STC039-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC039-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01186-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el ocho (8) de septiembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Fiscal\u00eda Once Delegada ante la Corte Suprema de Justicia contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origina la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, legalidad y contradicci\u00f3n, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada al despachar negativamente la solicitud de imposici\u00f3n de medida de aseguramiento presentada por ese ente acusador en contra de Jorge Eliecer Mola Capera, en prove\u00eddos de 29 de abril y 4 de mayo de 2020, dentro del juicio penal (2017-00240) que se le sigue por la comisi\u00f3n de los presuntos delitos de prevaricato por acci\u00f3n en concurso homog\u00e9neo (3 conductas) y heterog\u00e9neo con el de enriquecimiento il\u00edcito de servidor p\u00fablico, en su condici\u00f3n de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla. <\/p>\n
Requiri\u00f3 la promotora, en consecuencia, \u00abse ordene un nuevo estudio de fondo de la solicitud de imposici\u00f3n de medida de aseguramiento\u2026 dentro del procedimiento penal nro. 110016000102201700240\u00bb, como medida para salvaguardar la defensa de los derechos fundamentales enunciados en su escrito genitor. <\/p>\n
2. Inicialmente se\u00f1al\u00f3 la accionante que en el tr\u00e1mite penal seguido contra el procesado en cita, el primero de los il\u00edcitos se imput\u00f3 por expedir las decisiones de 16 de diciembre de 20161, 24 de octubre de 20172 y 7 de noviembre de 20173; y el segundo, con base en los informes contables con los que irregularmente intent\u00f3 el imputado demostrar el incremento de sus ingresos. <\/p>\n
Seguidamente fundament\u00f3 su pretensi\u00f3n en que el Tribunal accionado, fungiendo como juez de control de garant\u00edas, en auto de 29 de abril de 2020 valor\u00f3 caprichosa, aislada y arbitrariamente las m\u00e1s de 60 pruebas obrantes en el plenario, con lo que vulner\u00f3 la garant\u00eda de contradicci\u00f3n que rige el sistema acusatorio, incurriendo en defecto f\u00e1ctico que hace viable la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, motiv\u00f3 en forma indebida la decisi\u00f3n que desat\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n formulado contra el auto que neg\u00f3 la medida de aseguramiento, incurriendo, adem\u00e1s, en defecto procedimental absoluto por omitir pronunciarse acerca de los argumentos que mostraban la supuesta falta de autor\u00eda del imputado respecto del delito de enriquecimiento il\u00edcito de servidor p\u00fablico. <\/p>\n
En adici\u00f3n, adujo que la Magistrada de control de garant\u00edas desbord\u00f3 sus funciones respecto al establecimiento de la inferencia razonable de autor\u00eda y participaci\u00f3n del imputado, \u00aben tanto convirti\u00f3 esa evaluaci\u00f3n propia de una etapa preprocesal \u2013la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento-, en un juicio\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, expres\u00f3 que las providencias de 29 de abril y 4 de mayo de 2020 fueron emitidas teniendo en cuenta los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, especialmente los presentados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n; y asever\u00f3 que no se lograron acreditar los requisitos exigidos por el art\u00edculo 308 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal para determinar que exist\u00eda una inferencia razonable de la posible responsabilidad del imputado, que viabilizara la medida de aseguramiento. <\/p>\n
Argument\u00f3 que fungiendo como juez de control de garant\u00edas garantiz\u00f3 el debido proceso en tanto permiti\u00f3 a las partes ser o\u00eddas, respet\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n en cuanto autoriz\u00f3 la interposici\u00f3n de los recursos, y cuid\u00f3 del cabal desarrollo de la vista p\u00fablica, por lo que solicit\u00f3 se declare improcedente el resguardo invocado. <\/p>\n
2. Carlos Jaller Raad, en condici\u00f3n de v\u00edctima, coadyuv\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, reiter\u00f3 el cuestionamiento a los argumentos con los cuales la magistratura de control de garant\u00edas valor\u00f3 los elementos materiales probatorios aportados en sustento de la medida de aseguramiento pedida y agreg\u00f3 que la magistrada de control de garant\u00edas no resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n presentada por el Fiscal en debida forma, especialmente frente al delito de enriquecimiento il\u00edcito. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el resguardo, porque el proceso penal sobre el cual vers\u00f3 la petici\u00f3n de amparo est\u00e1 en curso, por lo cual la quejosa a\u00fan cuenta con medios de defensa que puede ejercer en el tr\u00e1mite ordinario, sin que sea dable al juez constitucional pronunciarse sobre asuntos que son competencia exclusiva del juez natural del proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante critic\u00f3 que el a quo constitucional motiv\u00f3 exclusivamente su declaratoria de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela porque la Fiscal\u00eda cuenta con otros medios de defensa judicial en el proceso penal, aunque no mencion\u00f3 cu\u00e1les, argumentaci\u00f3n que no comparte por cuanto fue la Corte Suprema de Justicia la que, al desatar el recurso de queja interpuesto por la defensa de las v\u00edctimas, ratific\u00f3 que el \u00fanico remedio procedente contra la decisi\u00f3n del 29 de abril de 2020 era el de reposici\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC de 11 may. 2001, rad. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que el estrado judicial acusado consider\u00f3, en los autos de 29 de abril y 4 de mayo de 2020, que de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso penal 2017-00240 no hab\u00eda lugar a imponer la medida de aseguramiento solicitada en contra del procesado, en raz\u00f3n a que no exist\u00eda una inferencia razonable de su posible responsabilidad, decisi\u00f3n que no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que la Sala la comparta, descart\u00e1ndose de esa manera la presencia de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En efecto, dicha Colegiatura expuso lo siguiente: <\/p>\n
4.1. Primer hecho imputado\u2026Descendiendo al caso concreto se tiene lo siguiente: En el libelo genitor de la tutela el accionante Alberto Enrique Acosta P\u00e9rez solicit\u00f3 el decreto de medida cautelar con el fin de suspender los efectos de los autos proferidos por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla el 9 de diciembre de 2016, en el proceso verbal promovido por Iv\u00e1n Acosta contra la Fundaci\u00f3n Acosta Bendeck \u2026 en virtud del cual se admiti\u00f3 el impedimento del Juez Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, admiti\u00f3 cauci\u00f3n y decret\u00f3 medida cautelar, as\u00ed como (\u2026) el auto (\u2026) en virtud del cual se admiti\u00f3 la demanda para evitar el acaecimiento de un perjuicio inminente e irremediable, toda vez que de no procederse as\u00ed, la Fundaci\u00f3n Acosta Bendeck sufrir\u00eda un da\u00f1o incalculable en su patrimonio\u2026 <\/p>\n
A dicho libelo se alleg\u00f3 certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la fundaci\u00f3n, copia de las piezas procesales pertinentes, copia de las denuncias presentas ante las autoridades, copia del fallo de tutela del 16 de diciembre de 2016 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acta de asamblea extraordinaria 001 del 5 de mayo de 2016 de la Fundaci\u00f3n Acosta Bendeck, as\u00ed como otros documentos relacionados con la existencia y representaci\u00f3n de entidades sin \u00e1nimo de lucro y registro de instrumentos p\u00fablicos de bienes de las accionantes, siendo as\u00ed, en principio, y contrario a lo expuesto por el se\u00f1or fiscal, no es cierto que la decisi\u00f3n adoptada por el Magistrado Mola Capera el 16 de diciembre de 2016 no contaba con una base f\u00e1ctica y probatoria que habilitara el decreto de una medida cautelar \u2026 dichos documentos efectivamente denotaban que se hab\u00eda pretermitido el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo General del Proceso, que en trat\u00e1ndose de la declaraci\u00f3n de impedimentos prescribe que: \u2018el juez impedido pasar\u00e1 el expediente al que deba reemplazarlo, quien si encuentra configurada la causal asumir\u00e1 su conocimiento, en caso contrario remitir\u00e1 el expediente a su superior para que resuelva\u2019; as\u00ed las cosas, los motivos expuestos en la medida provisional alegada por el accionante, s\u00ed acreditaba prima facie la probable vulneraci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, pues sin m\u00e1s se pretermiti\u00f3 por parte del Juez Quinto Civil del Circuito de Barranquilla un tr\u00e1mite expresamente regulado por el legislador, como lo era dar curso en legal forma al impedimento de su hom\u00f3logo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, por ser necesaria y urgente dicha medida a fin de garantizar la efectividad de los derechos superiores del citado accionante la medida provisional resultaba procedente\u2026 los reparos formulados por el fiscal y la representaci\u00f3n de v\u00edctimas en este particular asunto, los cuales fueron coadyuvados en todo por estos, desde\u00f1an de los elementos allegados por el accionante de tutela, am\u00e9n que no explican con suficiencia porque raz\u00f3n consideran que los argumentos contenidos en el auto del 16 de diciembre de 2016 no resultan suficientes o se exhibe como indebidamente justificados para el decreto de la medida provisional. <\/p>\n
Veamos c\u00f3mo se pronunci\u00f3 el aforado en el referido auto: \u2018para el decreto de la medida provisional debe tenerse en cuenta que el tr\u00e1mite sobre el impedimento manifestado por el Juez Quince Civil del Circuito y el conocimiento por otros jueces de la misma categor\u00eda no es legal, sobre todo en lo establecido por el art\u00edculo 140 del C\u00f3digo General del Proceso el cual dice lo siguiente\u2019, y consigna la norma, \u2018en ese contexto se observa que el Juzgado Quince Civil del Circuito se declar\u00f3 impedido y debi\u00f3 remitirlo al Diecis\u00e9is Civil del Circuito, y si este no entraba en reparto por cuestiones de un acto administrativo del Consejo Seccional de la Judicatura debi\u00f3 remitirlo al Juzgado Primero Civil del Circuito y, de no aceptar el impedimento, enviarlo a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, por lo tanto debe llevarse por las normas del C\u00f3digo General del Proceso y en esa circunstancia se avoca conocimiento de esa tutela para los fines antes indicados\u2019. <\/p>\n
\u2026 \u2018para concluir, por las anteriores razones se acoge la medida cautelar contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla, al violarse el debido proceso, porque prima facie se observa la trasgresi\u00f3n del procedimiento establecido en el art\u00edculo 140 ib\u00eddem, en consonancia se ordenar\u00e1 la suspensi\u00f3n de los efectos del auto del 9 de diciembre de 2016\u2019. <\/p>\n
N\u00f3tese entonces que la decisi\u00f3n cuestionada tuvo el apoyo f\u00e1ctico, suficiente y necesario, pues se trataba de la vulneraci\u00f3n de un tr\u00e1mite procesal relacionado con un impedimento, lo que conlleva a la trasgresi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso\u2026 siendo as\u00ed, el hecho que no se comparta lo resuelto por el magistrado Mola Capera no significa que la decisi\u00f3n sea ilegal tal y como lo pregona la Fiscal\u00eda, recu\u00e9rdese que el juicio objetivo de tipicidad del delito de prevaricato por acci\u00f3n supone que el acto censurado, esto es la decisi\u00f3n judicial, haya sido dictada de manera caprichosa o arbitraria por el funcionario con abierto y ostensible desconocimiento de los mandatos normativos o exigencias del an\u00e1lisis probatorio o jur\u00eddico que regulan el caso, por ello ha dicho la Corte Suprema de Justicia \u2018no se adecuan al tipo penal las providencias cuyo contenido sea el resultado de un examen complejo de las disposiciones que regulan el asunto, respecto de las cuales exista posibilidad de interpretaciones discordantes toda vez que en el prevaricato el juicio no es de acierto sino de legalidad, por cuanto se insiste, la proyecci\u00f3n de una providencia manifiestamente contraria a la ley solamente es compatible con un conocimiento y voluntad intencional en el caso concreto de decidir de manera contraria al ordenamiento jur\u00eddico\u2019\u2026Auto del 3 de julio de 2019. Radicado 53559, MP. Luis Guillermo Salazar Otero. <\/p>\n
\u2026No puede pasar inadvertido para esta magistratura que la Juez Quince Civil del Circuito Oral de Barranquilla, mediante auto del 2 de febrero de 2017, de oficio declar\u00f3 la ilegalidad del tr\u00e1mite por aquella impartido a partir del auto del 6 de diciembre de 2016, al no haber dado curso a lo reglado en los art\u00edculos 140 y 144 del C\u00f3digo General del Proceso, al haber acogido el tr\u00e1mite del proceso verbal de impugnaci\u00f3n de acta de asambleas o socios, sin haberse pronunciado sobre los impedimentos de sus hom\u00f3logos, por lo que orden\u00f3 dejar sin efecto todo lo ordenado en dicho prove\u00eddo, rechazando el impedimento invocado por el Juez Cuarto Civil del Circuito y ordenando remitir el expediente al superior para lo pertinente, coincidiendo as\u00ed con lo consignado en el auto proferido por el doctor Mola Capera al momento de decretar la medida cautelar que se tilda de ilegal, a\u00fan m\u00e1s ha de tenerse en cuenta que en fallo del 8 de mayo de 2017 la Sala Sexta de Decisi\u00f3n Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, luego de avocar competencia del asunto ante la declaratoria de nulidad de lo actuado por el doctor Mola Capera resolvi\u00f3 conceder el amparo constitucional deprecado por el accionante Alberto Acosta P\u00e9rez por la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, al advertirse que efectivamente no se hab\u00eda dado el tr\u00e1mite legal al impedimento manifestado por la Juez Quince Civil del Circuito de Barranquilla, ordenando la remisi\u00f3n del proceso de impugnaci\u00f3n de actas de asambleas al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de dicha ciudad para lo pertinente. <\/p>\n
Y en punto a la presunta manipulaci\u00f3n del reparto en ese mismo tr\u00e1mite tutelar, expres\u00f3: <\/p>\n
\u2026. Pues, lo que se cuestiona es la manipulaci\u00f3n de un sistema de reparto y su correspondencia con el ordenamiento jur\u00eddico, aspecto este \u00faltimo que ya qued\u00f3 dilucidado en apartados anteriores, por ende pretender extrapolar tales actuaciones de la oficina judicial u oficina encargada de reparto para adecuarlas al tipo penal de prevaricato por acci\u00f3n resulta un desatino que en este estadio procesal repele cualquier an\u00e1lisis frente a la exigencia normativa de inferencia razonable de autor\u00eda o participaci\u00f3n, para efectos de la solicitud de la medida intramural pretendida. <\/p>\n
As\u00ed, no obstante que se allegaron las actas de reparto que efectivamente dan cuenta del supuesto de hecho advertido por el se\u00f1or fiscal frente al proceder irregular de los accionantes al interponer varias tutelas para dejar \u00fanicamente la que le correspondi\u00f3 al despacho del Dr. Mola Capera, no hay raz\u00f3n suficiente para la deducci\u00f3n por lo menos en esta fase temprana de la actuaci\u00f3n del delito de prevaricato por acci\u00f3n que se le atribuye\u2026 Corolario de todo lo anterior frente al primer hecho imputado no se satisfacen los presupuestos contenidos en el art\u00edculo 308 de la ley 906 de 2004, y particularmente no se cumplen los requisitos necesarios para el grado de inferencia razonable deducir la configuraci\u00f3n objetiva del tipo penal de prevaricato por acci\u00f3n. <\/p>\n
\u2026 4.2. segundo hecho imputado: si bien es cierto el se\u00f1or fiscal exhibi\u00f3 los hechos dos y tres como conductas constitutivas de un concurso homog\u00e9neo de prevaricatos, lo cierto es que por tratarse de providencias proferidas al interior de un mismo proceso de tutela y que la argumentaci\u00f3n del se\u00f1or fiscal estuvo orientada a deducir el prop\u00f3sito com\u00fan que le asist\u00eda al magistrado Mola Capera por favorecer los intereses personales de una parte de la familia Acosta, mismo que se vio plasmado en sus decisiones judiciales que se reputan como ilegales, lo cierto es que se advierte por esta magistratura que se presenta el fen\u00f3meno jur\u00eddico de unidad de conducta o unidad de acci\u00f3n. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, sustent\u00f3 los conceptos enunciados supra con base en la sentencia SP 2933 de 2016 (minuto 1:32:05), al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u2026 lo cierto es que dogm\u00e1ticamente resulta un desatino pregonar de ellas un concurso homog\u00e9neo del delito de prevaricato por acci\u00f3n cuando se est\u00e1, sin duda, frente a un comportamiento del que se puede anticipar que existe unidad de acci\u00f3n y como tal debe ser tratada como delito continuado, entonces, predica el se\u00f1or fiscal recurrente la configuraci\u00f3n del tipo penal de prevaricato por acci\u00f3n en relaci\u00f3n a la manifiesta ilegalidad de la decisi\u00f3n proferida por el Dr. Mola Capera el 24 de octubre de 2017, quien actuando en la misma condici\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela n\u00famero 08001220400201700334, accionante Eduardo Francisco Acosta Bendeck, quien en su condici\u00f3n de investigado dentro del proceso penal n\u00famero 2017-01150 solicit\u00f3 una medida provisional consistente en suspender \u2018la continuaci\u00f3n de la audiencia de imputaci\u00f3n, contumacia y medida de aseguramiento que fue citada para el d\u00eda 25 de octubre de 2017 y que adelantar\u00e1 el se\u00f1or Juez Primero Penal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas\u2019. <\/p>\n
Frente a la anterior decisi\u00f3n se predican las siguientes irregularidades que permiten deducir el sentir de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n que se trata de una decisi\u00f3n manifiestamente contraria a la ley\u2026 4.2.1. El se\u00f1or Fiscal aduce que nuevamente el imputado ignor\u00f3 el contenido de los art\u00edculos 6\u00b0 y 230\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia y en concreto el art\u00edculo 55 de la ley 270 de 1996 que exige fundamentaci\u00f3n de las decisiones judiciales, as\u00ed como el art\u00edculo 42 numeral s\u00e9ptimo del C\u00f3digo General del Proceso que lo obligaba a motivar su decisi\u00f3n. <\/p>\n
\u2026Veamos entonces si le asiste raz\u00f3n al se\u00f1or fiscal para predicar de ilegal la decisi\u00f3n cuestionada, para ello obviamente hay que recurrir al contenido de lo resuelto de cara a lo que conoc\u00eda al momento de su emisi\u00f3n el magistrado imputado, esto es, en t\u00e9rminos de la Corte Suprema de Justicia, ha de tenerse en cuenta para la configuraci\u00f3n del tipo penal de prevaricato activo; no s\u00f3lo se contempla la valoraci\u00f3n de los fundamentos jur\u00eddicos o procesales que el servidor p\u00fablico ejerce en el acto judicial o administrativo cuestionado, o la ausencia de aquellos, sino tambi\u00e9n tiene que corresponder su an\u00e1lisis a una percepci\u00f3n ex antes, esto es, el an\u00e1lisis de las circunstancias concretas bajo las cuales lo adopt\u00f3, as\u00ed como de los elementos de juicio con los que contaba al momento de proferirlo (Auto con radicaci\u00f3n 49196 de la Corte Suprema de Justicia)\u2026 <\/p>\n
En efecto, tal como se rese\u00f1\u00f3 en apartado anterior la medida provisional incoada en la tutela interpuesta por el se\u00f1or Eduardo Francisco Acosta Bendeck fue acogida por el magistrado Mola Capera como ponente en la decisi\u00f3n cuestionada el 24 de octubre de 2017. Para fundamentar su decisi\u00f3n el imputado inici\u00f3 por vincular a la acci\u00f3n constitucional a los ciudadanos Fernando Acosta Osio, Juan Jos\u00e9 Acosta Osio, Mar\u00eda Cecilia Acosta Moreno, Alberto Acosta Moreno\u2026 quienes fungen como denunciados \u2026 por los presuntos delitos de fraude procesal y otros \u2026. Con respecto a la suspensi\u00f3n de la audiencia de imputaci\u00f3n, contumacia y solicitud de medida de aseguramiento fijada para el d\u00eda 25 de octubre de 2017, esto es un d\u00eda despu\u00e9s de la emisi\u00f3n del auto, el magistrado ponente para resolver invoc\u00f3 inicialmente el art\u00edculo s\u00e9ptimo del decreto 2591 de 1991 que regula el decreto de medidas provisionales en sede de tutela, a su vez que recurri\u00f3 a lo dicho por la Corte Constitucional en Auto 258 de 2013, Magistrado ponente Alberto Rojas R\u00edos, seg\u00fan el cual para que proceda el decreto de medidas provisionales se deben tener en cuenta las siguientes hip\u00f3tesis \u2026 con dicho apoyo normativo y jurisprudencial, el imputado esgrimi\u00f3 en su prove\u00eddo \u2018en el presente evento, el argumento que invoca el actor se dirige a que recus\u00f3 al juez de control de garant\u00edas y el fallador no le dio el tr\u00e1mite al instituto deprecado y por el contrario realizar\u00eda la audiencia el d\u00eda de ma\u00f1ana, en consecuencia, se tiene que es necesario evitar la amenaza a los derechos fundamentales deprecados por la libelista en tanto la vulneraci\u00f3n al debido proceso la pone de presente la parte actora precisamente en la diligencia que est\u00e1 programada para el 25 de octubre, de modo que de esperar el fallo constitucional se podr\u00eda prolongar la trasgresi\u00f3n expuesta por el libelista\u2019 \u2026 \u2018lo anterior (dice) obedece a que la medida provisional de suspensi\u00f3n de un acto concreto que presuntamente amenaza o vulnera un derecho fundamental, pretende evitar que la amenaza al derecho se convierta en violaci\u00f3n que haga m\u00e1s gravoso que el fallo de tutela carezca de eficacia\u2026y es que no es cualquier amenaza la invocada en el presente tr\u00e1mite, pues se trata seg\u00fan el escrito del actor, de una audiencia que se celebrar\u00eda sin a\u00fan dar tr\u00e1mite a una recusaci\u00f3n que se formul\u00f3\u2026\u201d y se cita sentencia de la Corte Constitucional T 017 de 2006\u2026 <\/p>\n
\u2026 En efecto, al examinar el contenido de la providencia cuestionada se observa que el fallador Mola Capera se atuvo a lo expuesto en el libelo incoatorio de la tutela, d\u00e1ndole a esta la presunci\u00f3n de veracidad y buena fe al principio de rango constitucional contenido en el art\u00edculo 83 de la constituci\u00f3n nacional que obliga a que las autoridades p\u00fablicas y la misma ley, presuman las actuaciones de los particulares, y en virtud de ellas se presuma la lealtad en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades, lo que exige el compromiso de obrar con lealtad en el marco de unas relaciones de mutua confianza. Confrontar con sentencia T 1215 de 2013\u2026 siendo as\u00ed, por el apremio del tiempo, ya que la tutela se interpuso justamente el d\u00eda anterior a aquel en que se llevar\u00eda a cabo las audiencias concentradas ante el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de Juez de Control de Garant\u00edas, sin que de acuerdo a la informaci\u00f3n conocida por el magistrado Mola Capera se hubiese dado tr\u00e1mite en legal forma a la recusaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 60 y 62 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Es que podemos concluir que la decisi\u00f3n in examine no se advierte caprichosa o abiertamente apartada del ordenamiento jur\u00eddico que debe observarse, pues estaba ante la exposici\u00f3n de unos hechos que se exhib\u00edan como vulneradores de derechos de que era titular el actor de tutela\u2026No puede de cualquier forma predicarse, a la manera en que lo hace el se\u00f1or Fiscal que el mecanismo tutelar resultaba improcedente, en tanto al interior del proceso penal el accionante de tutela contaba con otros mecanismos para oponerse a la decisi\u00f3n del juez recusado, pues recu\u00e9rdese que conforme al art\u00edculo 65 de la ley 906 de 2004, las decisiones que se profieran en el tr\u00e1mite de un impedimento o recusaci\u00f3n, no tendr\u00e1n recurso alguno, luego el principio de subsidiariedad en esta acci\u00f3n de tutela se encuentra a salvo en tanto no exist\u00eda otro mecanismo para lograr la salvaguarda de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados. <\/p>\n
\u2026 as\u00ed las cosas, \u2026 el magistrado imputado estaba habilitado por la ley para proceder en el sentido en que lo hizo, sin que fuese necesario dado la urgencia de la medida acudir a otros medios de prueba para resolver, pues la informaci\u00f3n contenida en el libelo, se entiende como suficiente para atender esta clase de medidas\u2026 <\/p>\n
Ahora bien, no desconoce esta funcionaria que la decisi\u00f3n adoptada por el funcionario es pasible de cr\u00edticas o discrepancias, tal y como en efecto han sido puestas de presentan tanto por el delgado Fiscal como por los representantes de v\u00edctimas, sin embargo, tales cuestionamientos se avienen m\u00e1s a una percepci\u00f3n personal frente a lo que dichas partes e intervinientes consideran que debi\u00f3 ser el proceder del aforado imputado\u2026 <\/p>\n
Y sobre la manipulaci\u00f3n del reparto, tras citar el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991, continu\u00f3: <\/p>\n
\u2026 del tenor literal de la norma, como se advierte, la temeridad es un fen\u00f3meno contemplado por el legislador para sancionar a quien burla a la administraci\u00f3n de justicia por accionar indiscriminadamente reclamando la protecci\u00f3n de sus derechos, por ello, lo que se pretende evitar es un abuso del derecho y un uso excesivo del aparato judicial sancionando a quien as\u00ed act\u00fae. Con lo dicho se quiere significar que la temeridad es imputable al accionante de tutela o al apoderado judicial, pero no del funcionario que conoce de una de las tantas tutelas incoadas, pues ello ser\u00eda tanto como trasladarle una responsabilidad adicional y una carga de parte, para verificar cuantas de ellas han sido interpuestas, no siendo esa la raz\u00f3n de ser, ni el esp\u00edritu de la norma\u2026 para el caso de marras, la Fiscal\u00eda no acredit\u00f3 a trav\u00e9s de elementos materiales probatorios y evidencia f\u00edsica, c\u00f3mo, ni de qu\u00e9 manera el magistrado Mola Capera conoci\u00f3 o deb\u00eda conocer que fueron presentadas diecisiete tutelas por el mismo accionante en contra de las autoridades judiciales y por identidad de pretensiones\u2026 <\/p>\n
4.3. Tercer hecho imputado\u2026 tiene que ver con la expedici\u00f3n de la decisi\u00f3n del 7 de noviembre de 2017, adoptada por la sala cuarta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, compuesta por los doctores Jorge Eliecer Mola Capera y Dem\u00f3stenes Camargo de \u00c1vila\u2026 (cita los reparos de la fiscal\u00eda y trae los argumentos dados en la providencia objeto del debate punible con la cual se concedi\u00f3 una medida cautelar en la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Eduardo Acosta Bendeck)\u2026 Finalmente no se tutelaron los derechos fundamentales invocados por el accionante Eduardo Acosta Bendeck, al vislumbrarse que la vulneraci\u00f3n alegada por este desapareci\u00f3 al haberse retirado la solicitud de medida de aseguramiento formulada en su contra, es decir, se revoc\u00f3 la medida provisional que se concedi\u00f3 el 24 de octubre de 2017. <\/p>\n
\u2026Por todo lo anterior resulta pertinente evocar, para efectos de dilucidar el asunto que nos compete en este punto, esto es, si proced\u00eda de manera excepcional y respetando los principios de subsidiariedad y residualidad la acci\u00f3n de tutela incoada teniendo en cuenta que era en contra de una decisi\u00f3n judicial\u2026 en este caso sin lugar a dudas el requisito de subsidiariedad o residualidad se encuentra satisfecho, en tanto tal y como ocurri\u00f3 para cuando se decret\u00f3 la medida provisional no exist\u00eda otro mecanismo judicial al alcance del accionante para corregir el defecto procedimental absoluto advertido\u2026en este caso, como ya se ha dicho con insistencia, por cuanto que el Juez Primero Penal Municipal con funciones de Control de Garant\u00edas pretermiti\u00f3 el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 60 de la ley 906 de 2004, al no haber declarado la suspensi\u00f3n de la actuaci\u00f3n ante la recusaci\u00f3n formulada en su contra\u2026 en dicho fallo no se cuestiona en manera alguna el car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n constitucional incoada; luego, en principio, la presunci\u00f3n de tipicidad y acierto propio de la segunda instancia, en este caso ejercido por la Corte Suprema de Justicia, tendremos que descartar que la tutela fallada por el Doctor Mola Capera en Sala de decisi\u00f3n en cuanto a estos particulares reproches est\u00e9 viciada de ilegalidad. <\/p>\n
\u2026Pues a voces por lo expuesto por la Corte Constitucional, el delito de prevaricato por acci\u00f3n no se comete por una simple disconformidad que se presente entre una providencia y otra proferida por las altas cortes\u2026 confrontar con tutela T 335 de 2011. Corolario de lo anterior, no se aviene a la estructura del tipo penal de prevaricato por acci\u00f3n el reproche formulado en este apartado por el ente acusador \u2026 (y sigue) <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto del delito de enriquecimiento il\u00edcito, consider\u00f3: <\/p>\n
4.4. Cuarto hecho imputado\u2026 enriquecimiento il\u00edcito de servidor p\u00fablico, frente a la configuraci\u00f3n de este particular delito argumenta el se\u00f1or fiscal que se acreditan los presupuestos objetivos y subjetivos que evidencian elementos de inferencia razonable en su condici\u00f3n\u2026 que permiten colegir que Jorge Eli\u00e9cer Mola Capera se enriqueci\u00f3 injustificadamente en una suma de mil trecientos cincuenta millones trescientos ochenta y seis mil novecientos ocho con ochenta pesos, entre los a\u00f1os 2011 a 2019, aprovech\u00e1ndose entre otras de su condici\u00f3n de servidor p\u00fablico\u2026 utilizando adem\u00e1s a su n\u00facleo familiar para sus fines criminales. <\/p>\n
\u2026 para acreditar la materialidad de la conducta imputada, la Fiscal\u00eda ha presentado sendos informes contables que dan cuenta de sumas que presuntamente superan los ingresos que ha percibido el aforado imputado y que no tienen una justificaci\u00f3n plausible a partir de los ingresos como funcionario de la rama judicial durante el periodo examinado\u2026 pues bien, tal y como lo hizo notar el apoderado judicial del imputado basta realizar un examen general de los dos dict\u00e1menes presentados como soporte probatorio de la medida peticionada (sic), para advertir que adolecen de varias inconsistencias, que dan al traste con la petici\u00f3n elevada en tanto no se adhieren a lo que debe predicarse como fundamento probatorio suficiente para deducir la inferencia razonable de autor\u00eda y participaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, tal como se ha dicho con suficiencia, para acceder a la medida de aseguramiento privativa de la libertad conforme al art\u00edculo 308 el peticionario\u2026 debe acreditar a trav\u00e9s de elementos materiales probatorios o evidencia f\u00edsica que el imputado puede ser autor o part\u00edcipe de la conducta que se investiga\u2026 se han detectado una serie de inconsistencia de lo alegado por el se\u00f1or fiscal con las evidencias que presenta como soporte probatorio de su petici\u00f3n, algunas de las cuales nos permitimos resaltar as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) en el primer rengl\u00f3n, durante el a\u00f1o 2011, se se\u00f1ala el concepto salario funcionario rama judicial la suma de veinte millones setecientos noventa mil ciento noventa y cinco pesos, esto es como si el magistrado hubiere percibido durante dicho a\u00f1o, algo menos de dos millones de pesos mensuales como salario, suma que se muestra excesivamente menor, esto es en m\u00e1s de un 70% menos a la registrada para el a\u00f1o inmediatamente siguiente, esto es el registrado en el rengl\u00f3n siguiente para el a\u00f1o 2012, en donde se registra un total de ingresos por salarios que asciende a la suma de ciento cuarenta y un millones ochocientos setenta y dos seiscientos sesenta y siete pesos\u2026 advirti\u00e9ndose as\u00ed que la suma se\u00f1alada para el a\u00f1o 2011 se corresponde con un error o con un dato parcial frente a los ingresos realmente percibidos durante dicho per\u00edodo, pues n\u00f3tese que el primer informe pericial visto a folio 33, se relaciona como ingresos percibidos por el mismo concepto la suma doscientos diez millones trescientos siete setecientos cincuenta mil, sin deducciones, con un neto recibido de ciento noventa y tres seiscientos setenta y siete ciento ochenta y cuatro \u2026 lo que impide conocer efectivamente cuanto fue lo que deveng\u00f3 por concepto de salarios durante el per\u00edodo 2011-2019, para a partir de dicho dato poder efectivamente cotejar con su patrimonio registrado y de contera deducir si existe un incremento injustificado, a su vez, se relaciona un cap\u00edtulo como, \u2018propiedad de inmuebles\u2019, en el cual se describen un total de tres viviendas registradas a nombre del imputado, adquiridas en los a\u00f1os 2006, 2012 y 2009, respectivamente, la primera de las cuales seg\u00fan el informe no ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis, por cuanto fue adquirida en a\u00f1o anterior, esto fue en el a\u00f1o 2006, y otorgado mediante escritura p\u00fablica nro. 1689, por transferencia de dominio \u2026 al mostrarse un dictamen en los t\u00e9rminos anteriores, ben podr\u00eda partirse de que el valor de los mencionados inmuebles en catastro o bien conforme a las escrituras p\u00fablicas de compraventa, podr\u00edan ofrecer un estimativo de su valor real o aproximado que eventualmente pueda ser tenido en cuenta como parte de los activos patrimoniales del imputado, sin embargo, se olvida consignar en el informe el dictamen, si eventualmente dichos inmuebles le han ofrecido al propietario alg\u00fan ingreso adicional, valga decir a t\u00edtulo de ejemplo por concepto de arrendamiento o alguna otra clase de contrato que permita aducir un ingreso adicional al salario devengado por el imputado, a diferencia de que ninguna parte de los informes contables se consider\u00f3 o se averigu\u00f3, tampoco se ocup\u00f3 la perito adscrita al CTI, establecer si el Dr. Mola Capera, tiene otro tipo de actividad comercial o personal que eventualmente le pueda generar ingresos y que no necesariamente se correspondan con su actividad laboral o financiera declarada, valga decir, sociedades, negocios particulares\u2026 pues su informe se contrajo a la certificaci\u00f3n de talento humano expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, seccional de administraci\u00f3n judicial\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, imposible para esta funcionaria judicial deducir a partir de las inconsistencias detectadas en lo aseverado por el se\u00f1or fiscal y la evidencia documental presentada por \u00e9l mismo, que existan motivos fundados para deducir el presunto compromiso penal del imputado, en grado de inferencia razonable de autor\u00eda y participaci\u00f3n en la comisi\u00f3n de punible de enriquecimiento il\u00edcito\u2026 <\/p>\n
En este orden de ideas, el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio acerca de la manera como el Juzgador valor\u00f3 las pruebas allegadas para determinar si era viable la imposici\u00f3n de medida de aseguramiento, coligiendo que no exist\u00eda una inferencia razonable de su posible responsabilidad; en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, con independencia de que la Sala la comparta, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC de 11 ene. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, frente al prejuzgamiento que, aduce la Fiscal\u00eda tutelante, realiz\u00f3 la funcionaria accionada por la argumentaci\u00f3n que sent\u00f3 a modo de sentencia, debe advertirse que, al margen de que se comparta la argumentaci\u00f3n esbozada en los prove\u00eddos de 29 de abril y 4 de mayo de 2020, se trat\u00f3 \u00fanicamente de la negativa a la imposici\u00f3n de la medida de aseguramiento deprecada, sosteniendo que en el estadio procesal en el que se encuentra el tr\u00e1mite penal objetivamente no exist\u00eda inferencia razonable de la posible responsabilidad del imputado, en concordancia con el principio de presunci\u00f3n de inocencia que rige el sistema jur\u00eddico colombiano, de donde dichas determinaciones s\u00f3lo tienen val\u00eda con esa \u00f3ptica y no con otra como lo aduce la entidad tutelante. <\/p>\n
Y es que en la etapa procesal en el que se encuentra el tr\u00e1mite criminal, la inferencia razonada de autor\u00eda o participaci\u00f3n como criterio objetivo de evaluaci\u00f3n \u00fanicamente alude a la imposici\u00f3n de medida de aseguramiento, la que, como toda decisi\u00f3n judicial debe ser motivada, sin que ello signifique que deje zanjada la discusi\u00f3n respecto a la culpabilidad del investigado. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que el art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal dispone que ser\u00e1 una causal de impedimento para quien funja como juez de conocimiento haber ejercido control de garant\u00edas o conocido de una audiencia preliminar, esa teleolog\u00eda inmersa en la norma no tiene otra finalidad sino la de proteger la imparcialidad de la \u00fanica revisi\u00f3n de fondo que se har\u00e1 en el proceso, puesto que ser\u00e1 el funcionario de conocimiento quien conservar\u00e1 competencia para valorar materialmente y a profundidad la acusaci\u00f3n formulada y le estar\u00e1 vedado conocer las etapas previas al juicio. <\/p>\n
En suma, la vulneraci\u00f3n fundamental alegada por v\u00eda de tutela no ocurri\u00f3, comoquiera que la actuaci\u00f3n desplegada por la magistratura demandada no es un elemento subjetivo u objetivo que sea debatible en la etapa de conocimiento, estadio procesal que por competencia corresponde a la Sala Especializada de la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2018, el cual modific\u00f3 el art\u00edculo 235.5 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, el ente acusador adujo defecto procedimental absoluto en tanto que, en la audiencia del 4 de mayo de 2020 en la que se resolvi\u00f3 reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n proferida el 29 de abril de ese mismo a\u00f1o, el despacho encartado omiti\u00f3 pronunciarse respecto a la totalidad argumentos que mostraban la supuesta falta de autor\u00eda del imputado respecto del delito de enriquecimiento il\u00edcito de servidor p\u00fablico. <\/p>\n
Pues bien, para tal prop\u00f3sito la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente comoquiera que la Fiscal\u00eda no solicit\u00f3 adici\u00f3n del auto cuestionado, y el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo, <\/p>\n
\u2026 desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Lo sucintamente consignado impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada, por las razones aqu\u00ed consignadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio m\u00e1s expedito a las partes e interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Mediante el cual concedi\u00f3 medida cautelar de suspensi\u00f3n del auto emitido en diciembre de 2016 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla, en el tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n de actos de asamblea de socios de la Fundaci\u00f3n Acosta Bendeck, dentro de la acci\u00f3n de tutela 2016-00342. <\/p>\n
2\u0002 Auto con el cual, tras admitir la acci\u00f3n de tutela 2017-00334, interpuesta por Eduardo Francisco Acosta Bendeck, concedi\u00f3 la medida cautelar de suspensi\u00f3n de la continuaci\u00f3n de la audiencia de imputaci\u00f3n, contumacia y medida de aseguramiento que fue citada para el d\u00eda 25 de octubre de 2017 por el Juzgado Primero Penal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas en el proceso penal n\u00famero 2017-01150 seguido en contra del all\u00ed tutelante. <\/p>\n
3\u0002 Sentencia proferida en la acci\u00f3n de tutela 2017-00334, con la que concedi\u00f3 el resguardo pedido por el accionante, quien es interviniente en el proceso de impugnaci\u00f3n de acta de asamblea de socios de la Fundaci\u00f3n de los Acosta Bendeck. <\/p>\n
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STC039-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente STC039-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01186-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-52994","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52994","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52994"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52994\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52994"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52994"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52994"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}