STC051-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC051-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2020-00298-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de noviembre de 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3: (i) \u00abdeterminar si la juez cometi\u00f3 prevaricato al terminar una acci\u00f3n constitucional, como lo es la acci\u00f3n popular, acci\u00f3n esta de impulso oficioso\u2026, terminando ilegalmente la acci\u00f3n con figura llamada desistimiento t\u00e1cito\u00bb; (ii) \u00abse ordene nulidad de todo lo actuado\u00bb en el proceso criticado; (iii) \u00abse ordene a la tutelada digitalizar todo lo actuado en la acci\u00f3n popular\u00bb; y (iv) \u00abse ordene al procurador delegado en acciones populares y al defensor del pueblo\u2026 para que prueben\u2026 como actuaron en la acci\u00f3n popular tutelada y.. si cumplieron ley 734 de 2002 0 nada hicieron para garantizar art 29 CN\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra la Fundaci\u00f3n de la Mujer (radicaci\u00f3n 2015-01195), que fue admitida por el juzgado criticado con prove\u00eddo del 28 de abril de 2016. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, a trav\u00e9s de auto del 25 de abril de 2018, se requiri\u00f3 al demandante, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, para que adelantara \u00ablas gestiones necesarias tendientes a concretar la publicaci\u00f3n del aviso informando a la comunidad del tr\u00e1mite de [esa] acci\u00f3n\u00bb, para lo cual se le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas. <\/p>\n
2.4. Expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abla juez de manera ilegal termin\u00f3 la acci\u00f3n popular anormalmente y nunca se pronunci\u00f3, como lo [pidi\u00f3], a fin de saber en derecho si comet\u00eda prevaricato al terminar la acci\u00f3n popular, con figura no aplicable en acciones populares llamada desistimiento t\u00e1cito\u00bb; y que \u00absolicit\u00f3 digitalizar todo lo actuado en la acci\u00f3n popular al correo electr\u00f3nico dinosaurio013otmail.com, lo cual se neg\u00f3 a realizar\u00bb la sede judicial acusada. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Defensor\u00eda del Pueblo destac\u00f3 que \u00ablas pretensiones enunciadas por el accionante no vinculan a [esa] entidad y su resoluci\u00f3n no se encuentra dentro de [sus] competencias, por lo cual\u2026 no ha vulnerado\u2026 derecho fundamental alguno del accionante\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. El municipio de Popay\u00e1n dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que \u00abno puede imput\u00e1rsele la vulneraci\u00f3n o amenaza al derecho al debido proceso presentado por\u2026 Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones adelantadas en el asunto objeto de reproche constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el amparo al considerar que resultaba improcedente, habida cuenta que \u00abno es la acci\u00f3n de tutela el medio judicial previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para determinar si un funcionario judicial ha cometido o no un hecho punible\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que \u00aben el expediente que remiti\u00f3 el juzgado, es inexistente alguna solicitud [del promotor], orientada a que la jueza\u2026 declare la nulidad que aqu\u00ed invoca, menos una que tienda a que se le env\u00ede el expediente digitalizado a su correo electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, precis\u00f3 que \u00abson improcedentes las peticiones dirigidas a la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo, pues tampoco est\u00e1 acreditado que el accionante les hubiera solicitado a esas autoridades lo que mediante esta acci\u00f3n de tutela les exige\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor del resguardo solicit\u00f3 \u00abcontinuar la acci\u00f3n popular, ya que el auto ilegal por el cual se termin\u00f3 la acci\u00f3n de impulso oficioso, as\u00ed est\u00e9 en firme no ata y [que] se garantice art 29 CN\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinado el presente caso y circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, se verifica que el actor cuestion\u00f3 el prove\u00eddo de 25 de junio de 2018, que termin\u00f3 la acci\u00f3n popular fustigada por desistimiento t\u00e1cito, al considerar que dicha decisi\u00f3n es \u00abilegal\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de manera liminar se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, el quejoso formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela fundada en similares hechos, que fue negada, en sede de impugnaci\u00f3n, por esta Sala Especializada con sentencia del 30 de enero de 2019 (STC708-2019), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella \u00e9poca se destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, [expres\u00f3 el actor] lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Se\u00f1al\u00f3, que \u00abel a quo tutelada, viola el debido proceso, al creer terminar la acci\u00f3n constitucional, con figura inexistente en la ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, y solo existente en el CGP, llamada DESISTIMIENTO T\u00c1CITO, COMETIENDO ABIERTAMENTE UNA V\u00cdA DE HECHO, como se lo dijo en la tutela CSJ SCC 66001 22 13 000 2018 00755 01, [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2.2. Sostuvo, que \u00abOLVIDA LA TUTELADA QUE SE NEG\u00d3 ACEPTAR [SU] DESISTIMIENTO ANTE LA RENUENCIA DE LA JUEZ EN TRAMITAR LA A[CCI\u00d3N] POPULAR Y OLVID\u00d3 QUE LOS RECURSOS Q[UE] IMPETR[\u00d3] DETIENEN EL T\u00c9RMINO DE 30 D\u00cdAS Y CADA Q[UE] RESU[E]LVA EL RECURSO, DEBE CONTABILIZAR NUEVAMENTE ESE T\u00c9RMINO, LO QUE NUNCA HIZO LA A QUO, VIOLANDO [\u2026] EL DEBIDO PROCESO\u00bb. <\/p>\n
2.3. Agreg\u00f3, que \u00abel Procurador General de la Naci\u00f3n, Delegado en Acciones Populares, no act[\u00fa]a en derecho en la acci\u00f3n popular, desconociendo Ley 734 de 2002, pues nunca present[\u00f3] nulidad del auto ilegal que termin[\u00f3] la acci\u00f3n popular con figura inexistente en Ley 472 de 1998, desconociendo art. 5 Ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, que (i) \u00abse decrete de manera INMEDIATA nulidad del auto que termin[\u00f3] la acci\u00f3n popular Y SE ORDENE A LA TUTELADA QUE CONTABILICE NUEVAMENTE EL T\u00c9RMINO DE 30 D\u00cdAS QUE CREY\u00d3 APLICAR EN LA A[CCI\u00d3N] CONSTITUCIONAL, Y COMO PRESENT[\u00c9] RECURSO, ESTE DETIENE EL T\u00c9RMINO DE 30 D\u00cdAS, Y SE ORDENE CONTABILIZAR DICHO T\u00c9RMINO NUEVAMENTE Y SE [LE] DEBE GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO\u00bb; (ii) \u00abSE ORDENE A LA TUTELADA APLICAR ART. 5 LEY 472 DE 1998 Y AS\u00cd NO VULNERAR M\u00c1S, EL DEBIDO PROCESO\u00bb; (iii) \u00abse ORDENE al Procurador G[eneral] de la Naci\u00f3n Delegado en Acciones Populares, Procurador, a fin que pruebe y demuestre qu[\u00e9] acciones legales hizo a fin de evitar la vulneraci\u00f3n al debido proceso, referido en esta tutela a fin que cumpla su funci\u00f3n deber\u00bb; (iv) \u00abse brinde copia f\u00edsica gratis de todo lo actuado en la tutela, las que recoger[\u00e1] en la secretaria del TSSCF de Pereira\u00bb; y (v) \u00abse pruebe a trav[\u00e9s] de qu[\u00e9] medio id\u00f3neo se informara de la existencia de [su] tutela a los tercer[os] interesados y de no hacerlo, desde ya pid[e] nulidad de todo lo actuado\u00bb\u2026 <\/p>\n
Frente a dichos planteamientos, la Sala destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que el censor, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto procedimental, enfila su queja contra las providencias de 1\u00ba de agosto de 2018, confirmatoria de la proferida el 25 de junio anterior, mediante las cuales se declar\u00f3 terminada por desistimiento t\u00e1cito la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2015-01195-00. <\/p>\n
3. Del examen de las pruebas allegadas, la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, considera resaltar las siguientes: <\/p>\n
3.1. Auto admisorio de 28 de abril de 2016 de la acci\u00f3n popular promovida por el accionante contra la Fundaci\u00f3n La Mujer (Sucursal Popay\u00e1n), que dispuso, entre otros, \u00abComun\u00edquese este prove\u00eddo a la comunidad mediante la publicaci\u00f3n de un aviso a trav\u00e9s de un medio de amplia circulaci\u00f3n en el lugar de la vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos, misma que debe ser diligenciada por el accionante\u00bb (ff. 60-61 cuad. 1). <\/p>\n
3.2. Prove\u00eddo de 25 de abril de 2018, mediante el cual el Juzgado encartado requiri\u00f3 al promotor para que adelantara las gestiones necesarias para publicar el aviso informando a la comunidad sobre la existencia de la acci\u00f3n popular y procurara la notificaci\u00f3n a la entidad accionada, concedi\u00e9ndole el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas para ello (fl. 62 cuad. 1). <\/p>\n
3.3. Decisi\u00f3n de 25 de junio siguiente proferida por el despacho cuestionado que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, como quiera que \u00abrevisado el presente proceso, claramente puede apreciarse que ha transcurrido mucho m\u00e1s de treinta d\u00edas sin que la parte accionante haya dado cumplimiento a lo ordenado en el auto fechado Abril veintis\u00e9is del a\u00f1o en curso, consistente en adelantar las gestiones necesarias para concretar la publicaci\u00f3n del aviso informando a la comunidad sobre la existencia de la presente acci\u00f3n a las luces del art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 y la notificaci\u00f3n del auto admisorio a la accionada, por lo que resulta procedente dar aplicaci\u00f3n a la norma antes indicada\u00bb (fl. 65 cuad. 1). <\/p>\n
3.4. Recurso de reposici\u00f3n de 27 de junio de 2018 interpuesto por el quejoso contra el anterior auto (fl. 26 cuad. 1). <\/p>\n
3.5. Providencia de 1\u00b0 de agosto de esta anualidad emitida por la Juez reprochada que confirm\u00f3 la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular por desistimiento t\u00e1cito (ff. 67-69 cuad. 1). <\/p>\n
4. Analizado los prove\u00eddos censurados, observa la Corte que el despacho recriminado, contrario a lo manifestado por el Tribunal constitucional de la instancia, no incurri\u00f3 en la anomal\u00eda que se le enrostra, toda vez que sus decisiones est\u00e1n sustentadas en una postura respetable y no arbitraria, asentada en ejercicio de las atribuciones legales y constitucionales que le corresponden, y bajo los criterios jurisprudenciales existentes como precedente al momento de proferirse la decisi\u00f3n objeto de amparo. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n extraordinaria exigida, en la medida en que, it\u00e9rese, no est\u00e1 demostrada la causal especifica de procedibilidad por defecto de procedimiento, en tanto que, al margen de que la Sala la acoja en su totalidad, por cuanto este no es el escenario id\u00f3neo para lo propio, dimana que las actuaciones obrantes en el plenario fueron arm\u00f3nicamente valoradas, am\u00e9n que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios manifestados resulta razonable y viable. <\/p>\n
4.1. En efecto, el Juez querellado mantuvo la decisi\u00f3n de dar por terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito, frente al incumplimiento por parte del actor de la carga procesal que le correspond\u00eda, y en consecuencia, era dable en esa \u00e9poca la aplicaci\u00f3n de la figura en acatamiento a lo normado en el precepto 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en la providencia del 1\u00b0 de agosto de 2018, la autoridad judicial encartada explic\u00f3 en forma detallada las razones por las cuales proced\u00eda el desistimiento t\u00e1cito en las acciones populares, por lo que, se reitera, la postura asumida por el despacho encartado no luce antojadiza. <\/p>\n
4.2. Al respecto, la Corte ha dicho, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
5. Es necesario resaltar para precisar que en la fecha en que el funcionario judicial recriminado termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito el procedimiento de la acci\u00f3n popular de marras (1\u00b0 de agosto de 2018), el criterio mayoritario de esta Corporaci\u00f3n avalaba esa tesis y solo fue cambiada en el mes de diciembre de 2018, por lo que har\u00eda mal la Sala Civil en tutelar por v\u00eda de hecho al juez que en su oportunidad aplic\u00f3 el precedente; es deber de la Corte velar por la seguridad jur\u00eddica y la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos. <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 el tutelante, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones1. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
3. Baste lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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STC051-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC051-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2020-00298-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53006","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53006","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53006"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53006\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53006"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53006"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53006"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}