STC056-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC056-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00843-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 30 de junio de 2020, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la salvaguarda promovida por Johny Jos\u00e9 Daccarett Giha, Delia Virginia Navarro de Daccarett e Inversiones Daccarett Navarro S.A.S. contra la Sociedad de Activos Especiales -SAE- Gerencia Regional Norte, en Barranquilla-, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio y la Fiscal\u00eda Trece Especializada de la Unidad Nacional para la extinci\u00f3n de Dominio, ambos de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n de las \u201cacciones de extinci\u00f3n de dominio\u201d radicadas bajo en N\u00ba 2009-0005-1 y 2009-0006-1. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, los promotores exigen la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n, m\u00ednimo vital, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y propiedad privada, presuntamente lesionadas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte de la presente salvaguarda, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Se\u00f1alan los censores que, con base en los radicados 1050 E.D. y 2231 E.D. la Fiscal\u00eda 13 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n de Dominio, decidi\u00f3 iniciar \u201cacciones de extinci\u00f3n de dominio\u201d, sobre m\u00faltiples bienes personales y societarios de su propiedad, as\u00ed como de su n\u00facleo familiar. <\/p>\n
Los referidos decursos fueron tramitados en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, bajo los n\u00fameros 2009-0005-1 y 2009-0006-1. <\/p>\n
Relatan que el 21 de octubre de 2019, presentaron \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d ante la fiscal\u00eda, solicitando la devoluci\u00f3n de cinco inmuebles y varias maquinarias, no afectados en los tr\u00e1mites de extinci\u00f3n, bienes, todos ellos, relacionados en un listado dentro del libelo. <\/p>\n
El 12 de noviembre de 2019, dicha autoridad emiti\u00f3 respuesta, indicando que carec\u00eda de competencia para definir lo requerido, en consecuencia, envi\u00f3 el asunto al estrado del circuito especializado. <\/p>\n
El 6 de diciembre siguiente, el juzgado convocado manifest\u00f3 que \u201cla petici\u00f3n no era procedente por cuanto dichos bienes no [estaban] relacionados o vinculados en la actuaci\u00f3n\u201d, desconociendo, el despacho, el motivo por el cual los mismos se encontraban a \u00f3rdenes de la Sociedad de Activos Especiales -SAE-. <\/p>\n
Por lo expuesto, el juzgador remiti\u00f3 el pedimento a la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en donde se encontraba en tr\u00e1mite el recurso de alzada interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia en el radicado 2009-0006-1. <\/p>\n
Sostienen que, ante el frustrante intento por recibir una respuesta de fondo y obtener la devoluci\u00f3n de los bienes referidos, el 18 de diciembre de 2019, radicaron otro \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d insistiendo en sus pretensiones iniciales, esta vez ante la -SAE- Sociedad de Activos Especiales en Bogot\u00e1, quien por factor funcional lo traslad\u00f3 a la Regional Norte, en Barranquilla. <\/p>\n
Refieren que el 22 de enero de 2020, la Gerente de la asociaci\u00f3n, respondi\u00f3 la petitoria afirmando que \u201c(\u2026) cualquier oposici\u00f3n al respecto sobre las calidades que sus poderdantes ostenten frente a los activos debe o debi\u00f3 ser presentada ante la instancia judicial correspondiente, no siendo la SAE, la llamada a resolver sobre las mismas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En raz\u00f3n a lo anterior, el 12 de febrero postrero, los interesados reiteraron la solicitud impetrada, recordando que s\u00ed se hab\u00edan agotado las instancias judiciales, lo cual se constataba con las respuestas emitidas otrora por los despachos vinculados y que fueron anexadas al escrito. <\/p>\n
Acotan, el 21 del mismo mes, la Colegiatura en donde cursaba el proceso, emiti\u00f3 respuesta al pedimento, afirmando que los bienes objeto de disputa, no hac\u00edan parte de la actuaci\u00f3n, por cuanto no fueron relacionados en la resoluci\u00f3n de inicio y tampoco fueron investigados. <\/p>\n
3. Piden en concreto, se les \u201cotorgue (\u2026) contestaci\u00f3n de fondo al Derecho de Petici\u00f3n radicado el 18 de diciembre de 2019, ante la SAE Sociedad de Activos Especiales\u201d y, en consecuencia, se ordene lo jur\u00eddicamente necesario y procedente, para la devoluci\u00f3n de las referidas propiedades. <\/p>\n
4. La presente acci\u00f3n constitucional fue tramitada inicialmente por el Juzgado Cuarto de Familia Oral de Barranquilla, autoridad que, el 11 de marzo de 2020, emiti\u00f3 el respectivo fallo; no obstante, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma urbe, mediante providencia de 14 de abril siguiente, decret\u00f3 la nulidad de lo actuado, dada la calidad de los vinculados y, en consecuencia, remiti\u00f3 el asunto a la Sala de Casaci\u00f3n Penal para lo de su cargo. <\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda 13 Nacional Especializada de Extinci\u00f3n de Derecho de Dominio, indic\u00f3 que, consultadas las bases de datos, se evidenci\u00f3 que los expedientes relacionados por los querellantes, una vez culminada la etapa investigativa, fueron remitidos al Juzgado Primero Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio, para lo de su competencia. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, frente a la petici\u00f3n elevada por los gestores, se emiti\u00f3 respuesta en t\u00e9rmino, mediante oficio Orfeo N\u00ba 20195400097861 del 12 de noviembre de 2019, del cual anexa copia informal. <\/p>\n
2. La Sociedad de Activos Especiales -SAE-, demand\u00f3 negar el amparo deprecado por los censores, ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos reclamados. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, seg\u00fan la informaci\u00f3n que reposa en ese despacho, los activos relacionados en el escrito de tutela \u201chacen parte del FRISCO\u201d, por cuanto fue declarada la extinci\u00f3n del derecho de dominio de \u201ctodos los derechos reales, principales o accesorios\u201d de las propiedades de la sociedad Inmobiliaria J.D. Ltda., la cual, para ese momento, era la titular de los inmuebles referidos por los promotores. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, mediante el radicado CS2020-001274, se dio respuesta clara, precisa y de fondo, a la petici\u00f3n elevada por los promotores en diciembre, contestaci\u00f3n que, si bien no se resolvi\u00f3 en favor de los inicialistas, fue concreta en el sentido de indicar, a aqu\u00e9llos, entre otras cosas, la necesidad de una \u201corden judicial\u201d para acceder a la devoluci\u00f3n de los activos. <\/p>\n
Por \u00faltimo, resalt\u00f3, en lo atinente a la maquinaria que se relacion\u00f3 en el escrito de tutela, que, al ser consultado el depositario provisional de la sociedad Inmobiliaria J.D. Ltda., manifest\u00f3 no encontrar registrada la misma dentro de los activos de la compa\u00f1\u00eda, teniendo en cuenta que \u00e9sta no era \u201cproductora manufacturera\u201d. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que, una vez revisados los procesos mencionados en la salvaguarda, se estableci\u00f3 que en dichas diligencias no aparecen relacionados o vinculados los bienes inmuebles identificados con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 300-251488, 040-54886, 040-353565, 060-157123, 50C-462581, 040-267541, como tampoco los telares, m\u00e1quinas full electr\u00f3nicas, m\u00e1quinas mec\u00e1nicas, plantas de acabado o taller de capacidad industrial adheridos al inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 040-267541. <\/p>\n
Por lo anterior, asevera no tener competencia para ordenar la devoluci\u00f3n de dichos bienes, tal como les inform\u00f3 a los interesados el 6 de diciembre de 2019, en respuesta a la petici\u00f3n elevada. <\/p>\n
4. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 anot\u00f3 que, el proceso 2009-00005-01, fue adelantado sobre algunos de los bienes y sociedades que figuraban a nombre de Johny Daccarett y su n\u00facleo familiar, entre los cuales se encontraba la Inmobiliaria J.D. Ltda. Agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n de primera instancia fue confirmada por ese estrado el 12 de junio de 2017. <\/p>\n
Adem\u00e1s, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por consiguiente, en aplicaci\u00f3n al principio general del derecho, que ense\u00f1a que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, en este caso, los aludidos inmuebles, que hoy se reclaman por v\u00eda de tutela, hicieron parte de los activos patrimoniales de la sociedad J.D. Ltda. que fue extinguida mediante sentencias de primera y segunda instancia de fechas 24 de febrero de 2014 y 12 de junio de 2017 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, sostuvo, no existen bienes pendientes de entrega \u201ca cargo de la demandada por v\u00eda de tutela\u201d, por cuanto esas propiedades, al constituir el patrimonio de la Sociedad Inmobiliaria J.D. Ltda. la cual fue \u201cextinguida\u201d, corrieron la misma suerte. <\/p>\n
Por otra parte, al referirse al asunto 2009-00006-01, destac\u00f3, el mismo se encuentra en turno para resolver el recurso de alzada; no obstante, dadas las restricciones para ingresar al tribunal, conforme las directrices adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, no es posible revisarlo y establecer si los bienes mencionados por los actores hacen parte de las propiedades investigadas. <\/p>\n
Por \u00faltimo, rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, al no observarse quebrantamiento alguno de los derechos reclamados por los inicialistas. <\/p>\n
5. El Procurador 98 Judicial II Penal de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que, de los documentos allegados, se evidenci\u00f3 la ausencia de dos o tres folios, lo que impidi\u00f3 conocer la totalidad de los argumentos expuestos por los querellantes; no obstante, manifest\u00f3 que, en el presente caso, se debe confrontar la petici\u00f3n y la respuesta, para establecer si \u00e9sta se ajusta a los par\u00e1metros instituidos para este tipo de solicitudes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la salvaguarda al considerar que el derecho de petici\u00f3n fue resuelto de manera clara y precisa, por cuanto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Pese a [la] contestaci\u00f3n, la parte demandante no se mostr\u00f3 conforme, sin embargo, para esta Sala, la garant\u00eda fundamental de petici\u00f3n se tiene por satisfecha, en tanto se advierte clara, precisa, congruente con lo solicitado y de fondo, sin que ello conlleve que deba ser favorable al peticionario, m\u00e1xime en este caso en que la SAE manifest\u00f3 su incompetencia para resolver lo concerniente a la devoluci\u00f3n de los bienes pues a la fecha no existe orden judicial en ese sentido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Igualmente se refiri\u00f3 al proceso 2009-00006-01, el cual se encuentra en tr\u00e1mite, en atenci\u00f3n de los recursos interpuestos por los aqu\u00ed inicialistas, precisando la inviabilidad de intromisi\u00f3n del juez de tutela en el asunto, cuando a\u00fan los gestores tienen la posibilidad de reclamar lo alegado ante el juez competente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovieron los accionantes, realzando los argumentos de disenso esbozados en el escrito genitor. <\/p>\n
En su extenso escrito, transcribieron el listado de los bienes que fueron extinguidos en el proceso 2009-00005-01 y los vinculados al expediente 2009-00006-01, \u201cpara derrumbar la incorrecta cita realizada en el numeral segundo del folio 05 de la providencia recurrida\u201d1, pues, aducen, en el mismo, no se registraron los bienes sobre los cuales se est\u00e1 pidiendo la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
Aseveran, asimismo, que la Sociedad de Activos Especiales puede administrar leg\u00edtimamente un bien, cuando existe \u201cpreviamente la inscripci\u00f3n de la medida de suspensi\u00f3n del poder dispositivo y embargo en la matr\u00edcula inmobiliaria, aunado a la suscripci\u00f3n de la medida cautelar, situaciones que no ocurrieron en ning\u00fan momento con los bienes objeto de estudio\u201d. <\/p>\n
Arguyen que la entidad accionada, no dio contestaci\u00f3n de fondo a su petici\u00f3n, bas\u00e1ndose en el argumento de \u201cla supuesta falta de competencia\u201d, circunstancia que impidi\u00f3 tener por satisfecha la solicitud, toda vez que la misma versaba en la \u201cdevoluci\u00f3n de aquellos bienes muebles e inmuebles que no fueron objeto de Extinci\u00f3n de Dominio\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El auxilio se concreta en establecer si la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de los accionantes, al no emitir, presuntamente, respuesta de fondo al \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d radicado el 18 de diciembre de 2019, mediante el cual solicitaron la devoluci\u00f3n de algunos bienes de su propiedad, dado que, en su criterio, los mismos no fueron afectados en las acciones de extinci\u00f3n de dominio adelantadas bajo los radicados N\u00ba 2009-0005-1 y 2009-0006-1. <\/p>\n
2. Sobre la garant\u00eda contemplada en la norma 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se destaca que \u00e9sta se concreta en la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas. \u00c9stas deben corresponder a lo exigido y notificarse en los puntuales plazos establecidos por la Ley2; sin que ello implique, el acogimiento del fondo del asunto, por cuanto el ordenamiento constitucional no demanda acceder en forma positiva a lo peticionado, pero s\u00ed responder tempestiva, clara, precisa y congruentemente lo impetrado. (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
En lo atinente al alcance de la garant\u00eda supralegal mencionada, esta Sala ha anotado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [i] El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la enunciada prerrogativa, se relieva, el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San Jos\u00e9 -Costa Rica- y aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, consagra: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda \u00edndole, sin consideraci\u00f3n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art\u00edstica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) \u201ca) el respeto a los derechos o a la reputaci\u00f3n de los dem\u00e1s, o \u201cb) la protecci\u00f3n de la seguridad nacional, el orden p\u00fablico o la salud o la moral p\u00fablicas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En torno al canon citado, la Corte Interamericana ha dicho que al estipularse expresamente <\/p>\n
\u201c(\u2026) los derechos a \u2018buscar\u2019 y a \u2018recibir informaciones\u2019, [se] protege el derecho que tiene toda persona a acceder a la informaci\u00f3n bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el estricto r\u00e9gimen de restricciones establecido en [el anotado] instrumento (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
3. Auscultadas las copias adosadas a esta tramitaci\u00f3n se advierte la inviabilidad del amparo por carencia de objeto, pues, mediante oficio CX2020-007778, la Sociedad de Activos Especiales \u2013SAE- respondi\u00f3 la solicitud elevada por los aqu\u00ed inicialistas, poniendo de presente a \u00e9stos, lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e enfatiza en que los activos reclamados son de propiedad de la sociedad INMOBILIARIA J.D. LIMITADA, persona jur\u00eddica del derecho que fue extinta en un 100% entendi\u00e9ndose que todo su patrimonio social corri\u00f3 con la misma suerte, pues es il\u00f3gico al declarar la extinci\u00f3n de dominio sobre la raz\u00f3n social y restituir a su titular el dominio de su patrimonio el cual provino o fue destinado para actos que contravinieron la mora social y el patrimonio p\u00fablico\u201d. <\/p>\n
\u201cNo obstante a ello, obra en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad INMOBILIARIA J.D. LIMITADA la inscripci\u00f3n de la sentencia del 24 de febrero de 2014 proferida por el Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio por medio de la cual se extingui\u00f3 el derecho de dominio sobre la misma en favor del FRISCO, predic\u00e1ndose la misma suerte para los activos sociales, FMI 300-251488 y 040-54886 hoy 041-13713, de propiedad de la sociedad INMOBILIARIA J.D. LIMITADA (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Precis\u00f3, la negativa de acceder a las peticiones elevadas, se fundamenta, por un lado, en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 4320 de 20075, que regula la extinci\u00f3n de dominio sobre sociedades y, por otro, en la inexistencia de una orden judicial que disponga entregar esos activos a las personas naturales que fueron inversionistas de la sociedad Inmobiliaria J.D. Ltda. <\/p>\n
Indic\u00f3, cuando una autoridad judicial declara la extinci\u00f3n de dominio del 100% de una sociedad, se concibe que la orden se extiende a todo su patrimonio social, situaci\u00f3n ocurrida a la Inmobiliaria J.D. Ltda., seg\u00fan lo resuelto en providencia de 24 de febrero de 2014 confirmada el 12 de junio de 2017. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De manera que no es que los bienes inmuebles identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 300-251488 y 040-54886 hoy 041-13713 que figuran a nombre de la sociedad INMOBILIARIA J.D. LIMITADA, no hayan sido vinculados a la investigaci\u00f3n judicial que culmin\u00f3 con la extinci\u00f3n del derecho de dominio de la sociedad, contrario a ello, el 100% de las cuotas sociales que compon\u00edan la persona jur\u00eddica fue extinto e inscrito en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal del activo, corriendo la misma suerte los activos sociales; esto en el sentido de que seg\u00fan el art\u00edculo 18 de la ley 793 de 2002 se extienden a todos los derechos reales, <\/p>\n
principales o accesorios, en el particular, de la sociedad INMOBILIARIA J.D. LIMITADA; en ese orden de ideas, la titularidad del dominio sobre la sociedad extinta recae a favor del FRISCO, y al no haber decisi\u00f3n en contrario como, por ejemplo, la que ordene la devoluci\u00f3n de los activos, esta sociedad no puede proceder a la entrega de los mismos, careciendo de respaldo jur\u00eddico la petici\u00f3n del apoderado de la Familia Dacarett Navarro (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, manifest\u00f3, por cuanto la titularidad del derecho de la sociedad Inmobiliaria J.D. Ltda., recae sobre el FRISCO, \u201cno hay lugar a entregar los bienes que motivaron la petici\u00f3n y que fueron aportados en su momento por los socios inversionistas\u201d, dada la declaraci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio sobre la misma (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n invocado no sale avante, por cuanto, contrario a lo aseverado por los censores, SAE atendi\u00f3 de fondo, de manera clara y completa, la petici\u00f3n formulada por ellos; sin estar obligada a acceder a lo pretendido, como se adujo anteriormente, pues el \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d no implica aceptar las demandas de los interesados. <\/p>\n
Por tanto, no se observa arbitrariedad en el proceder de la entidad mencionada, pues atendi\u00f3, de forma \u00edntegra, los requerimientos formulados por los interesados. Adem\u00e1s, les explic\u00f3, con claridad y suficiencia las razones por las cuales, no era posible, realizar la devoluci\u00f3n de los bienes reclamados. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Adicionalmente, se destaca, tampoco se hallan quebrantadas las dem\u00e1s prerrogativas invocadas, pues como lo explicit\u00f3 SAE, los bienes que se pretenden recuperar, hacen parte del FRISCO, por cuanto fue declarada la extinci\u00f3n del derecho de dominio de \u201ctodos los derechos reales, principales o accesorios\u201d de las propiedades de la sociedad Inmobiliaria J.D. Ltda., contrario a lo sostenido por los tutelantes. <\/p>\n
En esa medida, el debate sobre el dominio de tales bienes se encuentra zanjado, en virtud de los fallos emitidos, en primer y segundo grado, el de 24 de febrero de 2014 y el 12 de junio de 2017, respectivamente, por los funcionarios aqu\u00ed vinculados, de donde se colige que la Sociedad de Activos no est\u00e1 actuando de manera irregular ni desconociendo decisiones de car\u00e1cter jurisdiccional. <\/p>\n
Ahora, de entenderse que la censura se erige contra tales providencias, por generar la extinci\u00f3n de los bienes reclamados en el rese\u00f1ado \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d, resulta evidente el fracaso de la protecci\u00f3n por incumplir el presupuesto de inmediatez, pues entre la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n en marzo de 2020 y la emisi\u00f3n de la \u00faltima sentencia referida junio de 2017, han transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os, tiempo que supera el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19698, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
7. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n
De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb14, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb15; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 \u201cUna Magistrada de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el proceso 200900005 02, fue adelantado sobre algunos de los bienes inmuebles y sociedades que figuraban a nombre de Jhonny Daccarett y su n\u00facleo familiar, entre los cuales, se encontraba la Sociedad Inmobiliaria J.D. Ltda., identificada con matr\u00edcula inmobiliaria 104.523; as\u00ed mismo, hac\u00edan parte de esta sociedad, los inmuebles con MI. 060-157123, 5C- 462581, 040-267541, 300-251488 y 040-54886; \u00e9ste \u00faltimo, en un porcentaje del 34.40%\u201d <\/p>\n
2 Como la sentencia C-818 de 2011 declar\u00f3 inexequibles los art\u00edculos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 relativos al derecho de petici\u00f3n, transitoriamente se aplicaron las normas pertinentes del extinto Decreto Ley 01 de 1984, sin embargo, sobre la materia se promulg\u00f3 la Ley 1755 de 2015, cuyo art\u00edculo 1\u00b0 y ss. regulan los pertinentes plazos para contestar los requerimientos. <\/p>\n
3 CSJ. STC. 19 de marzo. 2014, rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01 <\/p>\n
4 Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, p\u00e1rrs. 76 y 78. Ver tambi\u00e9n: Corte I.D.H., Caso L\u00f3pez \u00c1lvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, p\u00e1rr. 77; y Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, p\u00e1rr. 108. <\/p>\n
5 \u201cArt\u00edculo 6\u00b0. Si el operador judicial ordena la extinci\u00f3n del derecho de dominio a favor del Estado del total de acciones, cuotas, derechos o partes de inter\u00e9s que representen el capital de una sociedad, tal declaraci\u00f3n comprende la extinci\u00f3n del derecho de dominio sobre los bienes que comprenden el activo societario. Las deudas a cargo de la sociedad que subsistan, ser\u00e1n canceladas con el producto de la venta de dichos bienes cuando, de conformidad con las normas legales, sea procedente esta venta. De no ser procedente la enajenaci\u00f3n, se cancelar\u00e1n las deudas con recursos del Frisco\u201d. <\/p>\n
6 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
7 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
14 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, p\u00e1rrafo 128. <\/p>\n
15 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. <\/p>\n
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STC056-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC056-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00843-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinte de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 30 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53011","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53011"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53011\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53011"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}