STC040-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC040-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03443-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El convocante deprec\u00f3, mediante apoderado, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad acusada, en aras de que se le ordene \u00abdejar sin efecto las actuaciones proferidas (\u2026) en segunda instancia\u00bb dentro del asunto n.\u00b0 2018-00034. <\/p>\n
2.- En sustento de la aspiraci\u00f3n sostuvo que ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla se surte, bajo la radicaci\u00f3n descrita a espacio, el litigio \u00abejecutivo hipotecario\u00bb de Zeuss Petroleum S.A. en su contra, de cuya senda provino veredicto el 31 de mayo de 2019, el cual dispuso \u00abDECLARAR no probadas las excepciones\u00bb y \u00abseguir adelante\u00bb con el cobro. <\/p>\n
Adujo que en el curso de la apelaci\u00f3n que \u00e9l interpuso, la colegiatura confutada resolvi\u00f3 tramitar y correr traslado del remedio vertical \u00ab[d]e conformidad con el (\u2026) [d]ecreto 806\u00bb, a trav\u00e9s de auto de 26 de junio de 2020; mientras que el 28 de julio siguiente confirm\u00f3 la sentencia all\u00ed recurrida. <\/p>\n
Resalt\u00f3 haber incoado \u00abincidente de nulidad\u00bb contra el fallo de alzada, mismo que rechazara la corporaci\u00f3n requerida el 7 de octubre subsecuente con providencia de \u00abponente\u00bb, ratificada por \u00abel resto de los magistrados que integran la Sala\u00bb el 10 de noviembre \u00faltimo, en sede de s\u00faplica. <\/p>\n
Critic\u00f3 el titular del resguardo, en apretada s\u00edntesis, que su pedimento de anulaci\u00f3n hubiera sido demeritado, pues la tramitaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n se adecu\u00f3 con base en el decreto 806 de 2020, \u00abnorma(\u2026) de inferior categor\u00eda\u00bb al \u00abC\u00f3digo General del Proceso\u00bb, acorde a la que se admiti\u00f3 el 25 de junio de 2019; circunstancia que am\u00e9n de calificar como contraria a la Constituci\u00f3n y a las pautas del procedimiento, la estim\u00f3 discordante con el criterio vertido por esta Sala de Casaci\u00f3n en el precedente CSJ STC6687-2020, 3 sep., rad. 02048-00. <\/p>\n
Se doli\u00f3 tambi\u00e9n de que en la ejecuci\u00f3n se est\u00e1 cobrando de manera \u00abilegal\u00bb la diferencia impaga de la \u00absobretasa\u00bb derivada del contrato de \u00absuministro de combustible\u00bb celebrado entre la distribuidora \u00abmayorista\u00bb Zeuss Petroleum S.A. y la \u00abminorista\u00bb Crudos y Combustibles S.A.S. (empresa de la que el accionante es \u00abgarante hipotecario\u00bb), e igualmente que los \u00abpagar\u00e9s en blanco\u00bb materia de recaudo, aportados en copia luego de la reconstrucci\u00f3n del expediente, \u00abno se hab\u00edan entregado\u00bb para soportar ese \u00abnegocio jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la responsable del pago de la \u00absobretasa\u00bb es, por ley, la empresa \u00abmayorista\u00bb. <\/p>\n
3.- Esta Sala de la Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes de que trata el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, se opuso a la prosperidad de la clama, para lo que destac\u00f3 que el interesado no interpuso reposici\u00f3n contra el auto que adecu\u00f3 el rito al abrigo del decreto 806 de 2020, lo cual, incumple con el presupuesto de subsidiariedad invocado desde esta Sala de Casaci\u00f3n, y que, en todo caso, dicha norma no derog\u00f3 el C\u00f3digo General del Proceso sino que suspende las disposiciones respectivas mientras aquella previsi\u00f3n (con fuerza de ley) sigue vigente. <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma urbe memor\u00f3 lo acontecido en la litis recriminada. <\/p>\n
3.- Quien dijo comparecer como mandataria de Zeuss Petroleum S.A. omiti\u00f3 acompa\u00f1ar su escrito de apoderamiento que la habilitase para intervenir en esta especial\u00edsima oportunidad; por lo que no se tiene en cuenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los escenarios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de inmediatez. <\/p>\n
2.- Se anticipa la vocaci\u00f3n al fracaso de la clama dispensada, dada, de un lado, la insatisfacci\u00f3n del requisito de subsidiariedad, toda vez que respecto al auto de 26 de junio de 2020, en tanto dispuso \u00abadecuar\u00bb el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n del pretensor bajo el decreto 806 (objeto principal de la censura supralegal) y correr traslado, \u00e9ste no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, a voces del art\u00edculo 3181 del C\u00f3digo General del Proceso; situaci\u00f3n que se traduce, a fin de cuentas, como un repudio de la oportunidad dirigida a ventilar ante el fallador natural los reproches tra\u00eddos en v\u00eda de amparo. <\/p>\n
De ah\u00ed que cuando no se emplean los mecanismos comunes de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, los contendientes quedan atados a las consecuencias de las decisiones judiciales adversas, por ser el resultado de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el activante desperdici\u00f3 los instrumentos legales establecidos: <\/p>\n
\u2026[N]o puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023; reiterada en STC, 27 may. 2016, rad. 2016-00401-01 y STC8508-2018, rad. 2018-00306-01). <\/p>\n
Y en cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha insistido: <\/p>\n
\u2026y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia \u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada el 15 may., y 17 oct. 2012, rads. 2012-00017-01 y 2012-02127-00; STC12585-2016, 7 sep. 2016, rad. 2016-02476-00). <\/p>\n
3.- Cabe acotar que la postura sostenida en CSJ STC6687-2020, 3 sep., rad. 02048-00, tocante a la aplicaci\u00f3n del decreto 806 en las apelaciones de sentencia, fue m\u00e1s tarde replanteada por esta misma Sala de la Corte, para fines de precisar que en este tipo de casos debe verificarse el presupuesto de subsidiariedad, mismo que aqu\u00ed se extra\u00f1a. <\/p>\n
Total que, en lo pertinente, a trav\u00e9s de la CSJ STC9247-2020, 28 oct., rad. 02575-00, se enfatiz\u00f3: <\/p>\n
Al revisar los argumentos del presente reclamo y cotejarlos con la informaci\u00f3n proporcionada por la accionada y contenida en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala declarar\u00e1 la improcedencia del resguardo, comoquiera que no alcanza a superar el presupuesto gen\u00e9rico de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
En efecto, el mencionado impedimento de procedibilidad surge porque el promotor del resguardo, omiti\u00f3 recurrir el auto dictado por el tribunal el 10 de julio de 2020, que ordenaba correr traslado para sustentar la apelaci\u00f3n conforme a lo previsto en el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, desperdiciando el medio de defensa id\u00f3neo para exponer ante el mismo funcionario de conocimiento los motivos que invoca en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n de dicha normativa en el caso bajo estudio, lo cual hace inviable traerlos a debate en este escenario excepcional. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, el querellante desaprovech\u00f3 la oportunidad de exponer ante el fallador cognoscente todos los argumentos que ac\u00e1 refiere, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En este orden, la presente acci\u00f3n no se abre paso en tanto esta herramienta no fue concebida para sustituir a los jueces que tienen a su cargo la resoluci\u00f3n de los asuntos ordinariamente contemplados en la ley, ni para complementar las \u00f3rdenes que \u00e9stos impartan en el ejercicio de sus funciones\u2026 (\u00c9nfasis ajeno al texto original). <\/p>\n
4.- De otra parte, tocante al rechazo \u2013mediante auto de 7 de octubre pasado\u2013 de la nulidad intentada por el gestor frente a la sentencia de alzada, se advierte que la providencia objeto de debate ser\u00e1 la definitoria de 10 de noviembre, que en senda de s\u00faplica la confirm\u00f3. <\/p>\n
Asimismo, respecto a los ataques contra el m\u00e9rito ejecutivo de los t\u00edtulos base de recaudo y la existencia del negocio jur\u00eddico de los que se dice derivan tales documentos valores, el examen se centrar\u00e1 en la sentencia de 28 de julio, por ser la que en apelaci\u00f3n zanj\u00f3 toda discusi\u00f3n sobre la tem\u00e1tica. <\/p>\n
4.1.- En efecto, con la determinaci\u00f3n del \u00abresto de los magistrados que integran la Sala\u00bb accionada se dispuso ratificar la rechazada anulaci\u00f3n de \u00abponente\u00bb, habida cuenta que, en compendio, dentro de las causales taxativamente consagradas en el canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abno se encuentra enlistada lo referente al tr\u00e1mite inadecuado que est\u00e1 invocando\u00bb el aqu\u00ed tutelante, lo que a voces del precepto 135, inciso 4\u00b0 \u00eddem, deviene suficiente para desecharla \u00abde plano\u00bb. <\/p>\n
4.2.- Mientras que en la decisi\u00f3n definitoria de la alzada frente al fallo que el 31 de mayo de 2019 emitiera el juzgador de primer rango, el tribunal encartado puntualiz\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)[E]l origen de la presente controversia, que fue demostrado en este proceso, es el hecho que por la venta de combustible realizada por [la ejecutante] como distribuidor m[ay]orista [a Crudos y Combustibles SAS], se recaud\u00f3 y pag\u00f3 a dicho Municipio, por un determinado per\u00edodo, una suma inferior al porcentaje correspondiente de 18,5 % de la llamada \u201cSobretasa de la Gasolina\u201d, Por lo que el Ente Territorial procedi\u00f3 a cobrar a Zeus Petroleum S.A. una diferencia de $ 1.066.576.000.00. <\/p>\n
En (\u2026) declaraci\u00f3n de parte, el representante legal de la ejecutante, acept\u00f3 que, al momento de vender el combustible, durante el periodo correspondiente, factur\u00f3 a Crudos y Combustibles SAS, una sobre tasa del 2%, recibiendo los pagos correspondientes, por un alegado desconocimiento del porcentaje correcto, hasta que se enter\u00f3 por el requerimiento del Municipio que su porcentaje era del 18.5%, indicando que era deber de la distribuidora minorista el informarle que la tasa del municipio de San Diego ten\u00eda un porcentaje diferente. <\/p>\n
Ante el hecho de que Crudos y Combustibles SAS no procediera al pago de esa diferencia a favor de Zeus Petroleum S.A. \u00e9sta procedi\u00f3 al llenado de los pagar\u00e9s otorgados en blanco por dicha compa\u00f1\u00eda y con base en la garant\u00eda hipotecaria otorgada por Armando Jos\u00e9 Mendoza Vargas a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 0737 de 27 de mayo de 2015, de la Notar\u00eda 11 de Barranquilla, por las deudas de la primera a favor de la segunda, se instaur\u00f3 el presente ejecutivo a cargo del ahora demandado y no de esa compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
Por lo que corresponde comenzar el an\u00e1lisis de las razones de inconformidad del presente recurso de la siguiente forma: <\/p>\n
1\u00ba) Al analizarse el tenor de las leyes 488 de 1998 (art\u00edculos117-130), 788 de 2002 (art\u00edculos 55\u201456) y 812 de 2003 (art\u00edculo 61, que se refiere al art\u00edculo 2\u00bade la ley 39 de 1987) en lo referente a la regulaci\u00f3n de la llamada Sobretasa a la gasolina, no encuentra esta Sala de Decisi\u00f3n ninguna inarmon\u00eda o contradicci\u00f3n que permita dar a entender que regulando la misma materia las posteriores conlleven la derogatoria tacita o supresi\u00f3n de las anteriores, puesto que en parte alguna, esa normas posteriores se\u00f1alaron una derogatoria expresa de la 488 de 1998. <\/p>\n
Para efectos de lo debatido en el presente caso, lo \u00fanico que se aprecia en las normas de la ley 788 de 2002 (art\u00edculos 55\u201456), frente a la regulaci\u00f3n previa de la ley 488 de1998 es que esta se permiti\u00f3 regular la posibilidad de que los municipios fronterizos pudieran establecer un porcentaje de la Sobretasa a la Gasolina diferente a la normal del resto del territorio nacional, sin entrar a modificar los aspectos de la ley anterior referente a las responsabilidades de los Distribuidores Mayoristas o Minoristas en el manejo de ese tributo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por lo que estamos frente a una obligaci\u00f3n legal que se le crea al Distribuidor Minorista por el mero hecho de la adquisici\u00f3n de la gasolina por su parte de manos del Distribuidor Mayorista, con independencia de cu\u00e1l haya podido ser la expresi\u00f3n del consentimiento de las partes cuando se pact\u00f3 la compraventa o el suministro del combustible; caus\u00e1ndose en el momento en que el Minorista recibe el combustible y a\u00fan antes de que pueda, a su vez venderlo al Consumidor Final; incluso del hecho y de la circunstancia de que el Mayorista haya declarado y pagado el valor correspondiente al Municipio donde finalmente se va a vender para su consumo final, pues la obligaci\u00f3n del Minorista de pagar al Mayorista es previa a la Declaraci\u00f3n del Impuesto ante el Ente Territorial\u2026 <\/p>\n
En ese orden de ideas, jur\u00eddicamente, estamos en una obligaci\u00f3n legal directa a cargo del Minorista y a favor del Mayorista, y no en el ejercicio de una \u201cacci\u00f3n de recobro o reembolso\u201d, aunque en el caso presente al Mayorista le haya tocado pagar al Municipio con antelaci\u00f3n recibir el pago del Minorista. <\/p>\n
Situaci\u00f3n legal que nada cambia, si se observa el articulado de los mencionados decretos 4299 de 2005 y1073 de2015, puesto que estos nada regulan expresamente en contra de lo dispuesto por esas leyes y en un momento dado si tuvieren una norma que se pudiera interpretar en ese sentido, ella no ser\u00eda aplicable en el respecto del orden jer\u00e1rquico de normas de nuestro ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Que se reitere la obligaci\u00f3n de informar al Distribuidor Mayorista el destino final del combustible adquirido, solo tiene la finalidad de que \u00e9ste sepa frente a cu\u00e1l Entidad Territorial debe presentar la liquidaci\u00f3n del tributo y pagar el valor correspondiente y la consecuencia de ese incumplimiento por parte del Distribuidor Minorista lo que genera es que a \u00e9l le nazca la obligaci\u00f3n de declarar y pagar directamente a esa entidad el valor correspondiente (sentencia del Consejo de Estado de 30 de agosto de 2012\u2026) <\/p>\n
En ese orden de ideas, que ninguno de los dos Distribuidores (Mayorista y Minorista) hubieran sido lo suficientemente diligentes para conocer cu\u00e1l era la tasa efectivamente regulada en el Municipio de San Diego para la \u00e9poca en que se realizaron estas compras de combustible entre Zeuss Petroleum S.A. y Crudos y Combustibles S.A.S., no exonera a ninguna de las dos de su responsabilidad respecto al pago del tributo, puesto que tal Sobretasa se caus\u00f3 en el porcentaje correspondiente, (con independencia a como se redactaron las facturas) a cargo de ambos (Mayorista \u2013Municipio y Minorista-Mayorista) en el momento de esas negociaciones y no cuando el Municipio efectu\u00f3 el reclamo del faltante. <\/p>\n
2\u00ba) En un proceso como el presente no es necesario aportar la demostraci\u00f3n de la existencia de una obligaci\u00f3n propia del se\u00f1or Armando Jos\u00e9 Mendoza Vargas a favor de Zeuss Petroleum S.A., puesto que lo que est\u00e1 haciendo uso es de su consentimiento de amparar con una garant\u00eda hipotecaria el pago de las obligaciones asumidas por Crudos y Combustibles S.A.S. <\/p>\n
Y se parte de[l] supuesto que con la demanda se allegaron dos pagares suscritos por el representante legal de Crudos y Combustibles S.A.S. a favor de Zeus Petroleum S.A., llenos por los valores de $ 363.659.000.00 y $ 823.600.000.00, con fecha de vencimiento a 01 de diciembre de 2017, que se extraviaron como parte de la p\u00e9rdida del expediente que se estaba conformando en el Juzgado de primera instancia. <\/p>\n
No es posible aceptar el planteamiento de que la Audiencia de Reconstrucci\u00f3n del expediente y la decisi\u00f3n tomada en la misma, se hubieran efectuado sin permitirle al ejecutado el ejercicio su derecho a defensa y contradicci\u00f3n frente a dicha actuaci\u00f3n (\u2026) teniendo en cuenta que la parte demandante adjunt\u00f3 al expediente las constancias de la notificaci\u00f3n de la fecha de esa diligencia por \u201cAviso\u201d y al momento de comparecer al proceso el se\u00f1or Mendoza Vargas, en su primer memorial, de reposici\u00f3n frente al auto mandamiento de pago, donde manifest\u00f3 tener conocimiento de las decisiones tomadas en esa \u201cdiligencia de reconstrucci\u00f3n\u201d, no aleg\u00f3 la existencia de ninguna causal de nulidad por indebida notificaci\u00f3n al respecto. <\/p>\n
Situaci\u00f3n en la cual si dicha parte no compareci\u00f3 a esa diligencia a ejercer sus derechos le corresponde asumir las consecuencias procesales de esa inasistencia, era en ese momento, en que hubiera podido cuestionar la veracidad o conducencia de los documentos que se estaban aportando en ese momento y la decisi\u00f3n del Juez de admitirlos. <\/p>\n
Debiendo partirse del entendimiento de cu\u00e1les son las consecuencias de esa diligencia [reconstrucci\u00f3n del expediente] y para lo cual la autoriza el art\u00edculo 126 del C\u00f3digo General del Proceso, cual es simplemente la de \u201creconstruir\u201d lo extraviado, es decir la documentaci\u00f3n aportada y aceptada por el funcionario del Conocimiento en la providencia proferida en esa Audiencia, reemplaza lo perdido para todos los efectos, con la mismas caracter\u00edsticas, eficacia y eficiencia jur\u00eddica que ten\u00edan aquellos. Por lo que no es posible el posterior cuestionamiento de esos documentos, por el mero hecho de que no son los \u201coriginales\u201d que exist\u00edan en ese expediente. <\/p>\n
En ese orden de ideas, los documentos actualmente obrantes a folios 15 a 20 del primer cuaderno, no son \u201ccopias simples\u201d de unos t\u00edtulos valores, son el \u201creemplazo\u201d de esos pagar\u00e9s y por ende tienen sus mismas caracter\u00edsticas jur\u00eddicas y por ende contra ellos no puede desconocerse su valor ejecutivo, con la mera alegaci\u00f3n de que son copias y no el documento original donde se incorpor\u00f3 originariamente la acci\u00f3n cambiaria. <\/p>\n
Se alega que esos pagares en blanco no corresponden al contrato de suministro que origin\u00f3 el cobro de esta sobretasa en concreto, sino a otros negocios que tiene Crudos y Combustibles SAS con Zeus Petroleum S.A., que ese contrato en particular las garant\u00edas que se concedieron fueron unas p\u00f3lizas de cumplimiento y que por ello no pod\u00edan ser llenados en la forma en que lo fueron y para acreditar ello, se aport\u00f3, como anexo del memorial de la reposici\u00f3n al mandamiento de pago, una comunicaci\u00f3n de fecha noviembre de 2017 expedida por el representante legal de Crudos y Combustibles SAS\u2026 <\/p>\n
Empero, si se tiene en cuenta que el contrato de suministro en referencia se pact\u00f3 por dos a\u00f1os, el 28 de septiembre de 2015, y que esos pagar\u00e9s, tienen anexos unas diligencias de reconocimiento de firma realizadas por el se\u00f1or Juan Carlos Pimienta Gamba con fechas de 21 y 28 de septiembre de 2015 (donde el Notario indica que se asocian los pagar\u00e9s Crudos y Combustibles) se establece que todos esos documentos corresponden a la misma \u00e9poca. <\/p>\n
Y adicional a ello, en las instrucciones que tales documentos tiene[n] para autorizar el llenado de esos espacios en blanco, no contienen ninguna referencia a un contrato o convenio en espec\u00edfico, estando completamente abierta e indeterminada para ser llenados en el caso de incurri[e]ren en mora en cualquiera de las obligaciones de Crudos y Combustibles SAS a favor de Zeus Petroleum S.A. <\/p>\n
3\u00ba) el \u00faltimo reparo al que se dio el nombre de: \u201cla hipoteca no garantiza obligaciones fiscales\u201d; se fundamenta en el hecho que la cl\u00e1usula sexta de la hipoteca constituida por el ejecutado en favor de la ejecutante, solo garantiza la obligaciones civiles y comerciales que fueren a cargo de Crudos y Combustibles SAS y no las obligaciones fiscales o tributarias de la misma. <\/p>\n
Sin embargo, de la lectura de tal clausula, incorporada en la escritura p\u00fablica 0737 de 27 de mayo de 2015, de la Notar\u00eda 11 de Barranquilla, considera esta Sala de decisi\u00f3n que no se puede admitir la interpretaci\u00f3n efectuada por el recurrente de esa estipulaci\u00f3n puesto que no se aprecia tal restricci\u00f3n o prohibici\u00f3n en cuanto al \u201corigen\u201d de la obligaci\u00f3n, que pueda sostener que las obligaciones generadas directamente por la ley, as\u00ed sean de car\u00e1cter tributario, est\u00e9n excluidas de ese amparo\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El inicio de tal estipulaci\u00f3n es muy clara y precisa al exponerlo as\u00ed, puesto que se\u00f1ala que se garantiza \u201c…el cumplimiento de todas las obligaciones que… CRUDOS Y COMBUSTIBLES S.A.S. haya adquirido o adquiera con la acreedora ZEUS PETROLEUM S.A., … o por cualquier otra causa en que … CRUDOS Y COMBUSTIBLES S.A.S. quede obligado por cualquier concepto\u201d y si bien es cierto, que m\u00e1s adelante menciona las expresiones \u201co en cualquier otro documento de car\u00e1cter comercial o civil\u201d, ello lo hace para es calificar los \u201cdocumentos\u201d en los cuales puede quedar incorporados o representadas esas obligaciones y no al origen o las caracter\u00edsticas particulares de ellas, y aun en el presente caso, ese segundo condicionamiento, del c\u00f3mo deben estar recogidos y expresados los t\u00e9rminos de la obligaci\u00f3n a recaudar, tambi\u00e9n est\u00e1 cubierto, puesto que la ejecutante, tom\u00f3 unos pagar\u00e9s en blanco suscritos por el representante de Crudos y Combustibles SAS, para constituir el t\u00edtulo ejecutivo y no utiliz\u00f3 [en] este recaudo los documentos que se generaron en el procedimiento administrativo realizado por el Municipio de San Diego\u2026 (\u00c9nfasis ajeno al texto original). <\/p>\n
5.- Providencias que al margen de que sean compartidas no subyacen arbitrarias, subjetivas o antojadizas, pues se supeditaron al ordenamiento, lo que, en consecuencia, descarta las vulneraciones aqu\u00ed aducidas por el gestor, de donde sus r\u00e9plicas no encuentran recibo en esta sede especial\u00edsima de auxilio. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que se forj\u00f3 en la demanda de amparo es una diferencia de criterio en torno a la forma en que la corporaci\u00f3n jurisdiccional encausada opt\u00f3 por i) rechazar la nulidad venida de comentarse, y ii) mantener la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n hipotecaria, previo a constatar la validez del negocio jur\u00eddico en virtud del cual se signaron los t\u00edtulos valores base de cobro; discrepancias que devienen escasas para que la Corte se inmiscuya en lo all\u00ed dirimido, m\u00e1xime cuando en este nivel se ha decantado que disentir del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, per se, en una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y CSJ STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01; reiterado en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
6.- Lo consignado, entonces, impone no acceder a la salvaguarda aclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si el pronunciamiento no es impugnado, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 Reposici\u00f3n. Procedencia. (\u2026) Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede (\u2026) contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC040-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC040-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03443-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). ANTECEDENTES 1.- El convocante deprec\u00f3, mediante apoderado, la protecci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-52995","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52995","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52995"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52995\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52995"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52995"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52995"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}