STC053-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC053-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00008-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades acusadas, por lo que solicit\u00f3 que se ordene a la UGPP que \u00abdeje sin efecto las resoluciones 04 de julio de 2020 y\u2026 024523 del 29 Oct 2020 (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. En cumplimiento de fallo de tutela emitido el 29 de noviembre de 2004, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogot\u00e1 (radicaci\u00f3n 2004-00397), la UGPP dict\u00f3 la resoluci\u00f3n 10407 del 3 de abril de 2007, mediante la cual reliquid\u00f3 la pensi\u00f3n gracia reconocida a Juan Donato Posada Cano. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, por la concesi\u00f3n del referido resguardo, se inici\u00f3 investigaci\u00f3n penal contra el titular del mencionado juzgado del circuito, quien, mediante sentencia del 23 de octubre de 2019, fue declarado penalmente responsable \u00abcomo autor del delito de prevaricato por acci\u00f3n\u00bb, por lo que, entre otras determinaciones, el Tribunal querellado \u00abdej\u00f3 sin efectos la sentencia de tutela del 29 de noviembre de 2004\u2026, [as\u00ed] como tambi\u00e9n los actos administrativos por medio de los cuales se le dio cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
2.3. Contra dicho fallo el procesado formul\u00f3 apelaci\u00f3n, siendo revocado parcialmente por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de conceder al condenado el beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria; en lo dem\u00e1s, confirm\u00f3 la providencia impugnada. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, la UGPP expidi\u00f3 la resoluci\u00f3n RDP015239 del 4 de julio de 2020, que dej\u00f3 sin efectos la resoluci\u00f3n 10407 del 3 de abril de 2007, que reliquid\u00f3 la pensi\u00f3n gracia de Juan Donato Posada Cano. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que no fue vinculado al proceso penal en el que se orden\u00f3 dejar sin efecto la resoluci\u00f3n que reliquid\u00f3 su pensi\u00f3n gracia; y que \u00abla acci\u00f3n judicial para revocar la [referida] resoluci\u00f3n\u2026 es la acci\u00f3n de lesividad, acci\u00f3n\u2026 que no ha ejercido la [UGPP]\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 destac\u00f3 que \u00abno se ha incurrido en amenaza o conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados con la tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La UGPP defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia precis\u00f3 que la sentencia de segunda instancia \u00abfue dictada conforme a los par\u00e1metros legales y a lo reportado en el expediente, lo que impide pregonar una posible v\u00eda de hecho\u00bb; y que \u00abcarece de legitimidad en la causa por pasiva porque no cuenta con la aptitud legal o constitucional para dejar sin efecto las resoluciones del 4 de julio y 29 de octubre de 2020, proferidas por la [UGPP]\u00bb. <\/p>\n
4. N\u00e9stor Gilberto Amaya Barrera y El Procurador 175 Judicial II Penal de Bogot\u00e1 rindieron informe. <\/p>\n
5. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisado el asunto de marras, se concluye la improcedencia del resguardo, comoquiera que no se verifica que el accionante hubiese comparecido al proceso penal que ahora critica, con la finalidad de alegar la ausencia de vinculaci\u00f3n que por v\u00eda constitucional esgrimi\u00f3. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar la inconformidad planteada en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del quejoso, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
3.1. Aunado a lo anterior, es de recordarse que los actos administrativos gozan de presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que ellos susciten deben ser expuestas ante la autoridad competente, escenario en el que es posible reclamar la suspensi\u00f3n provisional del decreto criticado, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 230 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medida sobre la cual, desde su consagraci\u00f3n en la codificaci\u00f3n precedente, se tiene establecido que \u00abde hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo. \u2013Negrillas ajenas al texto orignal- (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01; reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01). <\/p>\n
En este orden de ideas, lo cierto es que dentro del proceso judicial que, eventualmente, adelante el tutelante ante la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa, puede reclamar la suspensi\u00f3n provisional del acto que pregona irregular, mecanismo id\u00f3neo para hacer cesar la afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales que invoc\u00f3. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Dispone la citada norma lo siguiente \u00abToda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior\u00bb. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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