STC038-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC038-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03352-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Bernardo Hoyos Montoya frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte; tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes e intervinientes en la causa que origina la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El convocante deprec\u00f3, mediante apoderado, la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad acusada, en aras de que se le ordene \u00abconceder y tramitar la impugnaci\u00f3n especial presentada (\u2026) contra la sentencia condenatoria\u00bb que \u00e9sta profiri\u00f3 en alzada dentro del asunto n.\u00b0 2009-00262; ello, al abrigo de la \u00abdoble conformidad judicial\u00bb. <\/p>\n
2.- El sustento f\u00e1ctico relevante de la aspiraci\u00f3n, es el que a continuaci\u00f3n se sintetiza: <\/p>\n
2.1.- A trav\u00e9s de fallo de 30 de septiembre de 2011 el Juzgado Sexto Penal del Circuito adjunto de Barranquilla conden\u00f3 al tutelante, a Carlos Alberto Camacho Castro y a Guillermo Enrique Hoenisberg Bornacelly a 48 meses de prisi\u00f3n y multa de 100 S.M.L.M.V., por el delito de \u00abcelebraci\u00f3n de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales\u00bb, en el proceso seguido bajo la radicaci\u00f3n descrita l\u00edneas arriba; paralelamente dispuso absolverlos del de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros\u00bb, procediendo en la misma forma con Carmen Escrig Saieh en torno a los dos punibles enrostrados. <\/p>\n
2.2.- La Sala Penal del Tribunal Superior de dicha urbe, en senda de apelaciones de la fiscal\u00eda y los procesados \u2013excepto Escrig Saieh\u2013, por medio de sentencia de 2 de diciembre de 2013 deneg\u00f3 la nulidad que invocara Hoenisberg Bornacelly, revoc\u00f3 las absoluciones por el \u00abpeculado\u00bb respecto a \u00e9ste \u00faltimo y el titular del resguardo, para, en su lugar, sancionarlos en raz\u00f3n de ese reato a 120 meses de c\u00e1rcel y multa de $1.112.238.260 y, al mismo tiempo, hubo de condenar a aquella implicada por el otro delito atribuido a 48 meses de prisi\u00f3n y 20 S.M.L.M.V., confirmando en lo restante. <\/p>\n
2.3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte cas\u00f3 parcialmente el veredicto de alzada con el fallo CSJ SP15880-2014, 20 nov., rad. 43557, por intermedio del recurso extraordinario que interpuso Carmen Escrig Saieh, para, en consecuencia, absolverla de los cargos a ella formulados (ratificando lo dem\u00e1s) y, en auto AP3772 de 9 de julio anterior, inadmiti\u00f3 la demanda casacional de los otros enjuiciados. <\/p>\n
2.4.- Posteriormente, el tribunal fustigado desestim\u00f3 las solicitudes de \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb y \u00abnulitaci\u00f3n\u00bb del ahora gestor en providencia de 4 de febrero de 2020, que fuera confirmada, en v\u00eda de reposici\u00f3n y queja, el 6 de marzo postrero. <\/p>\n
2.5.- Censur\u00f3 el activante que su pedimento dirigido a impugnar la sentencia de apelaci\u00f3n \u2013en tanto lo conden\u00f3 por vez primera frente al injusto de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros\u00bb\u2013 fuera demeritado, puesto que con ello se desconocieron los precedentes de las Cortes Interamericana de Derechos Humanos (casos \u00abHerrera Ulloa vs Costa Rica – 2004\u00bb y \u00abMohamed vs Argentina – 2012\u00bb) y Constitucional de Colombia (C-792\/14 a SU397\/19). <\/p>\n
2.6.- Indic\u00f3 que la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb frente a la primera sentencia condenatoria se halla inmersa en el ordenamiento patrio a partir de la promulgaci\u00f3n de la Carta Pol\u00edtica de 1991, por lo que, en su sentir, s\u00ed tiene derecho a dicha prerrogativa, a lo que a\u00f1adi\u00f3 que, en el m\u00e1s restrictivo de los contextos, debe tenerse como par\u00e1metro de incorporaci\u00f3n de la \u00abdoble conformidad\u00bb el \u00ab[2]3 de noviembre de 2012 -fecha de Mohamed contra Argentina-\u00bb. <\/p>\n
2.7.- Asever\u00f3 que fue condenado por el tribunal dado que presuntamente no pag\u00f3 una suma de dinero exigida desde esa corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.8.- Y en memorial \u00abcomplementario\u00bb reiter\u00f3 sus s\u00faplicas. <\/p>\n
3.- Esta Sala de la Corte \u2013luego de anulado el primigenio tr\u00e1mite supralegal con prove\u00eddo CSJ ATC1135-2020, 25 nov, rad. 00963-01, al tornarse extensivo el reproche a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal\u2013, dispuso admitir el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes de que trata el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1.- La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla remarc\u00f3 que no se atisba trasgresi\u00f3n alguna en los autos que desataron la aspiraci\u00f3n del petente. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte manifest\u00f3 atenerse al auto CSJ AP3772-2014, 9 jul., rad. 43557, inadmisorio de la demanda de casaci\u00f3n del tutelante. <\/p>\n
3.- Al momento de discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n del proyecto de sentencia no se han recibido m\u00e1s contestaciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los escenarios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de inmediatez. <\/p>\n
2.- Se anticipa la vocaci\u00f3n de improsperidad de la clama dispensada, pues si bien el tutelante result\u00f3 sancionado punitivamente en apelaci\u00f3n por \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros\u00bb, lo cierto es que la sentencia que as\u00ed lo dispuso se remonta al 2 de diciembre de 2013, cuya demanda de casaci\u00f3n, adem\u00e1s, devino inadmitida el 9 de julio de 2014. As\u00ed las cosas, como el fallo de constitucionalidad que acogi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la doble conformidad (C-792\/14) fue proferido el 29 de octubre \u00eddem, fecha posterior a la referida condena, para el caso concreto dicho principio es inaplicable. <\/p>\n
Por ende \u2013y m\u00e1s all\u00e1 de las motivaciones vertidas por el tribunal disentido en los autos de 4 de febrero y 6 de marzo de 2020\u2013, bajo el entendido de que la trasgresi\u00f3n denunciada en este aspecto es inexistente, la salvaguarda deprecada no encuentra ninguna raz\u00f3n de ser, frente a lo que esta Colegiatura ha delimitado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u00c9nfasis – CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
Lo anterior, sin que resulten de recibo las alegaciones del gestor tendientes a inferir como \u00e9poca de incorporaci\u00f3n de la doble conformidad en Colombia el \u00ab[2]3 de noviembre de 2012 -fecha de Mohamed contra Argentina-\u00bb, en la medida que, sea de acotarlo, a la luz de la jurisprudencia constitucional patria vigente dicha data no constituye hito temporal para la aplicaci\u00f3n del principio en menci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Sea oportuno reiterar que aunque la Corte Constitucional en el precedente CC SU-146\/20 haya ampliado el margen de la doble conformidad a las primeras sentencias condenatorias emitidas con posterioridad al 30 de enero de 2014 (fecha en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dict\u00f3 el fallo \u00abLiakat Ali Alibux Vs Suriname\u00bb), para esta Sala de Casaci\u00f3n el referente temporario de aplicaci\u00f3n de ese principio es el del proferimiento de la pluricitada C-792\/14 (es decir, el 29 de octubre de 2014). <\/p>\n
Ello, toda vez que tal precedente C-792 fue el que conllev\u00f3 a la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2018 (sobre el derecho a \u00abimpugnar la primera sentencia condenatoria\u00bb) y, adem\u00e1s, del organismo regional fluyen veredictos anteriores al tenido en cuenta por el tribunal patrio de constitucionalidad en la SU-146, como por ejemplo los que invoca el titular del presente resguardo, en los que se preserv\u00f3 la garant\u00eda. <\/p>\n
Total, que esta Sala de la Corte, en CSJ STC4344-2020, 13 jul., rad. 00921-00 (reiterada en STC10384-2020, 23 nov., rad. 02395-00), acerca de la postura acabada de rescatar, doctrin\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)La Sala, en coherencia con el ordenamiento Nacional, considera prudente dar eficacia a la vigencia de la garant\u00eda desde la fecha cuando se dict\u00f3 la sentencia C-792 de 2[01]4, por cuanto, al analizar diferentes decisiones de la Corte Interamericana, hubo casos anteriores al de Liakat Ali Alibux, donde el mismo organismo protegi\u00f3 la garant\u00eda en cuesti\u00f3n, los cuales corresponden a fechas anteriores a la seleccionada por la Corte Constitucional local. <\/p>\n
Justamente, cual atr\u00e1s se record\u00f3, hubo un precedente interamericano, con m\u00e1s de una d\u00e9cada de antelaci\u00f3n, consistente en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, que se decidi\u00f3 el 2 de julio de 2004, posteriormente, hubo algunos otros. Luego, en esas condiciones, la data 30 de enero de 2014 del caso Liakat, aunque justificada en el pensamiento de la hom\u00f3loga constitucional, deviene casual y deleznable en la b\u00fasqueda de un criterio estable para esta Sala, porque bien podr\u00eda haber sido otro juicio diferente, el baremo para la aplicaci\u00f3n de la doble conformidad jur\u00eddica. <\/p>\n
Para la Sala, sean aforados o no, en asuntos de este linaje, considera prudente aplicar la garant\u00eda desde la fecha de la emisi\u00f3n de la sentencia C-792 de 2014, el veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014), y no desde el treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), data del caso interamericano Liakat Al\u00ed Alibux. <\/p>\n
La misma Corte Constitucional, en la C-792 de 2014, cita algunos de los juicios m\u00e1s relevantes y, el anterior, es apenas uno de ellos, en procura de materializar la garant\u00eda debatida. En efecto, enunci\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e encuentran las sentencias en los casos Herrera Ulloa vs Costa Rica, Barreto Leiva vs Venezuela, V\u00e9lez Loor vs Panam\u00e1 y Liakat Al\u00ed Alibux vs Suriname (\u2026)\u201d , de donde luego infiri\u00f3: \u201cEn todos estos eventos, la Corte IDH encontr\u00f3 que los Estados eran responsables por la vulneraci\u00f3n del derecho previsto en el art\u00edculo 8.2.h. de la CADH\u201d , pasando a dar por demostrado el d\u00e9ficit de garant\u00eda tocante con un \u201c(\u2026) elemento normativo omitido, relativo a la previsi\u00f3n de un recurso judicial que materialice el derecho a la impugnaci\u00f3n del primer fallo condenatorio en el marco de un juicio penal, constituye un elemento estructural del proceso, y [que] por tanto, se proyecta en toda la normativa procesal penal, y adem\u00e1s, implica el redise\u00f1o de una amplia gama de instituciones (\u2026)\u201d , para finalmente resolver en el ordinal primero de la sentencia: \u201cDeclarar la inconstitucionalidad con efectos diferidos, y en los t\u00e9rminos se\u00f1aladas en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta providencia, de las expresiones demandadas contenidas en los art\u00edculos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias (\u2026)\u201d . <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil, partir\u00e1 de la fecha, 29 de octubre de 2014, porque da mayor seguridad a las decisiones que viene tomando en sus fallos constitucionales, frente a esta garant\u00eda, implementada con la aprobaci\u00f3n y entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, cuando se provey\u00f3 la Sala de juzgamiento de primera instancia en esta Corte. La data de la sentencia C-792 de 2014 representa la recepci\u00f3n oficial por v\u00eda jurisprudencial con efectos erga omnes en el ordenamiento constitucional colombiano y en el procedimiento penal de la garant\u00eda gracias a la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad por omisi\u00f3n legislativa de algunas reglas penales atr\u00e1s rese\u00f1adas, al hallarse nuestro sistema de juzgamiento en contrav\u00eda con m\u00faltiples instrumentos internacionales, y por su definida estructura inconvencional, al apartarse derechamente del art. 8.2 de la Convenci\u00f3n Americana, pacto, al cual se adhiri\u00f3 el Estado colombiano. <\/p>\n
Por supuesto, esa subregla no puede ser una camisa de fuerza, por cuanto analizados diferentes est\u00e1ndares, como algunos de los se\u00f1alados en la sentencia SU-146 del 21 de mayo de 2020, de Arias Leiva bien podr\u00e1 darse v\u00eda a hip\u00f3tesis diferentes, tales como de hechos acaecidos en el pasado, con respecto a juzgamientos no adelantados a\u00fan, o en curso, o con sentencias a\u00fan no emitidas, o sin ejecutoriar, o de todas las que se expidan con posterioridad a la data adoptada, por virtud del principio de favorabilidad que, en cada evento concreto, se analizar\u00edan. <\/p>\n
Esta Sala bien podr\u00eda tomar alguno de los otros casos donde la Corte Interamericana dispuso el reconocimiento de la garant\u00eda como el atr\u00e1s rese\u00f1ado, el Ulloa Herrera del 2004, uno de los primeros en el tiempo para el reconocimiento de esa conquista, o el seleccionado por la Corte Constitucional del 30 de enero del 2014, pero cualquiera de ellos har\u00eda voluble el fundamento del apoyo decisional, ante la pluralidad de juicios con diferentes fechas que le podr\u00edan dar soporte, o ante la debilidad de las razones para honrarlo. <\/p>\n
Por tanto, la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia C-792 de 2014, ser\u00e1, mientras no se expida el correspondiente estatuto normativo, el fundamento, por parte de esta Sala para encarar el an\u00e1lisis y juzgamiento de las acciones constitucionales de amparo que en la materia se formulen en atenci\u00f3n a las razones atr\u00e1s expuestas, y a los siguientes motivos relevantes: <\/p>\n
2. Hasta la expedici\u00f3n de la C-792 de 2014, todas las decisiones de revisi\u00f3n de tutelas o de acciones de constitucionalidad planteadas, desecharon la aplicaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n especial con car\u00e1cter integral. <\/p>\n
3. Por virtud de los efectos \u201cerga omnes de las sentencias de inconstitucionalidad\u201d que por su propia naturaleza despliegan, seg\u00fan la regla 243 de la Carta vigente en nuestro ordenamiento, en cuanto dispone: \u201cLos fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional\u201d. <\/p>\n
4. Por el respeto a la Carta y al principio de supremac\u00eda constitucional que esta Sala debe, as\u00ed como al precedente de naturaleza constitucional dimanado de las decisiones de control constitucional, que juzgan el ordenamiento interno; as\u00ed como por las secuelas de la cosa juzgada constitucional de la C-792 de 2014, como por sus efectos imperativos que exceden los l\u00edmites de las decisiones interpartes, interpares o inter communis. <\/p>\n
5. Al advertir que la C-792 de 2014 dio por demostrada imperativamente la omisi\u00f3n legislativa con relaci\u00f3n a la doble conformidad o impugnaci\u00f3n especial declarando la \u201c(\u2026) inconstitucionalidad (\u2026) de las expresiones demandadas contenidas en los art\u00edculos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias (\u2026)\u201d . <\/p>\n
Por supuesto, no desconoce esta Sala, como en p\u00e1rrafos anteriores se expuso, la posibilidad de dar aplicaciones excepcionales en asuntos que soporten el an\u00e1lisis de criterios de ponderaci\u00f3n de la propia Sala, ajustados a la C-792 de 2014 y a los expuestos en la SU 146 de 2020: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) [E]l momento en el que se profiri\u00f3\u0301 la sentencia condenatoria, con miras a determinar si para tal fecha ya exist\u00eda un est\u00e1ndar internacional configurado en el sentido en el que ahora se reclama por el accionante; (ii) [e]l tipo de garant\u00eda de que se trata, esto es, un derecho subjetivo de aplicaci\u00f3n inmediata que encuentra en el escenario del juicio penal su espacio de protecci\u00f3n; y, (iii) (\u2026) la permanencia en el tiempo de las consecuencias que emanan de la aplicaci\u00f3n de un est\u00e1ndar que no se ajusta -ahora- a la interpretaci\u00f3n correcta del derecho al debido proceso (\u2026)\u201d\u2026 (Destacado ajeno al texto original). <\/p>\n
4.- Por \u00faltimo, la acusaci\u00f3n del peticionario que aduce que el motivo de la condena en apelaci\u00f3n fue no pagar una suma de dinero supuestamente exigida desatiende el presupuesto de subsidiariedad, pues si \u00e9l estima que se cometieron conductas penal o disciplinariamente reprobables, a su arbitrio est\u00e1 impetrar la respectiva denuncia o queja ante las autoridades correspondientes, con la responsabilidad derivada de las ulteriores consecuencias. <\/p>\n
Tocante con dicho punto, esta Colegiatura ha doctrinado que: <\/p>\n
\u2026[E]s preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016, STC14669-2016 y STC13994-2017). <\/p>\n
5.- Lo consignado, entonces, impone no acceder a la salvaguarda aclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si el pronunciamiento no es impugnado, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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