STC048-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC048-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2020-03508-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Cordeles y Extruidos de Colombia SAS contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin valor y efecto, la providencia\u2026 proferida el d\u00eda primero\u2026 de diciembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 12 de junio de 2019, fueron acogidas parcialmente las pretensiones, por lo que se declar\u00f3 a Inversiones Iguacur & C\u00cdA Ltda. y a la Cooperativa de Transportadores del Litoral Atl\u00e1ntico, \u00absolidariamente responsables\u00bb de los da\u00f1os ocasionados a la demandante, por los hechos acaecidos el 17 de marzo de 2016, y se les orden\u00f3 pagar a la actora la suma de 12.313\u2019151.058 \u00abpor concepto de lucro cesante futuro y consolidado\u00bb, decisi\u00f3n que apelaron las condenadas. <\/p>\n
2.3. Admitida la alzada por el ad quem enjuiciado, con fundamento en lo previsto en el decreto legislativo 806 de 2020, a trav\u00e9s de auto del 16 de julio de esas calendas, corri\u00f3 traslado a las apelantes para la sustentaci\u00f3n escrita del recurso. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, mediante determinaci\u00f3n del 9 de noviembre de 2020, \u00aben ejercicio del control de legalidad consagrado en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, la sede judicial acusada fij\u00f3 fecha \u00abpara llevar a cabo de forma virtual, la audiencia de alegaciones y fallo de que tratan los art\u00edculos 327 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, \u00absin perjuicio de las alegaciones escritas que ya presentaron los apoderados judiciales de las partes en el traslado corrido\u00bb. <\/p>\n
2.5. A trav\u00e9s de providencia del primero de diciembre de 2020, el Tribunal criticado revoc\u00f3 la condena impuesta por lucro cesante, fallo que censur\u00f3 en casaci\u00f3n la demandante. <\/p>\n
2.6. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que el estrado cuestionado, revoc\u00f3 la condena impuesta en primera instancia, \u00abaludiendo que el pago realizado en su momento por el BBVA SEGUROS\u2026, resultaba suficiente como indemnizaci\u00f3n\u00bb, desconociendo que \u00ab\u2026 tal motivo de reproche no fue se\u00f1alado de manera verbal en la sustentaci\u00f3n del recurso por ninguno de los extremos apelantes, sumado a que probatoriamente qued\u00f3 establecido que el monto del da\u00f1o sufrido\u2026 result\u00f3 ser una suma muy superior a la cancelada por la aseguradora\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que \u00abel Tribunal accionado no pod\u00eda tener en cuenta las sustentaciones del recurso de apelaci\u00f3n realizadas por escrito\u00bb, sino que \u00abdebi\u00f3 [atender] exclusivamente la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n oral, que realiz\u00f3 el extremo demandado\u00bb, oportunidad en la cual \u00abbrilla por su ausencia alg\u00fan ataque o se\u00f1alamiento por parte de los apelantes, relacionado con el pago que realiz\u00f3 el BBVA Seguros\u00bb, raz\u00f3n por la cual dicho aspecto no debi\u00f3 ser objeto de pronunciamiento en el fallo criticado. <\/p>\n
2.8. De otro lado, manifest\u00f3 que \u00ablos perjuicios econ\u00f3micos [que sufri\u00f3]\u2026, tal y como se demostr\u00f3 dentro de la\u2026 etapa probatoria, son superiores a la suma que fue indemnizada por la Compa\u00f1\u00eda Aseguradora\u00bb, por lo que la indemnizaci\u00f3n reconocida por dicho ente, \u00abno puede ser considerada por el Tribunal como pago total de los da\u00f1os causados\u00bb, teniendo en cuenta que de \u00abcada uno de los valores se\u00f1alados en la demanda, se rest\u00f3 el monto que la aseguradora reconoci\u00f3 sobre cada t\u00f3pico, por ello los valores aqu\u00ed irrogados corresponden a diferentes emolumentos que fueron perdidos en el incendio y que no fueron indemnizados\u00bb. <\/p>\n
2.9. Finalmente, destac\u00f3 que, si bien \u00abexiste la posibilidad de presentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, dicho medio de impugnaci\u00f3n <\/p>\n
\u2026 no resulta suficiente para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados con la tutela, toda vez que con dicho instrumento procesal no se garantiza, por cuenta de las exigencias de t\u00e9cnica que debe cumplir la demanda de casaci\u00f3n, que la vulneraci\u00f3n de derechos aqu\u00ed alegados sean estudiados en dicha sede, toda vez que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n en un porcentaje amplio, puede verse obstaculizado por requisitos de t\u00e9cnica demasiado exeg\u00e9ticos, que se tornan este instrumento inaccesible a la generalidad de las personas sin consideraci\u00f3n a la posible afectaci\u00f3n de sus derechos constitucionales y legales\u2026 <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla destac\u00f3 que en el prove\u00eddo de 9 de noviembre de 2020, que convoc\u00f3 a las partes a audiencia para la sustentaci\u00f3n de la alzada, \u00abclaramente [se] expres\u00f3, que la citaci\u00f3n a audiencia se estaba realizando \u201c\u2026sin perjuicio de las alegaciones escritas que ya presentaron\u2026 las partes en el traslado corrido\u201d; situaci\u00f3n frente a la cual, ninguna inconformidad expres\u00f3 la\u2026 demandante dentro del t\u00e9rmino legal, a trav\u00e9s de los recursos correspondientes\u2026\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que \u00aba la hora de emitir la sentencia, se tuvieron en cuenta las alegaciones presentadas por los recurrentes en audiencia, que se acompasan con los escritos presentados a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos\u00bb; y que sus actuaciones \u00abse han enmarcado en los lineamientos del debido proceso, apreciando las probanzas arrimadas y atendiendo a la sana interpretaci\u00f3n de las normas y principios aplicables\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa localidad rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
3. La Cooperativa de Transportadores del Litoral Atl\u00e1ntico, a trav\u00e9s de apoderado judicial, precis\u00f3 que el resguardo era improcedente \u00abpor existir mecanismos ordinarios de defensa, que para el caso concreto es el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Carlos Alberto Pertuz Rosas, quien dijo obrar como apoderado judicial de Inversiones Iguacur & C\u00cdA Ltda, sin que aportara mandato que lo facultara para representarla en este tr\u00e1mite constitucional, pidi\u00f3 desestimar el amparo. <\/p>\n
5. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se verifica que el gestor del amparo cuestion\u00f3: (i) que el Tribunal accionado hubiese tenido en cuenta, para la resoluci\u00f3n de la alzada interpuesta frente a la sentencia de primera instancia, la sustentaci\u00f3n que por escrito present\u00f3 la parte apelante; y (ii) la valoraci\u00f3n probatoria efectuada en el fallo de primero de diciembre de 2020 y que conllev\u00f3 la revocatoria de la condena que, por lucro cesante, se le hab\u00eda concedido con providencia del 12 de junio de 2019. <\/p>\n
3. Con base en tal premisa, en lo que ata\u00f1e al primero de esos reproches, de entrada se concluye que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto para exponer las quejas que ac\u00e1 aleg\u00f3, la quejosa tuvo a su alcance el recurso de reposici\u00f3n que proced\u00eda frente al auto del 9 de noviembre de 2020, mediante el cual la sede judicial acusada convoc\u00f3 a las partes a audiencia \u00abde alegaciones y fallo de que tratan los art\u00edculos 327 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, \u00absin perjuicio de las alegaciones escritas que ya presentaron\u2026 las partes en el traslado corrido\u00bb, mecanismo al que no acudi\u00f3. <\/p>\n
Y es que, fue en dicha providencia en la que Tribunal decidi\u00f3, para efectos de resolver la apelaci\u00f3n, tener en cuenta la totalidad de alegaciones efectuadas por las partes, esto es, tanto las que se presentaron por escrito, en virtud del traslado que concedi\u00f3 con auto del 16 de julio de 2020, as\u00ed como tambi\u00e9n las expresadas verbalmente en diligencia del 24 de noviembre de esas mismas calendas, determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria, sin que la all\u00ed demandante formulara la reposici\u00f3n que resultaba procedente. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la promotora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Respecto a la otra de las inconformidades de la tutelante, se concluye la improcedencia del resguardo, comoquiera que la accionante tiene a su alcance el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, a fin de cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria efectuada en la sentencia de segunda instancia, mecanismo del que, incluso, ya hizo uso. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades probatorias planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la quejosa, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir, que si bien la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, est\u00e1 condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos formales, ello no constituye un obst\u00e1culo insalvable que haga operante la acci\u00f3n de tutela, pues para ello las partes cuentan con el asesoramiento de profesionales del derecho, quienes, se presume, tienen los conocimientos necesarios para impulsar el tr\u00e1mite de dicho medio de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Baste lo dicho en precedencia para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
5 <\/p>\n
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