STC037-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC037-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01066-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 18 de agosto de 2020, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Omar Fernando Guevara Londo\u00f1o contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia y el Juzgado Segundo Penal de Circuito de esa misma ciudad, actuaci\u00f3n a la que fueron vinculadas las partes en el tr\u00e1mite objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse ordene al Tribunal Superior [accionando]\u2026 profiera nuevamente el fallo de segunda instancia dentro de la acci\u00f3n de tutela por [\u00e9l] interpuesta donde se tenga en cuenta la nueva prueba que sali\u00f3 a la luz\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Omar Fernando Guevara Londo\u00f1o, quien aduce desempe\u00f1arse como secretario del Juzgado de Familia de Calarc\u00e1, promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela en contra de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Armenia y de la Cooperativa de Activos y Finanzas S.A., al considerar que sus garant\u00edas de primer grado se vulneraron, toda vez que si bien en el a\u00f1o 2012 adquiri\u00f3 un cr\u00e9dito con la entidad financiera pactando el pago a 72 cuotas mensuales, lo cierto es que en enero de 2013 cancel\u00f3 la suma de $25.000.000, raz\u00f3n por la que ces\u00f3 los pagos de dicho pr\u00e9stamo, empero, a finales del a\u00f1o 2019 \u00abse le grav[\u00f3] el salario con el descuento de $974.000\u00bb, afectando su m\u00ednimo vital, raz\u00f3n por la que formul\u00f3 diversas peticiones a la \u00abpagadur\u00eda\u00bb de la Rama Judicial, adem\u00e1s, porque no hab\u00eda lugar a dicho descuento en la medida en que tal obligaci\u00f3n prescribi\u00f3 con el paso del tiempo. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Armenia, quien con fallo de 6 de noviembre de 2019 neg\u00f3 el amparo suplicado, porque las peticiones fueron contestadas, a m\u00e1s que, en cuanto a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n el actor cuenta con otros mecanismos de defensa ante la Superintendencia de Industria y Comercio, as\u00ed como la justicia ordinaria civil; destac\u00f3 que no acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable; determinaci\u00f3n confirmada el 6 de diciembre siguiente por el Tribunal accionado. <\/p>\n
2.3. Relat\u00f3 el quejoso, en lo medular, que el 12 de febrero de 2020 la Rama Judicial dio respuesta a otra de sus peticiones, donde precis\u00f3 que \u00abel desconocimiento de la obligaci\u00f3n de realizar dichos descuentos pone a la entidad en riesgo de ser solidaria ante la financiera, pues en el caso concreto se tiene que desde el mes de octubre de 2019 a la fecha, el empleado cuenta con capacidad de pago y no ha aportado paz y salvo\u00bb, situaci\u00f3n que no fue puesta en conocimiento a los jueces constitucionales querellados, y con lo que, deduce, su petici\u00f3n de amparo hubiese prosperado. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que contrario a lo afirmado por los estrados accionados, los 72 meses pactados para el pago de la obligaci\u00f3n se encuentran superados, por lo que el descuento por n\u00f3mina no pod\u00eda proceder, a m\u00e1s porque est\u00e1 prescrita. <\/p>\n
2.5. Manifest\u00f3 que existe un nuevo hecho con la respuesta otorgada por el Rama Judicial \u00abque da v\u00eda libre a esta acci\u00f3n constitucional, [pues] la entidad pagadora hizo los descuentos creyendo que de no hacerlos la pone en riesgo de ser solidaria\u00bb, adem\u00e1s, porque all\u00ed se afirm\u00f3 que \u00abcuenta con capacidad de pago desde el mes de octubre de 2019\u00bb, lo que no es cierto, en la medida en que siempre la ha tenido; situaciones por las que, considera, el Tribunal accionado debe analizar y proferir nuevamente un fallo de segunda instancia. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que super\u00f3 el presupuesto de subsidiariedad, habida cuenta que formul\u00f3 demanda civil, que fue rechazada por competencia y remitida a los jueces municipales, raz\u00f3n por la que se debe efectuar un pronunciamiento de fondo. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia anot\u00f3 que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n interpuesta por el actor contra el primer fallo de tutela, confirmando la negativa del resguardo por hecho superado frente al derecho de petici\u00f3n y por subsidiariedad respecto de las dem\u00e1s pretensiones; que la acci\u00f3n supralegal es improcedente contra fallos del mismo linaje. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Superintendencia Financiera de Colombia pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la solicitud de amparo, pues si bien fue vinculada a la primera solicitud de amparo, lo cierto es que no ha vulnerado ninguna garant\u00eda del actor. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Cooperativa Multiactiva de Activos y Finanzas -Cooafin- se refiri\u00f3 a los hechos del libelo inicial; indic\u00f3 que la acci\u00f3n supralegal es improcedente por tratarse de pretensiones de origen econ\u00f3mico. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Armenia manifest\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para censurar fallos del mismo linaje, sin que lo narrado por el actor est\u00e9 dentro de las excepciones constitucionales para proceder a su estudio de fondo; que si bien intenta plantear un hecho nuevo, en el fondo se trata de la misma pol\u00e9mica que ya fue discutida con las sentencias ahora criticadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no procede acci\u00f3n supralegal contra sentencias de tutela, adem\u00e1s porque el actor no enunci\u00f3 ninguna situaci\u00f3n de fraude que dispusiera el estudio de fondo del asunto; destac\u00f3 que el hecho que el gestor ya hubiese, supuestamente, agotado el presupuesto de subsidiariedad, tampoco es \u00f3bice para estudiar los fallos constitucionales reprochados. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que con los hechos ahora expuestos como nuevos \u00abno se avizora elemento alguno que conlleve a la conclusi\u00f3n de que en el proceso constitucional adelantado por las autoridades demandadas se haya incurrido en una conducta fraudulenta y tampoco de los accionados al interior del mismo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos tra\u00eddos en la demanda de amparo, manifestando que la libranza del cr\u00e9dito est\u00e1 prescrita, raz\u00f3n por la que no hab\u00eda lugar a que le efectuaran ning\u00fan descuento por n\u00f3mina. <\/p>\n
Destac\u00f3 que quiz\u00e1s el escrito de tutela es difuso, sumado al hecho que con la resoluci\u00f3n DESAJARR20-303 de 20 de marzo de 2020 el director ejecutivo de la rama judicial indic\u00f3 que \u00abel desconocimiento de la obligaci\u00f3n de realizar dichos descuentos pone a la entidad en riesgo de ser solidaria ante la financiera\u00bb, consideraci\u00f3n que no fue puesta en conocimiento de los estrados enjuiciados, lo que hubiese llevado a una decisi\u00f3n diferente, raz\u00f3n por la que \u00abacudi\u00f3 a una nueva acci\u00f3n de tutela, salvo que en segunda instancia\u2026 quien conozca esta impugnaci\u00f3n [le] indique que lo puede hacer, pues no quie[re] incurrir en temeridad o mala fe\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No cabe duda de que el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo de tutela dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia el 6 de diciembre de 2019, que confirm\u00f3 el proferido el 6 de noviembre anterior por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad, que neg\u00f3 la solicitud de amparo por \u00e9l deprecada, tras considerar, de un lado, que la petici\u00f3n formulada por el actor a la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Armenia fue contestada; y, por otra parte, porque a fin de alegar la prescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n adeudada a la Cooperativa de Activos y Finanzas S.A., otras eran las v\u00eda de defensa con las que contaba, incumpliendo as\u00ed, con el presupuesto de subsidiariedad; decisi\u00f3n que, deduce no estudi\u00f3 de fondo su reclamo constitucional. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor no podr\u00e1 ser atendida, m\u00e1xime cuando la tutela cuestionada fue excluida de revisi\u00f3n el 14 de febrero de 2020, conforme se verific\u00f3 en el portal web de la Corte Constitucional (T-7776996), sin que aqu\u00e9l efectuara solicitud alguna ante ese Alto Tribunal. <\/p>\n
3.1. Ahora, no olvida la Sala que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
Sin embargo, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos antes rese\u00f1ados y que permitir\u00edan un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, toda vez que la queja del peticionario no se contrae a dichas situaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por otra parte, frente al hecho nuevo endilgado por el actor, esto es, la consideraci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Armenia, en punto a que \u00abel desconocimiento de la obligaci\u00f3n de realizar dichos descuentos pone a la entidad en riesgo de ser solidaria ante la financiera\u00bb, por lo que, considera, fue por tal circunstancia que dicha Corporaci\u00f3n hizo el descuento por n\u00f3mina, raz\u00f3n por la que tal dinero debe ser reintegrado, es un asunto que debe ser decantado en otra instancia, y a trav\u00e9s de otros mecanismos de defensa judicial, destacando, por dem\u00e1s, que no se demostr\u00f3 alteraci\u00f3n en el m\u00ednimo vital. <\/p>\n
Al respecto, habida cuenta que como en otras oportunidades la Corte lo ha consignado, existen v\u00edas de defensa para obtener lo ac\u00e1 deprecado, esa circunstancia revela la improcedencia de la petici\u00f3n de amparo de conformidad con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, sin que sean de recibo los argumentos tra\u00eddos con el escrito de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto al car\u00e1cter subsidiario y residual del ruego tutelar, ha indicado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u2026la Sala ha tenido la oportunidad de se\u00f1alar que este resguardo: \u2026 es un mecanismo subsidiario o residual para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas, raz\u00f3n por la cual, s\u00f3lo se debe acudir a [\u00e9l] cuando no exista otro medio alternativo de defensa judicial id\u00f3neo y eficaz para su resguardo, sin que pueda el interesado pretender emplearlo para subsanar, enmendar o suplir las omisiones en que incurri\u00f3, ni acudir a la justicia constitucional soslayando los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento procesal civil, porque este amparo no se ha establecido para utilizarse en forma alternativa o sustitutiva de dichos dispositivos \u2026 (CSJ STC, 26 ene 2011, rad. 00027-00; reiterada el 11 abr. 2012, rad. 00616-00) (CSJ STC, 25 jul. 2012, rad. 2012-01494-00). <\/p>\n
De todas maneras, la pretensi\u00f3n de la promotora con el fin de obtener la devoluci\u00f3n del \u201ctotal descontado\u201d desconoce la naturaleza propia de la acci\u00f3n de tutela, toda vez que este mecanismo excepcional fue concebido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados y no para la soluci\u00f3n de aspectos de origen econ\u00f3mico. (CSJ SC, 5 nov. 2013, rad. 2013-01031-02) <\/p>\n
5. Por consiguiente, se impone ratificar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
13 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC037-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC037-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01066-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 18 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-52992","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52992","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52992"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52992\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52992"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52992"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52992"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}