiti\u00f3 en audiencia o al momento de incoarse en la respectiva diligencia, todo lo cual se surte ante el juez de primera instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) b) En cuanto a las segundas, el remedio vertical comprende tres etapas, esto es, (i) su interposici\u00f3n y (ii) la formulaci\u00f3n de reparos concretos, \u00e9stas ante el a quo, y (iii) la sustentaci\u00f3n que corresponde a la exposici\u00f3n de las tesis o argumentos encaminados a quebrar la decisi\u00f3n, conforme a los reparos que en su oportunidad se formularon contra la providencia cuestionada. Dichos actos se surten dependiendo, igualmente, de si el fallo se emite en audiencia o fuera de ella, tal como arriba se expuso (\u2026)\u201d10. <\/p>\n
Se infiere, entonces, que, trat\u00e1ndose de autos, esta Colegiatura ha identificado como fases del recurso de apelaci\u00f3n, en primera instancia: interposici\u00f3n del recurso, sustentaci\u00f3n, traslados de rigor y concesi\u00f3n; y, en segunda: la inadmisi\u00f3n o decisi\u00f3n. Para las sentencias, en primera instancia: interposici\u00f3n, formulaci\u00f3n de los reparos concretos y concesi\u00f3n; y, en segunda: admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n con su ejecutoria, fijaci\u00f3n de audiencia con la eventual fase probatoria, en la actualidad, concesi\u00f3n de traslado para sustentaci\u00f3n por escrito (art. 14 del Decreto 806 de 2020), sustentaci\u00f3n y sentencia. <\/p>\n
Por tanto, le correspond\u00eda a la recurrente no s\u00f3lo aducir sus quejas puntuales ante el a quo, sino hacer uso del traslado concedido por el superior en auto de 7 de octubre de 2020, para fundamentar all\u00ed el remedio vertical, tal y como lo prev\u00e9 el rese\u00f1ado canon 322. <\/p>\n
6. En torno a la presunta vulneraci\u00f3n de la prerrogativa establecida en el art\u00edculo 13 de la Carta Pol\u00edtica, no est\u00e1 demostrado que, en iguales condiciones a las descritas en esta salvaguarda, la sede judicial accionada hubiese impartido un trato diferente en favor de otras personas. <\/p>\n
7. En cuanto a las postulaciones concernientes a la remisi\u00f3n de copias a los \u00f3rganos competentes para la investigaci\u00f3n de las presuntas faltas cometidas por la falladora convocada a este tr\u00e1mite, resta decir que escapan al \u00e1mbito de protecci\u00f3n de la presente queja. Este tipo de reclamaciones incumbe realizarlas directamente a la interesada ante las entidades correspondientes. <\/p>\n
8. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos11 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196912, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d13, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
8.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio14. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
8.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia15, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales16; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas17. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
9. De acuerdo con lo discurrido, se negar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por Katherine Tovar Bri\u00f1ez frente a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo; actuaci\u00f3n a la cual se vincul\u00f3 al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso, con ocasi\u00f3n del juicio de divorcio n\u00famero 2020-00071, iniciado por Jos\u00e9 Joel Ortiz Carahuche a la aqu\u00ed gestora. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb18, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb19; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) El recurso de apelaci\u00f3n contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitar\u00e1 as\u00ed: Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alado en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Sin perjuicio de la acci\u00f3n disciplinaria a que haya lugar, el juez tendr\u00e1 los siguientes poderes correccionales: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 6. Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos contra los funcionarios, las partes o terceros (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u201d. <\/p>\n
4 CSJ STC, de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
5 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente. <\/p>\n
6 Cuyo texto original rezaba: \u201c(\u2026) Las leyes concernientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los t\u00e9rminos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regir\u00e1n por la ley vigente al tiempo de su iniciaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7 \u201c(\u2026) Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, cuando se trate de apelaci\u00f3n de sentencia, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los siguientes casos: <\/p>\n
1. Cuando las partes las pidan de com\u00fan acuerdo. <\/p>\n
2. Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidi\u00f3. <\/p>\n
3. Cuando versen sobre hechos ocurridos despu\u00e9s de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos. <\/p>\n
4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria. <\/p>\n
5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trata el ordinal anterior. <\/p>\n
8 CSJ. STC6055 de 4 de mayo de 2017, exp. 08001-22-13-000-2017-00100-01. <\/p>\n
9 CSJ. STC de 9 de febrero de 2017, exp. 68001-22-13-000-2016-00808-01; ver en el mismo sentido el fallo de 13 de marzo de 2017, exp. 76001-22-03-000-2017-00041-01 <\/p>\n
10 CSJ. STC6481 de 11 de mayo de 2017, exp. 19001-22-13-000-2017-00056-01 <\/p>\n
11 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
12 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
13 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
14 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
16 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
17 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
18 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
19 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC005-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC005-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03280-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Katherine Tovar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-52985","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52985","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52985"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52985\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52985"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52985"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52985"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}