STC049-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC049-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03307-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Diego Echavarr\u00eda Saldarriaga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Civil Laboral del Circuito de la Ceja, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013IGAC, la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo especial a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama a trav\u00e9s de gestor judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las providencias proferidas el 21 de julio y 14 de octubre de 2020, en el marco del proceso de pertenencia que promovi\u00f3 en contra de personas indeterminadas, con radicado No. 2018-00062-00. <\/p>\n
Del escrito de tutela se colige, que lo que exige el actor para la protecci\u00f3n de las citadas prerrogativas, es que se dejen sin valor ni efecto las citadas decisiones, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Civil Laboral del Circuito de la Ceja, Antioquia, proseguir con el tr\u00e1mite del juicio1. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial su apoderado, que el 21 de marzo de 2018 la mencionada oficina judicial inadmiti\u00f3 la demanda que dio origen al litigio referido en l\u00edneas precedentes, aduciendo falta de competencia con fundamento en la sentencia T-488 de 2014, por ser el predio objeto de disputa un bien bald\u00edo, decisi\u00f3n que revoc\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia mediante auto del 20 de noviembre siguiente, en cuya parte resolutiva advirti\u00f3 al a quo que, \u00aben caso de no encontrar falencias adicionales que puedan justificar la inadmisi\u00f3n o rechazo de la demanda (\u2026) deber\u00e1 proceder a su admisi\u00f3n y posterior tr\u00e1mite d\u00e1ndole aplicaci\u00f3n a las previsiones contenidas en la sentencia T-407 de 2017 de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
Asevera que, en virtud de lo anterior, el Despacho acusado admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el libelo genitor y orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de la Agencia Nacional de Tierras, quien rindi\u00f3 concepto acerca de la naturaleza jur\u00eddica del aludido bien inmueble, se\u00f1alando que es bald\u00edo, criterio que sirvi\u00f3 de base a dicha autoridad para decretar, mediante providencia del 21 de julio de 2020, \u00abla terminaci\u00f3n anticipada del [juicio], levantar la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No.017-9377 de la oficina de Registro II.PP. de la Ceja y ARCHIVAR las diligencias previa cancelaci\u00f3n de su registro\u00bb. <\/p>\n
Refiere que pese a apelar la anterior determinaci\u00f3n, la mentada Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 lo resuelto a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 14 de octubre siguiente, tras considerar que \u00ablos bienes bald\u00edos no son prescriptibles, que la presunci\u00f3n del art\u00edculo 1 de la ley 200 de 1936, a partir del 5 de agosto de 1994, no se puede tener como operante, porque es claro que la vigencia del art\u00edculo 48 de la ley 160 de 1994, modific\u00f3 la carga de la prueba de la naturaleza privada de un predio agrario, pues le impone al particular demostrarla\u00bb. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que las referidas decisiones \u00abno permiten el tr\u00e1mite del proceso de pertenencia, para culminar con una sentencia debidamente motivada\u00bb, las cuales se sustentan \u00aben el concepto de la Agencia Nacional de Tierras (y no en un proceso de clarificaci\u00f3n), tomando solo en consideraci\u00f3n lo que ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia de T-488 de 2014, en el sentido de cuando no hay ning\u00fan titular del derecho real de dominio el bien es bald\u00edo\u00bb, desconociendo, dice, \u00ablo que se ha planteado por otro lado la Corte Suprema de Justicia sobre el tema debatido, en el sentido de que hay bienes bald\u00edos prescriptibles\u00bb, por lo que las instancias judiciales accionadas le han desconocido a su mandante \u00ablas garant\u00edas otorgadas por las [se\u00f1aladas] leyes\u00bb, es especial, \u00ablas presunciones de los art\u00edculos 1 y 2 de la ley 200 de 1936\u00bb, as\u00ed como \u00abla formula transaccional, (que opera desde la vigencia [de la misma]) para desvirtuar la presunci\u00f3n de ser bald\u00edas las tierras no pose\u00eddas con fin econ\u00f3mico y [lo previsto en el] art\u00edculo 48 de la ley 160 de 1994\u00bb, raz\u00f3n por la que estima que la protecci\u00f3n suplicada en favor de su poderdante debe ser acogida a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
3. Derrotada la ponencia presentada por el Magistrado a quien le fue repartido el asunto, el expediente pas\u00f3 a este Despacho el 12 de enero de los corrientes para lo pertinente. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa entidad del presente tr\u00e1mite, ya que la misma \u00abno ostenta ning\u00fan inter\u00e9s en la Acci\u00f3n de Tutela\u00bb3. <\/p>\n
b. La Juez Civil Laboral del Circuito de la Ceja se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, con sustento en que no ha vulnerado garant\u00eda esencial alguna al accionante; no obstante, indic\u00f3 que se atiene a lo que la Corte estime disponer en el asunto4. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los otros involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto de la mera arbitrariedad o capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. En el presente caso, el se\u00f1or Juan Diego Echavarr\u00eda Saldarriaga se duele, en concreto, de las providencias proferidas el 21 de julio y 14 de octubre de 2020 por el Juzgado Civil Laboral del Circuito de la Ceja y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, respectivamente, por medio de las cuales se resolvi\u00f3, en su orden, declarar la terminaci\u00f3n anticipada del proceso de pertenencia que \u00e9l promovi\u00f3 en contra de personas indeterminadas, con radicado No. 2018-00062-00 y, en consecuencia, levantar la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No.017-9377 y archivar las diligencias; y, ratificar lo resuelto, pues en su sentir, las citadas autoridades desconocieron la presunci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 200 de 1936, as\u00ed como la \u201cf\u00f3rmula transaccional\u201d prevista en el canon 48 de la Ley 160 de 1994 y la jurisprudencia emitida por esta Corte frente a la vigencia y aplicaci\u00f3n de tales disposiciones. <\/p>\n
3. Sin embargo, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por el accionante resulta improcedente, pues las determinaciones criticadas tuvieron como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esas decisiones en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En efecto, revisada la segunda de las citadas providencias, sobre la cual se circunscribir\u00e1 el estudio de la Sala, por ser la que resolvi\u00f3 los reparos expuestos por el recurrente, aqu\u00ed actor, mismos que fueron alegados en esta sede constitucional, se observa que la Corporaci\u00f3n accionada abord\u00f3 los reproches de la apelaci\u00f3n con sujeci\u00f3n a la normatividad y jurisprudencia aplicable al asunto y, apreci\u00f3 las pruebas obrantes en el expediente conforme con las reglas de valoraci\u00f3n dispuestas en el vigente Estatuto Procesal Civil, tarea de la cual concluy\u00f3, en lo esencial, que para el momento en que el aqu\u00ed interesado inco\u00f3 la demanda de pertenencia, ya no estaba vigente la Ley 200 de 1936, raz\u00f3n por la que era al demandante a quien le incumb\u00eda demostrar que el bien inmueble objeto del aludido litigio es privado, y como del folio de matr\u00edcula inmobiliaria de este se desprend\u00eda que el actor carec\u00eda de derecho real de dominio o propiedad debidamente inscrito, ya que en este solo se hallan registradas falsas tradiciones, era evidente el predio a usucapir es bald\u00edo, tal y como la Agencia Nacional de Tierras lo indic\u00f3 en su intervenci\u00f3n, tras realizar un juicioso an\u00e1lisis de las escrituras p\u00fablicas, los antecedentes registrales y dem\u00e1s documentos pertinentes para dilucidar la naturaleza jur\u00eddica del inmueble, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda ser respaldada la decisi\u00f3n apelada. <\/p>\n
Para llegar a dicha estimaci\u00f3n, el Tribunal acusado preliminarmente acot\u00f3, con fundamento en las normas que disciplinan el asunto, que los bienes bald\u00edos no son prescriptibles y, que para determinar si un inmueble es de esa naturaleza, deb\u00eda tenerse en consideraci\u00f3n, lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) con miras a definir la naturaleza privada o bald\u00eda de un inmueble normativa fundamental a considerar es la contenida en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 200 de 1936 que se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201cSe presume que no son bald\u00edos, sino de propiedad privada, los fundos pose\u00eddos por particulares, entendi\u00e9ndose que dicha posesi\u00f3n consiste en la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo por medio de hechos positivos propios de due\u00f1o, como las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados y otros de igual significaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
El cerramiento y la construcci\u00f3n de edificios no constituyen por s\u00ed solos pruebas de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica pero s\u00ed pueden considerarse como elementos complementarios de ella. La presunci\u00f3n que establece este Art\u00edculo se extiende tambi\u00e9n a las porciones incultas cuya existencia se demuestre como necesaria para la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del predio, o como complemento para el mejor aprovechamiento de este, aunque en los terrenos de que se trate no haya continuidad o para el ensanche de la misma explotaci\u00f3n. Tales porciones pueden ser conjuntamente hasta una extensi\u00f3n igual a la mitad de la explotada y se reputan pose\u00eddas conforme a este Articulo\u201d. <\/p>\n
A su vez el art\u00edculo 4 del Decreto 059 de 1998 precisa: <\/p>\n
\u201cLa enumeraci\u00f3n de hechos positivos propios de due\u00f1o que trae el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 200 de 1936 no es taxativa sino por v\u00eda de ejemplo y, en consecuencia, toda otra forma de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica que se manifieste por medio de hechos positivos propios de due\u00f1o, tiene los mismos efectos jur\u00eddicos, que atribuyen el art\u00edculo 1\u00ba y dem\u00e1s disposiciones de la Ley 200 de 1936, a las plantaciones o sementeras y a la ocupaci\u00f3n con ganados\u201d. <\/p>\n
Inicialmente a partir de estas disposiciones la Corte Suprema de Justicia advirti\u00f3 una presunci\u00f3n iuris tantum a favor de los particulares poseedores con base en la cual \u00e9stos quedaban exentos de la carga de la prueba del dominio, correspondi\u00e9ndole al Estado acreditar para desvirtuar la acci\u00f3n petitoria de pertenencia que el bien no ha salido nunca de su patrimonio. <\/p>\n
Sin embargo con posterioridad a ello dicho \u00f3rgano de cierre consider\u00f3 que la Ley 160 de 1994 que fue expedida en virtud de lo dispuesto en los art\u00edculos 63 y 64 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia de 1991 plantea un r\u00e9gimen completamente distinto al impuesto por la Ley 200 de 1936 en lo que respecta a la presunci\u00f3n de dominio privado sobre los predios agrarios explotados econ\u00f3micamente. Al respecto precis\u00f3 que \u201cel art\u00edculo 48 de la Ley 160 de 1994, el art\u00edculo 70 del Decreto 2663 de 1994 que reglament\u00f3 la citada ley, y el art\u00edculo 2.14.19.2.7 del Decreto 1071 de 2015 presumen la propiedad del Estado sobre tales bienes y por eso le exige al particular demostrar su derecho de dominio5\u201d (Subrayas agregadas). <\/p>\n
De manera puntual el art\u00edculo 48 de la Ley 160 de 1994 precept\u00faa: <\/p>\n
\u201cDe conformidad y para efectos de lo establecido en los numerales 14, 15 y 16 del art\u00edculo 12 de la presente Ley, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, previa obtenci\u00f3n de la informaci\u00f3n necesaria, adelantar\u00e1 los procedimientos tendientes a: <\/p>\n
1. Clarificar la situaci\u00f3n de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, con el fin de determinar si han salido o no del dominio del Estado. <\/p>\n
A partir de la vigencia de la presente Ley, para acreditar propiedad privada sobre la respectiva extensi\u00f3n territorial, se requiere como prueba el t\u00edtulo originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, o los t\u00edtulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del t\u00e9rmino que se\u00f1alan las leyes para la prescripci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Lo dispuesto en el inciso anterior sobre prueba de la propiedad privada por medio de t\u00edtulos debidamente inscritos con anterioridad a la presente Ley, no es aplicable respecto de terrenos no adjudicables, o que est\u00e9n reservados, o destinados para cualquier servicio o uso p\u00fablico. <\/p>\n
2. Delimitar las tierras de propiedad de la Naci\u00f3n de las de los particulares. <\/p>\n
3. Determinar cu\u00e1ndo hay indebida ocupaci\u00f3n de terrenos bald\u00edos. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. Para asegurar la protecci\u00f3n de los bienes y derechos conforme al art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la Ley 70 de 1993, el INCORA podr\u00e1 adelantar procedimientos de delimitaci\u00f3n de las tierras de resguardo, o las adjudicadas a las comunidades negras, de las que pertenecieren a los particulares\u201d. <\/p>\n
As\u00ed la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia indic\u00f3 en la sentencia STC 2174-2017 que del numeral primero del art\u00edculo 48 de la Ley 160 surgen las siguientes conclusiones: <\/p>\n
\u201c1. Se establece una regla que es aplicable \u00aba partir de la vigencia de la presente ley\u00bb, lo que quiere decir que con anterioridad \u00e9sta no exist\u00eda; <\/p>\n
2. Conforme a esa directriz, el particular tiene que \u00abacreditar propiedad privada sobre la respectiva extensi\u00f3n territorial\u00bb, lo que quiere decir que no se presume su derecho de dominio. <\/p>\n
3. La propiedad privada sobre el inmueble se demostrar\u00e1 \u00fanicamente con \u00abel t\u00edtulo originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, o los t\u00edtulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del t\u00e9rmino que se\u00f1alan las leyes para la prescripci\u00f3n extraordinaria\u00bb. <\/p>\n
4. Lo dispuesto en relaci\u00f3n con la \u00bbprueba de la propiedad privada por medio de t\u00edtulos debidamente inscritos con anterioridad a la presente Ley\u00bb no se aplica a \u00abterrenos no adjudicables, o que est\u00e9n reservados, o destinados para cualquier servicio o uso p\u00fablico\u00bb, contrario sensu, es aplicable respecto de los bienes fiscales adjudicables o bald\u00edos.\u201d <\/p>\n
En consecuencia concluy\u00f3 la Corte que el art\u00edculo 48 de la Ley 160 de 1994 modific\u00f3 la carga de la prueba de la naturaleza privada de un predio agrario, pues le impone al particular demostrarla mientras que antes se hallaba exento de hacerlo: <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, y dado que en virtud de las presunciones se produce una \u201cliberaci\u00f3n, dispensa o exenci\u00f3n de prueba\u201d para la persona favorecida con ellas, el tr\u00e1nsito entre el r\u00e9gimen de la normativa de 1936 y el Decreto 578 de 1974 de una parte y la Ley 160 de 1994 de otra, determin\u00f3 que mientras bajo las primeras al particular se le liber\u00f3 de probar que el predio rural es bien privado, en vigencia de la segunda se le impuso la obligaci\u00f3n de demostrarlo, de ah\u00ed que en esas condiciones no es carga del Incoder (hoy ANI) aportar la prueba del derecho de dominio del Estado o desvirtuar los fundamentos de la presunci\u00f3n acogida por el art\u00edculo 1\u00ba de la citada Ley 200, la cual, a partir del 5 de agosto de 1994, no se puede tener como operante, situaci\u00f3n que en nada contrar\u00eda el principio de igualdad en la medida en que obedece a la autonom\u00eda del legislador para establecer o modificar reglas en materia de distribuci\u00f3n de la carga de la prueba\u201d\u00bb. <\/p>\n
Luego, con respaldo en la anterior premisa, abord\u00f3 el caso concreto, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abEn este orden de ideas el esfuerzo argumentativo del disidente encaminado a defender la aplicabilidad al sub judice de la presunci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 200 de 1936 resulta inoficioso e in\u00fatil pues aquella norma no conserva ninguna vigencia. Se entiende que bajo la propuesta discursiva del apelante dicha disposici\u00f3n ser\u00eda aplicable al caso bajo examen en el evento de que con los t\u00edtulos adosados se acredita una posesi\u00f3n anterior a la Ley 160 de 1994 que supera con creces el tiempo requerido para adquirir por prescripci\u00f3n. Sin embargo tal aseveraci\u00f3n resultar\u00eda de recibo s\u00f3lo si se hubiere planteado bajo la vigencia de la pluricitada Ley 200, m\u00e1s no en el escenario normativo actual. <\/p>\n
En todo caso a\u00fan aceptando en gracia de discusi\u00f3n la posibilidad defendida por el demandante, se hallan escollos insuperables que conducen indefectiblemente al fracaso anticipado de la demanda. En primer lugar constituye una flagrante contradicci\u00f3n que el apelante pretenda valerse de una posesi\u00f3n consolidada antes del 4 de agosto de 1994, cuando en los hechos de la demanda defiende sus propios actos posesorios ejercidos con posterioridad a aquella data, es decir desde el 22 de febrero de 2002 mediante el cultivo y explotaci\u00f3n de especies de \u00e1rboles y ganado as\u00ed como levante de ganado. En otras palabras, si lo perseguido era una suerte de declaraci\u00f3n de pertenencia con efectos retroactivos al 4 de agosto de 1994, el debate propuesto en torno a la posesi\u00f3n ejercida por JUAN DIEGO ECHAVARR\u00cdA SALDARRIAGA resultaba impertinente pues \u00e9sta es posterior a aquella data. Siendo ello as\u00ed el insumo f\u00e1ctico presentado en el escrito inaugural debi\u00f3 enfatizar en las posesiones desplegadas al menos veinte a\u00f1os antes de la antedicha fecha pero sin pretender sumar su propia posesi\u00f3n por ser \u00e9sta posterior. Por otro lado este planteamiento genera serias dudas de cara a la legitimaci\u00f3n en la causa por activa del actor pues si s\u00f3lo se toma el tiempo de posesi\u00f3n ejercido hasta el 4 de agosto de 1994 no ser\u00eda el se\u00f1or JUAN DIEGO ECHAVARR\u00cdA SALDARRIAGA quien leg\u00edtimamente y en inter\u00e9s propio pudiera invocar la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio pues para esa \u00e9poca no era \u00e9l quien pose\u00eda el inmueble dado que inici\u00f3 la detentaci\u00f3n del mismo muchos a\u00f1os despu\u00e9s. <\/p>\n
Al margen de las consideraciones anteriores enarboladas como mero ejercicio reflexivo, lo que debe quedar fuera de toda duda es tal y como lo ha se\u00f1alado la Corte Suprema de Justicia que la presunci\u00f3n del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 200 de 1936, \u201ca partir del 5 de agosto de 1994, no se puede tener como operante\u201d6. No puede perderse de vista c\u00f3mo en el presente litigio la posesi\u00f3n fundamento de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio se invoc\u00f3 con la demanda interpuesta en el a\u00f1o 2018, esto es en plena vigencia de la Ley 160 de 1994 siendo \u00e9sta la llamada a operar, m\u00e1xime cuando la posesi\u00f3n invocada por el pretensor es igualmente posterior a dicha normativa. <\/p>\n
Ahora si bien se alude al respeto por los derechos adquiridos, en el puntual t\u00f3pico analizado s\u00f3lo es factible hablar de aquellos en los casos en los cuales al abrigo de la Ley 200 de 1936 lograron consolidarse derechos de dominio derivados de la posesi\u00f3n desplegada en los t\u00e9rminos descritos por el art\u00edculo 1\u00ba de aquella. Pero ello no ocurri\u00f3 en el sub judice pues como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, hasta el presente sobre el inmueble en cuesti\u00f3n s\u00f3lo se ha ostentado, transmitido y entregado una mera \u201cposesi\u00f3n\u201d, m\u00e1s puntualmente una ocupaci\u00f3n desprovista del dominio y por consiguiente tratada registralmente con una falsa tradici\u00f3n\u00bb (resalto de la Sala). <\/p>\n
Agreg\u00f3, en cuanto argumento del accionante alusivo a que se le permita la continuaci\u00f3n del juicio para el desarrollo pleno del debate probatorio y la resoluci\u00f3n del sub judice mediante una sentencia, que: <\/p>\n
\u00abAl respecto debe nuevamente memorarse lo ya dicho por esta Sala en auto del 20 de noviembre de 2018: \u201cha sido pretensi\u00f3n del legislador que la prescriptibilidad del bien se halle establecida desde los albores del proceso por suerte que incluso se autoriza el rechazo de plano de la demanda por falta de acreditaci\u00f3n de ello; y de no hacerse as\u00ed, se podr\u00e1 terminar anticipadamente el proceso en cualquiera de sus etapas una vez advertida la controvertida circunstancia\u201d. En tal virtud conviene aclarar que el sentido de la primigenia decisi\u00f3n adoptada por este Tribunal obedeci\u00f3 puntualmente a que en la insipiente etapa de admisi\u00f3n de la demanda, no exist\u00eda a\u00fan prueba suficiente de la naturaleza bald\u00eda del bien de tal manera que todav\u00eda pod\u00eda el demandante desvirtuar \u00e9sta. En tal orden de ideas en aquella oportunidad se le recrimin\u00f3 a la A quo adoptar su decisi\u00f3n s\u00f3lo a partir de una presunci\u00f3n legal a favor del Estado que admit\u00eda prueba en contrario, y muy especialmente asumir una postura sin antes disponer la vinculaci\u00f3n a la Litis de la entidad competente para dictaminar respecto a la naturaleza del bien. Las palabras textuales de esta Sala en aquella oportunidad fueron: \u201cno puede en estos procesos tomarse decisi\u00f3n de fondo sin la necesaria intervenci\u00f3n de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS \u2013antes INCODER- como llamada a clarificar conforme a su censo de tierras bald\u00edas si el inmueble en cuesti\u00f3n es o no de esa condici\u00f3n\u201d; ello con sustento en razonamientos de la Corte Constitucional citados en esa providencia. <\/p>\n
No obstante con motivo de la evocada decisi\u00f3n la A quo orden\u00f3 la citaci\u00f3n de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS y adem\u00e1s la requiri\u00f3 para que emitiera pronunciamiento respecto a la naturaleza del bien inmueble objeto del proceso. Cumplido lo anterior y atendiendo especialmente la intervenci\u00f3n de la referida autoridad y el concepto emitido por ella, el escenario actual difiere sustancialmente del inicial y por consecuencia amerita consideraciones y decisiones dis\u00edmiles. En efecto la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS estableci\u00f3: <\/p>\n
\u201cDe acuerdo con la informaci\u00f3n aportada y recolectada en el caso concreto, espec\u00edficamente la consulta del Certificado de tradici\u00f3n del folio de matr\u00edcula objeto de consulta aportado por el Despacho, se determin\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En lo que respecta a la naturaleza jur\u00eddica del predio cuestionado, al hacer las observaciones del registro de propiedad al folio, NO SE EVIDENCIA UN DERECHO REAL DE DOMINIO en los t\u00e9rminos que establece el art\u00edculo 48 de la Ley 160 de 1994 que permite acreditar la propiedad privada, toda vez que en la anotaci\u00f3n No.1 del folio est\u00e1 registrado que este fue adquirido as\u00ed: \u201cCOMPRAVENTA SOBRE POSESION MATERIAL (FALSA TRADICION), MEDIANTE LA ESCRITURA No. 405 DEL 19\/06\/1966 DE LA NOTARIA UNICA DE LA CEJA, ACTO INSCRITO EN LA ORIP EL DIA 05\/09\/1966\u201d. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior se solicit\u00f3 mediante los radicados de salida No. 20193100170851 y No. 20193100170911, que se aportara \u201ccertificado de antecedentes registrales de derecho real de domino en el sistema antiguo y titular de dominio inscrito del inmueble referenciado, m\u00e1s copia del t\u00edtulo descrito en la anotaci\u00f3n No. 1 del FMI\u201d, el cual fue objeto de estudio para el presente an\u00e1lisis, dentro del certificado del 07\/03\/2019, anexado el Registrador de la ORIP de La Ceja dio constancia de que el predio en menci\u00f3n no ten\u00eda antecedentes ni registros de dominio en sistema antiguo, ya que la descripci\u00f3n hecha en dicho certificado hace referencia a una posesi\u00f3n sin t\u00edtulo antecedente de propiedad o dominio. <\/p>\n
Adicionalmente, se realiz\u00f3 el an\u00e1lisis a la Escritura Publica No. 405, en la cual la vendedora, se\u00f1ora Mar\u00eda Jes\u00fas Montoya de Mej\u00eda no puede transferir el dominio al comprador, ya que carece del t\u00edtulo leg\u00edtimo que la certifique como titular del derecho real de dominio, esto acorde al Art. 48 de la Ley 160 de 1994. Es as\u00ed que lo que transfiri\u00f3 en dicha escritura p\u00fablica es la mera posesi\u00f3n que se encuentra calificado registralmente como falsa tradici\u00f3n, como es correcto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la denominada compraventa de posesi\u00f3n material, es un t\u00edtulo incompleto que no equivale a la transferencia del derecho real de dominio o propiedad, a pesar de que repose constancia de dicho acto en el registro de instrumentos p\u00fablicos. En consecuencia, se establece que el predio posee n\u00famero de folio de matr\u00edcula inmobiliaria, pero, al existir una cadena de falsas tradiciones sobre el mismo, no est\u00e1 demostrada la propiedad en cabeza de un particular sobre el predio en cuesti\u00f3n, por lo cual es un inmueble rural bald\u00edo. <\/p>\n
Lo anterior implica su p\u00e9rdida de competencia para continuar adelantando el proceso y por tanto procede la declaratoria de terminaci\u00f3n anticipada de este. En este contexto, para acceder al predio bald\u00edo de la Naci\u00f3n, se debe iniciar el procedimiento \u00fanico de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ley 902 de 2017 y la Resoluci\u00f3n 740 del mismo a\u00f1o, modificada por la Resoluci\u00f3n 12096 de 2019. <\/p>\n
El anterior an\u00e1lisis es consecuencia de la informaci\u00f3n asociada al Folio de Matricula Inmobiliaria consultado en la Ventanilla \u00danica de Registro (VUR) y a los insumos registrales y notariales relacionados en el presente documento para adoptar la naturaleza jur\u00eddica del predio\u201d (Negrillas originales, subrayas agregadas). <\/p>\n
Respecto al concepto as\u00ed emitido debe destacarse la suficiencia de los soportes probatorios tenidos en cuenta que denotan un juicioso an\u00e1lisis de las escrituras p\u00fablicas, los antecedentes registrales y dem\u00e1s documentos pertinentes para dilucidar la naturaleza del inmueble. Es asimismo claro al concluir que el predio objeto del presente proceso es un inmueble rural bald\u00edo, carente de derecho real de dominio o propiedad debidamente inscrito pues a pesar de contar con una matr\u00edcula inmobiliaria en \u00e9sta s\u00f3lo se hallan registradas falsas tradiciones\u00bb. <\/p>\n
Finalmente estim\u00f3, frente al planteamiento del tutelante relacionado con la susodicha \u201cf\u00f3rmula transaccional\u201d bajo la cual obtuvo el derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la pertenencia, lo siguiente: <\/p>\n
\u00abAhora bien la contundente conclusi\u00f3n no logra ser derruida por las pruebas que pretende hacer valer el apelante quien se vale puntualmente de las diferentes escrituras p\u00fablicas alusivas al inmueble as\u00ed como de las correspondientes anotaciones asentadas en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria. Ello por una raz\u00f3n elemental y es que el disidente propone una lectura parcializada y conveniente de aquellos documentos pretendiendo defender que constituyen a no dudarlo derecho de dominio cuando es claro que la g\u00e9nesis de los documentos fue siempre una mera posesi\u00f3n desprovista de t\u00edtulo de propiedad. As\u00ed se columbra de la escritura p\u00fablica primigenia, la 405 del 19 de junio de 1966 de la Notar\u00eda de La Ceja en la cual se plasma: \u201cque la exponente [MAR\u00cdA JES\u00daS MONTOYA DE MEJ\u00cdA] viene poseyendo, quieta y pac\u00edficamente, sin interrupci\u00f3n, desde hace m\u00e1s de veinte cinco (25) anos, un lote de terreno en potrero\u2026 situado en jurisdicci\u00f3n del Municipio del Retiro, en el paraje \u201cLlanadas\u201d o \u201cPantanillo\u201d, predio que se conoce con el nombre particular de \u201cEL ROBLE\u201d\u201d. As\u00ed pues sin lugar a dubitaci\u00f3n alguna en aquel t\u00edtulo escriturario se refiri\u00f3 puntual y exclusivamente a una mera posesi\u00f3n; en consecuencia con ello la anotaci\u00f3n 1\u00aa del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 017- 9377 plasma una \u201cCOMPRAVENTA SOBRE POSESION MATERIAL\u201d bajo la especificaci\u00f3n de una \u201cFALSA TRADICION\u201d. <\/p>\n
Ciertamente en las escrituras p\u00fablicas posteriores de manera imprecisa se alude a la transferencia y entrega del lote propiamente, m\u00e1s ello es insuficiente para hacer constituir t\u00edtulo de dominio por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que \u201cnadie puede transferir m\u00e1s derechos de los que posee\u201d como lo dice el mismo apelante en su escrito de sustentaci\u00f3n. Consiguientemente la se\u00f1ora MAR\u00cdA JES\u00daS MONTOYA DE MEJ\u00cdA no pod\u00eda traditar la propiedad o el derecho real de dominio pues no era titular de \u00e9stos. Asimismo sus sucesores en la detentaci\u00f3n del inmueble s\u00f3lo adquirieron la mera posesi\u00f3n. Es m\u00e1s si existiera verdaderamente un derecho real de dominio, entonces el presente proceso no tendr\u00eda raz\u00f3n de ser pues mediante \u00e9ste se pretende justamente que se declare la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio como t\u00edtulo de propiedad con base en la mera posesi\u00f3n ostentada desde hace m\u00e1s de ochenta a\u00f1os seg\u00fan es predicado por el disidente. <\/p>\n
En s\u00edntesis lo que queda claro a partir de los documentos invocados por el apelante es que en efecto el inmueble perseguido nunca sali\u00f3 del dominio del Estado pues no existe antecedente alguno de un t\u00edtulo de propiedad que demuestre lo contrario; siempre se ha estado ante una mera posesi\u00f3n, o m\u00e1s precisamente una ocupaci\u00f3n, cuya naturaleza no muta por el solo hecho de haberse inscrito en un folio de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb7. <\/p>\n
4. Por virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en la demarcada providencia la Colegiatura acusada hubiera incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que, seg\u00fan acaba de verse, la misma est\u00e1 soportada en la normatividad (sustantiva y procesal) y jurisprudencia aplicable al tema en discusi\u00f3n, toda vez que se observa que en el caso concreto no solo se dio aplicaci\u00f3n al numeral 4\u00ba del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso8, en armon\u00eda con el art\u00edculo 48 de la Ley 160 de 1994, sino que tambi\u00e9n se tuvo en cuenta la postura de la Sala frente al tema en ciernes, alusiva a que quien pretenda la declaraci\u00f3n de pertenencia tiene la carga probatoria demostrar siempre la naturaleza del predio, ya sea para que le sea adjudicado a trav\u00e9s del tr\u00e1mite administrativo, o se declare en cabeza suya la prescripci\u00f3n a trav\u00e9s del proceso judicial. <\/p>\n
Al respecto se ha puntualizado, que \u00abes necesario determinar la naturaleza del bien a prescribir, pues no es posible adquirir de este modo los bienes que pertenecen a la Naci\u00f3n y ante la falta de claridad y certeza de cu\u00e1les son \u00e9stos, se ha permitido que sean adjudicados de forma irregular mediante procedimientos judiciales, saliendo ileg\u00edtimamente del dominio p\u00fablico. En especial, cuando se encuentra que la decisi\u00f3n no habr\u00eda podido ser recurrida, seguramente porque el proceso de pertenencia se inici\u00f3 en contra de indeterminados, en virtud de que en el certificado del Registrador de Instrumentos P\u00fablicos que se alleg\u00f3 al tr\u00e1mite, se indic\u00f3 que sobre el predio objeto de usucapi\u00f3n \u00abno se encontr\u00f3 persona alguna como titular del derecho real sujetos a registro\u00bb, documento que no llena los requisitos legales\u00bb (CSJ, STC16151-2014, reiterada entre otras en STC3765-2015, STC10720-2015, STC4587-2017 y STC8261-2019). <\/p>\n
5. Por otro lado, basta decir, en relaci\u00f3n con la afirmaci\u00f3n del actor atinente a que por haber adquirido un derecho en vigencia de la Ley 200 de 1936, se debe aplicar al proceso objeto de an\u00e1lisis constitucional dicha disposici\u00f3n y no la Ley 160 de 1994, que tal aseveraci\u00f3n no es cierta, en la medida que si bien bajo esa normatividad se presum\u00eda la titularidad del derecho real de dominio sobre los fundos pose\u00eddos por particulares, siempre y cuando dicha posesi\u00f3n consistiere \u201cen la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo por medio de hechos positivos propios de due\u00f1o, como las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados y otros de igual significaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d, ello no significaba que la ley estuviese reconociendo u otorgando tal derecho autom\u00e1ticamente, pues, precisamente, por ser legal, dicha presunci\u00f3n admit\u00eda prueba en contrario; luego, entonces, mal puede decirse que se ha adquirido un derecho por una mera presunci\u00f3n. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, el razonamiento que al asunto le dio la Colegiatura criticada, por m\u00e1s discutible que le parezca al gestor, y aun si pudiera admitir otra posici\u00f3n, no lleva inserta vulneraci\u00f3n superior alguna, dado que no se aprecia caprichoso o arbitrario, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en las decisiones cuestionadas se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la misma, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC7700-2020). <\/p>\n
7. T\u00e9ngase presente adem\u00e1s, como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Sala, que la acci\u00f3n de tutela \u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC7686-2020). <\/p>\n
8. Por lo expuesto, se desestimar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda remitida al correo institucional de la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe allegado v\u00eda correo institucional. <\/p>\n
4 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia del 17 de febrero de 2017. M.P. Ariel Salazar Ram\u00edrez. Radicaci\u00f3n N\u00ba 11001\uff0d02\uff0d03\uff0d000\uff0d2017\uff0d00239\uff0d00. <\/p>\n
6 Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil. Sentencia STC 2174-2017. <\/p>\n
7 Decisi\u00f3n remitida por el juzgado accionado. <\/p>\n
8 Que reza: \u201cLa declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico.\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
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STC049-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC049-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03307-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Diego […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53004","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53004","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53004"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53004\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53004"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53004"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53004"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}