STC008-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC008-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03442-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Mar\u00eda Marina Ram\u00edrez Alzate contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, integrada por el magistrado Luis Enrique Gil Mar\u00edn, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cdivisorio\u201d impetrado por Marco Escobar Vallejo a la aqu\u00ed promotora. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora exige la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por los accionados. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn se tramit\u00f3 el litigio materia de esta salvaguarda, zanjado mediante prove\u00eddo de 27 de julio de 2017, orden\u00e1ndose \u201c(\u2026) la divisi\u00f3n por venta del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula 01N-273223 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn (\u2026)\u201d, y decret\u00e1ndose la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial para determinar el precio de las mejoras reconocidas a favor de la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
Esa decisi\u00f3n fue apelada por la tutelante, pues en su sentir, el fallador se equivoc\u00f3 al no darle valor probatorio al \u201cjuramento estimatorio de las mejoras\u201d, aun cuando ese t\u00f3pico no fue objetado por ninguna de las partes. <\/p>\n
El conocimiento de ese recurso le correspondi\u00f3 al tribunal querellado, quien, en providencia de 8 de julio de 2019, confirm\u00f3 la del a quo. <\/p>\n
Manifiesta la quejosa que impetr\u00f3 solicitud de adici\u00f3n, frente a esa decisi\u00f3n, al considerar que la corporaci\u00f3n fustigada no se pronunci\u00f3 sobre la totalidad de los temas materia de alzada, solicitud denegada en auto de 16 de septiembre de 2019. <\/p>\n
Indica que impetr\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el referido prove\u00eddo, amparo concedido por esta Sala en sentencia de 21 de mayo de 2020, donde se orden\u00f3 al tribunal confutado pronunciarse sobre la adici\u00f3n requerida \u00fanicamente frente al tema del \u201cjuramento estimatorio\u201d. <\/p>\n
Aduce que la colegiatura convocada dio cumplimiento a esa salvaguarda mediante auto de 4 de junio siguiente; sin embargo, en su sentir, esa decisi\u00f3n <\/p>\n
\u201c(\u2026) desconoce caprichosamente el valor de plena, suficiente y excluyente prueba que el entonces vigente art. 211 del C.P.C. le confiri\u00f3 al juramento estimatorio prestado por la accionantes por no haber sido objetado por las dem\u00e1s partes en el momento procesal oportuno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Expone que los convocados dejaron de aplicar el precedente jurisprudencial sentado por esta Corte, referente al \u201cjuramento estimatorio como el medio id\u00f3neo para probar la cuant\u00eda de las mejoras, cuando no ha sido objeto de reproche por las partes ni los jueces\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, \u201crevocar\u201d las decisiones criticadas. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El tribunal querellado remiti\u00f3 copia de la providencia criticada. <\/p>\n
2. El juzgado tutelado remiti\u00f3 el link digital para consular el expediente contentivo del caso bajo estudio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlas prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n
2. El auxilio se concreta en establecer si se menoscabaron las prerrogativas superiores de Mar\u00eda Marina Ram\u00edrez Alzate con las actuaciones de los convocados al decretar un dictamen pericial para determinar el valor de las mejoras reconocidas a favor de aqu\u00e9lla dentro del comentado litigio divisorio. Esta Sala analizar\u00e1 la providencia de 4 de junio de 2020, emitida por el colegiado censurado, puesto que con esa decisi\u00f3n el asunto aqu\u00ed censurado cobr\u00f3 fuerza de ejecutoria. <\/p>\n
Sobre el punto criticado, la corporaci\u00f3n accionada se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c[S]e advierte que la codemandada Mar\u00eda Marina Ram\u00edrez \u00c1lzate, en el \u00edtem \u201cJuramento estimatorio\u201d de la r\u00e9plica a la demanda, para el hipot\u00e9tico caso de que se nieguen los derechos reclamados bajo la figura de la posesi\u00f3n material, denuncia algunas mejoras con sus respectivos valores y que totalizan $43\u2019500.000.oo, con la precisi\u00f3n de que fueron valoradas teniendo en cuenta el posible valor de la losa y del inmueble construido tal como se reclama; incluso, si se repara en el pronunciamiento que hizo frente a los hechos primero y cuarto de la demanda, se advierte que afirma que existe una casa en el tercer piso, de la que es poseedora\u201d. <\/p>\n
\u201cEn la apelaci\u00f3n contra el auto que resolvi\u00f3 sobre la divisi\u00f3n, las excepciones y las mejoras reclamadas, en relaci\u00f3n con el juramento estimatorio precisa que cualquier oposici\u00f3n se present\u00f3 extempor\u00e1neamente y, por ello, el motivo de objeci\u00f3n es inexistente, todo lo cual le permite colegir que el juramento estimatorio es la prueba del monto y se deben pagar por el valor peticionado sin requerirse dictamen alguno, siendo esta la utilidad de esta instituci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Luego, el tribunal resalt\u00f3 lo establecido en el art\u00edculo 412 del C\u00f3digo General del Proceso, donde se exige al comunero que pretende reclamar el pago de mejoras sobre el bien objeto de divisi\u00f3n, allegar un dictamen pericial sobre el valor de las mismas, as\u00ed como hacer la estimaci\u00f3n de su precio bajo juramento. <\/p>\n
Al respecto, expuso: <\/p>\n
\u201cComo se puede ver, en los procesos divisorios a pesar de que el dispositivo que viene de transcribirse, reitera que el comunero que reclama mejoras las debe especificar y estimar bajo juramento, tambi\u00e9n le exige que con la demanda o la contestaci\u00f3n acompa\u00f1e un dictamen pericial sobre el valor de dichas mejoras\u201d. <\/p>\n
\u201cDe lo anterior se infiere que la decisi\u00f3n del se\u00f1or juez a quo de decretar un dictamen pericial y designar un perito para que eval\u00fae las mejoras, no es ilegal, ni implica desconocimiento del juramento estimatorio y est\u00e1 a tono con la norma que viene de transcribirse, vigente para el momento en que resolvi\u00f3 sobre la divisi\u00f3n solicitada\u201d. <\/p>\n
\u201cAunque este argumento por si solo es suficiente para resolver la inconformidad de la recurrente sobre el juramento estimatorio, no sobra poner de presente, que en este caso, la demanda con la que se inici\u00f3 el proceso fue presentada el 4 de noviembre de 2014 (\u2026), lo que permite concluir que la etapa introductoria del proceso se rigi\u00f3 por las normas contenidas en el C. de P. Civil, aun con independencia del momento en que se contestara la demanda; con todo, est\u00e1 fue presentada el 20 de marzo de 2015, cuando a\u00fan no hab\u00eda empezado a regir el C. General del Proceso; luego, las partes no ten\u00edan que cumplir con la carga de aportar el dictamen pericial sobre el valor de las mejoras con la demanda o su r\u00e9plica; se reitera, porque la norma no era aplicable para la etapa introductoria de este litigio. Estos mismos argumentos, tambi\u00e9n son suficiente soporte de la decisi\u00f3n de primer grado de decretar un dictamen pericial, en la misma providencia que decret\u00f3 la divisi\u00f3n material, para obtener el aval\u00fao de las mejoras invocadas por el recurrente, como expresamente lo contemplan los art\u00edculos 471 y 472 del C. de P. Civil\u201d. <\/p>\n
3. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Lo pretendido por la promotora es obtener un pronunciamiento diferente al emitido por la corporaci\u00f3n accionada en la providencia aqu\u00ed cuestionada, de la cual, se infiere, est\u00e1 soportada en fundamentos l\u00f3gicos y razonables, fruto de la interpretaci\u00f3n de las normas que rigen el caso y de la valoraci\u00f3n de los medios de prueba militantes en el expediente. <\/p>\n
N\u00f3tese, el tribunal fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que el juez de conocimiento no err\u00f3 en su decisi\u00f3n de decretar un dictamen pericial para determinar el valor de las mejoras reconocidas a favor de la tutelante, aun cuando el monto se\u00f1alado en el juramento estimatorio de las mismas no fue objetado por la contraparte, por cuanto, el art\u00edculo 472 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil2 (reglamento aplicable al caso bajo estudio) as\u00ed lo establece. <\/p>\n
Ahora, independientemente si el decreto de una probanza es imperativo para el juez, esta Corte ha dicho, que cuando los litigios ofrecen deficiencia probatoria, es obligaci\u00f3n del juzgador emplear los poderes oficiosos para decretar todos los elementos de convicci\u00f3n que, a su juicio, considere convenientes para verificar los hechos alegados por las partes3, ante todo, cuando se afectan los derechos fundamentales o el orden p\u00fablico. <\/p>\n
A esa filosof\u00eda responde el canon 170 del C.G.P. cuando reza: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El juez deber\u00e1 decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, la obligaci\u00f3n de decretar pruebas oficiosamente no es dictatorial o arbitraria, obedece a hip\u00f3tesis precisas. En las dem\u00e1s, la ley concede al juzgador la potestad o facultad de hacerlo seg\u00fan su razonable y prudente arbitrio, y la instrucci\u00f3n compela. <\/p>\n
Es excepcional, proceder de esa forma: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s obligatorio ordenarlas y practicarlas, como por ejemplo la gen\u00e9tica en los procesos de filiaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n; la inspecci\u00f3n judicial en los de declaraci\u00f3n de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto por frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. (\u2026) so pena que una omisi\u00f3n de tal envergadura afecte la sentencia (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Incluso, en el tema del \u201cjuramento estimatorio\u201d el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, establece: \u201c(\u2026) Aun cuando no se presente objeci\u00f3n de parte, si el juez advierte que la estimaci\u00f3n es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusi\u00f3n o cualquier otra situaci\u00f3n similar, deber\u00e1 decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido (\u2026)\u201d (resaltado propio). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es cierto, como lo sostiene la quejosa, que, dentro del caso bajo estudio, los convocados hayan desconocido el valor probatorio del juramento estimatorio ni la jurisprudencia de esta Corte sobre el tema, pues el decreto del dictamen pericial para avaluar las mejoras a ella reconocidas, obedeci\u00f3 a la aplicaci\u00f3n de las normas que gobiernan el caso y se acompasa con la regla 206 del C. G. de P. y con el debido proceso, los principios, valores y derechos constitucionales en procura de hacer justicia anclada en la verdad real. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Mar\u00eda Marina Ram\u00edrez Alzate contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, integrada por el magistrado Luis Enrique Gil Mar\u00edn, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cdivisorio\u201d impetrado por Marco Escobar Vallejo a la aqu\u00ed promotora. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb12, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb13; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2 \u201cEn el auto que reconozca las mejoras, el juez dispondr\u00e1 que los peritos las aval\u00faen por separado\u201d. <\/p>\n
3 CSJ. SC. Sentencia de 7 de septiembre de 1978. En sentido similar: CSJ. SC. Sentencia de 29 de noviembre de 2004. <\/p>\n
4 CSJ. SC. Sentencias 26 de julio de 2004; de 15 de julio de 2008; de 28 de mayo de 2005; de 21 de octubre de 2010; de 17 de mayo de 2011; de 21 de febrero de 2012; de 20 de septiembre de 2013; y de 14 de noviembre de 2014. <\/p>\n
5 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
12 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
13 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
15 <\/p>\n
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STC008-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC008-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03442-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Mar\u00eda Marina Ram\u00edrez Alzate […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-52988","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52988","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52988"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52988\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52988"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52988"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52988"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}