STC052-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC052-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03496-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. E.S.P. -ISA- al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga -Atl\u00e1ntico- y la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, integrada por los magistrados Alfredo de Jes\u00fas Castilla Torres, Carmi\u00f1a Elena Gonz\u00e1lez Ortiz y Jorge Maya Cardona, con ocasi\u00f3n del juicio de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica con radicado n\u00b0 2016-00326-02, incoado por la gestora contra Alberto Carbone Rodr\u00edguez y otros. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
La impulsora demand\u00f3 a Alberto, Ang\u00e9lica Mar\u00eda, Juan Carlos y Liliana Carbone Rodr\u00edguez ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga -Atl\u00e1ntico-, con el prop\u00f3sito de imponer una servidumbre el\u00e9ctrica en un inmueble rural de propiedad de \u00e9stos. <\/p>\n
Afirma la promotora haber estimado la indemnizaci\u00f3n a pagar por dicho gravamen en $65.224.114, suma que, aduce, consign\u00f3 a \u00f3rdenes del aludido estrado. <\/p>\n
El 30 de noviembre de 2016, se admiti\u00f3 el libelo y, el 13 de diciembre postrero, se surti\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial de la heredad en cuesti\u00f3n, en donde se autoriz\u00f3 a la reclamante iniciar obras en el mismo. <\/p>\n
Mediante sentencia de 9 de noviembre de 2018, el despacho del circuito confutado acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n de la accionante e, igualmente, como resarcimiento en favor de los due\u00f1os del predio sirviente le orden\u00f3 pagar $284.571.018, restando los $65.224.114 consignados previamente por la tutelante, para un total de $219.346.904, con el respectivo pago de intereses desde el d\u00eda siguiente a la data en la cual se produjo la intervenci\u00f3n en el fundo, esto es, el 14 de diciembre de 2016. <\/p>\n
Inconformes con lo as\u00ed decidido, ambas partes impetraron apelaci\u00f3n y, el 22 de noviembre de 2018, conforme asevera la suplicante, efectu\u00f3 un dep\u00f3sito en la cuenta del juzgado a quo por $296.070.385. <\/p>\n
La definici\u00f3n de la alzada correspondi\u00f3 al tribunal fustigado, quien, el 3 de febrero de 2020, modific\u00f3 la indemnizaci\u00f3n a cargo de la petente para establecerla en $70.058.288.86, oportunidad donde destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a base para la liquidaci\u00f3n los intereses (\u2026) ser\u00e1 [dicha] suma. Debe indicarse que la parte demandante no efectu\u00f3 en su memorial de reparos (\u2026) argumentaci\u00f3n alguna referente hasta cuando se causar\u00edan [tales rendimientos] y, teniendo en cuenta que los dineros a consignar fueron puestos a disposici\u00f3n del juzgado y no entregados a dicha parte, lo l\u00f3gico es que esos [r\u00e9ditos] se causen hasta la fecha de pago respectiva (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Una vez el expediente regres\u00f3 al estrado de primer grado, la demandante pidi\u00f3 descontar, de la cuant\u00eda impuesta en segunda instancia, los $65.224.114 ya consignados; adem\u00e1s, deprec\u00f3 tasar los intereses desde el momento de la presentaci\u00f3n del pliego introductor y hasta la calenda del fallo del ad quem, teniendo en cuenta un capital de $4.834.175; obteniendo, en su criterio, un total a pagar de $6.541.821. <\/p>\n
Asimismo, deprec\u00f3 el fraccionamiento del dep\u00f3sito que efectu\u00f3 en suma de $296.070.385. <\/p>\n
De la enunciado petici\u00f3n, se corri\u00f3 traslado a la pasiva, oportunidad en donde aqu\u00e9lla guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
El 16 de septiembre de 2020, se modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n efectuada por la quejosa, pues para el juzgado del circuito enjuiciado, el ad quem determin\u00f3 que los intereses ser\u00edan tasados sobre $70.058.288.86, aspecto que, seg\u00fan adujo, no fue objeto de reparo por aqu\u00e9lla y, por tal motivo, procedi\u00f3 a liquidar el cr\u00e9dito en $116.972.677.04, a la precitada data. <\/p>\n
Igualmente, dispuso el fraccionamiento del dep\u00f3sito por de $296.070.385, en $245.321.821.96 y $50.748.563,04, para entregar a los all\u00e1 encausados este \u00faltimo y el inicialmente consignado de $65.224.114. <\/p>\n
Contra ese prove\u00eddo, la precursora inco\u00f3 reposici\u00f3n, defensa denegada el 2 de octubre siguiente. <\/p>\n
El 8 de octubre postrero, la gestora invoc\u00f3 la \u201cilegalidad\u201d de las actuaciones y, el 14 de octubre ulterior, el despacho accionado se estuvo a lo resuelto el 2 de octubre anterior. <\/p>\n
Para la promotora el procedimiento refutado lesiona sus garant\u00edas, pues si le correspond\u00eda pagar $70.058.288.86, de esa suma deb\u00edan ser descontados los $65.224.114 depositados al tiempo de formulaci\u00f3n de la demanda y, adem\u00e1s, del valor resultante, corr\u00edan intereses s\u00f3lo hasta la sentencia de segunda instancia, tal como lo dispone el art\u00edculo 31 de la Ley 51 de 19811 el numeral 8\u00b0 y, en el canon 3\u00b0 del Decreto 2580 de 19852. <\/p>\n
Adicionalmente, asegura, el colegiado encausado quebrant\u00f3 su prerrogativa a la no reformatio in pejus porque ni la base ni el momento hasta cuando deben correr los intereses, fueron t\u00f3picos objeto de apelaci\u00f3n y, por tanto, esa autoridad carec\u00eda de competencia para pronunciarse sobre tal aspecto. <\/p>\n
3. Solicita, en consecuencia, dejar sin efecto los autos de 16 de septiembre y 2 de octubre de 2020 y, en su lugar, fallar a su favor. <\/p>\n
4. La demanda de amparo se formul\u00f3 ante el tribunal reprochado, quien el 4 de noviembre siguiente, neg\u00f3 las pretensiones de la accionante y, por ello, \u00e9sta impetr\u00f3 impugnaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 a esta Sala. <\/p>\n
En auto de 9 de noviembre ulterior, se declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, porque la reclamaci\u00f3n resultaba extensible al a quo constitucional. <\/p>\n
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1. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga -Atl\u00e1ntico- defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Alberto, Ang\u00e9lica Mar\u00eda, Juan Carlos y Liliana Carbone Rodr\u00edguez manifestaron que no se conculc\u00f3 prerrogativa alguna al interior del decurso criticado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se pone al descubierto el naufragio de la salvaguarda, al incumplirse los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
En torno al primer aspecto, se advierte que, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, esto es, el 16 de octubre de 2020, y la sentencia proferida por el tribunal acusado el 3 de febrero de 2020, mediante la cual se determin\u00f3 a cargo de la actora, como indemnizaci\u00f3n, la suma de $70.058.288.86, monto sobre el cual pagar\u00eda intereses hasta la data de su cancelaci\u00f3n, han trascurrido m\u00e1s de ocho (8) meses, tiempo que supera el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por la Corte como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, esta Corporaci\u00f3n reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Por tanto, si la petente se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular, atribuible a los estrados atacados y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. En cuanto al segundo presupuesto se\u00f1alado, se advierte que, en el fallo de 9 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga -Atl\u00e1ntico-, se\u00f1al\u00f3 que el resarcimiento a cancelar por la impulsora equival\u00eda a $284.571.018 y, restando los $65.224.114 consignados por la tutelante cuando present\u00f3 la demanda, se obten\u00eda un total de $219.346.904, sobre los cuales pagar\u00eda intereses desde el 14 de diciembre de 2016. <\/p>\n
Ahora, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n entablado por ambas partes, cuesti\u00f3n que, de suyo, descarta la violaci\u00f3n a la no reformatio in pejus alegada por la querellante, la corporaci\u00f3n convocada modific\u00f3 el monto de la indemnizaci\u00f3n y la estableci\u00f3 en $70.058.288.86, indicando que ese valor ser\u00eda \u201c(\u2026) la base para la liquidaci\u00f3n los intereses (\u2026), y as\u00ed se indic\u00f3 en el numeral quinto del ac\u00e1pite resolutivo de esa providencia, pero nada se dijo en torno al dep\u00f3sito de $65.224.114 que previamente efectu\u00f3 la reclamante al momento de incoar el libelo. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, se observa que si en primer grado s\u00ed fueron tenidos los $65.224.114 frente al monto final de la indemnizaci\u00f3n y, en segunda instancia ning\u00fan pronunciamiento se efectu\u00f3 al respecto, la cuesti\u00f3n pod\u00eda ser zanjada, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de la decisi\u00f3n del ad quem, a trav\u00e9s de la aclaraci\u00f3n prevista en el canon 285 del C\u00f3digo General del Proceso4, remedio desaprovechado por la inicialista. <\/p>\n
El mismo resultaba id\u00f3neo porque, dado el contexto del caso, podr\u00eda interpretarse que, de acuerdo con lo reglado en el precepto 31 de la Ley 51 de 19815 y, el numeral 8\u00b0, canon 3\u00b0 del Decreto 2580 de 19856, a la tutelante solo le corresponder\u00eda consignar otros $4.834.175 de los $65.224.114 ya consignados para alcanzar los $70.058.288.86 mencionados; empero, se insiste, la querellante omiti\u00f3 entablar el anotado remedio. <\/p>\n
Igualmente, pod\u00eda inferirse que, como el colegiado refutado enfatiz\u00f3 que sobre los $70.058.288.86 se reconocer\u00edan intereses, deb\u00eda pronunciarse acerca del alcance de los $65.224.114 puestos a ordenes del estrado del circuido fustigado y, en esa medida, la demandante ten\u00eda a su alcance la posibilidad deprecar la adici\u00f3n de la sentencia, conforme lo autoriza el art\u00edculo 286 de la Ley 1564 de 20127; sin embargo, \u00e9sta tampoco hizo uso de ese mecanismo, dilapidando as\u00ed la oportunidad de hacer efectivos los instrumentos defensivos a su alcance. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Tocante a la queja dirigida frente al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga -Atl\u00e1ntico-, relacionada con la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito una vez el expediente lleg\u00f3 del tribunal, se advierte que la accionante present\u00f3 un trabajo de dicho linaje, restando a los $70.058.288.86, dispuestos por el ad quem, $65.224.114 y, as\u00ed obtuvo $4.834.175 y, teniendo en cuenta ese valor, calcul\u00f3 los intereses desde la intervenci\u00f3n del predio objeto de la servidumbre, hasta la sentencia del colegiado recriminado, obteniendo as\u00ed $6.541.821. <\/p>\n
Surtido el traslado respectivo a la contraparte, sin que manifestase reparo alguno, la aludida sede judicial, el 16 de septiembre de 2020, procedi\u00f3 a modificarla de oficio, porque, conforme adujo, el tribunal hab\u00eda determinado que los intereses se tasar\u00edan sobre $70.058.288.86 hasta la fecha de su cancelaci\u00f3n, m\u00e1s no de $4.834.175 a la data del fallo de segundo grado; por ello, determin\u00f3 que lo adeudado por la gestora ascend\u00eda a $115.972.677.04. <\/p>\n
Frente a ese prove\u00eddo, la querellante formul\u00f3 reposici\u00f3n invocado la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 31 de la Ley 51 de 1981 y, el numeral 8\u00b0, canon 3\u00b0 del Decreto 2580 de 1985. <\/p>\n
El referido recurso fue definido el 2 de octubre de 2020, desestimando los planteamientos esbozados por la tutelante. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, como la controversia implicaba la modificaci\u00f3n oficiosa a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la quejosa, proced\u00eda la apelaci\u00f3n al tenor de lo reglado en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso8; sin embargo, \u00e9sta no se propuso, aun cuando era el instrumento id\u00f3neo para exponer, ante la corporaci\u00f3n censurada, los motivos de inconformidad aqu\u00ed ventilados. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)10\u201d. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos11 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196912, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d13, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio14. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-15, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales16; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas17. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. E.S.P. -ISA- al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga -Atl\u00e1ntico- y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, integrada por los magistrados Alfredo de Jes\u00fas Castilla Torres, Carmi\u00f1a Elena Gonz\u00e1lez Ortiz y Jorge Maya Cardona, con ocasi\u00f3n del juicio de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica con radicado n\u00b02016-00326-02, incoado por la gestora contra Alberto Carbone Rodr\u00edguez y otros. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb18, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb19; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 31. Con base en los estimativos, aval\u00faos, inventarios o pruebas que obren en el proceso, el juez dictar\u00e1 sentencia, se\u00f1alar\u00e1 el monto de la indemnizaci\u00f3n y ordenar\u00e1 su pago. Si en la sentencia se fijare una indemnizaci\u00f3n mayor que la suma consignada, la entidad demandante deber\u00e1 consignar la diferencia en favor del poseedor o tenedor del predio, y desde la fecha que recibi\u00f3 la zona objeto de la servidumbre hasta el momento en que deposite el saldo, reconocer\u00e1 intereses sobre el valor de la diferencia liquidados seg\u00fan la tasa de inter\u00e9s bancario corriente en el momento de dictar la sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 3\u00b0. Los procesos a que se refiere este Decreto seguir\u00e1n el siguiente procedimiento: (\u2026) 8. Si en la sentencia se fija una indemnizaci\u00f3n mayor que la suma consignada, la entidad demandante deber\u00e1 consignar la diferencia en favor de los titulares de derechos reales del predio, o de los poseedores. Desde la fecha que recibi\u00f3 la zona objeto de la servidumbre hasta el momento en que deposite el saldo, reconocer\u00e1 intereses sobre el valor de la diferencia, liquidados seg\u00fan la tasa de inter\u00e9s bancaria corriente en el momento de dictar la sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
4 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 285. Aclaraci\u00f3n. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunci\u00f3. Sin embargo, podr\u00e1 ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella (\u2026). En las mismas circunstancias proceder\u00e1 la aclaraci\u00f3n de auto. La aclaraci\u00f3n proceder\u00e1 de oficio o a petici\u00f3n de parte formulada dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de la providencia (\u2026). La providencia que resuelva sobre la aclaraci\u00f3n no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podr\u00e1n interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaraci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 31. Con base en los estimativos, aval\u00faos, inventarios o pruebas que obren en el proceso, el juez dictar\u00e1 sentencia, se\u00f1alar\u00e1 el monto de la indemnizaci\u00f3n y ordenar\u00e1 su pago. Si en la sentencia se fijare una indemnizaci\u00f3n mayor que la suma consignada, la entidad demandante deber\u00e1 consignar la diferencia en favor del poseedor o tenedor del predio, y desde la fecha que recibi\u00f3 la zona objeto de la servidumbre hasta el momento en que deposite el saldo, reconocer\u00e1 intereses sobre el valor de la diferencia liquidados seg\u00fan la tasa de inter\u00e9s bancario corriente en el momento de dictar la sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 3\u00b0. Los procesos a que se refiere este Decreto seguir\u00e1n el siguiente procedimiento: (\u2026) 8. Si en la sentencia se fija una indemnizaci\u00f3n mayor que la suma consignada, la entidad demandante deber\u00e1 consignar la diferencia en favor de los titulares de derechos reales del predio, o de los poseedores. Desde la fecha que recibi\u00f3 la zona objeto de la servidumbre hasta el momento en que deposite el saldo, reconocer\u00e1 intereses sobre el valor de la diferencia, liquidados seg\u00fan la tasa de inter\u00e9s bancaria corriente en el momento de dictar la sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 287. adici\u00f3n. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento, deber\u00e1 adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad (\u2026). El juez de segunda instancia deber\u00e1 complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisi\u00f3n haya apelado; pero si dej\u00f3 de resolver la demanda de reconvenci\u00f3n o la de un proceso acumulado, le devolver\u00e1 el expediente para que dicte sentencia complementaria (\u2026). Los autos solo podr\u00e1n adicionarse de oficio dentro del t\u00e9rmino de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo t\u00e9rmino (\u2026) Dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementaci\u00f3n podr\u00e1 recurrirse tambi\u00e9n la providencia principal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
8 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 446. Liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y las costas. Para la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y las costas, se observar\u00e1n las siguientes reglas: (\u2026) 3. Vencido el traslado, el juez decidir\u00e1 si aprueba o modifica la liquidaci\u00f3n por auto que solo ser\u00e1 apelable cuando resuelva una objeci\u00f3n o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitar\u00e1 en el efecto diferido, no impedir\u00e1 efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelaci\u00f3n (\u2026) (se destaca). <\/p>\n
9 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
10 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
11 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
12 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
13 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
14 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
17 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
18 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
19 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC052-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC052-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03496-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. E.S.P. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53007","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53007","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53007"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53007\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53007"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53007"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53007"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}