STC009-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC009-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03446-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Luis Enrique Pretel Hurtado, a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del juicio de la mencionada especialidad con radicado 55044, adelantado contra el gestor por del delito de \u201cpeculado por apropiaci\u00f3n agravado\u201d. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
El 30 de octubre de 2017, bajo el ritual de la Ley 600 de 2000, el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 conden\u00f3 al impulsor a setenta y nueve (79) meses de prisi\u00f3n por haber actuado en calidad de \u201cdeterminador\u201d en el delito de \u201cpeculado por apropiaci\u00f3n agravado\u201d. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, el promotor impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, quien, en sentencia de 13 de noviembre de 2018, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Por tal motivo, el actor inco\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, defensa inadmitida por la corporaci\u00f3n confutada en auto de 18 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Para el tutelante, la precitada providencia lesiona sus garant\u00edas, por cuanto el libelo casacional era viable y; adem\u00e1s, se omiti\u00f3 el decreto de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dar tr\u00e1mite al remedio extraordinario en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
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1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
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1. El Juzgado Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa urbe y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP- y la Fiscal\u00eda Trecientos Noventa y Siete Delegada de Bogot\u00e1, manifestaron, por separado, que no se conculc\u00f3 prerrogativa alguna al interior del procedimiento criticado. <\/p>\n
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2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se pone al descubierto el naufragio de la salvaguarda, al incumplirse el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
2. En efecto, si bien el suplicante formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, tal impugnaci\u00f3n fue inadmitida el 18 de noviembre de 2020, por cuanto la misma no reun\u00eda los requisitos establecidos en la Ley para definirse. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto las v\u00edas escogidas por el actor para atacar el fallo de segunda instancia, resultaron inadecuadas, en tanto sus reparos se fundaron en afirmaciones imprecisas relacionadas con la aplicaci\u00f3n de la Ley sustancial respecto a su comportamiento como determinador en el delito de \u201cpeculado por apropiaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En torno a lo esbozado, as\u00ed discurri\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [La] censura tambi\u00e9n incumple las exigencias de claridad y debida fundamentaci\u00f3n, toda vez que el casacionista tampoco identifica con precisi\u00f3n cu\u00e1l es el sentido de la violaci\u00f3n de la ley sustancial que pregona, mucho menos a trav\u00e9s de qu\u00e9 infracci\u00f3n concreta (directa o indirecta) y, por ende, no aparece una argumentaci\u00f3n que de manera l\u00f3gica se oriente a acreditar mediante la metodolog\u00eda de rigor, cu\u00e1l fue el hipot\u00e9tico error cometido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ahora, aun modulando el principio de limitaci\u00f3n que impide a la Corte subsanar las falencias de la demanda y asumiendo que lo que se pretende denunciar es violaci\u00f3n directa por la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 30, inciso final, del C\u00f3digo Penal, no se vislumbran motivos en el libelo que permitan advertir la exclusi\u00f3n evidente de dicho precepto al instante de sopesarse la forma de participaci\u00f3n atribuida [al aqu\u00ed actor] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Lo anterior, porque el Tribunal realiz\u00f3 un estudio detallado de esa tem\u00e1tica en la sentencia cuestionada para brindar respuesta puntual a este reparo y concluy\u00f3 que el acusado, dentro de la din\u00e1mica ilegal que propici\u00f3 el apoderamiento del patrimonio (\u2026), despleg\u00f3 el rol de determinador al desencadenar una serie de actividades encaminadas a la consecuci\u00f3n del injusto, sin contar con la potestad de realizar aportes para su consumaci\u00f3n, ni con el dominio material o funcional del hecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, como el petente no hizo uso id\u00f3neo del medio de defensa se\u00f1alado, se impone el fracaso de esta salvaguarda por ser particularmente residual y subsidiaria. <\/p>\n
Respecto del anotado presupuesto, esta Colegiatura ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]uando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u2018judicial\u2019 de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d1. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no hay lugar a la injerencia de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la misma se halla reservada exclusivamente para casos de evidente desafuero judicial con directa repercusi\u00f3n en postulados supralegales no siendo el presente uno de ellos. <\/p>\n
2.1. Tocante a la queja fundada en la falta de declaratoria de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal al interior del decurso cuestionado, se advierte que, para tal efecto, el promotor tiene a su alcance el mecanismo de defensa de \u201crevisi\u00f3n\u201d, previsto en el numeral 2\u00b0, art\u00edculo 220 de la Ley 600 de 20002, el cual puede incoar ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal para exponer los reparos aqu\u00ed tra\u00eddos. <\/p>\n
Sobre la competencia para la definici\u00f3n de ese instrumento cuando se ataquen sentencias ejecutoriadas, emitidas por esa corporaci\u00f3n, la Corte ha establecido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Seg\u00fan el art\u00edculo 75-2 de la Ley 600 de 2000 corresponde a esta Sala conocer \u201cde la acci\u00f3n de revisi\u00f3n cuando la sentencia, la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n o la cesaci\u00f3n de procedimiento ejecutoriadas hayan sido proferidas en \u00fanica o segunda instancia por esta corporaci\u00f3n o por los tribunales superiores de distrito o por los fiscales que act\u00faan ante ellos\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si bien en este asunto el fallo de segundo grado fue proferido por el juzgado penal del circuito de Funza, caso en el cual la competencia para conocer de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n corresponder\u00eda al Tribunal de Cundinamarca (art\u00edculo 76-3 \u00eddem), lo cierto es que si la Corte cas\u00f3 parcialmente la sentencia de segunda instancia, resultar\u00eda improcedente dentro de un criterio racional con base en la ordenaci\u00f3n jer\u00e1rquica de la rama jurisdiccional, que aquella corporaci\u00f3n revisara la decisi\u00f3n del \u00f3rgano de cierre, motivo por el cual, es esta Sala la que debe pronunciarse sobre la acci\u00f3n promovida (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
En cuanto a la idoneidad de la \u201cacci\u00f3n de revisi\u00f3n\u201d para debatir lo referente a la prescripci\u00f3n aqu\u00ed implorada, esta Sala en un asunto con perfiles an\u00e1logos adoctrin\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La v\u00eda jur\u00eddica indicada resulta pertinente considerando que la espec\u00edfica censura formulada por la actora es la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, la cual, seg\u00fan sus particulares c\u00e1lculos y atendiendo el t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Penal, habr\u00eda acaecido un mes antes del proferimiento del fallo de casaci\u00f3n de 8 de agosto de 2018, comunicado el 16 siguiente, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Teniendo en cuenta el instituto procesal invocado que devendr\u00eda en la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, el C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) remite al art\u00edculo 192 que enlista las causales de procedencia del recurso de revisi\u00f3n, que en su numeral 2\u00ba precisa: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, por falta de querella o petici\u00f3n v\u00e1lidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed entonces, acerca de la pertinencia del referido instrumento, la Corte ha dicho: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La acci\u00f3n de revisi\u00f3n es un mecanismo adjetivo de control que se concreta a trav\u00e9s de un proceso judicial independiente, el cual, excepciona por voluntad del legislador los efectos de cosa juzgada y la presunci\u00f3n de legalidad de una decisi\u00f3n jurisdiccional ejecutoriada acusada de ser injusta, n\u00edtidamente alejada de la verdad real e hist\u00f3rica que contraviene los fines de una recta administraci\u00f3n de justicia, para, en su lugar, emitir una nueva y conseguir la justicia en el caso particular\u00bb (CSJ SP, 31 de octubre de 2012, Proceso No. 28476) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En adici\u00f3n a lo anterior, ha sostenido que su viabilidad depende \u00fanica y exclusivamente de las causales consagradas para ello, de la siguiente manera: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a invalidez de la decisi\u00f3n recurrida puede tener lugar porque la verdad procesal declarada es bien diversa a la verdad hist\u00f3rica del acontecer objeto de juzgamiento o investigaci\u00f3n, o cuando la acci\u00f3n penal no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n o ante la presencia de cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, o porque despu\u00e9s del fallo aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates que acrediten la inocencia o la inimputabilidad del condenado, o se demuestre con sentencia en firme que el fallo fue determinado por conducta t\u00edpica del juez o de un tercero o se bas\u00f3 en prueba falsa y tambi\u00e9n cuando la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 de sustento a la sentencia condenatoria, demostraci\u00f3n que s\u00f3lo es posible jur\u00eddicamente dentro del marco que delimitan las causales taxativamente se\u00f1aladas en la ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Actualmente, de acuerdo con la sentencia C-004 de 2003 de la Corte Constitucional, tambi\u00e9n procede la acci\u00f3n de revisi\u00f3n en los casos de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n, cesaci\u00f3n de procedimiento o sentencia absolutoria, cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, siempre que se den las espec\u00edficas circunstancias all\u00ed se\u00f1aladas\u00bb (CSJ SP16944-2016, 23 nov. 2016, Rad. n\u00ba. 31186) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ahora bien, sostuvo la actora que aqu\u00e9l no procede cuando lo que se trata de derruir es una sentencia de casaci\u00f3n; sin embargo, cuando la causal alude a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, s\u00ed es posible acudir a ese remedio jur\u00eddico, seg\u00fan lo expuso en un precedente la Sala Especializada Penal de esta Corte: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s menester se\u00f1alar que la ejecutoria de un fallo condenatorio proferido por un Tribunal Superior y que es objeto del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, solo se alcanza cuando en el tr\u00e1mite de \u00e9ste \u00faltimo se inadmite la demanda, o admitida se profiere un fallo definitivo. Al respecto ha indicado esta Sala: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La prescripci\u00f3n desde la perspectiva de la casaci\u00f3n, puede producirse: a) antes de la sentencia de segunda instancia; b) como consecuencia de alguna decisi\u00f3n adoptada en ella con repercusi\u00f3n en la punibilidad; o c) con posterioridad a la misma, vale decir, entre el d\u00eda de su proferimiento y el de su ejecutoria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si en las dos primeras hip\u00f3tesis se dicta el fallo, su ilegalidad es demandable a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n, porque el mismo no se pod\u00eda dictar en consideraci\u00f3n a la p\u00e9rdida de la potestad punitiva del Estado originada en el transcurso del tiempo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Seguidamente destac\u00f3: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Frente a la tercera hip\u00f3tesis la soluci\u00f3n es diferente. En tal evento la acci\u00f3n penal estaba vigente al momento de producirse el fallo y su legalidad en esa medida resulta indiscutible a trav\u00e9s de la casaci\u00f3n, porque la misma se encuentra instituida para juzgar la correcci\u00f3n de la sentencia y eso no incluye eventualidades posteriores, como la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Cuando as\u00ed sucede, es deber del funcionario judicial de segunda instancia o de la Corte si el fen\u00f3meno se produce en el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n, declarar extinguida la acci\u00f3n en el momento en el cual se cumpla el t\u00e9rmino prescriptivo, de oficio o a petici\u00f3n de parte. Pero si no se advierte la circunstancia y la sentencia alcanza la categor\u00eda de cosa juzgada, la \u00fanica forma de remover sus efectos e invalidarla es acudiendo a la segunda de las causales que hacen procedente la acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u201d (CSJ, SP 31 mar. 2008, rad. 29238)\u00bb (CSJ SP 13 jul. 2011, rad. 35953) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Luego, en pronunciamiento m\u00e1s reciente, dej\u00f3 entrever la Sala acusada en providencia emitida en sede de revisi\u00f3n, que dicho recurso es factible acometerlo contra uno de sus fallos, aun cuando \u00e9ste no haya sido en el sentido de \u00abcasar\u00bb la decisi\u00f3n del ad quem: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Aunque el demandante alleg\u00f3 copia de las sentencias de primer y segundo grado debidamente autenticadas, no aport\u00f3 constancia de la ejecutoria de esta \u00faltima decisi\u00f3n, en tanto, si se tramit\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n con sentencia desfavorable, la ejecutoria se remonta a la decisi\u00f3n que all\u00ed se adopt\u00f3, misma que tampoco fue anexa al presente tr\u00e1mite (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El libelo demandatorio no hace referencia al fallo mediante la cual la Corte, no cas\u00f3 la sentencia impugnada, decisi\u00f3n \u00e9sta que debe ser integrada a las de primera y segunda instancias, como un todo, en tanto discurren en el mismo sentido, sobre el an\u00e1lisis procesal y probatorio de la actuaci\u00f3n penal en la que fue condenado Luna Ortiz\u00bb (CSJ, AP2875-2015, 25 may. 2015, rad. 45501) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En conclusi\u00f3n, se itera, existiendo la posibilidad de incoar el \u00abrecurso de revisi\u00f3n\u00bb, esta Sala ha manifestado que: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En cierre, no es posible acceder al amparo, ni siquiera de manera transitoria, porque el recurso de revisi\u00f3n al que se ha hecho referencia, se muestra id\u00f3neo para solventar las quejas de la accionante, en la medida en que fue justamente dise\u00f1ado para analizar vicisitudes como las que en su demanda de amparo expone, sin que se evidencie la necesidad de intervenir anticipadamente en tal determinaci\u00f3n (\u2026) [debe] acudir a la justicia ordinaria en pos de una soluci\u00f3n a sus reparos\u00bb (CSJ STC 15701, 26 oct. 2016, rad. 00378-01) (\u2026)\u201d4 (negrillas originales). <\/p>\n
Este mecanismo impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de protecci\u00f3n a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente supletivo, de otra manera, se convertir\u00eda en un medio para obviar las alternativas contempladas en los ordenamientos ordinarios y ante los jueces naturales. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]onforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia10-, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela impetrada por Luis Enrique Pretel Hurtado, a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del juicio de la mencionada especialidad con radicado 55044, adelantado contra la gestora por del delito de \u201cpeculado por apropiaci\u00f3n agravado\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb12, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb13; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 CSJ STC 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. 00616-00. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 220. Procedencia. La acci\u00f3n de revisi\u00f3n procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos: (\u2026). 2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, por falta de querella o petici\u00f3n v\u00e1lidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal (\u2026)\u201d (se destaca).. <\/p>\n
3 CSJ. SP2619-2019 de 12 de julio de 2019, exp. 54229. <\/p>\n
4 CSJ. STC13821-2018 de 23 de octubre de 2018, exp. 11001-02-03-000-2018-03114-00. <\/p>\n
6 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
13 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC009-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC009-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03446-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Luis Enrique Pretel Hurtado, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-52989","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52989","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52989"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52989\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52989"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52989"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}