STC007-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC007-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03407-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Fernando Pe\u00f1uela Rojas, Claudia Liliana Ibarra V\u00e1squez y Sergio Andr\u00e9s Pe\u00f1uela Arg\u00fcello, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, espec\u00edficamente, frente a los magistrados Edgar Robles Ram\u00edrez, Ana Ligia Camacho Noriega y Luz Dary Ortega Ortiz, y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresponsabilidad civil extracontractual\u201d adelantado por los aqu\u00ed quejosos al Banco BBVA S.A. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores exigen la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Los aqu\u00ed promotores incoaron ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva el juicio materia de esta salvaguarda, con el fin de que se declarara \u201ccivilmente responsable\u201d al Banco BBVA S.A., por el \u201caccidente\u201d causado a Fernando Pe\u00f1uela Rojas, el cual le ocasion\u00f3 \u201cuna fractura supra e infra cond\u00edlea del h\u00famero derecho, politraumatismo y lesi\u00f3n en el nervio cubital neuropat\u00eda axonal,\u201d y una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 30.18%. <\/p>\n
En el compendio f\u00e1ctico de esa reclamaci\u00f3n, se adujo que el siniestro demandado ocurri\u00f3 con ocasi\u00f3n de \u201cunos postes y guayas\u201d construidos a las afueras de una de las instalaciones donde funciona la prenombrada entidad financiera en la citada ciudad. <\/p>\n
Arguyen los tutelantes que, en sentencia de 28 de mayo de 2019, se concedieron parcialmente las pretensiones invocadas, pues se conden\u00f3 a la sociedad accionada a pagar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) i) por perjuicios morales para cada uno de los hijos de [Pe\u00f1uela Rojas], el valor de cinco millones de pesos ($5.000.000), excepto a Sergio Andr\u00e9s Pe\u00f1uela Arg\u00fcello, a quien, de manera desigual, le limit\u00f3 concedi\u00e9ndole tan solo dos millones de pesos ($2.000.000), por el hecho particular e incomprensible de no vivir en la misma casa con su padre; ii) por perjuicio a la vida de relaci\u00f3n las siguientes sumas: Fernando Pe\u00f1uela Rojas ($15.000.000), Claudia Liliana Ibarra V\u00e1squez ($8.000.000), Nicolas y Daniel Felipe Pe\u00f1uela Ibarra ($3.000.000), para cada uno, dejando excluido de este [rubro] (\u2026) al joven Sergio Andr\u00e9s (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Esgrimen que el juzgado instructor tampoco \u201creconoci\u00f3 ni cuantific\u00f3 el da\u00f1o a la salud reclamado\u201d, desconociendo el principio de reparaci\u00f3n integral y la existencia de esta \u201ctipolog\u00eda como detrimento inmaterial distinto al moral\u201d. <\/p>\n
Acotan que ambos extremos de la litis apelaron ese fallo, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, quien, en prove\u00eddo de 4 de junio de 2020, confirm\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del a quo, \u201cdesmejorando sin sustento argumentativo, la estimaci\u00f3n de los perjuicios morales otorgados a favor de Sergio Andr\u00e9s Pe\u00f1uela Arg\u00fcello\u201d y revocando \u201cel da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n concedido a Claudia Liliana Ibarra V\u00e1squez\u201d. <\/p>\n
Afirman que el juzgador no puede limitarse \u00fanicamente a identificar la existencia del \u201cda\u00f1o a la salud\u201d, sino por el contrario, \u201cdebe desarrollar y ejecutar todas las acciones tendientes para s[u] cuantificaci\u00f3n\u201d, y <\/p>\n
\u201csi no existe una l\u00ednea jurisprudencial que fije los topes indemnizatorios en este sentido, debe ajustarse por el Juez, echando mano de la analog\u00eda que, en otras ramas de la ciencia jur\u00eddica, permitan resolver ese problema jur\u00eddico o en equidad, como lo establecen las fuentes del derecho y los medios auxiliares de interpretaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1alan que los convocados incurrieron en \u201cv\u00eda de hecho\u201d, por cuanto en sus decisiones <\/p>\n
\u201c(\u2026) se constituyen defectos f\u00e1cticos que se robustecen por la indebida valoraci\u00f3n probatoria en su conjunto y en el desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales sobre esta materia, lo cual refleja una evidente incongruencia entre lo probado dentro del proceso y lo decidido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Piden, en concreto, ordenar \u201cse adopten las medidas necesarias para reparar[los] de manera integral\u201d dentro del comentado decurso. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
Guardaron silencio. <\/p>\n
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2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer en el correspondiente proceso. <\/p>\n
2. El auxilio se concreta en establecer si en el pleito sublite se menoscabaron las prerrogativas superiores de los tutelantes con el fallo proferido el 4 de junio de 2020, mediante el cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva modific\u00f3 la condena de pago de perjuicios emitida en el comentado subex\u00e1mine. <\/p>\n
3. Para desatar este asunto, resulta pertinente se\u00f1alar que los da\u00f1os inmateriales se componen por los perjuicios a la \u201cvida de relaci\u00f3n\u201d y el \u201cda\u00f1o moral\u201d, de los cuales la jurisprudencia de la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201cPerjuicios inmateriales. El \u201cda\u00f1o fisiol\u00f3gico\u201d cual lo invoca el petitum de la demanda [fl.20 c-1], consistente en el mismo \u201cda\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u201d seg\u00fan nomenclatura de esta Sala1 y definido como la afectaci\u00f3n a la \u00abvida exterior, a la intimidad, a las relaciones interpersonales\u00bb producto de las secuelas que las lesiones dejaron en las condiciones de existencia de la v\u00edctima\u201d. <\/p>\n
\u201cEsa clase de perjuicio, tiene dicho la jurisprudencia, es de estirpe extrapatrimonial por referirse a la alteraci\u00f3n de las condiciones de existencia al no poder seguir disfrutando de los placeres de la vida o realizando las funciones vitales y se concreta \u00ab(\u2026) sobre intereses, derechos o bienes cuya apreciaci\u00f3n es inasible, porque no es posible realizar una tasaci\u00f3n que repare en t\u00e9rminos absolutos su intensidad\u00bb, tiene su reflejo en el \u00e1mbito \u00ab(\u2026) externo del individuo (\u2026)\u00bb, en los \u00ab(\u2026) impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones temporales o definitivas\u00bb que debe soportar la v\u00edctima en el desempe\u00f1o de su entorno \u00ab(\u2026) personal, familiar o social\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La valoraci\u00f3n de esta clase de perjuicio por ser inmaterial o extrapatrimonial se ha confiado al discreto arbitrio de los falladores judiciales, sin embargo, ello no \u201cequivale a abrirle paso a antojadizas intuiciones perge\u00f1adas a la carrera para sustentar condenas excesivas, sino que a dichos funcionarios les impone el deber de actuar con prudencia, evitando en primer lugar servirse de pautas aprior\u00edsticas (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
\u201cPor ello, para su cuantificaci\u00f3n deben apreciarse las particularidades especiales de cada caso, pues son ellas las que permiten a la jurisprudencia adaptar los criterios objetivos a las situaciones concretas de esa realidad; y en tal sentido, se hace necesario tener en cuenta las condiciones personales de la v\u00edctima, apreciadas seg\u00fan los usos sociales, la intensidad de la lesi\u00f3n, la duraci\u00f3n del perjuicio, entre otras situaciones que el juez logre advertir para la determinaci\u00f3n equitativa del monto del resarcimiento\u201d (subl\u00ednea fuera de texto). <\/p>\n
\u201c(\u2026) <\/p>\n
\u201cPerjuicio inmaterial por da\u00f1o moral (\u2026). [En el caso examinado e]se sufrimiento y dolor se presume tambi\u00e9n lo padecen los padres y hermanas por tratarse de una familia con fuertes lazos afectivos, pues para el momento de presentaci\u00f3n del libelo [24 feb. 2004], tres a\u00f1os despu\u00e9s de sucedido el accidente, a\u00fan conviv\u00edan bajo un mismo techo, am\u00e9n de que esta presunci\u00f3n no fue desvirtuada\u201d (se subraya). <\/p>\n
\u201cRecuerda la Corte, \u00e9ste perjuicio no constituye un \u00abregalo u obsequio gracioso\u00bb, tiene por prop\u00f3sito reparar \u00ab(\u2026) in casu con sujeci\u00f3n a los elementos de convicci\u00f3n y las particularidades de la situaci\u00f3n litigiosa\u00bb, de acuerdo con el ponderado arbitrio iudicis, \u00absin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartici\u00f3n de justicia, derrotero y compromiso ineludible de todo juzgador (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. En la litis auscultada, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal de Neiva valor\u00f3 las pruebas recopiladas en el juicio y, para abordar el tema del \u201cda\u00f1o moral\u201d, haciendo suyas las palabras de esta Sala, adujo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]e acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, esta circunstancia se advierte cuando se circunscribe la lesi\u00f3n en la esfera de los sentimientos o en la esfera afectiva de las personas con el sufrimiento espiritual por el pesar, por la angustia, la pena y la zozobra, por la impotencia y otros signos expresivos que se concreta en el menoscabo del sentimiento y del afecto en la v\u00edctima, y por tanto en el sufrimiento moral o en el dolor de la persona que tiene que soportar da\u00f1os por cierto evento (\u2026)\u201d <\/p>\n
Explic\u00f3 que, no era posible \u201ctasar\u201d el mencionado perjuicio \u201cde la misma manera para cada uno de los demandantes\u201d, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) es claro que el da\u00f1o lo sufri\u00f3 cada uno de manera distinta, algunos con mayor intensidad que otros y aunque la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa tiene establecido algunos topes, es menester resaltar que el reconocimiento de este perjuicio (\u2026) corresponde al arbitrio del juzgador, quien atendiendo a las reglas de la sana cr\u00edtica debe valorar la intensidad del perjuicio de cada uno de los demandantes\u201d. <\/p>\n
\u201cPor esto considera la Sala que los montos establecidos en primera instancia se ajustan a la intensidad del da\u00f1o acreditado en el proceso; sin embargo, no ocurre lo mismo en todos los casos, pues en el evento del se\u00f1or Sergio Andr\u00e9s Pe\u00f1uela Arg\u00fcello, aunque se demostr\u00f3 el vinculo con el se\u00f1or Fernando Pe\u00f1uela, dicha circunstancia resulta insuficiente para demostrar el grado de dolor o la aflicci\u00f3n sufrida, m\u00e1xime cuando en su declaraci\u00f3n relat\u00f3 que casi toda la vida ha vivido con su progenitora, que para la \u00e9poca de los hechos se encontraba de pasada por la ciudad de Neiva, y que luego se radic\u00f3 en el municipio de Florencia, circunstancia \u00e9stas que no lograron demostrar el padecimiento causado con ocasi\u00f3n de la lesi\u00f3n provocada por el estado de \u00e1nimo de su progenitor, por esta raz\u00f3n se revocara la condena respecto de esta persona\u201d. <\/p>\n
Ahora, frente al t\u00f3pico concerniente al \u201cda\u00f1o de la vida en relaci\u00f3n\u201d y \u201cda\u00f1o a la salud\u201d, puntualmente, expres\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Frente al da\u00f1o de la vida en relaci\u00f3n debe recordarse que este perjuicio es diferente al moral y puede evidenciarse con la disminuci\u00f3n o el deterioro en la calidad de vida de la v\u00edctima, de la perdida o la dificultad para establecer contacto para relacionarse con las personas o para disfrutar de la existencia con las dem\u00e1s personas que integran la comunidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En cuanto al da\u00f1o de la vida en relaci\u00f3n de la Se\u00f1ora Claudia Viviana Ibarra, considera la Sala que contrario a lo se\u00f1alado por el Juez de instancia, existe orfandad probatoria que le brinde certeza a esta corporaci\u00f3n de la manera de c\u00f3mo fue que repercuti\u00f3 el da\u00f1o sufrido por el se\u00f1or Fernando Pe\u00f1uela en la esfera externa de su c\u00f3nyuge o que demostrara [c\u00f3mo] dicha lesi\u00f3n le ha impedido relacionarse con sus amigos o familiares, o realizar actividades cotidianas placenteras. As\u00ed ante la duda que desata el tribunal debe darse aplicaci\u00f3n a los dispuesto en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso que establece la carga de la prueba (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Alega la parte demandante que debe reconocerse el da\u00f1o a la salud, y afectaci\u00f3n a la integridad humana como perjuicio aut\u00f3nomo y que si existiera el da\u00f1o punitivo en Colombia deb\u00eda sancionarse el actuar de las personas jur\u00eddicas cuando teniendo la capacidad para establecer situaciones planificadas no lo hace (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAl respecto debe advertir la Sala que si bien la jurisprudencia tra\u00edda a colaci\u00f3n por el apelante espec\u00edficamente la sentencia CS10297 de 25 de agosto de 2014 (\u2026) se se\u00f1al\u00f3 que: el perjuicio extrapatrimonial no se reduce en el tradicional menoscabo moral, pues dentro del conjunto de bienes e intereses jur\u00eddicos no patrimoniales que pueden resultar afectados mediante una conducta dolosa o culposa se encuentran comprendidos aqu\u00e9llos distintos a la aflicci\u00f3n, el dolor, el sufrimiento o la tristeza que padece la v\u00edctima (\u2026), lo cierto es que el alto tribunal no ha reconocido de manera expresa dicho perjuicio, en raz\u00f3n a lo expuesto, considera la Sala que aunque se acredit\u00f3 la lesi\u00f3n del se\u00f1or Fernando Pe\u00f1uela el perjuicio causado se encuentra resarcido a plenitud con el reconocimiento del da\u00f1o moral y el da\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n, es decir, si bien este perjuicio es aut\u00f3nomo, constituye dentro de otros que ya fueron indemnizados\u201d. <\/p>\n
4. Desde esa perspectiva, el argumento hasta ahora analizado, no se observa descabellado al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
4.1 N\u00f3tese, el tribunal fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que cada uno de los demandantes deb\u00eda probar cu\u00e1l fue el \u201cdeterioro en la calidad de vida\u201d o la dificultad para \u201crelacionarse con las dem\u00e1s personas\u201d a ra\u00edz del accidente sufrido por Fernando Pe\u00f1uela Rojas, con el fin de otorgar la indemnizaci\u00f3n de ese particular perjuicio, situaci\u00f3n que, para el caso de Claudia Liliana Ibarra V\u00e1squez, c\u00f3nyuge del prenombrado, no logr\u00f3 ser demostrada, motivo por el cual la pretensi\u00f3n en ese sentido no pod\u00eda ser concedida para ella. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Sala ha reconocido reiteradamente que \u201cel da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u201d es parte de la reparaci\u00f3n integral y totalmente diferente al da\u00f1o moral, pues se caracteriza por tratarse de un sufrimiento que afecta la esfera externa de las personas en relaci\u00f3n con sus actividades cotidianas, concret\u00e1ndose en una alteraci\u00f3n de car\u00e1cter emocional como consecuencia del \u201cda\u00f1o\u201d sufrido en el cuerpo o la salud generando la p\u00e9rdida o mengua de la posibilidad de ejecuci\u00f3n de actos y actividades que hac\u00edan m\u00e1s agradable la vida. Afecta esencialmente la alteridad con otros sujetos incidiendo negativamente en la relaci\u00f3n diaria con otras personas. <\/p>\n
De igual manera, ha precisado la Corte, que si no hay certeza de la afectaci\u00f3n causada al demandante se impide acceder a una condena, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) [l]a valoraci\u00f3n de ese da\u00f1o, (\u2026) dada su estirpe extrapatrimonial, es propia del prudente arbitrio del juez (arbitrium iudicis), acorde con las circunstancias particulares de cada evento, y desde esa particular \u00f3ptica puede considerarse, en l\u00ednea de principio, que su adopci\u00f3n en las instancias s\u00f3lo puede cuestionarse en casaci\u00f3n cuando la determinaci\u00f3n se separa de los elementos de juicio correspondientes. Am\u00e9n de que, en todo caso, la cavilaci\u00f3n ponderada alrededor de ese estimativo, requiere de una plataforma f\u00e1ctico-probatoria que permita ver la realidad ontol\u00f3gica del da\u00f1o y su grado de afecci\u00f3n de la persona involucrada (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Si bien el perjuicio derivado del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n no se circunscribe a la v\u00edctima directa, sino que se extiende a las personas que padecen una afectaci\u00f3n en el modo de vincularse con su entorno social, o afectivo, es imprescindible que sea establecido probatoriamente. <\/p>\n
Sobre la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)6. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos disimiles (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Se destaca, la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
4.2. Ahora, a diferencia de lo sostenido por el tutelante, tampoco merece ning\u00fan reproche el argumento del tribunal para denegar la indemnizaci\u00f3n por \u201cda\u00f1o a la salud\u201d como perjuicio aut\u00f3nomo, al considerar que el mismo se encontraba resarcido dentro de la condena impuesta a favor de Fernando Pe\u00f1uela Rojas por concepto de \u201cda\u00f1o moral\u201d y \u201cda\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u201d, por cuanto dicha postura se acompasa con lo sostenido por esta Colegiatura frente al punto, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l fallador habr\u00e1 de examinar si el resarcimiento que se reclama por concepto de da\u00f1o a un bien esencial de la personalidad, se halla comprendido en otro rubro susceptible de indemnizaci\u00f3n, como puede ser el perjuicio patrimonial, el moral, a la salud, o a la vida de relaci\u00f3n; a fin de evitar en todo caso un doble resarcimiento de la misma obligaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, por ejemplo, si el da\u00f1o al buen nombre coincide con la afectaci\u00f3n del patrimonio de la v\u00edctima, y en la demanda se reclaman sendas indemnizaciones, entonces no ser\u00e1 posible conceder ambas pretensiones porque en tal caso se estar\u00eda en presencia del mismo perjuicio, imposible de ser reparado por partida doble, dado que uno converge en el otro. Lo mismo cabe predicar de aqu\u00e9l frente al da\u00f1o moral o a la vida de relaci\u00f3n cuando no aparezcan claramente diferenciados\u201d 9. <\/p>\n
La cuesti\u00f3n se comprende mejor, si se tiene en cuenta que la pretensi\u00f3n del accionante se edifica en una aspiraci\u00f3n que dentro del marco del derecho reparativo no se halla del todo consolidada, que m\u00e1s bien, corresponden a una categor\u00eda en construcci\u00f3n sobre el da\u00f1o, en procura de forzar al sentenciador hacia la creaci\u00f3n de una serie ilimitada de indemnizaciones por la misma causa, y que realmente corresponden a una agresi\u00f3n a un derecho fundamental, que para el caso, su reparaci\u00f3n, como se trasunt\u00f3 se halla comprendida en los elementos indemnizatorios gen\u00e9ricos, queriendo el petente forzar ahora una doble indemnizaci\u00f3n por el mismo hecho, sabi\u00e9ndose que el derecho reparativo no tiene como prop\u00f3sito ser fuente de enriquecimiento. <\/p>\n
5. Al margen de lo anterior, s\u00ed se avizora una irregularidad en la decisi\u00f3n del tribunal al desestimar el \u201cda\u00f1o moral\u201d alegado por Sergio Andr\u00e9s Pe\u00f1uela Arg\u00fcello, por el solo hecho de no convivir con su progenitor, pues dentro del plenario no se desvirtu\u00f3 que el referido accionante no conformara la familia cercana de Fernando Pe\u00f1uela Rojas; por tanto, era dable presumir el menoscabo o la congoja padecida por Pe\u00f1uela Arguello ante las circunstancias que rodearon el siniestro demandado. <\/p>\n
En un caso de similares contornos al aqu\u00ed debatido, esta Sala, sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ya bien lo dijo esta Corte en los albores del siglo XX, al afirmar que \u201c(\u2026) la existencia de perjuicios no se presume en ning\u00fan caso; [pues] no hay disposici\u00f3n legal que establezca tal presunci\u00f3n (\u2026)\u201d10. Sin embargo, trat\u00e1ndose de perjuicios inmateriales, se presume, por tanto, su indemnizaci\u00f3n es oficiosa por virtud del principio de reparaci\u00f3n integral; por supuesto, se itera, ayudado de los elementos de convicci\u00f3n que obren en el juicio, atendiendo la naturaleza del derecho afectado y la prudencia racional del juez\u201d. <\/p>\n
\u201cAun cuando, al parecer, al pleito objetado por esta v\u00eda constitucional por los identificados petentes no se allegaron pruebas psicol\u00f3gicas o psiqui\u00e1tricas que demostraran el da\u00f1o padecido, ello no era suficiente para denegar la indemnizaci\u00f3n de los \u201cda\u00f1os morales\u201d (\u2026), sobre todo, por los nietos de Adolfo Zape Le\u00f3n, pues, dentro del plenario, se acredit\u00f3 tal calidad y no se desvirtu\u00f3 que ellos conformaran la familia cercana del citado se\u00f1or; por tanto, atendiendo al precedente jurisprudencial de esta Sala transcrito, en lo pertinente, era dable presumir, en principio, el menoscabo padecido por los menores ante las afectaciones sufridas por la v\u00edctima del accidente y los eventuales perjuicios inmateriales\u201d 11. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, err\u00f3 el tribunal al soslayar analizar lo relacionado con los \u201cda\u00f1os morales\u201d reclamados por Sergio Andr\u00e9s Pe\u00f1uela Arg\u00fcello desde una \u00f3ptica meramente familiar. <\/p>\n
6. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional propio de la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, que establece el deber a los pa\u00edses suscriptores de ese instrumento de procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro, as\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d <\/p>\n
De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir obligaciones internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios. <\/p>\n
En el presente caso, como se anot\u00f3, la colegiatura accionada neg\u00f3 el pago de un \u201cda\u00f1o moral\u201d sin realizar el estudio adecuado en aras de establecer, si Sergio Andr\u00e9s Pe\u00f1uela Arg\u00fcello conformaban el real n\u00facleo familiar de la v\u00edctima Fernando Pe\u00f1uela Rojas y la posibilidad de decretar, por esa sola condici\u00f3n, la indemnizaci\u00f3n de tal menoscabo, generando con esa desatenci\u00f3n el quebranto de las prerrogativas del actor. <\/p>\n
El proceder del tribunal aqu\u00ed accionado contraviene los c\u00e1nones 8.1 y 25 del tratado atr\u00e1s se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 8. Garant\u00edas Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196912, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d13, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio14. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-15, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales16; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas17. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de los mismos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo con lo discurrido, la protecci\u00f3n impetrada ser\u00e1 otorgada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Fernando Pe\u00f1uela Rojas, Claudia Liliana Ibarra V\u00e1squez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, espec\u00edficamente, frente a los magistrados Edgar Robles Ram\u00edrez, Ana Ligia Camacho Noriega y Luz Dary Ortega Ortiz, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresponsabilidad civil extracontractual\u201d adelantado por los aqu\u00ed quejosos al Banco BBVA S.A. <\/p>\n
En consecuencia, se le ordena a la corporaci\u00f3n querellada que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde el enteramiento de esta providencia, deje sin efectos el fallo de segunda instancia emitido dentro del caso materia de este auxilio, exclusivamente, en lo relacionado con el \u201cda\u00f1o moral\u201d reclamado por Sergio Andr\u00e9s Pe\u00f1uela Arg\u00fcello, y se pronuncie de nuevo sobre ese t\u00f3pico atendiendo a lo expresado en esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb18, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb19; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ Civil sentencia de 28 abril de 2014, exp. 2009-00201-01; reiterada en sentencia de 5 agosto de 2014, exp. 2003-00660-01. <\/p>\n
2 CSJ Civil sentencia de 25 de noviembre de 1992, exp. 3382. <\/p>\n
3 CSJ Civil sentencia de 6 de mayo de 2016, exp. 2004-00032-01. <\/p>\n
4 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
5 CSJ SC22036-2017 Dic. 19 de 2017, rad. 2009-00114-01 <\/p>\n
6 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
7 CSJ. STC21575-2017 de 15 de diciembre de 2017, exp. 0500022130002017-00242-01. <\/p>\n
8 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
9 CSJ. SC10297-2014 de 5 de agosto de 2014, exp. 11001-31-03-003-2003-00660-01 <\/p>\n
10 CSJ SC. Sentencia de 19 de junio de 1925 (G.J. T. XXXII, p\u00e1g. 374). <\/p>\n
11 CSJ. STC17252-2019 de 18 de diciembre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-04050-00 <\/p>\n
12 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
13 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
14 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
16 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
17 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
18 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
19 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
22 <\/p>\n
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STC007-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC007-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03407-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Fernando Pe\u00f1uela Rojas, Claudia Liliana […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-52987","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52987","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52987"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52987\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}