STC047-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC047-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03468-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Jhon Alex\u00e1nder Celis Lozano a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, integrada por las magistradas Martha Isabel Garc\u00eda Serrano, Hilda Gonz\u00e1lez Neira y Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo con radicado n\u00b0 2018-00050-01, incoado por el gestor contra C\u00e9sar Torres Bernal y otros. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
Con fundamento en un contrato en donde el promotor fung\u00eda como arrendador, \u00e9ste demand\u00f3 compulsivamente a los tenedores C\u00e9sar Torres Bernal, Jos\u00e9 Isa\u00edas Ulloa Vel\u00e1squez y Cenaida Pinz\u00f3n Espinosa ante el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con el prop\u00f3sito de obtener la cancelaci\u00f3n de los c\u00e1nones insolutos y de la \u201ccl\u00e1usula penal\u201d convenida. <\/p>\n
Emitido el mandamiento de pago el 22 de febrero de 2018, los all\u00ed encausados formularon frente al mismo, entre otras excepciones perentorias, la denominada de \u201cinexigibilidad de la cl\u00e1usula penal\u201d. <\/p>\n
Mediante sentencia de 30 de agosto de 2019, el aludido estrado del circuito decret\u00f3 el \u201cpago parcial\u201d de los arrendamientos cobrados y, adem\u00e1s, declar\u00f3 no probada la rese\u00f1ada defensa y, por tal motivo, los demandados impetraron apelaci\u00f3n. <\/p>\n
La definici\u00f3n de la alzada correspondi\u00f3 al colegiado confutado, quien, el 29 de julio de 2020, ratific\u00f3 lo prove\u00eddo en cuanto al \u201cpago parcial\u201d de los instalamentos cobrados, pero revoc\u00f3 lo atinente a la \u201ccl\u00e1usula penal, pues, conforme esboz\u00f3, los ejecutados \u201cno hab\u00edan sido constituidos en mora\u201d de la acreencia accesoria y, por ello, resultaba inviable reclamarla de manera concomitante con la obligaci\u00f3n principal. <\/p>\n
Para el censor, el tribunal fustigado lesion\u00f3 sus garant\u00edas, por cuanto, am\u00e9n de haber renunciado, los all\u00e1 enjuiciados, expresamente a la constituci\u00f3n en mora, tal requisito qued\u00f3 satisfecho con la notificaci\u00f3n del apremio de pago, conforme lo establece el art\u00edculo 423 del C\u00f3digo General del Proceso1. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto la providencia refutada, en cuanto declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u201cinexigibilidad de cl\u00e1usula penal\u201d y, en su lugar, ratificar lo prove\u00eddo por el a quo sobre \u00e9sta. <\/p>\n
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1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
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1. El tribunal recriminado defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
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2. Jos\u00e9 Isa\u00edas Ulloa Vel\u00e1squez, Cenaida Pinz\u00f3n Espinosa y C\u00e9sar Torres Bernal, manifestaron que no se conculc\u00f3 prerrogativa alguna al interior del decurso refutado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si la corporaci\u00f3n atacada lesion\u00f3 las prerrogativas del actor, al declarar improcedente la ejecuci\u00f3n de cl\u00e1usula penal junto a la obligaci\u00f3n principal del contrato en cuesti\u00f3n, porque, en su decir, el acreedor, aqu\u00ed actor, no constituy\u00f3 en mora a los deudores de esa estipulaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, as\u00ed discurri\u00f3 la colegiatura censurada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En este asunto, los coontratantes pactaron [la] cl\u00e1usula penal [as\u00ed:] \u201c[e]n el evento de incumplimiento de incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este contrato, la parte incumplida deber\u00e1 pagar a la otra (\u2026) una suma equivalente a dos (2) c\u00e1nones de arrendamiento vigentes a la fecha del incumplimiento, a t\u00edtulo de pena. En el evento que los perjuicios ocasionados por la parte incumplida excedan el valor de la suma aqu\u00ed prevista (\u2026), la parte incumplida deber\u00e1 pagar a la otra parte, la diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en esta cl\u00e1usula. Este contrato ser\u00e1 prueba suficiente para el cobro de la pena\u201d (\u2026). [S]e advierte que los [pactantes] no renunciaron al requerimiento de ser constituidos en mora para el pago de dicha cl\u00e1usula; entonces, no es posible tener acreditada la causaci\u00f3n de la pena, pues para que ello ocurriera deb\u00eda probar el ejecutante [aqu\u00ed actor] que constituy\u00f3 en mora a sus deudores, [elemento de convicci\u00f3n] que se echa de menos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En refuerzo de lo anterior, debe precisarse que las partes (\u2026) establecieron que, \u201cel contrato ser\u00eda suficiente para el cobro de la pena\u201d, manifestaci\u00f3n que, en modo alguno, se equipara con la renuncia de [la] constituci\u00f3n en mora, necesaria para poder perseguir por la v\u00eda ejecutiva el cobro de la penalidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e insiste, los contratantes acordaron una cl\u00e1usula penal por incumplimiento, sin renunciar a la constituci\u00f3n en mora, circunstancia de medular importancia, pues hasta que ello ocurriera no era posible perseguir la obligaci\u00f3n principal (pago de c\u00e1nones de arrendamiento), y la penalidad; por lo que resulta fundada esta censura y, por ende, se dar\u00e1 por probada la excepci\u00f3n denominada \u201cinexigibilidad de la cl\u00e1usula penal\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para la Sala, se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, de un lado, porque contrario a lo sostenido por el colegiado convocado, los deudores s\u00ed renunciaron a la constituci\u00f3n en mora, seg\u00fan se observa en la cl\u00e1usula d\u00e9cima del contrato de arrendamiento4 y, de otro, por cuanto, al tenor de lo reglado en el art\u00edculo 423 del C\u00f3digo General del Proceso5, la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago al deudor basta para constituirlo en mora de la obligaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Adicionalmente, las se\u00f1aladas imprecisiones se oponen al criterio establecido por la Corte que deben tenerse en cuenta a la hora de ponderarse la viabilidad del cobro por v\u00eda ejecutiva de la cl\u00e1usula penal, pues dependiendo de su naturaleza compensatoria o moratoria, s\u00f3lo resulta exigible una de ellas, junto a la obligaci\u00f3n principal, si de manera expresa as\u00ed se ha convenido. <\/p>\n
As\u00ed, cuando el art\u00edculo 1594 del C\u00f3digo Civil se\u00f1ala que \u201c(\u2026) ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligaci\u00f3n principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio (\u2026)\u201d6, se est\u00e1 frente una cl\u00e1usula penal compensatoria, en donde el acreedor puede escoger entre la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n principal o, exigir la pena, pero nunca reclamar ambas, porque elegida una se excluye la otra. <\/p>\n
Seguidamente, la redacci\u00f3n del precepto citado distingue otra modalidad de cl\u00e1usula con un tratamiento distinto al antes descrito, en donde s\u00ed es posible pedir, a la vez, el cumplimiento de la obligaci\u00f3n principal y la pena. <\/p>\n
As\u00ed, siempre que de manera expresa se acuerde el cumplimiento del contrato y el pago de la cl\u00e1usula, la pena se tornar\u00e1 moratoria, pues la norma de manera inequ\u00edvoca se\u00f1ala que se pueden superar los l\u00edmites de la compensatoria cuando (\u2026) aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligaci\u00f3n principal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, si en el contrato no se precisa la posibilidad de pedir simult\u00e1neamente la pena y la obligaci\u00f3n principal, la cl\u00e1usula en comento ser\u00e1 compensatoria y tendr\u00e1 la restricci\u00f3n all\u00ed se\u00f1alada. <\/p>\n
Al punto, esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Buen servicio presta evocar, aunque sea de manera breve, que a la luz de la disposici\u00f3n en cita las \u201ccl\u00e1usulas penales\u201d que contempla la Codificaci\u00f3n Civil son de dos layas distintas: una, puramente compensatoria, seg\u00fan la cual al acreedor le compete, verificado el \u201cincumplimiento\u201d de la otra parte, optar entre la consumaci\u00f3n del \u201cconvenio\u201d en cuesti\u00f3n, en este caso el definitivo, y recibir el monto de estimaci\u00f3n que anticipadamente se hizo de los perjuicio por dicha inobservancia; huelga decir, basta seleccionar una de ellas para, colateralmente, desechar la otra (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En cambio, no ocurre lo mismo cuando la \u201ccl\u00e1usula penal\u201d es de naturaleza moratoria, esto es, cuando su finalidad es indemnizar los agravios que puedan ocasionarse por la simple demora en la realizaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n debida, lo que no imposibilita, adem\u00e1s de pagarla, honrar tal deber \u201ccontractual\u201d. En definitiva, en esta clase no se excluyen las alternativas que si lo hacen en la anterior, sino que, m\u00e1s bien, puede coexistir el \u201ccumplimiento de la obligaci\u00f3n\u201d y el desembolso de la tipificaci\u00f3n adelantada de perjuicios. S\u00f3lo que, para aplicarla es menester que aparezca expresamente concertada por los interesados; de lo contrario, se presume la enastes vista (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, cuando el tribunal acusado concluy\u00f3 que la cl\u00e1usula penal materia de disenso no era exigible ante la falta de prueba de la constituci\u00f3n en mora de los deudores, vulner\u00f3 el debido proceso del actor porque en el contrato objeto del decurso criticado se renunci\u00f3 a tal fen\u00f3meno e, igualmente, tal situaci\u00f3n se presume consumada con la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago a los demandados. <\/p>\n
Se pas\u00f3 por alto, comprender que la cl\u00e1usula penal de la regla 1594 del C.C. puede revestir dos formas, el car\u00e1cter de indemnizaci\u00f3n compensatoria o de moratoria, emergiendo por consecuencia, que ri\u00f1e la acumulaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n principal con la pena; de tal modo que en principio se presume por ley, su naturaleza meramente compensatoria. Por ello, se a\u00f1ade en el precepto, ha de preferirse una cosa o la otra, la principal o su cumplimiento por equivalente; y salta patente, por tanto, como regla general la anterior premisa, por cuanto por principio las indemnizaciones son compensatorias o de cumplimiento por equivalencia, como norma supletoria a la voluntad de las partes. Empero, la disposici\u00f3n admite la excepcionalidad en la parte final, para autorizar la acumulaci\u00f3n por \u201c(\u2026) pacto expreso\u201d, caso en el cual, el convenio as\u00ed previsto, reviste car\u00e1cter eminentemente moratorio, acopiable con la obligaci\u00f3n principal. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Efectivamente, el Tribunal respald\u00f3 la sentencia de primer grado tras cavilar que, de acuerdo con las probanzas recopiladas, como \u00abel promitente vendedor escogi\u00f3 celebrar el contrato prometido, cual era extender la escritura p\u00fablica de compraventa, entonces no puede exigir la cl\u00e1usula penal que cobrar\u00eda vida solo ante la no celebraci\u00f3n del contrato\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Desde esta perspectiva, es evidente que para la Magistratura era inatendible la persecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n en la medida que el contratante cumplido opt\u00f3 por \u00abmaterializar\u00bb la estipulaci\u00f3n principal y, de tal modo, declin\u00f3 de cualquier posibilidad de hacer exigible la \u00abcl\u00e1usula penal\u00bb. Situaci\u00f3n que se ajusta a lo normado en el art\u00edculo 1594 del C\u00f3digo Civil conforme al cual: (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligaci\u00f3n principal o la pena, sino solo la obligaci\u00f3n principal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligaci\u00f3n principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligaci\u00f3n principal <\/p>\n
\u201c(\u2026) Con base en esa preceptiva se ha establecido que existen dos tipos de \u00abpenalidades\u00bb: las puramente compensatorias y las moratorias, pero solo la \u00faltima da derecho al acreedor a reclamar paralelamente la prestaci\u00f3n negocial y el monto por retardo, puesto que en la primera \u2013 compensatoria \u2013 una cosa excluye la otra (\u2026)\u201d8 (se destaca). <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la autoridad cuestionada al omitir la verificaci\u00f3n de la naturaleza de la cl\u00e1usula penal motivo de controversia y, de suyo, a constatar si, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Colegiatura, dicha estipulaci\u00f3n se pod\u00eda cobrar de manera coet\u00e1nea con la obligaci\u00f3n principal, lesion\u00f3 las garant\u00edas superlativas del actor. <\/p>\n
3. Si bien esta Sala ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos9, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; en los eventos en los cuales la autoridad profiere una decisi\u00f3n ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo o de la jurisprudencia, como la aqu\u00ed atacada, es factible la intervenci\u00f3n de esta particular jurisdicci\u00f3n, por cuanto, se afecta rectamente el debido proceso y el principio de identidad en la construcci\u00f3n del silogismo judicial, menoscabando el derecho a la defensa. <\/p>\n
Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
4. En consecuencia, se otorgar\u00e1 el auxilio implorado y, se ordenar\u00e1 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distritito Judicial de Bogot\u00e1 que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, deje sin efecto el fallo que profiri\u00f3 el 29 de julio de 2020, as\u00ed como las providencias que de ella se deriven y, en el mismo t\u00e9rmino, se pronuncie, nuevamente, sobre la exigibilidad de la cl\u00e1usula penal materia de controversia, conforme a lo aqu\u00ed expuesto. <\/p>\n
5. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196910, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se otorgar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Jhon Alexander Celis Lozano a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, integrada por las magistradas Martha Isabel Garc\u00eda Serrano, Hilda Gonz\u00e1lez Neira y Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo con radicado n\u00b0 2018-00050-01, incoado por el gestor contra C\u00e9sar Torres Bernal y otros. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, ordenar a la autoridad confutada que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, deje sin efecto el fallo que profiri\u00f3 el 29 de julio de 2020, as\u00ed como las providencias que de ella se deriven y, en el mismo t\u00e9rmino, se pronuncie, nuevamente, sobre la exigibilidad de la cl\u00e1usula penal materia de controversia, conforme a lo aqu\u00ed expuesto. Env\u00edesele la reproducci\u00f3n de esta sentencia. <\/p>\n
TERCERO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb16, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb17; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 423. requerimiento para constituir en mora y notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito. La notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo har\u00e1 las veces de requerimiento para constituir en mora al deudor, y de la notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito cuando quien demande sea un cesionario. Los efectos de la mora s\u00f3lo se producir\u00e1n a partir de la notificaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 1594. Tratamiento de la obligaci\u00f3n principal y de la pena por mora. Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligaci\u00f3n principal o la pena, sino solo la obligaci\u00f3n principal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligaci\u00f3n principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligaci\u00f3n principal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 1595. Causaci\u00f3n de la pena. H\u00e1yase o no estipulado un t\u00e9rmino dentro del cual deba cumplirse la obligaci\u00f3n principal, el deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituido en mora, si la obligaci\u00f3n es positiva (\u2026). Si la obligaci\u00f3n es negativa, se incurre en la pena desde que se ejecuta el hecho de que el deudor se ha obligado a abstenerse (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4 \u201c(\u2026) Los arrendatarios declaran que renuncian en beneficio del arrendador o de su cesionario a todo requerimiento para constituirlo en mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este contrato (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 423. requerimiento para constituir en mora y notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito. La notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo har\u00e1 las veces de requerimiento para constituir en mora al deudor, y de la notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito cuando quien demande sea un cesionario. Los efectos de la mora s\u00f3lo se producir\u00e1n a partir de la notificaci\u00f3n (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
6 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 1594. Tratamiento de la obligaci\u00f3n principal y de la pena por mora. Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligaci\u00f3n principal o la pena, sino solo la obligaci\u00f3n principal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligaci\u00f3n principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligaci\u00f3n principal (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
7 CSJ. STC6654-2018 de 23 de mayo de 2018, exp. 11001-02-03-000-2018-01242-00. <\/p>\n
8 CSJ. STC9514-2020 de 5 de noviembre de 2020, exp. 11001-02-03-000-2020-02899-00. <\/p>\n
9 CSJ. STC de19 jun. 2013, rad. 2013-00182-01. <\/p>\n
10 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
11 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
12 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
16 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
17 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
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STC047-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC047-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03468-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinte de enero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Jhon Alex\u00e1nder Celis Lozano a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53002","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53002","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53002"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53002\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53002"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53002"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53002"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}