STC006-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC006-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03325-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Inocencio y Betty Luz Orozco Manjarrez a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, integrada, de manera unitaria, por el magistrado \u00c1lvaro L\u00f3pez Valera, y al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo mixto con radicado n\u00ba2014-0243-00, incoado por el Banco Agrario de Colombia S.A. contra los gestores y otros. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los reclamantes imploran la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El 11 de noviembre de 2008, Ana Ofelia Manjarrez de Orozco constituy\u00f3 hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda, sobre una finca de su propiedad, en favor del Banco Agrario de Colombia S.A., con el fin de garantizar los cr\u00e9ditos que Emerson Andr\u00e9s Tolosa Orozco, adquiri\u00f3 con esa entidad financiera. <\/p>\n
Ana Ofelia falleci\u00f3 el 22 de noviembre de 2010 y, el 25 de mayo de 2011, Tolosa Orozco suscribi\u00f3 un pagar\u00e9 en donde se oblig\u00f3 a pagar $353.148.578 a la enunciada sociedad. <\/p>\n
En la sucesi\u00f3n de aqu\u00e9lla, se adjudic\u00f3 el predio en cuesti\u00f3n a Adalina Pastora, Francisco, Jos\u00e9 Mar\u00eda, Julio Ram\u00f3n, Marquesa, Ludys Mar\u00eda Orozco Manjarrez y a los impulsores. <\/p>\n
Con fundamento en el referido t\u00edtulo valor y en la rese\u00f1ada hipoteca, el Banco Agrario de Colombia S.A. demand\u00f3 compulsivamente a Emerson Andr\u00e9s Tolosa Orozco y a todos los nuevos propietarios del inmueble hipotecado, ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar. <\/p>\n
El 29 de agosto de 2014, bajo los par\u00e1metros del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y como un decurso hipotecario, se libr\u00f3 mandamiento de pago contra los all\u00ed convocados, incluidos los promotores. <\/p>\n
Enterados de la mencionada orden, los herederos demandados de Ana Ofelia Manjarrez de Orozco, promovieron incidente de nulidad aduciendo que el \u00fanico deudor de la obligaci\u00f3n cobrada era Emerson Andr\u00e9s Tolosa Orozco y, en esa medida, el tr\u00e1mite del ritual correspond\u00eda a un ejecutivo singular. <\/p>\n
El 26 de septiembre de 2016, el aludido estrado declar\u00f3 parcialmente fundada la invalidez rogada y, por tanto, dio la posibilidad al Banco Agrario de Colombia S.A. para que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes, indicara si ten\u00eda inter\u00e9s exclusivo en la realizaci\u00f3n de la garant\u00eda real, en cuyo caso excluir\u00eda del mandamiento a Tolosa Orozco; o, si, adem\u00e1s de la hipoteca, pretend\u00eda perseguir el patrimonio de aqu\u00e9l, evento en el cual se anular\u00eda todo lo actuado y el procedimiento se adelantar\u00eda como un ejecutivo mixto. <\/p>\n
Igualmente, el referido despacho destac\u00f3 que, en caso de optarse por esta \u00faltima hip\u00f3tesis, \u201c(\u2026) queda[r\u00edan] atados al proceso y notificados por el medio conducente, todos los ya conocedores de [la actuaci\u00f3n atacada] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Frente a lo anterior, el Banco Agrario de Colombia S.A. eligi\u00f3 la segunda opci\u00f3n, manifestando su inter\u00e9s en tramitar el asunto como un ejecutivo mixto. <\/p>\n
Por tal motivo, en auto de 31 de octubre de 2016, se declar\u00f3 la nulidad de lo actuado y, en decisi\u00f3n de la misma data, se libr\u00f3 un nuevo apremio de pago. <\/p>\n
Frente a dicha orden coercitiva, los tutelantes formularon reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n alegando la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria. <\/p>\n
Por su parte, el convocado, Emerson Andr\u00e9s Tolosa Orozco, impetr\u00f3 igual defensa, as\u00ed como las perentorias de \u201cinexigibilidad por falta de garant\u00edas aseguramiento de la obligaci\u00f3n\u201d cobrada. <\/p>\n
El 31 de enero de 2019, se desestim\u00f3 el remedio horizontal incoado por los actores y no se concedi\u00f3 el vertical por improcedente. <\/p>\n
En sentencia anticipada de 21 de marzo postrero, se declararon no probadas las excepciones del encausado Tolosa Orozco y, adem\u00e1s, se dispuso seguir adelante con el compulsivo. <\/p>\n
Inconformes con lo as\u00ed decidido, los aqu\u00ed actores promovieron alzada y, al otorg\u00e1rseles en el efecto devolutivo, se les impuso la carga de suministrar las expensas necesarias para surtirla en los cinco (5) d\u00edas siguiente, seg\u00fan determinaci\u00f3n de 8 de abril ulterior. <\/p>\n
Como no se cumpli\u00f3 con ese deber, en prove\u00eddo de 2 de mayo de 2019, se declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n invocada. <\/p>\n
Posteriormente, los censores pidieron efectuar un control de legalidad al ritual refutado, solicitud desestimada el 9 de agosto ulterior. <\/p>\n
Frente a ese prove\u00eddo, los quejosos impetraron apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal confutado, quien el 4 de junio de 2020, rechaz\u00f3 tal defensa al considerar que la misma se hab\u00eda interpuesto de manera extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Para los suplicantes, las actuaciones cuestionadas lesionan sus derechos porque no se tuvo en cuenta la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria y, menos a\u00fan, la falta de garant\u00edas, por parte de una compa\u00f1\u00eda de seguros, del cr\u00e9dito ejecutado, al fundarse el cobro en una hipoteca. <\/p>\n
3. Solicitan, por tanto, dejar sin efecto el procedimiento atacado y, en su lugar, fallar a su favor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y de los vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. El juzgado del circuito recriminado y la corporaci\u00f3n fustigada, manifestaron, por separado, que no se ha conculcado prerrogativa alguna al interior del coercitivo censurado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La salvaguarda no prospera al incumplirse los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2. Se advierte que el reproche se dirige contra (i) el auto de 31 de enero de 2019, mediante el cual el estrado a quo desestim\u00f3 la reposici\u00f3n formulada por los actores en donde alegaron la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria; (ii) la sentencia anticipada de 21 de marzo postrero, en donde se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; y (iii) el auto de 23 de mayo ulterior, que declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n frente a dicho fallo. <\/p>\n
Por tanto, como el ruego tuitivo se inco\u00f3 el 27 de noviembre pasado, es claro el transcurso de m\u00e1s de un (1) a\u00f1o y medio desde la \u00faltima de las actuaciones rese\u00f1adas, tiempo que supera el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este amparo. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si los impulsores se demoraron en formular el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las autoridades atacadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales, m\u00e1xime si no esgrimieron razones para justificar su tardanza. <\/p>\n
3. En cuanto a la segunda exigencia rese\u00f1ada, aflora que, si bien los accionantes entablaron reposici\u00f3n al auto de 31 de octubre de 2016, mediante el cual se emiti\u00f3 un nuevo mandamiento de pago, alegando la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, contaban con la posibilidad de invocar esa defensa como excepci\u00f3n de m\u00e9rito y, pese a ello, no lo hicieron. <\/p>\n
Adicionalmente, la aducida inexigibilidad de la obligaci\u00f3n, por falta de garant\u00edas, al estar fundada en una hipoteca, tampoco fue alegada por los accionantes, pues tal reparo fue enarbolado por el codemandado Emerson Andr\u00e9s Tolosa Orozco. <\/p>\n
Con todo, en relaci\u00f3n a la sentencia anticipada de 21 de marzo de 2019, en donde se desestim\u00f3 tal alegato y se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, aun cuando fue apelada, no se pagaron las expensas necesarias para surtir la alzada, seg\u00fan auto de 2 de mayo ulterior. <\/p>\n
Del mismo modo, tras ello, los querellantes pidieron efectuar un control de legalidad al ritual acusado, pero esa solicitud de deneg\u00f3 el 9 de agosto postero y, al ser atacada esa providencia a trav\u00e9s del remedio vertical, en auto de 4 de junio de 2020, el tribunal enjuiciado lo rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neo. <\/p>\n
Bajo ese panorama, es claro que los suplicantes no utilizaron de manera id\u00f3nea los instrumentos procesales a su alcance para plantear las inconformidades ahora esbozadas, lo cual frustra el progreso del ruego tuitivo ante esta especial jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza subsidiaria. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)3\u201d. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por por Inocencio y Betty Luz Orozco Manjarrez a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, integrada, de manera unitaria, por el magistrado \u00c1lvaro L\u00f3pez Valera, y al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo con radicado n\u00ba2014-0243-00, incoado por el Banco Agrario de Colombia S.A. contra los gestores y otros. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
3 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
11 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
12 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC006-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC006-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03325-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Inocencio y Betty Luz […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-52986","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52986","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52986"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52986\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52986"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52986"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52986"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}