STC054-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC054-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03500-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Manuel Alberto Castro Caicedo contra el Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Bogot\u00e1; extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201crestituci\u00f3n de tenencia\u201d, adelantado por Soto Pombo S.A.S. frente a Beatriz Amado Traslavi\u00f1a, donde act\u00faa como opositor el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del extenso y confuso escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 comision\u00f3 a la Alcald\u00eda Local de Teusaquillo, la entrega del inmueble ubicado en la calle 38 N\u00b0 17-21, ordenada dentro del juicio de \u201crestituci\u00f3n de tenencia\u201d, adelantado por Soto Pombo S.A.S. frente a Beatriz Amado Traslavi\u00f1a. <\/p>\n
La memorada diligencia se adelant\u00f3 los d\u00edas 18 de julio y 12 de septiembre de 2019 y, en esa oportunidad, el aqu\u00ed accionante, Manuel Alberto Castro Caicedo, present\u00f3 \u201coposici\u00f3n\u201d, argumentando ser un tercero poseedor de dicho bien; empero, tal manifestaci\u00f3n fue desestimada de conformidad con lo estipulado en el numeral 4 del art\u00edculo 3081 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, el censor interpuso apelaci\u00f3n, concedida \u201cen el efecto devolutivo\u201d, remedio pendiente de zanjarse por parte del tribunal fustigado. <\/p>\n
Afirma el gestor que, sobre el referido predio, promovi\u00f3 un proceso de pertenencia, el cual se encuentra en curso ante el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de esta capital. <\/p>\n
Sostiene que requiri\u00f3 al juzgado aqu\u00ed querellado reconocerle \u201cpersoner\u00eda\u201d a su abogado para actuar dentro del litigio subex\u00e1mine, exigencia denegada en auto de 29 de julio de 2020. <\/p>\n
Arguye que present\u00f3 \u201creposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n\u201d frente a la anterior decisi\u00f3n e, igualmente, solicit\u00f3 la nulidad de la \u201cdiligencia de entrega realizada por la comisionada\u201d; sin embargo, ninguno de sus pedimentos ha sido resuelto. <\/p>\n
Acota que le est\u00e1n vulnerando sus garant\u00edas constitucionales por las \u201cevidentes e injustificadas dilaciones\u201d en el tr\u00e1mite de su oposici\u00f3n, y por la \u201cusurpaci\u00f3n del inmueble\u201d sobre el cual ejerce legitimante una \u201cposesi\u00f3n desconocida\u201d por los convocados. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, que dentro del comentado sublite: \u201c(\u2026) i) se haga justicia, ii) dispon[er] una vigilancia judicial administrativa, iii) se le reconozca legitimidad para actuar, y iv) ordenar a [su] favor la restituci\u00f3n inmediata del inmueble [inmiscuido] (\u2026), y una indemnizaci\u00f3n en abstracto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El Juzgado criticado manifest\u00f3 que el asunto referenciando en el ruego fue remitido al \u201cTribunal de Bogot\u00e1\u201d, para desatar la alzada impetrada por el actor frente al auto mediante el cual se rechaz\u00f3 su oposici\u00f3n a la diligencia de entrega practicada en el litigio subex\u00e1mine. <\/p>\n
Adujo que las solicitudes elevadas por el gestor fueron contestadas en auto de 29 de octubre de 2020, determinaci\u00f3n debidamente notificada. <\/p>\n
2. El tribunal querellado manifest\u00f3 que en la actualidad no existe ninguna remisi\u00f3n del asunto bajo estudio a esa corporaci\u00f3n con la finalidad de zanjar la alzada aducida por el tutelante. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se advierte el fracaso del amparo por sobrevenir un \u201checho superado\u201d, frente a la tardanza endilgada al juzgado querellado por no pronunciarse respecto de los recursos impetrados contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la intervenci\u00f3n del aqu\u00ed gestor dentro del comentado litigio, pues ese despacho, en auto de 29 de octubre de 2020, realiz\u00f3 el \u201creconocimiento de personer\u00eda\u201d de su abogado, para actuar en el pleito criticado. <\/p>\n
Sobre la figura anotada, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(…) [l]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEl \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
2. Al margen de lo anterior, s\u00ed se avizora una irregularidad por la tardanza en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n incoada frente al prove\u00eddo mediante el cual se neg\u00f3 la oposici\u00f3n impetrada por el actor, contra la diligencia de entrega practicada en el asunto subex\u00e1mine. <\/p>\n
N\u00f3tese, aun cuando esa alzada fue concedida desde el 12 de septiembre de 2019, esto es, hace m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, las diligencias no han sido remitidas a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para zanjar ese remedio, a diferencia de lo sostenido por el juzgado en la contestaci\u00f3n de ese ruego, pues no aport\u00f3 prueba de tal actuaci\u00f3n, no especific\u00f3 la fecha en la cual lo hizo, ni existe informaci\u00f3n en el sistema de b\u00fasqueda de procesos de la Rama Judicial, de donde se pueda deducir tal env\u00edo o la recepci\u00f3n del asunto, por parte de la colegiatura convocada, en torno a ese espec\u00edfico asunto. <\/p>\n
2.1. La mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n3 y de la Corte Constitucional4, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura comparte y hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana5 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos6, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Fallar los negocios dentro de un plazo razonable7 no es una obligaci\u00f3n impuesta, exclusivamente, por el legislador nacional; obligaciones internacionales adquiridas por Colombia radican en los jueces, cualquiera sea su grado, el deber de solucionar oportunamente las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
Esta Sala reprocha toda actuaci\u00f3n de los funcionarios y jueces tendientes a generar incertidumbre y zozobra a quienes acuden al sistema judicial, pues cuando el usuario debe esperar un plazo excesivo para la resoluci\u00f3n de su pleito o el diligenciamiento de sus peticiones, se estructura la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, tales como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por tanto, es la acci\u00f3n de tutela el medio eficaz para amparar las prerrogativas quebrantadas por la demora en la tramitaci\u00f3n de su caso. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, la Corte Constitucional ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El desconocimiento del plazo razonable viola la garant\u00eda de acceso oportuno a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026). De esta forma, la carencia de una soluci\u00f3n de fondo que resuelva el asunto jur\u00eddico planteado (…), desconoce la seguridad jur\u00eddica y su derecho a que se resuelva la situaci\u00f3n. La irrazonabilidad del plazo dentro de un proceso frustra el acceso a la administraci\u00f3n de justicia en el componente del derecho a obtener una decisi\u00f3n judicial. No basta con estar en presencia de una autoridad judicial, es indispensable que ella resuelva la situaci\u00f3n para que haya pleno acceso a la jurisdicci\u00f3n. (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, al juez cognoscente, como encargado de la direcci\u00f3n del proceso judicial, le asiste el deber de velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n con celeridad y diligencia, adoptando las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del decurso, por lo tanto, ser\u00e1 responsable por las demoras que ocurran por el incumplimiento a ese mandato, tal como lo precept\u00faa el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso9. <\/p>\n
Los t\u00e9rminos previstos en el estatuto procesal civil no constituyen una formalidad. Se trata de una b\u00fasqueda de la justicia material para los administrados y justiciables en el Estado Constitucional de Derecho, de modo que los juicios no se deben someter a plazos interminables, de nunca acabar. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. <\/p>\n
S\u00f3lo hay justicia si las controversias se resuelven r\u00e1pida y cumplidamente, en lapsos razonables, de manera que la ciudadan\u00eda, crea en sus jueces y en el Estado, porque sus litigios se decidir\u00e1n prontamente y sin dilaciones. El juez del Estado contempor\u00e1neo comprende las necesidades de la ciudadan\u00eda y acata responsablemente sus deberes cuando dispensa justicia a tiempo y en forma transparente. El verdadero juzgador es adalid de la confianza leg\u00edtima, de la seguridad jur\u00eddica y de la inclusi\u00f3n y reconocimiento de derechos. Esta tarea la verifica al sentenciar con celeridad, comprometido con pol\u00edticas p\u00fablicas de soluci\u00f3n \u00e1gil de las controversias a su cargo. <\/p>\n
3. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional propio de la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, que establece el deber a los pa\u00edses suscriptores de ese instrumento de procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro, as\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d <\/p>\n
De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir obligaciones internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios. <\/p>\n
En el presente caso, como se dijo, el juzgado accionado, no ha cumplido con su deber de remitir las diligencias del caso ante el ad quem para que se desate la apelaci\u00f3n incoada por el quejoso en el caso bajo estudio, generando con esa desatenci\u00f3n el quebranto de las garant\u00edas del actor, quien hasta hoy no ha logrado obtener una decisi\u00f3n definitiva respecto de la oposici\u00f3n por \u00e9l presentada. <\/p>\n
El proceder del despacho accionado contraviene los c\u00e1nones 8.1 y 25 del tratado atr\u00e1s se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 8. Garant\u00edas Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. En virtud de las consideraciones expuestas se conceder\u00e1 el amparo deprecado y se ordenar\u00e1 remitir copias de esta providencia a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que investigue la posible incursi\u00f3n del funcionario querellado en una desatenci\u00f3n de sus funciones legales con relaci\u00f3n al tr\u00e1mite de la alzada impetrada por el tutelante. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Manuel Alberto Castro Caicedo contra el Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201crestituci\u00f3n de tenencia\u201d, adelantado por Soto Pombo S.A.S. frente a Beatriz Amado Traslavi\u00f1a, donde act\u00faa como opositor el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
En consecuencia, se le ordena al citado despacho que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al enteramiento de esta providencia, remita las diligencias del caso a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para desatar la apelaci\u00f3n incoada por el gestor dentro del litigio sublite. <\/p>\n
La Secretar\u00eda de esta Sala enviar\u00e1 copias de esta providencia con destino a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que investigue la posible incursi\u00f3n del despacho querellado en una desatenci\u00f3n de sus funciones legales con relaci\u00f3n al tr\u00e1mite de la alzada impetrada por el tutelante. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese lo resuelto al Tribunal de origen y a los interesados mediante telegrama u mensaje de datos y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb14, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb15; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 308. Entrega de bienes (\u2026) 4. Si vencido el t\u00e9rmino se\u00f1alado en la providencia respectiva el secuestre no ha entregado el bien, a petici\u00f3n del interesado se ordenar\u00e1 la diligencia de entrega, en la que no se admitir\u00e1 ninguna oposici\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 CSJ. STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
3 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01. Y varias m\u00e1s. <\/p>\n
4 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
5 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
6 Asuntos Adolf c. Austria, de 26 de marzo de 1982; Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983; Erckner y Hofauer c. Austria, de 23 de abril de 1987 y Kizil\u02c6z c. Turqu\u00eda, de 25 de septiembre de 2001, entre otros. <\/p>\n
7 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 8, garant\u00eda judicial 1. <\/p>\n
8 Corte Constitucional. Sentencia SU 394 de 2016. <\/p>\n
9 ART\u00cdCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez: <\/p>\n
1. Dirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal. <\/p>\n
10 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
14 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
15 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
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STC054-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC054-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03500-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Manuel Alberto Castro Caicedo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53009","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53009","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53009"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53009\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53009"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}